Registro Oficial

Registro Oficial. 16 de MAYO del 2000

Martes, 16 de mayo de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE MAYO DEL 2000
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
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Martes 16 de Mayo del 2000

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REGISTRO OFICIAL No. 78

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

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FUNCION\n EJECUTIVA
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\n DECRETO:
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360\n
Trasládase\n el feriado correspondiente al miércoles 24 de mayo del\n año 2000, al día viernes 26 de los mismos mes y\n año
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RESOLUCION\n :
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\n CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA:
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CAE-SR-CT-0008\n
Autorízase\n la realización del evento "III Encuentro Feria Internacional\n de Artesanía y de la Pequeña Industria Ibarra 2000",\n a realizarse desde el 27 al 30 de abril del 2000, en las instalaciones\n del Colegio Nacional de Señoritas Ibarra de la ciudad\n de Ibarra
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FUNCION\n JUDICIAL
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\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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\n TERCERA SALA DE LO LARORAL Y SOCIAL:

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\n Recursos de casación en los juicios laborales seguidos\n por las siguientes personas:
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\n 388-99 Hernán Oviedo\n González en contra de APRISE Cía. Ltda. y otro\n
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\n 389-99 Harry Carvajal González\n en contra de las empresas Dicaoro y Dimachala S. A
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\n 403-99 Clelia Chález\n Gordillo en contra de Blanca Flores Galindo
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\n 409-99 Luis Néstor\n Caisaguano Lema en contra de la M. I. Municipalidad de Guayaquil\n
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\n 410-99 Eladio Miguel Criollo\n Mite en contra de la I. Municipalidad de Guayaquil
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\n 17-2000 Vicente Nicanor Conforme\n Zambrano en contra de SEAFMAN C. A
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\n 37-2000 Pule Fidel Troya Cedeño\n en contra de la fábrica de papel La Reforma C. A. y otros\n
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62-2000 Carmen Rebeca Villalobos Yupanqui en\n contra de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado\n de Guayaquil
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\n 65-2000 Enrique Aurelio Valverde\n Figueroa en contra de la M. I. Municipalidad de Guayaquil
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82-2000 José Vicente Fernández\n Ruela en contra de Víctor Lertora Juez y otro
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\n 99-2000 Enrique Amador Navarro\n Merchán en contra de Vicente Napoleón Cabrera Figueroa\n
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PRIMERA\n SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL:
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146-99\n Ing. Comercial Federico Iturralde Espinoza en contra del\n IESS
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\n 188-99 Bolívar Mero\n Delgado en contra de la Municipalidad de Guayaquil
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243-99 Ana Alvarez Lara en contra de la Municipalidad\n de Guayaquil
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\n 289-99 Paúl Daugherty\n Cameron Feidler en contra de la compañía ABALTA\n S. .A. C.
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404-99 Siegfried Detken Suárez en contra\n de la empresa Optikum Katz y otro
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\n 5-2000 Julio Rojas Saeteros\n en contra de Manuel Cumbe
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ORDENANZAS\n MUNICIPALES:
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Cantón\n Balsas:
\n De Servicio Civil y Carrera Administrativa Municipal
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\n Cantón Balsas: Que\n reglamenta el funcionamiento de los locales y comercio que expenden\n y comercialicen bebidas alcohólicas
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N° 360

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere\n el artículo 23 de la Ley de Regulación Económica\n y Control del Gasto Público,

\n\n

Decreta:

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ARTICULO PRIMERO. - Por esta ocasión\n se traslada el feriado correspondiente al miércoles 24\n de mayo del año 2000, al día viernes 26 de los\n mismos mes y año.

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ARTICULO SEGUNDO. - De la ejecución\n de este decreto, que entrará en vigencia a partir de la\n presente fecha, sin perjuicio de su promulgación en el\n Registro Oficial, se encarga al Ministro de Trabajo y Recursos\n Humanos.

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Dado en el Palacio Nacional, en Quito,\n a 9 de mayo del 2000.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente\n Constitucional de la República.

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f.) Martín Insua Chang, Ministro\n de Trabajo y Recursos Humanos.

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Es fiel copia del original. - Lo certifico:

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f ) Marcelo Santos Vera, Secretario\n General de la Administración Pública.

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N° CAE\n - SR - CT - 0008

\n\n

EL SUBGERENTE REGIONAL DE LA CORPORACION\n ADUANERA ECUATORIANA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el Director Ejecutivo del Instituto\n Andino de Artes Populares, mediante oficio N° 145 - DE -\n 2000 de abril 13 del 2000, solicita a esta Subgerencia Regional\n la autorización para que se declare Zona Primaria Aduanera\n a las instalaciones del Colegio Nacional de Señoritas\n Ibarra de la ciudad de Ibarra, local donde se realizará\n del 27 al 30 de abril del 2000, el evento denominado "IN\n ENCUENTRO - FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANIA Y DE LA PEQUEÑA\n INDUSTRIA IBARRA 2000",

\n\n

Que, es deber del Estado ecuatoriano,\n incentivar y promover estas actividades, tendientes al aprovechamiento\n de la tecnología moderna e internacional para el mejoramiento\n productivo; y,

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En uso de las atribuciones que le otorga\n el artículo 30 del Decreto Ejecutivo N° 258 de agosto\n 19/70, publicado en el R.O. N° 42 de agosto 20/70 y Art.\n 113 de la Ley Orgánica de Aduanas vigente,

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Resuelve:

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Art. 1°. - Autorizar la realización\n del evento "IN ENCUENTRO FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANIA\n Y DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA IBARRA 2000", al amparo\n del Régimen Aduanero de Admisión Temporal para\n Ferias Internacionales, a realizarse desde el 27 al 30 de abril\n del 2000, en las instalaciones del Colegio Nacional de Señoritas\n Ibarra de la ciudad de Ibarra.

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Art. 2°. - De conformidad con el\n Art. 3 de la Ley Orgánica de Aduanas, declarase Zona Primaria\n Aduanera, sujeta a la potestad aduanera, a las instalaciones\n del Colegio Nacional de Señoritas Ibarra de la ciudad\n de Ibarra mientras dure el evento ferial, de conformidad con\n las condiciones previstas en el presente acuerdo.

