Problemática y soluciones
del sistema penitenciario Ecuatoriano

Por: Dra. María Elena Moreira
www.humanrightsmoreira.com

L OS PROBLEMAS QUE AFRONTA EL SISTEMA penitenciario del Ecuador no es un tema nuevo. Su problemática ha sido analizada bajo varios enfoques y desde diferentes frentes filosóficos, jurídicos, sociales, e inclusive bajo la óptica económica y antropológica. Se podría decir que el diagnóstico del sistema es bastante conocido por todos ya que se lo viene examinando desde hace algunas décadas.

Sin embargo, esta apreciación es superficial, ya que el diagnóstico del sistema en el país ha variado en los últimos años. Ha dejado de ser aquel problema estructural que enfrentan todas las sociedades del mundo, para convertirse en uno de los fenómenos más lacerantes y violatorios de la dignidad humana en el Ecuador; una realidad que pocos quieren verla y muchos desearían ocultarla. Las causas son también conocidas.

En algunos foros se ha procurado establecer soluciones al problema penitenciario que, en un inicio, son acogidas con el entusiasmo temporal de encuentros en el que convergen iniciativas de quienes por convicción o, por necesidad, se preocupan por este inveterado fenómeno social. Sin embargo, luego que avanza el tiempo dichas iniciativas quedan en buenos deseos por la impotencia que experimentan los involucrados cuando deben afrontar situaciones políticas o económicas que impiden llegar a soluciones concretas e inmediatas.

Es que las causas de los más graves problemas del sistema penitenciario no son casuales ni temporales; son integrales, complejas y de largo desarrollo. En ese sentido, procuraré examinar las falencias del sistema bajo esta óptica, queriendo quizás esbozar unas cuantas soluciones inmediatas y otras de largo alcance, pero todas circunscritas en el ámbito de la integralidad y complejidad del fenómeno, como ya se ha señalado.

Algunas causas del fenómeno
penitenciario ecuatoriano actual

La complejidad de los comportamientos delincuenciales

La sociedad ecuatoriana, en las últimas décadas, se viene enfrentando, como todas las sociedades actuales, a un fenómeno seriamente complejo relacionado con la pérdida de valores humanos y sociales que generan el incremento y una mayor diversidad de los comportamientos delincuenciales. Ni la sociedad, ni la estructura del Estado, ni los centros carcelarios han estado preparados para este súbito cambio y, peor aún, para sus consecuencias, como la inseguridad ciudadana, la masificación y la corrupción en las cárceles.

Muchos economistas y políticos han querido encontrar como única causa de la pérdida de valores morales y sociales al complejo fenómeno de la inequidad y desigualdad sociales, local e internacional. Sin embargo, considero que la desmoralización de la sociedad tiene un origen mucho más profundo: la desculturalización de las sociedades locales por un consumismo desmedido impuesto desde afuera y la falta de una formación ética comprometida con los valores sociales, que generan un egoísmo extremo que arrasa con todo y con todos.

No en vano, filósofos, educadores, pedagogos y psicólogos han buscado los orígenes de la complejidad actual de los comportamientos delincuenciales en la falta de un compromiso existencial con la sociedad y con la historia, en la indeferencia social a los problemas de otros y en la sobredimensión del placer, del poder y del dinero, en otras palabras, la falta de un sentido real, equilibrado y trascendente de la propia existencia.

Por ello, ante este problema existencial, que va más allá de los fenómenos económicos coyunturales de sociedades en crisis, las soluciones deben ser integrales, marcadas por un urgente programa de revalorización de la existencia y de los valores humanos, sociales y morales. Este no es fácil, como lo veremos más adelante, un buen comienzo podría ser impartir programas de formación en valores a todos los niveles sociales.

La inequidad social y el subdesarrollo

Esta es la causa más comúnmente invocada por los analistas del problema. En verdad es aquélla que, al igual que la anterior, ha incrementado la delincuencia y, por ende, los problemas del fenómeno penitenciario. Sin embargo, es necesario mirar este origen, como colateral y complementario a los otros fenómenos.

La desigualdad social que ha experimentado el Ecuador, particularmente en la última década, lo coloca como uno de los países más inequitativos del Continente americano, con índices que señalan que tan sólo un 10% de la población ostenta el 80% de la riqueza nacional; por ende, el 70% de habitantes se encuentra en la línea de la pobreza. Con estas cifras emitidas por los organismos multilaterales, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, no es casual que el fenómeno penitenciario se haya deteriorado hasta alcanzar niveles nunca antes sospechados y de difícil solución.

