Registro Oficial

Registro Oficial. 10 de AGOSTO del 2000

Jueves, 10 de agosto de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE AGOSTO DEL 2000
\n \n \n \n
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\n
 
\n

 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Jueves 10 de Agosto del 2000

\n

REGISTRO OFICIAL No. 138

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDOS:

\n\n

MINISTERIO\n DE ECONOMIA Y FINANZAS:

\n\n

115 Fíjanse como valor de comercialización\n de varias especies valoradas

\n\n

116 Fíjanse como valor\n de comercialización de varias especies valoradas

\n\n

MINISTERIO\n DE SALUD PUBLICA:

\n\n

0372 Refórmase el Reglamento Unico\n de Contrataciones

\n\n

0357 Nómbrase al señor Fausto\n Luis Morán Parrales, representante ante el Directorio\n de la Junta de Recursos Hidráulicos y Obras Básicas\n de Ios Cantones de Jipijapa, Paján y Puerto López

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA

\n\n

SALA\n ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

\n\n

95-93 Agustina Pérez Pérez\n y otros en contra del Director General del Servicio de Rentas\n lnternas

\n\n

113-93 Compañía Construcciones\n PROTEXA S.A. en contra del Director Financiero del I. Municipio\n de Quito

\n\n

35-97 Compañía Confecciones\n Lauren Cía Ltda. en contra de la Directora General del\n Servicio de
\n Rentas Internas

\n\n

87-97 Occidental Exploration and\n Production Company OEPC en contra del Director Financiero del\n Municipio de Quito

\n\n

101-98 Carmen Suárez en contra del Subsecretario\n General del Ministerio de Finanzas y Crédito Público

\n\n

111-98 Gasolinera Cotacachi en contra\n del Ministro de Finanzas y Crédito Público

\n\n

ORDENANZA\n METROPOLITANA:

\n\n

034 Cantón Quito: Reformatoria\n del Capítulo IV del Titalo V del Libro II del Código\n Municipal
\n relacionado con la creación del certificado de control\n de emisiones vehiculares y el adhesivo
\n ambiental

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

Cantón\n Pedro Vicente Maldonado: Regulatoria\n del manejo de desechos sólidos y establecimiento de tasas\n retributivas por la recolección de basura, residuos y\n desperdicios

\n\n

Cantón\n Quinindé:\n Mediante la cual se institucionaliza la jornada de exaltación\n de los símbolos cívicos

\n\n

Cantón\n Santa Rosa:\n Sustitutiva de la Ordenanza de Constitución de la Empresa\n Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA-SR)

\n\n

Cantón\n Santa Clara:\n Que reglamenta el cobro de la tasa por eferición de pesas\n y medidas\n

\n \n
\n

 

\n\n

No. 115

\n\n

Ing. Luis G. Iturralde M.
\n MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el artículo LIS de la Ley de Régimen Tributario\n Interno manifiesta que es facultad del Ministro de Economía\n y Finanzas fijar el valor de las especies fiscales, incluidos\n los pasaportes;

\n\n

Que, de conformidad con lo que dispone el artículo\n 1 del Decreto Legislativo No. 014, publicado en el Registro Oficial\n No. 92 de 27 de marzo de 1967, reformado por el artículo\n 9 del Decreto Supremo No. 1065 - A, publicado en el Registro\n Oficial No. 668 de 28 de octubre de 1974, en concordancia con\n lo previsto en el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No.\n 488, publicado en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre\n de 1978, el Instituto Geográfico Militar es el único\n organismo autorizado para que, en sus propios talleres y con\n la intervención de un delegado del Ministerio de Economía\n y Finanzas o del Ministerio de Obras Públicas, en su caso,\n imprima timbres, papel lineado, estampillas y más especies\n valoradas que la Administración Pública requiera;

\n\n

Que, al tenor de lo prescrito en el artículo 2 del\n Decreto Legislativo No. 014 antes mencionado, los contratos de\n impresión de especies referidas, serán suscritos\n entre el Ministerio correspondiente y el Instituto Geográfico\n Militar;

\n\n

Que, el artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 488\n publicado en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre de\n 1978, señala que corresponde al Ministro de Economía\n y Finanzas, autorizar la emisión de especies valoradas;

\n\n

Que, con oficio No. 412 - DF - 2000 de 26 de junio del 2000,\n el Subsecretario Administrativo del Ministerio de Trabajo y Recursos\n Humanos solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas\n la revalorización de precios del carné ocupacional\n para extranjeros, del Registro Artesanal, del informe empresarial\n sobre decimotercera remuneración e información\n individual sobre el pago de la decimotercera remuneración,\n del informe empresarial sobre decimocuarta remuneración\n e información individual sobre el pago de la decimocuarta\n remuneración y del informe empresarial sobre participación\n en utilidades e información individual sobre el pago del\n 15% de utilidades;

\n\n

Que, mediante memorando No. 0056 de 10 de julio del 2000,\n el Jefe de Economía y Finanzas de la División de\n Especies Fiscales de la Subdirección de Control de la\n Dirección Nacional de Tesorería de la Subsecretaria\n de Presupuestos y Contabilidad del Ministerio de Economía\n y Finanzas recomienda la revalorización de las especies\n valoradas enunciadas en el considerando precedente de acuerdo\n con los valores solicitados por el Ministerio de Trabajo y Recursos\n Humanos;

\n\n

Que, en oficio No. SPYC - DNT - 2000 1988 de 12 de julio del\n 2000, la Directora Nacional de Tesorería del Ministerio\n de Economía y Finanzas manifiesta estar de acuerdo con\n la revalorización de las especies valoradas en los términos\n requeridos por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos\n 118 de la Ley de Régimen Tributario Interno y 3 del Acuerdo\n Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oficial No. 690\n de 12 de octubre de 1978,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1. - Fijar como valor de comercialización de las\n especies valoradas que se detallan a continuación el siguiente:

\n\n

DESCRIPCION VALOR

\n\n

Carné ocupacional para extranjeros Registro artesanal\n US$ 60,00

\n\n

Informe empresarial sobre decimotercera remuneración\n e información individual sobre el pago de la decimotercera\n remuneración US$ 10,00

\n\n

Informe empresarial sobre decimocuarta remuneración\n e información individual sobre el pago de la decimocuarta\n remuneración US$ 2,00

\n\n

Informe empresarial sobre decimoquinto sueldo e información\n individual sobre el pago del decimoquinto sueldo US$ 2,00

\n\n

Informe empresarial sobre participación en utilidades\n e información individual sobre el pago del 15% de utilidades\n US$ 2,00

\n\n

Art. 2. - El presente acuerdo ministerial entrará en\n vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 28 de julio del 2000.

