Registro Oficial

Registro Oficial. 22 de JUNIO del 2000

Jueves, 22 de junio de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE JUNIO DEL 2000
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
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Jueves 22 de Junio del 2000

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REGISTRO OFICIAL No. 104

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

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FUNCION\n EJECUTIVA
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\n DECRETOS:

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501 Modifícase el Decreto\n Ejecutivo No. 432 de 24 de mayo del 2000

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 502 Mientras\n dure la ausencia del Presidente Constitucional de la República,\n Dr. Gustavo Noboa Bejarano, del país, deléganse\n atribuciones al señor ingeniero Pedro Pinto Rubianes,\n Vicepresidente Constitucional de la República
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ACUERDO\n DE CARTAGENA
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\n PROCESOS
:
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24-AN-99 Acción de nulidad interpuesta\n por la compañía New Yorker S.A. en contra de las\n resoluciones Nos. : 171 y 210 del 17 de diciembre de 1998 y del\n 31 de marzo de 1999, expedidas por la Secretaría General\n de la Comunidad Andina
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\n 41-IP-99 Interpretación\n Prejudicial de los artículos 83 literal a) y 89 de la\n Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,\n solicitada por el Consejo de Estado de la República de\n Colombia, dentro del proceso interno No. 5326 promovido por la\n Sociedad PASTEUR SANOFI DIAGNOSTICS. Marca: ACCESS
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\n 45-IP-99 Interpretación\n prejudicial de los artículos 22 y 23 de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia\n con el artículo 5º. (actual 4º.) del Tratado\n de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de\n Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso\n Administrativo, Sección Primera. Patente: NUEVOS DERIVADOS\n DE AMINOACIDOS, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACION Y COMPOSICION\n FARMACEUTICAS QUE CONTIENEN ESTOS COMPUESTOS (II). Expediente\n Interno 5347. Actora: SOCIEDAD BOEHRINGER INGELHEIM KG.
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\n 7-IP-2000 Interpretación\n prejudicial del artículo 82, literal d) de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada\n por el Consejo de Estado de la República de Colombia,\n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.\n Interpretación de oficio del Tribunal de Justicia de la\n Comunidad Andina, del articulo 81 de la misma decisión.\n Proceso Interno No. 5287. Actor: LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO\n & CIA. S.C.A. Marca: NUTRASAL
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\n 12-IP-2000 Interpretación\n prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la\n Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,\n solicitada por el Consejo de Estado de la República de\n Colombia. Proceso lnterno No. 5515. Actor: SOCIETE DES PRODUITS\n NESTLE S.A. Marca: SVELTY.
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\n RESOLUCIONES:
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\n 362 Por la cual se resuelve\n el recurso de reconsideración presentado por el Gobierno\n de Colombia contra la Resolución 311 de la Secretaría\n General que declaró  como gravamen el cobro de una\n tarifa implícita a las importaciones originarias de la\n Subregión
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\n 363 Dictamen de cumplimiento\n 11-2000 por parte del Gobierno de Colombia en la aplicación\n de la Decisión 414
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N0 501

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Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

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Considerando:

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Que, con Decreto Ejecutivo No. 432 de 24 de mayo del 2000\n se expidió el Reglamento para la Regulación de\n los Precios de los Derivados de Hidrocarburos;

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Que, es necesario atender los requerimientos de combustibles\n para la generación de energía eléctrica\n y otros sectores, en las mismas condiciones de las establecidas\n para las compañías que realizan actividades de\n exploración y explotación de petróleo; y,

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En uso de las facultades que le confiere el artículo\n 72 de la Ley de Hidrocarburos,

\n\n

Decreta:

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Art. 1. - A continuación del artículo 2, inclúyase\n otro del siguiente tenor "Los precios de los cementos asfálticos\n y asfaltos industriales serán determinados por PETROCOMERCIAL\n de acuerdo con los precios promedios de la semana inmediata anterior\n a la venta publicados en el Platt's Oil Gram Marketscan de la\n costa del golfo. Los precios de los cementos asfálticos\n y asfaltos industriales, de acuerdo con la calidad de los mismos,\n podrán ser castigados hasta por el 15% del Platt's, el\n control de la calidad de estos productos estará a cargo\n de los organismos de control establecidos en la Ley de Hidrocarburos".

\n\n

Art. 2. - En el articulo 3, segundo inciso, luego de: "las\n compañías de exploración y explotación\n de petróleo" agréguese: "las generadoras\n térmicas que estén disponibles para ser despachados\n por el Centro Nacional de Control de Energía CENACE, los\n autogeneradores de energía eléctrica que vendan\n excedentes al Sistema Nacional Interconectado y las compañías\n que realizan actividades de exploración, explotación,\n industrialización y comercialización de minerales\n metálicos y no metálicos".

\n\n

Art. 3. - Este decreto entrará en vigencia desde la\n fecha de expedición, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial, y de su ejecución se encarga a\n los ministros de Energía y Minas y de Economía\n y Finanzas

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Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 14 de junio del 2000.

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f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

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f) Pablo Terán Rivadeneira, Ministro de Energía\n y Minas.

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f.) Luis Yturralde Mancero, Ministro de Economía y\n Finanzas.

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Es fiel copia del original. - Lo certifico:

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f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

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N0 502

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Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo\n 169 de la Constitución Política de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO UNICO. - Mientras dure la ausencia del Presidente\n Constitucional de la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano,\n del país, delégase al señor ingeniero Pedro\n Pinto Rubianes, Vicepresidente Constitucional de la República,\n el ejercicio de las atribuciones a las que se refieren los artículos\n 153, 171 numeral 9, 180 y 181 de la Constitución Política\n de la República.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 15 de junio, 2000.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

Es fiel copia del original. - Lo certifico:

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

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PROCESO\n No. 24 - AN - 99

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Acción de nulidad interpuesta\n por la Compañía New Yorker S.A. en contra de las\n resoluciones Nos. 171 y 210, del 17 de diciembre de 1998 y del\n 31 de marzo de 1999, expedidas por la Secretaria General de la\n Comunidad Andina

\n\n

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco\n de Quito, a los dos días del mes de febrero del año\n dos mil, en la Acción de Nulidad interpuesta por la Compañía\n NEW YORKER S.A., en contra de las resoluciones 171 y 210, expedidas\n por la Secretaria General de la Comunidad Andina, el 17 de diciembre\n de 1998 y el 31 de marzo de 1999, respectivamente.

