Registro Oficial

Registro Oficial. 21 de JUNIO del 2000

Miércoles, 21 de junio de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE JUNIO DEL 2000
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Miércoles 21 de Junio del 2000

\n

REGISTRO OFICIAL No. 103

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETO:
\n  
\n 500 Autorízase al Ministro\n de Economía y Finanzas, suscriba un préstamo con\n la República Federativa de Brasil, representada por el\n Banco Do Brasil S.A., destinados a financiar el 85% de los bienes\n y servicios de origen brasilero para la ejecución del\n Contrato Complementario No. 3 que celebrará la Comisión\n de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas,\n CEDEGE, con el o la contratista adjudicataria, para la terminación\n de las obras e instalación de los sistemas de agua potable\n y alcantarillado de la península de Santa Elena
\n  
\n RESOLUCIONES:
\n  
\n DEFENSORIA DEL PUEBLO
:
\n  
\n
009 Encárgase las funciones, atribuciones\n y deberes que me corresponden como Defensor del Pueblo, por ausencia\n temporal al doctor Claudio Mueckay Arcos, Defensor Adjunto Segundo\n
\n  
\n 010 Asume a partir de esta\n fecha, las funciones, atribuciones y deberes del cargo de Defensor\n del Pueblo el Dr. Claudio Mueckay Arcos
\n  
\n
DIRECCION\n GENERAL DE AVIACION CIVIL:
\n
 
\n
65/00 Regúlase y apruébase las\n tarifas para el transporte de carga
\n  
\n
ORDENANZA\n MUNICIPAL:
\n
 
\n Cantón Santo Domingo:\n Para el cobro de los derechos superficiarios para la ezplotación\n dc minas de piedra, arena u otros materiales de construcción\n
\n  
\n
ACUERDO\n DE CARTAGENA
\n  
\n PROCESOS:

\n\n

15-IP-99 Solicitud proveniente del Consejo de\n Estado de la República de Colombia, Sección Primera,\n Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa a la interpretación\n prejudicial de los artículos: 18, 19 y 20 de la Decisión\n 24; 3, 4, 5, 18, 19 y 20 de la Decisión 220; y 108 de\n la Decisión 344; todas ellas emanadas de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena; y formulada con motivo de la acción\n de nulidad interpuesta por la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT\n SUCS. en la acción de cancelación iniciada contra\n el registro de la marca "BELMONT" (proceso interno\n correspondiente al expediente No. 3448); e interpretación\n de oficio del artículo 110 y de la Disposición\n Transitoria Primera de la Decisión 344
\n  
\n
40-IP-99\n Solicitud\n de interpretación prejudicial de los artículos\n 83, párrafo a), de la Decisión 344 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena y 5º. del Tratado de Creación\n del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, formulada\n por el Consejo de Estado de la República de Colombia,\n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,\n con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la\n sociedad ESCADA A.G., contra los actos administrativos de denegación\n del registro de la marca "LAUREL" (Proceso interno\n No. 5325)
\n  
\n
48-IP-99\n Interpretación\n prejudicial de los articulos 81, 83 literal a), 96 y 102 de la\n Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,\n solicitada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\n Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia;\n e interpretación de oficio del articulo 113 ibídem.\n Actor: Alfredo Cybulkiewiecz Oviedo y otro. Marca "PIEDEMONTE\n (mixta)". Expediente interno 5153 
\n  
\n

\n \n
\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 500

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Gobierno Nacional ha resuelto apoyar la ejecución\n de las obras complementarias del Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado\n de la península de Santa Elena, a fin de dotar de servicios\n básicos a varios cantones de la provincia del Guayas,\n coadyuvando al desarrollo social y turístico de esta Importante\n zona costera;

\n\n

Que el Gobierno de la República Federativa del Brasil\n a través del Banco Do Brasil SA., ha resuelto otorgar\n un crédito a la República del Ecuador, destinado\n a financiar el 85% del valor de los bienes y servicios de origen\n brasilero, para la construcción de las obras mencionadas\n en el considerando anterior;

\n\n

Que la Procuraduría General del Estado, y el Directorio\n del Banco Central del Ecuador han dictaminado favorablemente\n sobre el convenio de préstamo, según se desprende\n de los oficios No. 12366, y No. DBCE - 0942 - 2000 de 30 de mayo\n y 1 de junio del 2000, respectivamente;

\n\n

Que el Ministro de Economía y Finanzas ha expedido\n la Resolución No. STyCP - 2000 de jumo del año\n 2000, por la que aprueba el respectivo financiamiento; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución\n Política de la República y la ley,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1. - Autorizase al Ministro de Economía y Finanzas,\n para que personalmente o mediante delegación, a nombre\n y en representación de la República del Ecuador,\n como prestatario, suscriba con la República Federativa\n de Brasil, representada por el Banco Do Brasil S.A., en calidad\n de prestamista, un crédito por el monto de hasta cuarenta\n millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica\n (USS. 40'000.000,00), destinados a financiar el 85% de los bienes\n y servicios de origen brasilero para la ejecución del\n Contrato Complementario No. 3 que celebrará la Comisión\n de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas,\n CEDEGE, con el o la contratista adjudicataria, para la terminación\n de las obras e instalación de los sistemas de agua potable\n y alcantarillado sanitario de la península de Santa Elena.

\n\n

Art. 2. - Los términos y condiciones financieras del\n convenio de préstamo a suscribirse, son los siguientes:

\n\n

PRESTAMISTA: República Federativa del Brasil, a través\n del Banco Do Brasil SA.

\n\n

PRESTATARIA: La República del Ecuador.

\n\n

ORGANISMO EJECUTOR: Comisión de Estudios para el Desarrollo\n de la Cuenca del río Guayas, CEDEGE.

\n\n

OBJETO: Financiar el Contrato Complementario No. 3, que celebrará\n CEDEGE con el o la contratista adjudicataria, para la terminación\n de las obras e instalación de los sistemas de agua potable\n y alcantarillado sanitario de la península de Santa Elena.

\n\n

MONTO: US$. 40000.000,00.

\n\n

PLAZO Y GRACIA: 12 años y 6 meses (25 semestres) incluido\n un período de gracia de 1 año 6 meses.

