Por: Dr. Bayardo Moreno Piedrahita
MOVIMIENTO ACADÉMICO DE ABOGADOS PROGRESISTAS
Les ofrezco hambre, sed, marchas forzadas, batallas y muerte.
El que ama a la Patria que me siga».
GARIBALDI
L A ORDEN DE ABOGADOS, fundada en 1595 en España, bajo el reinado de Felipe II, se transplantó a las colonias americanas, comenzando por México en 1804. En el Ecuador, después de la Independencia, desapareció. El 16 de abril de 1909 un grupo de jóvenes de la Sociedad Jurídica-Literaria, con la guía del preclaro maestro Manuel Ramón Balarezo, resolvió darle vida con el nombre de «Colegio de Abogados de Quito», previa la aprobación de la Corte Suprema de Justicia. Adquirió Personería Jurídica el 8 de abril de 1949 con tareas firmes y específicas. El Estatuto fue reformado en 1975. El 13 de abril de 1983 se aprobó otro Estatuto, al que se le hicieron reformas intrascendentes, en medio de subterfugios, anomalías, escándalos y corrupción; con el fin de mantener a la cabeza del gremio a un grupo de Abogados, empleados judiciales en su mayoría, sin el espíritu fraternal, ni la mística de la defensa del profesional en libre ejercicio -que constituye su esencia-. El 11 de marzo del 2003 ha sido aprobado en el silencio, el Estatuto nuevo del Colegio, sin la transformación estructural y gremial que corresponde a nuestro tiempo, olvidando la existencia de la sabiduría de los colegas con experiencia y el ímpetu transformador de los noveles Abogados.
Organización y objetivos
Según la historia gremial, el «Colegio de Abogados de Quito», se organiza en forma legal, el 27 de febrero de 1910, para cumplir, entre otros, estos objetivos: estudiar la jurisprudencia, promover una legislación ecuatoriana de utilidad social, trabajar por una administración de justicia ágil y eficiente, extirpar las corruptelas y los abusos del foro, velar por la moral profesional, propagar en el pueblo el espíritu de justicia, fomentar la solidaridad efectiva y la consideración recíproca entre colegas, principalmente la Defensa profesional, procurando el bienestar de todos.
Sin embargo, la mayoría de miembros Directivos del «Colegio de Abogados de Quito» de las últimas décadas no han cumplido con los objetivos y la defensa de clase.
En efecto, algunos integrantes de directorios anteriores, increíblemente han permanecido inamovibles e inmóviles por cerca de una década, solo se han limitado a observar que los afiliados sigamos soportando y siendo cómplices del inmenso descalabro que vive la administración de justicia en los Juzgados Corporativos, expresado en la lentitud procesal, el chantaje, el cobro de 12 dólares por los casilleros judiciales, el cobro despiadado de tasas judiciales, falta de respeto a la dignidad personal, limitación a la libertad de trabajo con horario mínimo de 11h00 a 12h00 y de 17h00 a 18h00., sin que el Colegio defienda al afiliado; y ha dejado que el profesional sea humillado y ofendido en los Juzgados Corporativos, cuyo diseño fue impuesto por el capricho dictatorial de Projusticia, «organismo testaferro» que ha festinado cientos de millones de dólares donados por el BM, BID, UNICEF, el gobierno del Japón y la propia Corte Suprema de Justicia, para modernizar la justicia; pero lo más grave es que sobre esa desventura en que padece el Abogado, el Directorio anterior del Colegio, le impuso la obligación de pagar una cuota social de 5 dólares por mes; lo chantajea exigiendole una recarnetización para ejercer su profesión, en complot con la cúpula judicial y otras dependencias públicas, lo ha abandonado y degradado con falsedades como: «haber logrado rebajar los montos de las tasas judiciales, el valor de los casilleros judiciales», sin ser verdad, hasta llegar a engañarlo, evidenciado por el Directorio anterior, el mismo que, con una leyenda cínica y audaz decía «La obra continúa» fingió la compra de una casa cerca del Palacio de Justicia, cuando en