Por: Dr. Gustavo Araujo Rocha
ASESOR DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
F ORMAN PARTE DE LA NORMATIVA ELECTORAL la Constitución PolÃtica de la República, la legislación que regula a la Función y al Sistema Electoral: Codificación de la Ley de Elecciones, publicada en el Registro Oficial No. 117 de martes 11 de julio del 2000; Codificación de la Ley de Partidos PolÃticos, publicada en Registro Oficial No. 196 de miércoles 1 de noviembre del 2000 y, Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 41 de miércoles 22 de marzo del 2000; Reglamento General a la Ley de Elecciones, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 39 de lunes 20 de marzo del 2000; Reglamento para consulta popular y revocatoria del mandato, publicado en el Registro Oficial No. 366 de miércoles 11 de julio del 2001; Reglamento de la Ley de Partidos PolÃticos, expedido como decreto supremo 2423-A publicado en el Registro Oficial No. 579 de 4 de mayo de 1978; y, Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral que obra del Registro Oficial No. 73 de martes 9 de mayo del 2000.
Forma de Estado y de Gobierno
La Constitución PolÃtica de la República, publicada en el Registro Oficial No. 1 de 11 de agosto de 1998, en su Art. 1 dice: «El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y de administración descentralizada.
La soberanÃa radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, que ejerce a través de los órganos del poder público y de los medios democráticos previstos en esta Constitución.
El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indÃgenas, en los términos que fija la ley.
La bandera, el escudo y el himno establecidos por la ley, son los sÃmbolos de la patria».
Deberes del Estado
Son deberes primordiales del Estado:
2.- Asegurar la vigencia, de los derechos humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social;
2.- Garantizar la vigencia del sistema democrático y la administración pública libre de corrupción.
Principios de Derecho Internacional
El Ecuador en sus relaciones con la comunidad internacional:
6.- Rechaza toda forma de colonialismo, de neocolonialismo, de discriminación o segregación, reconoce el derecho de los pueblos a su autodeterminación y a liberarse de los sistemas opresivos.
Clases de CiudadanÃa
Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización.
Todos los ecuatorianos son ciudadanos y, como tales, gozan de los derechos establecidos en esta Constitución, que se ejercerán en los casos y con los requisitos que determine la ley.
Ecuatorianos por nacimiento
Son ecuatorianos por nacimiento:
1. Los nacidos en el Ecuador; y,
2. Los nacidos en el extranjero:
2.1 De padre o madre ecuatoriano por nacimiento, que esté al servicio del Ecuador o de un organismo internacional o transitoriamente ausente del paÃs por cualquier causa, si no manifiesta su voluntad contraria;
2.2 De padre o madre ecuatoriano por nacimiento, que se domicilien en el Ecuador y manifiesten su voluntad de ser ecuatoriano; y,
2.3 De padre o madre ecuatoriano por nacimiento, que con sujeción a la ley, manifiesten su voluntad de ser ecuatorianos, entre los dieciocho y veintiún años de edad, no obstante residir en el extranjero.
Igualdad de derechos para los extranjeros
Los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y la ley.
Respeto a los derechos humanos
El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza esta Constitución.
Libertad de ejercicio de los derechos humanos
El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, mediante planes y programas permanentes y periódicos, mediadas para el efectivo goce de estos derechos.
Aplicación e interpretación de los derechos humanos
Los derechos y garantÃas determinados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, serán directa e indirectamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad.
En materia de derechos y garantÃas constitucionales, se estará a la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Ninguna autoridad podrá exigir condicione o requisitos no establecidos en la Constitución o la ley, para el ejercicio de estos derechos.
No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de los derechos establecidos en esta Constitución, para desechar la acción por esos hechos, o para negar el reconocimiento de tales derechos.
Las leyes no podrán restringir el ejercicio de los derechos y garantÃas constitucionales.
Derechos naturales al hombre
Los derechos y garantÃas señalados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales, no excluyen otros que se deriven de la naturaleza de la persona y que son necesarios para su pleno desenvolvimiento moral y material.
