Por: Fundación Hacia la Seguridad – Imperio de la Ley
L A SITUACIÓN DE INSEGURIDAD JURÍDICA en Ecuador y las acciones de diversas instituciones que combaten este problema social, fueron analizadas por Fabián Jaramillo, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha; Ramón Rodríguez, presidente de la Comisión de Legislación y Codificación del Congreso Nacional y Edgar Terán, presidente de la Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley (HLS), durante el programa Justicia para Todos, transmitido este domingo por TC.
Edgar Terán definió en primera instancia, que la inseguridad jurídica «consiste en que la Ley no se cumple, los contratos no se respetan y el sistema judicial no tiene la prestancia que asegure a la sociedad que sus derechos son reconocidos». Para este jurista, la inseguridad tiene sus razones históricas. «Las dictaduras militares se encargaron, en América Latina, de destruir los valores jurídicos y los gobiernos civiles no lograron la restauración jurídica».
Por su parte, Ramón Rodríguez, de la Comisión de Legislación, definió a la Seguridad Jurídica como un derecho civil fundamental que la Constitución consagra en su artículo 23. Sin embargo comentó que actualmente «en Ecuador se ha producido una verdadera maraña legislativa que atenta contra este derecho fundamental». En la normativa primaria existen 1.657 normas, según un estudio realizado por HLS, y en el ordenamiento jurídico secundario existen alrededor de 125.000 cuerpos normativos los cuales forman una verdadera telaraña legislativa, dijo.
Para Fabián Jaramillo, del Colegio de Abogados, es importante destacar que la Seguridad Jurídica no tiene que ver solo con el tema de la inversión extranjera, «es el tema de los que vivimos en el Ecuador, que tenemos que saber que existe un sistema claro de normas que nos garantizan y que podemos hacer efectivas en caso de incumplimiento. Los abogados debemos ser los primeros en estar en esta lucha, pero no es tan fácil porque si la lucha es contra la inmoralidad, para eso necesitamos una base de educación, que nos está faltando a toda la sociedad».
Jaramillo explicó que mientras un ciudadano «menos poder social, político, económico tiene, es la mayor víctima de la inseguridad. Esa persona es mal tratada en la oficina pública, en la oficina privada, en el juzgado en donde le toque actuar». Para Jaramillo, ese pequeño principio que parece intrascendente va generando un efecto multiplicador hasta llegar a los grandes casos, que son los únicos que alarman. «Yo creo que deben alarmarnos mucho más estos pequeños».
Ramón Rodríguez, de la Comisión, coincidió con este concepto al indicar que es importante hacer más accesible al ciudadano común todo el ordenamiento jurídico vigente, todo el derecho positivo para que pueda acceder gratuitamente a la información legal.
La Comisión de Legislación y HLS
Ramón Rodríguez, presidente de la Comisión de Legislación y Codificación anunció que en los próximos días «estaremos entregando al Congreso un proyecto de Ley de Derogación expresa de alrededor de 150 cuerpos normativos, que componen la legislación primaria del país». Esto en base al convenio de cooperación que tienen la Comisión y HLS.
Ramón Rodríguez explicó que la Comisión tiene tres competencias: la primera de ellas es la iniciativa legal, de modo que ya ha propuesto al Congreso leyes y proyectos de leyes para su conocimiento y eventual aprobación.
La segunda competencia es la facultad codificadora. O sea que la Comisión puede formular los proyectos de Codificación y presentarlos al Congreso. Los diputados tienen plazo de 30 días para formular las observaciones. Si son acogidas por la Comisión, la propia Comisión ordena la publicación en el Registro Oficial. Si subsisten las discrepancias, es el pleno del Congreso quien resuelve.
Una tercera y muy importante competencia es la ordenación de la legislación ecuatoriana.
Tareas cumplidas
Edgar Terán explicó que la cooperación entre este órgano importante de la Función Pública como la Comisión de Legislación y Codificación y la fundación privada HLS no se trata solamente de estimular o ayudar a la Comisión para que haga su tarea codificadora o eventualmente sus proyectos de iniciativa legislativa, sino que hay una tarea sistemática para depurar la enormidad de la legislación ecuatoriana.