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Art. 3°. - La mercancías\n a importarse con destino al recinto ferial, ingresaran al país\n bajo el Régimen de Admisión Temporal - Ferias Internacionales,\n con suspensión del pago de derechos, debiendo por consiguiente\n constar detalladas en el manifiesto de carga, ser plenamente\n identificables con la leyenda "IN ENCUENTRO FERIA INTERNACIONAL\n DE ARTESANIA Y DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA IBARRA 2000".

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Art. 4°. - En forma previa al despacho\n de las mercancías y aceptación del régimen\n por el Gerente Distrital, los importadores o expositores deberán\n satisfacer la tasa de control prevista para la admisión\n temporal con reexportación en el mismo Estado, vigente\n a la fecha de prestación del servicio aduanero, según\n lo establecido en el respectivo acuerdo expedido para el efecto\n por la Corporación Aduanera Ecuatoriana.

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Art. 5°. - Cuando las mercancías\n admitidas a la presente feria internacional, cuenten con el auspicio\n oficial de gobiernos extranjeros organismos internacionales,\n siempre que dicho auspicio sea certificado por el Ministerio\n de Relaciones Exteriores no están sujetas al pago de la\n tasa de control de conformidad con el Acuerdo Ministerial N°\n 268, publicado en el R.O N° 221 de junio 28/89.

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Art. 6°. - La Gerencia Distrital\n de Aduanas respectiva, supervisará, la realización\n de la feria, tendiente a comprobar y exigir el cumplimiento de\n las disposiciones legales previstas para el régimen.

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Art. 7°. - Durante la realización\n del evento ferial, podrán ser objeto de comercialización,\n las mercancías originarias de Bolivia, Colombia, Perú\n Y Venezuela, previo el cumplimiento y observancia de los requisitos\n y formalidades vigentes.

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Las mercancías procedentes de\n otros países podrán comercializarse y para su nacionalización\n se aplicará las tarifas del arancel de importación\n vigente a la fecha de aceptación de la declaración\n a consumo.

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Art. 8°. - Corresponde al Gerente\n Distrital de Quito, conceder la admisión temporal de las\n mercancías con destino a la feria en mención, luego\n de llegadas al país cuyo plazo de permanencia podrá\n ser de sesenta días (60), contados desde la aceptación\n de la declaración, consecuentemente las Gerencias distritales\n de Entrada despacharan las mercancías mediante tránsito\n interno, hasta la Gerencia Distrital de destino final la misma\n que autorizará el ingreso de las mercancías al\n recinto ferial.

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Las importaciones que se faculten dentro\n del plazo autorizado en el inciso anterior deberán reexportarse\n o nacionalizarse, previo el cumplimiento de las normas previstas\n en la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento para estos\n casos. Una vez canalizada la exposición en el recinto\n ferial, las mercancías que no han sido nacionalizadas\n o reexportadas, deberán ser puestas a órdenes del\n Gerente Distrital o permanecer en el recinto ferial bajo potestad\n de la Aduana con las debidas seguridades. Fenecido el plazo concedido,\n si las mercancías no han sido reexportadas o nacionalizadas,\n serán declaradas en abandono, por parte del Gerente Distrital.

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Art. 9°. - Prohíbese al Gerente\n Distrital aceptar la declaración aduanera a este régimen,\n respecto de las mercancías que ingresen al país\n con posterioridad al 27 de abril del 2000. Su incumplimiento\n ocasionará responsabilidades administrativas de conformidad\n con las normas pertinentes señaladas para el efecto por\n la Ley Orgánica de Aduanas.

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Art. 10°.- Las importaciones con\n destino al presente régimen presentarán la correspondiente\n garantía en las formas, por el plazo y monto, conforme\n lo previsto en los artículos Nos. 75 de la Ley Orgánica\n de Aduanas, 248, 249 y 250 de su reglamento, por el ciento veinte\n por ciento (120%) de los eventuales derechos e impuestos.

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Art. 11°. - De existir eventuales\n pérdidas, daños o extravíos de la mercancía,\n por incumplimiento de lo establecido en la presente resolución,\n se fijará las responsabilidades administrativas civiles\n y/o penales a que diere lugar en contra del Presidente de la\n Feria "IN ENCUENTRO FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANIA Y DE\n LA PEQUEÑA INDUSTRIA IBARRA 2000".

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Art. 12°. - Las muestras perecibles\n y artículos de propaganda, tales como: afiches, impresos\n y productos de degustación, ingresaran al país\n bajo el régimen de consumo, libre de tributos, siempre\n que sean muestras sin valor comercial y en cantidades no comerciales.

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Art. 13°. - En todo lo no contemplado\n en la presente resolución se procederá de conformidad\n con la Ley Orgánica del Ramo.

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Art. 14°. - En caso de conflicto,\n los representantes legales Y organizadores de la feria, se sujetarán\n en lo administrativo a las decisiones del Subgerente Regional\n de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y para las controversias\n por las infracciones al régimen aduanero que se autoriza,\n a las decisiones de los jueces competentes en esta materia.

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Art. 15°. - La presente resolución\n entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial. - Quito, a 27 de abril del 2000.

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f.) Diego Pachel Sevilla, Subgerente\n Regional de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. - Lo\n certifico.

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f) Alcides R. Parreño Cantos,\n Jefe del Dpto. Administrativo de la Subgerencia Regional de la\n Corporación Aduanera

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N° 388\n - 99

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ACTOR: Hernán Oviedo González
\n DEMANDADO: APRISE Cía. Ltda.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA\n DE LO LABORAL Y SOCIAL

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Quito, a 16 de marzo del 2000; a las\n 11h00.

