Registro Oficial

Registro Oficial. 14 de AGOSTO del 2000

Lunes, 14 de agosto de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE AGOSTO DEL 2000
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
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Lunes 14 de Agosto del 2000

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REGISTRO OFICIAL No. 140

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

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FUNCION\n EJECUTIVA

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ACUERDOS:

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MINISTERIO\n DE AGRICULTURA:

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162 Prohíbese el ingreso\n y la utilización del patógeno Fusarium oxysporum,\n en todo el territorio
\n nacional, a efecto de preservar la salud pública de los\n animales y el eco sistema en general

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MINISTERIO\n DE ECONOMIA Y FINANZAS:

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078 Déjase sin efecto el\n Acuerdo Ministerial No. 113, expedido el 9 de diciembre de 1998\n y designase al señor Arturo Feraud Stagg como delegado\n ante el CEDEGE

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079 Desígnase al señor\n Ing. Jorge Morán Centeno, Subsecretario General como delegado\n ante el Directorio del Banco Central del Ecuador

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081 Déjase sin efecto el\n Acuerdo Ministerial No. 028-A de 1 de abril de 1999

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083 Déjase sin efecto el\n Acuerdo Ministerial No. 061 del 15 de octubre de 1998 y desígnase\n al señor Xavier Vanoni Darquea como delegado ante el Consejo\n Nacional de Desarrollo Pesquero

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084 Déjase sin efecto el\n Acuerdo Ministerial No. 066, expedido el 15 de octubre de 1998\n y desígnase al señor Econ. César Augusto\n Gutiérrez Villamar delegado ante el BEV

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085 Déjase sin efecto el\n Acuerdo Ministerial No. 156, expedido el 25 de octubre de 1999\n y designase al señor Econ. César Augusto Gutiérrez\n Villamar como delegado ante el BEDE

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089 Designase al señor\n Econ. Wilson Torres A., como delegado ante el Comité Interinstitucional\n de Fomento Artesanal.

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090 Déjase sin efecto el\n Acuerdo Ministerial No. 017, expedido el 25 de febrero del 2000\n y
\n desígnase al señor Ing. Francisco Arosemena Robles\n como delegado ante el COPEFEN

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092 Déjase sin efecto el\n Acuerdo Ministerial No. 014 de 27 de agosto de 1998

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092-A\n Déjase\n insubsistente el Acuerdo Ministerial No. 092 de 30 de junio del\n 2000 y restitúyese la vigencia del Acuerdo Ministerial\n No. 014 de 27 de agosto de 1998

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093 Déjase sin efecto el\n Acuerdo Ministerial No. 027, expedido el 16 de marzo del 2000\n y desígnase al señor César Augusto Gutiérrez\n V., delegado ante el Consejo Directivo del IECE

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094 Déjase sin efecto el\n Acuerdo Ministerial No. 123, expedido el 3 de septiembre del\n 2000 y desígnase al señor Econ. Francisco Rendón\n Pantaleón, Subsecretario Regional del Litoral como delegado\n ante el Consejo de la Lotería de Fútbol

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096-A Desígnase al señor\n Econ. Julio Morán Leal como delegado ante la CAE

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097\n Modificase\n el Acuerdo Ministerial No. 055 de 5 de mayo del 2000.

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099 Desígnase al señor\n Ing. Jorge Morán Centeno, Subsecretario General como delegado\n ante el BNF

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100 Déjase sin efecto el\n Acuerdo Ministerial 175, expedido el 2 de diciembre de 1999 y\n desígnase al señor Econ. César A. Gutiérrez\n V., Coordinador General como delegado ante el Directorio del\n Fondo de Solidaridad

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101\n Déjase\n sin efecto el Acuerdo Ministerial No. 137, expedido el 5 de octubre\n de 1999 y designase al señor Ing. Com. Jorge Morán\n Centeno, Subsecretario General como delegado ante el INGALA

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102 Desígnase al señor\n Econ. César A. Gutiérrez V., Coordinado General\n como delegado ante el FODEPI

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104 Desígnase al señor\n Econ. Francisco Rendón Pantaleón, Subsecretario\n Regional del Litoral como delegado ante el Consejo Nacional de\n la Marina Mercante y Puertos

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105 Desígnase al señor\n Ing. Com. Luis A. Abarca Strong, Secretario General como delegado\n ante el COMEXI

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107 Déjase sin efecto el\n Acuerdo Ministerial N4 016, expedido el 25 de febrero del 2000\n y desígnase al señor licenciado Antonio Albiñana\n como delegado ante el CONAZOFRA

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113 Ratificase la designación\n constante en el Acuerdo Ministerial No. 188, expedido el 20 de\n diciembre de 1999

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114 Ratificase la designación\n constante en el Acuerdo Ministerial No.079, expedido el 14 de\n junio de 1999

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FUNCION\n JUDICIAL

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CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA

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PRIMERA\n SALA DE LOCIVIL Y MERCANTIL:

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Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

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284\n Camilo Rodríguez\n en contra de Juana María Rodríguez Vda. de Albán

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285 Lidia Dolores Alcívar\n Mendoza en contra de Oscar Alcívar Barreiro

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287\n Ing. Segundo\n Gonzalo Velásquez Rodríguez en contra de la compañía\n Mercantil Garzozi C.A

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289 Pablo Paguay Pomavilla y otra\n en contra de Idelfonso Morocho Paguay y otra

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293 Carlos Zambrano Yllescas en\n contra del doctor Alfonso León Guim

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294\n Gloria Marina\n Herrera Trujillo en contra de Víctor Cirilo Yugsi Ramírez

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297 Nicolás Triviño\n Maldonado en contra de Edison Andrade Burgos

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299\n José\n Félix Chango Torres en contra de Carmen Amelia Analuisa\n Tenecota

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301\n Gladys Chancay\n Arteaga en contra de Rogelio Narea Zea

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310 Carmen Fabiola Cevallos Luna\n en contra de Rodrigo Gustavo Hidalgo Ludeña

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314 José Carbo Robles en\n contra del Ing. Johnny García Mackensie\n

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o. 289

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Dentro del juicio ordinario No. 303\n - 98 (recurso de casación) que por prescripción\n extraordinaria adquisitiva de dominio siguen Pablo Paguay Pomavilla\n y María Adela Guamán Acero en contra de Idelfonso\n Morocho Paguay y María Vicenta Yuxi Guaraca se ha dictado\n lo siguiente:

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, a 6 de julio de 2000; las 11h20.

