Registro Oficial

Registro Oficial. 27 de JUNIO del 2000

Martes, 27 de junio de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE JUNIO DEL 2000
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
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Martes 27 de Junio del 2000

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REGISTRO OFICIAL No. 107

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

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FUNCION\n EJECUTIVA
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\n RESOLUCIONES:
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\n MINISTERIO DEL AMBIENTE:
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09.\n Apruébase el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de\n Manejo Ambiental del proyecto "Canal de Riego Tabacundo"\n correspondiente a la fase de intervención al interior\n de la reserva ecológica Cayamhe-Coca.
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CORPORACION\n ADUANERA ECUATORIANA:
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-\n Deléganse atribuciones al señor Jorge Luis\n Rosales Medina, Supervisor encargado del Departamento de Exportaciones.
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FUNCION\n JUDICIAL:
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\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL:

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\n Recursos de casación en los juicios laborales seguidos\n por las siguientes personas:
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\n 328-99 Manuel Ortega Arciniega\n en contra del Consejo Provincial de Imbabura.
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\n 335-99 Hugo Germánico\n Cruz en contra del IESS.
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\n 352-99 José Gabriel\n Ramos Suárez en contra de la Dirección Nacional\n del Servicio de Aduanas.
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\n 353-99 José Alberto\n Cañarte Quimiz en contra de la Dirección Nacional\n de Servicio Aduanero.
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\n 359-99 Lauro Alejandro Encalada Alvarado en\n contra de la I. Municipalidad de Guayaquil.
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\n 381-99 Mariana de Jesús\n Calderón Rodríguez en contra de la empresa Ecuatoriana\n de Cerámica C.A. y otro.
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\n 408-99 Segundo Reinoso Pazmiño\n en contra del IESS.
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\n 04-2000 Luis Alfredo Morocho\n Ortiz en contra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
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\n 06-2000 Eleodoro Guarango\n Guamán en contra de Ecuatoriana de Cerámica C.A.\n y otro.
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\n 19-2000 Mario Ramiro Soto\n Aliaga en contra del Municipio de Loja.
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\n 26-2000 Cruz María\n Alvarado Márquez en contra de la compañía\n Azucarera Valdez S.A.
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\n 31-2000 Medardo Herrera Santana\n en contra de Eternit Ecuatoriana S.A. y otros.
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\n 39-2000 José Enrique\n Durán en contra de Eternit Ecuatoriana S.A.
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\n 45-2000 Clotilde Lucila Jaramillo\n Moscoso en contra del Banco Central del Ecuador.
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\n 50-2000 Francisco Jerónimo\n Roca Chávez en contra de la empresa Jacob Vera Cía.\n Ltda.
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\n 53-2000 Walter Manuel Palma\n Alvarado en contra del Banco del Pichincha C.A.
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\n 76-2000 Héctor Luciano\n Suárez Delgado en contra de la I. Municipalidad de Guayaquil.\n
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\n 98-2000 César Agustín\n Valdiviezo en contra de Ecuatoriana de Cerámica C.A. y\n otro.
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\n 105-2000 Patricio Fabián\n Peñaherrera Sánchez en contra de la Universidad\n Internacional "SEK"
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\n 107-2000 Jaime Aníbal\n Chávez Pazos en contra de EMETEL-Cuenca.
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\n 113-2000 Lauro Obermán\n Molina Giler en contra del Ministerio de Obras Públicas\n y Comunicaciones.
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No. 09

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Rodolfo Rendón B.
\n MINISTRO DEL AMBIENTE

\n\n

Considerando:

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Que la revisión del primer borrador del Estudio de\n Impacto Ambiental del proyecto "Canal de Riego Tabacundo"\n presentado por la Cia. Andrade Gutiérrez, ha significado\n que el Ministerio del Ambiente, mediante oficio No. 2098 - MMA\n del 12 de agosto de 1999, identifique al H. Consejo Provincial\n de Pichincha en tanto entidad responsable de la presentación,\n aplicación y ejecución del Estudio de Impacto Ambiental\n (EIA) y Plan de Manejo Ambiental (PMA) definitivos del proyecto\n Canal de Riego Tabacundo";

\n\n

Que mediante oficio No. 2954 - MA, el Ministerio del Ambiente\n ha remitido al H. Consejo Provincial de Pichincha las observaciones\n fundamentales y criterios de estructuración del Estudio\n de Impacto Ambiental presentado, al tiempo que ha facultado al\n Consejo Provincial de Pichincha para presentar el EIA y PMA en\n dos fases: la primera para las actividades del proyecto dentro\n de la reserva ecológica Cayambe - Coca y la segunda para\n las actividades del proyecto fuera de ella;

\n\n

Que de manera conjunta y consensuada, con representantes del\n H. Consejo Provincial de Pichincha, de la Cía. Andrade\n Gutiérrez, de la Cía. Consultora contratada y del\n Ministerio del Ambiente se han elaborado los términos\n de referencia que han guiado la elaboración del EIA y\n PMA del proyecto;

\n\n

Que las direcciones de Areas Naturales y Vida Silvestre y\n de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente han analizado\n y evaluado el EIA y PMA definitivos para el proyecto cuyas actividades\n se ejecutarán dentro de la reserva ecológica Cayambe\n - Coca, presentado a ésta cartera de Estado mediante oficio\n del H. Consejo Provincial de Pichincha No. 76 - SP del 11 de\n abril del 2000;

\n\n

Que en reunión mantenida con las partes involucradas\n el día 22 de mayo del 2000, se discutió las observaciones\n al EIA y PMA y se conformó la comisión de monitoreo\n para el seguimiento y control de la ejecución de las medidas\n ambientales propuestas en el Plan de Manejo Ambiental;

\n\n

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo\n 88 de la Constitución Política del Estado Ecuatoriano\n y en los Arts. 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental,\n se realizó la consulta pública del EIA y PMA el\n día 1 de junio del 2000 en las instalaciones del campamento\n de la empresa Andrade Gutiérrez, del cantón Pedro\n Moncayo, provincia de Pichincha, ante los actores sociales más\n relevantes del área de influencia del proyecto; y,

\n\n

En ejercicio de sus facultades legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1. - Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de\n Manejo Ambiental del proyecto "Canal de Riego Tabacundo"\n correspondiente a la fase de intervención al interior\n de la reserva ecológica Cayambe - Coca y consecuentemente,\n otorgar la licencia ambiental respectiva para el inicio de la\n actividad propuesta en el proyecto, de acuerdo con lo que establece\n el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental.\n Esta aprobación está condicionada a la incorporación\n en el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental\n de las siguientes observaciones y requerimientos:

\n\n

1.1 Ampliación de toda la información cartográfica\n presentada en el EIA, digitalizada, impresa en tamaño\n A3 como mínimo y en escala 1:25000.