\n\n

INTERES DE MORA: Tasa Libor a cinco años, fija para\n todo el período de financiamiento más un spread\n de 2%.

\n\n

TASA DE INTERES: 1% sobre la tasa de interés considerada\n para esta operación.

\n\n

AMORTIZACION: El principal será pagado en 23 cuotas\n semestrales iguales y consecutivas, la primera de las cuales\n pagadera a 1 8vo. mes después de la firma del contrato.

\n\n

INSTRUMENTACION: Mediante notas promisorias, cuyo pago se\n efectuará a través del convenio de créditos\n recíprocos, CCR, para lo cual se hará constar un\n número de reembolso (SICAP/ALADI).

\n\n

Art. 3. - El servicio de la deuda se efectuará con\n cargo a los recursos que genere el Fideicomiso Mercantil, en\n virtud de cual CEDEGE, HYDROPLAYAS S.A. y AGUAPEN SA., intervendrán\n como constituyentes del Patrimonio Autónomo, el Banco\n Central del Ecuador y el Estado ecuatoriano como primer y segundo\n beneficiario, respectivamente y, la Corporación Financiera\n Nacional o cualquier institución previamente calificada,\n como Fiduciaria; servicio para el cual ésta transferirá\n los recursos necesarios a una cuenta que para el efecto se aperturará\n en el Banco Central del Ecuador.

\n\n

En el caso de que los recursos generados por el contrato de\n Fideicomiso Mercantil sean insuficientes para el pago de las\n obligaciones al Banco Do Brasil SA., CEDEGE realizará\n el servicio de la deuda con la totalidad de sus rentas, asignaciones\n o ingresos, para lo cual celebrará con el Banco Central\n del Ecuador, un contrato de Fideicomiso para aseguras el cumplimiento\n de los respectivos pagos.

\n\n

De no generarse recursos, momentánea o indefinidamente,\n por la administración del Patrimonio Autónomo que\n se constituya en virtud del Contrato de Fideicomiso Mercantil,\n o si faltara disponibilidad de recursos en las cuentas que CEDEGE\n tenga o aperturare en el Banco Central del Ecuador, el Ministerio\n de Economía y Finanzas, a través del Convenio de\n Agencia Fiscal y Financiera que celebre con el precitado banco,\n autorizará tomar los recursos de sus cuentas para los\n pagos correspondientes originados en el crédito externo\n especificado en el artículo 1, recursos que deberán\n ser restituidos, con el correspondiente interés, a una\n tasa igual a la del interés y más costos financieros\n que se aplicará al Estado en virtud del contrato de crédito\n especificado en el artículo 1, añadido el 1%, tan\n pronto como el Administrador Fiduciario o CEDEGE dispongan de\n los flujos líquidos, esta última a través\n del fideicomiso de rentas que se establecerá en el Convenio\n Subsidiario al que se refiere el artículo siguiente.

\n\n

Art. 4. - El Ministerio de Economía y Finanzas, a nombre\n y representación del Estado ecuatoriano, suscribirá\n un Convenio Subsidiario con CEDEGE, a través del cual\n transferirá a ésta, los recursos, derechos y obligaciones\n establecidas en el Convenio de Crédito que celebrará\n la República del Ecuador y la República Federativa\n de Brasil, mencionado en el artículo 1. En el Convenio\n participará el Banco Central del Ecuador a efectos de\n prestar sus servicios de Fiduciario, para los pagos pertinentes\n que deba realizar CEDEGE en el evento de que la administración\n del Patrimonio Autónomo que se constituya, no genere recursos\n para el cumplimiento puntual de los pagos del crédito\n externo, sea en ferina temporal o permanente. El convenio deberá\n establecer que el traspaso de recursos del crédito externo,\n estará condicionado a la suscripción previa de\n los diferentes contratos o convenios mencionados en este decreto.

\n\n

Art. 5. - Se faculta al Ministro de Economía y Finanzas\n para que a nombre y representación de la República\n del Ecuador, suscriba, en calidad de beneficiario acreedor, el\n Contrato de Fideicomiso Mercantil al que se refiere el artículo\n 3. Tal contrato mantendrá como parte integrante del Patrimonio\n Autónomo, todos los recursos y flujos que ingresen al\n proyecto, los activos pertenecientes al mismo, así como\n las rentas generadas por CEDEGE, en los derechos de concesión\n y venta de agua del proyecto, y todo aquello que fuere necesario\n pasa asegurar el pago de las correspondientes obligaciones establecidas\n en el convenio de crédito externo que se transferirán\n a la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca\n del Río Guayas, CEDEGE. Los términos del contrato,\n que deberán precautelar los intereses de la República\n del Ecuador, serán establecidos por el Ministerio de Economía\n y Finanzas y el Banco Central del Ecuador, los cuales efectuarán\n la coordinación necesaria con las personas jurídicas\n que deben intervenir en la celebración del contrato.

\n\n

Art. 6. - Autorizase al Ministro de Economía y Finanzas\n pasa que a nombre y en representación de la República\n del Ecuador, suscriba con el Banco Central del Ecuador un Convenio\n de Agencia Fiscal a través del cual se garantice el pago\n del servicio de la deuda del crédito que concederá\n la República Federativa de Brasil, a través del\n Banco Do Brasil S.A., por el monto de US$ 40 millones.

\n\n

Art. 7. - Los aspectos técnicos, legales precios y\n otras condiciones así como los procesos de adquisiciones\n relacionados a la presente contratación son de responsabilidad\n exclusiva de CEDEGE y de los funcionarios de esa entidad, en\n sus respectivas áreas de intervención, el que los\n procedimientos y trámites que se lleven a cabo para la\n adjudicación y la celebración del contrato complementario\n para la terminación de las obras e instalación\n de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de\n la península de Santa Elena, se enmarquen y sujeten a\n las leyes, reglamentos y más normas que regulan la contratación\n pública en el Ecuador.

\n\n

Art. 8. - De la ejecución del presente decreto, que\n entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese el Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional de Gobierno en Quito, a 14 de\n junio del 2000.

