Registro Oficial

Registro Oficial. 28 de AGOSTO del 2000

Lunes, 28 de agosto de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE AGOSTO DEL 2000
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
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Lunes 28 de Agosto del 2000

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REGISTRO OFICIAL No. 150

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

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FUNCION\n JUDICIAL

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CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:
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\n Recursos de casación en los juicios seguidos por las siguientes\n personas:
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\n 162-2000 Amada Carrión\n Román en contra de Rodrigo Luis Marqués Fernández\n
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\n 166-2000\n José\n Amado Tapia León y otros en contra de Nina Yolanda Lazo\n León
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168-2000 Norma Barahona\n Chávez en contra de Luis Cuenca Mendoza y otra
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\n 184-2000 Fanny Vanegas\n en contra de Galo Jaramillo y otra
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\n 185-2000 Rolando Peña\n Cordero en contra de Manuel Cortez Cedillo y otros
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\n 196-2000 Carlos Abad\n Bermeo y otra en contra de Adriana Alvarez
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\n 204-2000 Dr. Rodrigo\n Suárez en contra de Olga Guananga
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\n ORDENANZA\n MUNICIPAL:
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Cantón\n Palanda:\n Que reglamenta la administración del personal de servicio\n de la Municipalidad, sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa \n

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No. 162\n - 2000

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JUICIO VERBAL SUMARIO

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ACTORA: Amada Carrión.
\n DEMANDADO: Rodrigo Marqués.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 18 de abril del 2000; las 09h00.

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VISTOS: En el juicio verbal sumario de divorcio seguido por\n Amada Carrión Román en contra de su cónyuge\n Rodrigo Luis Marqués Fernández, el demandado interpone\n recurso de casación de la sentencia pronunciada por la\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Zamora en la que confirma\n en lo principal el fallo de primera instancia que acepta la demanda,\n reformándola en cuanto a la pensión alimenticia\n para los hijos menores del matrimonio. Concedido el recurso ha\n subido la causa correspondiendo, por sorteo, su conocimiento\n a esta Sala, la misma que, para resolver, considera: PRIMERO.\n - El recurrente funda su impugnación en las causales Ira.\n y 3ra. del Art. 3 de la Ley de Casación. Aduce que se\n han infringido las normas legales previstas en el numeral 3ro.\n del Art. 107 del Código Adjetivo Civil, "ora por\n realizar una errónea interpretación de la prueba,\n ora por no haber actuado de oficio las pruebas tendientes a esclarecer\n con certeza los hechos motivo de la controversia, ora porque\n de autos consta que los testigos de la parte actora tienen su\n domicilio en la ciudad de Loja, y además por no apreciar\n a través de la sana crítica la prueba aportada",\n como textualmente manifiesta el recurrente. SEGUNDO.- El recurso\n de casación es de carácter extraordinario y de\n admisibilidad restringida que exige, por lo mismo, el estricto\n cumplimiento de los requisitos sustanciales y formales previstos\n en los Arts. 3 y 6 de la Ley de Casación, pues el incumplimiento\n de los mismos trae consigo la improcedencia del recurso. TERCERO.\n - En el presente caso, si bien el recurrente funda el recurso\n en dos causales y señala como infringidas en la sentencia\n una norma de derecho y varias normas procesales, no precisa,\n ni concreta en los fundamentos del recurso, el modo como se produjo\n la violación de la ley en la sentencia, esto es por aplicación\n indebida, por falta de aplicación o por errónea\n interpretación de la única norma de derecho que\n señala, para la causal primera; o de los preceptos jurídicos\n aplicables a la valoración de la prueba para la causal\n tercera. Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia están\n acordes en establecer que; "No es pertinente ni esclarecedor\n decir en forma genérica que no se ha valorado la prueba\n presentada pues hay que precisar las normas de derecho y las\n de valoración de la prueba violadas por el juzgador de\n instancia", precisión que en el caso no se (hace\n por parte del recurrente; añadiendo la jurisprudencia\n que; "Se debe además precisar el concepto de la violación,\n es decir, en función de que existan los siguientes elementos;\n error, consiste en aplicación indebida, falta de aplicación\n o errónea interpretación o lo que es lo mismo,\n error en la selección de la norma por parte del Juez,\n error en la existencia de la norma y error en el significado\n de la norma" (Exp. 163 - 94, R.O. 636, 17.11.95). El recurrente\n en casación, no cumple, por tanto, con el requisito de\n forma previsto en el numeral 4to. del Art. 6 de la Ley de Casación;\n pues, no es cumplir con este requisito decir, como lo hace el\n impugnante, que se ha dejado de apreciar una prueba", o\n por "errónea interpretación de la prueba"\n o "por no haber actuado de oficio las pruebas tendientes\n a esclarecer con certeza los hechos" lo cual no es precisar\n el tipo de error y que ese error condujo al Juez a violar la\n norma de derecho que cita, o de valoración de la prueba.\n CUARTO. - Sin embargo, de lo dicho, la Sala considera que la\n prueba con la que se justifica la causal de divorcio, ha sido\n apreciada en forma correcta en la sentencia materia del recurso\n de casación sin que por lo tanto exista violación\n de las normas referentes a la valoración de la prueba.\n - Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha el recurso\n interpuesto. - Sin costas, ni multas. Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Rodrigo Varea Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea y Armando Bermeo Castillo, Ministros Jueces.

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Certifico.

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f) Dra. Lucía Toledo, Secretaria Relatora.

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La una foja que antecede es fiel copia de su original. Quito,\n 21 de junio del 2000.

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Certifico.

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f.) Secretaria Relatora.

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No. 166\n - 2000

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JUICIO ORDINARIO

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ACTORES: José Tapia y otros.
\n DEMANDADA: Nina Lazo.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 19 de abril del 2000; las 08h32.

