Registro Oficial

Registro Oficial. 19 de OCTUBRE del 2000

Jueves, 19 de octubre de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE OCTUBRE DEL 2002
\n \n \n \n
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\n

 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Jueves 19 de Octubre del 2000

\n

REGISTRO OFICIAL No. 187

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

 FUNCION EJECUTIVA
\n  
\n ACUERDOS:
\n  
\n MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA:
\n
 
\n 0028 Dispónese que\n para cumplir sus actividades, la DINAC establecerá un\n mecanismo de programación del trabajo y distribución\n de tareas que deberán someterse a la aprobación\n de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, y aplicará\n el cobro de tarifas por los servicios de asistencia técnica\n especializada y avalúos de bienes inmuebles
\n  
\n
MINISTERIO\n DE OBRAS PUBLICAS:
\n
 
\n
060 Refórmase el Reglamento\n Orgánico Funcional vigente
\n  
\n RESOLUCIONES:
\n  
\n CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS:
\n
 
\n 022-CD Establécese\n la escala de valores por los servicios que presta el CONSEP,\n a través de la Dirección Nacional de Tratamiento\n y Rehabilitación
\n  
\n 023-CD Establécense\n los valores por los servicios que presta el CONSEP, por intemedio\n de la Dirección Nacional de la Unidad de Procesamiento\n de Información Reservada (UPIR)
\n  
\n 024-CD Establécense\n los valores por los servicios que presta el CONSEP, a través\n de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización\n
\n  
\n
FUNCION\n JUDICIAL
\n  
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:
\n
 
\n Recursos de casación en los juicios seguidos por las siguientes\n personas:
\n  
\n 260-2000 Jaime Hipólito\n Chuga Rosero en contra de César Cabascango
\n  
\n 261-2000 Jaime Rodas Rodas\n en contra de Manuel Lasso Ordóñez

\n  \n

\n \n
\n
\n

 

\n\n

No. 028

\n\n

Nelson Murgueytio Peñaherrera
\n MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros,\n DINAC, es una unidad administrativa de la Subsecretaría\n de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Urbano\n y Vivienda, MIDUVI, cuya función es la de constituir el\n órgano rector de la actividad catastral nacional e intervenir\n por mandato de la ley como organismo oficial encargado de la\n práctica de avalúos de bienes inmuebles, para efectos\n de expropiaciones de propiedades declaradas de utilidad pública,\n para la enajenación de propiedades del sector público\n y para la adjudicación de tierras del Estado;

\n\n

Que los principios de modernización del Estado implican\n la necesidad de adoptar procedimientos administrativos ágiles\n y eficientes, que estimulen además la generación\n de actividades en el sector privado, de modo que contribuya a\n la creación de empleo;

\n\n

Que las bases de la descentralización y desconcentración\n del Estado propenden a distribuir las actividades y competencias\n entre las unidades administrativas locales y provinciales;

\n\n

Que el MIDUVI ha cumplido a través de la DINAC la fase\n de transferencia de los catastros rurales a los municipios del\n país, de acuerdo con los mandatos de la Ley de Descentralización\n del Estado y Participación Social;

\n\n

Que la segunda fase de este proceso consiste en dar apoyo\n a los municipios, a través de asistencia técnica\n orientada a capacitar a los funcionarios municipales de catastros\n y a desarrollar procedimientos y técnicas catastrales;

\n\n

Que es conveniente promover la gestión financiera autosuficiente\n de los organismos del Estado, de modo que puedan financiar sus\n presupuestos de operación y gasto, por medio de ingresos\n propios;

\n\n

Que ha aumentado la demanda de servicios de la DINAC, para\n la valuación de la propiedad inmueble de modo que su capacidad\n de atención se encuentra en el limite técnico;

\n\n

Que la demanda de servicios puede orientarse a generar fuentes\n de trabajo de profesionales o personas jurídicas especializadas\n en catastros y valuación de la propiedad inmueble, a través\n de la tercerización, es decir, recurriendo a la oferta\n privada de servicios, sin incrementar la planta de personal de\n las instituciones públicas;

\n\n

Que para el cumplimiento de sus actividades, la DINAC requiere\n de recursos financieros con los cuales pueda desarrollar las\n metodologías y técnicas, hacer investigaciones\n especializadas, incorporar equipos, capacitar a su personal y\n dar asistencia técnica de calidad; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere la ley,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Para cumplir sus actividades, la DINAC establecerá\n un mecanismo de programación del trabajo y distribución\n de tareas, que deberán someterse a aprobación de\n la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, y aplicará\n el cobro de tarifas por los servicios de asistencia técnica\n especializada y avalúos de bienes inmuebles, de acuerdo\n a las siguientes disposiciones:

\n\n

Articulo 1°. Programación del trabajo, distribución\n de tareas y contratación de profesionales.

\n\n

a) El personal del MIDUVI perteneciente a las oficinas de\n las delegaciones provinciales, podrá asignarse a las tareas\n de asistencia técnica y práctica de avalúos,\n cuando así lo exijan las actividades de la DINAC. Para\n este efecto, se tomará en cuenta la formación y\n la experiencia profesional de ese personal, de modo que se asegure\n la calidad de su intervención;

\n\n

b) Cuando la Subsecretaría de Desarrollo Territorial\n considere conveniente, el MIDUVI podrá contratar los servicios\n profesionales de consultores, expertos catastrales o personal\n calificado de apoyo - personas naturales o jurídicas -\n a quienes se les encargue la ejecución de trabajos que\n le hubieren sido solicitados a la DINAC o que, en general, fueren\n necesarios para el cumplimiento de sus funciones tanto de asistencia\n técnica, de práctica de avalúos u otras\n asociadas con sus funciones;

\n\n

c) Tanto la asignación de tareas al personal de las\n oficinas provinciales, cuanto la contratación de servicios\n profesionales deberán organizarse asegurando que existan\n procedimientos de supervisión, control y evaluación\n del trabajo de modo tal que se garantice la eficiencia en el\n cumplimiento y la calidad de los productos obtenidos; y,

\n\n

d) Los procedimientos de contratación de servicios\n profesionales se regirán por las normas legales pertinen-tes\n previstas en la Ley de Consultoría y los procedi-mientos\n internos específicos que establezca el MIDUVI.