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VISTOS: Los demandados Idelfonso Morocho Paguay y María\n Vicenta Yuxi Guaraca interponen recurso de casación de\n la sentencia dictada por la Segunda Sala de la H. Corte Superior\n de Justicia de Azogues, dentro del juicio ordinario que por prescripción\n extraordinaria adquisitiva de dominio siguen Pablo Paguay Pomavilla\n y María Adela Guamán Acero en contra de los recurrentes\n y de Ascensión Pinguil Mainato y María Edelina\n Zaruma. Aceptado que fue el recurso, se eleva el proceso a la\n Corte Suprema de Justicia y en virtud del sorteo legal se ha\n radicado la competencia en la Primera Sala de lo Civil y Mercantil,\n la que en providencia de 19 de enero de 1999 acepta a trámite\n el recurso. Concluida la sustanciación, atento el estado\n de la causa, para resolver se considera: PRIMERO: Se ha dado\n cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley\n de Casación. SEGUNDO: En la especie, en el escrito contentivo\n del recurso de casación constante a fojas 63, 64 y 65\n del cuaderno de segundo nivel, aparecen las normas de derecho\n que se consideran infringidas, las causales en que se funda el\n recurso y los fundamentos del mismo. Los recurrentes invocan\n como fundamento de su impugnación del fallo de última\n instancia las causales primera, segunda, tercera y quinta del\n artículo 3 de la Ley de Casación, por considerar\n que existe en dicha sentencia infracción de los artículos\n 734, 739, 740 numeral cuarto, 741, 745, 988, 989, 2422 y 2423\n del Código Civil, 71, numerales tercero y cuarto, 72,\n numeral cuarto, 74, 353, 354 y 355, numerales tercero y cuarto,\n 119. 125, 126, 127, 144, 146, 277, 278, 281 y 287 del Código\n de Procedimiento Civil. TERCERO: Los recurrentes manifiestan\n que se ha infringido el artículo 74 del Código\n de Procedimiento Civil, por cuanto "al darse cuenta los\n actores que habían demandado a nuestras personas, y no\n a los cónyuges Arcesio Pinguil Mainato y María\n Edelina Zaruma, procedieron a pedir que se haga extensiva la\n demanda a estos últimos, sin reformar su demanda conforme\n establece el Art. 74 del Código de Procedimiento Civil,\n el señor Juez de primera instancia acepta el pedimento\n que hacen los actores y ordena la citación de los mentados\n cónyuges Pinguil - Zaruma, violando de esta manera la\n tramitación procesal, e infringiendo inclusive lo preceptuado\n en el Art. 76 del mismo cuerpo legal". Este cargo se encuadra\n dentro de la causal segunda del artículo 3 de la Ley de\n Casación (aplicación indebida, falta de aplicación\n o errónea interpretación de normas procesales,\n cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado\n indefensión, siempre que hubieren influido en la decisión\n de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada\n legalmente), citada por los recurrentes y sobre la cual, esta\n Sala ha manifestado que los cargos referidos a esta causal deben\n analizarse en primer lugar a fin de establecer si proceden o\n no; porque si prosperan le está vedado al juzgador de\n Casación el seguir adelante con su análisis y entrar\n a resolver sobre el fondo de la controversia, sino que, declarando\n la nulidad procesal a partir del instante en que el vicio se\n produjo, ha de reenviar el proceso en cumplimiento de lo que\n dispone el artículo 15 de la Ley de Casación. Según\n la doctrina, acogida por nuestra jurisprudencia, las nulidades\n procesales deben examinarse a la luz de los siguientes principios\n cardinales: d legalidad, de trascendencia, de declaración\n judicial y de convalidación. En nuestro sistema legal,\n las causas de nulidad procesal se hallan señaladas en\n el artículo 355 del Código Procedimiento Civil,\n que concierne a la omisión de solemnidades sustanciales\n comunes a todos los juicios e instancias, y en el artículo\n 1067 Ibídem que concierne a la violación del trámite\n correspondiente a la naturaleza del asunto o al de la causa que\n se está juzgando. La ley contempla también solemnidades\n especiales para el juicio ejecutivo y para el juicio de concurso\n de acreedores (artículos 356 y 357 del Código Procedimiento\n Civil). Por ello, todo cargo en contra de la sentencia, amparado\n en la causal segunda, debe hacer referencia a los artículos\n citados; pues de lo contrario, el cargo no sería una proposición\n jurídica completa, cual se requiere para recurrir en casación.\n En la especie, los recurrentes en la fundamentación del\n cargo, únicamente citan como infringidos los artículos\n 74 y 76 del Código de Procedimiento Civil, pero en ningún\n momento señalan como esto provocó la inobservancia\n de las solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios,\n o la violación del trámite (artículos 355\n y 1067 del Código de Procedimiento Civil). Si bien es\n cierto que los actores en su escrito mediante el cual piden hacer\n extensiva la demanda a otras personas, no dicen que se trata\n de una reforma, del contenido del mismo se desprende su fin.\n El principio de la trascendencia que rige las nulidades, precisamente\n establece que "el acto con vicios de forma es válido,\n si alcanza los fines propuestos" (Enrique Véscoví,\n Teoría General del Proceso, Editorial Temis, Bogotá,\n 1984). Pedir que las partes utilicen, en sus escritos, palabras\n determinadas como único medio para establecer la finalidad\n de sus actuaciones, sería contrario al mandato constitucional,\n que dice: "No se sacrificará la justicia por la sola\n omisión de formalidades" (artículo 192 de\n la Constitución Política de la República\n del Ecuador). Por lo expuesto, se desecha el cargo por improcedente.