Registro Oficial

Registro Oficial. 5 de JULIO del 2000

Miércoles, 05 de julio de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE JULIO DEL 2000
\n \n \n \n
\n

\n
 
\n

 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Miércoles 5 de Julio del 2000

\n

REGISTRO OFICIAL No. 113

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA
\n
\n DECRETOS:
\n
\n
486-I\n Ratificase el Acuerdo Marco entre la República del\n Ecuador y el Banco Europeo de Inversiones, firmado en Luxemburgo\n el 16 de octubre de 1997.
\n
\n 486-J Ratificase el Protocolo sobre\n Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa\n y otros artefactos, según fue enmendado el 3 de mayo de\n 1996.
\n
\n 535 Ratificase el Convenio sobre\n la Edad Mínima de Admisión al Empleo (Convenio\n 138), cuyo texto lo declara Ley de la República y compromete\n para su observancia el honor nacional.
\n
\n 536 Ratificase el Convenio sobre\n la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil\n y la Acción Inmediata para su Eliminación (Convenio\n 182), cuyo texto lo declara Ley de la República y compromete\n para su observancia el honor nacional.
\n
\n
FUNCION\n JUDICIAL
\n
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

\n
\n Recursos de casación en los juicios seguidos por las siguientes\n personas
\n
\n 01-2000 Financiera de la República\n S.A. (FIRESA) en contra de SUPEREXPORSA S.A.
\n
\n 126-2000 Ing. Eduardo Salcedo Gonzaga\n en contra de Julia Antonieta Black Maldonado.
\n
\n 156-2000 Compañía Importadora\n Oro Auto "IMOAUTO" Cía. Ltda. en contra de Luis\n Blacio Aguilar.
\n
\n 157-2000 Florencio Antonio Ulloa\n Izquierdo en contra de Jaime Sánchez Zambrano y otro.\n
\n
\n 158-2000 Gloria Delgado en contra\n de Ruth Arias.
\n
\n 162-2000 Hootan Forootan Taghighi\n en contra de Angel Galván.
\n
\n 172-2000 Marianita de Jesús\n González Sarmiento en contra del Ing. Rodrigo Miguel Argudo\n Crespo.
\n
\n 173-2000 Manuel Nicolás Quinde\n Morocho en contra de Julia Esther Colibrí Siguenza.
\n
\n 176-2000 Luis Bartolomé Uyaguari\n Inga en contra de María Tránsito Domínguez\n Naula.
\n
\n 177-2000 María Luisa Janeth\n Ullauri Oramas y otro en contra de Enriqueta Francisca Robalino\n Naranjo.
\n
\n 179-2000 María de Jesús\n Aspiazu Morán en contra de Julio Eliezer Toala Trollane.\n
\n
\n 180-2000 María Olga Cayambe\n Cayambe en contra de Segundo Pedro Rumiguano Cando.
\n \n

\n \n
\n

 

\n\n

No. 486\n - I

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el 16 de octubre de 1997, en Luxemburgo, se suscribió\n el Acuerdo Marco entre la República del Ecuador y el Banco\n Europeo de Inversiones";

\n\n

La Resolución Legislativa No. R - 2 1 - 033, expedida\n por el H. Congreso Nacional, el 11 de abril del 2000;

\n\n

Que el mencionado instrumento internacional establece que\n el Banco podrá financiar proyectos de inversión\n a personas naturales o jurídicas de derecho público\n o privado y, en ese caso, podrá decidir en qué\n términos y condiciones concederá dicha financiación;

\n\n

Que luego de examinar el referido Acuerdo lo considera conveniente\n para los intereses del país;

\n\n

Que de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo,\n éste entrará en vigor a partir del momento en que\n el Ecuador haya notificado al Banco el cumplimiento de las formalidades\n constitucionales requeridas; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confieren la Constitución\n y las leyes de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO PRIMERO. - Ratificase el "Acuerdo Marco entre\n la República del Ecuador y el Banco Europeo de Inversiones",\n firmado en Luxemburgo, el 16 de octubre de 1997, cuyo texto lo\n declara Ley de la República y compromete para su observancia\n el Honor Nacional.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO. - Procédase a notificar al Banco\n Europeo de Inversiones que el Gobierno Nacional ha cumplido con\n las formalidades previstas en la legislación ecuatoriana.

\n\n

ARTICULO TERCERO. - Publíquese el mencionado instrumento\n bilateral en el Registro Oficial;

\n\n

ARTICULO CUARTO. - Encárgase la ejecución del\n presente decreto al señor Ministro de Relaciones Exteriores.

\n\n

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a los 7 días\n del mes de junio del año dos mil.

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

f.) Francisco Carrión Mena, Ministro de Relaciones\n Exteriores, encargado.

\n\n

Es fiel copia del original. - Lo certifico:

\n\n

f) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

486 -\n J

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Ecuador es parte de la "Convención sobre\n Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales\n que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados",\n y de sus protocolos I, II y III que constituyen anexos de aquella\n convención, adoptados en Ginebra, el 10 de octubre de\n 1980;

\n\n

Que mediante resolución legislativa de 11 de marzo\n de 1982, la Función Legislativa aprobó dichos instrumentos;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 787 de 13 de abril de 1982,\n el Presidente de la República ratificó la mencionada\n convención y sus protocolos I, II y III;

\n\n

Que el Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo\n de Minas, Armas Trampa y otros artefactos, (Protocolo II), fue\n enmendado el 3 de mayo de 1996, por la Conferencia de los Estados\n Partes de la "Convención sobre Prohibiciones o Restricciones\n del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse\n excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados";

\n\n

La Resolución Legislativa No. R - 21 - 033, expedida\n por el II. Congreso Nacional, el 11 de abril del 2000;

\n\n

Que el referido Protocolo II enmendado regula y establece\n disposiciones concretas y claras para la utilización en\n tierra de las minas, armas trampa y otros artefactos;

\n\n

Que luego de examinar dicho instrumento internacional lo considera\n conveniente para los intereses del país; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confieren la Constitución\n Política y las leyes de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO PRIMERO. - Ratificase el Protocolo sobre Prohibiciones\n o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y otros artefactos,\n según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II),\n anexo a la "Convención sobre Prohibiciones o Restricciones\n del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse\n excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados", cuyo\n texto lo declara Ley de la República y compromete para\n su observancia el honor nacional.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO. - Procédase a efectuar el correspondiente\n depósito del Instrumento de Ratificación ante el\n Depositario.