\n\n

1.2 Mantener el ancho de apertura de las vías en 10\n metros únicamente para el área de la presa y la\n escombrera y reducir la intervención a 5 metros en aquellos\n caminos que conducirán a las captaciones.

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1.3 Programar desde el inicio del proyecto la generación\n continua y permanente de la información hidrológica\n de los cursos hídricos que forman parte del proyecto a\n fin de actualizar la información que fuera presentada\n en el EIA. El Ministerio del Ambiente determinará los\n caudales ecológicos estacionales que deberán permanecer\n remanentes durante la operación del proyecto.

\n\n

1.4 Determinar a través de la comisión de monitoreo,\n las acciones relacionadas con la extracción de la vegetación\n que estará sumergida en el embalse a fin de precautelar\n la calidad del agua que será distribuida por el canal\n de riego.

\n\n

1.5 Incorporar en los planteamientos de concientización\n y capacitación propuestos en el Plan de Manejo Ambiental\n del proyecto, la política ministerial de conciencia ambiental\n hacia el cuidado del recurso agua proveniente de una reserva\n ecológica.

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1.6 Destacar el rol del Ministerio del Ambiente en relación\n con su facultad reguladora y controladora de la gestión\n ambiental y no ejecutora del proyecto.

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1.7 Elaborar y suscribir el convenio de cooperación\n orientado a establecer las acciones y acuerdos sobre la intervención\n del proyecto en la reserva ecológica Cayambe - Coca durante\n las etapas de construcción y operación del proyecto.

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Art. 2. - Señalar la obligatoriedad que tiene el H.\n Consejo Provincial de Pichincha, a través de su representante\n legal, sus contratistas o subcontratistas, de cumplir a cabalidad\n con las acciones que han sido establecidas en el respectivo Plan\n de Manejo Ambiental durante las etapas de construcción,\n operación y mantenimiento del proyecto, así como\n del cumplimiento de las regulaciones ambientales nacionales y\n locales existentes.

\n\n

Art. 3. - Apoyar a la gestión ambiental planificada\n y ejecutada por esta Secretaría de Estado, en especial\n a lo relacionado con el proceso de control y seguimiento ambiental\n que se de a la ejecución, operación y mantenimiento\n del proyecto.

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Art. 4. - Otorgar un plazo máximo de 90 días\n a partir de la presente fecha, para la presentación del\n Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la\n segunda fase de intervención en el área fuera de\n la reserva ecológica Cayambe - Coca.

\n\n

Art. 5. - De la aplicación de esta resolución\n se encarga al Director Ejecutivo y al Director de Calidad Ambiental\n de este Ministerio.

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Comuníquese y publíquese. - Dado en Quito, a\n los 5 días del mes de junio del dos mil.

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f.) Rodolfo Rendón B., Ministro del Ambiente.

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LA GERENCIA\n DEL PRIMER DISTRITO DE LA CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

\n\n

Considerando:

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1. Que, de acuerdo a lo que establece el Art. 35 de la Ley\n de Modernización del Estado se dispone que "...las\n entidades del sector público establecidas en el Art. 128\n de la Constitución Política de la República\n y los organismos a que se refieren los artículos 116,\n 117 y 118 de la misma, en virtud de lo dispuesto en su artículo\n 121 y en este ley, y sin perjuicio de lo que dispongan sus leyes\n constitutivas o las que rijan sus actividades deberán\n a través de sus máximos personeros y cuando la\n importancia económica y/o geográfica de la zona\n así lo amerite, dictar los acuerdos o resoluciones que\n sean necesarias para delegar sus atribuciones. En estos acuerdos\n o resoluciones se establecerá el ámbito geográfico\n donde los funcionarios delegados ejerzan sus atribuciones".

\n\n

Con la nueva codificación de la Constitución\n Política de la República, las entidades del sector\n público anteriormente mencionadas en el Art. 128, están\n detalladas en el actual Art. 118, el mismo que en su numeral\n 5 dispone: "Los organismos y entidades creados por la Constitución\n o por la Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la\n prestación de servicios públicos o para desarrollar\n actividades económicas asumidas por el Estado".

\n\n

2. Que, de acuerdo a lo que establece el Art. 104 de la Ley\n Orgánica de Aduanas, la Corporación Aduanera Ecuatoriana\n es una persona jurídica de derecho público, creada\n por Ley de la República, para llevar a cabo la planificación\n y ejecución de la política aduanera del país,\n actividad económica de gran importancia para el Estado,\n por lo cual está clasificada dentro de las entidades señaladas\n en el numeral 5 del Art. 118 de la Constitución Política\n del Ecuador.

\n\n

3. El Art. 58 del estatuto jurídico administrativo\n de la función ejecutiva, señala la responsabilidad\n del delegado respecto de los actos que celebre amparado en esta\n delegación, terna de gran importancia para la resolución\n que se adopta.

\n\n

Art. 58. - "Cuando las resoluciones administrativas se\n adopten por delegación, se hará constar expresamente\n esta circunstancia y se considerarán dictadas por la autoridad\n delegante, siendo la responsabilidad del delegado que actúa".

\n\n

4. Cabe indicar que pese á que el Art. 253 del reglamento\n a la Ley Orgánica de Aduanas dispone la competencia administrativa\n aduanera es privativa, irrenunciable e indelegable...";\n esto no impide que se realice la delegación de atribuciones\n operativas y administrativas entre los órganos de superior\n a inferior jerarquía dentro de la misma Corporación\n Aduanera Ecuatoriana.

\n\n

5. El artículo 31 de la Unidad de Operaciones, del\n Reglamento de Personal de la Corporación Aduanera Ecuatoriana,\n señala las funciones y atribuciones del Departamento de\n Exportaciones de la Corporación Aduanera Ecuatoriana.

\n\n

6. El Art. 114 de la Ley Orgánica de Aduana, señala\n en su literal e) que son atribuciones del Gerente Distrital:\n "Sancionar de acuerdo a esta Ley los casos de contravención\n y faltas reglamentarias".