\n CUARTO: Los recurrentes citan también, como fundamento\n de su recurso, a la causal quinta del artículo 3 de la\n Ley de Casación. Esta causal dice: "cuando la sentencia\n o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la ley o en\n su parte dispositiva se adoptan disposiciones contradictorias\n o incompatibles", pero de la fundamentación aparece\n que los recurrentes no determinan los requisitos exigidos por\n la ley que se hayan omitido en el fallo impugnado, y tampoco\n precisan cuál es la contradicción o la incompatibilidad\n que, a su juicio, existe en la parte dispositiva o en la fundamentación\n del fallo en relación con dicha parte resolutiva, por\n lo que este cargo carece de fundamentación. QUINTO: El\n siguiente cargo en contra de la sentencia es el realizado al\n amparo de la causal tercera del artículo 3 de la Ley de\n Casación, esto es: "Aplicación indebida, falta\n de aplicación o errónea interpretación de\n los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación\n o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia\n o auto". Para determinar el alcance de esta causal, y establecer\n claramente el momento procesal preciso en el cual ocurren los\n vicios que en ella se contienen, se procede a revisar el proceso\n mental lógico y ordenado que debe llevar a cabo el juzgador\n a cuyo cargo está el juzgamiento integral del asunto,\n cuando se enfrenta a los hechos introducidos por las partes al\n proceso, para adoptar su resolución. Son la demanda y\n la contestación a la demanda los actos procesales que\n introducen afirmaciones sobre hechos en que el actor y el demandado\n apoyan su pretensión y excepciones, respectivamente. La\n carga de la prueba de estas afirmaciones se distribuye entre\n los dos litigantes conforme dispone el artículo 118 del\n Código de Procedimiento Civil. En la sentencia el juzgador\n de instancia, mediante una operación intelectual, analiza\n cada uno de los medios de prueba aportados por las partes, las\n pesa y contrapesa y finalmente hace una valoración en\n conjunto, con sana crítica, esto es aplicando los principios\n de la lógica, de las ciencias y de la experiencia confirmadas\n por la realidad. En mérito de esta valoración el\n juzgador llega al convencimiento de la verdad o falsedad de las\n afirmaciones de las partes, de la existencia de una cosa o la\n realidad de un hecho. La valoración o apreciación\n de la prueba, viene a ser entonces, el producto final de aquella\n operación intelectual. Pero esta valoración no\n queda al arbitrio del juzgador, puesto que la ley determina normas\n precisas para el efecto: normas que le obligan al juzgador de\n instancia a valorar los medios de prueba aportados por las 'partes\n con determinado alcance, conforme a expreso mandato legal o conforme\n a las reglas de la sana crítica, esto es aplicando los\n principios de la lógica, de las ciencias y de la experiencia\n confirmadas por la realidad. Y es que todo procedimiento, incluso\n el legal, debe estar sometido a reglas y principios que le permitan\n llegar a conclusiones válidas, pero también enmarcadas\n dentro de los limites de la lógica y excluir lo absurdo\n y arbitrario. SEXTO: Como ha resuelto esta Sala en numerosos\n y reiterados fallos, la apreciación o valoración\n de la prueba es una atribución soberana o autónoma\n de los jueces o tribunales de instancia. El Tribunal de Casación\n carece de atribuciones para hacer una nueva valoración\n o apreciación de los medios de prueba incorporados al\n proceso; sin embargo, conserva su atribución jurisdiccional\n en este campo, pero limitada a fiscalizar que en la valoración\n de la prueba realizada por el tribunal de instancia no se hayan\n infringido las normas de derecho que regulan dicha valoración,\n lo cual lleva a afirmar que existe error de derecho en la valoración\n de la prueba, tanto en aquellos casos en los cuales nuestro sistema\n de derecho positivo establece el sistema de prueba tasada, pero\n también cuando rige el principio de la sana crítica.\n SEPTIMO: Antes de continuar con el análisis, precisaremos\n lo que se debe entender por valoración o apreciación\n de las pruebas. Según el autor colombiano Hernando Devis\n Echandía, "Por valoración o apreciación\n de la prueba judicial se entiende la operación mental\n que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción\n que pueda deducirse de su contenido... Se trata de una actividad\n procesal exclusiva del juez... es el momento culminante y decisivo\n de la actividad probatoria; define si el esfuerzo, el trabajo,\n el dinero y el tiempo invertidos en investigar, asegurar, solicitar,\n presentar, admitir, ordenar y practicar las pruebas que se reunieron\n en el proceso, han sido o no provechosos o perdidos e inútiles;\n si esa prueba cumple o no con el fin procesal a que estaba destinada,\n esto es, llevarle la convicción del juez" ("Teoría\n General de la Prueba Judicial", cuarta edición, T.\n I, editorial Biblioteca Jurídica Dike, Medellín,\n 1993, p. 287). Esta actividad no es exclusiva de los jueces,\n ya que como bien indica el autor citado "En la vida jurídica\n extraprocesal es de diaria concurrencia el ejercicio de esta\n actividad crítica de valuación de la prueba; así,\n en las relaciones familiares, laborales, sociales, administrativas,\n políticas, militares; en las actividades científicas,\n históricas, investigativas y de las diversas ramas reconstructivas\n (paleontología, arqueología, geología, antropología,\n lingüística) y en muchas otras más, es indispensable\n sacar conclusiones sobre pruebas de muy diversa índole\n para aceptar o rechazar la existencia presente o pasada de hechos.\n De ahí que la noción de la prueba se extienda a\n todos los campos de la actividad humana y tenga una importancia\n trascendental dentro y fuera de la órbita judicial..."