\n\n

f) lng. Luis G. Iturralde M., Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Es copia, certifico.

\n\n

f.) Ing. Com. Luis A. Abarca Strong, Secretario General del\n Ministerio de Economía y Finanzas.

\n\n

 

\n\n

N°\n 116

\n\n

Ing. Luis G. Iturralde M.
\n MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, de conformidad con lo previsto en los artículos\n 1 y 5 del Decreto Ejecutivo N0 2854, publicado en el Registro\n Oficial N0 736 de 12 de julio de 1995, es facultad exclusiva\n de las jefaturas y subjefaturas provinciales de Investigación\n del Delito, el emitir los certificados de antecedentes personales,\n y de la Jefatura Financiera de la Dirección Nacional de\n Investigaciones de la Policía Nacional, la custodia, manejo,\n distribución y venta de los mismos;

\n\n

Que, según lo señala el artículo 5 del\n Reglamento Sustitutivo para la emisión del certificado\n de antecedentes personales, corresponde al Ministerio de Economía\n y Finanzas la expedición de los certificados de antecedentes\n personales;

\n\n

Que, de acuerdo con lo previsto en el acápite VI del\n artículo 4 de la Ley de Migración, sustituido por\n Ley N0 178, publicada en el Registro Oficial N0 804 de 9 de agosto\n de 1984, para el cumplimiento del servicio de migración,\n la Comandancia General de Policía tendrá entre\n sus deberes y atribuciones fundamentales, la facultad de realizar\n el empadronamiento o censo, registro y control de inmigrantes\n y no inmigrantes con excepción de los transeúntes\n y diplomáticos de conformidad con los numerales 1, II,\n III y X del artículo 12 de la Ley de Extranjería,\n debiendo para el efecto extender una papeleta certificada;

\n\n

Que, el artículo 118 de la Ley de Régimen Tributario\n Interno manifiesta que es facultad del Ministro de Economía\n y Finanzas fijar el valor de las especies fiscales, incluidos\n los pasaportes;

\n\n

Que, de conformidad con lo que dispone el artículo\n 1 del Decreto Legislativo N0 014, publicado en el Registro Oficial\n N0 92 de 27 de marzo de 1967, reformado por el artículo\n 9 del Decreto Supremo N0 1065 - A, publicado en el Registro Oficial\n N0 668 de 28 de octubre de 1974, en concordancia con lo previsto\n en el artículo 1 del Acuerdo Ministerial N0 488 publicado\n en el Registro Oficial N0 690 de 12 de octubre de 1978, el Instituto\n Geográfico Militar es el único organismo autorizado\n para que, en sus propios talleres y con la intervención\n de un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas o\n del Ministerio de Obras Públicas, en su caso, imprima\n timbres, papel lineado, estampillas y más especies valoradas\n que la Administración Pública requiera;

\n\n

Que, al tenor de lo prescrito en el artículo 2 del\n Decreto Legislativo N0 014 antes mencionado, los contratos de\n impresión de especies referidas, serán suscritos\n entre el ministerio correspondiente y el Instituto Geográfico\n Militar;

\n\n

Que, el artículo 3 del Acuerdo Ministerial N0 488,\n publicado en el Registro Oficial N0 690 de 12 de octubre de 1978,\n señala que corresponde al Ministro de Economía\n y Finanzas, autorizar la emisión de especies valoradas;

\n\n

Que, con oficio N0 129 - JF - DNM de 23 de junio del 2000,\n el Director Nacional de Migración 'solicitó al\n Ministerio de Economía y Finanzas la revalorización\n de precios de los certificados de permanencia legal, tarjetas\n de control migratorio, certificados de empadronamiento, certificados\n de movimiento migratorio, libretas de tripulantes terrestres,\n recepción de naves marítimas y despacho de naves\n marítimas;

\n\n

Que, mediante memorando N0 0055 de 7 de julio del 2000, el\n Jefe de Economía y Finanzas de la División de Especies\n Fiscales de la Subdirección de Control de la Dirección\n Nacional de Tesorería de la Subsecretaría de Presupuestos\n y Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas recomienda\n la revalorización de las especies valoradas enunciadas\n en el considerando precedente de acuerdo con los valores solicitados\n por la Dirección Nacional de Migración;

\n\n

Que, en oficio N0 SPYC - DNT - 2000 1986 de 12 de julio del\n 2000, la Directora Nacional de Tesorería del Ministerio\n de Economía y Finanzas manifiesta estar de acuerdo con\n la revalorización de las especies valoradas en los términos\n sugeridos por el Jefe de Economía y Finanzas de la División\n de Especies Fiscales; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos\n 118 de la Ley de Régimen Tributario Interno y 3 del Acuerdo\n Ministerial N0 488, publicado en el Registro Oficial N0 690 de\n 12 de octubre de 1978,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1. - Fijar como valor de comercialización de las\n especies valoradas que se detallan a continuación, el\n siguiente:
\n
\n DESCRIPCION VALOR

\n\n

Certificados de permanencia legal US$ 4,00
\n Tarjetas de control migratorio US$ 4,00
\n Certificados de empadronamiento US$ 4,00
\n Certificados de movimiento migratorio US$ 5,00
\n Libretas de tripulantes terrestres US$ 10,00
\n Recepción de naves marítimas US$ 15,00
\n Despacho de naves marítimas US$ 15,00

\n\n

Art. 2. - Dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial N0 108 de\n 21 de julio del 2000.

\n\n

Art. 3. - El presente acuerdo ministerial entrará en\n vigencia a partir del 1 de agosto del 2000, sin perjuicio de\n su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 1 de agosto del 2000.