Derechos constitucionales
Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:
3.- La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación polÃtica, posición económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra Ãndole;
21.- El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones polÃticas y religiosas. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre ellas. En ningún caso se podrá utilizar la información personal de terceros sobre sus creencias religiosas y filiación polÃtica, no sobre datos referentes a salud y vida sexual, salvo para satisfacer necesidades de atención médica;
Derecho a elegir y a ser elegidos – Exclusión de los extranjeros
Los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser elegidos, de presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, de ser consultados en los casos previstos en la Constitución, de fiscalizar los actos de los órganos del poder público, de revocar el mandato que confieran a los dignatarios de elección popular, y de desempeñar empleos y funciones públicas.
Estos derechos se ejercerán en los casos y con los requisitos que señalen la Constitución y la ley.
Los extranjeros no gozarán de estos derechos.
El Derecho a voto
El voto popular será universal, igual, directo y secreto; obligatorio para los que sepan leer y escribir, facultativo para los analfabetos y para los mayores de sesenta y cinco años. Tendrán derecho a voto los ecuatorianos que hayan cumplido dieciocho años de edad y se hallen en el goce de los derechos polÃticos.
Los miembros de la fuerza pública en servicio activo no harán uso de este derecho.
Los ecuatorianos domiciliados en el exterior podrán elegir Presidente y Vicepresidente de la República, en el lugar de su registro o empadronamiento. La ley regulará el ejercicio de este derecho.
El goce de los derechos polÃticos se suspenderá por las razones siguientes:
1.Interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta;
2. Sentencia que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista, salvo el caso de contravención; y,
3. En los demás casos determinados por la ley.
Deberes y responsabilidades de los ciudadanos
Todos los ciudadanos tendrán los siguientes deberes y responsabilidades, sin perjuicio de los previstos en esta Constitución y la ley:
1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legÃtimas de autoridad competente;
3. Respetar los derechos humanos y luchar porque no se los conculque;
4. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular;
9. Administrar honradamente el patrimonio público;
13. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad, y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, conforme a la ley;
14. Denunciar y combatir los actos de corrupción;
17. Participar en la vida polÃtica, cÃvica y comunitaria del paÃs, de manera honesta y trasparente.
Participación PolÃtica
Los partidos polÃticos legalmente reconocidos podrán presentar o auspiciar candidatos para las dignidades de elección popular.
Podrán también presentarse como candidatos los ciudadanos no afiliados ni auspiciados por partidos polÃticos.
Los ciudadanos elegidos para desempeñar funciones de elección popular podrán ser reelegidos indefinidamente.
El Presidente y Vicepresidente de la República podrán ser reelegidos luego de transcurrido un perÃodo después de aquel para el cual fueron elegidos.
La Constitución y la ley señalarán los requisitos para intervenir como candidato en una elección popular.
Elección de candidatos Representación de las minorÃas
En las elecciones pluripersonales los ciudadanos podrán seleccionar los candidatos de su preferencia, de una lista o entre listas. La ley conciliará este principio con el de la representación proporcional de las minorÃas.
Los dignatarios de elección popular en ejercicio, que se candidaticen para la reelección, gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de su candidatura.
Si presentaren su candidatura a una dignidad distinta, deberán renunciar al cargo, previamente a su inscripción.
Inhabilidades para ser candidatos de elección popular
No podrán ser candidatos a dignidad alguna de elección popular:
1.- Quienes, dentro de juicio penal por delitos sancionados con reclusión, hayan sido condenados o llamados a la etapa plenaria, salvo que en este segundo caso se haya dictado sentencia absolutoria;
2.- Los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, y los de perÃodo fijo, a menos que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura.
Los demás servidores públicos podrán ser candidatos y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas; y de ser elegidos, mientras ejerzan sus funciones.
Los docentes universitarios no requerirán de licencia para ser candidatos y ejercer la dignidad;
1.- Los magistrados y jueces de la Función Judicial, a no ser que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha de inscripción de la respectiva candidatura;
2.- Los que hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de ipso;
3.- Los miembros de la fuerza pública en servicio activo; y,
4.- Los que tengan contrato con el Estado, como personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurÃdicas, nacionales o extranjeras, siempre que el contrato haya sido celebrado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual.
Igualdad de género
El Estado promoverá y garantizará la participación equitativa de mujeres y hombres como candidatos en los procesos de elección popular, en las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia, en los organismos de control y en los partidos polÃticos.
Consulta Popular
Se establece la consulta popular en los casos previstos por esta Constitución. La decisión adoptada será obligatoria si el pronunciamiento popular contrae con el respaldo de la mayorÃa absoluta de votantes.