\n (Devis Echandía, Ob. Cít., p. 287 y 288). Es fácil\n comprender la grande importancia y la función propia de\n esta fase de la actividad probatoria del proceso, y por ello\n debe estar sometida a reglas y principios. Los autores Irving\n M. Copi y Carl Cohen, en su obra, Introducción a la Lógica\n (Editorial Limusa, SA. de C.V. Grupo Noriega Editores, México\n D.F., 1997, p. 598, 604 y 605), manifiestan: "Tanto en el\n derecho civil como en el penal, la resolución de disputas\n es una función principal del sistema judicial; puede necesitarse\n un juicio para asegurar que la resolución sea definitiva\n y justa. En este proceso, los principios de la lógica\n son utilizados de manera muy importante. La validez y la invalidez,\n las reglas básicas de la deducción, los principios\n para la evaluación de inferencias 'inductivas y así\n sucesivamente, siguen siendo fundamentalmente los mismos y no\n cambian cuando se aplican en un contexto legal. Pero el papel\n absolutamente central del argumento para resolver controversias\n legales justifica la especial atención que se otorga aquí\n a la forma en que se aplican los principios lógicos en\n el mundo de las leyes y los tribunales. P. 596". Dicen además\n los autores: "Al resolver disputas, un sistema legal debe\n aplicar algún principio o regla, para un conjunto de circunstancias\n factuales -llegar en algún momento a algún juicio\n acerca de la culpabilidad o responsabilidad. Los hechos mismo\n con frecuencia (pero no siempre) están en disputa y puede\n requerirse que se establezcan como tales. Esta es la función\n primaria de los juicios y de las investigaciones que los preceden".\n Y concluyen: "... en la ciencia, en la detección\n y en la resolución de problemas de todo tipo se usa el\n método de la investigación. Primero se identifica\n el problema, se proponen hipótesis preliminares, se colectan\n hechos adicionales, se formula una hipótesis explicativa,\n se infieren y ponen a prueba las consecuencias de esa hipótesis\n y se aplican luego los resultados en la práctica. Por\n supuesto, en esas investigaciones inductivas nunca tenemos todas\n las evidencias, ni contamos con certeza absoluta. Pero, con un\n razonamiento cuidadoso, logramos llegar muchas veces a soluciones\n confiables en todos los problemas en discusión. En los\n tribunales, el método de investigación no es esencialmente\n diferente -aunque las formas en las cuales se colecta y aplica\n la evidencia están sujetas a restricciones especiales\n de un sistema de justicia, donde el interés por la justicia\n lo mismo que por la verdad se tienen en cuenta como algo valioso".\n OCTAVO: Nuestro Código de Procedimiento Civil, en el artículo\n 119 del Código de Procedimiento Civil, consagra a la sana\n crítica como sistema de apreciación de las pruebas.\n Sobre este sistema, Sergí Guash Fernández, en su\n obra "El hecho y el derecho en la casación civil"\n (J.M. Bosch Editor, Barcelona, 1998, Pág. 330 y ss.) dice:\n "Por definición, todo juicio ha de ser lógico.\n Sin embargo, si bien la lógica es esencial, no es suficiente.\n Con las reglas de la sana crítica el legislador invoca\n a los órganos jurisdiccionales para que en la apreciación\n de la prueba utilicen elementos cognoscitivos más amplios\n que los de la simple lógica. Se ha escrito que las reglas\n de la sana crítica son standards jurídicos que\n actúan como principios de la conducta humana a seguir,\n aunque no son normas jurídicas en sentido estricto, sí\n lo son los artículos que se refieren a ella... La sana\n crítica es, básicamente, la aplicación de\n los principios del correcto entendimiento humano con especiales\n fundamentos en la lógica jurídica, en la equidad\n y en la justicia, y en los principios científicos del\n Derecho. Así, aunque el legislador no impone al juez el\n resultado de la apreciación, sí le impone el camino,\n el medio concreto, el método de valoración y éste\n no es otro que el de la razón y la lógica como\n elementos de todo juicio. Son, por lo tanto, criterios lógicos\n los que sirven al juez para emitir juicios de valor en torno\n a la prueba pero, también, referidos a reglas de la experiencia\n común o de una rama especializada del conocimiento (como\n pueden ser la sicología, la lógica o la física)\n que aplica el órgano jurisdiccional incluso sin darse\n cuenta y aunque hagan referencia a una materia que él\n no conozca específicamente.". El autor citado añade:\n "... las reglas de la sana crítica presentan dos\n elementos esenciales. Por una parte las reglas de la lógica\n formal (formando en la jurisprudencia alemana una categoría\n especial llamada «Denkgesetze») que no derivan de\n la experiencia sino que estructuran el razonamiento y, por otra,\n las máximas de la experiencia (sicológicas, cientifico\n - técnicas, etc.) conocidas por el órgano jurisdiccional.\n Respecto a los principios lógicos en que debe apoyarse\n la sentencia, éstos son estables y permanentes; en cambio,\n las máximas de experiencia son contingentes y variables.\n Por consiguiente, las reglas de la sana crítica son un\n instrumento que en manos del juez pueden ajustarse a las circunstancias\n cambiantes, locales y temporales, y' a las peculiaridades del\n caso concreto... En definitiva, las reglas de la sana crítica,\n del criterio humano o del criterio racional no son más\n que un instrumento de la apreciación razonada, de la libre\n convicción, de la convicción íntima (pese\n a su deformación histórica), de la persuasión\n racional o de la libre apreciación de la prueba, llámese\n como se quiera. Es decir, la libertad de apreciación de\n la prueba dentro de la racionalidad. De ninguna manera, es una\n valoración arbitraria e incontrolada de la prueba o ajena\n a la misma pues, son un instrumento racional que actúa\n en la reconstrucción lógica del hecho. Supone una\n inferencia racional, una apreciación lógica y crítica\n de la prueba. En caso contrario, se abandonaría la arbitrariedad\n del legislador para caer en la arbitrariedad de los órganos\n jurisdiccionales.". NOVENO: Ahora bien, como quedó\n indicado ut supra, el Tribunal de Casación puede revisar\n los errores de derecho producidos en la valoración de\n la prueba. Fernando de la Rúa, en su obra El Recurso de\n Casación en el Derecho Positivo Argentino (Editorial Víctor\n P. De Zavala, Buenos Aires, 1968, P. 181, 182 y 183), sostiene:\n "Si bien la estimación valorativa de las pruebas\n y las conclusiones fácticas de la sentencia son inatacables\n en casación, está en cambio sujeto a control el\n proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento.\n El Tribunal de Casación realiza bajo este aspecto un examen\n sobre la aplicación del sistema probatorio establecido\n por la ley a fin de custodiar la aplicación de las reglas\n de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia,\n verificando si en su fundamentación se han observado las\n reglas fundamentales de la lógica, la psicología\n y la experiencia. La motivación es una operación\n lógica fundada en la certeza y el Juez debe observar los\n principios lógicos supremos o "leyes supremas del\n pensamiento" que gobiernan la elaboración de los\n juicios y dan base cierta para determinar cuáles son,\n necesariamente, verdaderos o falsos. Las leyes del pensamiento\n son leyes a priori que, independientemente de la experiencia,\n se presentan a nuestro raciocinio como necesarias, evidentes\n e indiscutibles cuando analizamos nuestros propios pensamientos.\n Estas leyes están constituidas por las leyes fundamentales\n de la coherencia y la derivación, y por los principios\n lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido\n y razón suficiente. Esto es de elemental conocimiento.\n Se entiende por coherencia de los pensamientos la concordancia\n o conveniencia entre sus elementos, y por derivación el\n que cada pensamiento provenga de otro con el cual está\n relacionada, salvo que se trate de un principio, es decir, de\n un juicio que no es derivado sino el punto de partida para otros.\n De la ley fundamental de coherencia se deducen los principios\n formales del pensamiento, a saber: a) de identidad: cuando en\n un juicio el concepto - sujeto es idéntico - total o parcialmente\n - al concepto predicado, el juicio es necesariamente verdadero;\n b) de contradicción: dos juicios opuestos entre sí\n contradictoriamente, no pueden ser ambos verdaderos; c) del tercero\n excluido: dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente\n no pueden ser ambos falsos, es decir, uno de ellos es verdadero\n y ninguno otro es posible. A su vez, de la ley de derivación,\n se extrae el principio lógico de razón suficiente,\n por el cual todo juicio, para ser realmente verdadero, necesita\n de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio\n se afirma o niega con la pretensión de que sea verdad.\n A estas reglas lógicas está sometido el juicio\n del Tribunal del mérito; si ellas resultan violadas, el\n razonamiento no existe; la fundamentación de la sentencia,\n aunque aparecerá como acto escrito, no tendrá vida\n como pensamiento, y desde el punto de vista del sistema procesal\n vigente, la sentencia será nula por falta de motivación....\n la garantía de motivación consiste en que mientras\n por un lado se deja al Juez libertad de apreciación psicológica,\n queda en cambio obligado a correlacionar lógicamente los\n argumentos, demostrando su conclusión, para prevenir la\n arbitrariedad". Dice además el autor: "La motivación,\n para ser lógica, debe responder a las referidas leyes\n que presiden el entendimiento humano. Deberá tener, por\n lo tanto, las siguientes características: 1) Debe ser\n coherente, es decir, constituida por un conjunto "de razonamientos\n armónicos entre sí, formulados sin violar los principios\n de identidad, de contradicción y del tercero excluido.\n Para ello debe ser: a) Congruente, en cuanto las afirmaciones,\n las deducciones y las conclusiones deben guardar adecuada correlación\n y concordancia entre ellas; b) No contradictoria, en el sentido\n de que no se empleen en el razonamiento juicios contrastantes\n entre sí, que al oponerse se anulan; c) Inequívoca,\n de modo que los elementos del raciocinio no dejen lugar a dudas\n sobre su alcance y significado, y sobre las conclusiones que\n determinan. Todas estas exigencias, en realidad, vienen a reunirse,\n en la práctica, en la regla de no contradictoriedad que\n es la de más habitual aplicación. La contradicción\n se produce toda vez que dos juicios se anulan entre sí,\n por haberse violado los principios de identidad, de contradicción\n o de tercero excluido. La motivación es contradictoria,\n enseña Sabatini, cuando se niega un hecho o se declara\n inaplicables un principio de derecho, o viceversa, y después\n se afirma otro que en la precedente motivación estaba\n explícita o implícitamente negado, o bien se aplica\n un distinto principio de derecho. El vicio se presenta toda vez\n que existe un contraste entre los motivos que se aducen, o entre\n estos y la parte resolutiva, de modo que oponiéndose,\n se destruyan recíprocamente y nada queda de la idea que\n se quiso expresar, resultando la sentencia privada de motivación".\n DECIMO: Cuando el Tribunal de Casación encuentra que hay\n aplicación indebida, o falta de aplicación, o errónea\n interpretación de esas normas reguladoras (prueba tasada\n o sana crítica), inclusive de los preceptos jurisprudenciales,\n debe casar la sentencia, siempre que se cumpla además\n el otro requisito que exige la causal tercera del artículo\n 3. de la Ley de Casación; que el yerro en la valoración\n probatoria haya conducido, indirectamente o por carambola, a\n una equivocada aplicación de normas sustanciales en la\n parte resolutiva de la sentencia, porque no basta que en la sentencia\n haya vicio de derecho en la valoración probatoria sino\n que es indispensable este otro requisito copulativo o concurrente.