\n\n

Artículo 2°. Suscripción de convenios o\n contratos de servicios de la DINAC.

\n\n

Para la intervención de la DINAC en actividades vinculadas\n con sus funciones, el MIDUVI podrá suscribir con entidades\n del Estado, convenios o contratos de asistencia técnica,\n de práctica de avalúos o de otra naturaleza, por\n los cuales dará sus servicios. Los contratos podrán\n estipularse en la modalidad de "obra cierta'.

\n\n

El MIDUVI podrá igualmente suscribir contratos o convenios\n de prestación de servicios, con entidades privadas de\n derecho público, con empresas o compañías\n privadas, con organizaciones no gubernamentales o con personas\n naturales.

\n\n

Tales convenios o contratos contemplarán las obligaciones\n de las partes, el objeto, el costo global que deberá pagarse\n por los servicios prestados, la forma de pago, los plazos y otras\n precisiones que permitan un cabal cumplimiento del objetivo perseguido.\n Adicionalmente se cumplirán las siguientes disposiciones:

\n\n

a) Cuando se prevean varias intervenciones de la DINAC, cuya\n programación en el tiempo no pueda ser establecida, se\n podrá suscribir un convenio general, en el que se establecerán\n las condiciones indicadas en este artículo, en tanto que\n para su cumplimiento la parte interesada extenderá órdenes\n de trabajo o solicitudes de intervención para la DINAC,\n para cada caso concreto. Para este fin, las órdenes de\n trabajo y las solicitudes, se sujetarán a los formularios\n correspondientes.

\n\n

b) Cuando las intervenciones de la DINAC fueren esporádicas\n y no impliquen tareas complejas, no será necesaria la\n suscripción de un convenio, pero deberá contarse\n con la orden de trabajo o la solicitud correspondientes.

\n\n

Artículo 3°.- Tarifas por servicios y asistencia\n técnica de la DINAC.

\n\n

Por los servicios e intervenciones de la DINAC destinados\n a la práctica de avalúos, a dar asistencia técnica\n u otras actividades afines a sus funciones, se aplicarán\n tarifas que se regirán por las siguientes disposiciones:

\n\n

a) Para programas o proyectos de asistencia técnica,\n tales como elaboración de catastros o de avalúos\n catastrales; capacitación y entrenamiento de personal;\n elaboración de tablas de precios de la tierra, de precios\n de la construcción, de avalúos de cultivos, bosques,\n ganado, etc.; u otras actividades diferentes a la elaboración\n de avalúos de bienes inmuebles tal como están contemplados\n en los literales "b" y "c" de este artículo,\n la DINAC preparará el presupuesto detallado del proyecto,\n dividido en tantas partes, cuantos organismos intervengan, y\n acordará con la parte interesada, el costo que ésta\n deberá pagar al MIDUVI por su intervención.

\n\n

b) Cuando por disposición de la ley fuere necesario\n contar con el avalúo de bienes inmuebles que no sean de\n propiedad del Estado, por ejemplo, por conceptos tales como:\n expropiación, permuta, arriendo, u otros; el costo de\n los servicios de la DINAC deberá cubrir los siguientes\n rubros:

\n\n

- Los costos por concepto de movilización del personal\n asignado al trabajo, estos comprenden: alojamiento; alimentación;\n y transporte, que incluye pasajes aéreos, terrestres,\n fluviales o marítimos y alquiler de medios de transporte.

\n\n

- Los costos por concepto de levantamientos topográficos,\n elaboración de tablas de superficies de terreno y construcción;\n copias de escrituras y certificaciones del Registro de la Propiedad\n cuando fueren necesarias; y en general, otros conceptos diferentes\n a las tareas de campo y gabinete que la DINAC deba cumplir para\n la determinación del avalúo.

\n\n

- Las tarifas por el servicio, de acuerdo a las tablas indicadas\n en los artículos "e" y "f" de este\n artículo.

\n\n

c) Cuando por disposición de la ley fuere necesario\n contar con el avalúo de bienes inmuebles de propiedad\n del Estado, por ejemplo, por conceptos tales como: venta, arriendo,\n concesiones, permuta, con fines contables, convenios, o por otros\n la entidad interesada deberá cumplir los mismos requisitos\n establecidos en los dos incisos del literal "b" de\n este artículo.

\n\n

d) El MIDUVI podrá utilizar sus propios medios de transporte\n para realizar levantamientos topográficos y otras investigaciones\n o prestar algunos de los servicios mencionados en los incisos\n primero y segundo del literal precedente, por cuenta de la parte\n interesada y establecerá en acuerdo con ésta, los\n valores a cobrar por esos servicios.

\n\n

e) Por la práctica de avalúos para entidades\n del Estado o para particulares, el MIDUVI, cobrará las\n tarifas que se indican en la siguiente tabla, por los servicios\n que para el efecto provea la DINAC.

\n\n

(Anexo 19OCT1)

\n\n

Nota: El avalúo base en la primera fila de la tabla,\n se expresa en miles de dólares.

\n\n

Los valores de las segunda y tercera filas, se expresan en\n unidades de dólar.