\n\n

f) Ing. Luis G. Iturralde M., Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Es copia, certifico.

\n\n

f.) Ing. Com. Luis A. Abarca Strong, Secretario General del\n Ministerio de Economía y Finanzas.

\n\n

1 de agosto del 2000.

\n\n

 

\n\n

No. 0372

\n\n

EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Acuerdo No. 00286 - A de 19 de junio del 2000,\n publicado en el Registro Oficial No. 116 de 10 de julio del 2000,\n se expidió el Reglamento Unico de Contrataciones del Ministerio\n de Salud Pública;

\n\n

Que se requiere reformarlo, principalmente en lo que se refiere\n a los contratos financiados con recursos no reembolsables; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Reformar el Reglamento Unico de Contrataciones del Ministerio\n de Salud Pública.

\n\n

Art. 1. - El texto del artículo 1, se sustituye por\n el siguiente:

\n\n

"Este Reglamento se aplicará en forma obligatoria\n en la Planta Central del Ministerio de Salud Pública (MSP);\n y en el sistema desconcentrado. integrado por las siguientes\n dependencias del MSP: Subsecretaría Nacional de Medicina\n Tropical, direcciones provinciales de salud, jefaturas de áreas\n de salud y hospitales.

\n\n

En las contrataciones que realicen los proyectos del MSP,\n financiados con créditos de organismos multilaterales\n de los cuales el Ecuador sea miembro, de acuerdo a lo prescrito\n en los artículos 58 de la Ley de Contratación Pública\n y añadido después del 17 de la Ley de Consultoría,\n se observará lo acordado en los respectivos convenios\n de crédito; lo no previsto se regirá por las leyes\n citadas y este reglamento.

\n\n

Las contrataciones financiadas con aportes no reembolsables,\n provenientes de acuerdos con organismos nacionales e internacionales,\n se sujetarán a lo acordado con esta Secretaria de Estado,\n hasta los montos que legalmente le compete regular al Ministro\n de Salud.

\n\n

En el caso de tratados y convenios internacionales, se estará\n a lo dispuesto en el artículo 163 de la Constitución\n Política de la República.

\n\n

La adquisición de medicamentos genéricos y de\n marca, de uso humano incluidas las vacunas, insumos médicos\n y material quirúrgico por parte del MSP, está regulada\n por la reglamentación especial respectiva".

\n\n

Art. 2. - El primer inciso del artículo 9, se reemplaza\n por el siguiente:

\n\n

"En la Planta Central del MSP, para contrataciones cuyo\n monto sea inferior a 100 salarios mínimos vitales generales,\n el Director Institucional - Administrativo, con recursos provenientes\n del Presupuesto General del Estado; o, el Jefe del Departamento\n de Administración de Proyectos, con aportes no reembolsables\n provenientes de acuerdos con organismos nacionales o internacionales;\n previo el análisis de una cotización, podrán\n adjudicar la contratación en forma directa a uno 'de los\n proveedores que conste en la lista de proveedores, cuidando que\n sea en las mejores condiciones de calidad y precio. Los servidores\n mencionados, al momento de suscribir la factura a nombre del\n MSP, ordenarán el gasto respectivo.".

\n\n

Art. 3. - El texto del artículo 18, se cambia por el\n siguiente:

\n\n

"En las jefaturas de áreas de salud, el Comité\n de Contrataciones está integrado por ' los siguientes\n miembros:

\n\n

a) El servidor responsable de la jefatura de área,\n en calidad de delegado del Ministro de Salud, quien lo presidirá;

\n\n

b) El abogado de la jefatura de área, o de la Dirección\n Provincial de Salud a que pertenezca;

\n\n

c) Técnico: El servidor responsable de la unidad administrativa;

\n\n

d) Técnico: El servidor responsable de la unidad financiera;

\n\n

e) Técnico: Un delegado del colegio profesional, a\n cuyo ámbito de actividad corresponda la mayor participación\n en el proyecto.

\n\n

Actuará como Secretario el servidor del Ministerio\n que designe el Comité.".

\n\n

Art. 4. - A continuación del inciso segundo del artículo\n 31, se agrega el siguiente:

\n\n

"En los casos que este Reglamento manda la participación\n de por lo menos tres proveedores o de todos los proveedores,\n que constan en la correspondiente lista, y no 'hay los suficientes\n para garantizar las mejores condiciones de calidad y precio en\n la contratación; o, cuando por la naturaleza de la contratación,\n no se cuenta con ningún proveedor en la lista; el servidor\n responsable invitará directamente a por lo menos tres\n personas naturales o jurídicas que cumplan con todos los\n requisitos exigidos para la calificación de proveedores,\n a que participen en el proceso precontractual".

\n\n

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de\n la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial

\n\n

Comuníquese en Quito, a 28 de julio del 2000.

\n\n

f) Dr. Fernando Bustamante R., Ministro de Salud Pública.

\n\n

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento\n de Documentación y Archivo al que me remito en caso necesario.

\n\n

Lo certifico. - Quito, a 31 de julio del 2000.

\n\n

f) Jefe de Documentación y Archivo, Ministerio de Salud\n Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 0357

\n\n

EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando

\n\n

Que, mediante Decreto Legislativo, publicado en el Registro\n Oficial No. 48 de 19 de octubre de 1979, se restablece la Junta\n de Recursos Hidráulicos, Fomento y Desarrollo de los Cantones\n de Jipijapa y Paján;

\n\n

Que, en el Registro Oficial No. 693 de 11 de mayo de 1995,\n se publica la Ley Reformatoria al Decreto Legislativo promulgado\n en el Registro Oficial No. 48 de 19 de octubre de 1979, que sustituye\n la "Junta de Recursos Hidráulicos Fomento y Desarrollo\n de los cantones de Jipijapa y Paján", por "Junta\n de Recursos Hidráulicos y Obras Básicas de los\n Cantones de Jipijapa, Paján y Puerto López";

\n\n

Que, la letra g) del artículo 5 del decreto legislativo,\n publicado en el Registro Oficial No. 48 de 19 de octubre de 1979,\n dispone que el directorio de la junta estará integrado\n por un representante designado por el Ministerio de Salud Pública;

\n\n

Que, para los fines establecidos en los programas de este\n Portafolio, se hace necesario designar un delegado del Ministerio\n de Salud Pública, como representante ante la Junta de\n Recursos Hidráulicos y Obras Básicas de los Cantones\n de Jipijapa, Paján y Puerto López; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones legales,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1 Nombrar al señor doctor Fausto Luis Morán\n Parrales, para que represente a esta Cartera de Estado, ante\n el Directorio de la Junta de Recursos Hidráulicos y Obras\n Básicas de los Cantones de Jipijapa, Paján y Puerto\n López, como representante principal; y al señor\n abogado Kléver Amador Loor Baque, en calidad de representante\n suplente.