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

f) Luis G. Iturralde Mancero, Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Es fiel copia del original. - Lo certifico.

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 009

\n\n

DEFENSORIA DEL PUEBLO

\n\n

Que de acuerdo con el artículo 9 de la Ley Orgánica\n de la Defensoría del Pueblo, los defensores adjuntos reemplazan\n temporalmente al Defensor del Pueblo en los supuestos de ausencia\n temporal y de vacancia del cargo hasta que el Congreso nombre\n al titular de la Defensoría del Pueblo;

\n\n

Que en mi calidad de Defensor del Pueblo, por motivos que\n son de dominio público inherentes a mi cargo, tengo que\n ausentarme temporalmente del ejercicio de mis funciones;

\n\n

Que a causa de remoción, se encuentra vacante el cargo\n Defensor Adjunto Primero de la Defensoría del Pueblo;\n y,

\n\n

En uso de la facultad que le confieren el literal a) del artículo\n 8 y el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Defensoría\n del Pueblo,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1. - Encargas las funciones, 'atribuciones y deberes\n que me corresponden como Defensor del Pueblo, de conformidad\n con las normas legales citadas, por ausencia temporal, al doctor\n Claudio Mueckay Arcos, Defensor Adjunto Segundo.

\n\n

Art. 2. - Esta resolución, que prevalecerá sobre\n cualesquiera otras que se le opongan, entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado, en Quito, a 8 de mayo del 2000.

\n\n

f.) Dr. Milton Alava Ormaza, Defensor del Pueblo.

\n\n

Esta copia es igual al original, que reposa en el archivo\n de esta Defensoría del Pueblo y a la cual me remito en\n caso necesario. - Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Gustavo Araujo Rocha, Director Nacional Administrativo\n (E).

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

N0 010

\n\n

DEFENSORIA DEL PUEBLO

\n\n

Que el Defensor del Pueblo, mediante Resolución No.\n 009 de 8 de mayo del presente año, me ha encargado las\n funciones, atribuciones y deberes de su cargo, con sujeción\n a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica\n de la Defensoría del Pueblo,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1. - Asumir, a partir de esta fecha, las funciones, atribuciones\n y deberes del cargo de Defensor del Pueblo, de conformidad con\n la disposición del artículo 9 de la Ley Orgánica\n de la Defensoría del Pueblo.

\n\n

Art. 2. - Notifíquese esta resolución a todos\n los defensores adjuntos, coordinadores y comisionados o defensores\n provinciales de la Defensoría del Pueblo.

\n\n

Dado, en Quito, a 8 de mayo del 2000.

\n\n

f.) Dr. Claudio Mueckay Arcos, Defensor del Pueblo, encargado.

\n\n

Esta copia es igual al original, que reposa en el archivo\n de esta Defensoría del Pueblo y a la cual me remito en\n caso necesario. - Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Gustavo Araujo Rocha, Director Nacional Administrativo\n (E).

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 65/00

\n\n

LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Resolución No. 077/99 de septiembre 3\n de 1999, la Dirección General de Aviación Civil\n aprueba y regula las tarifas para el transporte aéreo\n nacional de carga;

\n\n

Que por solicitud de la línea aérea TAME, se\n ha procedido a la revisión de las tarifas de carga en\n servicio nacional, considerando las últimas variables\n económicas;

\n\n

Que la División de Transporte Aéreo a través\n del Informe No. 066. AK.i.0.00 de mayo del 2000, presenta el\n estudio pertinente para la revisión e incremento de las\n tarifas en el transporte aéreo nacional de carga;

\n\n

Que de conformidad con lo que dispone el numeral 18 del artículo\n 7, de la Ley Reformatoria de la Ley de Aviación Civil,\n es atribución del Director General de Aviación\n Civil, el "fijar, regular y controlar las tarifas de transporte\n aéreo de carga de las compañías nacionales\n y extranjeras"; y,

\n\n

En uso de sus facultades,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Artículo 1. Regular y aprobar las tarifas para el transporte\n de carga, así como establecer las normas que para su aplicación\n deberán ser observadas.

\n\n

Artículo 2. Para el transporte aéreo de carga\n en servicio nacional se establecen las siguientes tarifas:

\n\n

(Anexo 21JNT1,2)

\n\n

Artículo 3. Para los residentes de la Islas Galápagos,\n calificados como tales, los cupos y tarifas de carga aérea\n en servicio nacional, se aplicarán de acuerdo a lo determinado\n en la Resolución No. 003/96 del H. Consejo Nacional de\n Aviación Civil del 16 de marzo de 1996.

\n\n

Artículo 4. Las tarifas por volumen, serán calculadas\n aplicando la siguiente fórmula:

\n\n

FORMULA DE VOLUMEN

\n\n

V= X. Y. Z.
\n 6000

\n\n

Donde:

\n\n

V = volumen en kilogramos
\n X = altura
\n Y =ancho
\n Z =profundidad
\n 6000 = constante

\n\n

Siendo opcional aplicas la tarifa por peso, de acuerdo a las\n circunstancias que convenga a la compañía transportadora.

\n\n

Artículo 5. Para responsabilidad de la compañía\n aérea, el usuario debe declarar obligatoriamente el contenido\n y valor de la mercancía a transportar, así como\n cumplir con los requisitos exigidos en la carta de porte aéreo.

\n\n

Artículo 6. Toda encomienda que sea entregada a la\n compañía aérea para el transporte aéreo\n en servicio doméstico, será sujeta de las siguientes\n condiciones:

\n\n

a) Automáticamente queda asegurada, hasta en veinte\n dólares de Norteamérica por cada Kg. (USD 20.00\n C/Kg.) de su peso bruto. Para el efecto el remitente pagará\n una prima de seguro en la gula aérea equivalente al 0,5%\n (USD 0.10) del valor a reconocer como indemnización en\n función del envío;

\n\n

b) Para el caso de encomiendas con un peso inferior a un kilogramo;\n la compañía aérea la considerará\n como un kilogramo, para efectos de indemnización; y,

\n\n

c) Si el remitente, desea asegurar la mercancía a transportar\n por un valor superior al contemplado en el literal a) de esta\n resolución deberá tomar el amparo correspondiente\n de una póliza de seguros privada.