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VISTOS: El escrito de demanda presentado ante el Tribunal\n el 18 de mayo de 1999 por el Procurador Judicial de la Compañía\n NEW YORKER SA., en el que se solícita la nulidad de las\n resoluciones Nos. 171 y 210 expedidas por la Secretaría\n General de la Comunidad Andina, el 17 de diciembre de 1998 y\n el 31 de marzo de 1999. publicadas respectivamente en las gacetas\n oficiales del Acuerdo de Cartagena Nos. 399 y 424.

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El escrito de contestación por parte de la Secretaría\n General de la Comunidad Andina; el acta de la audiencia pública,\n celebrada el día 4 de noviembre de 1999; las conclusiones\n de las partes; las pruebas documentales aportadas por la Secretaría\n General y demás documentos obrantes en el expediente.

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Y que todo lo anterior se efectuó de conformidad con\n las disposiciones establecidas por el Tratado de Creación\n del Tribunal, su estatuto y su reglamento interno.

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1. ACTUACION PROCESAL

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La acción de nulidad que debe ser resuelta por el Tribunal\n se configura con los elementos procesales y las circunstancias\n de hecho y de derecho que las partes y el Juez Comunitario han\n actuado dentro del juicio, las cuales se relacionan a continuación

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1.1. La demanda.

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El Procurador Judicial de la Empresa NEW YORKER SA. plantea\n la declaratoria de nulidad de las resoluciones 171 y 210 de la\n Secretaria General de la Comunidad Andina de 17 de diciembre\n de 1998 y 31 de marzo de 1999, respectivamente, publicadas en\n las gacetas oficiales del Acuerdo de Cartagena Nos. 399 y 424\n de 22 de diciembre de 1998 y 6 de abril de 1999, considerando\n que ellas 'constituyen una flagrante desviación del poder,\n contravención y negación del debido proceso, así\n como una clara violación de normas que forman parte del\n ordenamiento jurídico de la comunidad" y que al haber\n sido dictadas causan perjuicio a su representada.

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1.1.1. Hechos de la demanda.

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Como hechos de la demanda señala que concluida la relación\n contractual que mantenía vinculada a la compañía\n demandante con la Compañía PROCTER & GAMBLE\n por más de 30 años, a causa de una ilegal y unilateral\n decisión de esta última, demandó ante los\n tribunales competentes de la República del Ecuador en\n el año 1993, el pago de una indemnización de daños\n y perjuicios, al amparo de lo que norma la Ley de Protección\n a los Agentes, Representantes y Distribuidores de Empresas Extranjeras.

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Durante el trámite en segunda instancia de la controversia\n judicial mencionada, la demandada PROCTER & GAMBLE INTERAMERICAS\n INC., solicitó a la Quinta Sala de la Corte Superior de\n Justicia de Guayaquil que requiriera al órgano jurisdiccional\n comunitario, la interpretación prejudicial de normas comunitarias\n que reglan los contratos de licencia de marcas de fábrica.

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Ante la negativa de la Quinta Sala de la Corte Superior de\n Justicia de Guayaquil de dar paso a la interpretación\n prejudicial de normas andinas planteadas por PROCTER & GAMBLE\n INTERAMERICAS INC. por considerar que ellas no eran aplicables\n al proceso judicial, esta Compañía recurrió\n ante la Secretaría General de la Comunidad Andina para\n que dé paso a una investigación encaminada a determinar\n el eventual incumplimiento de la República del Ecuador.

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La Secretaría General de la Comunidad Andina que con\n fecha 6 de noviembre de 1998 emitió la Nota de Observaciones\n SG/AJIF - 1415 - 98 al Gobierno del Ecuador, resolvió\n dictaminar que la República del Ecuador, a través\n de su Rama Judicial, y en particular como consecuencia de la\n conducta asumida por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Guayaquil, al no tramitar la solicitud de interpretación\n prejudicial presentada por el apoderado de la sociedad Procter\n & Gamble en el juicio verbal sumario seguido por New Yorker\n S.A. contra aquella, petición que es obligatoria en el\n caso analizado, y al manifestar que el cumplimiento de las normas\n que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de\n Cartagena "es discrecional u optativo" ha incurrido\n en incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico\n de la Comunidad Andina, en particular de los artículos\n 40 y 41 del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 5°,\n 28, 29 y 31 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del\n Acuerdo de Cartagena.

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1.1.2. Fundamentos de la demanda.

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Sostiene la demandante que la disposición referente\n a la interpretación judicial es viable "solo si es\n imperativa la aplicación de la norma andina, y en el caso\n que se ventila judicialmente en el Ecuador el fondo de la discusión\n era la aplicación, de la ley ecuatoriana denominada Ley\n de Protección a los Agentes, Representantes y Distribuidores\n de Empresas Extranjeras" y que el Tribunal ecuatoriano luego\n de realizar la constatación que por mandato le correspondía\n por no existir la necesidad de aplicar disposiciones de la normativa\n subregional declinó dar trámite a la improcedente\n solicitud presentada por PROCTER & GAMBLE..

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La actora alega que la Secretaria General ha incurrido en\n violación de las normas de la Comunidad Andina por desviación\n de poder, "pues no le corresponde determinar e imponer la\n obligatoriedad de aplicación de normas jurídicas\n subregionales, insinuando el momento y la forma en que los jueces\n ecuatorianos, deben aplicarlas menos (sic) cuando de esa forma,\n induce a los mismos, a actuar contra norma expresa".

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Sostiene que la Secretaría General quebrantó\n abierta y flagrantemente los principios de defensa y debido proceso,\n pues hizo caso omiso de lo dispuesto en el articulo 5 del Reglamento\n de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General\n de la Comunidad Andina, no aplicando el principio de igualdad\n de trato a las partes, al no notificarla de la supuesta denuncia\n de incumplimiento incoada por PROCTER & GAMBLE y al no permitirle\n participar activamente en el procedimiento pertinente, que por\n obvias razones le concernía, discriminándola.