\n\n

f) En casos especiales, previamente analizados y apro-bados\n por la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, las tarifas\n precedentes podrán sufrir las reducciones o rebajas que\n se indican en la tabla siguiente, a aplicarse a avalúos\n para expropiación, venta, permuta u otro concepto, que\n soliciten municipios, según el tamaño de población\n total del cantón:

\n\n

Tabla de rebajas de la Tarifa por avalúos de la DINAC,\n para casos especiales de Municipios

\n\n

Rango de población del cantón % de Rebaja

\n\n

Menos de 30.000 100%
\n entre 30.001 50.000 95%
\n entre 50.001 y 75.000 92%
\n entre 75.001 y 100.000 87%
\n entre 100.001 y 150.000 78%
\n entre 150.001 y 250.000 64%
\n entre 250.001 y 500.000 40%
\n de 500.001 o más 0%

\n\n

g) Para otras instituciones diferentes a los municipios, se\n podrán acordar rebajas bajo el mismo criterio contemplado\n en el literal anterior. Para tal objeto se tomarán en\n cuenta las condiciones presupuestarias de esas instituciones.\n En todo caso la rebaja no podrá ser mayor al 40%;

\n\n

h) Para la práctica de reavalúos o de actualización\n de avalúos de propiedades que previamente hayan sido avaluadas\n por la DINAC, desde el año 2000 en adelante, se utilizará\n la tabla de tarifas, bajo las siguientes disposiciones:

\n\n

- Se aplicará una rebaja de 75%, 50% y 250/o a los\n valores de la segunda y tercera filas de la tabla de tarifas,\n cuando el avalúo original haya sido efectuado dentro de\n los dos, cuatro o seis años precedentes, respectivamente.

\n\n

- La rebaja se aplicará únicamente en el caso\n de que las características de superficie o construcción\n de los inmuebles no hayan variado con respecto a las que tuvieron\n cuando se practicó el avalúo original.

\n\n

- Los costos por los conceptos contemplados en los incisos\n primero y segundo del literal "b" de este artículo\n se mantendrán, en caso de que se requieran la movilización\n o la información aludida a ellos.

\n\n

i) Para la práctica de reavalúos o actualizaciones\n de propiedades cuyos avalúos originales, sean de 1999\n y 1998, la DINAC determinará previamente, la necesidad\n de efectuar trabajos de investigación en el campo y, de\n ser procedente, aplicará la rebaja de 40% y 20% respectivamente.\n Para años anteriores, toda petición se considerará\n como avalúo nuevo;

\n\n

j) Si fuere procedente, de acuerdo al criterio de la Subsecretaría\n de Desarrollo Territorial, la forma de pago de las tarifas que\n se establecen en este acuerdo, por los servicios de la DINAC,\n podrá admitir la entrega de equipos de cómputo,\n vehículos u otros que fueren apropiados para la tecnificación\n y el uso de la DINAC. Tales equipos podrán ser nuevos\n o usados. Para este fin se tomarán en cuenta las siguientes\n disposiciones:

\n\n

- La valoración de los equipos nuevos se hará\n mediante la presentación de las facturas correspondientes\n y los títulos de propiedad. La selección de los\n equipos a entregarse en esta forma deberá seguir los procedimientos\n de adquisición que exija la ley.

\n\n

- La valoración de equipos usados se hará por\n medio de un informe que deberá solicitarse y producirse\n de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes.

\n\n

k) El MIDUVI podrá hacer revisiones de los valores\n por los conceptos de tarifas por los servicios de la DINAC, cuando\n fuere conveniente, para lo cual expedirá el acuerdo de\n actualización que fuere del caso.

\n\n

Articulo 4° Fondos de la DINAC.

\n\n

El destino de los fondos que ingresen al MIDUVI por concepto\n de la aplicación de tarifas por sus servicios y en general\n por las disposiciones del presente acuerdo, será el que\n se determina a continuación:

\n\n

a) Se depositarán en una cuenta especial de Fondos\n de Funcionamiento de la DINAC;

\n\n

b) Los valores por concepto de gastos de movilización,\n cuando éstos fueren reembolsados al MIDUVI de acuerdo\n a los convenios o contratos que celebre para prestar los servicios\n de la DINAC, serán destinados a cubrir los costos correspondientes\n a ese concepto y sus componentes. El MIDUVI no pagará\n otros valores por este mismo rubro, que no sean los contemplados\n en tales convenios o contratos, a menos que éstos no los\n contemplen; y,

\n\n

c) Los fondos que el MIDUVI cobre por concepto de tarifas\n por sus servicios, de acuerdo a los convenios o contratos que\n hubiere celebrado se depositarán en una cuenta especial\n de "Fondos para Operación de la DINAC" y se\n destinarán a los siguientes objetivos:

\n\n

- En primer lugar, pagar los contratos que por servicios profesionales\n u otros deba hacer, para el cumplimiento de sus tareas. Deducidos\n estos valores, los saldos deberán destinarse a los siguientes\n propósitos en orden de prioridad.

\n\n

- Para la adquisición de equipos, materiales e implementos\n necesarios para el trabajo.

\n\n

- Para financiar actividades de capacitación y entrenamiento\n del personal de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial.

\n\n

- Para ejecutar investigaciones o estudios especiales, no\n financiados con otras fuentes.

\n\n

- Para otros destinos dispuestos por el Ministro de Desarrollo\n Urbano y Vivienda.

\n\n

Articulo 5° Disposición Transitoria.

\n\n

Las actividades desarrolladas por el MIDUVI, a través\n de la DINAC, que hubieren sido realizadas o incidas en fecha\n anterior a la de este acuerdo, pero que se hayan convenido con\n la modalidad del cobro de tarifas, se regirán por sus\n disposiciones.

\n\n

Del cumplimiento de este acuerdo cuya vigencia correrá\n a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese la Subsecretaría\n de Desarrollo Territorial.

\n\n

Dado en Quito, el 10 de septiembre del 2000.

\n\n

f.) ilegible.

\n\n

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

\n\n

Certifico que este documento, es fiel copia del original.

\n\n

f.) Valeria Jhayya, Secretaria General (E).

\n\n

Fecha: 19 de septiembre del 2000.