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VISTOS; José Amado Tapia León, Oscar Roberto\n Zúñiga León y Jorge Eduardo Tapia León,\n en calidad de hijos y herederos de la madre de ellos, Rosa Delia\n León Veloz, dicen que dicha señora ha conferido\n poder especial a favor de Rosa Leticia León y que ésta\n aparece otorgando a favor de su hija Nina Yolanda Lazo León,\n escritura de venta de la casa No. 15 - 48 de la Av. Unidad Nacional,\n parroquia Lizarzaburo de la ciudad de Riobamba. Manifiesta que\n "la mandataria - vendedora, no impone su firma y ni siquiera\n su huella digital, según la aclaración del Notario\n autorizante señor Raúl Dávalos Maldonado,\n por supuesta parálisis del brazo derecho. No ha incorporado\n a la escritura ningún certificado médico que, acredite\n tal incapacidad . De ello concluyen con que tanto el contrato\n de compraventa como la escritura pública que lo contiene\n están viciados de nulidad absoluta. Con tales antecedentes\n y en razón de que Leticia Rosa o Rosa Leticia León\n ha fallecido, demandan a la compradora, beneficiaria de la misma,\n Nina Yolanda Lazo León, la nulidad del contrato y de la\n escritura pública de compraventa. Designan procurador\n común al Dr. Oscar Roberto Zúñiga León.\n Piden que se cuente con el Alcalde y Procurador Síndico\n de la Municipalidad de Riobamba y de ser necesario con el Notario\n Raúl Dávalos Maldonado. El señor Juez Cuarto\n de lo Civil de Riobamba declara sin lugar la demanda. La Segunda\n Sala de la H. Corte Superior de dicha jurisdicción confirma\n la decisión de primer nivel en los términos de\n su pronunciamiento..." Y no por las razones que expresa\n el inferior". El Dr. Oscar Roberto Zúñiga\n León ha interpuesto recurso de casación contra\n el fallo pronunciado por dicho Tribunal. Considera infringidos\n los Arts. 1724, 1725, 1726 y 1762 del Código Civil, así\n como los Arts. 110, y 273 del Código de Procedimiento\n Civil. Invoca las causales 1ra. y 3ra. del Art. 3 de la Ley de\n Casación. La contraparte contestó en los términos\n del escrito que obra a fs. 5 - 6 de este cuaderno. Con estos\n antecedentes, para resolver, se considera; PRIMERO. - La causal\n segunda del Art. 3 de la ley de la materia trata de la "Aplicación\n indebida, falta de aplicación o errónea interpretación\n de normas procesales...". Y no obstante que los recurrentes\n mencionan como infringidas dos normas procesales, a saber, los\n Arts. 110 y 273 del Código de Procedimiento Civil, no\n invocan dicha causal sino la primera y la tercera. SEGUNDO. -\n El Art. 1724 del Código Civil expresa cuándo es\n nulo todo acto o contrato, es decir, cuándo falta alguno\n de los requisitos que la ley prescribe para el valor de uno u\n otro, según su especie y la calidad o estado de las panes.\n Tal artículo no ha sido infringido de ninguna manera.\n El Art. 1725 señala cuáles son nulidades absolutas,\n y tampoco hay base para decir que ha sido violado. El Art. 1726\n prescribe que "La nulidad absoluta puede ser declarada por\n el Juez, aún sin petición de parte, cuando aparece\n de manifiesto en el acto o contrato...", pero en el caso\n en estudio el Tribunal de segunda instancia no encuentra razón\n alguna para declarar la nulidad del contrato, ya que advierte\n que se han cumplido tanto las normas pertinentes de la Ley Notarial\n como las relativas al Código Civil; de modo que los fundamentos\n de la impugnación quedan sin respaldo. TERCERO. - En cuanto\n al Art. 1762 ibídem, según el cual "es nulo\n el contrato de venta entre cónyuges, y entre padres e\n hijos, mientras éstos sean incapaces", tampoco puede\n decirse que se lo haya infringido, ya que no siquiera se menciona\n la intervención de ningún incapaz. CUARTO. - El\n Art. 110 del Código de Procedimiento Civil dispone que;\n "Las excepciones y la reconvención discutirán\n al propio tiempo y en la misma forma que en la demanda, y serán\n resueltos en la sentencia". No hay razón para mencionar\n como infringida esta norma, pues, en el presente juicio no ha\n habido ni excepciones ni reconvención. Y, QUINTO. - Por\n fin, el Art. 273 define a la sentencia y realmente no se ve la\n razón para considerarlo infringido, tanto que el recurso\n versa precisamente contra ella, que aparece pronunciada en su\n oportunidad, decidiendo justamente el asunto principal del juicio,\n cual es el de la nulidad del contrato de compraventa y de la\n escritura que lo contiene. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se deniega\n el recurso de casación interpuesto. Sin costas, ni multa.\n Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Rodrigo Varea Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea y Armando Bermeo Castillo, Ministros de la Tercera Sala\n de lo Civil y Mercantil.

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Certifico. - f) Dra. Lucía Toledo, Secretaria Relatora.

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La una foja que antecede es fiel copia de su original. - Quito,\n 21 de junio del 2000.

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Certifico.

\n\n

f) Secretaria Relatora.

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No. 168\n - 2000

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JUICIO ORDINARIO

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ACTORA: Norma Barahona.
\n DEMANDADOS: Luis Cuenca y otra.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 19 de abril del 2000; las 10h30.