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Alega también que la Secretaria General contravino\n lo que dispone el articulo 17, inciso 2do., del mismo reglamento,\n que le imponga la obligación de notificarle las resoluciones\n cuya nulidad ahora demanda.

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1.2. La contestación de la demanda.

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La demandada después de referirse al juicio verbal\n sumario seguido contra PROCTER & GAMBLE AMERICAS INC. niega\n que la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil\n haya constatado si las normas jurídicas comunitarias invocadas\n por la demandada en ese proceso resultaban aplicables para resolver\n el fondo del asunto, pues no procedió a tramitar la interpretación\n prejudicial tal como ordena el articulo 29 del Tratado de Creación\n del Tribunal de Justicia y desconoció el 2do. párrafo\n del mismo artículo, pues, el proceso cuestión se\n encontraba en segunda instancia y ya no era susceptible de recursos\n en derecho interno.

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Se sostiene que la demandante no ha acreditado su legitimación\n activa para interponer la acción de nulidad por cuanto\n con la demanda no demuestra el perjuicio que supuestamente le\n ocasionan las resoluciones impugnadas, ya que dicho perjuicio\n no existe.

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Afirma que las resoluciones impugnadas han sido dictadas con\n plena sujeción a la Decisión 425 que establece\n el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría\n General de la Comunidad Andina y que por ser actos administrativos\n gozan de la presunción de legitimidad, de validez y de\n juricidad y que en el presente caso la demandante no ha probado\n que las resoluciones carezcan de tal presunción.

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Niega que la Secretaria General haya incurrido en desviación\n del poder y que las resoluciones impugnadas "desatienden,\n quebrantan e interpretan (sin sustento normativo, jurisprudencial\n ni doctrinario alguno) diversos principios básicos de\n los derechos comunitarios internos del Ecuador''.

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Rechaza el cargo de que la Secretaria General vulneró\n el debido proceso y el derecho de defensa de la demandante, porque\n supuestamente no aplicó el principio de igualdad de trato\n a las partes, al no notificarla de la denuncia de incumplimiento\n y al no permitirle participar en el proceso. La Secretaria General\n en el proceso administrativo de incumplimiento debe hacer observaciones\n y según el caso dictaminar el incumplimiento no pudiendo\n adelantar este procedimiento en contra de los particulares, careciendo\n d< facultades expresas para vincularlo al mismo.

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1.3. La audiencia pública.

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El Tribunal convocó a la audiencia pública estatutaria\n con e fin de oír a las partes habiéndose cumplido\n ésta el día 4 de noviembre de 1999, con la asistencia\n de los representantes de la demandante y de la demandada.

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1.3.1. Alegato de conclusión de la parte actora.

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En sus conclusiones la parte actora ratifica los fundamento.\n de hecho y derecho de su demanda de nulidad contra la resoluciones\n 171 y 210 de la Secretaría General de la Comunidad Andina\n y en particular reitera su alegato de que la Secretaría\n General quebrantó el principio de igualdad y de derecho\n de defensa consagrado en su Reglamento de Procedimientos Administrativos\n al no permitirle participa activamente en el proceso de investigación\n iniciado por e supuesto incumplimiento de la justicia ecuatoriana\n y no haber sido notificada oportunamente.

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Sostiene que las resoluciones 171 y 210 adolecen de vicio\n sustanciales, que contradicen su supuesta legalidad, pues 1 Secretaria\n General, no puede imponer a los jueces nacionales la aplicación\n de normas que ellos constaten no so de indispensable utilización\n dentro del proceso que 1 vinculaba con la compañía\n PROCTER & GAMBLE AMERICAS IN., en el que "los únicos\n hechos controvertido eran la relación contractual y si\n la ley invocada de Protección a los Agentes. Representantes\n y Distribuidores de Empresa Extranjeras era aplicable o no".

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Sostiene que la Secretada General al afirmar que se limité\n verificar si la etapa adelantada por la Quinta Sala de la Corte\n Superior de Guayaquil, era única, de primera o segunda\n instancia, a efectos de concluir sobre la procedencia o no de\n la interpretación prejudicial facultativa u obligatoria,\n incurrió en desviación de poder al exceder el ámbito\n reglado de su facultades "convirtiéndose en controladora\n de la aplicación del derecho interno, lo que no le es\n licito".

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En cuanto al "perjuicio económico" invocado,\n de la aplicación de la normativa andina que inapropiadamente\n considera imperativa ja Secretaria General, se produce un drástica\n disminución de las bases de cálculo de indemnización\n que varios jueces han reconocido en favor de NEW YORKER SA. y\n que en el caso de desecharse su pretensiones se produciría\n no solo uno sino varios perjuicio en contra de ella.

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1.3.2. Alegato de conclusiones de la parte demandada.

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La parte demandada afirma que la Quinta Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Guayaquil, en el trámite de la segunda\n instancia no constató si las normas jurídicas comunitarias\n invocadas por la demandada en el proceso resultaban aplicables\n para resolver el fondo del asunto, pues, no tramité la\n interpretación prejudicial tal como ordenaba el entonces\n articulo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia\n (hoy artículo 33), pues, el proceso en cuestión\n se encontraba en segunda instancia y ya no era susceptible de\n recursos en derecho interno.

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Sostiene que al momento de presentar la demanda, la accionante\n no ofreció ninguna prueba que acreditara el perjuicio\n que supuestamente le ocasionan las resoluciones impugnadas y\n que dicho perjuicio no existe porque no lo puede sufrir algún\n particular por la aplicación del ordenamiento jurídico\n andino al solicitarse la interpretación prejudicial cuando\n ésta pueda ser necesaria para resolver una controversia.

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Contesta el cargo de desviación de poder en las resoluciones\n impugnadas, pues, no se incurrió en ningún vicio\n de nulidad, ya que ambos actos administrativos están debidamente\n motivados y fundamentados en las razones fácticas que\n le dieron origen, en el ordenamiento jurídico andino,\n en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia Comunitario y en\n el criterio de la doctrina.