\n\n

 

\n\n

N0 060

\n\n

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Constitución de la República y la Ley\n Especial de Descentralización del Estado determinan que\n la actividad administrativa en el Ecuador debe sustentarse bajo\n los conceptos de desconcentración y descentralización,\n que permitan una mejor realización de objetivos institucionales\n en beneficio de los requerimientos nacionales;

\n\n

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 058 de 27 de octubre\n de 1993, se elaboró el Reglamento Orgánico Funcional\n del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; el\n cual ha sido reformado mediante los acuerdos ministeriales No.\n 30, publicado en el Registro Oficial No. 961 de 6 de junio de\n 1996; No. 41, publicado en el RO. Suplemento No. 63 de 7 de noviembre\n de 1996, reformado por el Acuerdo Ministerial N0 35, publicado\n en el Registro Oficial N0 323 de 22 de mayo de 1998, No. 82,\n publicado en el RO. No. 183 de 29 de octubre de 1997;

\n\n

Que en razón de esas finalidades, se hace indispensable\n modificar la estructura funcional a una por procesos, en la parte\n atinente al nivel operativo, como parte del Plan Piloto de Desconcentración\n del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a fin\n de lograr una gestión acorde con los cambios y demandas\n del entorno;

\n\n

Que la Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional\n - OSCIDI, a través del oficio No. 002254 de agosto 31\n del 2000, ha emitido informe previo favorable para proceder a\n implementar las presentes reformas; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere la ley;

\n\n

Acuerda:

\n\n

Expedir las siguientes reformas al Reglamento Orgánico\n Funcional vigente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,\n en la parte atinente al Nivel Operativo, sin considerar las unidades\n de gestión de la Administración Central:

\n\n

Art. 1. Sustitúyase la denominación "Subsecretarías\n y Subdirecciones Zonales" por "Subsecretarías\n y Direcciones Provinciales".

\n\n

Art. 2. En el Art. 7, sustitúyase la frase ".....\n 2 Subsecretarías y 6 Subdirecciones de Obras Públicas\n Zonales" por "4 Subsecretarías y 17 Direcciones\n Provinciales",

\n\n

Cada una con Jurisdicción Provincial:

\n\n

DENOMINACIÓN SEDE PROVINCIAS
\n Subsecretaría Portoviejo Manabí
\n Subsecretaría Guayaquil Guayas
\n Subsecretaría Cuenca Azuay
\n Subsecretaría Puyo Pastaza
\n Dirección Provincial Esmeraldas Esmeraldas
\n Dirección Provincial Babahoyo Los Ríos
\n Dirección Provincial Machala El Oro
\n Dirección Provincial Tulcán Carchi
\n Dirección Provincial Ibarra Imbabura
\n Dirección Provincial Quito Pichincha
\n Dirección Provincial Latacunga Cotopaxi
\n Dirección Provincial Ambato Tungurahua
\n Dirección Provincial Riobamba Chimborazo
\n Dirección Provincial Guaranda Bolívar
\n Dirección Provincial Azogues Cañar
\n Dirección Provincial Loja Loja
\n Dirección Provincial Nueva Loja
\n (Lago Agrio) Sucumbíos
\n Dirección Provincial Tena Napo
\n Dirección Provincial Macas Morona S.
\n Dirección Provincial Francisco de
\n Orellana Orellana
\n Dirección Provincial Zamora Zamora Ch.

\n\n

Art. 3. Sustitúyanse los Arts. 64 y 70 por el siguiente\n "El Despacho de las Subsecretarías y Direcciones\n Provinciales administrarán el macroproceso: Dirección\n de la gestión administrativa y técnica, en su ámbito,\n con los siguientes procesos":

\n\n

PROCESOS GOBERNANTES

\n\n

o Aprobar y legalizar los informes técnicos, administrativos,\n financieros, el Plan Operativo Anual y acciones de personal dentro\n del ámbito de sus competencias, en cumplimiento de las\n delegaciones respectivas.

\n\n

ACTIVIDADES:

\n\n

- Receptar los informes elaborados por los funcionarios.
\n - Revisar y analizar los informes y documentación.
\n - Aprobar el informe y/o acciones de personal.

\n\n

o Legalizar los contratos de conformidad a la reglamentación\n interna vigente.

\n\n

ACTIVIDADES:

\n\n

- Revisar los documentos precontractuales y del contrato
\n - Legalizar los contratos.

\n\n

o Autorizar las adquisiciones de conformidad a la reglamentación\n interna vigente.

\n\n

ACTIVIDADES:

\n\n

- Revisar los cuadros comparativos de oferentes.
\n - Legalizar los contratos.
\n - Autorizar la adquisición al oferente ganador.

\n\n

ASESORIA JURIDICA (SUBSECRETARÍAS)

\n\n

Art. 4. Sustitúyase el Art. 65 por el siguiente: "La\n Asesoría Jurídica, administrará el macroproceso;\n Asesoramiento en asuntos legales con los siguientes procesos":

\n\n

PROCESOS HABILITANTES

\n\n

o Elaborar, revisar los convenios y contratos; y revisar los\n reglamentos.

\n\n

ACTIVIDADES:

\n\n

- Revisar y analizar los documentos habilitantes.
\n - Recopilar la documentación necesaria, de conformidad\n con las leyes.
\n - Elaborar y/o revisar los convenios, contratos y reglamentos.

\n\n

o Tramitar asuntos judiciales.

\n\n

ACTIVIDADES:

\n\n

- Tramitar juicios por disposición de la autoridad.
\n - Firmar escritos por delegación de la autoridad.
\n - Ejecutar los trámites de acuerdo a procedimientos legales\n establecidos.

\n\n

o Elaborar y presentar informes legales.

\n\n

ACTIVIDADES:

\n\n

- Elaborar informes jurídicos por disposición\n de la autoridad.
\n - Analizar los pedidos.
\n - Recolectar la información de respaldo.
\n - Elaborar y suscribir informes.

\n\n

UNIDAD ADMINISTRATIVA - FINANCIERA

\n\n

Art. 5 Sustitúyase el Art. 66 por el siguiente: "El\n área Administrativa - Financiera, responsable del macroproceso;\n Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros\n con los procesos":

\n\n

Financiero

\n\n

o Contabilidad

\n\n

ACTIVIDADES:

\n\n

- Efectuar el control previo y el registro contable de los\n hechos económicos.
\n - Administrar el rol de pagos.
\n - Elaborar y presentar los balances financieros.

