Registro Oficial

Registro Oficial. 11 de MAYO del 2000

Jueves, 11 de mayo de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE MAYO DEL 2000
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
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Jueves 11 de Mayo del 2000

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REGISTRO OFICIAL No. 75

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

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\n TRIBUNAL\n SUPREMO ELECTORAL:
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Expídese\n el Instructivo del Plan de Cuentas para uso obligado de todas\n la organizaciones políticas, candidatos y alianzas, que\n terciarán en las elecciones
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FUNCION\n JUDICIAL
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\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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\n TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL:

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\n Recursos de casación en los juicios laborales seguidos\n por las siguientes personas:
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\n 179-99 Víctor Hugo\n Estrada Suárez en contra de la I. Municipalidad de Guayaquil\n
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\n 180-99 Luis Alberto Pachay\n Anchundia en contra del INIAP
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\n 227-99 Angel Agustín\n Chica Anchundia en contra del INDA
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\n 239-99 José Angel\n Mero Castaño en contra de la Autoridad Portuaria de Manta\n
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247-99 Luis Alberto Peralta en contra de la\n empresa Ecuatoriana de Cerámica C. A. y otro
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\n 249-99 Marco Antonio Cevallos\n Mendoza en contra del Ministerio de Desarrollo Urbano y otra\n
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ORDENANZA\n MUNICIPAL:
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Cantón\n Suscal:
\n Expídese el Reglamento Orgánico Funcional\n

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TRIBUNAL\n SUPREMO ELECTORAL

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INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS

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INTRODUCCION

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El objetivo del Instructivo del Plan de Cuentas previsto en\n la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y Propaganda\n Electoral es normar y hacer conocer a los partidos y movimientos\n políticos, organizaciones, candidatos independientes y\n alianzas electorales, la manera en que deben presentar su contabilidad;\n así como su posterior consolidación y liquidación.

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Por tanto, y al tenor de la Ley 2005, publicada en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 41 de marzo 22 del 2000, se expide el\n presente Plan de Cuentas para uso obligado de todas las organizaciones\n políticas, candidatos y alianzas, que terciarán\n en las elecciones conforme al artículo 8.

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La potestad privativa, controladora y juzgadora para realizar\n exámenes de cuentas en lo relativo al monto, origen y\n destino de los recursos que se utilicen en campañas electorales,\n las ejercerá el Tribunal Supremo Electoral a nivel nacional;\n y, los tribunales provinciales electorales en el ámbito\n de su jurisdicción.

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INSTRUCCIONES GENERALES.

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Las organizaciones políticas, candidatos y alianzas\n electorales deberán observar las instrucciones de carácter\n general, respecto a la responsabilidad del representante o apoderado\n del manejo económico de la campaña electoral, que\n tienen relación con los procesos contables, para un adecuado\n y oportuno registro de todas las transacciones que se realicen\n durante la campaña electoral, los mismos que deben ser\n en forma cronológica, sistemática y diaria, esto\n es mediante comprobantes de ingresos, egresos y demás\n documentación inherentes a cada una de las transacciones\n de conformidad con la Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).

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GENERALIDADES.- De acuerdo con la Ley Orgánica de Control\n y Gasto Electoral, cada organización política,\n candidatos y alianzas, deberán cumplir con los siguientes\n requisitos:

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a.- Nombramiento y registro de un responsable o procurador\n en el Tribunal Provincial, (Art. 6),

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b).- Obtención o actualización del registro\n único de contribuyentes RUC, (artículo 6);

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c).- Apertura de una o varias cuentas corrientes en una o\n más instituciones del Sistema Financiero Nacional. Los\n egresos mayores a USD $ 30 deberán ser cancelados mediante\n cheques y los egresos menores a este valor serán cancelados\n en efectivo con cargo a caja chica, estas cuentas corrientes\n no se amparan en el sigilo bancario legal, (Art. 15);

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d).- Los registros , contabilidad y documentos de respaldo\n se mantendrán por cinco años posteriores al proceso\n electoral, (Art. 18);

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e).- Todo ingreso o egreso deberá estar respaldado\n por el respectivo comprobante cuyos formatos se adjuntan, (Arts.\n 19 y 22);

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f).- Todo egreso mayor de USD $ 4 deberá estar respaldado\n por una factura con RUC para egresos menores de USD $ 4 con un\n recibo en el que se haga constar el nombre y el número\n de cédula del beneficiario; y,

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g).- Los fondos de la Campaña Electoral serán\n liquidados de conformidad con el artículo 29.

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(Anexo 11MYT1- 6)

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No. 179/99

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ACTOR: Víctor Estrada.
\n DEMANDADO: Municipio de Guayaquil.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

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Quito, 28 de marzo del 2000; a las 10h00.