\n\n

Con estos antecedentes, y por no existir disposición\n legal expresa que prohiba la delegación de atribuciones\n en materia aduanera, la Gerencia del Primer Distrito de Aduana,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Delegar las atribuciones contenidas en el Art. 114, literal\n e) de la Ley Orgánica de Aduana, al señor Jorge\n Luis Rosales Medina, Supervisor encargado del Departamento de\n Exportaciones.

\n\n

Sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Guayaquil, 30 de mayo del 2000. - Comuníquese y publíquese.

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Atentamente.

\n\n

f.) Carlos Huerta Hicks, Gerente I Distrito de Aduanas, (E).

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N°\n 328 ­ 99

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ACTOR: Manuel Ortega Arciniega
\n DEMANDADO: Consejo Provincial de Imbabura.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, a 23 de mayo del 2000; a las 11h00.

\n\n

VISTOS: Manuel Ortega Arciniega, interpone recurso de casación\n de la sentencia dictada por la Segunda Sala de la H. Corte Superior\n de Justicia de Ibarra, que confirma el fallo de primer nivel,\n desechando la demanda, dentro del juicio que por reclamaciones\n de índole laboral sigue en contra del Consejo Provincial\n de Imbabura, en las personas de sus representantes legales. Cumplido\n el trámite respectivo, la causa se encuentra en estado\n de dictar resolución y para hacerlo se considera: PRIMERO.\n - Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso\n en mención, en virtud de lo prescrito en el Art. 200 de\n la Constitución Política de la República,\n publicada en el Registro Oficial N0 1 de 11 de agosto de 1998\n y Arts. 1 y 2 de la Ley de Casación, así como por\n el sorteo legal practicado, cuya razón obra de autos.\n SEGUNDO. - Fundamenta su recurso en las causales 1ª y 3ª\n del Art. 3 de la Ley de Casación. Asevera el recurrente,\n que se han violado las siguientes normas de derecho: numerales\n 3, 4 y 6 del Art. 35 de la Constitución Política\n de la República Arts 1, 5, 7, 188, inciso 6to. y 221 del\n Código del Trabajo. En síntesis, manifiesta que\n la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, se aparta tanto\n de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba, así como de los preceptos constitucionales\n de derecho social, intangibilidad, irrenunciabilidad, y de las\n disposiciones legales aplicables en caso de duda, en el sentido\n más favorable a los trabajadores, lesionando y desconociendo\n sus derechos laborales, en especial o referente a la jubilación\n patronal. TERCERO. - Realizada la confrontación que corresponde\n de la sentencia recurrida con el escrito de interposición\n del recurso constante a fs. 3, del cuaderno de segunda instancia\n y luego del estudio y análisis del proceso, la Sala procede\n a realizar las siguientes observaciones: a) No existe discusión\n alguna con, respecto a la relación jurídico - laboral\n existente entre las partes, ya que la misma se encuentra debidamente\n justificada en autos. b) El actor en su libelo inicial manifiesta\n que el 23 de enero de 1971 entró a prestar sus servicios\n lícitos y personales bajo la dependencia del Consejo Provincial\n de Imbabura, representado por el Prefecto Provincial y el Procurador\n Síndico, hasta el 27 de octubre de 1995, fecha en la cual\n ha sido presionado por su empleador a fin de que presentara su\n renuncia voluntaria, y así tener derecho a la liquidación\n de acuerdo con la Ley de Modernización del Estado. Aduce\n que el acta transaccional de finiquito celebrada ante el Inspector\n de Trabajo, no toma en consideración la jubilación\n patronal a que tiene derecho. c) De fs 19 a fs. 20, de los autos\n de primer nivel, aparece el acta transaccional de finiquito celebrada\n el 8 de noviembre de 1995, ante el Inspector del Trabajo de Imbabura,\n de donde se infiere que se cumple con lo estipulado en el Art.\n 592 del Código del Trabajo en vigencia, por lo que no\n existe violación de esta disposición legal. La\n liquidación es realizada de manera pormenorizada, pues\n en la cláusula primera de dicho instrumento, consta que\n la relación laboral entre las partes terminó de\n conformidad con la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones\n y Prestación de Servicios Públicos por parte de\n la iniciativa privada y su reglamento, en relación con\n el numeral 2do., del Art. 169 del Código del Trabajo;\n en consecuencia, no se ha producido despido intempestivo y menos\n aun se ha logrado desvirtuar la validez del acta transaccional\n de finiquito. d) El inciso 7mo. del Art. 188 del Código\n del Trabajo, y no como erróneamente afirma el accionante\n en su escrito de interposición del recurso de casación,\n (inciso 6to.), dice - "...En el caso del trabajador que\n hubiere cumplido veinte años, y menos de veinte y cinco\n años de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente\n tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación\n patronal, de acuerdo con las normas de este Código...".\n De la norma citada, cuyo primer inciso sienta como base legal\n al despido intempestivo, se concluye que tal derecho es únicamente\n para los trabajadores que han sido despedidos intempestivamente,\n y que en el presente caso que se juzga, no ha sucedido así,\n por lo que no procede el pago de la parte proporcional de la\n jubilación patronal reclamada por el accionante; por lo\n tanto, no existe violación de los Arts. 188 y 221 del\n Código del Trabajo y menos aun de las normas de carácter\n constitucional y legal pronunciadas por el accionante, las que\n en la mayor parte se refieren a los principios peculiares del\n derecho laboral. CUARTO. - En mérito de lo expuesto, se\n concluye que el Tribunal de Alzada al dictar el fallo recurrido\n observó las disposiciones constitucionales y legales,\n no existiendo por lo mismo aplicación indebida o errónea\n interpretación de las normas de derecho o de los preceptos\n jurídicos aplicables a la valoración de la prueba\n que hubieran influido en la decisión de la causa. QUINTO.\n - Por las consideraciones expuestas, esta Tercera Sala de lo\n Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n desecha el recurso de casación interpuesto por el actor\n y confirma en todas sus partes el fallo recurrido. Notifiquese\n y devuélvase. Cúmplase con lo dispuesto en el Art.\n 19 de la Ley de Casación.

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Fdo.) Dres. Nicolás Castro Patiño, Jorge Ramírez\n Alvarez y Angel Lescano Fiallo, Ministros Jueces.

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Certifico. - f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

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Certifico que es fiel copia del original. - Quito, 12 de junio\n del 2000.