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En cuanto a que la Secretaría General vulneré\n el debido proceso y el derecho de defensa de la demandante, porque\n supuestamente no aplicó el principio de igualdad de trato\n a las partes al no notificarle la denuncia del incumplimiento\n y al no permitirle participar activamente en el proceso, señala\n que el proceso administrativo de incumplimiento está dirigido\n a hacer observaciones y, según el caso, dictaminar el\n incumplimiento del ordenamiento jurídico andino por parte\n de los Países Miembros, y por tanto, no podría\n adelantar dicho procedimiento en contra de los particulares,\n y carece de facultades expresas para vincularlos al mismo,

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Afirma que la casación es un recurso extraordinario,\n y por lo tanto si la sentencia de la Quinta Sala de la Corte\n Superior de Guayaquil no es susceptible de recursos diferentes\n al extraordinario de casación, el trámite de la\n interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia\n de la Comunidad Andina resulta obligatorio previamente a que\n se emite dicha sentencia.

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2. CONSIDERACIONES.

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2.1. Competencia del Tribunal.

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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente\n para conocer de la acción de nulidad planteada en virtud\n de lo que disponen los artículos 17 y 22 de su Tratado\n de Creación (codificado por medio de la Decisión\n 472 de la Comisión), en concordancia con las normas del\n capítulo 1 del Título Segundo del Estatuto del\n Tribunal (Decisión 184 de la Comisión) y en su\n reglamento interno.

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Empero, como se observa que, por una parte, la demandada ha\n cuestionado la capacidad de la actora para comparecer como demandante\n en los términos de los artículos 17 y 19 del Tratado\n y, por otra, que el Tribunal está obligado, de oficio\n y en primer lugar, a determinar si las resoluciones acusadas\n son, por su naturaleza, contenido y finalidad actos susceptibles\n de ser demandados en acción de nulidad, debe proceder,\n antes de pronunciarse con una sentencia de mérito, a resolver\n sobre la validez de tales cuestiones previas.

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A tal efecto, avocará de inicio, el análisis\n del planteamiento más general, es decir, el relativo a\n la posibilidad de establecer acciones de nulidad contra las resoluciones\n en que se incorporan los dictámenes de incumplimiento\n que emite la Secretaria General, toda vez que de resolverse esta\n cuestión en sentido negativo no habría lugar ni\n materia para el estudio y la decisión de los otros aspectos\n de forma y de fondo materia de la controversia, pero en el caso\n de una resolución positiva entraría el Tribunal\n a estudiar y a decidir el aspecto relacionado con la legitimidad\n de la personería de la demandante, COMPAÑIA NEW\n YORKER S.A., igualmente cuestionado, como ya se dijo, por la\n Secretaría General.

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Como premisa necesaria para el análisis propuesto es\n conveniente precisar los aspectos relevantes de las acciones\n de nulidad y de incumplimiento tal como fueron concebidas en\n el Tratado de Creación del Tribunal, amén de la\n finalidad que con su establecimiento se persigue, a lo cual se\n procederá a renglón seguido.

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2.2. Naturaleza, características, objeto y trámite\n de las acciones de Nulidad y de Incumplimiento.

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Son numerosas ya las providencias en las que este Tribunal\n Comunitario ha dejado sentado su criterio acerca del perfil de\n cada una de las acciones referidas, razón por la cual,\n con apoyo en dicha jurisprudencia, resumirá en la presente\n sentencia los elementos relevantes que las caracterizan y que\n las determinan como acciones independientes con objetivos propios\n y específicos. 1

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2.2.1. Acerca de la acción de nulidad.

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El Tribunal, con fundamento en las normas jurídicas\n que en el Tratado de su Creación regulan la acción\n de nulidad ha explicitado los diferentes elementos que la conforman.\n Es así como ha expresado en reciente sentencia:

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"...de conformidad con lo previsto en el articulo 17\n del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la\n Comunidad Andina:

\n\n

1 En relación con la autonomía e independencia\n de cada acción o recurso y las posibles Interacciones\n entre ellas, cabe destacar que por haberse seguido en el Derecho\n Comunitario Andino el modelo europeo son concepto. que en aquel\n se transplantaron de éste. Por ello resulta útil\n traer a colación lo que al respecto enseña la doctrina\n europea: "El Tribunal de Justicia se ha mostrado especialmente\n susceptible de garantizar el respeto a las peculiaridades, propias\n de cada recurso, según su configuración normativa\n específica, su función y sus condiciones de acceso,\n pues otra cosa podría «atentar a la estabilidad\n del sistema» judicial comunitario (Sentencia Comisión\n c. Bélgica, de 12 de octubre de 1978).

\n\n

"Así se ha negado a admitir que una acción\n de responsabilidad contra la comunidad exija como condición\n de admisibilidad la previa anulación, o incluso el simple\n recurso para obtenerla, del acto que ha ocasionado el dalia (Sentencias\n Vloberghs, de 14 de julio de 1961; Luttlcke, de 28 de abril de\n 1971). Niega también la utilización por los particulares\n de los recursos por Incumplimiento de obligaciones de los Estados\n o por omisión de las competencias comunitarias (recursos\n a que los particulares no tienen acceso, como veremos) por el\n sistema de formular un recurso de anulación contra la\n negativa expresa o por silencio de las autoridades comunitarias\n a suplir esa supuesta omisión o contra su rechazo o poner\n en marcha el procedimiento de declaración de incumplimiento\n de un Estado, etc." (Tratado de Derecho Comunitario Europeo.\n Dirigido por Eduardo García de Enterría y otros.\n Tomo 1. Editorial Civitas SA. Madrid 1986. Página 671).

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"Corresponde al Tribunal declarar la nulidad de las Decisiones\n de la Comisión y de las Resoluciones de la Junta dictadas\n con violación de las normas que conforman el ordenamiento\n jurídico del Acuerdo de Cartagena, incluso por desviación\n de poder, cuando sean impugnadas por algún País\n Miembro, la Comisión, la Junta o las personas naturales\n o jurídicas en las condiciones previstas en el articulo\n 19 de este Tratado

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"Resulta por tanto de claridad meridiana que la finalidad\n de la acción de nulidad ejercitada contra una determinada\n disposición del ordenamiento jurídico andino, ea\n la tutela del mismo, a fin de que aquélla quede sin efecto\n por contrariar las normas superiores de derecho; sin que a ese\n respecto la norma transcrita precise otras condiciones restrictivas\n para el pronunciamiento del Tribuna! acerca de la decisión\n de la acción de nulidad interpuesta en tiempo hábil.