\n\n

ARTICULO TERCERO. - Publíquese en el texto del Protocolo\n II, enmendado, en el Registro Oficial.

\n\n

ARTICULO CUARTO. - Encárgase la ejecución del\n presente decreto al señor Ministro de Relaciones Exteriores.

\n\n

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a los siete días\n del mes de junio del año dos mil.

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

f) Francisco Carrión Mena, Ministro de Relaciones Exteriores,\n encargado.

\n\n

Es fiel copia del original. - Lo certifico:

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 535

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el 26 de junio de 1973, la Conferencia General de la Organización\n Internacional del Trabajo, congregada en Ginebra, en su Quincuagésima\n Octava Reunión, adoptó el "Convenio sobre\n la Edad Mínima de Admisión al Empleo" (Convenio\n 138);

\n\n

Que el Tribunal Constitucional, mediante Resolución\n No. 082 - 2000 - TP, el 23 de mayo del 2000, expidió,\n dictamen favorable respecto a la conformidad de dicho Convenio\n con la Constitución Política del Estado;

\n\n

Que el H. Congreso Nacional, mediante Resolución No.\n R - 2l - 047, expedida el 1° de junio del 2000, aprobó\n el mencionado "Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión\n al Empleo" (Convenio 138);

\n\n

Que el referido instrumento internacional establece el compromiso\n de todo Estado Miembro de la Organización Internacional\n del Trabajo que lo ratifique, a seguir una política nacional\n que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños\n y eleve progresivamente la edad mínima de admisión\n al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más\n completo desarrollo físico y mental de los menores

\n\n

Que luego de examinar dicho instrumento internacional lo considera\n conveniente para los intereses del país; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confieren la Constitución\n Política y las leyes de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO PRIMERO. - Ratificase el 'Convenio sobre la Edad\n Mínima de Admisión al Empleo" (Convenio 138),\n cuyo texto lo declara Ley de la República y compromete\n para su observancia el honor nacional.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO. - Procédase a comunicar al Director\n General la Oficina Internacional del Trabajo, la ratificación\n formal de dicho Convenio por parte del Gobierno de la República\n del Ecuador.

\n\n

ARTICULO TERCERO. - Publíquese en el Registro Oficial,\n el texto del referido instrumento internacional.

\n\n

ARTICULO CUARTO. - Encárgase la ejecución del\n presente decreto al señor Ministro de Relaciones Exteriores.

\n\n

Dado en Quito, en el Palacio Nacional a los 27 días\n del mes de junio del año dos mil.

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

f) Heinz Moeller Freile, Ministro de Relaciones Exteriores.

\n\n

Es fiel copia del original. - Lo certifico:

\n\n

f) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 536

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Que el 17 de junio de 1999, la Conferencia General de la Organización\n Internacional del Trabajo, congregada en Ginebra, en su Octogésima\n Séptima Reunión, adoptó el "Convenio\n sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil\n y la Acción Inmediata para su Eliminación"\n (Convenio 182);

\n\n

Que el Tribunal Constitucional, mediante Resolución\n No. 083 - 2000 - TP, el 23 de mayo del 2000, expidió dictamen\n favorable respecto a la conformidad de dicho Convenio con la\n Constitución Política del Estado;

\n\n

Que el H. Congreso Nacional, mediante Resolución No.\n R - 21 - 048, expedida el 10 de junio del 2000, aprobó\n el mencionado "Convenio sobre la Prohibición de las\n Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata\n para su Eliminación" (Convenio 182);

\n\n

Que el referido instrumento internacional establece la necesidad\n de adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición\n y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil\n con carácter de urgencia;

\n\n

Que luego de examinar dicho instrumento internacional lo considera\n conveniente para los intereses del país; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confieren la Constitución\n Política y las leyes de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO PRIMERO. - Ratificase el "Convenio sobre la\n Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y\n la Acción Inmediata para su Eliminación" (Convenio\n 182), cuyo texto lo declara Ley de la República y compromete\n para su observancia el honor nacional.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO. - Procédase a comunicar al Director\n General de la Oficina Internacional del Trabajo, la ratificación\n formal de dicho Convenio por parte del Gobierno de la República\n del Ecuador.

\n\n

ARTICULO TERCERO. - Publíquese en el Registro Oficial,\n el texto del referido instrumento internacional.

\n\n

ARTICULO CUARTO. - Encárgase la ejecución del\n presente Decreto al señor Ministro de Relaciones Exteriores.

\n\n

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a los 27 días\n del mes de junio del año dos mil.

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

f.) Heinz Moeller Freile, Ministro de Relaciones Exteriores.

\n\n

Es fiel copia del original. - Lo certifico:

\n\n

f) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 01\n - 2000

\n\n

ACTORES: Linda Vásquez Santistevan,\n FIRESA S.A.
\n DEMANDADOS: Abg. Fidel Egas, SUPEREXPORSA. S.A.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 17 de abril del 2000; las 11h10.