\n\n

o Presupuesto

\n\n

ACTIVIDADES:

\n\n

- Valorar la planificación operativa de conformidad\n con las disponibilidades fijadas por la Dirección Financiera.
\n - Evaluar la ejecución presupuestaria de conformidad con\n los objetivos establecidos en el plan.
\n - Elaborar y presentar los ajustes presupuestarios de la Subsecretaría\n o Dirección Provincial.
\n - Presentar los informes de la gestión presupuestaria.
\n - Evaluar los desembolsos de inversiones, de acuerdo al avance\n físico de las obras y ejecución efectiva de los\n egresos.

\n\n

o Administración de Caja

\n\n

ACTIVIDADES:

\n\n

- Firmar los cheques en forma conjunta con la autoridad.
\n - Efectuar pagos en efectivo.
\n - Llevar registro actualizado del flujo de caja.
\n - Llenar el formulario de impuestos retenidos y su cancelación.
\n - Recaudar valores de la entidad.
\n - Depositar diariamente en la cuenta corriente única los\n ingresos recibidos.
\n - Coordinar las gestiones pertinentes sobre transferencias de\n recursos financieros a la Subsecretaría o Dirección\n Provincial.

\n\n

Recursos Humanos

\n\n

o Selección

\n\n

ACTIVIDADES:

\n\n

- Convocar a concurso de merecimientos y oposición.
\n - Receptar las carpetas de aspirantes.
\n - Enviar las carpetas a la matriz de aspirantes a seleccionar.
\n - Administrar las leyes de escalafón.

\n\n

o Capacitación

\n\n

ACTIVIDADES:

\n\n

- Determinar las áreas de mejoría y necesidades\n de capacitación en función de la eficiencia de\n los procesos y envío a la matriz.
\n - Ejecutar y evaluar el plan de capacitación.

\n\n

o Evaluación

\n\n

ACTIVIDADES:

\n\n

- Aplicar el subsistema de la calificación de servicios\n y evaluación del desempeño del recurso humano.
\n - Elaborar y presentar los informes.

\n\n

o Movimientos y licencias de personal

\n\n

ACTIVIDADES:

\n\n

- Receptar las solicitudes de movimientos de personal y/o\n licencias.
\n - Revisar y analizar los pedidos.
\n - Elaborar las acciones de personal.

\n\n

o Bienestar Social

\n\n

ACTIVIDADES:

\n\n

- Aplicar en cada jurisdicción planes y programas de\n bienestar social para el personal.

\n\n

Administrativo

\n\n

o Servicios Institucionales

\n\n

ACTIVIDADES:

\n\n

- Controlar y actualizar los inventarios de Activos Fijos\n institucionales.

\n\n

- Controlar y mantener un sistema de documentación\n y archivo.

\n\n

- Elaborar y ejecutar el plan anual de adquisiciones.

\n\n

- Proveer los servicios de radio - comunicación, publicaciones,\n transporte, mantenimiento de edificios, equipos e instalaciones,\n vigilancia, conserjería y servicios informáticos.

\n\n

 

\n\n

UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS

\n\n

Art. 6. Sustitúyanse los Arts. 67, 68 y 69 por el siguiente:\n "La Unidad de Obras Publicas es responsable del macroproceso\n programación, supervisión, fiscalización\n de estudios, construcciones y mantenimiento vial (incluida su\n ejecución), con los siguientes procesos":

\n\n

PROCESOS CREADORES DE VALOR

\n\n

o Elaborar el Plan Operativo Anual

\n\n

ACTIVIDADES:

\n\n

- Actualizar el inventario vial provincial y medir el estado\n de cada tramo de la red.
\n - Detectar las necesidades en el ámbito de su jurisdicción
\n - Priorizar las necesidades.
\n - Elaborar el plan anual.

\n\n

o Administrar los contratos de ejecución y/o fiscaliza-ción\n de estudios, de obras y/o mantenimiento vial.

\n\n

ACTIVIDADES:

\n\n

- Coordinar con el nivel central la contratación de\n obras viales.
\n - Supervisar y fiscalizar los trabajos que se ejecuten de acuerdo\n con las especificaciones técnicas, con el personal y maquinaria\n necesarios.
\n - Elaborar los ajustes necesarios a los programas y obras que\n se ejecuten y de considerarlo pertinente y legal, proceder a\n la terminación anticipada del contrato, dentro de sus\n competencias.
\n - Evaluar el avance de obra acorde con el cronograma valorado\n de trabajos y presentación de informes.

\n\n

o Elaborar las planillas

\n\n

ACTIVIDADES:

\n\n

- Inspeccionar los trabajos realizados.
\n - Determinar el avance de obra.
\n - Elaborar las planillas de pago por trabajos ejecutados en la\n realización de estudios, construcciones y mantenimiento\n vial.
\n - Elaborar los informes para efectuar pagos a los contratistas.

\n\n

o Receptar de manera provisional y definitiva los estudios\n y obras viales

\n\n

ACTIVIDADES:

\n\n

- Revisar y analizar la documentación y obra ejecutada.
\n - Elaborar y firmar el acta de entrega - recepción.
\n - Realizar informes.

\n\n

o Dar asistencia técnica a gobiernos seccionales

\n\n

ACTIVIDADES:

\n\n

- Analizar los pedidos.
\n - Determinar los recursos necesarios y disponibles.
\n - Efectuar reuniones de coordinación.
\n - Elaborar los convenios.
\n - Realizar convenios.

\n\n

Incorpórase el siguiente artículo:

\n\n

Art. 7. Estructura de Posición de las Subsecretarías\n y Direcciones Provinciales.

\n\n

La aplicación del presente artículo estará\n en función de la programación operativa anual presentada\n por los subsecretarios y directores provinciales y aprobada por\n el Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, en lo que tiene\n relación al número de puestos por cada una de las\n clases de puestos contenidos en los siguientes cuadros A y B.