La crisis de la administración de justicia y el incremento de penas.

Una de las causas más directamente vinculadas con el hacinamiento carcelario es la lentitud en la administración de justicia y, en algunos casos, la corrupción en ciertos administradores judiciales.

Si bien, luego de la adopción de la Constitución Política de 1998 que permitió agilitar las causas, gracias a la creación del Consejo Nacional de la Judicatura, como organismo de control judicial y a las disposiciones transitorias que generaron la salida de detenidos sin fórmula de juicio y sin sentencia, la tendencia de los últimos años a incrementar las penas de prisión y reclusión es otro aspecto que no permite una solución inmediata a la masificación carcelaria.

Parecería que ante la impotencia de frenar el fenómeno delincuencial, por las causas arriba señaladas, una parte de la sociedad estime erróneamente que la única salida es agravar las penas. Esta solución es equivocada no solamente por el hecho de que estadística y científicamente está comprobado que esta medida, adoptada en otras sociedades consideradas como más «desarrolladas», no ha tenido resultados positivos, ya que no ha incidido en la disminución de la delincuencia, sino que, por el contrario ésta se ha incrementado, sino también por que es una medida meramente coyuntural y temporal, que ante la complejidad del fenómeno penitenciario lo único que hará es agravar el hacinamiento, la corrupción y la violencia en las cárceles.

Esta tendencia de endurecimiento penal es altamente peligrosa en una sociedad que se considere pluralista y democrática, respetuosa de los derechos humanos, cuya cristalización haría que la sociedad retroceda a aquéllas épocas inquisidoras y discriminatorias de la Edad Media que, por ser tales, no lograron superar la desmoralización y la delincuencia, sino que, mas bien, tuvieron que dar paso a tendencias más iluminadoras y pluralistas.

Lo anteriormente señalado no implica, bajo ningún concepto, tolerar y peor aún justificar el delito, sino mirar con transparencia y objetividad que las soluciones a la delincuencia tienen que ser enfocadas desde los orígenes más profundos de la misma, antes señalados, y no procurar soluciones inmediatistas y pasajeras, sino integrales y de largo aliento.

El estancamiento de las normas penitenciarias.

Ante la evolución y el agravamiento del fenómeno delincuencial y penitenciario, las normativa penal ecuatoriana se ha quedado rezagada y caduca, comparándola con las tendencias internacionales actuales y con la normativa internacional de los derechos humanos.

Es supremamente urgente una reforma integral de la normativa penitenciaria que no caiga en el endurecimiento, pero que vuelva más ágil, justo y transparente el sistema. Una normativa que erradique la corrupción de agentes penitenciarios y de los propios reclusos y que aliente y fomente el cumplimiento de la ley y la convivencia armónica en los centros carcelarios. Una normativa que erradique también la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes al interior de las cárceles, así como el hacinamiento. Una normativa que permita la formación integral de los agentes penitenciarios, como entes generadores de una verdadera rehabilitación y reinserción social de los prisioneros y no de entes generadores de mayor violencia y de reproducción delincuencial y de comportamientos nocivos para la salud e integridad de los presos, como el consumo de drogas, fenómeno común en los centros carcelarios ecuatorianos.

Una normativa que genere trabajo productivo y educación formal y no formal para los internos y el mejoramiento de los servicios carcelarios, que permitan una existencia digna y decorosa a las personas privadas de la libertad.

La politización y centralización del sistema penitenciario ecuatoriano.

Esta es la causa que muchas la mencionan pero pocos desean combatirla, porque, de alguna manera, es aquél mal que permite la perpetuación de la crisis penitenciaria y, por ende, del poder y enriquecimiento de quienes la utilizan y la manejan a su antojo.

La politización está directamente vinculada con la corrupción al interior de las cárceles. Se requiere, por tanto, la reestructuración integral del sistema carcelario, de tal modo que ofrezca a la colectividad los paradigmas de la independencia, autonomía y transparencia, cualidades que son imprescindibles para lograr una solución no solamente inmediata, sino integral y de largo alcance.

Un Consejo de Rehabilitación Social autónomo del Poder Ejecutivo es lo más recomendable. Esta sugerencia no es nueva, pero muchos tienen temor de formularla, para no crear antipatías y hasta en ciertos casos consecuencias negativas. El Consejo de Rehabilitación Social debería estar integrado por instituciones no solamente del Estado, algunas de las cuales, en la actualidad son jueces y parte en la situación carcelaria, sino también por organismos de la sociedad civil que ejerzan el control, seguimiento y rendición de cuentas de la administración penitenciaria. La Dirección Nacional de Rehabilitación Social deberá ser también un ente autónomo, dependiente del Consejo y no del Ejecutivo, que genere transparencia en sus acciones y erradique la desmoralización casi generalizada del sistema. Con autonomía e independencia, la meta de la descentralización carcelaria sería una realidad incuestionable.