\n\n

VISTOS: Linda Vásquez Santistevan, por los derechos\n que representa de Financiera de la República S.A. (FIRESA),\n mediante escrito presentado el día 10 de febrero del año\n en curso, fs. 9 de los autos solicita revicatoria del auto de\n mayoría dictado por la Sala el 18 de enero del presente\n año, notificado por la Sala del 18 de enero del presente\n año, notificado en la misma fecha, que rechaza el recurso\n de casación interpuesto. Al respecto, se considera: PRIMERO.-\n El Art. 293 del Código de Procedimiento Civil, preceptúa:\n "Los autos y decretos pueden aclararse, ampliarse, reformarse\n o revocarse, por el mismo juez que los pronunció, si solicite\n alguna de las partes dentro del término fijado en el articulo\n 285". SEGUNDO. - El petitorio de revocatoria del auto de\n mayoría es improcedente, por los siguientes motivos: 2.1.\n - Resuelto el correspondiente recurso de apelación, éste\n pone fin al proceso, causa ejecutoría. Cualquier aprobación,\n ratificación o legitimación de actuaciones de cualquier\n parte procesal, cabe únicamente mientras se tramite el\n recurso de apelación hasta antes de dictar sentencia,\n de conformidad con lo dispuesto en el Art. 368 del Código\n de Procedimiento Civil. En el recurso de casación, no\n cabe ningún pronunciamiento sobre la legitimación\n de ninguna parte procesal, pues éste constituye una nueva\n acción, no es la continuación del proceso que terminó\n con la evacuación del recurso de apelación. 2.2.\n - A partir de la vigencia de la Ley de Casación, publicada\n en el R.O. No. 93 de 23 de diciembre de 1992, las cortes superiores\n de justicia se constituyeron en tribunales de última y\n definitiva instancia, quedando la facultad de evacuar cualquier\n falencia de orden procesal a estos tribunales. 2.3. - Al haberse\n suprimido el recurso de tercera instancia, se creó el\n recurso especial y extraordinario de casación que solo\n mira el cumplimiento eficaz de las normas de derecho y la unidad\n de la jurisprudencia y no ésta creado para evacuar aspectos\n de índole procesal como insinúa el voto de minoría\n de este Tribunal, por prohibición expresa del Art. 13\n de la Ley' de Casación. 2.4. - El escrito de aprobación\n y ratificación de gestiones a que hace referencia la parte\n actora, en el petitorio que se provee, está presentado\n el 16 de marzo de 1999, posterior al auto de mayoría dictado\n por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil,\n de 15 de marzo de 1999, que resuelve sobre la falta de legitimación\n de las actuaciones de la abogada Victoria Jaya Balcázar,\n defensora de la empresa FIRESA, actora del proceso, por el cual\n estima ilegal la concesión del referido recurso y por\n tanto el fallo de primer nivel se encuentra ejecutoriado por\n el ministerio de la ley, ante lo cual, el Tribunal inferior,\n considera que carece de competencia para conocer el presente\n juicio. En la especie, el actuario de la Sala, a fs. 8 de los\n autos sienta razón, de que los días jueves 20 y\n viernes 21 de enero del año en curso, no se laboró\n en la función judicial por circunstancias que fueron de\n dominio público nacional. En consecuencia, sin contabilizar\n los referidos días, el auto de mayoría dictado\n por esta Sala se ejecutorió el día 25 de enero\n de este año, en los tres días posteriores a la\n fecha de notificación del mismo; esto es, los días\n 19, 24 y 25 de enero del citado año. Por lo expuesto,\n y por extemporánea, niégase la petición\n de revocatoria solicitada. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Bolívar\n Guerrero Armijos, Ministros Jueces, Oswaldo Tamayo Sánchez,\n Conjuez Permanente, y Dr. Carlos Rodríguez García,\n Secretario Relator que certifica.

\n\n

VOTO SALVADO DEL SEÑOR MINISTRO JUEZ, DOCTOR BOLIVAR\n VERGARA ACOSTA EN EL JUICIO No. 210 - 99.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 17 de abril del 2000; las 11h10.

