Por: Fundación Hacia la Seguridad
Imperio de la Ley
L A COMISIÓN DE PRESUPUESTO del Congreso analiza, en estos dÃas, el tema de los ingresos establecidos en la pro forma presupuestaria enviada hace pocas semanas por parte del Ejecutivo al Parlamento. La idea es que hasta fines de este mes, los diputados estudien minuciosamente tanto de ingresos como de egresos, para que hasta finales de noviembre de este año, sea aprobada de manera definitiva la nueva pro forma presupuestaria.
La pro forma es un documento financiero, considerado un pilar fundamental de la Seguridad JurÃdica, en tanto permite a los contribuyentes, a los ciudadanos comunes que pagan impuestos, conocer en qué se utilizan los pagos que hacen y el resto de recursos públicos que tiene el Estado.
Por ello, a nivel de varios sectores del paÃs ya se discuten los pro y los contra de ese presupuesto que regirá en el año 2004 y que asciende en la parte formal a más de 7.000 millones de dólares. De acuerdo a los expertos, su aplicación debe ser difundida masivamente y de manera transparente.
Según las expresiones vertidas por el ex ministro de Finanzas, Alfredo ArÃzaga, en el programa Justicia para Todos, que se transmite por TC Televisión, todos los domingos, «el presupuesto es un documento en el cual se revela el plan de lo que se quiere hacer. Es el plan de acción del Gobierno, pues en base a los recursos se pueden cumplir las tareas propuestas».
Sin embargo, desde ese momento, según ArÃzaga, ya existen limitaciones para el accionar. El problema es que la propia Constitución de la República, establece una serie de preasignaciones (rubros predestinados para ciertos sectores). Además, indica ArÃzaga, existen una maraña de leyes, aproximadamente 140 leyes, que se encargan de asignar poco a poco los recursos fiscales a distintos propósitos especÃficos.
Todo este sistema legal, entonces limita la acción de un gobierno, que en la práctica dispone de recursos efectivos en un 15% o 20% del total del presupuesto.
Sobre este particular el proyecto de pro forma presupuestaria que ahora se discute en el Congreso busca, dentro de los puntos positivos, limpiar en la medida de lo posible, las preasignaciones. Sin embargo, los cambios no pueden tocar las preasignaciones que están establecidas en la Constitución.
Un manejo inadecuado de los recursos
Pese a esta buena intención, Alfredo ArÃzaga, comentó que existen temas muy preocupantes en la nueva pro forma. Yendo al contenido de la pro forma, dijo, «lo que se puede apreciar es que el gasto público sigue creciendo a un ritmo insostenible que no es compatible con las condiciones del paÃs».
El experto agregó: «No se puede seguir incrementando el gasto público y seguir gravando, con el fin de financiar ese gasto excesivo, al sector productivo». El ex ministro explicó que estamos viendo que el paÃs atraviesa por una contracción de su economÃa, que ha bajado la producción y que eso se refleja en menor empleo y deterioro de condiciones de la gente. ArÃzaga explicó que esta situación se traduce en la pérdida de competitividad, que no es originada en la dolarización, sino el gasto público excesivo y el mal funcionamiento de las empresas del sector público.
Para graficar el problema, ArÃzaga explicó que actualmente el Ecuador es uno de los paÃses que mayor tasa de impuestos paga en América Latina: el 21% de impuestos con respecto al Producto Interno Bruto. Paralelamente a ello, Ecuador tiene empresas del sector público que exigen que se le pague por la ineficiencia de su manejo.
El caso tÃpico es el de la energÃa eléctrica. «Actualmente tenemos la tarifa más alta en América Latina, en algunos cantones se está pagando 10 y 12 centavos por kilovatio, cuando en otros paÃses se paga la tercera parte. Esto es consecuencia de las pérdidas negras (deficiencia en facturación) y la imposibilidad de cobrar la cartera a los usuarios de la energÃa», comentó.
Pero ArÃzaga, va más allá al indicar que el sector eléctrico, a pesar de tener estas tarifas altas, es deficitario en 200 millones de dólares al año. Entonces en necesario preguntarse: ¿Por qué debemos botar a la basura 200 millones de dólares que pueden ser bien utilizados en educación, salud o simplemente tener menos impuestos de los que estamos soportando?.
Edgar Terán, presidente de la Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley, coincidió con los criterios de ArÃzaga y criticó que, pese a esta realidad, existen polÃticos y dirigentes sindicales que repiten constantemente la tesis absurda de que a cualquier costo el paÃs debe mantener en manos del Estado las empresas públicas, por más ineficientes que sean, por más corrompidas que sean.
Gasto se infla en algunos sectores
Según ArÃzaga, si se compara la propuesta actual de pro forma presupuestaria con la propuesta del año pasado, el gasto crece en 7,2%. Esto es porcentaje de crecimiento mayor al de la inflación que cerrará en un 5,2% a finales de año. Peor aún es comparar el gasto público efectivo del 2003, es decir la ejecución del presupuesto con la pro forma de 2004. En este caso el crecimiento del rubro es del 11%. Esto obligará que los precios se sigan incrementando y a que el Gobierno tenga un mayor endeudamiento público.
Pero al analizar esas cifras de manera más profunda, se observa que hay ciertos rubros del gasto en donde se aplica una práctica austera, pero en otros no. Por ejemplo, dijo ArÃzaga, desde el ministerio de EconomÃa se está predicando con el ejemplo, pues el incremento es moderado. Sin embargo, la otra cara de la moneda es el gasto en la Presidencia de la Republica, donde se encuentra un salto muy alto de 58% de sueldos y salarios. Si bien no se sabe si es de un incremento de personas o de salarios, cualquiera de esas dos razones para el incremento son inadmisibles.
Por su parte, Edgar Terán se mostró preocupado por el gasto que, por ejemplo, representa la PolicÃa. Según ArÃzaga, solo en asuntos internos, donde se encuentra la PolicÃa, se gastarán 463 millones de dólares, en 2004. La pregunta es, dijo el economista, ¿qué estamos obteniendo a cambio de eso?.
Los resultados dejan mucho qué desear si se considera que Ecuador es uno de los paÃses con Ãndices de muerte por accidentes de tránsito más alto del mundo. Pero, para el Consejo Nacional de Tránsito se le dan 26 millones de dólares, es decir una cifra insignificante.
Igual, apenas hay un presupuesto para cárceles de 26 millones de dólares. Es imposible dar un sistema de rehabilitación adecuado con ese dinero. En cambio para el CONAM que ha dado tan pobres resultados a lo largo de su existencia, se le asignan 6 millones, dijo ArÃzaga.
Por otro lado, el presupuesto en la Presidencia de la República es de 46 millones de dólares, es decir el doble de lo que se asigna al desayuno escolar que beneficia a 1,2 millones de niños.
Dentro del presupuesto se encuentra que en áreas del Ministerio de Agricultura, para ejecutar un gasto de 18 y 20 millones, se asigna para contratación de personal 15 millones. Es decir, un verdadero despilfarro.
«Estamos hablando ahà de que el uso de los recursos no es el más adecuado», sentenció ArÃzaga.