La sensualidad de los barrios al servicio de la políticas sociales

Lic. OSVALDO AGUSTÍN MARCÓN
Presidente Colegio Profesional de Trabajadores Sociales
(1ª Circ.) de la Provincia de Santa Fe
Funcionario Justicia de Menores Santa Fe – Argentina

L A INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DIALÉCTICO a la teoría y práctica de la planificación en políticas sociales ha permitido advertir que los ‘pasos’ en la Intervención Social Transformadora no necesariamente proceden sucesivamente (uno tras otro). Aún cuando siguen siendo necesarios para la materialización de la idea en el papel, desde este papel se debe advertir que las etapas aparentemente sucesivas interactúan mutuamente retroalimentándose e, inclusive, modificándose mutuamente. Ello deviene, ni más ni menos, que del carácter dinámico de la realidad social.

Es muy común que dirigentes políticos de alto rango admitan el evidente origen social de lo que genéricamente se conoce como ‘problemática de la seguridad’ (personal). Pero a la par han insistido en que mientras los organismos pertinentes logran efectos en su lucha contra las causas sociales, los organismos predominantemente represivos deben actuar en tal sentido. Es decir que subyace la idea según la cual primero un paso y después el otro. Predomina el razonamiento de tipo lineal. Ello, en realidad, no constituye novedad alguna. De una u otra manera en diversas épocas, más o menos regresivas, se ha argumentado en idéntico sentido.

Si realmente se piensa que a la problemática de la seguridad personal subyace un sistema de causas sociales interactuantes ¿porqué no pensar políticas operativas que contemplen dicha concepción? ¿Porqué no priorizar el ataque a las causas más que a los efectos? En principio esto es así porque, según se deduce y en ocasiones lo explicita el discurso predominante, la exigencia de seguridad no admite dilaciones. Este argumento es atendible. Pero entonces ¿Porqué no atacar simultáneamente causas y efectos? «Esto se está haciendo…», suelen decir. Pero no se observa la mencionada concepción dialéctica de la planificación. Es evidente la idea subyacente del «primero un paso, después el otro». Aún no centrando este escrito en la naturaleza interior de algunos instrumentos, podría atenderse qué significan ellos en su inter-relación. Y cómo expresan el modo lineal de razonar las problemáticas sociales (primero un paso, después el otro; este paso le corresponde al organismo ‘x’, y éste al organismo ‘b’).

Juntas Barriales de Seguridad Comunitaria

Los rubros que podrían identificarse como ‘cuestión social’ y ‘cuestión seguridad’ ocupan, en cuanto preocupaciones ciudadanas, los topes de la mayoría de las encuestas que se conocen. Coincidentemente en la Provincia de Santa Fe el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto creó mediante la Resolución 0162/96 las «Juntas Barriales de Seguridad Comunitaria». Comenzó a llevarlas a las prácticas con un aceptable grado de éxito, según sus propias evaluaciones, aún cuando no habría puesto el suficiente énfasis en tal línea de trabajo. En la misma Provincia de Santa Fe la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria creó mediante la Resolución 000003/99 lo que denominó «Unidades Barriales». En el primer caso, la Provincia lo hizo centrada en la ‘cuestión seguridad’. En el segundo, centrada en la gestión social. Aparecen como concepciones estructuralmente similares pensadas, inclusive, sobre un mismo territorio geográfico. Además, la mayor parte de los aspectos a discutir, lógicamente derivados y otros deducibles tanto de las Juntas como en las Unidades Barriales son coincidentes.

Ambos instrumentos apelan a concepciones originariamente defendibles en la medida en que deleguen apoyando con firmeza (ergo: con los recursos necesarios) la capacidad integral de gestión de los propios afectados. Tal como hoy están redactados estos instrumentos exigen reformulaciones que no son meramente accesorias sin que afectan aspectos substanciales de su operatividad real pues hacen a su eficacia. Por ello se ha dicho, más arriba, que no se alude aquí a la naturaleza interior de estas herramientas sino a lo que reflejan y significan en su inter-relación. En el estado actual ponen en evidencia la idea de que a un Organismo corresponde una fase vinculada a las causas sociales, con objetivos no inmediatos, reservando lo inmediato ­que bien podría leerse como lo meramente represivo, aún cuando pretenda ser disuasivo- para otro sector del Estado. Este enfoque no resulta recomendable ni desde la perspectiva teórica (o sea desde la naturaleza profunda del problema) ni desde la perspectiva economicista según la cual debe optimizarse la utilización de los recursos.

Políticas de integración social

Refiriéndose al problema de la denominada ‘delincuencia juvenil’ Emilio Tenti Fanfani ha señalado que «Se requieren políticas de integración social…» (‘La Nación’, 11-10-98). Debería entenderse que si la administración de la seguridad personal y de los bienes materiales continúa alojada en dispositivos estatales exclusivos (policía), funcionalmente legitimados desde el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado, continuará predominando la faz represiva.

El reclamo de políticas sociales integradoras, por oposición a las políticas sociales residuales, importa eliminar la exclusividad de tales dispositivos (policía desvinculada de la Comunidad) en la administración de la seguridad personal pues ellos suponen, intrínsecamente, en su razón de ser y modus operandi, una negación de la cadena causal que aflora en la actividad delictiva. Tal eliminación conlleva la transferencia de parte del poder real a la Comunidad ya no para compartir el ejercicio del mero monopolio de la violencia física legítima (que debería continuar en manos del Estado) sino para comprehender el fenómeno desde sus causalidades. Usualmente las Comunidades (o barrios) están en condiciones de identificar y poseen motivos suficientes como para superar los condicionamientos sociales en los que germinan la mayoría de las conductas delictivas propias de nuestra realidad. Estos condicionamientos para ser superados exigen inexorablemente, a la par de la transferencia del poder real, transferencia de recursos desde el Estado (en sus distintos niveles) a la Comunidad por lo que el primero debe también tomar parte de la administración conjunta de la seguridad. Esto significa presencia en tal administración de la seguridad con Funcionarios con capacidad de decisión en relación a los temas de orden social, ambiental de infraestructura, educativos, etc. Y a esto debieran ordenarse las Unidades Barriales.

¿Es casualidad que cueste diferenciar la concepción de Juntas Barriales de la de Unidades Barriales? ¿O aparece la necesidad de reformularlas potenciándolas?

Obviamente todo esto, si se comparte, debe traducirse en el modo en que se dis-ponen los instrumentos del Estado. Para intentar orientar la Intervención Social Transformadora en tal sentido bien podría comenzar a pensarse en la reformulación de los mencionados dispositivos barriales, dependientes del Ministerio de Gobierno y de la Secretaría de Promoción Comunitaria coordinando o, más aún, unificando esfuerzos entre ambas (¿ambas o una?) estructuras. Obviamente si la reformulación abarca solo la inter-relación entre ambos, los resultados serán negativos. La reformulación de la inter-relación (dimensión ad-extra) determina la consecuente actualización de la naturaleza interna de los instrumentos (dimensión ad-intra).

Es evidente que estos instrumentos brindan la posibilidad de ensayar políticas integrales superadoras del razonamiento lineal que niega la complejidad de la realidad. La reunión (y gestión) de los vecinos en el Estado y desde el barrio puede facilitar la caída de los muros entre distintos Organismos Oficiales y de éstos para con la Comunidad. Es decir que puede detener la fagocitosis de la tentación administrativista por sobre la conducción política del Estado.