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"Esta acción, si bien subjetiva por lo que respecta\n a la legitimación para interponer/a, es en cambio, de\n carácter predominantemente objetivo en cuanto se encuentra\n consagrada en interés general a fin de que prevalezca\n la defensa de la legalidad abstracta de las normas de nivel superior\n sobre las normas y los actos de inferior categoría, y\n por ello en el sistema recursorio andino su ejercicio no persigue,\n cuando menos en forma directa, el restablecimiento de derechos\n particulares y concretos, sino, se repite. el imperio de la jerarquía\n normativa, característica de todo ordenamiento jurídico.

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"Por medio de dicha acción se garantiza el principio\n de legalidad que es consustancial a todo régimen jurídico\n y se institucionaliza y se asegura el respeto y la vigencia del\n principio de la jerarquía normativa. Dicha jerarquía,\n cuya base está constituida en las organizaciones estatales\n por la Constitución y en los ordenamientos comunitarios\n por los Tratados Fundacionales, se íntegra, además,\n con la variedad de actos regla, que en los diferentes grados\n u órdenes de competencia son expedidos por los órganos\n que cumplen las funciones estatales o comunitarias, en ejercicio\n de las competencias de que han sido investidos formal, funcional\n o materialmente.

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"En el contencioso comunitario andino de anulación\n el fallador debe limitarse a confrontar la norma objeto de la\n demanda con la disposición superior que se alega como\n vulnerada, puesto que la controversia se desenvuelve en torno\n a esos dos extremos, únicamente: la norma supuestamente\n transgredida y el acto imputado como transgresor. En el caso\n de que el Juez llegare a encontrar valedera la denuncia de disconformidad\n con la normatividad superior, deberá decretar pura y simplemente\n la anulación de la norma demandada sin agregar ninguna\n declaración indemnizatoria, así encuentre que ella\n ha producido perjuicios al accionante o a terceros. Por ello\n en contencioso comunitarío andino, la sentencia anulatoria\n es simplemente declarativa y no de condena.

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"Las características anotadas dan a esta acción\n comunitaria connotaciones emparentadas con las que en el derecho\n interno tienen las de nulidad: acción pública,\n de orden público y el encontrarse en ellas comprometido\n el interés general; todo lo cual determina que sea accesible\n a todos o a la mayor parte de los sujetos del ordenamiento jurídico\n correspondiente y que, por la finalidad que comporto - la intangibilidad\n de dicho ordenamiento - no resulte pasible de desistimiento o\n de transacción.

\n\n

 

\n\n

"En el Ordenamiento Jurídico Andino, la acción\n de nulidad ha sido diseñada, en efecto, con apego a la\n mayoría de las características anteriormente descritas,\n pero desde luego, señalándole algunas particularidades\n que aunque la singularizan, no llegan a desnaturalizar/a en su\n esencia. Encuentra además y como corresponde a su naturaleza\n un sólido soporte en el principio de legalidad que surge,\n principalmente, del conjunto normativo contenido en los artículos\n 1, 2, 3, 4y 5 del Tratado de Creación del Tribunal Andino\n de Justicia, los cuales regulan cuanto concierne a la definición,\n conformación, caracterización y jerarquización,\n del ordenamiento jurídico comunitario; y también\n le proporcionan ese apoyo, las normas que en el mismo Tratado\n han institucionalizado y regulado, como competencia de esta jurisdicción\n comunitaria, la función de darle trámite a las\n demandas en ellas sustentadas, ejercitadas por quienes han sido\n señalados como sus titulares, en los artículos\n 17, 18, 19, 20, 21 y 22.

\n\n

"Las aludidas especificidades pueden identificarse como\n la establecida caducidad de un año para su ejercicio y\n la limitación, en cuanto a los titulares de la acción,\n consistente en que si su ejercicio corre a cargo de personas\n particulares, a voces del artículo 19 del Tratado, deberán\n ellas demostrar para que la acción sea procedente, que\n las normas objeto de demanda "les sean aplicables y les\n causen perjuicio

\n\n

"También es del caso anotar como circunstancia\n diferenciadora la imposibilidad en que se encuentra de incoar\n esta acción los Países Miembros contra aquellas\n Decisiones de la Comisión que hubieren sido expedidas\n con su voto afirmativo.

\n\n

"Empero, como se dijo enantes, estas particularidades\n de la acción de nulidad en el ordenamiento comunitario\n andino no desnaturalizan la esencia objetiva de tal institución,\n por lo que no es impropio afirmar que las características\n fundamentales que se le atribuyen a tal acción en los\n regímenes jurídicos latinoamericanos y especialmente\n andinos, son válidas al definir su perfil en el ámbito\n de la Comunidad Andina de Naciones..." 2

\n\n

2.2.2. Acerca de la acción de Incumplimiento.

\n\n

También la acción de incumplimiento ha sido\n caracterizada en las sentencias del Tribunal para destacar no\n solo su autonomía e independencia con respecto a los otros\n recursos o acciones judiciales previstos en el ordenamiento jurídico\n andino sino también su diferente objetivo y sus particulares\n y específicos elementos. Recientemente el Tribunal hizo\n las siguientes precisiones acerca del tema:

\n\n

2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del\n 5 - XI - 99. Proceso 01 - AN - 96. En G.O.A.C. No. 520 de 20\n - XII - 99.

\n\n

"Esta acción, establecida y regulada en los artículos\n 23 a 27 del Tratado de Creación constituye el instrumento\n por excelencia, mediante el cual el Tribunal está llamado\n a vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por\n los Países Miembros de acatar y no obstaculizar la aplicación\n de las normas que constituyen el ordenamiento jurídico\n del Acuerdo de Cartagena.

\n\n

"Según lo que disponen las normas constitutivas\n citadas, el Tribunal puede conocer de la acción de incumplimiento\n a instancia de la Secretaria General o por iniciativa de los\n Países Miembros, mediante demanda que ante él propongan\n los correspondientes titulares.