Explicó además que con ayuda informática se ha dividido a la legislación ecuatoriana en 14 módulos civil, penal, laboral, militar mercantil, etc. Además se ha contratado grupos de consultores para cada módulo, quienes han hecho un análisis de la situación actual, han elaborado el diagnóstico y han planteado sugerencias. Estos informes están siendo compartidos con los oficiales públicos que dentro del Gobierno tienen autoridad o competencia en la materia.
La idea es entregarles el primer análisis para que puedan observar, mejorar, sugerir y luego, con las depuraciones necesarias, se llegue a la Comisión con un preproyecto. La comisión estudia y analiza, y como es competencia de ella pasará al Congreso lo que sea pertinente.
De su parte, Ramón Rodríguez informó que gracias a la cooperación con HLS en este momento «tenemos ya un catálogo del ordenamiento jurídico desde 1830 hasta nuestros días».
Además se ha desarrollado la clasificación de todo el ordenamiento jurídico por materias y «tenemos experiencias conjuntas en materia de Codificación».
El presidente de la Comisión de Legislación afirmó categóricamente que esa Comisión «no hubiera podido asumir con la entereza que lo ha hecho y con resultados prácticos que ya se están visualizando esta tarea, si no hubiera sido por el convenio con la HLS».
Sobre el tema Fabián Jaramillo, representante de los abogados de Pichincha, dijo que «constituye un caso excepcional el que está llevando la Fundación HLS, porque sin destacar mucho las deficiencias existentes en el sistema legislativo y judicial, está procediendo con practicidad en la búsqueda de hacer el Ecuador que necesitamos para el mañana».
Edgar Terán comentó finalmente que dentro de las acciones de HLS se ha puesto en marcha la divulgación y análisis de las sentencias judiciales consideradas más trascendentes. Comentó que actualmente «cuando el juez pronuncia su veredicto, si se equivoca o perjudica o si se deja tentar por la corrupción incurre en un acto que queda desconocido, no hay escrutinio sobre él».
También dijo que existen muchas sentencias apegadas a la ley, valerosas, fundadas en un raciocinio jurídico profundo. En ese caso, el juez tampoco es reconocido. Por tanto, el empeño de HLS es de recopilar las sentencias, analizar las que versan sobre temas de mayor trascendencia, publicar el texto íntegro, ponerlo en Internet, y desde meses próximos publicarlas con su respectivo análisis, en un libro trimestral.
Una nueva Función Judicial
Ramón Rodríguez comentó que dentro de las iniciativas legislativas, la Comisión de Legislación, ha presentado al Congreso el proyecto de la nueva Ley Orgánica de la Función Judicial, «que ha creado revuelo en los ámbitos particularmente jurídicos del país. En este proyecto tratamos de establecer las bases jurídicas necesarias para la independencia del Poder Judicial».
Para Edgar Terán, ese proyecto es importante, pero destacó entre sus puntos principales la trascendencia de la oralidad y el de la unificación jurisdiccional.
Sobre el primero, Fabián Jaramillo, comentó que la oralidad debe ser el mecanismo que permita una solución más ágil y justa para quien necesita que se le reconozca su derecho.
Además comentó que la oralidad pretende que la etapa de las pruebas se evacue con la intervención directa del juez, en forma ágil y vía diligencias. La oralidad pretende que el juez se empape del asunto viendo cara a cara al testigo, al confesante, leyendo el documento que se presenta. Entonces, antes de que se olvide lo que oyó y vio, sentencie la causa y permita que la seguridad jurídica se restaure.
Por otra parte, Rodríguez explicó que en cuanto a la unidad jurisdiccional, la Constitución establece, en una disposición transitoria, que aquellas autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales las perderán, y las pasarán a los jueces y tribunales establecidos dentro de la Función Judicial. Esta es una tarea que asume el proyecto de Ley Orgánica de la Función Judicial. «Estamos creando jueces administrativos, tributarios, de ejecución penitenciaria» dijo.
Si desea comunicarse con HLS escríbanos [email protected] o ingrese a la página web www.hls.org.ec