\n\n

Artículo 7. El transportista podrá excluir del\n contrato de transporte, aquellas mercancías que por su\n alto valor, mal estado, acondicionamiento deficiente o por otras\n causas graves debidamente justificadas por el representante de\n la aerolínea y las que constituyan problemas para su transportación.

\n\n

Artículo 8. La comisión que las empresas de\n transporte aéreo deben pagar a los agentes de carga por\n la venta del servicio, será de mutuo acuerdo entre las\n partes.

\n\n

Artículo 9. La inobservancia a cualquier disposición\n de la presente resolución, será sancionada de conformidad\n a lo determinado en la ley.

\n\n

Artículo 10. De la ejecución y estricto cumplimiento\n de la resolución encárgase a la División\n de Transporte Aéreo.

\n\n

Artículo 11. La presente resolución entrará\n en vigencia, dentro del término de 5 días hábiles\n de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Artículo 12. Déjase expresamente sin efecto\n las resoluciones Nos. 077/99 y 005/00 de 3 de septiembre de 1999\n y del 26 de enero del 2000.

\n\n

Comuníquese. - Dada en la Dirección General\n de Aviación Civil, en Quito, 5 de junio del 2000.

\n\n

f.) César Naranjo Anda, Brigadier General, Director\n General de Aviación Civil.

\n\n

Proveyó y firmó la resolución que antecede\n el Brigadier General, César Naranjo Anda, Director General\n de Aviación Civil, en Quito, 5 de junio del 2000.

\n\n

Certifica. - f.) Dr. Marcelo Toro Campaña, Secretario\n General.

\n\n

Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la

\n\n

Dirección General de Aviación Civil. - Certifico.\n Quito, a 14 de jumo del 2000.

\n\n

f) Dr. Marcelo Toro Campaña, Secretario General de\n la D A C.

\n\n

 

\n\n

EL I.\n CONCEJO DE SANTO DOMINGO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, es deber de la Municipalidad buscar el bienestar de todos\n los sectores ciudadanos y para lograr este objetivo es necesario\n plantear alternativas de consecución de recursos para\n invertirlos en los sectores que son responsabilidad de este Gobierno\n seccional;

\n\n

Que, ante la grave crisis económica de nuestro país,\n lo cual obliga a buscar el autofinanciamiento de recursos económicos\n por parte de este Gobierno seccional;

\n\n

Que, las empresas dedicadas a la explotación y comercialización\n de materiales pétreos asentadas a orillas de diferentes\n ríos del cantón y sobre las zonas (bancos), susceptibles\n de extraer materiales pétreos de construcción;

\n\n

Que, de acuerdo al Art. 25 de la Ley de Minería, Decreto\n O G, publicado en el Registro Oficial 255 del 22 de agosto de\n 1985, que faculte a los municipios extender los permisos de explotación\n de los materiales de construcción y el Manual de Contabilidad\n Gubernamental en sus números 4.1.2.1.20.004 que habla\n de los derechos superficiarios y regalías,

\n\n

Que, el Ministerio de Finanzas, a través de la Subsecretaría\n General Jurídica, ha emitido el correspondiente informe,\n mediante oficio Nro. 0166 SGJMF - 2000 - TCF, y,

\n\n

En uso de las facultades que le confiere la Ley de Régimen\n Municipal,

\n\n

Expide:

\n\n

La siguiente ORDENANZA PARA EL COBRO DE LOS DERECHOS SUPERFICIARIOS\n PARA LA EXPLOTACION DE MINAS DE PIEDRA, ARENA U OTROS MATERIALES\n DE CONSTRUCCION.

\n\n

Art. 1. - La presente ordenanza se aplicará a todas\n y cada una de las personas naturales o jurídicas, nacionales\n o extranjeras y las de éstas entre sí que posean\n concesión y se dediquen a la explotación de materiales\n de construcción.

\n\n

Art. 2. - Las empresas dedicadas a la explotación de\n materiales de construcción deberán poseer el permiso\n de explotación concedido por este Municipio, por el lapso\n de 5 años, previo el informe favorable del INEMIN.

\n\n

Art. 3. - Todas las empresas dedicadas a la explotación\n de minas de piedra, arena u otros materiales de construcción,\n deberán pagar el 3% anual sobre el precio de venta del\n producto, durante el tiempo que dure el permiso de explotación\n de minas de piedra, arena u otros materiales de construcción,\n independientemente de la regalía del 3% calculado sobre\n el valor de la producción bruta especificada mm el Art.\n 161 de la Ley de Minería, publicada en el Registro Oficial\n 695 del 31 de mayo de 1991, correspondiente a patentes y regalías\n de concesiones mineras de exploración y explotación.

\n\n

Art. 4. - Los valores de recuperación económica\n se lo hará a través de la Tesorería Municipal,\n con la emisión de los títulos de crédito\n a nombre del contribuyente que se dedicare a esta actividad.

\n\n

Art. 5. - La recaudación de los valores a través\n de la presente ordenanza, serán destinados única\n y exclusivamente para el equipamiento de maquinaria, repuestos,\n vehículos u otras actividades de la Dirección de\n Obras Publicas Municipales y sus jefaturas anexas.

\n\n

Dado en la sala de sesiones del I. Concejo, a los trece días\n del mes de abril del año dos mil.

\n\n

f.) Dr. Fernando Espín Montúfar, Vicepresidente\n del I. Concejo.

\n\n

f.) Luis Arturo Haro Mendoza, Secretario del I. Concejo.

\n\n

CERTIFICADO DE DISCUSION. - El suscrito Secretario del I.\n Concejo, certifica que: la presente Ordenanza para el cobro de\n los derechos superficiarios para la explotación de minas\n de piedra, arena u otros materiales de construcción, fue\n discutida y aprobada por el I. Concejo Municipal de Santo Domingo,\n en sus sesiones ordinarias celebradas el '16 de marzo y 13 de\n abril del 2000. - Lo certifico.

\n\n

f.) Luis Arturo Haro Mendoza, Secretario del l. Concejo.