verdad sólo había sido arrendada pagándose hasta ahora $ 2.000 dólares mensuales a la AGD; entorpeciendo en forma indolente e inhumana, el derecho de los perjudicados de Banco-MEX, a recuperar su dinero «robado», demostrando con ello que a ese Directorio como al actual, más les ha importado el inmueble ajeno, que luchar por resolver la angustiosa situación de falta de trabajo en que viven sus afiliados., sin cumplir la promesa que adquirieron cuando se autoeligieron. Así se abusa de la paciencia de los abogados que ahora vivimos temerosos de todo, hasta de la lealtad de la familia judicial que siempre se buscó y que nunca tuvimos. Los integrantes de los directorios que han pasado, no han hecho nada para exigir que en la Ley Orgánica de la Función Judicial, en el Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento Penal y otras leyes se reconozcan los derechos legítimos al abogado, en contraposición a la carga de obligaciones y sanciones que se le han impuesto arbitrariamente. La actitud del Colegio, lastimosamente, siempre ha sido sumisa, indiferente y desleal.
El afiliado diariamente se pregunta
¿Qué ha hecho el Directorio actual para que se reforme el Código de Procedimiento Penal que ha despojado del 99% de trabajo al abogado?. ¿ Qué ha hecho para controlar y sancionar a los abogados testaferros que venden su firma por centavos de dólar, en forma desleal con sus colegas para fomentar el enriquecimiento de algunos notarios, Registradores y amanuenses que usurpan y acaparan en forma indolente, el trabajo que le pertenece al abogado en esas dependencias?. ¿Qué hace para controlar que los consultorios jurídicos gratuitos, solo presten servicios a la gente pobre y no a gente adinerada, que puede pagar honorarios al abogado?.¿Qué ha hecho para recuperar la libertad de trabajo perdida con la aceptación de un horario indigno impuesto en los juzgados corporativos, que además obstruye la libertad de acción en dependencias y tribunales de justicia, impidiendo el trabajo al abogado?.¿ Por qué no se ha impedido que el Consejo Nacional de la Judicatura imponga la dictadura del cobro de tasas judiciales por un servicio judicial que lo ofrece y no lo presta o un servicio escandalosamente lento, que ha dejado sin trabajo al abogado?.¿Por qué no se ha coaligado con la Federación con la Federación de Abogados de Ecuador para luchar por la creación de un mayor número de juzgados, en proporción con el crecido número de demandas que ingresan diariamente, para evitarla lentitud procesal?.¿Por qué no se exige que todo escrito en dependencias públicas y privadas lleven la firma de abogado, como manda el Art. 50 de LA Ley de Federación de Abogados del Ecuador (L.F.A.E.) para mejorar el ingreso económico del abogado?. ¿Por qué no se elimina la cuota social y se la sustituye por el 5% del cobro de honorarios que debe fijar el juez en forma digna en cada juicio e ingresos que podrían obtenerse en otras fuentes?.¿Por qué no se adquiere en propiedad, los casilleros judiciales para evitar el chantaje y extorsión en el ejercicio profesional?. ¿Por qué no se exige que los diputados en el Congreso Nacional contraten como asesores a profesionales abogados, para mejorar la calidad del Legislativo y crearle otra fuente de trabajo?.¿Por qué no se lucha para borrar el petrificado desprestigio profesional y los mil problemas que soporta el abogado?. En fin, la respuesta no puede ser otra: El Colegio de Abogados no ha hecho, ni hace nada, porque no le importa la crisis en que viven sus afiliados. Lamentablemente a la mayoría del directorio sólo les preocupalas reuniones sociales, el lujo de la casa arrendada para disfrutarla como sede, aunque los demás no tengamos trabajo y nadie nos respete como personas ni como profesionales; entonces, por dignidad y ética, es hora de levantarnos contra quienes no son solidarios con los colegas en sus momentos difíciles.