\n\n

Art. 2 Derogar el Acuerdo Ministerial No. 00273 de 9 de junio\n del 2000, además de todas las disposiciones de igual o\n menor jerarquía que se opongan al presente acuerdo.

\n\n

Art. 3 El presente acuerdo entrará en vigencia, a partir\n de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese en Quito, a 20 de julio del 2000.

\n\n

f) Fernando Bustamante Riofrío, Ministro de Salud Pública.

\n\n

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento\n de Documentación y Archivo al que me remito es caso necesario.

\n\n

Lo certifico.

\n\n

En Quito, 31 de julio del 2000.

\n\n

f) Jefe de Documentación y Archivo, Ministerio de Salud\n Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 95\n - 93

\n\n

AGUSTINA PEREZ PEREZ Y OTROS, EN CONTRA\n DEL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA\n DE LO FISCAL

\n\n

Quito, 31 de mayo del 2000; las 09h15.

\n\n

VISTOS: Agustina, Carlos, Antonio, Rosa, Matilde, Rafael,\n Alberto, José Vicente, Luis Alfonso, María Angélica,\n María Mercedes y Antonio Francisco Pérez Pérez\n interponen recurso de casación de la sentencia dictada\n por la Segunda Sala del Tribunal Fiscal de la República\n el 14 de junio de 1988, dentro del juicio No. 2658 - 10619, seguido\n por los comparecientes en contra del Director General de Rentas\n con la que desecha la demanda de los actores como sucesores de\n Antonio Pérez Vega al reconocer que no ha operado la caducidad\n de la facultad determinadora de la Dirección General de\n Rentas en relación al impuesto a las herencias, legados\n y donaciones por lo que confirma las liquidaciones efectuadas\n por la administración tributaria. Concedido el recurso\n ha comparecido a contestar el traslado corrido el Dr. Carlos\n Alvaro a quien se ha designado Procurador Fiscal. Habiéndose\n pedido los autos para resolver se considera: PRIMERO. - La Sala\n es competente para conocer el recurso interpuesto por lo que\n dispone el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - Los\n recurrentes fundamentan su recurso en el Art. 329 del Código\n Tributario vigente a la fecha de la interposición del\n mismo por lo que ha recibido el trámite previsto en los\n artículos 330 y 331 del Código Tributario en base\n a los cuales dicen: Que Agustina Pérez Pérez, hija\n del causante Antonio Pérez Vega ha presentado la denuncia\n del fallecimiento de su padre el 8 de junio de 1984, a los 5\n años, 9 meses y 18 días a partir del fallecimiento.\n Que la Procuraduría de Sucesiones de Pichincha ha notificado\n a los herederos las liquidaciones Nros. 1235 correspondiente\n a la madre de los recurrentes Petrona Pérez Valles y 1236\n correspondiente a la sucesión de Antonio Pérez\n Vega, el 15 de octubre de 1984; es decir cuando habían\n transcurrido 6 años, un mes y 25 días a partir\n de la fecha del fallecimiento del causante. Que la Procuraduría\n de Sucesiones de Pichincha ha notificado a los herederos indicados\n con los títulos de crédito por el impuesto a las\n herencias, el 27 de abril de 1985, es decir luego de transcurridos\n 6 años, 8 meses y 7 días. Que el fundamento de\n su defensa se encuentra en que no fueron notificados con las\n dos liquidaciones del impuesto a las herencias por la Procuraduría\n de Sucesiones de Pichincha; que en los documentos de notificación\n que se encuentran en el proceso se lee que la notificación\n ha sido practicada en persona, lo cual no es así, porque\n el Art. 106 del Código Tributario expresa que la notificación\n personal se hará entregando al interesado en el domicilio\n o lugar de trabajo del sujeto pasivo o de su representante legal\n o del tercero afectado, o de la persona autorizada para el efecto,\n original o copia certificada del acto administrativo de que se\n trate o de la actuación respectiva. La diligencia de notificación\n será suscrita por el notificado. Y que la realidad es\n que no existe ninguna suscripción de parte del o de los\n notificados; tampoco existe sentada la razón de que el\n notificado se ha negado a firmar la notificación, por\n lo cual sostienen, no existe notificación ya que mediante\n reclamo administrativo la Dirección General de Rentas\n ha aceptado expresamente la prescripción del impuesto\n a las herencias de los bienes dejados por la madre de los recurrentes\n María Petrona Pérez Valles, como consta de la Resolución\n No. 1668 de 20 de agosto de 1986 ya que no existiendo notificación\n es absurdo creer que pueda ejecutoriarse la liquidación\n No. 1235 que se dice ha sido notificada el mismo día de\n la liquidación No. 1236. Que la Segunda Sala del Tribunal\n Fiscal dice que sí ha existido notificación porque\n la heredera María Mercedes Pérez Pérez ha\n pagado el impuesto con anterioridad a la fecha de emisión\n de los títulos de crédito expresando que aún\n en el caso de no existir notificación, por este solo hecho,\n se ha convalidado la que debió realizarse, lo cual implica\n un contrasentido porque si no han sido notificados no hay fundamento\n para reclamar la notificación tanto más que las\n presunciones de derecho no admiten prueba en contrario y la que\n señala la Sala no es de esa clase con lo cual se demuestra\n que la Sala juzgadora ha violado el Art. 169 del Código\n de Procedimiento Civil, el 10 del Código Civil, el 85,\n 106 y otros del Código Tributario y que al no existir\n notificación legal ha caducado la facultad determinadora\n de la Dirección General de Rentas conforme al Art. 94\n del Código Tributario. El Procurador Fiscal señala\n que en el escrito de recurso no se señala cuáles\n son las normas legales que se suponen violadas con la sentencia\n recurrida y que no ha lugar a la declaratoria de la prescripción\n de las obligaciones tributarias por el impuesto a las herencias,\n además de que el recurso no se encuadra dentro del Art.