\n UNDECIMO: En la especie la sentencia de segundo nivel ha sido\n acusada de violar las reglas de la sana crítica por cuanto\n "acontece que Uds. señores Ministros, solamente lo\n hacen las apreciaciones la prueba testimonial, sin relacionarla\n con la prueba instrumental, menos con la inspección judicial\n llevada a cabo en segunda instancia. Nótese que en la\n inspección judicial, se llegó a establecer la falta\n de singularización del predio". Sobre este punto\n de derecho, dice la sentencia impugnada: "En cuanto a la\n determinación o singularización del predio materia\n de esta litis el Tribunal con el perito de actuación luego\n de las observaciones realizadas en la inspección judicial\n practicada concluye que se trata del mismo predio, pero comprendido\n bajo los siguientes linderos: Por el Norte, en una parte el Río\n Cañar, la Quebrada de Trancahuaíco y terrenos de\n Manuel Guamán; por el Sur una toma de agua y terrenos\n de la Cooperativa Ger - Cañac por el Este, terrenos de\n la Cooperativa Ger - Cañar; y, por el Oeste, una toma\n de agua y 'el Río Pachic, delimitación verificada\n en la referida inspección y que consta de autos".\n Y concluye la Sala: "Por todas estas consideraciones y estimando\n que se ha justificado los fundamentos de la acción, la\n Sala ADM... confirma la sentencia venida en grado en cuanto declara\n con lugar la demanda, pero debiendo el predio tener como linderos\n los señalados en el último considerando".\n Para resolver se hacen las siguientes consideraciones: a) el\n reconocimiento efectuado por el propio Juez en la inspección\n judicial ostenta la más alta jerarquía en cuanto\n a la eficacia de convicción, pues consistiendo en la prueba\n por excelencia derivada del contacto directo de la persona del\n Juez con el objeto o hecho que ha de demostrarse en el juicio\n excluye todo intermediario y proporciona una apreciación\n muy superior a la que derivaría del conocimiento indirecto.\n En casación no se podría desvirtuar las observaciones\n de los juzgadores en el acto procesal de la investigación,\n pues para ello seria indispensable que el Tribunal de Casación\n realice una nueva inspección judicial a los inmuebles\n objeto del litigio, y en la etapa de casación es terminantemente\n prohibido practicar prueba alguna. Sin embargo, el Tribunal de\n Casación puede examinar la legitimidad y logicidad de\n sus conclusiones; b) Si bien el artículo 252 del Código\n de Procedimiento Civil señala que "la inspección\n hace prueba en los asuntos que versan sobre localidades, linderos,\n curso de aguas y otros casos análogos, que demandan examen\n ocular o conocimientos especiales" no quiere decir que se\n trate de una prueba sujeta a tarifa legal, sino que por el contrario\n el Juez tiene libre criterio para valorarla. Sin embargo, ello\n no significa que la ley permita la arbitrariedad del juzgador,\n sino que impone a éste el deber de sujetarse a las reglas\n de la sana crítica, es decir, a las reglas de la lógica,\n la psicología, la experiencia, etc., según las\n circunstancias de cada caso particular. Por la naturaleza de\n la acción de prescripción extraordinaria adquisitiva\n de dominio, uno de los presupuestos para su procedibilidad es\n que se trate de una cosa susceptible de esta prescripción.\n La regla general es que las cosas sean susceptibles de prescripción,\n y que sólo por excepción hay cosas imprescriptibles,\n sin embargo no son prescriptibles las cosas indeterminadas. El\n fundamento de la prescripción es la posesión, y\n ésta necesariamente debe recaer sobre una cosa determinada.\n En efecto, el artículo 734 del Código Civil señala\n que la posesión es la tenencia de una cosa determinada\n con ánimo de señor o dueño. Por lo tanto,\n quien invoca en su favor la prescripción como modo de\n adquirir el dominio de una cosa determinada, ha de probar que\n ha poseído esa cosa determinada, es decir, identificada\n e individualizada, ya que de lo contrario no habrá demostrado\n los fundamentos fácticos de su pretensión y la\n misma no podrá ser acogida. Dentro de este campo, la inspección\n judicial tiene singular importancia porque permite al Juez conocer\n con exactitud la verdad de las cosas y los hechos invocados por\n las partes, y en este punto, le permite establecer si se trata\n o no del mismo bien que el actor pretende prescribir. En la especie,\n el juzgador en la inspección judicial no logra establecer\n la identidad entre el bien inmueble descrito .en la demanda y\n aquel que constata en la inspección judicial y pese a\n ello concluye que el inmueble se encuentra singularizado, se\n concluye entonces que efectivamente las conclusiones del Tribunal\n Ad quem son contradictorias y por ello también arbitrarias,\n antojadizas y apartadas de la verdad procesal, pues de la lectura\n de la sentencia aparece claramente que los linderos establecidos\n en la demanda fueron unos, y otros diferentes los que aprecia\n el Juez en la inspección judicial, y la conclusión\n lógica era la falta del presupuesto analizado: la singularización\n del bien a adquirir por prescripción. Por lo expuesto,\n el cargo de violación del artículo 119 del Código\n de Procedimiento Civil es procedente. Ahora bien, este yerro\n en las normas de derecho de valoración de la prueba, ha\n determinado que se apliquen erróneamente los artículos\n 734 y 2422 del Código Civil. Por lo tanto, al haber ocurrido\n lo que se señala en la causal tercera del artículo\n 3 de la Ley de Casación, el Tribunal de última\n instancia ha actuado violando la ley al no valorar debidamente\n la inspección judicial en su sentencia, por