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VISTOS: Norma Barahona Chávez interpone recurso de\n casación de la sentencia pronunciada por la Segunda Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Riobamba, confirmatoria del\n fallo dictado por el Juez Sexto de lo Civil de Chimborazo que\n declara sin lugar la demanda, dentro del juicio ordinario que,\n por reivindicación de un inmueble, sigue en contra de\n Luis Cuenca Mendoza y María Esperanza Ramos. El Tribunal\n de la Corte Superior de Riobamba niega el recurso de casación\n por considerar que "en el escrito de impugnación\n de fs. 8 y 9, se ha omitido hacer constar los requisitos ordenados\n en los numerales 3 y 4 del último articulo citado (6 de\n la Ley de Casación)", por lo cual la actora ha deducido\n el recurso de hecho, en virtud del cual los autos han subido\n a esta Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia, la misma que, para resolver, considera: PRIMERO.\n - El recurso de casación es un medio de impugnación\n extraordinario y supremo, que impugna una resolución ejecutoriada\n expedida por un Tribunal superior, y no constituye una nueva\n instancia ni abre la posibilidad de que se realice un nuevo examen\n del proceso, su procedimiento es primordialmente formal y es\n por eso que para su admisibilidad debe reunir los requisitos\n de forma prevista en el Art. 6 de la ley de la materia. SEGUNDO.\n - Visto el escrito de impugnación aparece que la autora\n de la impugnación no cumple con lo que disponía\n el ordinal cuarto del Art. 6 de la Ley de Casación vigente\n a la época de interposición del recurso que dice;\n "Los fundamentos en los que se apoya el recurso, expuestos\n en forma clara y sucinta. El recurrente deberá explicar\n de qué manera ha influido en la parte dispositiva de la\n sentencia o decisión cada una de las causales en que fundamenta\n su recurso", omisión que descalifica el recurso en\n los términos del Art. 7 ibídem. TERCERO. - No obstante\n lo que queda anotado, cabe anotar que en el presente caso no\n se ha llegado a individualizar o singularizar el predio materia\n de la demanda ordinaria de reivindicación, por cuya razón\n se ha rechazado la demanda; en efecto, mientras en el escrito\n de demanda y en la escritura acompañada por la actora\n (copia de fojas l y 2, según razón de fs. 16 vta,\n del primer cuaderno) el inmueble materia de la reivindicación\n tiene una superficie de una cuadra más o menos y se encuentra\n dentro de los siguientes linderos; "Por la cabecera la carretera\n que conduce de Sibambe a Huigra; por el un costado acequia pública\n y por el otro costado la quebrada Santa Teresita", en la\n inspección judicial que practica el Juez de primera instancia\n (fs. 19 vta., 20 y 21) hace constar que el predio "tiene\n una superficie aproximada de una y media cuadra más o\n menos" y como linderos los siguientes; "Por el frente\n carretera pública Sibambe - Huigra; por el un costado,\n propiedad de Nicolás Campoverde; y por la parte inferior\n o pie, el río Santa Teresita". En el informe pericial\n de fs. 33 se señala, igualmente, que el predio "se\n encuentra bajo los siguientes linderos; por la cabecera, carretera\n pública Sibambe - Huigra, por el un costado, propiedad\n de Nicolás Campoverde; y, por el otro costado, quebrada\n Santa Teresita", aclarándose que en dicho terreno\n se han construido cinco casas, tres de las cuales 'sirven de\n vivienda del señor Fidel Cuenca - que no ha sido demandado\n - y en las restantes vive el señor Luis Cuenca",\n siendo de advertir que el referido inmueble, de acuerdo con el\n croquis que acompaña el perito (fs. 32) se encuentra dividido\n en dos panes, la una en posesión de Fidel Cuenca y la\n otra en posesión de los demandados Luis Cuenca y María\n Esperanza Ramos. En conclusión, la actora no ha logrado\n individualizar la cosa que pretende reivindicar, motivo por el\n cual bien a hecho el Tribunal de segunda instancia en confirmar\n la decisión de primer nivel, que desestima la demanda;\n de modo que no se ha infringido las normas legales que la demandante\n alega; y, por el contrario, es la aplicación correcta\n de las mismas la que ha inspirado la resolución. Por lo\n expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y\n POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso de hecho interpuesto\n y consecuentemente el de casación. Sin costas, ni multa.\n Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Rodrigo Varea Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea y Armando Bermeo Castillo, Ministros Jueces.

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Certifico. - f.) Dra. Lucía Toledo, Secretaria Relatora.

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Las dos fojas que anteceden son fiel copia de sus originales.\n - Quito, 21 de junio del 2000.

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Certifico.

\n\n

f) Secretaria Relatora.

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No. 184\n - 2000

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JUICIO ORDINARIO

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ACTORA: Fanny Vanegas.
\n DEMANDADOS: Galo Jaramillo y otra.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 10 de mayo del 2000; las 09h35.

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VISTOS: En el juicio ordinario que por nulidad de contrato\n sigue Fanny Vanegas en contra de Galo Jaramillo y otra, la mencionada\n actora interpone recurso de casación de la sentencia pronunciada\n por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Cuenca,\n que confirma el fallo de primera instancia en el que se "declara\n sin lugar la acción principal de nulidad del contrato,\n y sin lugar la acción alternativa de rescisión\n del mismo contrato por lesión enorme'. Concedido el recurso\n ha subido la causa, correspondiendo, por sorteo, su conocimiento\n a esta Sala, la misma que para resolver, considera: PRIMERO.\n - La contraparte ha dado contestación al traslado que\n se le dio con el recurso de casación, en los términos\n constantes en el escrito presentado ante la Sala. SEGUNDO. -\n La casación está fundada en las causales 1ª\n y 3ª del Art. 3 de la ley de la materia. La impugnante considera\n que "las normas de derecho" infringidas en la sentencia\n materia del recurso son; "El Art. 119 y 211 del Código\n de Procedimiento Civil y 219 del Código de Procedimiento\n Civil" (SIC). Fundamenta indicando. que: "Se ha producido\n una aplicación indebida de los preceptos jurídicos\n aplicables a la valoración de la prueba y se ha producido\n una falta de aplicación de los Arts. 211 y 219 del Código\n de Procedimiento Civil" (SIC). TERCERO. - La causal 1ª,\n del Art. 3 de la Ley de Casación, uno de los fundamentos\n del recurso, se refiere a; "Aplicación indebida,\n falta de aplicación o errónea interpretación\n de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales\n obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes\n de su parte dispositiva". Esta causal tiene que ver, por\n tanto, con errores o vicios in iudicando, esto es, cuando el\n Juez de instancia elige mal la norma, utiliza una norma impertinente\n o cuando se le atribuye a una norma de derecho un significado\n equivocado. "Lo que trata de proteger esta causal - dice\n la doctrina y la jurisprudencia - es la esencia y contenido de\n la norma de derecho que son las que constan en cualquier Código\n o Ley vigente, incluido los precedentes jurisprudenciales. Recae\n sobre la pura aplicación del derecho. Si la sentencia\n viola conceptos de una ley sustantiva o de fondo. hay error de\n juicio del juzgador, por eso se llama violación directa\n de la ley. La casación por esta causal enmienda los errores\n de derecho que los jueces de instancia cometen y que resultan\n determinantes en la parte dispositiva de la sentencia" (Exp.\n 53 - 94, R.O. 635, 16 - 11 - 95). CUARTO. - La causal Y del Art.\n 3, que también se alega como fundamento de la casación,\n tiene íntima conexión con la causal 1ª, pues\n se refiere a "una equivocada aplicación o a la no\n aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto",\n por aplicación indebida, falta de aplicación o\n errónea interpretación de los preceptos jurídicos\n aplicables a la valoración de la prueba. Por tanto, está\n obligado el recurrente en casación a determinar o citar\n las nominas de derecho que considere han sido violadas en la\n sentencia, por cualquiera de los modos previstos en las tres\n primeras causales del Art. 3 de la Ley de Casación, esto\n es por indebida aplicación, falta de aplicación\n o errónea interpretación. QUINTO. - En el presente\n caso, la recurrente no cita ni precisa norma alguna de derecho\n que hubiese sido aplicada equivocadamente o no aplicada en la\n sentencia materia de la impugnación; limitándose\n tan sólo a citar varias nominas procesales, que si bien\n tienen que ver con la valoración de la prueba, no permiten\n analizar si se ha producido o no violación en la sentencia\n de nominas de derecho, pues al no citarlas o precisarlas, impide\n a este Tribunal tal análisis. En consecuencia, el recurso\n resulta improcedente, por lo que la Sala se encuentra legalmente\n impedida de conocer el problema de fondo. Por estas consideraciones,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, se desecha el recurso interpuesto. Sin costas, ni\n multas. Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Rodrigo Varea Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea y Armando Bermeo Castillo, Ministros Jueces.