\n 329 del Código Tributario. TERCERO. - De la lectura de\n los antecedentes del proceso se encuentra que pudo haber motivo\n de confusión tanto en la Dirección General de Rentas\n y Procuraduría de Sucesiones de Pichincha como en las\n partes contendientes dentro del juicio principal, lo cual pudo\n ser determinante para que la Segunda Sala del Tribunal Fiscal\n de la República sea inducida a un eventual error cometido\n al dictar sentencia. En efecto, de la demanda con la que se inicia\n el juicio No. 10619 - 2658 se desprende que se está poniendo\n especial cuidado en pedir que se distinga lo que es una denuncia\n para el caso del impuesto a las herencias, legados y donaciones\n luego del fallecimiento del causante, de lo que es una notificación\n con un acto de determinación de obligaciones tributarias;\n también se pide precisión para distinguir lo que\n es la prescripción de la caducidad y, obviamente se menciona\n a la diferencia existente entre una presunción de hecho\n y una de derecho, para derivar en la conclusión de que\n en materia de notificaciones no cabe presunción de derecho\n y que en el caso de ser admisible la presunción ésta\n es la simple que admite prueba en contrario. La denuncia de que\n trataba la Ley del Impuesto a las Herencias, Legados y Donaciones\n vigente a las fechas de suscitado el problema, no era sino el\n aviso que los herederos de un causante daban a la Procuraduría\n de Sucesiones respectiva del fallecimiento del causante y un\n listamiento de bienes y herederos; tal denuncia puede tener el\n mismo significado que una declaración impositiva, con\n la diferencia que en la denuncia no se contenía liquidación\n practicada por el sujeto pasivo del tributo, característica\n que si es de la esencia de una declaración de un impuesto.\n De todos modos, la Dirección General de Rentas no necesariamente\n debía, esperar la existencia de una denuncia para liquidar\n el impuesto a las herencias, legados y donaciones, ya que estaba\n facultada para hacerlo de oficio dentro de los respectivos términos\n de caducidad y prescripción. Queda claro en todo caso\n que la denuncia del fallecimiento de una persona que ha dejado\n bienes hereditarios y herederos, sin ser declaración de\n tributos, tampoco es notificación del acontecimiento al\n que se refiere, pudiendo asimilarse tan solamente a un aviso\n que, en la especie se ha hecho luego de seis años del\n fallecimiento del causante. La obligación primordial de\n la administración tributaria fiscal es la de, conocida\n la existencia de un hecho imponible, en la especie, la existencia\n de una masa hereditaria dejada por un causante fallecido, practicar\n la o las liquidaciones del caso; es decir, formular una determinación\n tributaria por el sujeto activo en cualquiera de las formas establecidas\n por los artículos 90, 91, 92 y 93 del Código Tributario,\n en armonía con las pertinentes disposiciones de la Ley\n del Impuesto a las Herencias, Legados y Donaciones. Practicada\n la o las liquidaciones o determinaciones tributarias a cargo\n de cada uno de los herederos conocidos y desconocidos del causante,\n era obligación ineludible de la Dirección General\n de Rentas y de la Procuraduría de Sucesiones de Pichincha\n proceder a la notificación a los herederos conocidos y\n desconocidos del causante en la forma que obliga el Art. 109\n del Código Tributario y el Art. 86 al igual que el 87\n del Código de Procedimiento Civil, así como en\n aplicación de la jurisprudencia uniforme existente sobre\n esta materia; es decir, que se debió notificar a los herederos\n del causante por la prensa. No se registra de autos ni se desprende\n de la sentencia recurrida que este importante paso procesal se\n haya dado cumplimiento. En materia tributaria cobra especial\n importancia la distinción que debe hacerse entre caducidad\n y prescripción; caduca la facultad administrativa para\n determinar obligaciones tributarias; prescribe el derecho de\n los sujetos de la obligación tributaria para exigir el\n pago (sujeto activo) o alegar su extinción (sujeto pasivo)\n una vez conocida la cuantía de la obligación debidamente\n liquidada pero no notificada a los sujetos pasivos. La diferencia\n en materia tributaria está marcada por lo que se indican,\n de una parte, en los artículos 94 y 95 del Código\n Tributario y 54 y 55, de otra parte, del mismo código;\n sobre prescripción debe estarse, además, a lo que\n dispone el Art. 18 del mismo código y para situaciones\n como la del caso que se examina en la especie, aplicarse la norma\n 2a. del indicado Art. 18; es decir, que la prescripción\n ha de