lo que la\n misma debe ser casada. DECIMO SEGUNDO: Este Tribunal de Casación,\n en cumplimiento de lo que dispone el artículo 14 de la\n ley de la materia, debe expedir en lugar de la sentencia casada\n la que corresponda y con el mérito de los hechos establecidos\n en ella. DECIMO TERCERO: Para que opere la prescripción\n adquisitiva de dominio, conforme lo señala la doctrina\n (véase: Alessandri y Somarriva, Curso de Derecho Civil,\n T. II, De los Bienes, editorial Nascimento, Santiago de Chile,\n 1957, p. 524), han de concurrir tres requisitos: 1) Una cosa\n susceptible de esta prescripción; 2) Existencia de posesión\n (tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño);\n y, 3) Transcurso de un plazo; sin embargo, la jurisprudencia\n de esta Sala de lo Civil y Mercantil, ha establecido un cuarto\n requisito: 4) La presencia de legítimo contradictor, presupuesto\n indispensable para el ejercicio eficaz de la acción de\n prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, ya\n que garantiza que la declaración de haberse adquirido\n por prescripción surta plenos efectos una vez inscrita\n (Resolución 129 - 99 de la Primera Sala de lo Civil y\n Mercantil de la Corte Suprema de Justicia dictada el 25 de febrero\n de 1999 y publicada en el Registro Oficial N0 161 de 1 de abril\n de 1999; Resolución 265 - 99 de la misma Sala de lo Civil\n y Mercantil dictada el 27 de abril de 1999 y publicada en el\n Registro Oficial N0 215 de 18 de junio de 1999; Resolución\n 483 - 99 de esta misma Sala dictada el 9 de septiembre de 1999\n y publicada en el Registro Oficial N0 333 de 7 de diciembre de\n 1999). Sobre este último requisito, esta Sala, en los\n fallos citados, ha dicho: "es verdad que el artículo\n 2434 del Código Civil en su numeral primero declara que\n cabe prescripción extraordinaria contra título\n inscrito, pero esta norma no puede llevamos al error de considerar\n que se puede proponer la controversia contra cualquier persona\n (peor todavía que se la pueda plantear contra persona\n indeterminada) sino que necesariamente se lo deberá dirigir\n contra quien conste en el Registro de la Propiedad como titular\n del dominio sobre el bien que se pretende ha prescrito, ya que\n la acción va dirigida tanto a alcanzar la declaratoria\n de que ha operado este modo de adquirir la propiedad a favor\n del actor, cuanto a dejar sin efecto la inscripción que\n aparece reconociendo el derecho de propiedad a favor del demandado\n porque se ha operado la prescripción, 'que ha producido\n la extinción correlativa y simultánea' del derecho\n del anterior dueño. De lo anterior se concluye que en\n los juicios de declaratoria de prescripción extraordinaria\n adquisitiva de dominio se ha de dirigir la demanda contra la\n persona que, a la época en que al proponerla, aparece\n como titular del dominio en el Registro de la Propiedad, ya que\n se va a contradecir su relación jurídica sustancial,\n porque si se propone contra otra persona no habrá legitimación\n pasiva en el demandado, no habrá la legitimatio ad causam\n ya que no será la persona 'a quien conforme a la ley corresponde\n contradecir la pretensión del demandante o frente a la\n cual permite la ley' que se declara la relación jurídica\n sustancial objeto de la demanda' (Devis Echandía, Compendio\n de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, T. 1,\n Biblioteca Jurídica Dike, Medellín, 1993, p. 270)".\n Por lo expuesto, una parte fundamental de la actividad probatoria\n en el juicio de prescripción adquisitiva de dominio debe\n conducir a demostrar la titularidad del dominio de la parte demandada,\n prueba que, dada la organización de nuestro sistema registral,\n se cumple de modo eficaz exclusivamente a través de la\n presentación en juicio del certificado extendido por el\n Registrador de la Propiedad en el que aparezca que la parte demandada\n consta en el libro de registro de propiedad a su cargo, como\n titular de dominio del inmueble, cuya propiedad se pretende haberse\n adquirido por el modo de prescripción extraordinaria adquisitiva\n de dominio y solo así se puede acreditar que está\n cumplido el cuarto presupuesto, esto es, contar en el juicio\n con legítimo contradictor. DECIMO CUARTO: En la especie,\n de los hechos establecidos en la sentencia casada aparecen como\n demandados los siguientes: Ildefonso Morocho Paguay, María\n Vicenta Yuxi Guaraca, Arcesio Pinguil Mainato y María\n Edelina Zaruma. Sin embargo, del proceso no aparece demostrado\n fehacientemente la titularidad del dominio de los demandados,\n mediante el certificado del Registro de la Propiedad actualizado\n a la época de presentación, único instrumento\n capaz de acreditar la legitimación en la causa de la parte\n demandada, requisito indispensable para la procedencia de esta\n acción. DECIMO QUINTO: Finalmente debe señalarse\n que al haberse detectado la falta de singularización del\n bien a adquirir por prescripción extraordinaria de dominio\n y que fue motivo de análisis en el fallo de casación,\n este Tribunal se halla en la imposibilidad de declarar que mediante\n la prescripción extraordinaria los actores han adquirido\n el dominio del bien que han descrito en su demanda ya que difiere\n del que se ha verificado in situ mediante la inspección\n judicial. Por las consideraciones que anteceden, esta Primera\n Sala de lo Civil y Mercantil, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia\n dictada por la Segunda Sala de la H. Corte Superior de Justicia\n de Azogues, y en su lugar se rechaza la demanda por los motivos\n expuestos en esta sentencia. Se deja a salvo el derecho de los\n actores para iniciar la acción correspondiente. Sin costas.\n Notifíquese y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Santiago Andrade Ubidia, Tito Cabezas Castillo