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VISTOS: En el juicio verbal sumario de trabajo seguido por\n Víctor Hugo Estrada Suárez en contra de la I. Municipalidad\n de Guayaquil, en las interpuestas personas de sus representantes\n legales, Ing. León Febres Cordero Rivadeneyra y Dr. Gerardo\n Wong Monroy, Alcalde y Procurador Síndico, respectivamente,\n las partes inconformes con la sentencia expedida por la Tercera\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, que confirma\n en toda; sus partes la dictada en primer nivel, que declaró\n parcialmente con lugar la demanda, dentro de término interponen\n recurso de casación. Admitido a trámite los recursos,\n elevados los autos a esta Tercera Sala de lo Laboral y Social\n de la Corte Suprema de Justicia, en virtud del sorteo de ley\n y encontrándose la causa en estado de resolver, para hacerlo,\n se considera; PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer\n y decidir los recursos en mención en virtud de lo previsto\n por el Art. 200 de la Constitución Política de\n la República, publicada en el Registro Oficial No. 1 de\n 11 de agosto de 1998 y Art. 1 de la Ley de Casación. 'SEGUNDO.-\n La demandada en su escrito de interposición del recurso\n de casación constante de fs. 33 a 38 del cuaderno de segunda\n última instancia afirma que las normas de derecho infringidas\n por el Tribunal ad-quem al dictar la sentencia materia de casación\n son: Arts. 8, 17, 18 y 20 del Código del Trabajo; Arts.\n 58 y 382 de la Ley Orgánica de Administración Financiera\n y Control; Art. 76 de la Ley de Régimen Municipal Arts.\n 21 y 22 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos\n general de la mencionada ley. Fundamenta su recurso en las causales\n 1ª, y 3ª, pero no determina a que artículo de\n la ley de Casación se refiere, deduciéndose de\n su contexto que se tara del Art. 3 de la ley de la materia. En\n síntesis , fundamenta su recurso en la apreciación\n de que de aceptarse la existencia de la relación laboral\n entre actor y demandada, la sentencia recurrida inobservó\n normas expresas: unas, relativas a la forma del contrato de trabajo,\n otras a los requisitos administrativos que deben cumplirse para\n contraer obligaciones con cargo a los presupuestos municipales\n y por ende, a las consecuencias jurídicas que se derivarían\n del incumplimiento de tales requisitos. De otra parte, el actor,\n en su escrito de interposición del recurso de casación\n que consta de fs. 42 a 43 vta., del cuaderno de la referencia,\n afirma que las normas de derecho infringidas por el Tribunal\n de Alzada al dictar la sentencia que censura, son Arts. 31, literales\n a) y c) de la Constitución Política del estado\n (Actual Art. 35); 39, 241 y 572 del Código de Trabajo;\n 169 inciso final del Código de Procedimiento Civil y 1588\n del Código Civil. Fundamenta su recurso en la causal primera\n del Art. 3 de la Ley de Casación, recalcando que el recurso\n de casación se interpone respecto a la valoración\n de la prueba, ya que no se ha tomado en cuenta que el derecho\n del trabajo es un derecho social, protector y tutelar, en beneficio\n del trabajador.. TERCERO.- La accionada alega en su escrito que\n no existió relación laboral y que se ha infringido\n el Art. 8 del Código del Trabajo. En le proceso aparecen,\n entre otros instrumentos, los roles de pago a fs. 79 a 91 del\n cuaderno de primer nivel, así como copia del carné\n de afiliación al IESS, de fs. 13 a 15 del cuaderno de\n primera instancia de la que se desprende que el accionante prestó\n sus servicios en el Municipio de Guayaquil, en calidad de Jornalero\n del Departamento de Aseo de Calles. En consecuencia, hubo relación\n laboral, pues se cumplieron los requisitos puntualizaciones por\n el Art. 8 del Código del Trabajo. La existencia de esta\n relación no depende del cumplimiento de ciertas formalidades,\n como así permite deducirlo el contenido de lo dispuesto\n en el Art. 40 del Código del Trabajo, de manera que el\n Tribunal de Alzada obró conforme a derecho al declarar\n que el actor era efectivamente trabajador del Municipio de Guayaquil,\n a base de los instrumentos que obran de fs. 79 a 91, por los\n cuales consideró probadas las circunstancias constitutivas\n de la relación laboral. No ha habido pues inobservancia\n de los Arts. 18, 19 y 21 de la actual Codificación del\n Código del Trabajo, pues estos artículos tienen\n relación precisamente con el contrato de trabajo. Habiendo\n existido contrato de trabajo, no puedo producirse violación\n de los Arts. 58 y 382 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control, por lo previsto en el inciso final del\n vigente Art. 22 de la Constitución Política de\n la República, y en definitiva, porque las especificidades\n jurídicas del contrato de trabajo, no cambian por la circunstancia\n de que la empleadora sea una institución del sector público,\n advirtiendo que los requisitos
\n De orden administrativo que la ley establece para poder contratar,\n son obligaciones a cargo del empleador y su incumplimiento no\n puede perjudicar al trabajador , que como tal, está protegido\n por la legislación laboral, por mandato de la Constitución\n y de la ley, sin que haya, por lo mismo, la inobservancia de\n la ley que en el recurso se alega. El Art. 9 del Código\n del Trabajo contiene el concepto de lo que se debe entender por\n trabajador, y la posición del accionante es justamente\n esa, por lo que mal puede estimarse por la recurrente que hay\n violación de los Arts. 21 y 22 de la Ley de Remuneraciones\n de lo Servidores Públicos y de las disposiciones correlativas\n de su reglamento CUARTO.- De otro lado, examinado pormenorizadamente\n el escrito que contiene el recurso de casación interpuesto\n por el accionante y confrontado con la sentencia impugnada, se\n determina: 1.- El motivo fundamental del recurso es determinar\n si existe o no despido intempestivo Y al respecto es importante\n precisar que éste ocurre en un lugar y momento determinado\n y por lo mismo debe ser probado fehacientemente, mas del proceso\n no existe tal prueba, por lo que resulta improcedente ordenar\n su pago, 2.- El actual Art. 590 del Código del Trabajo,\n en su primera parte dispone, como regla general, que en los juicios\n de trabajo' el Juez y los tribunales apreciarían las pruebas\n conforme a las reglas de la sana crítica, en forma tal\n que, por lo dicho anteriormente eso es lo que precisamente ha\n ocurrido en el presente caso y no la violación de esta\n norma de carácter legal. , QUINTO.- En la especie y del\n análisis efectuado se concluye que en la sentencia expedida\n por el Tribunal ad-quem hay una acertada y coherente aplicación\n de las normas legales pertinentes contempladas tanto en el Código\n del Trabajo, como en el Código de Procedimiento Civil\n y otras leyes. No existe aplicación indebida ni errónea\n interpretación de normas de derecho, inaplicación\n indebida ni errónea interpretación de los preceptos\n jurídicos aplicables a la valoración de la prueba.\n Sobre la base de las consideraciones expuestas, esta Sala, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA; EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n desecha los recursos de casación interpuestos por faltos\n de fundamento legal. Notifíquese y devuélvase.\n Publíquese en el Registro Oficial, conforme lo ordena\n el Art. 19 de la Ley de Casación.

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Fdo) Dres. Angel Lescano Fiallo, Nicolás Castro Patiño\n y Jorge Ramírez Alvarez, Ministros Jueces, Sala de lo\n Laboral y Social.

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Certifico. - f) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

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Certifico que es fiel copia del original.- Quito, 14 de abril\n del 2000.

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f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

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No. 180-99

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ACTOR: Luis Pachay.
\n DEMANDADO: INIAP
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

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Quito, 8 de marzo del 2000, las 10h00.