contarse desde el día siguiente al de la notificación\n legal con la determinación; más en el caso de la\n caducidad, ésta empieza a correr desde el día siguiente\n al que debió presentarse la declaración o debió\n realizarse la liquidación legal. En la especie no consta\n demostrado de autos ni referido en la sentencia recurrida la\n fecha en que debió, legalmente practicarse la denuncia\n o la liquidación de impuestos a las herencias; como ya\n se ha indicado, tampoco existe demostración de que se\n hubiera practicado una notificación legal a los herederos\n conocidos y desconocidos del causante; por lo mismo, no habiendo\n notificación, no puede hablarse de prescripción\n que, de cualquier modo, no es materia de discusión en\n este caso; lo es, sin embargo la caducidad que debe contarse\n desde 30 días después del fallecimiento del causante\n y en la especie, está reconocido por la propia administración\n tributaria y por la sentencia de la que se recurre, que se ha\n realizado a más de los seis años de ese hecho,\n lo cual demuestra que la caducidad se ha producido de pleno derecho\n aún en el supuesto del numeral 2 del Art. 94 del Código\n Tributario. CUARTO. - Especial atención merece el asunto\n que se discute examinado desde el punto de vista de la notificación\n y los efectos jurídicos de su realización legal\n o no o de su falta de realización. De conformidad con\n la ley, en especial por lo que disponen los artículos\n 85, 101 numerales 6, 103, 106, 107 y 109 del Código Tributario\n y 77 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil que\n han sido recogidos por la jurisprudencia reiterada, abundante\n y uniforme que ha emanado de los organismos que administran justicia\n en el Ecuador. Si la notificación es el acto por el cual\n se hace saber al interesado de la existencia de un acto o hecho,\n entregándole copia certificada que da fe de la existencia\n de ese acto, la notificación debe necesariamente realizarse\n cumpliendo absolutamente todas las formalidades que la ley establece.\n No cabe presumir la práctica de la notificación;\n en tratándose de actos administrativos, siempre, necesariamente,\n la prueba de que un acto de determinación tributaria se\n ha realizado de conformidad con la ley corresponde irremediablemente\n a la administración y no al particular. La administración\n está obligada a probar que la notificación, según\n sea el caso se ha realizado en una de las formas establecidas\n en el Código Tributario, en sus artículos 106,\n 107 y especialmente 109, para el caso que se examina; vale decir,\n que es la administración a la que corresponde demostrar\n que la notificación en persona se ha realizado como ordena\n el Art. 106 del Código Tributario; que la notificación\n por boletas se ha hecho cumpliendo el mandato del Art. 107 del\n mismo código y que la notificación por la prensa\n se ha realizado en la forma señalada en el Art. 109 del\n Código Tributario. La doctrina y la jurisprudencia son\n coincidentes en sostener que al momento en que alguien comparece\n ante autoridad o Juez competente para hacer referencia a un acto\n administrativo que afirma no se le ha notificado, convalida la\n notificación que se presume realizada el momento de tal\n comparecencia; esa presunción es de hecho, admite prueba\n en contrarío que debe realizarla forzosamente la administración\n para destruir la presunción con documentos en los que\n no quepa duda alguna de haberse notificado el acto en persona,\n en el lugar señalado para el efecto, a quien está\n autorizado para recibirlo y no a terceros extraños sin\n ninguna relación con el notificado. En la especie no se\n ha demostrado por parte de la administración tributaria\n ni en la sentencia recurrida dictada por la Segunda Sala del\n Tribunal Fiscal se ha dejado plenamente establecido, que se haya\n notificado a los recurrentes con las liquidaciones del impuesto\n a las herencias, legados y donaciones en la forma ordenada por\n el Código Tributario; la Dirección General de Rentas\n no ha demostrado dentro del proceso principal que haya notificado\n a los herederos del causante mediante publicaciones en la prensa,\n ni que a cada uno de ellos los haya notificado en persona ni\n por boletas. Por lo mismo, no es admisible legalmente que la\n comparecencia del afectado a reclamar por falta de notificación\n cuando un acto o un derecho administrativo ya se ha extinguido\n por negligencia administrativa, lo único que cabe exigir\n es que se demuestre por el interesado que la mal practicada notificación\n se hizo entregando el acto administrativo a un tercero extraño,\n fuera del sitio señalado y que nada tiene que ver con\n el interesado. Todo cuanto se diga en contrario, en especial\n por falta de demostración, carece de valor jurídico.\n Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN\n NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia\n dictada por la Segunda Sala del Tribunal Fiscal el 14 de junio\n de 1988, a las 14h40. Sin costas. Notifíquese, publíquese\n y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Alfredo Contreras Villavicencio, Ministro Juez;\n y, José Ignacio Albuja Punina y Edmundo Navas Cisneros,\n Conjueces Permanentes.