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VISTOS: Hernán Oviedo González\n interpone recurso de casación de la sentencia de segunda\n instancia dictada por la Sexta Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Quito que confirma en todas sus partes el fallo de primer\n nivel emitido por el Juez Quinto del Trabajo de Pichincha que\n declara con lugar parcialmente la demanda, en el juicio verbal\n sumario de trabajo incoado por el recurrente contra APRISE C.\n LTDA. y Patricio Villota Uvillus. Cumplido el trámite\n previo establecido en la Ley de Casación, la causa se\n encuentra en estado de dictar resolución, y para hacerlo\n se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer\n y decidir el recurso en mención, en razón de lo\n prescrito por el Art. 200 de la Constitución Política\n de la República, publicada en el Registro Oficial No 1\n del 11 de agosto de 1998 y el Art. 1 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO.- El recurrente asegura que en la sentencia del Tribunal\n de Apelación se violaron las disposiciones contenidas\n en los Arts. 23 (numerales 3, 17, 26 y 27) y 35 (numerales 1.\n 3 4, 6 y 14) de la Constitución Política de la\n República. También estima que se violó el\n Art. 590 del Código del Trabajo. En resumen dice el casacionista\n que los señores ministros de la Sexta Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Quito, al momento de dictar la sentencia\n recurrida dejaron de aplicar lo dispuesto en el Art. 590 del\n Código del Trabajo y las contenidas en los Arts. 23 y\n 35 de la Constitución Política del Estado, porque\n en el proceso, según la afirmación de la parte\n actora no existe otra prueba que desvirtúe que el actor\n no percibió cinco millones de sucres y que con el juramento\n deferido se probó la cuantía de dicha remuneración\n y en sentencia así debió disponerse y no como lo\n han hecho, causándole perjuicio. Termina expresando el\n accionante, en su recurso de casación, que "En verdad,\n dentro del proceso, sí consta la prueba de que he recibido\n cinco millones de sucres mensuales, por ello se debe disponer\n que la liquidación se haga sobre ese valor y no otro,\n puesto que tal como están las cosas, al no aceptar el\n JURAMENTO DEFERIDO, rendido por mi, oportunamente, tal como lo\n dispone el Art. 590 del Código del Trabajó, en\n la parte resolutiva se adopta la decisión contradictoria,\n como estoy demostrando.". Revisado el proceso en forma minuciosa\n y hechas las confrontaciones que corresponden, la Sala estima\n necesario formular las siguientes reflexiones: 1.- Esta resolución\n se contrae únicamente a decidir si en el fallo de apelación\n se infringieron los preceptos mencionados en el escrito de fs.\n 15 - 16 de este expediente, al disponerse que los rubros que\n se ordena pagar, se liquiden sobre la base remuneratoria mensual\n de S/. 3'000.000,oo y no sobre la cantidad de S/. 5'000.000,.oo\n que asevera el demandante que fue su última remuneración\n mensual; 2.- La parte relativa a la prueba de remuneración\n percibida y tiempo de servicio que se contiene en el Art. 590\n del Código del Trabajo, dice: "debiendo deferir el\n juramento del trabajador cuantas veces este necesite probar el\n tiempo de servicios la remuneración percibida, siempre\n que del proceso no aparezca otra prueba al respecto, capaz y\n suficiente para comprobar tales particulares".". (El\n subrayado es de la Sala). Las expresiones subrayadas permiten\n inferir sin dificultad que la validez de la prueba del juramento\n deferido del trabajador, ya sea para demostrar el tiempo de servicios\n o la remuneración percibida, es de carácter supletorio,\n esto es, que está condicionada a la inexistencia de otra\n prueba capaz y suficiente para acreditar los hechos de la referencia;\n 3.- A petición del actor, consta incorporado al proceso\n (fs. 9 del cuaderno de primera instancia) el contrato de trabajo\n celebrado entre los litigantes, en cuya cláusula cuarta\n se lee: "El empleado recibirá un sueldo mensual de\n S/. 3'000.000,00 (tres millones) de sucres...". además,\n con los cheques y comprobantes de egreso que obran de fs. 24,\n 25, 26, 27, 29, 30, 31, que corresponden a enero, febrero, marzo\n y junio de 1997, la compañía demandada ha demostrado\n el pago de la suma de tres millones de sucres mensuales. En consecuencia,\n debe entenderse que los documentos aquí descritos han\n sido estimados por los juzgadores de instancia como prueba capaz\n y suficiente, calificación que esta Sala comparte, por\n lo que la prueba del juramento deferido deviene sin sustento;\n 4.- No se aprecia en el fallo materia de estas observaciones,\n relación alguna con las normas constitucionales que se\n invocan en el escrito que contiene el recurso ni , con una supuesta\n violación de ellas. Por las consideraciones anotadas,\n esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema\n de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA; EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desestima el recurso de casación\n interpuesto por el actor. Liquide el Juez a - quo, sin intervención\n de perito, los intereses que corresponden. Notifíquese\n y devuélvase. Cúmplase con lo dispuesto en el Art.\n 19 de la de Casación.

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Fdo.) Dres. Angel Lescano Fiallo, Nicolás\n Castro Patiño Y Jorge Ramírez Alvarez, Ministros\n Jueces.

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Certifico.
\n f ) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.
\n Certifico que es fiel copia del original.
\n Quito, a 14 de abril del 2000.
\n f ) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

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N° 389\n - 99

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ACTOR: Harry Carvajal González.
\n DEMANDADO: Ing. Bolívar Prieto Calderón.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA\n DE LO LABORAL Y SOCIAL

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Quito, 8 de marzo del 2000; a las 10h00.