El voto en la consulta popular será obligatorio en los términos previstos en la Constitución y en la ley.
Casos para convocatoria
El Presidente de la República podrá convocar a consulta popular en los siguientes casos:
1.- Para reformar la Constitución, según lo previsto en el artÃculo 283; y,
2.- Cuando, a su juicio, se trate de cuestiones de trascendental importancia para el paÃs, distintas de las previstas en el número anterior.
Convocatoria por la ciudadanÃa
Los ciudadanos en goce de derechos polÃticos y que representen el ocho por ciento del padrón electoral nacional, podrán solicitar al Tribunal Supremo Electoral que convoque a consulta popular en asuntos de trascendental importancia para el paÃs, que no sean reformas constitucionales. La ley regulará el ejercicio de este derecho.
Consulta popular en el Régimen Seccional
Cuando existan circunstancias de carácter trascendental atinentes a su comunidad, que justifiquen el pronunciamiento popular, los organismos del régimen seccional, con el voto favorable de las tres cuartas partes de sus integrantes, podrán resolver que se convoque a consulta popular a los ciudadanos de la correspondientes circunscripción territorial.
Podrán, asimismo, solicitar que se convoque a consulta popular, los ciudadanos en goce de derechos polÃticos y que representen por lo menos el veinte por ciento del número de empadronados en la correspondiente circunscripción.
Convocatoria
El Tribunal Provincial Electoral de la correspondientes circunscripción, una vez que haya comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos en estas normas y en la ley, procederá a hacer la correspondiente convocatoria.
Publicación de resultados
Los resultados de la consulta popular, luego de proclamados por el tribunal electoral correspondiente, se publicarán en el Registro Oficial dentro de los quince dÃas subsiguientes.
En ningún caso las consultas convocadas por iniciativas popular se efectuarán sobre asuntos tributarios.
Revocatoria del mandato
Los ciudadanos tendrán derecho a resolver la revocatoria del mandato otorgado a los alcaldes, prefectos, y diputados de su elección, por actos de corrupción o incumplimiento injustificado de su plan de trabajo.
Cada uno de los candidatos a alcalde, prefecto o diputado, al inscribir su candidatura presentará su plan de trabajo ante el correspondiente tribunal electoral.
La iniciativa para la revocatoria del mandato la ejercerá un número de ciudadanos en goce de los derechos polÃticos, que represente por lo menos el treinta por ciento de los empadronados en la respectiva circunscripción territorial.
Una vez que el tribunal electoral verifique que la iniciativa cumple con los requisitos previstos en esta Constitución y en la ley, procederá a la convocatoria en los diez dÃas inmediatamente posteriores a tal verificación. El acto electoral se realizará dentro de los treinta dÃas subsiguientes a la convocatoria.
Cuando se trate de actos de corrupción, la revocatoria podrá solicitarse en cualquier tiempo del perÃodo para el que fue elegido el dignatario. En los casos de incumplimiento del plan de trabajo, se podrá solicitar después de transcurrido el primero y antes del último año del ejercicio de sus funciones. En ambos casos, por una sola vez dentro del mismo perÃodo.
Decisión de la revocatoria
En la consulta de revocatoria participarán obligatoriamente todos los ciudadanos que gocen de los derechos polÃticos. La decisión de revocatoria será obligatoria si existiere el pronunciamiento favorable de la mayorÃa absoluta de los sufragantes de la respectiva circunscripción territorial. Tendrá como efecto inmediato la cesación del funcionario, y la subrogación por quien le corresponda de acuerdo con la ley.
Presupuesto para la consulta popular y la revocatoria
En los casos de consulta popular y revocatoria del mandato, el Tribunal Provincial Electoral de la correspondiente circunscripción, una vez que haya comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos en estas normas y en la ley, procederá a la convocatoria.
Los gastos que demanden la realización de la consulta o la revocatoria del mandato, se imputarán al presupuesto del correspondiente organismo electoral.
Partidos PolÃticos
Se garantizará el derecho a fundar partidos polÃticos y participar en ellos en las condiciones establecidas en al Ley. Los partidos polÃticos gozarán de la protección del Estado para su organización y funcionamiento.