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Certifico. - f) Dra. Lucía Toledo, Secretaria Relatora.

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La una foja que antecede es fiel copia de su original. - Quito,\n 21 de junio del 2000.

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Certifico. - f) Secretaria Relatora.

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No. 185\n - 2000

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JUICIO ORDINARIO

\n\n

ACTORES: Rolando Peña y otra.
\n DEMANDADOS: Manuel Cortez y otra.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 10 de mayo del 2000; las 10h00.

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VISTOS; En el juicio ordinario reivindicatorio seguido por\n Rolando Peña Cordero en contra de Manuel Cortez Cedillo,\n María Palacios y otros, los mencionados demandados interponen\n recurso de casación de la sentencia pronunciada por la\n Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Cuenca en la\n que confirma en lo principal el fallo de primera instancia, que\n declara con lugar la acción reivindicatoria y ordena la\n restitución del inmueble a los accionantes como propietarios\n del mismo, reformándola en cuanto al plazo de entrega\n y las mejoras introducidas en el predio. Concedido el recurso\n ha subido la causa, correspondiendo, por sorteo, su conocimiento\n a esta Sala, la misma que, para resolver, considera; PRIMERO.\n - La contraparte ha dado contestación al traslado que\n se la dio con el recurso interpuesto, en los términos\n constantes del escrito presentado ante la Sala. SEGUNDO. - El\n recurso está fundado en las causales 1ra., 2da. y 3ra.\n del Art. 3 de la Ley de Casación. Consideran los impugnantes\n que se han infringido en la sentencia los Arts. 953, 972 y 973\n del Código Civil, así como los Arts. 76, 113, 118,\n 119, 104 y 355, numeral 4to. del Código de Procedimiento\n Civil. Concretan la fundamentación del recurso, manifestando;\n "Falta de aplicación de las normas de derecho que\n hemos puntualizado; aplicación indebida, falta de aplicación\n o errónea interpretación de nominas procesales\n que vician el proceso de nulidad insalvable y que influyen directamente\n en la decisión de la causa, así como falsa aplicación,\n por indebida, falta de aplicación o errónea interpretación\n de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba. lo que ha conducido a una equivocada aplicación\n de nominas de derecho en la sentencia", como textualmente\n consta en el referido escrito. TERCERO. - Dado el carácter\n extraordinario que tiene el recurso de casación - dice\n la jurisprudencia - , "por la limitación de los medios\n de que es lícito valerse al utilizarlo e interponer el\n recurso de casación, el Art. 6 de la referida ley, constituye\n norma formularia a la que es indispensable ajustar el escrito\n en el que se interponga el recurso, lo cual responde a la necesidad\n de que se señale de modo preciso los términos dentro\n de los que se ha de plantear el litigio entre el recurso y la\n sentencia que por su medio se combate." (Exp. 451, RO. 3,\n 14 - VIII - 96). CUARTO. - En el presente caso, los impugnantes\n tan sólo precisan la causal 1ra. del Art. 3, manifestando\n que en la sentencia impugnada existe "falta de aplicación\n de las nominas de derecho que hemos puntualizado", y tales\n nominas de derecho son los Arts. 953, 972 y 973 del Código\n Civil. Por tanto, corresponde a la Sala examinar si existe "falta\n de aplicación" de tales normas en la sentencia materia\n de la casación, que es uno de los modos previstos en la\n causal primera, siempre que haya sido determinante en la parte\n dispositiva de la sentencia. En cuanto a las causales 2da. y\n 3ra. ibídem alegan; "Aplicación indebida,\n falta de aplicación o errónea interpretación"\n de normas procesales "que vician el proceso de nulidad insanable\n que influyen directamente en la decisión de la causa así\n como de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba, lo cual es no cumplir con el requisito formal 4to.\n del Art. 6 de la Ley de Casación, que es de obligatorio\n cumplimiento, al igual que los otros tres, pues, mal puede alegrarse\n "aplicación indebida, falta de aplicación\n y errónea interpretación" por ser conceptos\n incompatibles y contradictorios entre sí, ya que si existe\n falta de aplicación mal puede hablarse de indebida aplicación\n o de errónea interpretación de las nominas procesales\n citadas por los recurrentes como fundamento de las dos causales\n mencionadas. Y, en cuanto a la causal 1ra., de los elementos\n aportados por los impugnantes en la fundamentación del\n recurso, no se puede concluir que el Tribunal de instancia haya\n aplicado incorrectamente las nominas sustantivas y procesales\n citadas en la impugnación, en la sentencia materia del\n recurso de casación. Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se desecha el recurso de casación interpuesto. Sin costas,\n ni multas. Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Rodrigo Varea Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea, Armando Bermeo Castillo, Ministros Jueces.

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Certifico. - f) Secretaria Relatora.

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Las dos fojas que anteceden son fiel copia de sus originales.\n - Quito, 21 de junio del 2000.