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VISTOS: En el juicio verbal sumario\n de trabajo seguido por Harry Carvajal González en contra\n del Ing. Bolívar Prieto Calderón, por sus propios\n derechos y los que representa de las empresas Dicaoro y Dimachala\n S.A. la parte actora inconforme con la sentencia expedida por\n la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Machala que\n revoca la dictada en primer nivel que declaró sin lugar\n la demanda y en su defecto la acepta parcialmente, dentro de\n término interpone recurso de casación. Admitido\n a trámite el recurso de casación, elevados los\n autos a esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte\n Suprema de Justicia, en virtud del sorteo de ley, encontrándose\n la causa en estado de resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO.-\n Esta Sala es competente para conocer y decir el recurso en mención\n en virtud de lo previsto por el Art. 200 de la Constitución\n Política de la República, publicada en el Registro\n Oficial No 1 del 11 de agosto de 1998 y Art. 1 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO.- El recurrente censura y ataca la sentencia dictada\n por el Tribunal de Alzada estimando que en ella se han infringido\n las siguientes normas de derecho: numerales 1, 3, 4, 5, 6 primer\n inciso del Art. 35 de la Constitución, 188, 189, 4, 7\n y 592 del Código del Trabajo, inciso tercero del Art.\n 117, 119. 121, 211, 168 y 169 del Código de Procedimiento\n Civil; y, además, los precedentes jurisprudenciales que\n invoca. Fundamenta su recurso en lo dispuesto en las causales\n 1ª, 3ª y 5ª, del Art. 3 de la Ley de especificando\n respecto de la primera causal, como existentes, todas y cada\n una de las hipótesis previstas en ella y agregando, igualmente,\n que respecto de la 3ª causal, hay infracción "en\n su totalidad" y en cuanto a la 5ª causal sólo\n en la parte que dice: " ... cuando en la sentencia... o\n en su parte dispositivo se adoptan decisiones contradictorias....",\n su reclamo., básicamente se contrae a pedir que se le\n reconozca que ha existido despido intempestivo y, en consecuencia,\n derecho al pago de las indemnizaciones que, por este concepto,\n enuncia en su libelo de demanda. Refiere que la relación\n laboral se inició el 1 de noviembre de 1994, como Jefe\n de Ventas mediante contrato de trabajo verbal y por tiempo indefinido,\n con la empresa DICAORO, en determinada condición remunerativa\n compuesta de sueldo básico, bonificación por movilización,\n comisiones por venta Y beneficios sociales, que le permitían\n recibir un ingreso mensual de S/. 2'500.000. Que posteriormente\n suscribe dos contratos de trabajo escritos con el mismo empleador:\n a) El primero, con la empresa DIMACHALA S.A. suscrito el 2 de\n mayo de 1995, que contenía esencialmente las mismas condiciones\n que al inicio de la relación laboral; y, b) El segundo,\n que según dice "fue obligado a firmar" el 1\n de noviembre de 1995, con distintas condiciones remunerativas:\n un sueldo básico de S/. 85.000 y una concisión\n del 1% por venta de vehículos suzuki forsa, suprimiéndole\n la bonificación por movilización, el 0,75% de comisiones\n por venta de vehículos de todas las marcas y el 075% por\n ventas total" de los ejecutivos, lo que trajo como consecuencia\n que su remuneración se redujera a S/. 1'300.000, conceptuando\n que por estas circunstancias se produjo el despido intempestivo,\n pues no hay prueba que demuestre que el primer contrato de trabajo\n escrito concluyó legítimamente; mientras en el\n segundo contrato escrito se produjo una renuncia de sus derechos,\n prohibida por la Constitución y la ley. Por estas mismas\n razones estima que no debió haberse aceptado el acta de\n finiquito la que no fue hecha ante el Inspector del Trabajo,\n no es pormenorizada, e implica renuncia de derechos y que, como\n en el proceso constan dos actas de finiquito, hay duda sobre\n la veracidad de ella, por lo que debió aplicarse el principio\n de favor o pro operario. Sustenta que no se ha valorado suficientemente\n la prueba testimonial que obra a su favor, en abono de la existencia\n del despido intempestivo. TERCERO.- Confrontada la sentencia\n impugnada con el recurso de casación interpuesto y más\n constancias procesales, la Sala formula las siguientes reflexiones:\n 1.- El recurrente no ha elaborado el texto de su recurso de casación\n con la suficiente técnica y necesaria claridad y precisión,\n pues resulta inescrutable y hasta contradictorio que, por ejemplo,\n se pudiesen haber producido respecto de la 1ª casual que\n invoca, al arrasarlo tiempo, todas cada una de las hipótesis\n allí previstas, en error que lo reproduce, cuando se refiere\n a la 3ª causal. El texto de la 5ª causal, tal como\n está redactado, es engañoso; la causal, en su parte\n final, se circunscribe al caso de que en la parte dispositivo\n de la sentencia se adopten decisiones contradictorias o incompatibles\n Y no a lo que realmente enuncia el recurrente, 2.- El argumento\n expuesto por el actor, tanto en su demanda como en el recurso\n de casación, de que la disminución en su remuneración\n en las circunstancias que anota en el proceso, constituye despido\n intempestivo', no lo es: No sólo por el hecho de que el\n propio actor aceptó tal disminución, cuando firmó\n el contrato, sino además, porque de las pruebas actuadas\n no puede establecerse que en la suscripción de primero\n y segundo contrato escrito de trabajo, hubo algún vicio\n del consentimiento que lo invalidara. Si el actor consideró\n una arbitrariedad la disminución en su remuneración,\n debió acudir ante el inspector del Trabajo para solicitar\n y obtener el visto bueno, para dar por terminado el contrato\n de trabajo, de manera que obteniéndolo, se configure el\n despido intempestivo y su derecho al pago de indemnizaciones.\n Esta opción no aparece en autos ejercitada por el actor,\n 3.- Fortalece este criterio lo dispuesto en los Arts. 1588 y\n 1610 del Código Civil, pues si el empleador y el trabajador\n no quieren continuar sujetos a la vinculación laboral\n en la forma preestablecida, no hay razón alguna que impida\n para que con posterioridad modifiquen la contratación,\n estableciendo nuevos términos, modificándolos o\n reduciéndolos del anterior convenio, siempre que no contradigan\n las disposiciones de orden público, como son todas aquellas\n que precaven los derechos de los trabajadores, devanando desde\n esta perspectiva como válido el contrato posterior de\n trabajo en que se estipula una remuneración inferior a\n la que estaba percibiendo el empleador; 4.- La prueba testimonial\n se reduce a los testimonios de Claudio Idrobo Piedra (fs. 25\n vlta. y 26) y Jorge Mendieta Jara (fs. 26 vlta. y 27, quienes\n al responder a la pregunta "f" que le formula el actor\n (fs. 22), revelan sin lugar a ninguna duda que su ingreso a la\n empresa en que laboraba el actor se produjo con posterioridad\n a la fecha en que éste entró a laborar en la misma,\n por lo que sus testimonios son referenciales respecto de los\n hechos que estaba obligado a probar el actor y sin el peso específico\n suficiente para acreditarlo, tanto más que las preguntas\n "g" y "h" son relativas a circunstancias\n inherentes a quienes declararon; 5. Por otra parte, obra en el\n proceso (fs. 33) un acta de finiquito que formalmente cumple\n con lo dispuesto en el Art. 592 del Código del Trabajo;\n y, en ella, se establece que las partes litigantes de mutuo acuerdo\n dan por terminado el contrato de trabajo, con la circunstancia\n adicional de que a fs. 34 y 68 aparece una comunicación\n de fecha 5 de febrero de 1996 en la que el actor señala\n que a partir de esa fecha deja de prestar sus servicios para\n la empresa, instrumentos que descartan el hecho del despido intempestivo\n ' advirtiéndose que por razones que no aparecen claramente\n establecidas en los autos nunca se practicó el examen\n grafológico que solicitó el actor en escrito de\n 25 de julio de 1996 (fs. 28) que ordenó la Jueza en providencia\n de julio 29 de 1996 y que, finalmente, la desistió el\n actor, no obstante que con la misma hubiese podido probar su\n afirmación de que su renuncia al trabajo fue forjada,\n porque la suscribió al inicio de la relación laboral,\n aunque posteriormente se le puso una fecha, según lo sostiene,\n pero sin pruebas suficientes; y, 6.- La contradicción\n que señala el recurrente en la letra "h" de\n su recurso, no existe, si se hace una atenta lectura del considerando\n sexto de la sentencia que se impugna, notándose en esta\n parte, un nuevo esfuerzo del recurrente para obtener a su favor\n la declaratoria de que hubo despido intempestivo. Además,\n la causal 5ª del Art. 3 de la Ley de Casación contiene\n varias hipótesis Y la planteada por el recurrente no se\n da, pues no se observa que se hubieran adoptado en la parte dispositivo\n de la sentencia decisiones contradictorias o incompatibles. CUARTO.-\n En consecuencia, no hay en la sentencia impugnada, infracción\n de las normas de derecho señaladas por el recurrente ni\n se ha logrado establecer la veracidad del recurso interpuesto,\n por el análisis efectuado. Sobre la base de las consideraciones\n expuestas esta Tercera Sala de lo Laboral y Social ADMINISTRANDO\n JUSTICIA; EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n desecha el recurso de casación interpuesto. El juez a\n - quo, sin la intervención de perito, proceda a liquidar\n lo que corresponde. Notifíquese y publíquese.