\n\n

VICEPRESIDENCIA DEL I. CONCEJO.- Aprobada que ha sido la presente\n ordenanza por el I. Concejo Municipal, remítase en cuatro\n ejemplares al señor Alcalde del cantón, para la\n sanción correspondiente. - Cúmplase.

\n\n

Santo Domingo de los Colorados, abril 14 del 2000.

\n\n

f) Dr. Fernando Espín Montúfar, Vicepresidente\n del I. Concejo.

\n\n

CERTIFICACION. - El suscrito Secretario del I. Concejo, certifica\n que: el Dr. Fernando Espín Montúfar, Vicepresidente\n del I. Concejo, proveyó y firmó el decreto que\n antecede en la fecha señalada. - Lo certifico.

\n\n

f) Luis Arturo Haro Mendoza, Secretario del I. Concejo.

\n\n

ALCALDIA DEL CANTON. - Una vez que ha sido discutida y aprobada\n por el I. Concejo la Ordenanza para el cobro de los derechos\n superficiarios para la explotación de minas de piedra,\n arena u otros materiales de construcción, la sanciono\n y dispongo se proceda al trámite correspondiente para\n su publicación en el Registro Oficial, a efectos de su\n vigencia y aplicación legal. - Ejecútese. - Notifiquese.

\n\n

Santo Domingo de los Colorados, abril 18 del 2000.

\n\n

f) Holger Velasteguí Domínguez, Alcalde del\n cantón.

\n\n

CERTIFICACION. - El suscrito Secretario del I. Concejo, certifica\n que: el señor Alcalde del cantón, sancionó\n la ordenanza que antecede, en la fecha señalada. - Lo\n certifico.

\n\n

f) Luis Arturo Haro Mendoza, Secretario del l. Concejo.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

INTERPRETACION\n PREJUDICIAL 15 - IP - 99

\n\n

Solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República\n de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo,\n relativa a la Interpretación prejudicial de los artículos:\n 18, 19 y 20 de la Decisión 24; 3, 4, 5, 18, 19 y 20 de\n la Decisión 220; y 108 de la Decisión 344; todas\n ellas emanadas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;\n y formulada con motivo de la acción de nulidad interpuesta\n por la sociedad CA. CIGARRERA BIGOTT SUCS. en la acción\n de cancelación Iniciada contra el registro de la marca\n "BELMONT" (proceso Interno correspondiente al expediente\n N 3448); e interpretación de oficio del artículo\n 110 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión\n 344

\n\n

Quito, 27 de octubre de 1999,

\n\n

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

\n\n

VISTOS:

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El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala\n de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por\n intermedio del Consejero Ponente Doctor, Manuel 5. Urueta Ayola,\n ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial\n de los artículos: 18, 19 y 20 de la Decisión 24;\n 3, 4, 5, 18, 19 y 20 de la Decisión 220; y 108 de la Decisión\n 344; emanadas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

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La competencia de este Tribunal Comunitario Andino para interpretar\n en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento\n jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud\n provenga de un Juez nacional también con competencia para\n actuar como Juez comunitario tal en el caso, la alta jurisdicción\n consultante; en tanto aquellas resulten pertinentes para la resolución\n del proceso interno, y que igualmente dicha solicitud se encuentre\n conforme con las prescripciones contenidas en los artículos\n 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal así\n como con los requisitos establecidos en el artículo 61\n del respectivo Estatuto (Decisión 184 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena) complementario del Tratado;

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Y que se plantea la interpretación en razón\n de que la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS., por intermedio\n de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante\n la declaratoria de nulidad de las señaladas resoluciones\n números 5000 del 9 de marzo de 1995, expedida por la División\n de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio\n "POR LA CUAL SE NIEGA LA CANCELACION DEL REGISTRO DE UNA\n MARCA" y 852, del 21 de jumo de 1995, emitida por el Superintendente\n Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia\n de Industria y Comercio, confirmatoria de la anterior. La demandante\n solicita además que, luego de anuladas las resoluciones\n impugnadas, se proceda a la cancelación del registro marcario\n de la marca "BELMONT" propiedad de PHILLIP MORRIS PRODUCTS\n INC.

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Con vista de todo lo cual este Tribunal pasa a absolver la\n consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de\n las pretensiones de las partes ante el Juez nacional, y al respecto\n OBSERVA:

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A) Consulta formulada

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Los hechos y el derecho supuestamente vulnerados son conforme\n al texto de aquella, los siguientes:

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1. "La sociedad Philip Morris Incorporated obtuvo en\n Colombia, el 22 de agosto de 1963, el registro de la marca 'BELMONT\n núm. 54551 para amparar los productos comprendidos en\n la clase 21 del Decreto 1707 de 1931, el que fue traspasado,\n el 19 de diciembre de 1989, a Philip Morris Products Inc. Ese\n registro se ha venido renovando en Colombia ininterrumpidamente\n en 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 y 1993.

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2. "A partir del 26 de junio de 1978, fecha de entrada\n en vigencia de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena\n y hasta la renovación que se solicitó en 1988 inclusive,\n se le exigió a Philip Morris Products Inc. que demostrara\n el uso efectivo de la marca 'BELMONT en orden a obtener su renovación,\n de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Andino de Justicia\n en sentencia del 8 de febrero de 1991, cuando afirmó que:\n .'... se requiere probar que la marca es usada de manera pública\n y no equívoca, circunstancia que - según la demandante\n y así lo transcribe el juez consultante - Philip Morris\n nunca demostró, al no usar la marca en forma efectiva\n en los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

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3. "El 12 de diciembre de 1991 entró en vigencia\n la Decisión 311 que derogó la Decisión 85\n y que, a su vez, fue reemplazada por la Decisión 313 del\n Pacto Andino, vigente desde el 14 de febrero de 1992.

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4. "El 2 de julio de 1993, la sociedad Bigott solicita\n la cancelación del Registro 54551 [ante la Superintendencia\n de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos]\n para la marca BELMONT' de Philip Morris, aduciendo que es fabricante\n de cigarrillos en Venezuela y que es '... licenciatura inscrita\n en ese país para el uso de la marca BELMONT registrada\n en Venezuela por Inversiones Plurimarcas CA., para cigarrillos,\n entre otros productos. Que Philip Morris no había usado\n su marca BELMONT - siempre, según el parecer de la demandante,\n textualmente transcrito por el Juez requirente - en ninguno de\n los países del Pacto Andino durante los cinco años\n consecutivos precedentes a la fecha en que se radicó la\n solicitud de cancelación.