La asignación de recursos económicos adicionales para el sistema es un imperativo impostergable. No solamente para lograr la soñada autonomía y descentralización, sino también para mejorar los servicios carcelarios y erradicar la masificación.

Esta lista de causas del fenómeno penitenciario ecuatoriano, como ya lo señalé, no es exhaustiva, ni pretende ser la única, pero sí aquélla que permite visualizar las falencias y dificultades más apremiantes de un sistema que ha llegado a niveles de caducidad, injusticia y discriminación intolerables.

Algunas soluciones inmediatas y de mediano alcance a la crisis penitenciaria ecuatoriana.

Del diagnóstico actual del sistema penitenciario se puede determinar algunas soluciones que no son las únicas, pero que pueden propender a la solución de los aspectos más emergentes del fenómeno.

Soluciones al hacinamiento:

1. Igualar la capacidad instalada de cada centro con el número de internos, a través de la reubicación de internos; la erradicación de las detenciones ilegales; la suscripción y ejecución de convenios de cumplimiento de penas en el extranjero.

2. Mejorar y aumentar el espacio físico de los centros carcelarios, a través de asignaciones presupuestarias emergentes.

3. Mejorar la calidad del servicio del «defensor de oficio», auditando sus actividades, incrementado los defensores de oficio y ejecutando convenios con la Defensoría del Pueblo, colegios de abogados y universidades para incrementar la asistencia legal a los detenidos e internos.

Soluciones a la inoportuna atención médica, problemas de salud y consumo de drogas

1. Mejorar la atención médica en casos de emergencia, a través de la evaluación médica periódica de los internos, el aumento de médicos y la dotación permanente de medicinas.

2. Reducir el nivel de enfermedades fácilmente prevenibles, a través del mejoramiento de la infraestructura para la atención médica, chequeos periódicos y un plan de medicina preventiva.

3. Reducir el número de internos que consumen droga y evitar su recaída, a través de un programa especial de rehabilitación terapéutica.

4. Promover ágilmente los indultos para enfermos terminales.

5. Tercerizar la provisión de alimentos a entes privados.

Soluciones al alto nivel de desempleo y no escolaridad.

1. Aumentar el número de internos con trabajo remunerado, a través de su formación y capacitación en ramas técnicas y microempresas.

2. Mayor escolaridad de los presos, con el funcionamiento de escuelas dentro de los centros carcelarios y permisos e incentivos para que perfeccionen sus estudios.

Soluciones a la corrupción interna de las cárceles

1. Eliminar al personal corrupto, a través de auditorías externas e independientes del sistema y de un mecanismo bipartito de rendición de cuentas: Estado-sociedad civil que analice y denuncie los actos de corrupción, sin involucrar a los internos.

2. Dotar de autonomía e independencia política, económica y administrativa al Consejo Nacional de Rehabilitación Social y a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social.

3. Crear la Escuela de Profesionales Penitenciarios, a través de un proceso estricto de selección y formación académicos, en varias disciplinas como la medicina, la sicología, trabajo social y leyes.

4. Formación en valores a internos, guías y familiares, y a otros sectores sociales, para prevenir actos delincuenciales.

Como ya lo anticipé, algunas soluciones son emergentes e inmediatas; otras son de mediano alcance, pero todas son integrales, abarcan la perspectiva de la complejidad y diversificación del fenómeno delincuencial, según los orígenes que hemos examinado y las consecuencias que dichas causas han generado en el sistema y que han agravado su situación.

Debo concluir subrayando que mientras no exista la voluntad política de los gobiernos de turno y del Estado para realizar estos cambios sustanciales e integrales, seguiremos debatiendo sobre la problemática penitenciaria varias décadas más, sin llegar a soluciones tangibles, sino únicamente a buenas intenciones. El Estado requiere del apoyo de la sociedad civil para lograr estas metas. La sociedad civil será la promotora de los cambios necesarios, como lo ha venido siendo en los últimos años en otros cambios sociales ocurridos en la sociedad ecuatoriana. Debemos estar abiertos a estos cambios y a esta colaboración, conscientes que, de esa manera, lograremos modificar el estado actual de un sistema que, como ya lo señalé antes, ha caído en lo absurdo, en el vacío y en la caducidad, en los abismos más profundos de la injusticia y de la violación a la dignidad humana.