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VISTOS: En el juicio verbal sumario de trabajo seguido por\n Luis Alberto Pachay Anchundia en contra del INIAP, la parte actora\n inconforme con la sentencia expedida por la Cuarta Sala de la\n Corte Superior de Justicia de Portoviejo que revoca la dictada\n en primer nivel que declaró parcialmente con lugar la\n demanda, rechazándola, dentro de término interpone\n recurso de casación. Admitido al trámite el recurso,\n elevados los autos a esta Tercera Sala de lo Laboral y Social\n de la Corte Suprema de Justicia en virtud del sorteo de ley,\n y, encontrándose la causa en estado de resolver para hacerlo\n se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer\n y decidir el recurso en mención, en virtud de lo previsto\n por el Art. 200 de la Constitución Política de\n la República, publicada en el Registro Oficial No. 1 de\n 11 de agosto de 1998 y Arts. 1 y 2 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO.- El recurrente en su lacónico y confuso escrito\n de interposición del recurso de casación que obra\n de fs. 5 y 5 vlta. Del cuaderno se segunda y última instancia,\n afirma que las normas de derecho infringidas por el Tribunal\n de Alzada al dictar la sentencia que censura son los Arts. 8,\n 18 y 19 letras b) e) y g) del Código del Trabajo. Fundamenta\n su recurso en las causales 1ª. Y 3ª. del Art. 3 de\n la Ley de casación. Sostiene el recurrente que hay una\n errónea valoración de las pruebas enumeradas en\n el considerando 4to de la sentencia que impugna, y que a consecuencia\n de esto, existe indebida aplicación del Art. 8 del Código\n del Trabajo, al no considerar reunidos y demostrados los requisitos\n necesarios para que exista un contrato de trabajo. Afirma que\n "la Sala aplica indebidamente la prueba de inspección\n judicial a la Tesorería del INIAP en Portoviejo",\n pues el recurrente trabajo para el INIAP pero no en Portoviejo\n sino en la estación "La Teodomira", ubicada\n en el cantón Santa Ana. Finalmente expresa que se ha reconocido\n que trabajó para el INIAP como machetero con contrato\n de obra cierta y/o eventualmente como jornalero, pero sin relación\n de dependencia. TERCERO.- Examinado pormenorizadamente el escrito\n que contiene el recurso de casación, la sentencia impugnada\n y más recaudos procesales, no obstante las dificultades\n que origina el texto y concepción del recurso interpuesto,\n la Sala formula las reflexiones siguientes: 1.- No hay duda que\n el motivo esencial de la controversia es determinar si existe\n o no relación laboral entre las partes contendientes y,\n de haberla, si el actor fue despedido intempestivamente, como\n lo asegura y describe en su libelo de demanda (fs. 1 y 2). Esta\n circunstancia que se anota es producto de una deducción\n lógica, sin embargo de que el recurrente lo que ha manifestado\n es que existe una indebida aplicación del Art. 8 del Código\n del Trabajo, cuando en realidad lo que debió argumentar\n es que, desde su perspectiva, no se ha aplicado tal disposición;\n 2.-A la audiencia de conciliación (fs. 29 y 29 vlta.)\n comparecieron los litigantes: el demandado negó pura y\n simplemente los fundamentos de la demanda, alegó nulidad\n del juicio por incompetencia del juzgador, pues el actor no ha\n sido trabajador sino contratista , mientras el actor, se ratificó\n íntegramente en el texto y contenido en su demanda. En\n consecuencia, trabada la litis, cada parte quedó obligada\n a probar los lechos que alegó, excepto los que se presumen\n conforme a la ley.- 3.- El actor, para quien la relación\n laboral se inició el 4 de febrero de 1982 y terminó\n el 31 de marzo de 1997, por despido intempestivo, para demostrar\n la existencia de la relación laboral, se afinca en un\n acta de inspección laboral (fs. 53 y 53 vlta.), en el\n testimonio de Luis Antonio Alcivar Pachay (fs. 68), juramento\n deferido e inspección judicial a la estación "La\n Teodomira", de propiedad del INIAP (fs. 76 vlta., y 77).\n De estas diligencias probatorias, las dos últimos, por\n lo expuesto en el recurso de casación, no fueron evaluadas\n por le Tribunal de Alzada. 4.- Al respecto, caben las puntualizaciones\n siguientes: 4.1.- Que la visita de la Inspectora Provincial de\n Trabajo de Manabí, Ab. Estela Carvajal de Alcívar,\n a la estación experimental "La Teodomira" del\n INIAP, fue consecuencia de una breve "denuncia" presentada\n por 16 personas que se estiman trabajadores del INIAP, entre\n quienes consta el actor en este proceso, y la providencia dictada\n por la mencionada autoridad laboral el 23 de abril de 1997, para\n verificar, según expresamente lo afirma, si hubo o no\n relación Laboral entre los denunciantes y el INIAP, 4.2..-\n La, Inspectora hace constar en el texto del acta que "se\n hizo averiguaciones"; y que preguntó a unos señores\n "que al momento no portaban cédula" y dijeron\n llamarse Carlos Palma y Oscar Cedeño si los 16 denunciantes\n que estaban frente a ellos, habían trabajado en el INIAP.\n No se observa en el texto del acta ninguna contestación;\n no obstante que, es necesario puntualizar, que a quienes se averiguó\n sobre el particular, tenían la condición de guardias\n de seguridad de una compañía denominada Cobraseg,\n y que en esa labor, llevaban 6 y 8 meses de guardianía,\n en su orden. Lo mismo se le preguntó a Humberto Anchundia,\n José Casanova , José Anchundia, quienes manifestaron\n que los denunciantes "sí habían trabajado\n en INIAP". Al final del acta, sólo consta la firma\n de la Inspectora del Trabajo y Secretario de su despacho, pero\n ninguna de las personas que fueron supuestamente averiguadas,\n estampó su firma en el acta, por lo que el valor de ésta,\n como lo expresa la sentencia que se impugna, es referencial,\n y además, insuficiente, para de por sí, establecer\n como existente una relación de carácter laboral\n entre las partes litigantes, como lo ha expresado esta Sala,\n en algunas otras resoluciones sobre casos análogos 4.3.-\n El actor, para probar la relación laboral, solicitó\n que rindan su testimonio Walter Cuenca Moreira y Luis Alcívar\n Pachay (fs. 57), a quienes se les formularon repreguntas (fs.\n 65 y 66) que fueron contestados por el único testigo que\n se presentó a declarar: Luis Alcivar Pachay, un joven\n de 19 años de edad. Su testimonio (fs. 68), no favorece\n las pretensiones del se trata de un testigo que carece de idoneidad,\n por la falta de imparcialidad, conforme lo dispuesto en los ordinales\n 2o. 5o. y 7o. del Art. 220 del Código de Procedimiento\n Civil, como aparece del texto de su declaración y de la\n tacha del testigo que oportunamente alegó la contraparte.\n Sin embargo, al final de su declaración el testigo Alcívar\n Pachay que se reconoció como sobrino y amigo intimo del\n actor, así como que tiene planteado un juicio contra el\n INIAP, dijo de éste que "sí ha sido contratista\n de obra en la estación experimental Portoviejo - Iniap";\n 4.4.- Finalmente, en la inspección judicial que corre\n de fs. 76 vlta. a 77, consta que se interroga a José Castro\n Quijije, pero sin que éste hubiese firmado la declaración\n que se le atribuye. Es evidente que una prueba así actuada\n incumple con lo dispuesto en el Art. 248 del Código de\n Procedimiento Civil, careciendo de valor probatorio, por lo dispuesto\n en el Art. 121 del mismo código. en falta que es atribuible\n a la Jueza Décima Quinta de lo Civil de Manabí,\n Ab. Angela Sornoza de Farfán, así como al descuido\n o negligencia del propio actor; 5.- Por su parte el demandado,\n con los instrumentos que obra de fs .83 a 153 de los autos y\n la confesión ficta del actor, fs. 80 vlta. 81 y 82. logró\n establecer que entre los contendientes se celebraron 22 contratos\n de obra cierta, en el período comprendido entre los arios\n de 1986 y 1996. El texto y contenido de estos contratos, comparados\n y analizados en relación con las demás constancias\n procesales, no permite establecer que existió entre actor\n y demandado, relación de subordinación o dependencia,\n que constituye uno de los elementos integrantes y específicos\n en toda relación jurídica de carácter laboral.\n Es, precisamente, este elemento según la opinión\n dominante en la doctrina y jurispudencia, el que se constituye\n en determinante y en el más idóneo para establecer\n si la relación jurídica entraña un contrato\n de trabajo o un contrato de obra, como aparece claramente manifestado\n en el fallo dictado el 24 de junio de 1975 por la Segunda Sala\n de la Corte Suprema de Justicia, integrada entonces por los señores\n ministros doctores: Luis Jaramillo Pérez, Byron Maldonado\n Torres y Gonzalo Zambrano Palacios, en el juicio de Manuel Gómez\n Moscoso contra el ingeniero Nelson Holzapfel Gross. CUARTO.-\n Por lo expuesto, la Sala llega a la convicción de que\n el actor trabajó para el INIAP como contratista. QUINTO.-\n Por tanto, en la sentencia expedida por el Tribunal ad-quem no\n se han violado las normas legales que invoca el recurrente. Sobre\n la base de las consideraciones expuestas, la Tercera Sala de\n lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA; EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n desecha el recurso de casación interpuesto por el actor.\n Se multa al Secretario del Juzgado Décimo Quinto de lo\n Civil de Manabí, por no consignar bajo su firma su nombre\n ni imprimir el sello que permita identificarlo y a la abogada\n Angela Sornoza de Farfán, Jueza Décima Quinta de\n lo Civil de Manabí, por lo expresado anteriormente en\n este fallo en la suma de S/. 200. a cada uno. De la misma manera,\n se llama severamente la atención a los señores\n ministros integrantes de la Cuarta Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Portoviejo: Ab. Rafael Loor Pita, Dr. Víctor\n Lozano Herdoíza y Ab. Angel Alava Rivera, por estimar\n que no hubo suficiente estudio y profundización en el\n caso que fue puesto para su resolución. De estos particulares,\n por oficio, comuníquese a la Dirección Nacional\n de Recursos Humanos. Notifíquese, devuélvase y\n publíquese.