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Fdo.) Dres. Angel Lescano Fiallo, Nicolás\n Castro Patiño Y Jorge Ramírez Alvarez, Ministros\n Jueces. Sala de lo Laboral y social

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Certifico.
\n f ) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.
\n Certifico que es fiel copia del original.
\n Quito, a 14 de abril del 2000.
\n f ) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

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N° 403-99

\n\n

ACTORA: Clelia Chávez.
\n DEMANDADA: Blanca Flores Galindo.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA\n DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, a 8 de marzo del 2000; a las\n 10h00.

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VISTOS: En el juicio verbal sumario\n de trabajo que sigue Clelia Chávez Gordillo en contra\n de Blanca Flores Galindo, la actora inconforme con la sentencia\n expedida por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Ibarra, que aceptando el recurso de apelación interpuesto\n por la demanda, reforma el fallo dictado por el Juez Provincial\n de Trabajo de Imbabura, interpone recurso de casación.\n Admitido al trámite el recurso y elevados los autos a\n esta Tercera Sala de lo Laboral y Social', en virtud del sorteo\n de ley, encontrándose la causa en estado de resolver,\n para hacerlo, se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente\n para conocer y decidir el recurso en mención, en razón\n de lo prescrito por el Art. 200 de la Constitución Política\n de la República, publicada en el Registro Oficial N°\n 1 del 11 de agosto de 1998 y Arts. 1 y 2 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO.- La recurrente en su escrito de interposición\n del recurso de casación que consta de fs. 8 a 9 vta. del\n cuaderno de segundo nivel, sostiene que las normas de derecho\n infringidas en la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada\n son: letra d) del Art. 49 de la Constitución; Arts. 4,\n 5, 7 y 188 del Código del Trabajo; Art. 7 del Código\n Civil; y Art. 220 del Código de Procedimiento Civil. Fundamenta\n su recurso en las causales 1ra. y 3ra. de la Ley de Casación.\n En síntesis, sostiene que no fue ni operaria, ni aprendiz\n del taller artesanal de propiedad de la demandada. Fue vendedora\n de mostrador en el almacén de propiedad de la misma, denominado\n "El Palacio del Cuero". Afirma que hay transgresión\n del Art. 299 del Código del Trabajo y que se ha aplicado\n retroactivamente la Ley Reformatoria a la Ley de Defensa del\n Artesano, por lo que existe indebida aplicación de ésta,\n por lo dispuesto en el Art. 7 del Código Civil. Así\n mismo reitera que la actora no probó su afirmación\n de que la demandada abandonó su lugar de trabajo y dice\n que, por tanto, "se considera que es el patrón quien\n dio por terminado el contrato de trabajo y por ende la relación\n laboral, de manera unilateral". Invoca preceptos constitucionales\n y legales en forma vaga y genérica y solicita que se condene\n a la demandada al pago de todos los rubros que ha puntualizado\n en su demanda. TERCERO. Confrontado el escrito de interposición\n del recurso de casación con la sentencia materia de impugnación\n Y más recaudos procesales, la Sala hace las siguientes\n puntualizaciones: 1.- La actora ha logrado demostrar que trabajó\n para Blanca Flores Galindo en el almacén de ésta,\n denominando "El Palacio del Cuero", ubicado en la calle\n Diez de Agosto y Bolívar, en Cotacachi; provincia de Imbabura,\n como vendedora - demostradora. Esta conclusión se obtiene\n entre otras. por las constancias procesales siguientes: 1.1.\n Por la propia afirmación que hizo la demandada en la audiencia\n de conciliación (fs, 6 y 7) cuando al excepcionarse en\n el acápite III, refiriéndose a la actora dice que\n esta "frente a una denuncie que quedó en descubierto\n por sus propias compañeras sobre la disposición\n arbitraria y fraudulenta de dineros producto de ventas de artículos\n artesanales...", de la que se infiere por lógica,\n la actividad que desempeñó la actora, 1.2.- Refuerzan\n este criterio las declaraciones testimoniales que a favor de\n la actora rindieron, Laura Conde Chávez, María\n Francisca Andrade, Laura Conde Flores y Mariana Conde Flores\n (fs. 21 vta. a 24 vta.), especialmente, por las respuestas que\n ellas dan a las preguntas 3 y 5 del interrogatorio que obra a\n fs. 13, siendo irrelevante, en este aspecto, los lazos de parentesco\n o vecindad que existen entre algunas de ellas, pues tal circunstancia\n no se da respecto de quien solicitó sus testimonios, sin\n que logre configurarse ninguna de las circunstancias señaladas\n en el Art. 220 de Código de Procedimiento Civil; 1.3.-\n Así arrasarlo, confirma lo expresado, la confesión\n judicial que rindió la demandada, conforme al pliego de\n preguntas que le presentara la actora y sus respuestas (fs. 77\n y 78). Así, deben tenerse muy en cuenta, las preguntas\n signadas con los números 4 y 6 de sus correlativas respuestas\n que en relación a la mortalidad de trabajo de la actora,\n que en su orden, expresan lo siguiente: "realizaba de todo\n en mi almacén artesanal "El Palacio del Cuero"\n (respuesta a la pregunta 4) y "yo le he pagado a la señora\n en el cargo que ella tenía como empleada en el Taller\n Artesanal" (respuesta a la pregunta 6); 2.