Reconocimiento legal de los Partidos PolÃticos
Para que un partido polÃtico sea reconocido legalmente y pueda intervenir en la vida pública del Estado, deberá sustentar principios doctrinarios que lo individualicen, presentar un programa de acción polÃtica en consonancia con el sistema democrático; estar organizado en el ámbito nacional y contar con el número de afiliados que exija la ley.
El partido o movimiento polÃtico que en dos elecciones pluripersonales nacionales sucesivas, no obtenga el porcentaje mÃnimo del cinco por ciento de los votos válidos, quedará eliminado del registro electoral.
Control de Gastos Electorales
La ley fijará los lÃmites de los gastos electorales. Los partidos polÃticos, movimientos, organizaciones y candidatos independientes, rendirán cuentas ante el Tribunal Supremo Electoral sobre el monto, origen y destino de los recursos que utilicen en las campañas electorales.
La publicidad electoral a través de los medios de comunicación colectiva, sólo podrá realizarse durante los cuarenta y cinco dÃas inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la campaña electoral.
La ley sancionará el incumplimiento de estas disposiciones.
Oposición CrÃtica
Los partidos y movimientos polÃticos que no participen del gobierno, tendrán plenas garantÃas para ejercer, dentro de la Constitución y la ley, una oposición crÃtica, y proponer alternativas sobre polÃticas gubernamentales. La ley regulará este derecho.
Instituciones del Estado
Son instituciones del estado:
2.- Los organismos electorales;
Estos organismos y entidades integran el sector público.
Integración de la Función Legislativa
La Función Legislativa será ejercida por el Congreso Nacional, con sede en Quito. Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. Estará integrado por diputados que serán elegidos por cada provincia en número de dos, y uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que pase de ciento cincuenta mil. El número de habitantes que servirá de base para la elección será el establecido por el último censo nacional de población, que deberá realizarse cada diez años.
Requisitos y perÃodo de los legisladores
Para ser diputado se requerirá ser ecuatoriano por nacimiento, estar en goce de los derechos polÃticos, tener al menos veinte y cinco años al momento de la inscripción de su candidatura y ser oriundo de la provincia respectiva, o haber tenido su residencia en ella de modo ininterrumpido por lo menos durante los tres años inmediatamente anteriores a la elección.
Los diputados desempeñarán sus funciones por el perÃodo de cuatro años.
Materias que requieren de Ley
Se requerirá de la expedición de una ley para las materias siguientes:
1.- Normar el ejercicio de libertades y derechos fundamentales, garantizados en la Constitución.
Clases de leyes
Las leyes serán orgánicas y ordinarias.
Serán leyes orgánicas:
1.- Las relativas al régimen de partidos, al ejercicio de los derechos polÃticos y al sistema electoral
Iniciativa particular
El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, el Contralor General del Estado, el Procurador General del Estado, el Ministro Fiscal General, el Defensor del Pueblo y los superintendentes, tendrán facultad para presentar proyectos de ley en las materias que correspondan a sus atribuciones especÃficas.
Podrán presentar proyectos de ley, un número de personas en goce de los derechos polÃticos, equivalente a la cuarta parte del uno por ciento de aquellas inscritas en el padrón electoral.
Se reconocerá el derecho de los movimientos sociales de carácter nacional, a ejercer la iniciativa de presentar proyectos de ley,. La ley regulará el ejercicio de este derecho.
Mediante estos procedimientos no podrán presentarse proyectos de ley en materia penal ni en otras cuya iniciativa corresponda exclusivamente al Presidente de la República.
Instrumentos Internacionales
El Congreso Nacional aprobará los siguientes tratados y convenios internacionales:
5.- Los que se refieran a los derechos y deberes fundamentales de las personas y a los derechos colectivos; y,
JerarquÃa de los instrumentos internacionales
Las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento jurÃdico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquÃa.
Requisitos y elección del Presidente
El Presidente de la República ejercerá la Función Ejecutiva, será jefe del Estado y del gobierno, y responsable de la administración pública. Su perÃodo de gobierno, que durará cuatro años, se iniciará el 15 de enero del año siguiente al de su elección.
Para ser Presidente de la República se requerirá ser ecuatoriano por nacimiento, estar en goce de los derechos polÃticos y tener por lo menos treinta y cinco años de edad, a la fecha de inscripción de su candidatura.