El nuevo Estatuto
Lo grave es que con el Estatuto nuevo no aparece una luz de esperanza para cambiar la crisis en que vive el abogado y la abogacía porque al estatuto actual le falta una estructura constitutiva adecuada, como: La Asamblea Provincial como máxima expresión de soberanía, la creación de una Comisión de Fiscalización imparcial; un Tribunal Electoral Independiente, un Reglamento de Elecciones democrático y objetivo; la búsqueda del bien común, la formación profesional ética y real; la ley de defensa profesional; la formación de solidaridad gremial; los seguros de vejez, desempleo, salud, y demás. Grandes vicios y vacíos que con otros, constituyen las causas principals de la decadencia institucional, a la que se suman el egoísmo e indiferencia del Abogado en general; creadas por grupos de abogados inescrupulosos que han hecho de la Institución un comodín personal o el trampolín para captar puestos de trabajo y la antesala para obtener beneficios, hasta de carácter económico, que dejan las cuotas sociales.
Todo tiempo pasado fue mejor
Sin embargo es una verdad irrefutable que durante los 92 años de existencia, el gremio de abogados de pichincha ha vivido sin el abogado y ha actuado contra el abogado dejándole olvidado, desprotegido, sin trabajo, dependiente, sumiso y esclavo a magistrados, jueces, curiales y a los propios mercaderes del Derecho con título de Abogados, que agrupados en mafias impúdicas y reprochables, actúan como patronos y explotan a los propios colegas sin formación ni autoestima.
Sin embargo, el final de la desorganización y la mala gestión gremial es evidente, porque la mayoría de los colegas no son torpes para soportar tanto abuso y porque todo cambia en este mundo; pues, la tripulación actual que conduce el barco del Colegio de Abogados de Pichincha, ha dejado que el gremio se hunda sin timón; hasta el extremo de permitir la presencia de tinterillos y tramitadores, enemigos naturales del abogado, dejando que la mayoría de sus afiliados queden abandonados a su suerte, algunos en condiciones deplorables, esque el mismo colegio ha permitido que se usurpe el trabajo al Abogado y que las posibilidades de ocupación se lancen a la calle, como basura; sin importarle la competencia desleal de los afiliados de otros colegios y que miles de Abogados jóvenes y adultos caminen temerosos en la desocupación y la pobreza, amén de un crecidísimo número de Abogados de la Tercera Edad que agonizan en las mazmorras de la indigencia y la frustración total, en el ocaso de sus vidas.
El único camino para encontrar la solución a la crisis institucional, es la convocatoria a una Asamblea Provincial de Abogados para que el Directorio en funciones conteste: ¿Qué ha hecho el Colegio de Abogados de Pichincha para que notarios, tinterillos, tramitadores, magistrados, jueces, curiales, dueños de oficinas de mandato, corredores, etc. no acaparen como suyo el trabajo que le corresponde al Abogado?. ¿Qué ha hecho para que se ponga en práctica el impulso oficial de lo juicios y se respete al abogado en todos los ámbitos del quehacer jurídico?. ¡Seamos valientes y exijamos la realización de la asamblea. Si no lo hacemos nos llenaremos de vergüenza, porque nadie podrá emplazar al Directorio, estas otras interrogantes: ¿Cómo ustedes se permiten cobrar cuotas sociales y exigir recarnetización a sus afiliados si no hacen nada?. ¿Para qué quieren dinero señores directores?.
Si entre los fines para los que fue creado el Colegio está la solidaridad gremial, resulta extraño que los señores abogados del Directorio actúen con indiferencia frente al Abogado, sin comunicarse ni rendirle cuentas. Es evidente que la actitud del Directorio no es sinónimo de liderazgo ni de solidaridad gremial, son valores que para ellos no existen