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y Galo Galarza Paz, Ministros Jueces.

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Certifico.

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Doctora Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora.

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RAZON: Las copias que anteceden son iguales a sus originales:

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Certifico.

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Quito, 6 de julio del 2000.

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f) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora de la\n Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.

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No. 293

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Dentro del juicio verbal sumario por\n inquilinato No. 273 - 99, que sigue Carlos Zambrano Yllescas\n en contra del doctor Alfonso León Guim, se ha dictado\n lo siguiente:

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, julio 10 del 2000; las 10h00.

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VISTOS: Carlos Zambrano Yllescas deduce recurso de casación\n en contra de la sentencia pronunciada por la Primera Sala de\n la Corte Superior de Guayaquil, en el juicio verbal sumario de\n inquilinato que sigue el recurrente en contra del doctor Alfonso\n León Guim. Aduce que en la sentencia se han infringido\n las normas de derecho contenidas en los artículos 10,\n 18 y 48 de la Ley de Inquilinato, transgresiones que las ubica\n en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación.\n - Concedido el recurso y elevado a la Corte Suprema de Justicia,\n se radica la competencia en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil,\n la que en providencia de 16 de diciembre de 1999 acepta a trámite\n el recurso. Concluida la sustanciación, atento el estado\n de la causa, para resolver se considera: PRIMERO. - El legislador\n expidió la Ley de Inquilinato dando preeminencia a los\n principios de orden social sobre los principios y reglas del\n derecho civil. Con este alcance, estableció en el artículo\n 17 lo siguiente: "Límite máximo para las pensiones\n de arrendamiento. - La pensión mensual de arrendamiento\n de un inmueble no podrá exceder de la doceava parte del\n 10% del avalúo comercial con que dicho inmueble conste\n en el catastro municipal y de los impuestos municipales que gravaren\n a la propiedad urbana. Para determinar el precio total se tomarán\n en cuenta todos los departamentos, piezas o locales del inmueble,\n inclusive los ocupados por el arrendador. Cuando se arrienda\n solo una parte del predio, la pensión se fijará\n proporcionalmente a dicha parte. Para fijar la pensión\n mensual de arrendamiento, se tendrá en cuenta el estado,\n condición y ubicación del inmueble y los requisitos\n exigidos en el artículo 3°. Esta norma de derecho\n positivo, de acuerdo con la regla 18° del artículo\n 7 del Código Civil, se entiende incorporada a los contratos\n de inquilinato, y dado su carácter imperativo prevalece\n sobre el principio de autonomía de la voluntad de la contratación\n privada. El artículo 18 de la Ley de Inquilinato, complementariamente,\n establece la sanción civil de multa por la inobservancia\n de aquel precepto, y la acción de devolución o\n repetición a favor del inquilino, de lo cobrado con exceso,\n más el interés legal vigente en que se ordene la\n devolución. La acción de devolución o repetición\n de lo excesivamente pagado y el derecho a recabar dicha devolución\n prescribirá en dos años. SEGUNDO. - Desde luego,\n es importante dejar en claro que esta Sala estima que, de acuerdo\n con el espíritu de la Ley de Inquilinato que se manifiesta\n en su contexto, así como también en las numerosas\n leyes especiales complementarias que periódicamente se\n han expedido para limitar la cuantía de las pensiones\n mensuales de arrendamiento, las normas de protección social\n a favor del inquilino, se circunscriben o limitan a los locales\n arrendados para vivienda, vivienda taller o vivienda comercio\n urbanos; no se extienden, por tanto, a los locales arrendados\n para actividades comerciales; puesto que estas actividades por\n ser eminentemente de lucro están sometidas a los principios\n y reglas del derecho civil. En este sentido se ha de entender\n la aplicación del artículo 17 de la Ley de Inquilinato,\n en correspondencia con los artículos 10, 18 y 48 de la\n misma ley. TERCERO. - El ejercicio de una acción, en nuestro\n sistema procesal, no resulta extemporáneo por la declaración\n libre o discrecional del juzgador, sino en los casos expresamente\n señalados por la ley, que son dos: el de caducidad y el\n de prescripción. Tanto la caducidad como la prescripción\n extintiva o liberatoria son modos de extinguir un derecho o acción\n por no ejercerlo su titular durante el lapso determinado en la\n ley, pero entre la una y la otra institución jurídica\n existen varías diferencias. Así, la caducidad produce\n sus efectos de manera directa y automática y se opera\n por el ministerio de la ley, puesto que no necesita alegarse;\n mientras que la prescripción admite causas de interrupción\n o suspensión y necesita alegarse, generalmente a través\n de una excepción. La Ley de Inquilinato no contempla la\n caducidad de la acción de devolución sino únicamente\n la de prescripción. Ahora bien, el tiempo de prescripción\n extintiva de una acción ha de contarse desde el momento\n en que el derecho es exigible, es decir al tratarse de pensiones\n de arrendamiento excesivamente pagadas desde el momento en que\n el arrendador con inobservancia de lo ordenado por el artículo\n 17 de la Ley de Inquilinato, ha hecho efectivo el cobro de una\n pensión de arrendamiento que sobrepase el límite\n o techo legal. - Por estas razones, en la conclusión de\n la sentencia pronunciada por la Primera Sala de la Corte Superior\n de Guayaquil de que: "... la Sala estima que tal fijación\n resulta extemporánea, para efectos de la presente acción,\n pues el actor debió basar su reclamación en el\n certificado de fijación de canon extendido por el Departamento\n de Inquilinato de la Municipalidad de Guayaquil, al momento que\n se suscribió el contrato de arrendamiento", a criterio\n de este Tribunal de Casación existe una errónea\n interpretación de los artículos 10, 18 y 48 de\n la Ley de Inquilinato; lo que significa que la sentencia incurre\n en el error de juzgamiento previsto en la causal primera del\n artículo 3 de la Ley de Casación. - En esta virtud,\n con arreglo al artículo 14 de la ley citada, procede el\n recurso de casación interpuesto y casarse la sentencia.\n A este Tribunal de Casación le incumbe, entonces, asumir\n momentáneamente las atribuciones de Tribunal de tercera\n instancia y expedir en lugar del fallo dictado por la Primera\n Sala de la Corte Superior de Guayaquil el que para el caso corresponde.\n - CUARTO. - En el libelo inicial Carlos Zambrano Yllescas manifiesta:"\n ... que en las relaciones de inquilinato mantenidas con el doctor\n Alfonso León Guim, éste en calidad de arrendador\n de un local ubicado en la ciudad de Guayaquil le ha cobrado el\n canon mensual de arrendamiento de S/. 1.350.000, desde el 1 de\n abril de 1997 hasta el 2 de octubre de 1997, pensiones que exceden\n del límite legal, una vez que de acuerdo con la resolución\n del Departamento de Inquilinato de la Municipalidad de Guayaquil,\n de 1 de agosto de 1997, la pensión máxima que podía\n cobrar el arre

 

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