El Presidente y el Vicepresidente de la República, cuyos nombres constarán en la misma papeleta, serán elegidos por mayorÃa absoluta de votos, en forma universal, igual, directa y secreta.
Si en la primera votación ningún binomio hubiere logrado mayorÃa absoluta, se realizará una segunda vuelta electoral dentro de los siguientes cuarenta y cinco dÃas, y en ella participarán los candidatos que hayan obtenido el primero y segundo lugares, en las elecciones de la primera vuelta.
No será necesaria la segunda votación, si el binomio que obtuvo el primer lugar, alcanzare más del cuarenta por ciento de los votos válidos y una diferencia mayor de diez puntos porcentuales sobre la votación lograda por el ubicado en segundo lugar. Los diez puntos porcentuales serán calculados sobre la totalidad de los votos válidos.
Inhabilidades para ser Presidente
No podrán ser candidatos a la presidencia de la República:
1. Quienes se encuentren incursos en las prohibiciones constantes en el artÃculo 101.
Requisitos para ser Vicepresidente
Para ser elegido Vicepresidente, deberán cumplirse los mismos requisitos que para Presidente de la República. Desempeñará esta función durante cuatro años.
Inhabilidades para ser Vicepresidente
Las prohibiciones establecidas en el artÃculo 166 para el Presidente de la República, regirán también para el Vicepresidente, en cuanto sean aplicables.
Derechos y obligaciones de la Fuerza Pública
Los miembros de la fuerza pública tendrán las mismas obligaciones y derechos que todos los ecuatorianos, salvo las excepciones que establecen la Constitución y la ley.
Incompatibilidades para magistrados y jueces
Se prohÃbe a los magistrados y jueces ejercer la abogacÃa o desempeñar otro cargo público o privado, con excepción de la docencia universitaria. No podrán ejercer funciones en los partidos polÃticos, ni intervenir en contiendas electorales.
Tribunal Supremo Electoral
El Tribunal Supremo Electoral, con sede en Quito y jurisdicción en el territorio nacional, es persona jurÃdica de derecho público. Gozará de autonomÃa administrativa y económica, para su organización y el cumplimiento de sus funciones de organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales, y juzgar las cuentas que rindan los partidos, movimientos polÃticos, organizaciones y candidatos, sobre el monto, origen y destino de los recursos que utilicen en las campañas electorales.
Su organización, deberes y atribuciones se determinarán en la ley.
Se integrarán con siete vocales principales, quienes tendrán sus respectivos suplentes, en representación de los partidos polÃticos, movimientos o alianzas polÃticas que hayan obtenido las más altas votaciones en las últimas elecciones pluripersonales, en el ámbito nacional, los que presentarán al Congreso Nacional las ternas de las que se elegirán los vocales principales y suplentes.
Los vocales serán designados por la mayorÃa de los integrantes del Congreso, permanecerán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos.
El Tribunal Supremo Electoral dispondrá que la fuerza pública colabore para garantizar la libertad y pureza del sufragio.
Funciones del Tribunal Supremo Electoral
El Tribunal Supremo Electoral organizará, supervisará y dirigirá los procesos electorales para elegir representantes a organismos deliberantes de competencia internacional, cuando asà esté establecido en convenios o tratados internacionales vigentes en el Ecuador.
Indivisibilidad y Administración del territorio
El territorio del Ecuador es indivisible. Para la administración del Estado y la representación polÃtica existirán provincias, cantones y parroquias. Habrá circunscripciones territoriales indÃgenas y afroecuatorianas que serán establecidas por la ley.
Descentralización y desconcentración administrativa
El Estado impulsará mediante la descentralización y desconcentración, el desarrollo armónico del paÃs, el fortalecimiento de la participación ciudadana y de las entidades seccionales, la distribución de los ingresos públicos y de la riqueza.
El gobierno central transferirá progresivamente funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a las entidades seccionales, autónomas o a otras de carácter regional. Desconcentrará su gestión delegando atribuciones a los funcionarios del régimen seccional dependiente.
Gobierno Seccional Autónomo
Los gobiernos seccionales autónomos serán ejercidos por los consejos provinciales, los concejos municipales, las juntas parroquiales y los organismos que determine la ley para la administración de las circunscripciones territoriales indÃgenas y afroecuatorianas.