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5. "Mientras cursaba la solicitud mencionada ante la\n Superintendencia de Industria y Comercio, el 1° de enero\n de 1994 entró en vigencia la Decisión 344 del Pacto\n Andino que derogó la Decisión 313. No obstante\n que se mantuvieron las mismas reglas relativas al uso de las\n marcas, se redujo de cinco a tres años el tiempo requerido\n para que se configure el no uso efectivo de la marca en al menos\n uno de los países del Pacto Andino.

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6. "La Superintendencia le corrió traslado de\n la solicitud de cancelación al representante legal de\n Philip Morris," respondiendo éste que "... la\n Decisión 313 no podía ser aplicable, pues cancelar\n una marca por no uso implicaría.., retroactividad, argumento\n considerado - también en la vía administrativa\n interna - por la hoy demandante en vía judicial contencioso\n - administrativa, CA. CIGARRERA BIGOTT SUCS., como "inaceptable\n pues la regla de tener que usar la marca durante la vigencia\n del registro o perderla, venia desde el artículo 595 del\n C. de Co, la Decisión 85 y la Decisión 311."\n (Véase página 04, párrafo segundo de la\n consulta formulada por el Juez nacional, al folio 05 del expediente\n que reposa en la Secretaría de este Tribunal Andino).

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Expone además la alta Institución consultante:

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7. "Por medio de la Resolución 5000 del 9 de marzo\n de 1995 - según lo narrado por la alta jurisdicción\n consultante; la División de Signos Distintivos de la Superintendencia\n de Industria y Comercio negó la cancelación"\n explicando previamente "que: ''..antes de cualquier otra\n consideración es necesario entrar a estudiar la afirmación\n que hace el titular de la marca en el sentido de que existía\n una justa causa para el no uso dentro del período comprendido\n entre el 17 de abril de 1984 y el 24 de julio de 1990, pues de\n llegar a comprobarse tal afirmación no seria necesario\n analizar los otros aspectos de la solicitud, pues no se cumpliría\n con un elemento necesario de la causal establecida en el inciso\n primero del artículo 108 de la referida Decisión\n 344, en el sentido de que el no uso se ha debido presentar sin\n motivo justificado "', fundamentada la denegatoria, tal\n como lo alega la demandada, en una:

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8. Resolución ". . del Consejo Directivo de Comercio\n Exterior Núm. 29 de abril 17 de 1984 que trasladó\n a la lista de prohibida importación las posiciones arancelarias\n correspondientes a 'cigarrillos o puros, cigarrillos que contengan\n tabaco negro y cigarrillos que contengan tabaco rubio', prohibición\n que estuvo vigente, según la División de Signos\n Distintivos hasta el 24 de julio de 1990". Por lo cual:\n "Dicha División concluyó que Philip Morris\n 'estuvo relevada de la obligación de uso en el territorio\n colombiano durante el período comprendido entre el 24\n de julio de 1990 y el 17 de abril de 1998 (sic) en razón\n de que el ordenamiento interno de nuestro país le impedía\n importar los bienes que distinguen su marca, vale decir, cigarrillos',\n y por ende - conforme a la consulta formulada a este Tribunal\n - dio por probada la justa causa para el no uso en Colombia por\n parte de Philip Morris de su registro Núm. 54.551 para\n BELMONT....

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9. "La decisión reseñada fue continuada\n por el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial\n mediante la resolución núm. 852 de 21 de junio\n de 1995, manteniendo la posición de que la razón\n para que la División de Signos Distintivos negara la solicitud\n de cancelación fue por que Philip Morris 'acreditó\n la existencia de una justa causa que impidió el uso de\n la marca en Colombia durante el período comprendido entre\n el 17 de abril de 1984 y el 24 de julio de 1990, para concluir\n que 'en el asunto en estudio se configuró la restricción\n en las importaciones de productos comprendidos en la clase .34...\n situación que originé que la sociedad Philip Morris\n no pudiera, durante dicho lapso, usar en nuestro país\n la marca BELMONT." (Lo resaltado aparece en la solicitud\n de interpretación, formulada por el Juez requirente ).

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Considera el demandante que en la expedición de las\n resoluciones impugnadas se ha violado por tanto el artículo\n 108 de la Decisión 344, fundamentando su afirmación\n en un prolijo análisis de esa norma, de los fundamentos\n que la sustentan - a su juicio falsamente - las resoluciones\n impugnadas, de la defensa de la administración y de la\n coadyuvancia asumida por PHILIP MORRIS.

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Resalta entre los argumentos el de que la prohibida importación\n de cigarrillos a Colombia no puede entenderse de ninguna manera\n como "la única forma de uso' del distintivo "BELMONT",\n dado que PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. ".. siempre pudo perfectamente\n haber importado varios de los productos que su marca BELMONT\n ampara, v. gr. rapé, fósforos, papel para cigarrillos,\n pipas, boquillas, ceniceros, tabaqueras..

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Finalmente, la actora sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.\n solicita que se declare la nulidad de las ya identificadas resoluciones,\n y que se proceda por tanto a cancelar el certificado de registro\n de la marca "BELMONT", para que se restablezca en consecuencia\n su derecho preferente a obtener en Colombia el registro de dicha\n marca.

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B) Defensa de la Administración

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Considera el Tribunal que resulta así mismo oportuno\n resumir la contestación que diera a la demanda la Superintendencia\n de Industria y Comercio de la República de Colombia, en\n la cual se expresa:

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Que los actos administrativos acusados se expidieron válida\n y legalmente, y en tal sentido afirma: "Con. respecto a\n la solicitud de cancelación de la marca BELMONT presentada\n por la parte demandante, la oficina nacional competente se ajusté\n estrictamente al trámite administrativo previsto en las\n disposiciones legales vigentes marcarías, en especial\n lo dispuesto en la Decisión 344...".