\n\n

"Acerca de la naturaleza de esta acción dijo el\n Tribunal en la primera sentencia de este tipo dictada por él.

\n\n

"En cuanto hace a la naturaleza de la acción de\n incumplimiento, ésta es esencialmente contenciosa y la\n sentencia que de ella se derive no sólo es declarativa\n en el sentido de limitarse a la mero declaración de la\n existencia de un derecho o de una obligación, sino que\n también está llamada a imponer el cumplimiento\n de una prestación de hacer o de no hacer (Couture).

\n\n

Así se desprende claramente de lo dispuesto en el articulo\n 25 del Tratado de Creación del Tribunal, cuando establece\n que la sentencia de incumplimiento implica para el País\n cuya conducta ha sido objeto de reclamo, la obligación\n de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de\n la sentencia, dentro del plazo determinado de tres meses, a partir\n de su notificación " 3

\n\n

"Como presupuesto procesal de la acción de incumplimiento\n se establece la necesidad de agotar, ante la Secretaría\n General y también por porte de ésta, unos actos\n prejudiciales semejantes a los que constituyen el "agotamiento\n de la vía gubernativa" en los ordenamientos jurídicos\n nacionales. Tres son los pasos previos a la interposición\n de la demanda ante el Tribunal, bien sea que ésta la proponga\n la Secretaria General o bien que la formule alguno de los Países\n Miembros: Primero, la formulación de observaciones por\n escrito, hecha por la Secretaria General al País Miembro\n al que se imputo el incumplimiento (observaciones que se formulan\n de oficio, o por reclamo que presente un País Miembro\n o personas particulares). Segundo, la respuesta del país\n cuya conducta es objeto de las observaciones, la cual deberá\n realizarse dentro de un plazo que no excederá de dos meses.\n Y, tercero, la elaboración y emisión de un dictamen\n por la Secretaría General, el cual puede ser de incumplimiento,\n en el caso de que así resulte cuando el País Miembro\n inculpado no haya dado respuesta a las observaciones o que éstas\n no sean satisfactorias; o, correlativamente, de cumplimiento\n si las explicaciones rendidas así lo ameritan.

\n\n

"En efecto, con el objeto de garantizar al País\n Miembro inculpado el derecho de defensa, tanto en la etapa prejudicial\n ante la Secretaria General como en el proceso ante el Tribunal,\n la jurisprudencia de éste ha señalado que las razones\n fundamentatorias del incumplimiento que se impute al País\n Miembros tanto en la nota de observaciones como en el respectivo\n y posterior dictamen, guarden congruencia entre si y con la demanda\n que llegare a intentarse ante el Tribunal Andino para iniciar\n la subsiguiente vía judicial.

\n\n

Ha dicho...:

\n\n

"Para este Tribunal Andino basta con que a su juicio\n exista suficiente congruencia en los tres momentos procesales,\n para que así se esté asegurando la unidad del objeto\n de la acción y garantizando el derecho de defensa del\n país vinculado como sujeto pasivo a la controversia. 4".5

\n\n

2.2.2.1. El dictamen de la Secretaría General.

\n\n

El Tratado de Creación del Tribunal regula la acción\n de incumplimiento, como ya se dijo, en sus artículos 23\n a 31, normas que en lo pertinente destacan el carácter\n de etapa procedimental prejudicial del dictamen que debe ser\n emitido por la Secretaría General con respecto a la conducta\n asumida por el País Miembro señalado de no cumplir\n con sus obligaciones comunitarias. Vale decir, se reitera, que\n tales normas consideran que el dictamen es o constituye una actuación\n necesaria e indispensable dentro del proceso a que da origen\n el incumplimiento. Para mayor claridad y facilidad en el entendimiento\n de la glosa, se insertan a continuación los párrafos\n que en las normas antes citadas hacen referencia al tema del\n dictamen:

\n\n

"Articulo 23. - ... Recibida la respuesta o vencido e/plazo,\n la Secretaría General, de conformidad con su reglamento\n y dentro de los quince días siguientes, emitirá\n un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones,\n el cual deberá ser motivado.

\n\n

"Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País\n Miembro persistiere en la conducta que ha sido objeto de observaciones,\n la Secretaría General deberá solicitar, a la brevedad\n posible, el pronunciamiento del Tribunal. El País Miembro\n afectado podrá adherírse a la acción de\n la Secretaria General

\n\n

"Artículo 24. - ... Recibida la respuesta o vencido\n el plazo sin que se hubieren obtenido resultados positivos, la\n Secretaría General, de conformidad con su reglamento y\n dentro de los quince días siguientes; emitirá un\n dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones,\n el cual deberá ser motivado.

\n\n

3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del\n 30 - X - 96. Proceso 01 - AI - 96. En G.O.A.C. No. 423 de 31\n - III - 99.

\n\n

4 Ibídem.

\n\n

5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del\n 12 - XI - 99. Proceso 7 - AI - 99. En G.O.A.C. No. 520 de 20\n - XII - 99.

\n\n

"Si el dictamen fuere de incumplimiento y el País\n Miembro requerido persistiere en la conducta objeto del reclamo,\n la Secretaría General deberá solicitar el pronunciamiento\n del Tribunal. Si la Secretaria General no intentare la acción\n dentro de los sesenta días siguientes de emitido el dictamen,\n el país reclamante podrá acudir directamente al\n Tribunal.

\n\n

"Si la Secretaria General no emitiere su dictamen dentro\n de los setenta y cinco días siguientes a la fecha de presentación\n del reclamo o el dictamen no fuere de incumplimiento, el país\n reclamante podrá acudir directamente al Tribunal

\n\n

La Secretaría General de la Comunidad Andina cumple,\n según los tratados fundacionales, a más de su papel\n de órgano ejecutivo de ésta, otras funciones dirigidas\n a desarrollar el proceso integracionista, entre las que se destaca\n la atinente a velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas\n por los países miembros.