- No existe prueba\n en el proceso que demuestre que la relación laboral entre\n los litigantes concluyó por despido intempestivo. Mas\n aún, al leerse el texto de la demanda, se observa que\n en la letra b) consta descrito en detalle el hecho circunstancial\n del despido intempestivo, alegado por la actora, Sin embargo,\n si comparamos este texto con el de la pregunta 7 que la actora\n formulara a sus testigos en el interrogatorio que obra a fs.\n 78 resulta evidente que tal como se formuló esta pregunta\n devenía en imposible justificar procesalmente lo que al\n respecto se había dicho en. la demanda. 3.- A su vez,\n la demandada ha probado ser artesana calificada, por varias constancias\n procesales, pero particularmente por el mérito que presta\n el instrumento que obra a fs. 60 de los autos; 4. No obstante,\n la demandada, no logró justificar que la actora se hubiese\n desempeñando en su almacén "El Palacio del\n Cuero", como operaria o aprendiz, en los términos\n en que estos conceptos están definidos por la Ley Reformatoria\n a la Ley de Defensa del Artesanado, a la Ley de Fomento Artesanal\n y al Código del Trabajo, que aparece publicada en el Registro\n Oficial N° 940 de 7 de mayo de 1996. En realidad no se aprecia\n en el proceso esfuerzo alguno para así haberlo establecido;\n al contrario, se alude precisar la verdadera ocupación\n o prestación de servicios de la actora, como para situarla\n en una especie de zona gris y nebulosa, en relación a\n las actividades que verdaderamente desempeñó; 5.-\n Tiene razón la actora citando afirma en el recurso de\n casación que aún desde el punto de vista que decidió\n el Tribunal de Alzada en la ampliación de la sentencia\n que dictó (fs. 7 del cuaderno de segundo nivel) éste,\n ilegalmente, le dio carácter retroactivo a la ley reformatoria\n aludida en el numeral anterior, existiendo, en este específico\n sentido, transgresión de lo dispuesto en el Art. 7 del\n Código Civil, aplicable al caso por lo señalado\n en el Art. 6 del Código del Trabajo, puesto que la relación\n de carácter Laboral se inició con anterioridad\n a la expedición de esta reforma (16 de abril de 1993),\n cuando aquella tenía una situación jurídica\n definida y lo que es más, derechos adquiridos. CUARTO.-\n Descartada la hipótesis del despido intempestivo debe\n señalarse que la demandada en el acápite VIII de\n la audiencia de conciliación dijo: "esta diligencia\n tiene la finalidad de llegar a una conciliación, propongo\n a la contraparte, desista de esta demanda y en lo posterior cancelaría\n su liquidación de orden legal, o si es del caso en esta\n judicatura, conforme lo he practicado con otras, ex - trabajadoras\n en dependencias correspondientes". Lo fundamental, para\n los efectos de la decisión, estriba en establecer si la\n disposición de la Ley Reformatoria a la Ley de Defensa\n del Artesano y otras qué invoca el Tribunal de Alzada\n en la ampliación de la sentencia que dictó, es\n la aplicable a este caso, La Sala, al respecto tiene el criterio\n de que la protección que da la Ley de Defensa del Artesano\n es tan sólo. con relación a los operarios y aprendices,\n pero no con respecto a otra clase de trabajadores que pudieran\n prestar sus servicios a los artesanos. Esta ley se circunscribe\n únicamente a la actividad del artesano propiamente dicha,\n pero no a otra modalidad de trabajo que pudiera utilizar aquél,\n como la de un chofer, de un doméstico, de un escribiente,\n de un contador, de un mensajero o de una dependiente, que nada\n tiene que ver con la actividad artesanal. QUINTO.- En virtud\n de lo expuesto, debe quedar en claro que la actora en cuanto,\n a su relación con la demandada, fue una trabajadora y\n como tal gozaba del amparo del Código del Trabajo; por\n ende ambas partes estaban sujetas a las obligaciones generales\n que les señala la Ley Laboral. Interpretar de otra manera\n los hechos que constan en este proceso sería dar un alcance\n distinto a la defensa del artesano y utilizar el estatuto protectivo\n de esta actividad en perjuicio irreparable de los auténticos\n trabajadores, que no pueden ni deben convertirse en víctimas\n de quienes distorsionan el espíritu del Legislador, como\n lo han expresado entre otros el fallo dictado por la Segunda\n Sala de la Corte Suprema de Justicia, el 30 de septiembre de\n 1975, que consta publicado en el "Compendio de setenta años\n de jurisprudencia de la Corte Suprema" del Dr. Galo Espinosa.\n SEXTO.- Sobre la base de las consideraciones expuestas, esta\n Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR\n AUTORIDAD DE LA LEY, acepta parcialmente el recurso de casación\n interpuesto por la actora, confirmando el fallo dictado por el\n Tribunal de Alzada, pero reformándolo únicamente,\n por los alcances del recurso, en el sentido de que deben pagarse\n a la actora, además, todos los rubros reclamados en las\n letras f) y g) de su demanda, con los intereses reclamados en\n la letra ll) de la misma debatido el Juez a - quo liquidar los\n valores que se mandan a pagar, sin la intervención de\n perito. Notifíquese, devuélvase y publíquese.