\n\n

VISTOS: Este Ministerio proveyendo la petición que\n antecede, entregada por la accionante el 10 de febrero del 2000,\n considera y dispone: PRIMERO. - 1.1. - En vista que consta agregado\n a este cuaderno la copia del escrito de ratificación de\n gestiones de la Ab. Victoria Jaya Balcázar, defensora\n del doctor Luis Ortega Larrea, representante legal de la actora,\n Financiera de la República SA., FIRESA, durante la tramitación\n ante el Tribunal de Alzada, el que concuerda con el original\n incorporado el 16 de marzo de 1999, en esas actuaciones (fs.\n 6 del cuaderno de segunda instancia), deja sin efecto la orden\n de que dicha letrada legitime la calidad de defensora de la demandante,\n que se establecía en el voto salvado emitido, debido a\n que ya se la había presentado en ese grado, sin merecer\n oportunamente pronunciamiento del Tribunal inferior, aunque había\n sido anexada un día posterior al 15 de marzo de 1999,\n en que de oficio se dictó por dicho Juzgador ad quem el\n auto materia de la objeción. 1.2. - Constituye Mandato\n Constitucional, según el Art. 192 (R.O. No. 1:11.8.97),\n que "el sistema procesal será un medio para la realización\n de la justicia... No se sacrificará la justicia por la\n sola omisión de formalidades". Similar disposición\n también se encontraba vigente a la fecha de la interposición\n del recurso de apelación, el 7 de enero de 1997, ante\n el Juez a quo, en el Art. 93 de la Codificación de la\n Constitución (R.O. No. 183: 5.5.93). Ciertamente, que\n la regla constitucional tiene mayor jerarquía que cualquier\n norma legislativa, al tenor del Art. 272, siendo obligación\n de los juzgadores, en caso de conflicto, aplicar la norma jerárquicamente\n superior, tanto más que la actual Constitución\n entró en vigencia posteriormente a la Ley de Casación.\n 1.3. - La formalidad procesal es el género y la solemnidad\n sustancial es la especie. En tal virtud, la formalidad atañe\n al modo de ejecutar con la fidelidad debida un acto público;\n en tanto, que, la solemnidad, que es una formalidad, se restringe\n al conjunto de requisitos legales que tienen que ver con el otorgamiento\n de instrumentos públicos y solemnes, que en nuestra legislación\n se hayan precisado como por ejemplo en los Arts.: 355, 356 y\n 357 del Código de Procedimiento Civil. En conclusión,\n la comparecencia a juicio establecido en el inciso final del\n Art. 1063 del Código de Procedimiento Civil es una formalidad;\n mientras, que la legitimación de personería siendo\n una solemnidad sustancial para que la omisión cause nulidad\n procesal, debe necesariamente influir en la decisión de\n la causa, que se entiende se configura cuando lesiona u obstaculiza\n el derecho de defensa, que se complemente con las reglas constitucionales\n del debido proceso, que prescriben taxativamente: "nadie\n podrá ser privado - de la mencionada garantía -\n en ningún estado o grado del respectivo procedimiento",\n en acatamiento del Art. 24 No. 10; además, que la nulidad\n por ilegitimidad de personería es saneable al tenor de\n los Arts.: 368 y 369 del Código de Procedimiento Civil.\n En síntesis, debe tenerse presente, que el constituyente\n no distingue o limite solo para las instancias de un juicio la\n vigencia real de esta garantía procesal, sino que generaliza\n su ejercicio para todo tipo de trámite, al expresar: "respectivo\n procedimiento". 1.3. - La resolución de la Corte\n Suprema publicada en el R.O. No. 243: 26.1.98, en la discusión\n y posterior votación mayoritaria, definió claramente\n la naturaleza jurídica de la casación regulada\n en la Ley No. 27 (R.O. No. 192: 18.5.93) y en la reforma (RO.\n No. 39:8.4.97), estimándola más que una acción\n de impugnación independiente y autónoma - como\n algunos doctrinarios y legislaciones extranjeras la han adoptado\n - , la consagra como un recurso o mecanismo extraordinario de\n impugnación tanto en la Ley de Casación como en\n el Código de Procedimiento Penal. La categoría\n de - recurso que tiene la casación y no de acción,\n hace que se explique la razón de haber dispuesto de manera\n generalmente obligatoria, que no era necesaria la firma del recurrente\n en el escrito de interposición, bastando solo la del defensor,\n ya que no podía exigirse que reúna ese requisito,\n señalado para la demanda en que se deduce una acción,\n puesto que determina que son dos petitorios de naturaleza jurídica\n distintos, que generan sendos trámites particulares. 1.4.\n - En la especie, el auto impugnado pone fin al proceso, al declarar\n ejecutoriado el fallo de primer nivel jurisdiccional. El auto\n de mayoría dictado por el Tribunal inferior - especie\n de inhibitorio - , no produce el efecto de cosa juzgada, ni tiene\n el carácter de interlocutorio, al no haberse pronunciado\n sobre lo principal y consiguiente por su carácter, es\n revocable de oficio o a petición de parte por el mismo\n juzgador, en concordancia con el Art. 293 del Código de\n Procedimiento Civil, no requiriéndose necesariamente para\n su revisión de otro Órgano jurisdiccional superior,\n encontrándose por tanto vinculado con el que dictara el\n Tribunal de Apelación, negando la revocatoria, el 11 de\n mayo de 1999 (fs. 9 de segundo grado). En resumen, la providencia\n objetada pone fin de este juicio verbal sumario. 1.5. - el Art.\n 13 de la Ley de Casación, en forma alguna limite los principios\n constitucionales: dispositivo, de concentración e inmediación,\n que orientan la labor del Juez al administrar justicia y específicamente\n en la sustanciación de los procesos, al tenor del Art.\n 194 de la Constitución. La norma secundaria únicamente\n limita el derecho de las partes procesales a no poder solicitar\n pruebas ni promover incidentes, durante la tramitación\n del recurso de casación y por tanto también el\n recurso de hecho, que se establecen en la Ley de Casación,\n pero no coarta la facultad del juzgador de buscar la eficiencia\n en la administración de justicia, que es otro Mandato\n Constitucional, únicamente le prohíbe "ordenar\n la práctica de ninguna prueba", lo que está\n en consonancia con las reglas 1ra., 2da., 3ra. y 4ta. de interpretación\n de la ley que trae el Art. 18 del Código Civil. En todo\n caso, son múltiples las decisiones y providencias judiciales\n de esta Sala y de sus ministros dictadas en otros procesos, inspiradas\n en estos principios, que ahora revisa la resolución de\n mayoría. SEGUNDO. - La revocatoria solicitada está\n dirigida contra el auto de mayoría dictado el 18 de febrero\n del año en curso, siendo nuestro criterio diferente, no\n nos corresponde por tanto efectuar pronunciamiento alguno al\n respecto. TERCERO. - La petición última de la compañía\n demandante, presentada por la interpuesta persona de su representante\n legal, Linda Vásquez Santiestevan, en todo caso, resulta\n extemporánea, ya que habiéndose notificado dicha\n providencia el dieciocho de enero del presente año, quedó\n ejecutoriada a la media noche del veinticinco de dicho mes, teniendo\n en cuenta la razón actuarial precedente. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, (Voto Salvado),\n Bolívar Guerrero Armijos, Ministros Jueces, Oswaldo Tamayo\n Sánchez, Conjuez Permanente, y Dr. Carlos Rodríguez\n García, Secretario Relator que certifica.

\n\n

RAZON: Las cinco copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio No. 210 - 99, que sigue Linda\n Vásquez Santistevan, por los derechos que representa de\n FIRESA S.A. contra Ab. Fidel Egas Chirigoba, representante legal\n de SUPEREXPORSA SA. Resolución No. 01 - 2000.

\n\n

Quito, 22 de junio del 2000.

\n\n

f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

\n\n

 

\n\n

N0 126\n - 2000

\n\n

ACTOR: Eduardo Salcedo Gonzaga.
\n DEMANDADA: Julia Black Maldonado.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 24 de abril del 2000. a las\n 11h10.