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f) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

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N°\n 335 - 99

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ACTOR: Hugo Germánico Cruz.
\n DEMANDADO: El IESS.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA\n DE LO LABORAL Y SOCIAL

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Quito, a 3 de abril del 2000; a las\n 09h30.

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VISTOS: En el juicio que por reclamaciones laborales sigue\n Hugo Germánico Cruz en contra del Instituto Ecuatoriano\n de Seguridad Social, la parte actora inconforme con la sentencia\n dictada por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Quito, que revoca la sentencia dictada en primer nivel que\n declaró con lugar la demanda, interpone recurso de casación.\n Admitido a trámite el recurso, elevados los autos a esta\n Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia,\n en virtud del sorteo de ley y encontrándose la causa en\n estado de resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO. - Esta\n Sala es competente para conocer y decidir el recurso en cuestión,\n en razón de lo previsto por el Art. 200 de la Constitución\n Política de la República, publicada en el Registro\n Oficial N0 1 del 11 de agosto de 1998 y el Art. 1 de la Ley de\n Casación. SEGUNDO. - El recurrente censura y ataca la\n sentencia afirmando que el Tribunal de Apelación al dictar\n dicho fallo infringe las siguientes normas de derecho: Art. 49,\n literal l) (actual 35, numeral 9 inciso final) de la Constitución\n Política de la República, publicada en el Registro\n Oficial N0 1 de 11 de agosto de 1998, Disposición Transitoria\n Tercera de la Ley de Modernización del Estado; Art. 1588\n del Código Civil: Arts. 1, 4 y 5 del Primer Contrato Colectivo\n de Trabajo; 1, 4 y 5 del Cuarto Contrato Colectivo de Trabajo;\n Art. 8 del Primer Contrato Colectivo Unico a nivel nacional;\n Art. 71 literal a) del Segundo Contrato Colectivo Unico a nivel\n nacional; Arts. 22, 250 y 1497 del Código del Trabajo;\n Art. 31, literales a), c), ch) y d) de la Constitución\n Política del Estado vigente al momento que fue despedido:\n y Art. 119 del Código de Procedimiento Civil. Fundamenta\n su recurso en las causales 1ra., 2da. y 3ra. del Art. 3 de la\n Ley de Casación. En síntesis dice el recurrente\n que el competente para conocer de la causa es el Juez del Trabajo,\n ya que es el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social\n quien afirma que el accionante ingresó a trabajar bajo\n el régimen laboral, pues en la inspección judicial\n llevada a efecto fue la demandada quien presentó documentos\n que demuestran fehacientemente que el actor goza de los beneficios\n del contrato colectivo de trabajo hasta el momento mismo en que\n fue despedido. Agrega que en ninguno de los contratos colectivos\n de trabajo consta que tal o cual grupo de trabajadores que corresponde\n al rango del actor está fuera del contrato colectivo y\n que por el contrario el Art. 9 del Primer Contrato Colectivo\n trata de la promoción y estabilidad de los trabajadores\n del IESS, ésta que tiene intima relación con lo\n que consta del proceso y concretamente con el Cuarto Contrato\n Colectivo de Trabajo que en su Art. 53 se refiere a la promoción\n de los servidores de carrera, lo que evidentemente demuestra\n que estuvo amparado por el Código del Trabajo y por ende\n del contrato colectivo de trabajo que es ley para las partes\n conforme lo determina el Art. 1588 del Código Civil por\n lo que sin lugar a dudas el Juez competente para evocar conocimiento\n de la presente causa era el Juez del Trabajo y no el Tribunal\n de lo Contencioso Administrativo como erróneamente sostiene\n el Tribunal de Apelación. TERCERO. - El motivo de la controversia\n a dilucidarse es determinar si es competente o no el Juez del\n Trabajo para conocer de la presente causa y, de serlo, si el\n accionante estuvo o no amparado por el Código del Trabajo\n y el contrato colectivo de trabajo: 2. El Art. 577 del Código\n del Trabajo preceptúa: ". . Los jueces del trabajo\n ejercen jurisdicción provincial y tienen competencia privativa\n para conocer y resolver los conflictos individuales provenientes\n de relaciones de trabajo, y que no se encuentren sometidos a\n la decisión de otra autoridad"; 3. Hay pruebas suficientes\n de que el actor en el desempeño de sus funciones estuvo\n amparado por el Código del Trabajo y la contratación\n colectiva, pues así lo reconoció la propia demandada\n en la audiencia de conciliación constante de fs. 12 a\n 13 del cuaderno de primer nivel cuando al contestar a la demanda\n y poner sus excepciones afirma "al haber sido el actor Jefe\n del Departamento de Control y Programación de Sistemas\n del IESS, en la forma que lo expresa en su demanda" de la\n cual se infiere que es la propia demandada la que reconoce que\n cuando el actor ingresó a prestar sus servicios lo hizo\n en un puesto de menor jerarquía como es el cargo de ayudante\n de cuarta y que precisamente no es la que desempeñó\n al finalizar sus relaciones laborales; 4. Igualmente del proceso\n no existe discordancia entre los contendientes respecto de que\n el accionante ingresó a prestar sus servicios al IESS\n el 1 de enero de 1976, en calidad de Analista Auxiliar de Administración\n 3 del IESS y que trabajó para la institución demandada\n en distintos puestos de trabajo que evidentemente no fueron jefaturas\n departamentales hasta que fue ascendido en agosto 7 de 1992 como\n Jefe del Departamento Nacional de Control y Programación\n de Sistemas conforme consta del documento de fs. 28 del cuaderno\n de primer nivel: 5. El Art. 9 del Primer Contrato Colectivo de\n Trabajo suscrito entre el IESS y sus trabajadores el 13 de marzo\n de 1980 (fs. 118) preceptúa: "Estabilidad para los\n trabajadores ascendidos. En caso de que alguno de los trabajadores\n del IESS por sus méritos, experiencia y antigüedad,\n hubiere llegado a ocupar cargos directivos o ejecutivos dentro\n de la institución, ésta se compromete a tomar en\n cuenta estos antecedentes para efecto de su estabilidad.".\n Este principio aparece reiterado en el literal a) del Art. 71\n del Segundo Contrato Colectivo de Trabajo Unico a nivel nacional\n que estaba vigente en el IESS, cuando se le comunicó al\n accionante con la supresión del cargo que ejercía.\n De su parte, el Art. 35. numeral 4to. de la Constitución\n Política del Estado dice: "Los derechos del trabajador\n son irrenunciables, será nula toda estipulación\n que implique renuncia, disminución o alteración".,\n con sujeción a lo dispuesto en la norma constitucional\n en su Art 35, numeral 6; el Art. 7 del Código del Trabajo\n que preceptúa: "En caso de duda sobre el alcance\n de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales\n en materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos\n las aplicarán en el sentido más favorable a los\n trabajadores" Estos principios están contenidos en\n el Segundo Contrato Colectivo Unico de Trabajo '.' que la doctrina\n laboral considera como parte integrante del contrato individual\n de cada uno de los trabajadores como son los acuerdos o convenios\n de carácter colectivo que forman parte del elemento normativo\n de cada uno dé estos últimos contratos colectivos,\n lo cual evidencia que tanto lo estipulado en el contrato colectivo\n suscrito en 1980, como en el contrato colectivo suscrito el 25\n de agosto de 1994, en relación con los trabajadores del\n IESS que pasan a desempeñar cargos de jefes o directores,\n por ascenso, pasaron a formar parte del contrato individual del\n trabajo que vinculó al actor con la institución\n demandada y por lo mismo estuvo obligada a respetar, lo que evidentemente\n no ha sucedido así. CUARTO. - De los documentos constantes\n de fojas 29 y 30 se infiere que existe despido intempestivo,\n pues fue la parte demandada que en forma unilateral dio por terminadas\n las relaciones laborales en forma abrupta, reconociéndose\n expresamente de esta manera que en efecto entre los contendientes\n existió una verdadera relación laboral, sujeta\n al Código de Trabajo y contrato colectivo y de ninguna\n manera a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa conforme\n absurdamente pretende la demandada hacer aparecer. por lo que,\n el Juez competente para conocer de la presente causa, es el Juez\n del Trabajo. QUINTO. - De lo expuesto en los considerandos anteriores\n y a falta de solución o pago efectivo la demandada está\n obligada a pagar al accionante lo que reclama en su demanda en\n los numerales 1 y 2 debiendo tomarse en cuenta y deducirse, la\n indemnización de 20'000.000 que el actor recibió,\n según el texto de su demanda. SEXTO. - De lo manifestado\n anteriormente se concluye que el Tribunal de Apelación\n ha violado tanto la Constitución como otras normas de\n derecho. Sobre la base de las consideraciones expuestas, esta\n Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, casa la sentencia y declara con lugar la demanda y\n se ordena que la parte demandada pague al actor lo determinado\n en el Considerando Quinto de esta sentencia. El Juez a - quo\n practique la liquidación sin la intervención de\n perito, de la que se deberá debitar la cantidad de 20'000.000,oo\n a que se refiere el Considerando Quinto de esta resolución.\n Regúlase los honorarios del abogado defensor del actor\n en el 5% del valor total del monto reclamado, descontándose\n lo pertinente para el Colegio de, Abogados de Pichincha. Notifíquese\n y devuélvase. Cúmplase con lo dispuesto por el\n Art. 19 de la Ley de Casación.