\n\n

A) Subsecretarías Provinciales

\n\n

(Anexo 19OCT2;3)

\n\n

DISPOSICIONES GENERALES

\n\n

Art. 8 Los procesos de Asesoría Jurídica serán\n ejecutados por las subsecretarías provinciales correspondiendo\n a éstas brindar asesoramiento legal a las direcciones\n provinciales que lo soliciten sin perjuicio de que en las direcciones\n que se requiera, se cuente con un profesional del Derecho, o\n que la Dirección de Asesoría Jurídica Central,\n preste su contingente.

\n\n

Art. 9 Cuando los subsecretarios y directores provinciales\n deban ausentarse por causas legales, serán reemplazados\n por los servidores públicos de mayor jerarquía\n designados por los respectivos ejecutivos dentro de la correspondiente\n unidad administrativa.

\n\n

Las subrogaciones contempladas en este reglamento deberán\n efectuarse por escrito y se comunicará a la Dirección\n de Recursos Humanos.

\n\n

Art. 10 Se suprime la representación del MOP en la\n provincia insular de Galápagos, para tal efecto, sus funciones\n se descentralizarán hacia el Instituto Nacional Galápagos
\n (INGALA).

\n\n

Art. 11 Deróganse todas las disposiciones vigentes\n que se opongan al presente reglamento.

\n\n

Art. 12 Este acuerdo entrará en vigencia a partir de\n la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en\n el Registro Oficial

\n\n

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

\n\n

Primera. - La implementación de las presentes reformas\n al Reglamento Orgánico Funcional vigente estará\n a cargo del Subsecretario de Obras Públicas, Director\n General de Obras Públicas, directores de: Planificación,\n Recursos Humanos, Financiero, Administrativo, Informático,\n subsecretarios y directores provinciales.

\n\n

Segunda. - La implementación del presente reglamento,\n no implicará creación de puestos, se adoptará\n la política de racionalización a través\n de la redistribución y optimización de los recursos\n humanos, financieros y tecnológicos.

\n\n

Comuníquese y publíquese. - Dado en Quito, Distrito\n Metropolitano, a 26 de septiembre del 2000.

\n\n

f.) Ing. José Macchiavello Almeida, Ministro de Obras\n Publicas y Comunicaciones.

\n\n

 

\n\n

No. 022\n CD

\n\n

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO NACIONAL\n DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS CONSEP

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el 17 de septiembre de 1990, se promulgó en el\n Registro Oficial No. 523 la Ley sobre Sustancias Estupefacientes\n y Psicotrópicas;

\n\n

Que de acuerdo con el Art. 9 de la citada ley, el Consejo\n Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,\n es una persona jurídica autónoma de derecho público,\n dotado de patrimonio y fondos propios.

\n\n

Que el Art. 5 de la Ley No. 25, promulgada en el Registro\n Oficial No. 173, (Segundo Suplemento) de 15 de octubre de 1997,\n establece como atribución del Consejo Directivo del CONSEP,\n el aprobar los valores que debe cobrar la citada institución\n por los servicios o trabajos que no sean de carácter administrativo;

\n\n

Que es necesario actualizar los valores que el CONSEP cobra\n por la concesión de los permisos de funcionamiento a las\n entidades públicas que cuentan con el presupuesto respectivo\n y a las privadas dedicadas a brindar tratamiento y rehabilitación\n a farmacodependientes, así como por los peritajes médico\n legales;

\n\n

Que los cursos, seminarios, talleres y demás servicios\n de capacitación que brinda el CONSEP, por intermedio de\n la Dirección Nacional de Tratamiento y Rehabilitación,\n implican un gasto para la institución; y,

\n\n

En uso de las facultades que le confiere la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1. - Establecer la siguiente escala de valores por los\n mencionados servicios que presta el CONSEP, a través de\n la Dirección Nacional de Tratamiento y Rehabilitación.\n (anexo cuadro).

\n\n

Art. 2. - La documentación exigida para estos trámites\n deberá presentarse en el CONSEP junto con los formularios\n respectivos, previo el pago del valor correspondiente.

\n\n

Art. 3. - Los valores fijados por los servicios determinados\n en esta resolución, serán recaudados por la Dirección\n Nacional Financiera del CONSEP, la cual establecerá el\n sistema de cobro en las Jefaturas Regional y Zonales; estos valores,\n pasarán a ser parte del presupuesto de la institución.

\n\n

Art. 4. - La Dirección Nacional de Tratamiento y Rehabilitación\n se encargará de fijar el procedimiento a aplicarse para\n dar cumplimiento a esta resolución en las Jefaturas Regional\n y Zonales.

\n\n

Art. 5. - Para el adecuado cumplimiento de los controles establecidos\n en la presente resolución, el Ministerio de Salud Pública\n y el CONSEP deberán proporcionarse mutuamente la información\n necesaria que según el caso se requiera de acuerdo al\n interés institucional y coordinar las acciones pertinentes.

\n\n

Dado en la sala de sesiones del Consejo Directivo del CONSEP\n en Quito, a 6 de septiembre del 2000.

\n\n

f) Dr. José Ramón Jiménez Carbo, Procurador\n General del Estado, Presidente del Consejo Directivo del CONSEP.

\n\n

f.) Ing. Miguel Enríquez López, Secretario Ejecutivo,\n Secretario del Consejo Directivo del CONSEP.

\n\n

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los\n archivos del CONSEP.

\n\n

Quito, 3 de octubre del 2000.

\n\n

f) Secretario Jefe Documentación y Archivo.

\n\n

(Anexo 19OCT4)

\n\n

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los\n archivos del CONSEP. -
\n Quito, 3 de octubre del 2000.

\n\n

f.) Secretario, Jefe Documentación y Archivo.