\n\n

En ejercicio de tales funciones la Secretaria General expide\n actos jurídicos de distinta naturaleza y alcance, que\n generalmente plasma en resoluciones. Algunos de ellos, por desarrollar\n en primer grado los tratados fundacionales, como sucede, por\n ejemplo, con los que derivan de la aplicación de los artículos\n 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena, tienen similares características\n a los instrumentos legislativos (Decisiones); otros, en cambio,\n reflejan la manifestación de voluntad del organismo respecto\n de la ejecución o la operación de alguno de los\n asuntos relacionados con la administración y otros, en\n fin, están destinados a colaborar con el Tribunal de Justicia\n en la tarea de aplicación del derecho comunitario, como\n son los relacionados con la capacidad para instaurar acciones\n judiciales ante él o con el deber de emitir dictámenes\n respecto del cumplimiento de las obligaciones contraídas\n por los países miembros,

\n\n

Los dictámenes, que son las actuaciones de la Secretaria\n General cuya naturaleza y fines conviene ahora dilucidar y diferenciar,\n persiguen objetivos propios y cumplen una función específica\n dentro del procedimiento jurisdiccional que tiende a definir\n si un País Miembro ha incurrido en un incumplimiento que\n deba ser judicialmente sancionado.

\n\n

En esencia, desde el punto de vista sustancial, tales dictámenes,\n emitidos dentro del procedimiento establecido para adelantar\n la acción de incumplimiento, no son otra cosa que opiniones\n autorizadas, conceptos técnicos, experticias, que se constituyen\n por mandato del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia\n de la Comunidad Andina en presupuestos procesales para que la\n acción de incumplimiento pueda ser llevada ante la instancia\n judicial.

\n\n

Aunque no obligan ni son vinculantes con respecto a la decisión\n del Juez comunitario. deben ser emitidos como una obligación\n de la Secretaria General y como un requisito sin el cual, la\n acción, por lo general, no puede ser establecida.

\n\n

El vocablo dictamen es definido por diferentes diccionarios,\n enciclopedias y tratadistas, destacando siempre el significado\n de "opinión razonada" y la característica\n de conocimiento especial de tipo técnico o de autoridad\n de quien lo emite, tal como se evidencia de las siguientes transcripciones,\n entre muchas que pudieran traerse a colación:

\n\n

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española\n define Dictamen como "opinión y juicio que se formo\n o emite sobre una cosa".

\n\n

Para Guillermo CABANELLAS, Dictamen es: "Opinión,\n consejo ajuicio que en determinados asuntos debe oírse\n por los tribunales, corporaciones y autoridades. También\n se llama así al informe u opinión verbal o por\n escrito que expone un letrado, a petición del cliente,\n acerca de un problema jurídico o sometido a su consideración.\n Puede decirse que el dictamen constituye la respuesta técnica\n a la consulta del interesado" y Dictaminar es: "Dar\n o pronunciar un dictamen. Evacuar una consulta. Informar con\n conocimiento especial y autoridad sobre un problema, asunto o\n cuestión. "6

\n\n

MASCAREÑAS en su NUEVA ENCICLOPEDIA JURIDICA define\n Dictamen como: "Opinión razonada que, en forma más\n o menos solemne, emiten los técnicos en asuntos sometidos\n a su consideración" 7

\n\n

Para el procesalista Hernando DEVIS ECHANDIA el Dictamen es,\n dentro del procedimiento judicial: "medio de prueba... que\n proporciona al juez elementos de convicción sobre la realidad\n de los hechos que interesan al proceso, los mismos que el testimonio\n de terceros, la confesión y los documentos". 8

\n\n

En el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, fuente\n nutricia del que desarrolla el Tratado Fundacional del Tribunal\n Andino de Justicia y por consiguiente paradigma de las regulaciones\n sobre la acción de incumplimiento, se tiene que el dictamen\n debe ser emitido por la Comisión cuando estimare que un\n Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben\n en virtud del Tratado y que éste debe ser motivado, después\n de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar\n sus observaciones (artículo 169). El dictamen según\n lo ha destacado el Tribunal de Justicia Europeo debe motivarse\n con "una exposición coherente y detallada de las\n razones que le han llevado al convencimiento de que el Estado\n ha faltado a una de sus obligaciones" (STJCE de 19.12.61.\n Comisión contra Italia). 9

\n\n

El artículo 189 del referido Tratado dispone que "para\n el cumplimiento de su misión, el Parlamento Europeo y\n el Consejo conjuntamente, el Consejo y la Comisión adoptarán\n reglamentos y directivas tomarán decisiones y formularán\n recomendaciones o emitirán dictámenes, en las condiciones

\n\n

6 CABANELLAS Guillermo. Diccionario enciclopédico de\n Derecho Usual. Tomo III. Editorial Heliasta. 1981. Buenos Aires.

\n\n

7 MASCAREÑAS Carlos E. Nueva Enciclopedia Jurídica.\n Tomo VII Preparado por Buenaventura PeilIsé Prata. Barcelona.\n Editorial Francisco Seix, S.A, 1980.

\n\n

8 DEVIS ECHANDIA, Hermando. Compendio de Derecho Procesal.\n Tomo II, Pruebas Judiciales. Séptima edición. Editorial\n ABC. Bogotá. 1982. Página 340.

\n\n

9 Tomado de Derecho Comunitario Europeo. Legislación.
\n Editorial McGraw - Hill. Madrid. 1996. Página 167.

\n\n

previstas en el presente Tratado", aclarando en su inciso\n final que "las recomendaciones y los dictámenes no\n serán vinculantes", con lo cual excluye este tipo\n de actos de cualquier posibilidad de enjuiciamiento ante el Tribunal\n de manera independiente.

\n\n

Posibilidad que expresamente había sido negada por\n el artículo 173 el cual expresa que el Tribunal de Justicia\n controlará la legalidad de los actos (...) que no sean\n recomendaciones o dictámenes.