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Fdo.) Dres. Angel Lescano Fiallo, Nicolás Castro Patino\n y Jorge Ramírez Alvarez, Ministros Jueces.

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Certifico. - f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

\n\n

Certifico que es fiel copia del original. - Quito, 12 de junio\n del 2000.

\n\n

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito. a 17 de abril del 2000; a las 10h20.

\n\n

VISTOS: Para resolver acerca de la solicitud de aclaración\n del fallo emitido por esta Sala a las 09h30 del 3 de abril del\n 2000, se observa: 1. En general, la aclaración procede\n cuando el pronunciamiento del juzgador no es suficientemente\n inteligible, ésto es, no está concebido en términos\n de fácil entendimiento, como para que el Juez de la ejecución,\n a pretexto de interpretación, pueda desviarse de su -\n real objetivo En la especie, lo resuelto por este Tribunal tiene\n la claridad suficiente como para que una persona de elemental\n cordura lo entienda sin dificultades. El hecho de discrepar en\n el juzgamiento de una situación análoga, no constituye\n ilegalidad. En cambio si lo seria, el modificar la sentencia\n emitida, como pretende artificiosamente el solicitante, abusando\n de su reconocida sapiencia y conocimientos jurídicos.\n Por tanto, se desecha la solicitud de aclaración. Devuélvase\n el proceso al inferior. Notifiquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Angel Lescano Fiallo, Nicolás Castro Patino\n y Jorge Ramírez Alvarez, Ministros Jueces.

\n\n

Certifico.

\n\n

f) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

\n\n

Certifico que es fiel copia del original. - Quito, 12 de junio\n del 2000.

\n\n

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

\n\n

 

\n\n

 

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N0 352\n - 99

\n\n

ACTOR: José Ramos Suárez.
\n DEMANDADO: Dirección Nacional del Servicio de Aduanas.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA\n DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, a 23 de mayo del 2000; a las\n 15h00.