\n\n

VISTOS: De la sentencia pronunciada por la Primera Sala de\n la Corte Superior de Quito, interpone recurso de casación\n Julia Antonieta Black Maldonado, dentro del juicio verbal sumario\n que por divorcio formulé el ingeniero Eduardo Salcedo\n Gonzaga; fallo en el que la Corte Superior confirma el venido\n en grado, esto es el pronunciado por el Juez Vigésimo\n Primero de lo Civil de Pichincha, que desecha las excepciones,\n acepte la demanda y en consecuencia, por divorcio, se declara\n disuelto el vínculo conyugal que une a Eduardo Hugo Salcedo\n Gonzaga con Julia Antonieta Black Maldonado, por contrato matrimonial\n celebrado en la parroquia de San Antonio de Pichincha, del cantón\n Quito, provincia de Pichincha el 2 de abril de 1974, constante\n en el tomo I, Pág. 30, acta 30 del registro de matrimonios\n del indicado allá. Como el juicio se encuentra en estado\n de resolución, para hacerlo se considera: PRIMERO. - La\n Sala es competente para conocer el recurso de casación\n en virtud del mandato constitucional que expresamente consta\n en el Art. 200 de la Constitución Política de la\n República, que está relación con el Art.\n 1 de la Ley de Casación; toda vez que el juicio fue sorteado\n el 20 de septiembre de 1999, correspondiendo su conocimiento\n a la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil y por cumplir los requisitos\n de procedencia, oportunidad, legitimación y de formalidades,\n es admitido a trámite, mediante auto de 14 de diciembre\n de 1999. SEGUNDO. - La recurrente presenta recurso de casación\n al amparo de lo que disponen los artículos primero, tercero,\n sexto y siguientes de la Ley de Casación, tanto de la\n sentencia dictada por los señores Ministros de la H. Corte\n Superior de Justicia de Quito, Primera Sala, el 15 de julio de\n 1999, cuanto del auto de 23 de agosto de 1999 en la que se le\n hace conocer la negativa de la ampliación a la aclaración\n solicitada. Como antecedentes manifiesta la recurrente, que el\n actor en su demanda dice que está casado civilmente con\n la compareciente, que en este matrimonio procrearon una sola\n hija llamada Johana Salcedo Black. Que su hogar lo tenía\n formado en el domicilio de la casa 239 de la calle Villalengua\n de esta ciudad, donde habitaban con su hija. Que el domicilio\n en que ha venido funcionando su hogar tiene el número\n 1280 de la calle Villalengua. Que el actor dice que el 12 de\n noviembre de 1995 a las 08h00 aproximadamente, la compareciente\n y su hija le pidieron prestado las llaves de su vehículo\n Toyota con el objeto de cumplir un compromiso adquirido. Que\n en efecto como en otras oportunidades les entregó las\n llaves, salieron de la casa precedentemente localizada, portando\n maletas sin conocer su contenido y partiendo en el vehículo\n con rumbo desconocido. Que desde ese momento su mujer no se ha\n reintegrado al hogar, produciéndose el abandono injustificado\n por más de un año ininterrumpidamente y con inexistencia\n de relaciones matrimoniales. Que bajo el amparo de la causal\n 11 del Código Civil, causal que se encuentra derogada,\n demandaba en juicio verbal sumario para que en sentencia se declare\n disuelto el vínculo matrimonial, que en la demanda el\n actor no dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos\n 70, 71 y 72 del Código de Procedimiento Civil, no ha mencionado\n el domicilio actual, no ha entregado su número de cédula,\n su edad, y el Juez no ha mandado a completar la demanda. Que\n con antelación mediante juicio de alimentos N0 297 - 96\n presentado en el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de\n Pichincha demandé alimentos a su cónyuge Eduardo\n Salcedo Gonzaga, obteniendo sentencia y la imposición\n de la cantidad que el demandado debió satisfacer. Que\n su hija Johana Salcedo Black demandé ante el Tribunal\n de Menores de Pichincha a su padre Eduardo Salcedo Gonzaga, quien\n al reconocer que les había lanzado de su hogar a la compareciente\n y a su hija se impuso una pensión voluntaria de S/. 2'250.000,oo.\n Que el Código de Procedimiento Civil al tratar sobre la\n prueba manifiesta que es la que se actúa dentro del término\n y en ella se exhiben instrumentos públicos que constituyen\n prueba plena, y que el Juez y la Corte Superior han hecho caso\n omiso de la ley, llegando incluso a afirmar que estos documentos\n carecen de valor probatorio. Que las normas infringidas en el\n fallo recurrido son las siguientes: a. - Articulo 70, 71 y 72\n del Código de Procedimiento Civil; b. - Artículo\n 117, 118, 277 y 278 del Código de Procedimiento Civil;\n c. - Art. 15 numeral 1 de la Ley Reformatoria al Código\n Civil, número 43 Registro Oficial 256 de 18 de agosto\n de 1989 que reforma la causal 11 del Art. 109 del Código\n Civil. Que las causales en que funda su recurso de casación\n son: la primera, tercera, cuarta y quinte del artículo\n 3 de la Ley de Casación; y, los Arts. 6 y 16 de la misma\n ley. Que fundamenta su recurso en los Arts. 277 y 278 del Código\n de Procedimiento Civil. Que hay una errónea interpretación\n de los preceptos jurídicos que rigen la valoración\n de la prueba, ya que la prueba testimonial es una prueba complementaria\n de menor valor jurídico que el instrumento público,\n todo lo cual ha influido en la parte resolutiva de la sentencia,\n causándole un enorme daño y perjuicio económico.\n TERCERO. - El Art. 109 del Código Civil dice: Son causas\n de divorcio: Causal 11ra. sustituida por la siguiente: "El\n abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge,\n por más de un año ininterrumpidamente". La\n sustitución es al inciso primero de la causal 11ra. que\n decía "La separación de los cónyuges\n con inexistencia de relaciones conyugales, por más de\n TRES AÑOS". La sustitución del inciso primero\n de la causal 1ra. del Art. 109 del Código Civil, que se\n encuentra publicada en el Registro Oficial 5. N0 256 de 18 de\n agosto de 1989, no es reforma, sino sustitución de la\n causal, situándolo dentro del siguiente contexto: "El\n abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge",\n por más de un año ininterrumpidamente. El demandante\n dice en su demanda: Con estos antecedentes y bajo el amparo de\n la causal 11ra., primer inciso, del Art. 109 del Código\n Civil, reformado, en juicio verbal sumario demanda a su cónyuge\n Julia Antonieta Black Maldonado, para que en sentencia declare\n el divorcio. La causa invocada, es clara y procedente y no hay\n asidero en las excepciones y alegatos de la demandada sin que\n tenga relevancia para el ejercicio del derecho de los justiciables,\n que el accionado haya preferido indicar la causal, teniendo en\n cuente la numeración anterior con la aclaración\n de encontrarse reformado y no la numeración de la disposición\n que entrega la Ley Reformatoria al articulado original. La existencia\n del vínculo matrimonial se encuentra acreditada con la\n inscripción del matrimonio de Eduardo Hugo Salcedo con\n Julia Antonieta Black Maldonado, constante a fs. 1. CUARTO. -\n Los fundamentos de hecho expuestos por el demandante han sido\n acreditados dentro del respectivo término de prueba con\n las declaraciones de Fausto Marcelo Torres Saltos, Francisco\n Javier Riofrío Rey, Cielo Soraya Rosado Cevallos de Tituaña,\n Juan Alberto Saltos Jarrín, Francisco Enrique Juliusberger\n del Alcázar, que tanto al contestar el interrogatorio\n del demandante y las repreguntas de la demandada, manifiestan\n que su señorita hija le pidió a su papá\n las llaves del vehículo y salieron con maletas sin conocer\n qué rumbo tomaron. QUINTO. - La demandada Julia Black\n Maldonado para justificar sus excepciones adjunte copia del juicio\n de alimentos N0 824 - 85 seguido por Johana Catherine Salcedo\n Black contra su padre lng. Eduardo Hugo Salcedo Gonzaga, alimentos\n legales a los que tenía derecho su hija, acción\n tramitada en el Tribunal de Menores de Pichincha; en la misma\n forma se adjunte el juicio de alimentos N0 297 - 96 tramitado\n en el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha\n que siguió la demandada Julia Antonieta Black Maldonado\n contra el actor, resolución en la cual se admite el derecho\n que tiene a los alimentos Julia Antonieta Black Maldonado, por\n haberse demostrado que se encuentra separada de su cónyuge\n con justa causa. En igual forma se adjunte una copia de la denuncia\n presentada por Julia Black Maldonado ante el Comisario Quinto.\n Tanto las resoluciones de los juicios de alimentos como la denuncia\n presentada ante el Comisario de Policía no pueden ni podrían\n ser consideradas prueba plena dentro del presente proceso, por\n cuanto los juicios de alimentos en los que se resolvieron tuvieron\n causales o justificación diferentes a las que motivan\n el presente proceso, como bien lo anotan los magistrados de la\n Primera Sala de la Corte Superior de Justicia, juicios de alimentos\n que tienen en su parte resolutiva carácter de provisionales.\n SEXTO. - La alegación por parte de la demandada de que\n - su domicilio lo tenían en la calle Villalengua en la\n casa N0 239 no afecte a la validez del proceso, como tampoco\n lo afecte el hecho de que el actor no haya señalado su\n edad, al expresar simplemente ser mayor de edad y la demandada\n fue citada legalmente por el Teniente Político de la parroquia\n Pintag, habiendo comparecido a juicio, luego de la citación\n que se le hiciera, llenando los requisitos del artículo\n 101 del Código de Procedimiento Civil. La causal de divorcio\n constante en el numeral 11 del Art. 109 del Código Civil,\n que está sustituida por la Ley 43 publicada en el Registro\n Oficial N0 256 de 18 de septiembre de 1989, se encuentra debidamente\n probada. Por las consideraciones expuestas la Segunda Sala de\n lo Civil y Mercantil, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA\n REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso de casación\n interpuesto por Julia Antonieta Black Maldonado, confirmando\n en todas sus partes la sentencia pronunciada por la Primera Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Quito. Sin costas. - Publíquese\n y notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Bolívar\n Guerrero Armijos, Ministros Jueces, Oswaldo Tamayo Sánchez,\n Conjuez Permanente, y Carlos García, Secretario Relator\n que certifica.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 31 de mayo del 2000; las 11h00.