Los gobierno provincial y cantonal gozarán de plena autonomÃa y, en uso de su facultad legislativa podrán dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras.
Consejo Provincial
En cada provincial habrá un consejo provincial con sede en su capital. Se conformará con un número de consejeros fijados por la ley, en relación directa con su población; y, desempeñarán sus funciones durante cuatro años. La mitad más uno de los consejeros serán elegidos por votación popular, y los restantes designados de conformidad con la ley por los concejos municipales de la provincia y serán de cantones diferentes a los que pertenezcan los consejeros designados por votación popular.
El prefecto provincial será el máximo personero del consejo provincial, que lo presidirá con voto dirimente. Será elegido por votación popular y desempeñará sus funciones durante cuatro años. Sus atribuciones y deberes constarán en la ley.
El Consejo Provincial representará a la provincia y, además de las atribuciones previstas en la ley, promoverá y ejecutará obras de alcance provincial en vialidad, medio ambiente, riego y manejo de las cuencas y microcuencas hidrográficas de su jurisdicción. Ejecutará obras exclusivamente en áreas rurales.
Municipios y Concejos Municipales
Cada cantón constituirá un municipio. Su gobierno estará a cargo del concejo municipal, cuyos miembros serán elegidos por votación popular. Los deberes y atribuciones del concejo municipal y el número de sus integrantes estarán determinados en la ley.
El alcalde será el máximo personero del concejo municipal, que lo presidirá con voto dirimente. Será elegido por votación popular y desempeñarás sus funciones durante cuatro años. Sus atribuciones y deberes constarán en la ley.
El concejo municipal, además de las competencias que le asigne la ley, podrá planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre, en forma directa, por concesión, autorización u otras formas de contratación administrativa, de acuerdo con las necesidades de la comunidad.
Junta Parroquial
En cada parroquia rural habrá una junta parroquial de elección popular. Su integración y atribuciones se determinarán en la ley. Su presidente será el principal personero y tendrá las responsabilidades y competencias que señale la ley.
Control social y rendición de cuentas
La ley establecerá las formas de control social y de rendición de cuentas de las entidades del régimen seccional autónomo.
JerarquÃa de la Constitución
La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal. Las disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias, decretos – leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros actos de los poderes públicos, deberán mantener conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si, de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones.
Si hubiere conflicto entre norma de distinta jerarquÃa, las cortes, tribunales, jueces y autoridades administrativas lo resolverán, mediante la aplicación de la norma jerárquicamente superior.
Reformas a la Constitución
La Constitución PolÃtica podrá ser reformada por el Congreso Nacional o mediante consulta popular.
Iniciativa para reformas a la Constitución
Podrán presentar proyectos de reforma constitucional ante el Congreso Nacional, un número de diputados equivalente al veinte por ciento de sus integrantes o un bloque legislativo; el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional o un número de personas en ejercicio de los derechos polÃticos, cuyos nombres consten en el padrón electoral, y que equivalga al uno por ciento de los inscritos en él.
Consulta Popular para reformas a la Constitución
El presidente de la República, en los casos de urgencia, calificados previamente por el Congreso Nacional con el voto de la mayorÃa de sus integrantes, podrá someter a consulta popular la aprobación de reformas constitucionales. En los demás casos, la consulta procederá cuando el Congreso Nacional no haya conocido, aprobado o negado las reformas en el término de ciento veinte dÃas constados a partir del vencimiento del plazo de un año, referido en el artÃculo anterior.
En ambos eventos se pondrán en consideración del electorado textos concretos de reforma constitucional que, de ser aprobados, se incorporarán inmediatamente a la Constitución.
Disposición Transitoria Primera
Cuando las leyes o convenciones internacionales vigentes se refieran a «nacionalidad», se leerá «ciudadanÃa», y cuando las leyes se refieran a «derechos de ciudadanÃa», se leerá «derechos polÃticos».
Disposición Transitoria Decimaséptima
Se reconocerá a las mujeres la participación del veinte por ciento en las listas de elecciones pluripersonales, asà como todos los derechos y garantÃas consagrados en leyes y tratados internacionales vigentes.
Disposición Transitoria Decimaoctava
La elección de los representantes ante el Parlamento Andino se regirá por la ley de elecciones, hasta que la Comunidad Andina de Naciones establezca el régimen electoral uniforme.