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Fdo.) Dres. Angel Lescano Fiallo, Nicolás Castro Patiño\n y Jorge Ramírez Alvarez Ministros Jueces, Sala de lo Laboral\n y Social.

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Certifico.- f) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

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Certifico que es fiel copia del original.
\n Quito, a 14 de abril del 2000.
\n f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

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No. 227\n - 99

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ACTOR: Angel Chica Anchundia,
\n DEMANDADO: INDA

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

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Quito, a 28 de marzo del 2000; a las 15h00.

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VISTOS: En el juicio verbal sumario de trabajo, propuesto\n por Angel Agustín Chica Anchundia contra la Secretaría\n Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDA), la parte actora inconforme\n con la sentencia dictada por la Tercera Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Portoviejo que confirma la dictada en primer nivel\n que declaró sin lugar la demanda, interpone recurso de\n casación. Admitido a trámite el recurso, elevados\n los autos a, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte\n Suprema de Justicia, en virtud del sorteo de ley y encontrándose\n la causa en estado de resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO.-\n Esta Sala es competente para conocer y decidir el recurso de\n casación, en razón de lo previsto en el Art. 200\n de la Constitución Política del Estado, publicada\n en el Registro Oficial No, 1 del 11 de agosto de 1998, y el Art.\n 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO,- El recurrente censura\n y ataca la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, afirmando\n que dicho fallo infringe las siguientes normas de derecho. artículos:\n 188 y 592 del Código del Trabajo. Fundamenta su recurso\n en las causales Ira. y 3ra. del Art. 3 de Ley de Casación.\n En resumen manifiesta el recurrente que prestó sus servicios\n hasta el 31 de agosto de 1994, ya que a partir de esta fecha\n se suprimió la partida presupuestaria y posteriormente\n el INDA le hizo firmar una solicitud de "Separación\n voluntaria" que tiene el número 246 y que la Sala\n le da el valor de prueba plena, no obstante que la misma está\n firmada el 20 de septiembre de 1994 y dirigida al Instituto Ecuatoriano;\n de Reforma Agraria y Colonización, es decir, a una persona\n jurídica inexistente. TERCERO. Confrontada la sentencia\n con el escrito de interposición del recurso de casación\n y más constancias procesales, la Sala hace, las siguientes\n puntualizaciones: 1.- Motivo de controversia, es determinar si\n las relaciones de trabajo terminaron por mutuo acuerdo y en virtud\n del acta de finiquito o por despido intempestivo; 2. A la audiencia\n de conciliación que obra a fojas 16 y 17 concurrieron\n las partes litigantes, las que, por lo dispuesto en el Art. 1\n Código de Procedimiento Civil estaban obligadas a probar\n los hechos que alegaron excepto los que se presumen conforme\n a la ley. 3.- A fojas 42 consta la petición de la separación\n voluntaria del actor en la que manifiesta "...consigno mi\n deseo de ACOGERME A LA SEPARACION VOLUNTARIA...", 4.- De\n fojas 57 y 58 vta., obra el acta de finiquito la misma que es\n pormenorizado y suscrita ante el Inspector del T o de Pichincha\n y por lo mismo cumple con lo puntualizado en él Art. 592\n del Código del Trabajo; 5.- Se ha venido diciendo que\n el acta de finiquito e! un acto jurídico autónomo\n y completo, ya que es un medio de terminar y liquidar las relaciones\n laborales con el fin de extinguir obligaciones entre las partes\n por lo que su existencia legal torna improcedente su impugnación,\n a menos que se demuestre vicios del consentimiento de: quienes\n lo suscribieron o que ella implique renuncia o mengua de derecho\n del trabajador. En la especie a criterio de la Sala, el acta\n de finiquito cumple con los requisitos puntualizados en la ley,\n sin que se haya probado en autos la existencia del despido intempestivo\n alegado por el actor. CUARTO.- Del análisis efectuado\n anteriormente, la Sala concluye que el Tribunal de Alzada no\n ha infringido los Arts 188 'y 592 del Código de Trabajo,\n como lo invoca el recurrente. Por lo expuesto, esta Tercera Sala\n de lo Laboral y Social de la Corte, Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA; EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY\n desecha el recurso de casación interpuesto. Notifíquese\n y devuélvase. Publíquese en el Registro Oficial,\n conforme lo ordena el Art. 19 de la Ley de Casación,