\n\n

VISTOS: La demandada Julia Antonieta Black Maldonado, a fs.\n 33 a 35 de las actuaciones de este nivel, solicite aclaración\n y ampliación de la resolución dictada por la Sala\n el 24 de abril del 2000. Para resolver se considera: PRIMERO.\n - Según el Art. 286 del Código de Procedimiento\n Civil; procede la aclaración si la resolución fuere\n obscura y la ampliación cuando no se hubiere resuelto\n alguno de los puntos controvertidos. SEGUNDO. - En la especie,\n la sentencia dictada en esta causa es absolutamente clara y se\n ha pronunciado sobre lo que fue materia de la litis, sin que\n sea legal acceder a la solicitud anterior de "aclarar y\n ampliar la sentencia dictada rechazando el recurso de casación\n interpuesto", que implicaría revocar el fallo expedido,\n cuanto que en la consideración sexta se hace un pronunciamiento\n inteligible y completo acerca de la aparente contradicción\n que plantea la recurrente. Por lo expuesto, se rechaza la petición\n formulada por la parte demandada. - Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Idrovo\n y Bolívar Guerrero Armijos, Ministros Jueces y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica-

\n\n

Razón: Las cuatro copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio N0 230 - 99, que sigue Eduardo\n Salcedo Gonzaga contra Julia Black Maldonado. Resolución\n N0 126.2000. Quito, 22 de junio del 2000.

\n\n

f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

N0 156\n - 2000

\n\n

ACTOR: Diego Guzmán Loayza, Oro\n Auto Cía. Ltda.

\n\n

DEMANDADO: Luis Blacio Aguilar.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL.

\n\n

Quito, a 27 de abril del 2000; a las\n 10h00.