\n\n

 

\n\n

No. 023\n CD

\n\n

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO NACIONAL\n DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS CONSEP

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el 17 de septiembre de 1990, se promulgó en el\n Registro Oficial No. 523 la Ley sobre Sustancias Estupefacientes\n y Psicotrópicas;

\n\n

Que de acuerdo con el Art. 9 de la citada ley, el Consejo\n Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,\n es una persona jurídica autónoma de derecho público,\n dotado de patrimonio y fondos propios;

\n\n

Que el Art. 5 de la Ley No. 25, promulgada en el Registro\n Oficial No. 173, (Segundo Suplemento) de 15 de octubre de 1997,\n establece como atribución del Consejo Directivo del CONSEP,\n el aprobar los valores que debe cobrar la citada institución\n por los servicios o trabajos que no sean de carácter administrativo;

\n\n

Que es necesario fijar las nuevas tarifas por los servicios\n que presta la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, por intermedio\n de la Dirección Nacional de la Unidad de Procesamiento\n de Información Reservada (U.P.I.R.), tales como certificaciones\n a personas naturales y jurídicas y servicios de información;\n y,

\n\n

En uso de las facultades que le confiere la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1. - Establecer los siguientes valores por los mencionados\n servicios que presta el CONSEP, por intermedio de la Dirección\n Nacional de la Unidad de Procesamiento de Información\n Reservada (U.P.I.R.) (anexo cuadro).

\n\n

Art. 2. - La documentación exigida para estos trámites\n deberá presentarse en el CONSEP junto con los formularios\n respectivos, previo el pago del valor correspondiente.

\n\n

Art. 3. - Los valores fijados por los servicios determinados\n en esta resolución, serán recaudados por la Dirección\n Nacional Financiera del CONSEP y pasarán a formar parte\n del presupuesto de la institución.

\n\n

Art. 4. - El CONSEP por intermedio de sus entidades administrativas\n internas será el encargado de la ejecución de la\n presente resolución y demás leyes y reglamentos\n conexos.

\n\n

Dado en la sala de sesiones del Consejo Directivo del CONSEP\n en Quito, a 6 de septiembre del 2000.

\n\n

f.) Dr. José Ramón Jiménez Carbo, Procurador\n General del Estado, Presidente del Consejo Directivo del CONSEP.

\n\n

f.) Ing. Miguel Enríquez López, Secretario Ejecutivo,\n Secretario del Consejo Directivo del CONSEP.

\n\n

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los\n archivos del CONSEP.

\n\n

Quito, 3 de octubre del 2000.

\n\n

f.) Secretario, Jefe Documentación y Archivo.

\n\n

(Anexo 19OCT5)

\n\n

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los\n archivos del CONSEP.- Quito, 5 de octubre del 2000.

\n\n

f.) Secretario, Jefe Documentación y Archivo.

\n\n

 

\n\n

No. 024\n CD

\n\n

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO NACIONAL\n DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS CONSEP

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el 17 de septiembre de 1990, se promulgó en el\n Registro Oficial No. 523 la Ley sobre Sustancias Estupefacientes\n y Psicotrópicas;

\n\n

Que de acuerdo con el Art. 9 de la citada ley, el Consejo\n Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,\n es una persona jurídica autónoma de derecho público,\n dotado de patrimonio y fondos propios;

\n\n

Que el Art. 5 de la Ley No. 25, promulgada en el Registro\n Oficial No. 173, (Segundo Suplemento) de 15 de octubre de 1997,\n establece como atribución del Consejo Directivo del CONSEP,\n el aprobar los valores que debe cobrar la citada institución\n por los servicios o trabajos que no sean de carácter administrativo;

\n\n

Que es necesario fijar las nuevas tarifas por los servicios\n que presta la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, por intermedio\n de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización\n a las personas naturales y jurídicas, respecto a los trámites\n inherentes a sustancias estupefacientes y sicotrópicas,\n precursores químicos y sustancias químicas controladas,\n tales como: certificaciones y renovaciones, autorizaciones de\n importaciones y exportaciones, certificados, guías de\n transporte, autorizaciones de compras ocasionales, licencias\n y cer-tificados de importación y exportación de\n medicamentos; y,

\n\n

En uso de las facultades que le confiere la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1. - Establecer los siguientes valores por los mencionados\n servicios que presta el CONSEP, a través de la Dirección\n Nacional de Control y Fiscalización (anexo cuadro).

\n\n

(Anexo 19OCT6)

\n\n

Art. 2. - La documentación exigida para estos trámites\n deberá presentarse en el CONSEP junto con los formularios\n respectivos, previo el pago del valor correspondiente.

\n\n

Art. 3. - Los valores fijados por los servicios determinados\n en esta resolución, serán recaudados por la Dirección\n Nacional Financiera del CONSEP, la cual establecerá el\n sistema de cobro en las Jefaturas Regional y Zonales; y pasarán\n a formar parte del presupuesto de la institución.

\n\n

Art. 4. - Las instituciones públicas de servicio social\n y docente no pagarán por los trámites constantes\n en la presente resolución.

\n\n

Art. 5. - La Dirección Nacional de Control y Fiscalización\n se encargará de establecer los mecanismos y procedimientos\n para la aplicación a nivel nacional.

\n\n

Art. 6. - Para el adecuado cumplimiento de los controles establecidos\n en la presente resolución, el Ministerio de Salud Pública\n y el CONSEP deberán proporcionarse mutuamente la información\n necesaria que según el caso se requiera de acuerdo al\n interés institucional y coordinar las acciones pertinentes.

\n\n

Dado en la sala de sesiones del Consejo Directivo del CONSEP\n en Quito, a 6 de septiembre del 2000.

\n\n

f.) Dr. José Ramón Jiménez Carbo, Procurador\n General del Estado, Presidente del Consejo Directivo del CONSEP.

\n\n

f) Ing. Miguel Enríquez López, Secretario Ejecutivo,\n Secretario del Consejo Directivo del CONSEP.

\n\n

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los\n archivos del CONSEP.

\n\n

Quito, 3 de octubre del 2000.

\n\n

f) Secretario, Jefe Documentación y Archivo.

\n\n

(Anexo 19OCT7)

\n\n

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los\n archivos del CONSEP.