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Considera en efecto que la obligación de uso de la\n marca, establecida en el primer párrafo del artículo\n 108 ha de limitarse, en virtud del carácter territorial\n del derecho de propiedad sobre la misma, ".. .al país\n dentro del cual tiene vigencia el registro que se ataca, de manera\n tal que bastaría demostrar la justa causa en el país\n donde se es titular del registro, para que la oficina nacional\n competente niegue la solicitud".

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Fundamenta su contestación, tal como lo hacen también\n las resoluciones impugnadas, en el hecho de que la Resolución\n 029 del 17 de abril de 1984, expedida por el INCOMEX, cuya interpretación\n se discute en el debate interno, trasladó de la lista\n de "licencia previa" a la de "prohibida importación",\n los bienes con las posiciones arancelarias correspondientes a\n cigarrillos o puros, cigarrillos que contengan tabaco negro y\n cigarrillos que contengan tabaco rubio, productos pertenecientes\n a la clase 34, restricción que estuvo vigente hasta el\n 24 de julio de 1990, con lo cual resulta "claro e inequívoco\n que entre el 17 de abril de 1984 y el 24 de julio de 1990 la\n sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., estuvo relevada de la obligación\n de uso de la marca BELMONT en el territorio colombiano, en razón\n a que nuestra legislación interna le impedía importar\n los bienes que distingue su marca, entre otros, cigarrillos,\n comprendidos en la clase 34a.; por lo que es de concluir que\n está probada plenamente la justa causa para el no uso\n en Colombia de la marca BELMONT por parte de su titular exclusivo.".

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En apoyo de la posición adoptada por la administración\n demandada en su defensa PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., presentó.

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C) Escrito de coadyuvancia

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En el cual considera como punto previo a resolver el determinar\n con exactitud cuál es la legislación aplicable\n al presente caso, y al respecto alega que el término de\n no uso de la marca registrada que se pretende cancelar, es el\n consagrado en el artículo 98 de la Decisión 313,\n ya que la solicitud de cancelación fue presentada bajo\n la vigencia de esta normativa, por lo que - dice PHILIP MORRIS\n -asumo, al igual que lo hace el apoderado de la parte demandante,\n en aplicación de lo dispuesto en [la legislación\n interna colombiana y específicamente en los artículos\n 58 de la Constitución Nacional, 17 y 40 de la Ley 153\n de 1887]..., que los términos que han empezado a correr\n se rigen por la ley vigente al tiempo de su iniciación",\n de donde ese término "debía contarse a partir\n de la entrada en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, porque de lo contrario era darle efectos\n retroactivos a esta legislación.".

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Al referirse concretamente a la Resolución N"\n 029 del 17 de abril de 1984, expedida por el Consejo Directivo\n de Comercio Exterior del Instituto Colombiano de Comercio Exterior\n INCOMEX, que prohibió las importaciones de cigarrillos\n entre otros productos a Colombia. la califica como "un acto\n de autoridad que por emanar del poder público es imprevisible,\n ya que no puede anticiparse su ocurrencia en la medida en que\n escapa al control de los particulares, e irresistible en la medida\n en que no se puede evitar su acatamiento ni superar sus consecuencias\n por ser de obligatoria observancia" Y continúa: "..\n la fuerza mayor frente al agente debe analizarse en forma abstracta,\n de tal forma que para determinar si el hecho de prohibir las\n importaciones dificulta o imposibilita el uso de la marca por\n parte de su titular, se debe tener en cuenta un comerciante o\n industrial común a quien sólo se le pueden exigir\n respuestas ordinarias y no extraordinarias frente a situaciones\n como la expuesta.".

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Así, "la Resolución 029 puede interpretarse\n sin problema alguno como una norma que restringió las\n importaciones de cigarrillos en la medida que prohibió\n las mismas en todo el territorio nacional excepto en aquellos\n lugares considerados como puerto libre, como por ejemplo San\n Andrés y Providencia. En consecuencia, aunque a mi poderdante\n le era imposible importar productos al puerto libre de San Andrés\n y Providencia, como efectivamente lo hizo (ver anexos 5, 7, 8\n y 9 de la demanda), y como lo reconoce el mismo apoderado de\n la parte demandante al afirmar que hubo autorización por\n US$ 26,50 en mayo de 1988, lo cierto es que la restricción\n a la importación era de tal magnitud que impedía\n la adecuada utilización de la marca BELMONT en el territorio\n nacional.".

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Al respecto, concluye: ". . puede decirse sin lugar a\n dudas, que la prohibición para las importaciones de cigarrillos\n a Colombia constituyó para el titular de la marca BELMONT,\n una auténtica causa de fuerza mayor en la medida en que\n fue imprevisible e irresistible superar sus consecuencias.".

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De otra parte, refiriéndose a los productos que protege\n su marca "BELMONT", diferentes a cigarrillos o puros,\n cigarrillos que contengan tabaco negro y cigarrillos que contengan\n tabaco rubio, tales como rapé y artículos para\n fumadores (pipas, boquillas, papel para cigarrillos, fósforos,\n tabaqueras en general, yesqueros, encendedores automáticos\n y cigarreras de metal no precioso, todos incluidos en la Clase\n 34 internacional), considera que "son artículos que\n se venden en el mercado como soporte de los cigarrillos, sobre\n los cuales existía una prohibición de importación".\n En consecuencia, "el producto principal es el cigarrillo,\n y los otros productos mencionados en el registro son suplementarios\n o accesorios a éste y ningún sentido tendría\n comercializarlos individualmente y no en conjunto con el cigarrillo,\n ya que el mercado de los mismos se vería enormemente reducido,\n lo que justificarla el no uso de esta marca para estos productos.".

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Finalmente, con vista de todo lo expuesto el Tribunal de Justicia\n de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, a los\n fines de la exclusiva interpretación que de las normas\n supranacionales le corresponde.