\n\n

VISTOS: José Gabriel Ramos Suárez, interpone\n recurso de casación de la sentencia dictada por la Sexta\n Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Guayaquil, que revocó\n la dictada en primera instancia, que declaró con lugar\n la demanda, y al hacerlo, la declaró sin lugar, dentro\n del juicio verbal sumario de trabajo que ha propuesto contra\n la Dirección Nacional del Servicio de Aduanas, en la interpuesta\n persona de quien entonces era Directora Nacional del Servicio\n de Aduanas. Admitido al trámite el recurso y, agotada\n la sustanciación correspondiente procede resolver y, para\n hacerlo, se considera: PRIMERO. - Esta Sala es competente para\n conocer y decidir el recurso en mención, en virtud de\n lo previsto por el Art. 200 de la Constitución Política\n de la República, publicado en el Registro Oficial N0 1\n del 11 de agosto de 1998 y Arts. 1 y 2 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO. - El recurrente censura y ataca la sentencia dictada\n por la Sala de Apelación, afirmando que en ella se han\n infringido las siguientes normas de derecho: numerales 1, 3,\n 4, - 6 y 12 del Art. 75 de la Constitución; Arts. 4, 7\n y 592 del Código del Trabajo; literal a) de la Cláusula\n Sexta del Octavo Contrato Colectivo de Trabajo suscrito entre\n la Dirección Nacional de Aduanas del Guayas y la Asociación\n Sindical de Trabajadores de Aduanas de la misma provincia, el\n 21 de noviembre de 1991, en concordancia con el Art. 1588 del\n Código Civil, por falta de aplicación de esta norma\n contractual; y, los Arts. 119 y 180 del Código de Procedimiento\n Civil, por falta de aplicación de los preceptos jurídicos\n aplicables a la valoración de la prueba, fundamentando\n su recurso en las causales 1ª y 3ª del Art. 3 de la\n Ley de Casación. TERCERO. - Confrontada la sentencia con\n el escrito de interposición del recurso de casación,\n autos y más constancias procesales, la Sala hace las siguientes\n precisiones: 1. - El motivo esencial de la controversia es determinar\n si el acta de finiquito que obra de fs. 12 y 13 en el cuaderno\n de primer nivel, es impugnable por error de cálculo, como\n lo plantea el actor en su demanda o si, en su defecto, aquélla,\n como lo ha señalado el considerando quinto de la sentencia\n cuestionada, per se, tiene efectos liberatorios para el obligado\n por constituir un real y verdadero acuerdo de voluntades entre\n los contendientes, que debe ser honrado y respetado por las partes\n y ejecutado de buena fe, por estimarse cumplidos los requisitos\n preceptuados en el Art. 592 del Código del Trabajo, especialmente,\n porque el acta, según tal parecer, es pormenorizada; 2.\n - El actor al impugnar el acta de finiquito precisa que en la\n liquidación de sus haberes por concepto de las indemnizaciones\n a las que tiene derecho por despido intempestivo, existe error\n de cálculo, al no habérsele pagado los valores\n a que se refiere al literal a) de la Cláusula Sexta del\n Octavo Contrato Colectivo de Trabajo, en la parte que textualmente\n dice: "Para los trabajadores sindicalizados el 100% del\n Trabajo que perciban a la fecha por el tiempo que faltare para\n la terminación del derecho de estabilidad; más\n seis meses de salario por cada año, además de lo\n que dispone el Art. 189 del Código del Trabajo".\n (el subrayado es de la Sala), reconociendo que recibió\n el pago del 100% de su salario a la fecha del despido, por el\n tiempo que faltaba para la terminación del derecho de\n estabilidad; 3. - Frente a la negativa pura y simple de los fundamentos\n de hecho y de derecho de la demanda propuesta que hiciere la\n parte demandada en la audiencia de conciliación, el actor\n logró demostrar en la etapa de probanza los siguientes\n hechos: a) Que trabajó para la parte demandada desde el\n 12 de marzo de 1962 hasta el 19 de noviembre de 1993, como abridor\n - jornalero; b) Que la parte demandada dio por terminadas las\n relaciones de trabajo unilateralmente, el 19 de noviembre de\n 1993; c) Que a la fecha de la terminación unilateral de\n las relaciones de carácter laboral, se encontraba en vigencia\n la garantía de estabilidad por tres años a que\n se refiere la Cláusula Sexta del Octavo Contrato Colectivo\n de Trabajo y, por ende, lo dispuesto en el literal a) de la misma\n cláusula, que constituye el contenido esencial de su reclamación;\n 4. - De la misma manera, con el juramento deferido que obra a\n fs. 45 del cuaderno de primer nivel, que tiene valor de prueba\n supletoria, logró acreditar que su última remuneración\n mensual fue la de 5/. 288.872; 5. - Por la garantía de\n estabilidad consagrada en la cláusula sexta del contrato\n colectivo de trabajo los trabajadores tenía asegurada\n su permanencia en sus puestos de labores hasta el 20 de noviembre\n de 1994, por lo que deviene obvio que al producirse el despido\n intempestivo, como en el caso sub júdice, debía\n pagársele al trabajador afectado la indemnización\n prevista en el literal a) de la cláusula sexta del prenombrado\n contrato, en su integridad, observándose con nitidez,\n que por este concepto sólo se le pagó al trabajador\n despedido la suma de S/. 5'199.696, cuando en verdad debía\n habérsele pagado la suma de S/. 58'929.888, teniendo en\n cuenta el texto de la norma contractual, por ser el contrato\n colectivo fuente del derecho del trabajo y, además, por\n lo dispuesto en el Art. 1588 del Código Civil, acreditándose\n que, efectivamente, en la liquidación de haberes efectuado\n no se pagó lo que correspondía al demandante; y,\n 6. - Lo anterior entraña el concepto de que el acta de\n finiquito es impugnable no sólo en los eventos señalados\n en el Art. 592 del Código del Trabajo sino además\n en el evento de que se demuestre que los valores que se le pagaron\n al trabajador despedido implican, entre otros conceptos, una\n renuncia de sus derechos, pues la filosofía incita en\n el Art. 592 del Código del Trabajo es la de asegurar amparo\n al trabajador hasta el punto de que por ello es que se exige\n que el documento de finiquito sea celebrado ante el Inspector\n del Trabajo, correspondiéndole a éste por mandato\n del Art. 5 del código de la materia brindar tal protección,\n para la garantía y eficacia de sus derechos, como a la\n letra lo dice la norma. Es en esta perspectiva que surge como\n indiscutible el derecho del trabajador para impugnar el documento\n de finiquito, pero en el entendido de que la pormenorización\n no solamente alcanza al aspecto formal sino especialmente al\n contenido esencial de los derechos del trabajador, en forma tal\n que en el acta de finiquito se encuentren reunidos todos sus\n derechos, sin excepción alguna, al extremo de que si alguno\n por error, desconocimiento de la ley o de un contrato, olvido\n u otro motivo cualquiera, no se hubiese hecho constar en el finiquito,\n el trabajador uno pierde tal derecho y conserva la facultad para\n impugnarlo y obtener que se rectifique el error u omisión\n que se haya cometido en el acta de liquidación, en virtud\n de que los derechos del trabajador son irrenunciables, aún\n cuando éste lo quisiere, por la naturaleza de imperatividad\n y tuición de las normas contenidas en el Código\n del Trabajo, tal como lo establece el Art. 4 del mismo código.\n CUARTO. - Del análisis efectuado la Sala concluye que\n en la sentencia impugnada existió falta de aplicación\n de lo dispuesto en la letra a) de la Cláusula Sexta del\n Octavo Contrato Colectivo de Trabajo, entre otras normas, así\n como aplicación indebida del Art. 592 del Código\n del Trabajo. Sobre la base de las consideraciones anteriormente\n expuestas, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte\n Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia recurrida y dispone\n que se esté a lo resuelto en la sentencia de primera instancia.\n Notifiquese, devuélvase y publíquese.