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Certifico. - f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario.

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Es conforme con el original. - Quito, 13 de julio del 2000.

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f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario, Sala de lo Fiscal.

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No. 113\n - 93

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DOCTOR LUIS DE LA TORRE MORENO, APODERADO\n DE CONSTRUCCIONES PROTEXA S.A. EN CONTRA DEL DIRECTOR FINANCIERO\n DEL I. MUNICIPIO DE QUITO.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA\n DE LO FISCAL

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Quito, 19 de abril del 2000; las 17h00.

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VISTOS: El Dr. Luis de la Torre Moreno, apoderado especial\n de la compañía "Construcciones Protexta SA.",\n con fecha 25 de enero de 1990 presenta para ante el entonces\n Tribunal de Casación, recurso de casación respecto\n a la sentencia dictada por la Tercera Sala del Tribunal Fiscal\n de Quito, el 15 de enero de 1990 en el juicio de impugnación\n No. 11397 2943 - 2636 - 1115 a la resolución del Director\n Financiero Municipal de Quito de 23 de noviembre de 1987, sentencia\n en la cual se declara sin lugar la demanda. - Manifiesta el recurrente\n que con fecha 15 de enero de 1990, ha sido citado (SIC) con la\n antes referida sentencia se la Sala juzgadora que desecha su\n demanda de anulación de varios títulos de crédito\n emitidos en contra de la empresa de su representación\n en concepto de impuesto del 1,5 por mil al capital en giro, por\n los años 1984 y 1983 y por impuesto de patente municipal\n por los años 1983 a 1986 y por la tasa municipal de recolección\n de basura por los ejercicios económicos de 1983 y 1984.\n - Que la empresa estima que la sentencia referida no se ajusta\n en razón de lo siguiente: 1. - Que respecto al impuesto\n del 1,5 por mil sobre el capital en giro, la empresa sostiene\n que se halla exonerada de acuerdo a las previsiones del Art.\n 86 de la Ley de Hidrocarburos (vigente a esa fecha) y por la\n cual se exonera de todo impuesto a los capitales que se inviertan\n y empleen en la operación de la industria petrolera y,\n también por el Decreto No. 2812, publicado en el Registro\n Oficial 661 de 4 de enero de 1966, que exonera el pago de dicho\n impuesto a los capitales de las empresas o personas naturales\n o jurídicas que los inviertan en industrias o artesanías\n o en actividades agropecuarias. - Que respecto a la exoneración\n del 1,5 por mil alegado por la empresa, la Sala juzgadora en\n el considerando décimo de la sentencia, exclusivamente\n dice: "La Sala estima que Protexta SA., no se halla exenta\n de este impuesto por no ser aplicable a la misma la exoneración\n a la que se refiere el Decreto Supremo 2812 publicado en el Registro\n Oficial 661 de 4 de enero de 1966, ni tampoco el Art. 86 de la\n Ley de Hidrocarburos", incumpliendo así el Art. 288\n del Código Tributario que en su segundo inciso dispone:
\n "La sentencia será motivada y decidirá con\n claridad los puntos sobre los que se trabó la litis y\n aquellos que, en relación directa a los mismos comporten\n control de legalidad de los antecedentes o fundamentos de la\n resolución o acto impugnados, aún supliendo las\n omisiones en que incurran las partes sobre puntos de derecho,\n o apartándose del criterio que aquellos atribuyan a los\n hechos", privando con ello a las partes de su elemental\n derecho de fiscalización sobre los hechos reflexivos del\n Magistrado, ya que de acuerdo a la doctrina, la sentencia debe\n ser el resultado del análisis jurídico que realiza\n el Juez sobre los hechos concretos constantes en el proceso frente\n a las normas abstractas del derecho. - Que este análisis\n no aparece realizado en el considerando décimo de la sentencia\n impugnada. - Que respecto a las exoneraciones (reclamadas en\n la demanda) no se puede prescindir de que ellas están\n frente a instituciones de derecho tributario de carácter\n especial que operan sobre una obligación tributaria jurídicamente\n ya generada, pues mientras la "no sujección (al tributo)\n actúa eliminando a determinados hechos o personas de toda\n incidencia tributaria, "la exoneración", en\n cambio, actúa sobre una obligación de pago jurídicamente\n ya conformada anulando sus efectos total o parcialmente, en definitiva,\n dice que para que opere toda exoneración, debe existir\n "un hecho jurídico exonerado" de una obligación\n tributaria de pago tal como lo prevén los artículos\n 30 y 31 del Código Tributario; circunstancias y condiciones\n que, debieron ser analizadas en la sentencia toda vez que la\n empresa alegó su derecho a la exoneración basándose\n en normas legales concretas, a fin de motivar el fallo en tal\n análisis. Afirma que al no haberlo hecho así, la\n sentencia violó las disposiciones de los artículos\n 288 del Código Tributario y 294 del Código de Procedimiento\n Civil. - Que respecto a la exoneración prevista en el\n artículo 96 (debe ser 86) de la Ley de Hidrocarburos,\n a su criterio, no puede ser más diáfano, ya que\n de manera expresa establece la exoneración del impuesto\n al capital en giro de "los capitales que se inviertan y\n empleen en la operación del Industria Petrolera",\n para lo cual debe observarse que el contrato celebrado entre\n CEPE y Protexa S.A. tuvo por objeto precisamente la construcción\n del poliducto Esmeraldas Quito, advirtiendo que éste comprendía\n no solo la construcción de dicho poliducto sino además\n la provisión de la tubería y más accesorios,\n lo que demuestra que todos esos capitales estuvieron destinados\n al quehacer petrolero ecuatoriano. - Que, por otro lado, debe\n considerarse que toda norma de exención tiene el carácter\n de especial respecto de la norma impositiva, por lo cual ella\n siempre tiene que ser expresa y que, por tanto, al no haber sido\n expresamente derogada la exoneración prevista en el Art.\n 86 de la Ley de Hidrocarburos, ella se encuentra vigente, como\n lo ha reconocido el Tribunal Fiscal en las varias sentencias\n que cita en el propio escrito y en las cuales se establece que\n las exenciones del impuesto de los capitales en giro previstas\n en leyes especiales, no han sido derogadas por el hecho de haberse\n trasladado el tributo a favor de las municipalidades, mediante\n Decreto Legislativo No. 153 publicado en el Registro Oficial\n 662 de 16 de enero de 1984. - Respecto al impuesto sobre patentes\n municipales, manifiesta el recurrente que, según los artículos\n 382 y 383 de la Ley de Régimen Municipal, el hecho generador\n de este impuesto, está dado por: "Las operaciones\n económicas" que se realizan en cada cantón\n en el ejercicio de un año, por lo cual el Art. 385 de\n la misma ley prevé una rebaja de la mitad del impuesto\n causado cuando se pruebe que el (negocio ha sufrido pérdidas),\n por lo cual, es preciso distinguir entre lo que es "actividad"\n como fuente productora de ingreso, de lo que debe entenderse\n como "domicilio" del contribuyente que es el lugar\n donde una persona está, presente ante la ley, presupuesto\n jurídico éste que no es el objeto gravable sino\n la actividad; en consecuencia dice, si durante los años\n a los que se refiere los títulos de crédito, la\n empresa no realizó ninguna actividad en el Ecuador por\n haber entregado con anterioridad la obra