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Fdo.) Dres. Angel Lescano Fiallo, Nicolás Castro Patiño\n y Jorge Ramírez Alvarez, Ministros Jueces, Sala de lo\n Laboral y Social.

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Certifico.- .f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator

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Certifico que es fiel copia del original,- Quito, 14 de abril\n del 2000

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f ) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator

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TRIBUNAL\n SUPREMO ELECTORAL

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INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS

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INTRODUCCION

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El objetivo del Instructivo del Plan de Cuentas previsto en\n la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y Propaganda\n Electoral es normar y hacer conocer a los partidos y movimientos\n políticos, organizaciones, candidatos independientes y\n alianzas electorales, la manera en que deben presentar su contabilidad;\n así como su posterior consolidación y liquidación.

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Por tanto, y al tenor de la Ley 2005, publicada en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 41 de marzo 22 del 2000, se expide el\n presente Plan de Cuentas para uso obligado de todas las organizaciones\n políticas, candidatos y alianzas, que terciarán\n en las elecciones conforme al artículo 8.

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La potestad privativa, controladora y juzgadora para realizar\n exámenes de cuentas en lo relativo al monto, origen y\n destino de los recursos que se utilicen en campañas electorales,\n las ejercerá el Tribunal Supremo Electoral a nivel nacional;\n y, los tribunales provinciales electorales en el ámbito\n de su jurisdicción.

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INSTRUCCIONES GENERALES.

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Las organizaciones políticas, candidatos y alianzas\n electorales deberán observar las instrucciones de carácter\n general, respecto a la responsabilidad del representante o apoderado\n del manejo económico de la campaña electoral, que\n tienen relación con los procesos contables, para un adecuado\n y oportuno registro de todas las transacciones que se realicen\n durante la campaña electoral, los mismos que deben ser\n en forma cronológica, sistemática y diaria, esto\n es mediante comprobantes de ingresos, egresos y demás\n documentación inherentes a cada una de las transacciones\n de conformidad con la Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).

\n\n

GENERALIDADES.- De acuerdo con la Ley Orgánica de Control\n y Gasto Electoral, cada organización política,\n candidatos y alianzas, deberán cumplir con los siguientes\n requisitos:

\n\n

a.- Nombramiento y registro de un responsable o procurador\n en el Tribunal Provincial, (Art. 6),

\n\n

b).- Obtención o actualización del registro\n único de contribuyentes RUC, (artículo 6);

\n\n

c).- Apertura de una o varias cuentas corrientes en una o\n más instituciones del Sistema Financiero Nacional. Los\n egresos mayores a USD $ 30 deberán ser cancelados mediante\n cheques y los egresos menores a este valor serán cancelados\n en efectivo con cargo a caja chica, estas cuentas corrientes\n no se amparan en el sigilo bancario legal, (Art. 15);

\n\n

d).- Los registros , contabilidad y documentos de respaldo\n se mantendrán por cinco años posteriores al proceso\n electoral, (Art. 18);

\n\n

e).- Todo ingreso o egreso deberá estar respaldado\n por el respectivo comprobante cuyos formatos se adjuntan, (Arts.\n 19 y 22);

\n\n

f).- Todo egreso mayor de USD $ 4 deberá estar respaldado\n por una factura con RUC para egresos menores de USD $ 4 con un\n recibo en el que se haga constar el nombre y el número\n de cédula del beneficiario; y,

\n\n

g).- Los fondos de la Campaña Electoral serán\n liquidados de conformidad con el artículo 29.

\n\n

(Anexo 11MYT1- 6)

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 179/99

\n\n

ACTOR: Víctor Estrada.
\n DEMANDADO: Municipio de Guayaquil.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, 28 de marzo del 2000; a las 10h00.