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Certifico. - f) Secretaria Relatora.

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No. 196\n - 2000

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JUICIO ORDINARIO

\n\n

ACTOR: Carlos Abad.
\n DEMANDADA: Adriana Alvarez

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 18 de mayo del 2000; a las 10h10.

\n\n

VISTOS; A fojas 39 del cuaderno de segunda instancia la demandada\n Adriana Alvarez interpone recurso de casación de la dictada\n por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Cuenca,\n el 14 de julio de 1999. dentro del juicio ordinario que siguen\n en su contra los cónyuges Carlos Abad Bermeo e Inés\n Avila Lazo para que se declare a su favor la prescripción\n extraordinaria adquisitiva de dominio del inmueble que describen\n en el libelo de demanda; sentencia que confirma la dictada por\n el señor Juez Sexto de lo Civil de Cuenca que acepta la\n demanda. El recurso ha sido concedido y de conformidad con el\n sorteo realizado se ha radicado la competencia de la causa en\n esta Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia, la misma que, para resolver, hace las consideraciones\n siguientes; PRIMERO. - Los actores Carlos Abab Bermeo y Laura\n Inés Avila Lazo contestaron en los términos del\n escrito que obra a fojas 5, 6 y 7 de este cuaderno. SEGUNDO.\n - La recurrente considera que en la sentencia se han infringido\n los Arts. 2426 número 2 y 2435 del Código Civil\n y los Arts. 119, 120, 125 y 146 del Código de Procedimiento\n Civil. Funda su recurso en las causales primera y tercera del\n Art. 3 de la Ley de Casación, 'al existir falta de aplicación\n de normas de derecho (causal 1) y aplicación indebida\n de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba (causal 3)". TERCERO. - Las causales 18 y 38\n del Art. 3 de la ley de la materia, que invoca la autora de la\n impugnación, se refieren a "aplicación indebida,\n falta de aplicación o errónea interpretación\n de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales\n obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes\n de su parte dispositiva", la primera; y, la segunda a "aplicación\n indebida, falta de aplicación o errónea interpretación\n de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación\n o a la no aplicación de nominas de derecho en la sentencia\n o auto". CUARTO. Respecto de las normas presuntamente infringidas\n en la sentencia de segundo nivel, cabe relievar que dicho fallo\n no ha violado precepto alguno como afirma la recurrente. En efecto,\n la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia del Azuay, en\n su fallo que obra a fojas 37 y 38 de los autos encuentra que\n los actores, mediante prueba testimonial idónea, constituida\n por declaraciones que les consta el particular, coincidentes\n en sus versiones y que dan suficiente razón de sus dichos,\n es decir prueba plena, han demostrado la posesión pacífica,\n tranquila e ininterrumpida del lote de terreno y edificaciones\n materia de la demanda por un lapso mayor a quince años,\n es decir, suficiente para adquirir por prescripción adquisitiva\n extraordinaria el dominio de dicho bien. Valora también\n la inspección ocular practicada al predio por el Juez\n de primer nivel, así como el informe pericial presentado.\n Analiza la prueba testimonial presentada por la demandada, cuyos\n testimonios considera que "indudablemente denotan falta\n de conocimiento, inseguridad e imprecisión en sus respuestas".\n Hace referencia también a la prueba documental presentada\n por la demandada "para efectos de supuestamente demostrar\n que la prescripción se interrumpió para los actores";\n y, finalmente manifiesta que "las excepciones presentadas\n por los demandados no han sido justificadas de ninguna manera,\n pues no ha lugar la falta de personería pasiva y la alegación\n de interrupción de la prescripción, por los claros\n razonamientos expuestos por el señor Juez en el considerando\n tercero de su resolución, sobre todo la invocación\n de la jurisprudencia en torno a la alegación de la interrupción\n de la prescripción". De esta suerte el fallo pronunciado\n en el segundo nivel aplica con arreglo a la ley todas las nominas\n pertinentes, sin que pueda sostenerse que haya infringido ninguna\n de las nominas que menciona la recurrente. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se rechaza el recurso de casación interpuesto por la demandada\n Adriana Alvarez. Sin costas, ni multa. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Rodrigo Varea Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea y Armando Bermeo Castillo. Ministros Jueces.

\n\n

Certifico. - f) Dra. Lucía Toledo, Secretaria Relatora.

\n\n

Las dos fojas que anteceden son fiel copia de sus originales.\n - Quito, 21 de junio del 2000.

\n\n

Certifico. - f) Secretaria Relatora.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 204\n - 2000

\n\n

JUICIO ORDINARIO
\n
\n ACTOR: Rodrigo Suárez.
\n DEMANDADA: Olga Guananga.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 22 de mayo del 2000; las 08h50.

\n\n

VISTOS: En el juicio ordinario que por cobro de dinero sigue\n el Dr. Rodrigo Suárez en contra de Olga Guananga, la mencionada\n demandada interpone recurso de casación de la sentencia\n pronunciada por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Riobamba, en la que confirma el fallo de primera instancia\n que acepta la demanda y condena a la demandada al pago de dos\n millones de sucres (S/. 2'000.000,oo), valor del cheque aparejado\n a la demanda, más Los intereses legales respectivos contados\n desde la citación con la demanda hasta la cancelación\n del crédito, y las costas. Concedido el recurso ha subido\n la causa, correspondiendo su conocimiento a esta Sala la misma\n que, para resolver, considera; PRIMERO. - La contraparte no ha\n dado contestación al traslado que se le dio con el recurso\n de casación interpuesto por la demandada. SEGUNDO. - El\n recurso está fundado en las causales 1ª y 3ª\n del Art. 3 de la Ley de Casación. Considera la impugnante\n que se han infringido en la sentencia las normas de derecho contenidas\n en los Arts. 41 inciso primero y 50 inciso tercero de la Ley\n de Cheques, y Art. 177 del Código de Procedimiento Civil.\n TERCERO. - El Art. 41, inciso 1° de la Ley de Cheques si\n bien prescribe que; "El portador o tenedor podrá\n ejercitar sus acciones contra el girador, los endosantes y los\n demás obligados, cuando, presentado el cheque en tiempo\n hábil, no fuere pagado, siempre que la falta de pago se\n acredite por protesto ...", el actor no ha hecho uso de\n este derecho, conforme aparece del cheque materia de la demanda,\n razón por la cual el mencionado cheque dejó de\n ser instrumento de pago, para convertirse en mera constancia\n escrita de una obligación; y, es por ello que en la demanda\n se hace uso de la vía ordinaria, demandando el pago del\n valor constante en dicho instrumento. No existe, por lo mismo,\n en el caso, "aplicación indebida", en la sentencia\n materia de la casación, "de lo dispuesto en el Art.\n 41, inciso primero de la Ley de Cheques", como sostiene\n la impugnante; así como tampoco se puede hablar de "falta\n de aplicación" del Art. 50 inciso tercero de la misma\n Ley de Cheques, por las mismas razones expuestas anteriormente.\n Por otra parte, la propia demandada reconoce la existencia del\n crédito en el escrito de contestación a la demanda\n (fs. 6), en el que inclusive manifiesta estar "dispuesta\n a cubrir con el pago de los intereses devengados desde la fecha\n del giro". - Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha\n el recurso de casación interpuesto por la demandada. -\n Sin costas, ni multas. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Rodrigo Varen Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea y Armando Bermeo Castillo, Ministros Jueces.