\n\n

Lo anterior por cuanto, según expresión unánime\n de la doctrina y la jurisprudencia, al Dictamen se recurre "para\n expresar una opinión y a la Recomendación para\n invitar a los Estados y a los particulares a adoptar una conducta\n determinada". 10

\n\n

El anterior criterio respecto de la inimpugnabilidad de los\n dictámenes por la vía de la acción de nulidad\n es acogido plenamente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad\n Europea, el cual al respecto ha expresado:

\n\n

"38. Considerando que, según los términos\n del articulo 173, corresponde al Tribunal controlar la legalidad"\n de los actos del Consejo.., que no sean recomendaciones o dictámenes";

\n\n

"39. Que, al excluir del recurso de anulación\n abierto a los Estados Miembros y a las instituciones solo la.,\n "recomendaciones o dictámenes - que carecen de efecto\n obligatorio según el articulo 189 párrafo final\n - , el articulo 173 contempla como acto susceptible de recurso\n todas las disposiciones adoptadas por las instituciones que produzcan\n efectos jurídicos" (STJCE de 31.3.1971, asunto AETR).\n " 11

\n\n

2.3. Improcedencia de la acción de nulidad sobre las\n resoluciones en que la Secretaría General incorpora los\n dictámenes de incumplimiento.

\n\n

En los anteriores acápites el Tribunal ha hecho un\n análisis de la autonomía e independencia de las\n acciones o recursos que ante el mismo pueden establecerse, y\n particularmente en cuanto a la acción de incumplimiento\n se refiere ha destacado el rol que cumplen los dictámenes\n de la Secretaria General como presupuestos procesales de dicha\n acción, conceptualizándolos a la luz de lo que\n sobre ellos disponen las normas comunitarias andinas como las\n comunitarias europeas de las cuales proviene este instituto jurídico.\n Así mismo ha tratado de mostrar como tales dictámenes,\n independientemente de la forma en que se materialicen, son, por\n lo menos en el derecho comunitario europeo, actos no vinculantes,\n no pasibles de discusión judicial, por vía de anulación,\n ante los jueces comunitarios.

\n\n

Para abundar en la argumentación acerca de las razones\n por las cuales los dictámenes de la Comisión Europea\n (equivalentes a los de la Secretaria General Andina) no se consideran\n actos sujetos al recurso de anulación se transcribe lo\n que se dijo en sentencia de 11 de noviembre de 1981 por el Tribunal\n de Justicia de la Comunidad Europea:

\n\n

"Por otra parte, hay que tener en cuenta que si las medidas\n de carácter puramente preparatorio no pueden, como tales,\n ser objeto de un recurso de anulación, las ilegalidades\n eventuales que las pudieran afectar podrían invocarse\n en apoyo de un recurso dirigido contra el acto definitivo del\n que constituyan una fase de elaboración ". 12

\n\n

En el derecho comunitario andino y concretamente en la regulación\n que hace de la acción de incumplimiento el Tratado de\n Creación del Tribunal de Justicia, aparece nítidamente\n marcada esta característica de acto preparatorio o acto\n intermedio de los dictámenes que emite la Secretaria General.\n Así ellos se plasmen en una resolución, son actos\n que no ponen fin a una actuación administrativa ni hacen\n imposible su continuación, ni tampoco contienen una manifestación\n de voluntad del organismo emitente, razón ésta\n que los asemeja más a los actos preparatorios o actos\n intermedios, que por definición no son susceptibles de\n discusión judicial independiente.

\n\n

Aplicados los anteriores criterios al caso subexamine resulta\n claro para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que\n los dictámenes emitidos por la Secretaría General\n no son susceptibles de acciones de nulidad tendientes a que el\n Juez comunitario defina acerca de su legalidad, toda vez que\n tanto por su naturaleza como por los objetivos que persigue dicho\n instituto jurídico, deben ser apreciados por la instancia\n judicial únicamente dentro del correspondiente juicio\n derivado de la acción de incumplimiento que ante ella\n se ventile. El País Miembro afectado por el dictamen de\n incumplimiento, o en su caso el particular interesado, tienen\n siempre la oportunidad procesal de discutir, cuestionar y oponerse\n al dictamen de incumplimiento emitido por la Secretaría\n General alegando ante el Tribunal dentro del proceso que se adelante\n con ocasión de la acción de incumplimiento tanto\n inconformidades por razones de forma como por motivos materiales\n o de fondo. Igualmente es obligación del Tribunal cuando\n quiera que deba apreciar un dictamen de incumplimiento realizar,\n con base en las reglas de la sana crítica y de los poderes\n del Juez, un análisis profundo del mismo, para determinar\n si lo acoge o lo desestima.

\n\n

Si bien en el ordenamiento jurídico andino no existe\n una disposición expresa como la contenida en el artículo\n 173 del Tratado de la Comunidad Económica Europea que\n excluya de la acción de nulidad los dictámenes\n de la Secretaria General, ello se deduce de una manera lógica\n e incontrastable tanto de la naturaleza jurídica de ellos,\n según lo que se ha expuesto, como de los objetivos que\n persiguen y de la condición procesal que ostentan dentro\n de la regulación que el Tratado de Creación del\n Tribunal consagra para la acción de incumplimiento.

\n\n

10 Ibídem. Página 187.
\n 11 Ibídem, página 641.
\n 12 Tomado de Revista de instituciones europeas. Centro de estudios\n constitucionales. Madrid - España, Volumen X, año\n 1983, número 1, página 253.

\n\n

Como consecuencia de lo anterior el Tribunal, modificando\n anteriores posiciones que lo llevaron a admitir demandas en acciones\n de nulidad contra dictámenes emitidos por la Secretaría\n General, la presente entre ellas, se abstiene de fallar en el\n fondo la cuestión debatida y dará por terminado\n el presente proceso declarando que el acto sobre el cual versa\n la demanda no es susceptible de demanda en acción de nulidad.

\n\n

Por lo expuesto:

\n\n

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en ejercicio\n de las competencias que se le atribuyen en el Tratado de su Creación\n (Decisión 472).

\n\n

Decide:

\n\n

1. Declarar improcedente la acción de nulidad intentada\n por la COMPAÑIA NEW YORKER SA. contra las resoluciones\n 171 y 210 de la Secretaría General de la Comunidad Andina\n por medio de las cuales se emitió dictamen de incumplimiento\n contra la República del Ecuador.

\n\n

2. Ordenar el archivo de las presentes diligencias sin que\n haya lugar a condena en costas.

\n\n

Léase la presente sentencia en audiencia pública,\n previa convocatoria de las partes, según lo dispuesto\n por el artículo 57 del Estatuto del Tribunal.

\n\n

Remítase a la Secretaria General copia certificada\n de esta sentencia para su publicación en la Gaceta Oficial\n del Acuerdo

 

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