\n\n

VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala, el recurso\n de casación interpuesto por Diego Guzmán Loayza,\n en su calidad de representante legal de la compañía\n Importadora Oro Auto "IMOAUTO" Cía. Ltda., impugnando\n el auto dictado por la Primera Sala de la Corte Superior de Machala\n (fs. 2 del segundo cuaderno), que confirma en todas sus partes\n el auto venido en grado, que ordena que el automotor aprehendido\n sea devuelto inmediatamente al señor Patricio González\n Romero, tercero perjudicado, dentro del juicio especial, de venta\n con reserva de dominio, que sigue el recurrente contra Luis Blacio\n Aguilar. - Corresponde determinar la admisibilidad del recurso\n de casación deducido, al hacerlo se considera: PRIMERO.\n - Las reformas a la Ley de Casación, publicadas en el\n R.O. N0 39 de 8 de abril de 1997, establecen una nueva normativa\n para los requisitos de procedencia del recurso. En primer lugar,\n lo limite a las sentencias y autos dictados por los tribunales\n distritales de lo fiscal y contencioso administrativo y por las\n cortes superiores, que originalmente cualquiera sea el grado\n que tuviere el Juez o Tribunal podrían ser objeto del\n recurso, así el del primer nivel jurisdiccional. Además,\n se reduce la impugnación solo para los procesos de conocimiento:\n que fundamentalmente son aquellos que declaran o reconocen derechos\n dudosos o controvertidos de los justiciables. Finalmente, debe\n el auto o sentencia dar fin al proceso, lo que no acontece en\n la providencia objetada. En la especie, el bien automotor con\n reserva de dominio ha sido reclamado por Diego Guzmán\n Loayza, como representante legal de Importadora Oro Auto "Imoauto"\n Cía. Ltda., por incumplir el comprador con sus obligaciones,\n buscando que simplemente se lleve a efecto el derecho establecido\n a favor del vendedor en el registrado contrato aludido, y, en\n los títulos ejecutivos aceptados por el comprador, que\n lo respaldan, como se establece del articulo 1 del D.S. N0 458\n CH. R.O. N0 68: 30.9.63, en los artículos innumerados\n en el décimo y décimo cuarto lugar, reformatorios\n del Código de Comercio, que caracterizan la naturaleza\n ejecutiva de la acción mercantil, cuando dice a la letra:\n "Art. Si el vendedor lo prefiere podrá pedir al Juez\n que disponga el remate de los objetos vendidos con reserva de\n dominio de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 596 del Código\n de Comercio y las disposiciones pertinentes del Código\n de Procedimiento Civil, pudiendo además procederse conforme\n al trámite establecido para el remate de la prenda comercial.\n El producto del remate se aplicará al pago de las cuotas\n vencidas y se cubrirá además los gastos del remate,\n debiendo entregarse al comprador el saldo que hubiere. Si dicho\n producto no alcanzare a cubrir el valor del crédito, el\n vendedor podrá iniciar una nueva acción contra\n el comprador para obtener la cancelación del saldo que\n quedare adeudando. inclusive los gastos judiciales"... "Art.\n El vendedor que hiciese uso del derecho que le concede la ley,\n acudirá al Juez competente presentando el respectivo contrato\n y el certificado otorgado por el Registrador, y una vez que el\n Juez observare que dicho contrato cumple con los requisitos esenciales,\n dispondrá que uno de los alguaciles aprehenda las cosas\n materia del contrato donde quiera que se encuentren y las entregará\n al vendedor". Se remarca el carácter de juicio de\n ejecución que identifica a este tipo de procesos, cuando\n se remite al Art. 573 del Código de Comercio, que regula\n el juicio de remate de prenda comercial ordinaria, que dispone:\n "...No se admitirá oposición alguna para la\n venta de la prenda cuyo plazo haya vencido". Consecuentemente,\n no cabe posibilidad alguna de discusión del derecho de\n los justiciables, si no que la finalidad de este juicio de remate\n es conseguir: pagar el crédito, directamente o por medio\n del remate del bien vendido. A ésto se suma que, el auto\n dictado por el Tribunal inferior, deja a salvo los derechos del\n actor para intentar las acciones legales de las que se crea asistido\n en contra de Luis Mario Blacio Aguilar. En síntesis, no\n cumple el requisito de procedencia. Por lo expuesto, al tenor\n del articulo 7 de la Ley Reformatoria a la Ley de Casación,\n se rechaza el recurso de casación concedido ilegalmente\n por el Tribunal ad - quem, ordenando su devolución. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Bolívar\n Guerrero Armijos, Ministros Jueces, Oswaldo Tamayo Sánchez,\n Conjuez Permanente, y Carlos Rodríguez García,\n Secretario Relator que certifica.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 5 de junio del 2000; a las 16h10.

\n\n

VISTOS: Ha solicitado aclaración el actor, Diego Guzmán\n Loayza (fs. 7 de este cuaderno), atinente al auto expedido por\n la Sala el 27 de abril del año en curso. Mediante decreto\n de 9 de mayo del 2000, se corre traslado a las partes, y Nelson\n González Romero en escrito de 10 de mayo contesta el mismo.\n Corresponde resolver acerca de la aclaración planteada,\n al respecto se considera: PRIMERO. - El artículo 293 del\n Código de Procedimiento Civil establece: "Los autos\n y decretos pueden aclararse, ampliarse, reformarse o revocarse,\n por el mismo juez que los pronunció, silo solicite alguna\n de las panes dentro del término fijado en el articulo\n 285.". SEGUNDO. - El auto dictado por la Sala es inteligible\n y resuelve todos los puntos materia del recurso de casación\n deducido. En resumen, ha quedado en firme el auto indebidamente\n objetado, que implícitamente ha realizado un pronunciamiento\n acerca del remate del automotor aprehendido, demandado en este\n proceso, mas no lo atinente a la deuda reclamada, que puede exigirla\n también independientemente. - Por lo expuesto, se rechaza\n el petitorio de aclaración, por improcedente. - Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Olmedo Bermeo Idrovo,\n Bolívar Guerrero Armijos, Ministros Jueces, y Carlos García,\n Secretario Relator que certifica.

\n\n

Razón: Las tres copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio N0 75 - 2000, que sigue Diego\n Guzmán Loayza, representante legal de Oro Auto Cía.\n Ltda. contra Luis Blacio Aguilar. Resolución N0 156 -\n 2000. Quito, 22 de junio del 2000.

\n\n

f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

N0 157\n - 2000

\n\n

ACTOR: Florencio Ulloa.
\n DEMANDADOS: Freddy Sánchez y otro.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 27 de abril del 2000; a las\n 10h15.