\n\n

VISTOS: En el juicio verbal sumario de trabajo seguido por\n Víctor Hugo Estrada Suárez en contra de la I. Municipalidad\n de Guayaquil, en las interpuestas personas de sus representantes\n legales, Ing. León Febres Cordero Rivadeneyra y Dr. Gerardo\n Wong Monroy, Alcalde y Procurador Síndico, respectivamente,\n las partes inconformes con la sentencia expedida por la Tercera\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, que confirma\n en toda; sus partes la dictada en primer nivel, que declaró\n parcialmente con lugar la demanda, dentro de término interponen\n recurso de casación. Admitido a trámite los recursos,\n elevados los autos a esta Tercera Sala de lo Laboral y Social\n de la Corte Suprema de Justicia, en virtud del sorteo de ley\n y encontrándose la causa en estado de resolver, para hacerlo,\n se considera; PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer\n y decidir los recursos en mención en virtud de lo previsto\n por el Art. 200 de la Constitución Política de\n la República, publicada en el Registro Oficial No. 1 de\n 11 de agosto de 1998 y Art. 1 de la Ley de Casación. 'SEGUNDO.-\n La demandada en su escrito de interposición del recurso\n de casación constante de fs. 33 a 38 del cuaderno de segunda\n última instancia afirma que las normas de derecho infringidas\n por el Tribunal ad-quem al dictar la sentencia materia de casación\n son: Arts. 8, 17, 18 y 20 del Código del Trabajo; Arts.\n 58 y 382 de la Ley Orgánica de Administración Financiera\n y Control; Art. 76 de la Ley de Régimen Municipal Arts.\n 21 y 22 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos\n general de la mencionada ley. Fundamenta su recurso en las causales\n 1ª, y 3ª, pero no determina a que artículo de\n la ley de Casación se refiere, deduciéndose de\n su contexto que se tara del Art. 3 de la ley de la materia. En\n síntesis , fundamenta su recurso en la apreciación\n de que de aceptarse la existencia de la relación laboral\n entre actor y demandada, la sentencia recurrida inobservó\n normas expresas: unas, relativas a la forma del contrato de trabajo,\n otras a los requisitos administrativos que deben cumplirse para\n contraer obligaciones con cargo a los presupuestos municipales\n y por ende, a las consecuencias jurídicas que se derivarían\n del incumplimiento de tales requisitos. De otra parte, el actor,\n en su escrito de interposición del recurso de casación\n que consta de fs. 42 a 43 vta., del cuaderno de la referencia,\n afirma que las normas de derecho infringidas por el Tribunal\n de Alzada al dictar la sentencia que censura, son Arts. 31, literales\n a) y c) de la Constitución Política del estado\n (Actual Art. 35); 39, 241 y 572 del Código de Trabajo;\n 169 inciso final del Código de Procedimiento Civil y 1588\n del Código Civil. Fundamenta su recurso en la causal primera\n del Art. 3 de la Ley de Casación, recalcando que el recurso\n de casación se interpone respecto a la valoración\n de la prueba, ya que no se ha tomado en cuenta que el derecho\n del trabajo es un derecho social, protector y tutelar, en beneficio\n del trabajador.. TERCERO.- La accionada alega en su escrito que\n no existió relación laboral y que se ha infringido\n el Art. 8 del Código del Trabajo. En le proceso aparecen,\n entre otros instrumentos, los roles de pago a fs. 79 a 91 del\n cuaderno de primer nivel, así como copia del carné\n de afiliación al IESS, de fs. 13 a 15 del cuaderno de\n primera instancia de la que se desprende que el accionante prestó\n sus servicios en el Municipio de Guayaquil, en calidad de Jornalero\n del Departamento de Aseo de Calles. En consecuencia, hubo relación\n laboral, pues se cumplieron los requisitos puntualizaciones por\n el Art. 8 del Código del Trabajo. La existencia de esta\n relación no depende del cumplimiento de ciertas formalidades,\n como así permite deducirlo el contenido de lo dispuesto\n en el Art. 40 del Código del Trabajo, de manera que el\n Tribunal de Alzada obró conforme a derecho al declarar\n que el actor era efectivamente trabajador del Municipio de Guayaquil,\n a base de los instrumentos que obran de fs. 79 a 91, por los\n cuales consideró probadas las circunstancias constitutivas\n de la relación laboral. No ha habido pues inobservancia\n de los Arts. 18, 19 y 21 de la actual Codificación del\n Código del Trabajo, pues estos artículos tienen\n relación precisamente con el contrato de trabajo. Habiendo\n existido contrato de trabajo, no puedo producirse violación\n de los Arts. 58 y 382 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control, por lo previsto en el inciso final del\n vigente Art. 22 de la Constitución Política de\n la República, y en definitiva, porque las especificidades\n jurídicas del contrato de trabajo, no cambian por la circunstancia\n de que la empleadora sea una institución del sector público,\n advirtiendo que los requisitos
\n De orden administrativo que la ley establece para poder contratar,\n son obligaciones a cargo del empleador y su incumplimiento no\n puede perjudicar al trabajador , que como tal, está protegido\n por la legislación laboral, por mandato de la Constitución\n y de la ley, sin que haya, por lo mismo, la inobservancia de\n la ley que en el recurso se alega. El Art. 9 del Código\n del Trabajo contiene el concepto de lo que se debe entender por\n trabajador, y la posición del accionante es justamente\n esa, por lo que mal puede estimarse por la recurrente que hay\n violación de los Arts. 21 y 22 de la Ley de Remuneraciones\n de lo Servidores Públicos y de las disposiciones correlativas\n de su reglamento CUARTO.- De otro lado, examinado pormenorizadamente\n el escrito que contiene el recurso de casación interpuesto\n por el accionante y confrontado con la sentencia impugnada, se\n determina: 1.- El motivo fundamental del recurso es determinar\n si existe o no despido intempestivo Y al respecto es importante\n precisar que éste ocurre en un lugar y momento determinado\n y por lo mismo debe ser probado fehacientemente, mas del proceso\n no existe tal prueba, por lo que resulta improcedente ordenar\n su pago, 2.- El actual Art. 590 del Código del Trabajo,\n en su primera parte dispone, como regla general, que en los juicios\n de trabajo' el Juez y los tribunales apreciarían las pruebas\n conforme a las reglas de la sana crítica, en forma tal\n que, por lo dicho anteriormente eso es lo que precisamente ha\n ocurrido en el presente caso y no la violación de esta\n norma de carácter legal. , QUINTO.- En la especie y del\n análisis efectuado se concluye que en la sentencia expedida\n por el Tribunal ad-quem hay una acertada y coherente aplicación\n de las normas legales pertinentes contempladas tanto en el Código\n del Trabajo, como en el Código de Procedimiento Civil\n y otras leyes. No existe aplicación indebida ni errónea\n interpretación de normas de derecho, inaplicación\n indebida ni errónea interpretación de los preceptos\n jurídicos aplicables a la valoración de la prueba.\n Sobre la base de las consideraciones expuestas, esta Sala, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA; EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n desecha los recursos de casación interpuestos por faltos\n de fundamento legal. Notifíquese y devuélvase.\n Publíquese en el Registro Oficial, conforme lo ordena\n el Art. 19 de la Ley de Casación.

\n\n

Fdo) Dres. Angel Lescano Fiallo, Nicolás Castro Patiño\n y Jorge Ramírez Alvarez, Ministros Jueces, Sala de lo\n Laboral y Social.

\n\n

Certifico. - f) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

\n\n

Certifico que es fiel copia del original.- Quito, 14 de abril\n del 2000.

\n\n

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

\n\n

 

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No. 180-99

\n\n

ACTOR: Luis Pachay.
\n DEMANDADO: INIAP
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, 8 de marzo del 2000, las 10h00.