\n\n

Certifico. - f) Dra. Lucía Toledo, Secretaria Relatora.

\n\n

La una foja que antecede es fiel copia de su original. - Quito,\n 21 de junio del 2000.

\n\n

Certifico. - f) Secretaria Relatora.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

ILUSTRE\n CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON PALANDA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que los Arts. 228, 231 y 232 de la Constitución Política\n de la República y 17 de la Ley de Régimen Municipal\n establecen que los municipios gozan de autonomía, que\n se garantiza de que sólo en virtud de la ley pueden imponer\n deberes a los municipios;

\n\n

Que es necesario que el Municipio de Palanda cuente con una\n ordenanza que reglamente la administración de los recursos\n humanos de los servidores sujetos a la Ley de Servicio Civil\n y Carrera Administrativa;

\n\n

Que el numeral 40 del Art. 64 de la Ley de Régimen\n Municipal, faculta al Concejo a expedir, mediante ordenanza,\n un sistema de carrera administrativa en la Municipalidad;

\n\n

Que la Decimonovena Asamblea General de Municipalidades, acogió\n el sentir de los municipios ecuatorianos y para llegar a una\n objetiva aplicación de los preceptos legales, resolvió\n recomendar a las municipalidades miembros de la AME se separen\n del sistema nacional de personal, dependencia de la SENDA y que,\n consecuentemente establezcan su propio sistema de carrera administrativa\n y realicen los registros de los nombramientos que expidan en\n sus propias oficinas de personal;

\n\n

Que es necesario optimizar los recursos humanos de la Municipalidad,\n como un mecanismo idóneo para garantizar la estabilidad\n y capacitación de los servicios municipales; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley,

\n\n

Expide:

\n\n

La siguiente Ordenanza que reglamenta la administración\n del personal de servicio de la Municipalidad, sujetos a la Ley\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

\n\n

Art. 1. - AMBITO DE APLICACION. - La presente ordenanza regula\n todo lo relacionado con el servicio civil del personal de servidores\n del Municipio del Cantón Palanda que, mediante nombramiento\n legalmente expedido por el Alcalde cumplen servicios personales\n remunerados, mediante las asignaciones que constan en el presupuesto\n municipal.

\n\n

Art. 2. - EXCLUSION. - No se encuentran comprendidos dentro\n del servicio civil municipal, para los fines de esta ordenanza;

\n\n

1. Alcalde.

\n\n

2. Los concejales.

\n\n

3. El personal contratado para la ejecución de una\n obra o trabajo determinado.

\n\n

4. Los servidores vinculados por contrato de prestación\n de servicios profesionales.

\n\n

5. Los funcionarios y empleados de las instituciones de la\n Administración Pública Nacional, de organismos\n del sector privado e internacionales que por convenios o contratos\n tuvieren que prestar servicios en el Municipio.

\n\n

6. Los trabajadores amparados por el Código del Trabajo.

\n\n

Art. 3. - SERVICIO CIVIL - El servicio civil municipal comprende\n a los ciudadanos ecuatorianos que desarrollen labores públicas\n remuneradas en la Municipalidad de Palanda.

\n\n

Art. 4. - REQUISITOS PARA EL INGRESO. - Para ingresar al servicio\n civil en el Municipio de Palanda se requiere;

\n\n

1. Haber sido nombrado por el Alcalde, de conformidad con\n lo que disponen los Arts. 72, numerales 24, inciso segundo y\n 26 de la Ley de Régimen Municipal.

\n\n

2. Ser idóneo para el desempeño del cargo, por\n reunir las condiciones físicas y de salud, así\n como las de formación y conocimientos, necesarios para\n el desempeño de las labores específicas.

\n\n

3. Registrar dentro del término de 20 días siguientes\n a su expedición el nombramiento en la Jefatura de Personal\n del Municipio. Este registro lleva implícita la promesa\n y posesión para el desempeño del cargo.

\n\n

4. Haber cumplido lo dispuesto en las leyes de elecciones\n y de servicio militar obligatorio en las Fuerzas Armadas.

\n\n

5. No ser deudor de la Municipalidad y el Estado.

\n\n

6. Estar en ejercicio de los derechos de ciudadanía\n y no encontrarse en interdicción ni en mora de prestación\n de cuentas a las instituciones públicas.

\n\n

7. No tener en su contra auto de llamamiento a juicio plenario.

\n\n

8. Llenar los demás requisitos establecidos en la ley.

\n\n

Art. 5. - REGISTRO DE NOMBRAMIENTO. - El nombramiento para\n el desempeño de su cargo en la Municipalidad de Palanda\n se realizará mediante la acción de personal, suscrita\n por el Alcalde y su registro se efectuará en la Oficina\n de Personal.