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Fdo.) Dres. Angel Lescano Fiallo, Nicolás\n Castro Patiño Y Jorge Ramírez Alvarez, Ministros\n Jueces. Sala de lo Laboral y social

\n\n

Certifico.
\n f ) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.
\n Certifico que es fiel copia del original.
\n Quito, a 14 de abril del 2000.
\n f ) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

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N° 409\n - 99

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ACTOR: Luis Caisaguano.
\n DEMANDADO: Municipio de Guayaquil.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA\n DE LO LABORAL Y SOCIAL

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Quito, a 28 de marzo del 2000; a las\n 10h00.

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VISTOS: En el juicio verbal sumario\n de trabajo seguido por Luis Néstor Caisaguano Lema en\n contra de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, en las interpuestas\n personas de sus representantes legales, Ing. León Febres\n Cordero Ribadeneyra y Dr. Gerardo Wong Monroy, Alcalde y Procurador\n Síndico, respectivamente, la parte demandada inconforme\n con la sentencia expedida por la Primera Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Guayaquil, que reforma la dictada en primer nivel,\n que declaró parcialmente con lugar la demanda, dentro\n de término interpone recurso de casación. Admitido\n a ' trámite el recurso, elevados los autos a esta Tercera\n Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia,\n en virtud del sorteo de ley y encontrándose la causa .en\n estado de resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO. Esta\n Sala es competente para conocer y decidir el recurso en mención\n en virtud de lo previsto por el Art. 200 de la Constitución\n Política de la República, publicada en el Registro\n Oficial N° 1 de 11 de agosto de 1998 y el Art. 1 de la Ley\n de Casación. SEGUNDO.- La recurrente en su escrito de\n interposición del recurso de casación constante\n de fs. 13 a 19 del cuaderno de segunda y última instancia\n afirma que las normas de derecho infringidas por el Tribunal\n ad - quem al dictar la sentencia, materia de casación\n son: Arts. 8, 17, 18 y 20 del Código del Trabajo, Arts.\n 58 y 382 de la Ley Orgánica de Administración Financiera\n y Control, Art. 76 de la Ley de Régimen Municipal; Arts.\n 21 y 22 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos,\n y estos mismos artículos del reglamento general de la\n mencionada ley. Fundamenta su recurso en las causales 1ª\n y 3ª, pero no determina a que artículo de la Ley\n de Casación se refiere, deduciéndose de su contexto\n que se trata del Art. 3 de la ley de la materia. En síntesis,\n fundamenta su recurso en la apreciación de que de aceptarse\n la existencia de la relación laboral entre actor Y demandado,\n la sentencia recurrida inobservó normas expresas: unas,\n relativas a la forma del contrato de trabajo, otras, a los requisitos\n administrativos que deben cumplirse para contraer obligaciones\n con cargo a los presupuestos municipales y por ende, a las consecuencias\n jurídicas que se derivaríais del incumplimiento\n de tales requisitos. TERCERO.- La accionada alega en su escrito\n que no existió relación laboral y que se ha infringido\n el Art. 8 del Código del Trabajo. En el proceso aparece,\n entre otros instrumentos, el carné de afiliación\n al IESS a fs. 13 y 14 del cuaderno de primer nivel del que se\n desprende que el accionante prestó sus servicios en el\n Municipio de Guayaquil. En consecuencia, hubo relación\n laboral, pues se cumplieron los requisitos puntualizados por\n el Art. 8 del Código del Trabajo. La existencia de esta\n relación no depende del cumplimiento de ciertas formalidades,\n en particular, si tomamos en cuenta lo dispuesto en el Art. 42\n del Código del Trabajo, de manera que el Tribunal de Alzada\n obró conforme a derecho al declarar que el actor era efectivamente\n trabajador del Municipio de Guayaquil, a base del instrumento\n que obra de fs. 13 y 14 por el cual consideró probadas\n las circunstancias constitutivas de la relación laboral.\n No ha habido pues, inobservancia de los Arts. 18, 19 21 de la\n actual codificación del Código del Trabajo, pues\n estos artículos tienen relación precisamente con\n el contrato de trabajo. Si existe contrato de trabajo, no puede\n haberse violado los artículos 59 y 382 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control, por lo previsto\n en el inciso final del vigente Art. 40 del Código del\n Trabajo, y en definitiva porque las especificidades jurídicas\n del contrato de trabajo, no cambian por la circunstancia de que\n la empleadora sea una institución del sector público,\n advirtiendo que los requisitos de orden administrativo que la\n ley establece para poder contratar, son obligaciones a cargo\n del empleador , su incumplimiento no puede perjudicar al trabajador,\n que como tal, está protegido por la legislación\n laboral, por mandato de la Constitución y de la Ley, sin\n que haya, por lo mismo, la inobservancia de la ley que en el\n recurso alega. El Art. 9 del Código del Trabajo contiene\n el concepto de lo que se debe entender por trabajador, y la posición\n del accionante es justamente esa, por lo que mal puede estimarse\n por la recurrente que hay violación de los Art. 21 y 22\n de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos\n y de las disposiciones correlativas de su reglamento. CUARTO.-\n En la especie y del análisis efectuado se concluye que\n en la sentencia expedida por el Tribunal ad - quem hay una acertada\n y coherente aplicación de las normas legales pertinentes\n contempladas tanto en el Código del Trabajo, como en el\n Código de Procedimiento Civil y otras leyes. No existe\n aplicación indebida ni errónea interpretación\n de normas procesales, ni aplicación indebida ni errónea\n interpretación de los preceptos jurídicos aplicables\n a la valoración de la prueba¡ Sobre la base de las\n consideraciones expuestas, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha\n el recurso interpuesto por falta de fundamento legal y confirma\n la sentencia del Tribunal de Alzada. El Juez a - quo liquide\n los valores que se mandan a pagar, sin la intervención\n de perito. Notifíquese y devuélvase. Publíquese\n en el Registro Oficial, conforme lo ordena el Art. 19 de la Ley\n de Casación.