\n\n

VISTOS: En el juicio verbal sumario de trabajo seguido por\n Luis Alberto Pachay Anchundia en contra del INIAP, la parte actora\n inconforme con la sentencia expedida por la Cuarta Sala de la\n Corte Superior de Justicia de Portoviejo que revoca la dictada\n en primer nivel que declaró parcialmente con lugar la\n demanda, rechazándola, dentro de término interpone\n recurso de casación. Admitido al trámite el recurso,\n elevados los autos a esta Tercera Sala de lo Laboral y Social\n de la Corte Suprema de Justicia en virtud del sorteo de ley,\n y, encontrándose la causa en estado de resolver para hacerlo\n se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer\n y decidir el recurso en mención, en virtud de lo previsto\n por el Art. 200 de la Constitución Política de\n la República, publicada en el Registro Oficial No. 1 de\n 11 de agosto de 1998 y Arts. 1 y 2 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO.- El recurrente en su lacónico y confuso escrito\n de interposición del recurso de casación que obra\n de fs. 5 y 5 vlta. Del cuaderno se segunda y última instancia,\n afirma que las normas de derecho infringidas por el Tribunal\n de Alzada al dictar la sentencia que censura son los Arts. 8,\n 18 y 19 letras b) e) y g) del Código del Trabajo. Fundamenta\n su recurso en las causales 1ª. Y 3ª. del Art. 3 de\n la Ley de casación. Sostiene el recurrente que hay una\n errónea valoración de las pruebas enumeradas en\n el considerando 4to de la sentencia que impugna, y que a consecuencia\n de esto, existe indebida aplicación del Art. 8 del Código\n del Trabajo, al no considerar reunidos y demostrados los requisitos\n necesarios para que exista un contrato de trabajo. Afirma que\n "la Sala aplica indebidamente la prueba de inspección\n judicial a la Tesorería del INIAP en Portoviejo",\n pues el recurrente trabajo para el INIAP pero no en Portoviejo\n sino en la estación "La Teodomira", ubicada\n en el cantón Santa Ana. Finalmente expresa que se ha reconocido\n que trabajó para el INIAP como machetero con contrato\n de obra cierta y/o eventualmente como jornalero, pero sin relación\n de dependencia. TERCERO.- Examinado pormenorizadamente el escrito\n que contiene el recurso de casación, la sentencia impugnada\n y más recaudos procesales, no obstante las dificultades\n que origina el texto y concepción del recurso interpuesto,\n la Sala formula las reflexiones siguientes: 1.- No hay duda que\n el motivo esencial de la controversia es determinar si existe\n o no relación laboral entre las partes contendientes y,\n de haberla, si el actor fue despedido intempestivamente, como\n lo asegura y describe en su libelo de demanda (fs. 1 y 2). Esta\n circunstancia que se anota es producto de una deducción\n lógica, sin embargo de que el recurrente lo que ha manifestado\n es que existe una indebida aplicación del Art. 8 del Código\n del Trabajo, cuando en realidad lo que debió argumentar\n es que, desde su perspectiva, no se ha aplicado tal disposición;\n 2.-A la audiencia de conciliación (fs. 29 y 29 vlta.)\n comparecieron los litigantes: el demandado negó pura y\n simplemente los fundamentos de la demanda, alegó nulidad\n del juicio por incompetencia del juzgador, pues el actor no ha\n sido trabajador sino contratista , mientras el actor, se ratificó\n íntegramente en el texto y contenido en su demanda. En\n consecuencia, trabada la litis, cada parte quedó obligada\n a probar los lechos que alegó, excepto los que se presumen\n conforme a la ley.- 3.- El actor, para quien la relación\n laboral se inició el 4 de febrero de 1982 y terminó\n el 31 de marzo de 1997, por despido intempestivo, para demostrar\n la existencia de la relación laboral, se afinca en un\n acta de inspección laboral (fs. 53 y 53 vlta.), en el\n testimonio de Luis Antonio Alcivar Pachay (fs. 68), juramento\n deferido e inspección judicial a la estación "La\n Teodomira", de propiedad del INIAP (fs. 76 vlta., y 77).\n De estas diligencias probatorias, las dos últimos, por\n lo expuesto en el recurso de casación, no fueron evaluadas\n por le Tribunal de Alzada. 4.- Al respecto, caben las puntualizaciones\n siguientes: 4.1.- Que la visita de la Inspectora Provincial de\n Trabajo de Manabí, Ab. Estela Carvajal de Alcívar,\n a la estación experimental "La Teodomira" del\n INIAP, fue consecuencia de una breve "denuncia" presentada\n por 16 personas que se estiman trabajadores del INIAP, entre\n quienes consta el actor en este proceso, y la providencia dictada\n por la mencionada autoridad laboral el 23 de abril de 1997, para\n verificar, según expresamente lo afirma, si hubo o no\n relación Laboral entre los denunciantes y el INIAP, 4.2..-\n La, Inspectora hace constar en el texto del acta que "se\n hizo averiguaciones"; y que preguntó a unos señores\n "que al momento no portaban cédula" y dijeron\n llamarse Carlos Palma y Oscar Cedeño si los 16 denunciantes\n que estaban frente a ellos, habían trabajado en el INIAP.\n No se observa en el texto del acta ninguna contestación;\n no obstante que, es necesario puntualizar, que a quienes se averiguó\n sobre el particular, tenían la condición de guardias\n de seguridad de una compañía denominada Cobraseg,\n y que en esa labor, llevaban 6 y 8 meses de guardianía,\n en su orden. Lo mismo se le preguntó a Humberto Anchundia,\n José Casanova , José Anchundia, quienes manifestaron\n que los denunciantes "sí habían trabajado\n en INIAP". Al final del acta, sólo consta la firma\n de la Inspectora del Trabajo y Secretario de su despacho, pero\n ninguna de las personas que fueron supuestamente averiguadas,\n estampó su firma en el acta, por lo que el valor de ésta,\n como lo expresa la sentencia que se impugna, es referencial,\n y además, insuficiente, para de por sí, establecer\n como existente una relación de carácter laboral\n entre las partes litigantes, como lo ha expresado esta Sala,\n en algunas otras resoluciones sobre casos análogos 4.3.-\n El actor, para probar la relación laboral, solicitó\n que rindan su testimonio Walter Cuenca Moreira y Luis Alcívar\n Pachay (fs. 57), a quienes se les formularon repreguntas (fs.\n 65 y 66) que fueron contestados por el único testigo que\n se presentó a declarar: Luis Alcivar Pachay, un joven\n de 19 años de edad. Su testimonio (fs. 68), no favorece\n las pretensiones del se trata de un testigo que carece de idoneidad,\n por la falta de imparcialidad, conforme lo dispuesto en los ordinales\n 2o. 5o. y 7o. del Art. 220 del Código de Procedimiento\n Civil, como aparece del texto de su declaración y de la\n tacha del testigo que oportunamente alegó la contraparte.\n Sin embargo, al final de su declaración el testigo Alcívar\n Pachay que se reconoció como sobrino y amigo intimo del\n actor, así como que tiene planteado un juicio contra el\n INIAP, dijo de éste que "sí ha sido contratista\n de obra en la estación experimental Portoviejo - Iniap";\n 4.4.- Finalmente, en la inspección judicial que corre\n de fs. 76 vlta. a 77, consta que se interroga a José Castro\n Quijije, pero sin que éste hubiese firmado la declaración\n que se le atribuye. Es evidente que una prueba así actuada\n incumple con lo dispuesto en el Art. 248 del Código de\n Procedimiento Civil, careciendo de valor probatorio, por lo dispuesto\n en el Art. 121 del mismo código. en falta que es atribuible\n a la Jueza Décima Quinta de lo Civil de Manabí,\n Ab. Angela Sornoza de Farfán, así como al descuido\n o negligencia del propio actor; 5.- Por su parte el demandado,\n con los instrumentos que obra de fs .83 a 153 de los autos y\n la confesión ficta del actor, fs. 80 vlta. 81 y 82. logró\n establecer que entre los contendientes se celebraron 22 contratos\n de obra cierta, en el período comprendido entre los arios\n de 1986 y 1996. El texto y contenido de estos contratos, comparados\n y analizados en relación con las demás constancias\n procesales, no permite establecer que existió entre actor\n y demandado, relación de subordinación o dependencia,\n que constituye uno de los elementos integrantes y específicos\n en toda relación jurídica de carácter laboral.\n Es, precisamente, este elemento según la opinión\n dominante en la doctrina y jurispudencia, el que se constituye\n en determinante y en el más idóneo para establecer\n si la relación jurídica entraña un contrato\n de trabajo o un contrato de obra, como aparece claramente manifestado\n en el fallo dictado el 24 de junio de 1975 por la Segunda Sala\n de la Corte Suprema de Justicia, integrada entonces por los señores\n ministros doctores: Luis Jaramillo Pérez, Byron Maldonado\n Torres y Gonzalo Zambrano Palacios, en el juicio de Manuel Gómez\n Moscoso contra el ingeniero Nelson Holzapfel Gross. CUARTO.-\n Por lo expuesto, la Sala llega a la convicción de que\n el actor trabajó para el INIAP como contratista. QUINTO.-\n Por tanto, en la sentencia expedida por el Tribunal ad-quem no\n se han violado las normas legales que invoca el recurrente. Sobre\n la base de las consideraciones expuestas, la Tercera Sala de\n lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA; EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n desecha el recurso de casación interpuesto por el actor.\n Se multa al Secretario del Juzgado Décimo Quinto de lo\n Civil de Manabí, por no consignar bajo su firma su nombre\n ni imprimir el sello que permita identificarlo y a la abogada\n Angela Sornoza de Farfán, Jueza Décima Quinta de\n lo Civil de Manabí, por lo expresado anteriormente en\n este fallo en la suma de S/. 200. a cada uno. De la misma manera,\n se llama severamente la atención a los señores\n ministros integrantes de la Cuarta Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Portoviejo: Ab. Rafael Loor Pita, Dr. Víctor\n Lozano Herdoíza y Ab. Angel Alava Rivera, por estimar\n que no hubo suficiente estudio y profundización en el\n caso que fue puesto para su resolución. De estos particulares,\n por oficio, comuníquese a la Dirección Nacional\n de Recursos Humanos. Notifíquese, devuélvase y\n publíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Angel Lescano Fiallo, Nicolás Castro Patiño\n y Jorge Ramírez Alvarez Ministros Jueces, Sala de lo Laboral\n y Social.