\n\n

Para el registro de nombramiento en la dependencia municipal\n correspondiente, se presentarán los siguientes documentos;

\n\n

1. Cédula de identidad.

\n\n

2. Certificado de votación.

\n\n

3. Cédula o certificado militar en el caso de varones.

\n\n

4. Certificado de no adeudar al Municipio.

\n\n

5. Certificado de haber rendido caución correspondiente\n en los casos exigidos por la ley.

\n\n

6. Copia certificada de la declaración jurada de bienes\n otorgada ante un Notario, en los casos exigidos por la ley.

\n\n

7. Certificado de estudios o copia auténtica de los\n títulos profesionales, exigibles para el puesto que se\n trate.

\n\n

8. Certificado expedido, por el Jefe de Recursos Humanos del\n Municipio, o quien haga sus veces, sobre el control de nepotismo\n o incompatibilidad por parentesco.

\n\n

9. Declaración juramentada de no desempeñar\n otro cargo público, a excepción de la docencia\n universitaria.

\n\n

10. Declaración juramentada ante un Notario de no adeudar\n al Estado.

\n\n

Art. 6. - PROHIBICION DE REGISTRO. - No se sujetarán\n los nombramientos o contratos extendidos por la autoridad nominadora\n competente, esto es, por el Alcalde, en favor de una persona\n que guarde parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad\n y segundo de afinidad con otra que preste sus servicios en la\n misma unidad administrativa.

\n\n

Los nombramientos que, en contravención de la presente\n fueran extendidos y registrados, serán nulos y no permitirán\n el ejercicio del cargo ni el cobro de las remuneraciones correspondientes.

\n\n

DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES

\n\n

CAPITULO I

\n\n

Art. 7. - SERVIDORES MUNICIPALES. - Son servidores municipales,\n los ciudadanos ecuatorianos que a la fecha de sanción\n de esta ordenanza, ejerzan cargos públicos en la Municipalidad\n de Palanda.

\n\n

Art. 8. - NOMBRAMIENTOS POR PERIODOS FIJOS. - Corresponde\n a los funcionarios municipales nombrados por el Concejo y que\n serán de cuatro años.

\n\n

Art. 9. - PERIODO DE PRUEBA. - Todos los nombramientos expedidos\n por la autoridad competente y registrados de conformidad con\n lo que establece esta ordenanza tiene el carácter de provisional\n y cubren un periodo de prueba de seis meses, dentro del cual\n la autoridad nominadora podrá dar por terminado la relación\n de servicio, previo informe de la Jefatura de Personal, que se\n elaborarán en base de por lo menos dos evaluaciones sobre\n el desempeño del servidor que se trate.

\n\n

Vencido el plazo de seis meses a que se refiere el inciso\n anterior, el nombramiento se convertirá en definitivo\n y garantizará la estabilidad definitiva del servidor en\n su puesto.

\n\n

Las normas procedentes no son aplicables para funcionarios\n cuyo nombramiento corresponde al Concejo.

\n\n

Art. 10. - ESTABILIDAD. - Los servidores municipales protegidos\n por esta ordenanza, gozarán de estabilidad y podrán\n ser destituidos únicamente por las causales previstas\n en el Art. 114 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y por las disposiciones de la presente ordenanza.

\n\n

Art. 11. - SELECCION. - Para ingresar al servicio civil municipal,\n además de los requisitos establecidos en los artículos\n precedentes, los interesados serán calificados mediante\n pruebas de idoneidad, de carácter psicológico y\n de conocimientos generales o técnicos según el\n caso, dentro del concurso que será convocado para el efecto\n mediante una publicación hecha en uno de los periódicos\n de mayor circulación de la cabecera cantonal o del país,\n conforme lo dispone la Constitución Política del\n Estado.

\n\n

La Jefatura de Personal será la responsable de convocar\n y realizar los concursos, con la asistencia de asesoramiento\n de las unidades administrativas a las que corresponda la vacante\n a llenarse.

\n\n

En caso de ascensos, los concursos se harán por convocatoria\n realizada internamente, dirigida a los empleados en actual ejercicio\n que puedan tener interés en ser promovidos a categorías\n superiores.

\n\n

Art. 12. - ELEGIBILIDAD. - Serán declarados elegibles\n para el efecto del desempeño de los cargos, los candidatos\n que hubieren concursado y obtenido un porcentaje mínimo\n del 70% en las pruebas de conocimientos y test psicológicos\n aplicables para el efecto.

\n\n

Art. 13. - VERIFICACION. - La Jefatura de Personal verificará\n los datos proporcionados por los candidatos y, en caso de comprobarse\n alteraciones, falsificaciones, u otro tipo de inexactitudes,\n rechazará las peticiones, en cualquier momento del proceso\n de selección o evaluación, sin perjuicio de la\n acción legal a que hubiere lugar.

\n\n

Art. 14. - CADUCIDAD DEL NOMBRAMIENTO. - Si el servidor designado\n no concurriera a realizar sus labores dentro de los tres días\n hábiles posteriores al registro, caducará su nombramiento,\n pero podrá ser convalidado por el Alcalde, por justa causa,\n mediante nota escrita, inserta en la misma acción de personal.

\n\n

Art. 15. - DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES. - Presentarán\n declaración juramentada de bienes patrimoniales que posean,\n al momento de su posesión y al término de sus servicios,\n los siguientes servidores;

\n\n

a) Los directores departamentales;

\n\n

b) Los servidores caucionados; y,

\n\n

c) Los servidores que determine la Oficina de Personal de\n la Municipalidad, conforme a la ley.

\n\n

CAPITULO II

\n\n

Art. 16. - DE LOS SUBSISTEMAS. - Constituyen los subsistemas\n de personal de la Municipalidad los siguientes;

\n\n

Clasificación y valoración de puestos, remuneraciones,\n reclutamiento y selección de personal, evaluación\n del desempeño y capacitación de personal; los subsistemas\n serán administrados por la Jefatura de Personal de la\n Municipalidad, sin perjuicio de que pueda solicitarse asesoramiento\n a la AME u otros organismos.

\n\n

Art. 17. - CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO. - Capacitación\n y adiestramiento son derechos de los servidores públicos\n que consisten en procesos sistemáticos y permanentes,\n orientados al aumento o actualización de conocimientos,\n al desarrollo de actividades y al cambio de actitudes y comportamiento\n tendientes a elevar los niveles de eficacia en el desempeño\n de sus cargos públicos.