de construcción\n del poliducto Esmeraldas - Quito, se concluye que no ha realizado\n ningún hecho generador de la obligación tributaria\n del impuesto de patentes, por lo cual, la sentencia ha incurrido\n en el error de confundir el tiempo de vigencia de "una autorización\n para operar" con la "actividad misma". - Que en\n cuanto a la tasa de recolección de basura, por su propia\n naturaleza de tal se ha de entender que si no existe actividad,\n no existe contraprestación del servicio municipal indicado,\n por lo cual no existe hecho generador de la tasa. - Finalmente\n indica que la Sala juzgadora del Tribunal Fiscal que en cumplimento\n de la norma 288 del Código Tributario, debió velar\n por la legitimidad de los actos de la administración tributaria\n municipal y en la sentencia debió pronunciarse por la\n violación ocurrida por ella a los artículos 85\n y 150 del Código Tributario, al haber emitido los títulos\n de crédito sin notificación al contribuyente con\n el acto de determinación del tributo. - Fundamenta el\n recurso de casación en las causales 2, 4 y 5 del artículo\n 329 del entonces vigente Código Tributario. - Concedido\n el recurso, y puesto en conocimiento de las partes se ha mandado\n que el recurrente en el término de diez días determine\n los puntos a los que se contrae el recurso, lo cual se ha dado\n cumplimiento mediante escrito presentado por el propio Dr. Luis\n de la Torre Moreno en la calidad que interviene y que obra de\n fs. 3 a 8 vta, del segundo cuaderno del proceso, escrito en el\n que reproduce exactamente los términos y fundamentos expuestos\n en el escrito de formulación de la casación que\n quedan anteriormente indicados, escrito de concreción\n del recurso con el cual se ha mandado oír a la parte contraria\n para que lo conteste según lo presupuestado por el Art.\n 332 del entonces vigente Código Tributario. - El Dr. César\n Franco, Procurador Especial de los personeros municipales demandados,\n mediante escrito de 23 de marzo de 1990, que obra de fs. 10 del\n segundo cuaderno procesal, da contestación a la concreción\n del recurso, manifestando que: la sentencia recurrida ha observado\n lo preceptuado por el Art. 288 del Código Tributario,\n pues está debidamente motivada y ha decidido con claridad\n los puntos sobre los que se trabó la litis. - Que "Protexa\n S.A." es una empresa constructora que suscribió un\n contrato para la construcción del poliducto Esmeraldas\n - Quito, sin que, por tanto, se trate de una empresa petrolera,\n por lo cual no puede beneficiarse con las exoneraciones previstas\n en el Art. 86 de la Ley de Hidrocarburos que es exclusiva para\n las empresas que se dedican a la exploración petrolera\n y no para las empresas constructoras. - Que como el recurso de\n casación pretende simplemente retardar la ejecución\n del fallo, solícita al Tribunal de Casación confirmar\n en todas sus partes la sentencia dictada por la Tercera Sala\n de ese Tribunal que la misma que está ceñida estrictamente\n a la ley, con la consiguiente condena en costas. - La presente\n causa, atento lo dispuesto en la disposición transitoria\n décimo sexta de las reformas a la Constitución\n Política del Estado, publicada en el Suplemento del Registro\n Oficial No. 93 de 23 de diciembre de 1992, ha sido remitida a\n esta Sala Especializada de la Corte Suprema de Justicia para\n su conocimiento y resolución y, siendo el estado de la\n misma el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO. - Atento\n lo anteriormente expresado, esta Sala Especializa de lo Fiscal\n de la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer y\n resolver la presenta causa. - SEGUNDO. - En la tramitación\n del recurso de casación se han observado y cumplido los\n procedimientos y requisitos previstos en los artículos\n 328 y siguientes del Código Tributario que regían\n a la fecha de presentación del mismo, por lo cual el recurso\n se ha tramitado conforme a la ley. - TERCERO. - El recurrente\n concreta su casación a la sentencia expedida por la Tercera\n Sala del Tribunal Fiscal de Quito y que consta antes señalada,\n en los siguientes aspectos: 1. - Que la Sala juzgadora al expedir\n la aludida sentencia que desecha, lo ha hecho con violación\n de lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 288 del Código\n Tributario que manda que la sentencia será motivada y\n decidirá con claridad los puntos sobre los que se trabó\n la litis y aquellos que en relación directa con los mismos\n comporten control de legalidad de los fundamentos de la resolución\n o acto impugnados, ya que en el considerando décimo de\n la misma que es el que sirve de sustento al rechazo o negativa\n de su derecho a gozar de la exoneración de los impuestos\n del 1.5 por mil sobre el capital en giro, se limita a decir:\n "Décimo. - En lo tocante a la tarifa del 1.5 por\n mil sobre los capitales en giro, la Sala estima que Protexa SA.,\n no se halla exenta de este impuesto, por no ser aplicable a la\n misma, la exoneración a la que se refiere el Decreto Supremo\n 2812, publicado en el Registro Oficial No. 661 de 4 de enero\n de 1966, ni tampoco el Art. 86 de la Ley de Hidrocarburos".\n Al respecto se observa que si bien el texto transcrito del considerando\n décimo de la sentencia que fundamenta tal negativa, no\n es lo suficientemente explícito un el razonamiento y argumentación\n de la inaplicabilidad a Protexa SA., de las exoneraciones establecidas\n tanto en el Art. 86 de la Ley de Hidrocarburos, como del Decreto\n 2812, publicado en el Registro Oficial ya indicado, lo que verdadera\n y sustancialmente importa y debe establecerse por esta Sala Especializada\n de lo Fiscal de la Corte Suprema, es si efectivamente tales exoneraciones\n tributarias corresponden o no a la empresa demandante en virtud\n de las normas por ella alegadas. - El tantas veces mencionado\n Art. 86 de la Ley de Hidrocarburos que regía a la fecha\n de la demanda, establecía: "Art. 86. - Exonérese\n de todo impuesto la constitución de compañías\n para la exploración, explotación e industrialización\n de hidrocarburos y sus aumentos de capital; y del impuesto al\n capital en giro, los capitales que se inviertan y se empleen\n en la operación de la industria petrolera". - La\n norma analizada en la parte pertinente, exonera del impuesto\n al capital en giro, a aquellos capitales "que se inviertan\n y se empleen en la operación de la industria petrolera".\n Del proceso no aparece que las inversiones respecto a las cuales\n se haya demandado la exoneración, hayan cumplido con esta\n condición esencial para la exoneración, esto es\n que hayan sido empleados en ese y exclusivo objetivo. Sino en\n la construcción del oleoducto Esmeraldas - Quito, trabajo\n que constituye una obra civil de edificación y que como\n tal no encaja dentro del concepto técnico de industria\n petrolera según el idioma y léxico castellano que\n lo define como: "Aplicación del trabajo humano a\n la transformación de primeras materias hasta hacerlas\n útiles para la satisfacción de necesidades",\n tanto más que la norma citada habla de "operación\n de la industria petrolera" y operar significa poner en marcha\n un procedimiento industrial y no propiamente construir una obra\n civil. - Por lo expuesto aparece claramente que la exoneración\n del impuesto del 1.5 por mil a los capitales en giro establecido\n en la parte final del Art. 86 de la Ley de Hidrocarburos vigente\n a la fecha

 

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