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Fdo.) Dres. Angel Lescano Fiallo, Nicolás\n Castro Patiño y Jorge Ramírez Alvarez, Ministros\n Jueces.

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Certifico.- f) Dr. Hermes Sarango Aguirre,\n Secretario Relator.
\n Certifico que es fiel copia del original.
\n Quito, a 14 de abril del 2000.
\n f ) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

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N° 410-99

\n\n

ACTOR: Eladio Criollo.
\n DEMANDADO: Municipio de Guayaquil,

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA\n DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, a 28 de marzo del 2000; las 10H00.

\n\n

VISTOS: En el juicio verbal sumario\n de trabajo seguido por Eladio Miguel Criollo Mite en contra de\n la l Municipalidad de Guayaquil, en las interpuestas personas\n de sus representantes legales, Ing. León Febres Cordero\n Rivadeneyra y Dr. Gerardo Wong Monroy, Alcalde y Procurador Síndico,\n respectivamente, las partes inconformes con la sentencia expedida\n por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil,\n que confirma en todas sus partes la dictada en primer nivel,\n que declaró parcialmente con lugar la demanda, dentro\n de término interponen recurso de casación. Admitidos\n a trámite los recursos y elevados los autos a esta Tercera\n Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia,\n en virtud del sorteo de ley y encontrándose la causa en\n estado de resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- Esta\n Sala es competente para conocer y decidir los recursos en mención\n en virtud de lo previsto por el Art. 200 de la Constitución\n Política de la República, publicada en el Registro\n Oficial N° 1 de 11 de agosto de 1998 y Art. 1 de la Ley de\n Casación. SEGUNDO.- La demandada en su escrito de interposición\n del recurso de casación constante de fs. 25 a 30 del cuaderno\n de segunda y última instancia afirma que las normas de\n derecho infringidas por el Tribunal ad - quem al dictar la sentencia,\n materia de casación son: Arts. 8, 17, 18 y 20 del Código\n del Trabajo; Arts. 58 y 382 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control; Art. 76 de la Ley de Régimen Municipal;\n Arts. 21 y 22 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos,\n y estos mismos artículos del reglamento general de la\n mencionada ley. Fundamenta su recurso en las causales 1ª,\n y 3a, pero no determina a qué artículo de la Ley\n de Casación se refiere, deduciéndose de su contexto\n que se trata del Art. 3 de la ley de la materia. En síntesis,\n fundamento su recurso en la apreciación de que de aceptarse\n la existencia de la relación laboral entre actor y demandado,\n la sentencia recurrida inobservó normas expresas: unas,\n relativas a la forma del contrato de trabajo, otras, a los requisitos\n administrativos que deben cumplirse para contraer obligaciones\n con cargo a los presupuestos municipales, por ende, a las consecuencias\n jurídicas que se derivarían del incumplimiento\n de tales requisitos. De otra parte, el actor, en su escrito de\n interposición del recurso de casación que corista\n de fs. 21 a 24 vta., del cuaderno de la referencia, afirma que\n las normas de derecho infringidas por el Tribunal de Alzada al\n dictar la sentencia que censura, son: Arts. 31 literales a),\n c) y d); 4, 5, 7, 569 primera parte del Código del Trabajo;\n 211 y siguientes del Código del Trabajo. Fundamenta su\n recurso en las causales 1ª, 2ª y 3ª del Art. 3\n de la Ley de Casación, recalcando que el recurso de casación\n se interpone respecto a la valoración de la prueba, ya\n que no se ha tomado en cuenta que el derecho del trabajo es un\n derecho social, protector tutelar, en beneficio del trabajador.\n TERCERO.- La accionada alega en su escrito que no existió\n relación laboral y que se ha infringido el Art. 8 del\n Código del Trabajo. En el proceso aparecen, entre otros\n instrumentos, los roles de pago a fs. 97 a 99 del cuaderno de\n primer nivel, así como copia del carné de afiliación\n al IESS a fs. 113 del cuaderno de primera instancia de la que\n se desprende que el accionante prestó sus servicios en\n el Municipio de Guayaquil, en calidad de jornalero del Departamento\n de Aseo de Calles. En consecuencia, hubo relación laboral,\n pues se cumplieron los requisitos puntualizados por el Art. 8\n del Código del Trabajo. La existencia de esta relación\n no depende del cumplimiento de ciertas formalidades, como así\n permite deducirlo el contenido de lo dispuesto en el Art. 40\n del Código del Trabajo de manera que el Tribunal de Alzada\n obró conforme a derecho al declarar que el actor era efectivamente\n trabajador del Municipio de Guayaquil, a base de los instrumentos\n que obran de fs. 97 a 99. por los cuales consideró probadas\n las circunstancias constitutivas de la relación laboral.\n No ha habido pues, inobservancia de los Arts. 18, 19 y 21 de\n la actual codificación del Código del Trabajo,\n pues estos artículos tienen relación precisamente\n con el contrato de trabajo, Habiendo existido contrato de trabajo,\n no pudo producirse violación de los Arts. 58 y 382 de\n la Ley, Orgánica de Administración Financiera y\n Control, por lo previsto en el inciso final del vigente Art.\n 22 de la Constitución Política de la República,\n y en definitiva, porque las especificidades jurídicas\n del contrato de trabajo, no cambian por la circunstancia de que\n la empleadora sea una institución del sector público,\n advirtiendo que los requisitos de orden administrativo que la\n ley establece para poder contratar, son obligaciones a cargo\n del empleador y su incumplimiento no puede perjudicar al trabajador,\n que como tal, está protegido por la legislación\n laboral, por mandato de la Constitución de la ley, sin\n que haya, por lo mismo, la inobservancia de la ley que en el\n recurso se alega. El Art. 9 del Código del Trabajo contiene\n el concepto de lo que se debe entender por trabajador, y la posición\n del accionante es justamente ésa, por lo que mal puede\n estimarse por la recurrente que hay violación de los Arts.\n 21 y 22 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos\n y de las disposiciones correlativas de su reglamento. CUARTO.-\n De otro lado, examinado pormenorizadamente el escrito que contien

 

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