\n\n

VISTOS: Procede a resolver el recurso de casación admitido\n al trámite (fs. 3 de este cuaderno), que interpusiera\n el accionante vencido, Florencio Antonio Ulloa Izquierdo, objetando\n la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada: La Tercera Sala\n de la Corte Superior de Quito (fs. 3 y vta, del segundo cuaderno),\n que acepte la apelación presentada por los demandados:\n Jaime Sánchez Zambrano y Freddy Sánchez Muñoz,\n dentro del juicio verbal sumario, revocando el fallo del Juez\n Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha, sede esta ciudad,\n que declaraba con lugar la acción de cobro de los cheques\n Nos 000258 y 000259, girados por el segundo, de la cuenta corriente\n común N0 201 - 0003982 contra el Banco Popular, por S/.\n 1´743.333,oo, devueltos por el girado, el 23 de agosto\n y 23 de septiembre de 1996, con las respectivas leyendas de:\n cheque anulado por orden de no pago y cheque anulado por revocatoria\n del girador; y, consecuentemente, disponía el pago, con\n costas, puesto que el Tribunal inferior se fundamente en que\n el demandante no ha justificado su derecho como portador o tenedor\n de dichas órdenes de pago, giradas a favor de Muebles\n La Mansión, ni ha establecido la vinculación que\n tiene con dicho negocio, tratándose de instrumentos posdatados\n los cheques fechados sucesivamente el 20 de agosto y 20 de septiembre\n del mismo año. El recurrente sostiene la violación\n de los Arts. 27 y 57 de la Ley de Cheques, imputando configuradas\n las causales 4ta., 1ra. y 3ra. del Art. 3 de la Ley de Casación.\n El auto de 28 de abril de 1999 al calificar el recurso concedido,\n en modo alguno la admisibilidad decretada; implica la aceptación\n de todas las proposiciones formales que contiene, puesto que\n se limite a las que cumplen únicamente los requisitos\n legales, no correspondiendo por tanto a la causal 3ra., dado\n que no cite norma alguna sustantiva o procedimental atinente\n a la valoración probatoria, a fin de que la Sala de Casación\n pueda identificar la equivocación jurídica perpetrada\n por el Juzgador cuestionado, quedando resumidas las objeciones\n del casacionista solamente a las otras dos. Agotada la sustanciación,\n al decidir, se considera: PRIMERO. - La litis se trabó\n en la audiencia de conciliación, que fijó la pretensión\n del actor, principalmente el pago de los cheques mencionados,\n mientras que los accionados sostuvieron el origen posdatados\n de éstos y el incumplimiento del contrato de venta de\n los muebles por defectos que nunca fueron reparados; en tal virtud,\n no aparece la extra, mini o ultra petita que describe la causal\n 4ta. del Art. 3 de la Ley de Casación, que reclama el\n recurrente. SEGUNDO. - El Art. 27 de la Ley de Cheques establece\n primordialmente la facultad del girador de revocar la orden de\n pago del cheque comunicando al banco girado - siguiendo la Resolución\n N0 92484 de la Superintendencia de Bancos; - sin que por ésto\n desaparezca su responsabilidad. Las acciones por falta de pago\n las tiene el portador o tenedor, el importe del cheque lo puede\n exigir al tenor del Art. 45 de la Ley de Cheques, también\n cualquier otro obligado que pagó tal orden incondicional\n de pago, pero en ambos casos se requiere que los demandantes\n justifiquen dichas calidades. La invocación del recurrente\n del Art. 57 de la antes mencionada legislación, resulta\n improcedente, puesto que la norma prescribe la vías para\n tramitar el pago por parte del portador o tenedor y el obligado\n que pagó, siendo correcta la verbal sumaria por no tener\n los cheques aparejados a la demanda el carácter de títulos\n ejecutivos. En resumen, no surge el defecto de indebida aplicación\n de dichas normas. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN\n NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, por falta de\n base legal se rechaza el recurso de casación admitido.\n - Con costas. - Publíquese. - Notifíquese. Cúmplase\n con el Art. 19 de la Ley de Casación.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, Bolívar\n Guerrero Armijos, Ministros Jueces, Oswaldo Tamayo Sánchez,\n Conjuez Permanente y Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator que certifica.

\n\n

Razón: Las dos fotocopias que anteceden son iguales\n y fueron tomadas del juicio original N0 62 - 99, que sigue Florencio\n Ulloa, contra Freddy Sánchez y otro. Resolución\n N0 157 - 2000. Quito, a 22 de junio del 2000.

\n\n

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

\n\n

 

\n\n

N0 158\n - 2000

\n\n

ACTORA: Gloria Delgado.
\n DEMANDADA: Ruth Arias.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 27 de abril del 2000; a las\n 10h20.

\n\n

VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala el recurso de\n casación que interpone Ruth Arias impugnando la sentencia\n dictada por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Cuenca el\n 16 de febrero de 1995, las 08h00, que confirma el fallo dictado\n por el inferior, encontrándose la causa en estado de dictar\n sentencia para hacerlo se hacen las siguientes consideraciones:\n PRIMERO. - La Sala es competente para conocer esta causa en virtud\n del sorteo realizado y por mandato constitucional constante en\n el Art. 200 en relación con el Art. 1 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO. - A la fecha de presentación del recurso estaba\n en vigencia la Ley de Casación constante en el RO. N0\n 192 de 18 de mayo de 1993, habiendo esta Sala aceptado al trámite\n el recurso y sustanciado conforme lo determina la ley, corresponde\n a esta Sala pronunciarse, en aplicación de la parte final\n del numeral 20 del Art. 7 del Código Civil, que de manera\n taxativa determina que "las actuaciones y diligencias que\n ya estuvieron comenzadas se regirán por ley que estuvo\n entonces vigente", atento al principio de irretroactividad\n de la ley, concepto que nos obliga a considerar los puntos constantes\n en el recurso. TERCERO. - Si bien es cierto que con la Ley Reformatoria\n a la Ley de Casación de 8 de abril de 1997, se limite\n la procedencia del recurso de casación a los juicios de\n conocimiento y que en ese sentido esta Sala ha resuelto rechazar\n aquellos recursos interpuestos en los juicios ejecutivos con\n posterioridad a dichas reformas, con la variante de que esta\n Sala ha aceptado a trámite aquellos recursos interpuestos\n en esta clase de juicios con anterioridad a la vigencia de las\n reformas a la Ley de Casación, no es menos cierto que\n la intención del Legislador fue la de evitar el abuso\n de este recurso, especialmente en estos juicios de cumplimiento\n o de ejecución, y que se ha convertido en un mecanismo\n de postergación del cumplimiento de las obligaciones por\n parte de los ejecutados, mas no la de coartar el legítimo\n derecho de los ejecutantes para recabar de sus deudores las correspondientes\n obligaciones con respaldo en un título ejecutivo. CUARTO.\n - La demandada recurrente manifiesta en su escrito que se han\n infringido y aplicado indebidamente las disposiciones legales\n que hacen relación a los títulos ejecutivos, en\n especial la letra de cambio, pues la actora en la demanda solicite\n el pago de un "cambial" no existiendo en su criterio\n tal título ejecutivo entre los establecidos en el Art.\n 423 del Cód

 

Change password



Loading..