\n\n

Certifico.- f) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

\n\n

Certifico que es fiel copia del original.
\n Quito, a 14 de abril del 2000.
\n f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

\n\n

 

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No. 227\n - 99

\n\n

ACTOR: Angel Chica Anchundia,
\n DEMANDADO: INDA

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, a 28 de marzo del 2000; a las 15h00.

\n\n

VISTOS: En el juicio verbal sumario de trabajo, propuesto\n por Angel Agustín Chica Anchundia contra la Secretaría\n Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDA), la parte actora inconforme\n con la sentencia dictada por la Tercera Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Portoviejo que confirma la dictada en primer nivel\n que declaró sin lugar la demanda, interpone recurso de\n casación. Admitido a trámite el recurso, elevados\n los autos a, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte\n Suprema de Justicia, en virtud del sorteo de ley y encontrándose\n la causa en estado de resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO.-\n Esta Sala es competente para conocer y decidir el recurso de\n casación, en razón de lo previsto en el Art. 200\n de la Constitución Política del Estado, publicada\n en el Registro Oficial No, 1 del 11 de agosto de 1998, y el Art.\n 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO,- El recurrente censura\n y ataca la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, afirmando\n que dicho fallo infringe las siguientes normas de derecho. artículos:\n 188 y 592 del Código del Trabajo. Fundamenta su recurso\n en las causales Ira. y 3ra. del Art. 3 de Ley de Casación.\n En resumen manifiesta el recurrente que prestó sus servicios\n hasta el 31 de agosto de 1994, ya que a partir de esta fecha\n se suprimió la partida presupuestaria y posteriormente\n el INDA le hizo firmar una solicitud de "Separación\n voluntaria" que tiene el número 246 y que la Sala\n le da el valor de prueba plena, no obstante que la misma está\n firmada el 20 de septiembre de 1994 y dirigida al Instituto Ecuatoriano;\n de Reforma Agraria y Colonización, es decir, a una persona\n jurídica inexistente. TERCERO. Confrontada la sentencia\n con el escrito de interposición del recurso de casación\n y más constancias procesales, la Sala hace, las siguientes\n puntualizaciones: 1.- Motivo de controversia, es determinar si\n las relaciones de trabajo terminaron por mutuo acuerdo y en virtud\n del acta de finiquito o por despido intempestivo; 2. A la audiencia\n de conciliación que obra a fojas 16 y 17 concurrieron\n las partes litigantes, las que, por lo dispuesto en el Art. 1\n Código de Procedimiento Civil estaban obligadas a probar\n los hechos que alegaron excepto los que se presumen conforme\n a la ley. 3.- A fojas 42 consta la petición de la separación\n voluntaria del actor en la que manifiesta "...consigno mi\n deseo de ACOGERME A LA SEPARACION VOLUNTARIA...", 4.- De\n

 

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