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CONSIDERANDO:

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1. INFORME SUCINTO DE LOS HECHOS

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Observa el Tribunal que los transcritos por el Juez nacional\n consultante en la solicitud remitida, están redactados\n en forma incompleta y son tomados únicamente del libelo\n de demanda, por lo que resulta necesario referirse a la importancia\n que tiene en la consulta de interpretación prejudicial\n la correcta elaboración de ese informe, para lo cual reitera\n la abundante jurisprudencia sentada al respecto, orientada en\n los siguientes términos:

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Tanto la relación como el informe de los hechos, elaborado\n por la instancia nacional, orientan al órgano comunitario\n y permiten que éste centre su labor en los aspectos definidos\n por aquélla, a la que corresponde en definitiva aplicar\n la interpretación del Tribunal Andino al decidir el caso\n concreto.

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Así, el requerimiento contenido en el artículo\n 61 del párrafo c) del Estatuto del Tribunal, concordado\n con las prescripciones de la parte final del artículo\n 31 de su Tratado de Creación, obliga al Juez comunitario\n consultante a incluir en la solicitud "un informe sucinto\n de los hechos que el solicitante - entendiendo por tal el organismo\n judicial que formula la consulta - considere relevantes para\n la interpretación", informe que no podría\n ser considerado como adecuadamente realizado sin el examen y\n conocimiento previo de todos hechos los pertinentes que aparezcan\n en el proceso interno, incluidos los aportados por la administración\n demandada, y no sólo los presentados por la actora. Lo\n anterior se ha dejado sentado en reiterada jurisprudencia de\n este Tribunal. (Véanse sentencias de interpretación\n prejudicial N0 01 - IP - 88 del 25 de mayo de 1988, caso sociedad\n SATAUFFER CHEMICAL COMPANY, G. O. A. C. N0 33 del 26 de julio\n de 1988; ésta habla sido precedida a su vez por la N0\n 01 - IP - 87, del 3 de diciembre de 1997, caso "VOLVO",\n G. O. A. C. N0 28 del 15 de febrero de 1988, publicadas también\n en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,\n Tomo I, 1994, Págs. 126 y 99, correspondientemente. La\n anterior jurisprudencia fue reiterada en reciente sentencia del\n 20 de agosto de 1999, caso "SATINIQUE").

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II AMBITO DE LA INTERPRETACION

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En cuanto a los puntos de fondo sobre los cuales va a pronunciarse\n el Tribunal ellos habrán de referirse, entonces, en especial,\n al uso de la marca, determinando, de acuerdo con lo establecido\n por la normativa supranacional, lo que debe entenderse por "motivo\n justificado" para el no uso de aquella, a partir de lo cual\n al juez nacional le corresponderá establecer, conforme\n a lo que se hubiere demostrado en autos, si al momento de iniciarse\n la acción de cancelación la marca se encontraba\n en uso y, en caso de que no fuere así, precisar también\n si existían razones suficientes para considerar que, en\n los términos de lo establecido en el penúltimo\n párrafo del propio artículo 108 de la Decisión\n 344, existió "motivo justificado" para no utilizar\n la marca "BELMONT". Complementaría lo anterior,\n el análisis de las prescripciones comunitarias sobre uso\n de la marca y medios de prueba del mismo, contenidas en los artículos\n 110 de la misma Decisión 344 y también en el susodicho\n 108. Todo lo cual comporta la determinación de la naturaleza\n jurídica del recurso de cancelación en este último\n prevista, por oposición a la acción de nulidad\n regulada en el 113 ibídem.

\n\n

Sinembargo, de lo anterior resulta obligante para el Tribunal\n Andino examinar previamente la normativa aplicable, a los fines\n de que el consultante pueda, con arreglo a ella, resolver el\n caso concreto ante él planteado, lo que conduce a este\n Organo Jurisdiccional a interpretar así mismo la PRIMERA\n de las DISPOSICIONES TRANSITORIAS de la Decisión 344,\n coincidente con la CUARTA de la 313 y así mismo con el\n primer párrafo de la CUARTA consagrada en la 311.

\n\n

En su consecuencia, este Organo Supranacional pasa referirse\n a;

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III NORMAS COMUNITARIAS PERTINENTES PARA LA INTERPRETACION

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El Tribunal requirente, dando cumplimiento a su auto interno\n de fecha 2 de octubre de 1998, solicita la interpretación\n de los artículos: 18, 19 y 20 de la Decisión 24;\n 3,4, 5, 18, 19 y 20 de la 220; y del 108 de la 344.

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Pero de lo previamente expuesto resulta claro para este Tribunal,\n que no es necesaria la interpretación de algunos de los\n artículos señalados: los correspondientes a la\n Decisión 24 - que se refieren todos ellos a los "contratos\n sobre importación de tecnología" - ni se los\n de la Decisión 220, relativa a la "inversión\n extranjera" y a los contratos de "transferencia de\n tecnología", materia también ajena a la controversia\n e incluso al propio fundamento de las resoluciones impugnadas\n (ver correspondientes folios 34 y 40 del expediente que reposa\n en la Secretaría de este Tribunal). Por tanto la interpretación\n de ellos, no resultaría de interés para el fallo\n que va a producir el Juez consultante a los fines de decidir\n el proceso interno.

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En cambio considera el Tribunal Andino indispensable la interpretación\n de oficio del artículo 110 de la Decisión 344,\n el cual se refiere a lo que se entiende como uso de la marca,\n dado que, como ha sido expresado supra, la acción instaurada\n se fundamenta en el no uso de la marca "BELMONT" por\n parte de PHILLIP MORRIS PRODUCTS INC., y además en razón\n de que la mencionada norma forma parte del fundamento expreso,\n entre otras consideraciones, de las resoluciones objeto de impugnación,\n así mismo y en atención también a lo arriba\n consignado, procedería de oficio la interpretación\n de la Disposición Transitoria Primera de la 344.

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Serían entonces las pertinentes:

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Decisión 344

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"Artículo 108. La oficina nacional competente\n cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier\n persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no\n se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros,\n por su titular o por el licenciatario de éste, durante\n los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que\n se inicie la acción de cancelación. La cancelación\n de un registro por falta de uso de la marca también podrá\n solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción,\n de observación o de nulidad interpuestos con base en la\n marca no usada.

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"Se entenderán como medios de prueba sobre la\n utilización de la marca los siguientes:

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"1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad\n y la cantidad de comercializa

 

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