\n\n

La capacitación de los servidores de la Municipalidad\n se desarrollarán internamente, a través de programas\n especiales que formulará la Jefatura de Personal y externamente\n a través de la asistencia y participación de los\n servidores en eventos de enseñanza aprendizaje promovidos\n por la AME o por otras instituciones u organismos nacionales\n o extranjeros.

\n\n

Art. 18. - EVALUACIONES. - Todos los servidores de la Municipalidad\n están sometidos a un sistema de evaluación del\n desempeño de sus respectivos cargos, para el efecto la\n Jefatura de Personal, realizará auditorias de trabajo\n y organizará la calificación de cada uno de los\n servidores.

\n\n

Cada Jefe de la sección calificará a sus subalternos,\n los directores calificarán a los jefes de sección\n respectivos y el Alcalde calificará a los directores.

\n\n

La calificación comprenderá una estimación\n de la calidad del servidor, la puntualidad y oportunidad del\n cumplimiento de las obligaciones, las cualidades personales,\n el comportamiento general y más aspectos relacionados\n con cada uno de los servidores en el desempeño de sus\n cargos.

\n\n

Art. 19. - ASCENSOS. - Los ascensos de los puestos de categorías\n superiores, se hará mediante concurso interno que convocará\n y realizará la Jefatura de Personal.

\n\n

Una vez realizado el concurso, dicha jefatura presentará\n un informe pormenorizado al Alcalde para que resuelva sobre la\n designación.

\n\n

No habrá lugar a concurso interno en los siguientes\n casos;

\n\n

1. Cuando exista un solo candidato que reúna los requisitos\n mínimos de idoneidad para llenar la vacante respectiva.

\n\n

2. Cuando no se presenten interesados para optar por el ascenso,\n o ningún de los que se hubiere presentado reuniese los\n requisitos mínimos necesarios para el que se trate.

\n\n

En este caso la vacante se llenará mediante concurso\n convocado en sitios visibles en la ciudad o por la prensa.

\n\n

Art. 20. - TRASLADOS. - El traslado de los servidores de un\n puesto a otro se hará autorizado por el Alcalde y solo\n se podrá dar por acuerdo de los jefes de las respectivas\n unidades administrativas, cuando ambos puestos tengan igual sueldo\n básico y ambos candidatos reúnan los requisitos\n mínimos para los respectivos puestos.

\n\n

Solo en caso de excepción, en forma transitoria no\n mayor de diez meses por necesidades del servicio, podrá\n ser trasladado un servidor de la Municipalidad de un puesto a\n otro, sin que se cumpla los requisitos señalados en el\n inciso anterior. Se entenderá que existen necesidades\n de servicio, cuando se requiera el concurso técnico o\n profesional especializado de un servidor de una unidad administrativa\n distinta de aquella a la que corresponda su nombramiento para\n realizar trabajos específicos, estudios conjuntos u otro\n tipo de servicios similares por un tiempo que no exceda de diez\n meses.

\n\n

En caso del inciso anterior, el traslado durante más\n de diez meses, se considerará como un cambio definitivo\n que se hará constar en el presupuesto municipal del año\n siguiente.

\n\n

Art. 21. - SUBROGACIONES Y ENCARGOS. - La subrogación\n en el ejercicio de un puesto por parte de un funcionario o empleado\n que no fuere titular de este puesto ocurre cuando debe reemplazar\n al titular por seguirle en el orden jerárquico, o por\n que deba hacerlo por disposición de la autoridad competente.\n En cualquier caso la subrogación no significa traslado\n de funciones y su ejercicio dará derecho al encargo a\n percibir la diferencia de remuneración, de acuerdo con\n la ley.

\n\n

Art. 22. - CLASIFICACION DE PUESTO. - El Concejo expedirá\n un sistema o manual de clasificación de puestos del servicio\n civil del Municipio, tomando en consideración principalmente\n el tipo de trabajo, su dificultad, complejidad y responsabilidad;\n Los requisitos de aptitud, preparación técnica\n y experiencias necesarias para su desempeño sin considerar\n quien sea el actual titular del puesto.

\n\n

El sistema de clasificación de puestos estará\n conformado por clases, series, grupos ocupacionales y servicios.

\n\n

USO Y OBLIGACION DE DENOMINACIONES. - La denominación\n resultante de la clasificación se usará obligatoriamente\n en el distributivo de sueldos del presupuesto del Municipio,\n en los nombramientos y en toda acción de personal que\n se expida.

\n\n

El manual de clasificación de puesto debe contener\n un código asignado con la clase de puesto, título\n de la clase, naturaleza del trabajo, tareas típicas, características\n de la clase y requisitos mínimos que debe acreditar el\n servidor para ingresar al servicio civil.

\n\n

EXPEDICION. - El sistema de clasificación de puestos\n y su reforma serán expedidas por el Alcalde mediante resolución.

\n\n

CAPITULO III

\n\n

REGIMEN DE SERVICIO

\n\n

PARÁGRAFO I

\n\n

DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES

\n\n

Art. 23. - DEBERES. - Son deberes de los servidores de la\n Municipalidad;

\n\n

1 Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución,\n la Ley de Régimen Municipal y demás leyes de la\n República, los reglamentos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones\n y más disposiciones conexas.

\n\n

2. Desempeñar personalmente, con lealtad, agilidad\n y eficiencia las obligaciones de su puesto.

\n\n

3. Cumplir la jornada de trabajo de cuarenta horas semanales,\n dentro de los horarios establecidos por la institución.

\n\n

4. Cumplir las comisiones y las ordenanzas legítimamente\n impartidas por sus superiores jerárquicos. En caso de\n que un servidor consideraría que una orden que se le imparta\n es contraria a la ley, podrá oponerse a su cumplimiento\n expresándole por escrito y si su superior jerárquico\n insistiere en la orden, la ejecución será sin su\n responsabilidad.

\n\n

5. Mantener dignidad en el desempeño de su puesto\n de manera que su comportamiento no sea contrario a la moral ni\n menoscabe el prestigio de la Municipalidad.

\n\n

6. Velar por la economía del Municipio.

\n\n

7. Conservar debidamente los documentos, útiles, equipos,\n bienes muebles e inmuebles, vehículos, maquinaria y valores\n confiados a su guarda administración o utilización\n y responder por cualquier deficiencia a dichos bienes

 

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