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Fdo.) Dres. Angel Lescano Fiallo, Nicolás Castro Patino\n y Jorge Ramírez Alvarez, Ministros Jueces.

\n\n

Certifico. - f) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

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Certifico que es fiel copia del original. - Quito, 12 de junio\n del 2000.

\n\n

f) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

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N0 353\n - 99

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ACTOR: José Cañarte Quimiz.
\n DEMANDADO: Dirección Nacional del Servicio Aduanero.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA\n DE LO LABORAL Y SOCIAL

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Quito, a 23 de mayo del 2000; a las\n 15h00.

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VISTOS: En el juicio verbal sumario de trabajo que sigue José\n Alberto Cañarte Quimiz en contra de la Dirección\n Nacional del Servicio Aduanero, la parte demandada inconforme\n con la sentencia dictada por la Cuarta Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Guayaquil, que revoca el fallo del inferior que\n declaró sin lugar la demanda y en su defecto declara con\n lugar la misma, interpone recurso de casación. Admitido\n a trámite el recurso, elevados los autos a esta Tercera\n Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia y\n encontrándose la causa en estado de resolver, para hacerlo,\n se considera: PRIMERO. - Esta Sala es competente para conocer\n y decidir el recurso en cuestión, en razón de lo\n prescrito por el Art. 200 de la Constitución Política\n del Estado, publicada en el Registro Oficial Nro. II del 1 de\n agosto de 1998 y Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.\n - La recurrente censura y ataca la sentencia del Tribunal de\n Alzada, bajo la argumentación de que se habrían\n infringido las siguientes normas de derecho, artículos:\n 117, 118, 119 y 121 del Código de Procedimiento Civil\n y el Art. 592 del Código del Trabajo. Fundamenta su recurso\n en la causal 3ra. del Art. 3 de la Ley de Casación. En\n resumen el recurso de casación se contrae a determinar\n que el Tribunal de Alzada aplicó indebidamente los preceptos\n jurídicos aplicables a la valoración de la prueba,\n toda vez que el Art. 117 del Código de Procedimiento Civil\n establece a quien corresponde la carga de la prueba y el Art.\n 121 del mismo cuerpo de leves, determina que sólo la prueba\n debidamente actuada hace fe en juicio; y, que de autos no consta\n que el actor haya probado lo aseverado en su demanda también\n dice, que el acta de finiquito cumple con los requisitos exigidos\n en el Art. 592 del Código del Trabajo, y que por lo mismo\n merece el valor de la prueba plena. TERCERO. - Confrontada la\n sentencia, autos y más constancias procesales con el recurso\n de casación, la Sala hace las siguientes reflexiones:\n 1 . - El motivo de la controversia es determinar si es admisible\n la impugnación del acta de finiquito y si la prueba relativa\n al Octavo Contrato Colectivo de Trabajo fue o no debidamente\n actuada; 2. - A la audiencia de conciliación que obra\n a fojas 12 y 12 vta., concurrieron las partes litigantes, las\n que, por lo dispuesto en el Art. 118 del Código de Procedimiento\n Civil estaban obligadas a probar los hechos que alegaron, excepto\n los que se presumen conforme a la ley; 3. - A fojas 14 y 15 obra\n la llamada acta de finiquito que en la parte denominada antecedentes\n dice ". . ESTA SECRETARIA DE ESTADO RESUELVE DAR POR TERMINADAS\n LAS RELACIONES DE TRABAJO UNILATERALMENTE, DE CONFORMIDAD CON\n LO ESTIPULADO EN EL ART. 189 DEL CODIGO DE TRABAJO, ESTO ES POR\n DESPIDO INTEMPESTIVO; Y A INDEMNIZAR A LOS TRABAJADORES AMPARADOS\n POR ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA CLAUSULA SEXTA";\n y, en la cláusula tercera del mismo documento se lee:\n "EL MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO, ENTREGA LA\n CANTIDAD DE DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL\n OCHOCIENTOS VEINTICINCO SUCRES (S/. 17'585.825.00) AL SEÑOR\n CAÑARTE QUIMIZ JOSE, MEDIANTE CHEQUE N° ...... DEL\n BANCO CENTRAL DEI. ECUADOR...". El Art. 592 del Código\n del Trabajo, preceptúa: "Impugnación del documento\n de finiquito. - El documento de finiquito suscrito por el trabajador\n podrá ser impugnado por éste, si la liquidación\n no hubiere sido practicada ante el Inspector del Trabajo. quien\n cuidará de que sea pormenorizada.". Esta norma legal\n exige que la liquidación no solamente sea practicada ante\n el Inspector del Trabajo, sino que sea pormenorizada. En consecuencia,\n el acta de finiquito es impugnable, no solamente en los casos\n descritos en el Art 592 del Código del Trabajo; sino,\n además, cuando se demuestre que los valores que se entregan\n al trabajador implican una renuncia de sus derechos; 4. - En\n el caso sub júdice el cálculo de lo percibido por\n el trabajador por concepto de indemnizaciones por despido intempestivo,\n es inferior a lo que realmente le correspondía, según\n consta del monto de la remuneración que se desprende del\n juramento deferido de fs. 43. que opera como prueba supletoria,\n tomándose evidente el perjuicio económico sufrido\n por el demandante, por lo que la impugnación del acta\n de finiquito es admisible; 5. - En cuanto a la alegación\n del recurrente de que la prueba relativa a la existencia del\n contrato colectivo, que obra de fs. 6 a 21 del cuaderno de segundo\n nivel, es indebidamente actuada, deben hacerse las siguientes\n puntualizaciones: a) El término de prueba estuvo comprendido\n entre el 18 de junio de 1996 y el 25 de junio de 1996, esto es,\n durante 6 días, de conformidad a lo establecido en la\n ley; b) El actor en escrito presentado el 18 de junio de 1996,\n en la letra b) del numeral 2, solicitó que se oficie a\n la Subdirección de Trabajo del Litoral para que esta dependencia\n remitida a la judicatura "copias certificadas del octavo\n contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Ministerio de\n Finanzas y Crédito Público y la Asociación\n Sindical de Trabajadores de Aduana de la provincia del Guayas\n (A.S.D.A.P.G.), el 21 de noviembre de 1991"; c) En providencia\n de 5 de julio de 1996 (fs. 20), el Juez Primero del Trabajo del\n Guayas, dispone que se oficie conforme a lo solicitado por la\n parte actora; d) Esta obligación correspondió cumplirla\n al actuario de la judicatura; y, éste, mediante oficio\n N0 775 - JPPTG, de fecha 26 de noviembre de 1996, según\n la razón que obra a fs. 23 vlta. recién envió\n el oficio al Subdirector del Trabajo del Litoral, el 9 de diciembre\n de 1996; a su vez, la autoridad de trabajo al contestar el oficio\n N0 775 - SJPPTG, señala que el mismo fue recibido en su\n despacho el 16 de junio de 1997, como se observa en el oficio,\n que consta a fs. 6 del cuaderno de segundo nivel; e) De todo\n lo anterior se evidencia que el actor pidió la práctica\n de la prueba antes referida dentro del término correspondiente,\n y que la notoria negligencia e irresponsabilidad del Secretario\n del Juzgado Primero del Trabajo del Guayas, Ab. Danilo Meza Campuzano\n no puede ni debe traer como consecuencia la de valorar esta prueba\n como indebidamente actuada, no sólo por los antecedentes\n que se expresan. simio además, porque el Art. 593 del\n Código del Trabajo preceptúa que constituyen prueba\n legal los informes y certificaciones de las entidades públicas,\n como acontece efectivamente en el presente caso; y, 6. - La recepción\n de la prueba implica su práctica cuando la parte se limita\n a solicitarla, como ocurre, por ejemplo, con el despacho del\n oficio que se debe Librar al funcionario bajo cuya custodia está\n el documento requerido, debiendo entenderse que tal práctica\n se produce cuando se realiza el acto procesal necesario para\n que el medio de prueba solicitado y decretado se incorpore al\n proceso. De manera que cuando es necesaria una respuesta al requerimiento\n judicial. puede recurrirse hasta actos coercitivos para realmente\n obtenerlo. Lo transcendente es que el medio probatorio haya sido\n solicitado dentro de término y, además, admitido,\n pues en esta forma se garantizan los principios de lealtad, publicidad\n y contradicción de la prueba, lo mismo que la igualdad\n de oportunidades para la defensa, hasta el punto de que el incumplimiento\n de estos requisitos. la puede efectuar por nulidad o ineficacia.\n En el caso en cuestión se incorporó tina prueba\n pedida en tiempo y decretada, por lo que su práctica resulta\n válida, en tanto existió la oportunidad para contradecirla,\n sin que la negligencia e irresponsabilidad actuarial puedan restarle\n mérito; y, 7. - Conclúyese entonces que las razones\n fundamentales por las cuales es admisible la impugnación\n del acta de finiquito, son las que se consignan y la circunstancia\n de que la prueba vinculada a la existencia del Octavo Contrato\n Colectivo y las disposiciones contractuales que respecto del\n despido intempestivo debían aplicarse, son prueba debidamente\n actuada, sin que a este respecto, la Sala estime adecuado el\n argumento que puntualiza la Sala de Apelación en el considerando\n cuarto de la sentencia impugnada, que consta a continuación\n del literal h). Finalmente, las pruebas que han servido de base\n para dictar la resolución del Tribunal de Apelación\n son las pedidas por las partes, presentadas y practicadas de\n acuerdo con la ley, por lo que no existe violación de\n los artículos 119 '~' 121 del Código de Procedimiento\n Civil. CUARTO. - Del análisis efectuado, la Sala concluye\n que no existe aplicación indebida, falta de aplicación\n o errónea interpretación de los preceptos jurídicos\n aplicables a la valoración de la prueba, en la forma que\n los invocó el recurrente. Sobre la base de las consideraciones\n expuestas, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte\n Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha el recurso de casación\n interpuesto. Llámase severamente la atención al\n Ab. Danilo Meza - Campuzano, Secretario del Juzgado 1° del\n Trabajo del Guayas y múltaselo con la suma de S/. 200,oo\n por lo especificado respecto de su actuación, debiendo\n oficiarse a la Dirección Nacional de Recursos Humanos,\n para que tome debida nota de estos participantes. - Notifiquese,\n devuélvase y publíquese.

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Fdo.) Dres. Angel Lescano Fiallo, Nicolás Castro Patiño\n y Jorge Ramírez Alvarez, Ministros Jueces.

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Certifico. - f) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

\n\n

Certifico que es fiel copia del original. - Quito, 12 de junio\n del 2000.

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f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

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N0 359\n - 99

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ACTOR: Lauro Encalada Alvarado.
\n DEMANDADO: Municipio de Guayaquil.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA\n DE LO LABORAL Y SOCIAL

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Quito, a 3 de mayo del 2000; a las 15h00.

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VISTOS: En el juicio verbal sumario de trabajo seguido por\n Lauro Alejandro Encalada Alvarado en contra de la 1. Municipalidad\n de Guayaquil, en las interpuestas personas de sus representantes\n legales, Ing. León Febres Cordero Ribadeneyra y Dr. Gerardo\n Wong Monroy, Alcalde y Procurador Síndico, respectivamente,\n la demandada inconforme con la sentencia expedida por la Cuarta\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, que reforma\n la dictada en primer nivel, que declaró parcialmente con\n lugar la demanda, dentro de término interpone recurso\n de casación. Admitido a tramite el recurso y elevados\n los autos a esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte\n Suprema de Justicia, en virtud del sorteo de ley y encontrándose\n la causa en estado de resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO.\n - Esta Sala es competente para conocer y decidir el recurso en\n mención en virtud de lo previsto por el Art. 200 de la\n Constitución Política de la República, publicada\n en el Registro Oficial Nro. 1 de 11 de agosto de 1998 y Art.\n 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - La recurrente en su\n escrito de interposición del recurso de casación\n constante de fs. 25 a 31, del cuaderno de segunda y última\n instancia afirma que las normas de derecho infringidas por el\n Tribunal ad - quem al dictar la sentencia, materia de casación\n son: Arts. 8, 17, 18 y 20 del Código del Trabajo; Arts.\n 58 y 382 de la Ley Orgánica de Administración Financiera\n y Control; Art. 76 de la Ley de Régimen Municipal; Arts.\n 21 y 22 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos,\n y estos mismos artículos del reglamento general de la\n mencionada ley. Fundamenta su recurso en las causales 1ra. y\n 3ra., pero no determina a qué articulo de la Ley de Casación\n se refiere, deduciéndose de su contexto que se trata del\n Art. 3 de la ley de la materia.

 

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