\n\n

Quito, 5 de octubre del 2000.

\n\n

f.) Secretario, Jefe Documentación y Archivo.

\n\n

 

\n\n

N0 260\n - 2000

\n\n

ACTOR: Jaime Chuga Rosero.
\n DEMANDADO: César Cabascango.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 27 de julio del 2000; las 10h25.

\n\n

VISTOS: De la sentencia pronunciada por la Corte Superior\n de Justicia de Tulcán que confirma el fallo pronunciado\n por el Juez Cuarto de lo Civil del Carchi que acepta la demanda\n y ordena que César Cabascango en su calidad de deudor\n principal pague a Jaime Hipólito Chuga Rosero el capital\n de dos millones doscientos mil sucres, con más los intereses\n vencidos y que se vencieren hasta la cancelación de la\n letra de cambio, corresponde a la Segunda Sala de lo Civil y\n Mercantil conocer el juicio ejecutivo propuesto por Jaime Hipólito\n Chuga Rosero contra César Cabascango, que fuera sorteado\n el 25 de septiembre de 1995 y resorteado el 22 de febrero de\n 1996. Como el juicio se encuentra en estado de resolución,\n para hacerlo, se considera: PRIMERO. - La Sala es competente\n para conocer el presente juicio en virtud de lo dispuesto en\n el Art. 200 de la Constitución Política de la República,\n que está en relación al Art. 1 de la Ley de Casación.\n - SEGUNDO. - La Sala por mayoría sostiene que los juicios\n ejecutivos propuestos antes de la reforma a la Ley de Casación,\n en virtud de lo dispuesto en el Art. 7, regla 20 del Código\n Civil, deben regirse por la ley que estuvo vigente; en el caso,\n la Ley de Casación antes de las reformas publicadas en\n el Registro Oficial 39 de 8 de abril de 1997, establecía\n para su procedencia, que el recurso de casación procede\n contra: a) Las sentencias y los autos que pongan fin a los procesos\n dictados por las cortes superiores, los tribunales distritales\n u otros tribunales de apelación. En tanto que la reforma\n al Art. 2 de la Ley de Casación, determina que el recurso\n de las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento,\n dictados por las cortes superiores, por los tribunales distritales\n de lo Fiscal y de lo Contencioso Administrativo. Los procesos\n de conocimiento no tienen en nuestra Legislación Civil\n una definición clara y precisa, sin embargo los procesos\n de conocimiento, conforme a la jurisprudencia que tiene tanto\n esta Sala, como las otras salas de lo Civil son aquellas que\n se sustancian en la vía ordinaria y verbal sumaría,\n es decir son aquellas en que se resuelven puntos de derecho y\n en los cuales no existe la posibilidad de volverlos a discutir.\n - TERCERO. - El recurrente manifiesta al impugnar el fallo, que\n el título con el que se planteó la demanda no reúne\n los requisitos exigidos en el Art. 425 del Código de Procedimiento\n Civil, pues no tiene ningún plazo. Que existe aplicación\n indebida, falta de aplicación y errónea interpretación\n de las normas de derecho, fundando su recurso en lo dispuesto\n en el Art. 5 de la Ley de Casación. - CUARTO. - El título\n o documento en el que se fundamenta la acción, ha sido\n indebidamente emitido, pues si bien contiene los requisitos del\n numeral 1ro., 2do., 3ro., 5to., 6to., 7mo., y 8vo., del Art.\n 410 del Código de Comercio, no contiene la indicación\n del vencimiento determinada en el numeral 4to., lo cual a tenor\n de lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 411 del cuerpo\n de leyes antes indicado, será considerada como pagadera\n a la vista. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 414, solamente\n en la letra de cambio pagadera a la vista o a cierto plazo de\n vista el librador podrá estipular que la suma devengará\n intereses. Si faltare esa indicación será de cinco\n por ciento, debiendo correr el pago de interés desde la\n fecha de emisión de la letra de cambio. Por las consideraciones\n anotadas, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE L4 REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n confirma en parte el fallo pronunciado por la Corte Superior\n de Justicia de Tulcán, reformándola en cuanto al\n pago de intereses que es del cinco por ciento desde la fecha\n de emisión de la letra. Por tanto, se rechaza el recurso\n de casación interpuesto por César Cabascango. De\n conformidad al Art. 18 de la Ley de Casación se impone\n una multa de tres salarios mínimos vitales por la demora\n a favor de Jaime Hipólito Chuga. Publíquese y notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Vergara Acosta, (Voto Salvado),\n Olmedo Bermeo Idrovo y Bolívar Guerrero Armijos, Ministros\n Jueces y Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n que certifica.

\n\n

VOTO SALVADO DEL DR. BOLIVAR VERGARA ACOSTA.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 27 de julio del 2000; las 10h25

\n\n

VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala, una vez radicada\n la competencia por el resorteo de ley, efectuado el 22 de febrero\n de 1996 (fs. 2 de este cuaderno), el recurso de casación\n interpuesto por el demandado vencido César Antonio Cabascango\n (fs. 3 de segunda instancia), dentro del juicio ejecutivo inciado\n en base de una letra de cambio, que se asegura es insoluta y\n de plazo vencido (fs. 1 de primera instancia) seguido por Jaime\n Hipólito Chuga Rosero. Corresponde resolver, al hacerlo,\n se considera: PRIMERO.- El Art. 2 de la Ley Reformatoria a la\n Ley de Casación, promulgada en el R.O. N0 39: 8.4.97,\n prescribe: "Art. 2. - Procedencia. - El recurso de casación\n procede contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos\n de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los\n tribunales distritales de lo Fiscal y de lo Contencioso Administrativo.\n Igualmente procede respecto de las providencias expedidas por\n dichas cortes o tribunales en la fase de ejecución de\n las sentencias dictadas en procesos de conocimiento, si tales\n providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en\n el juicio, ni decididos en el fallo, o contradicen lo ejecutoriado..\n . ". La disposición transcrita habla de los "procesos\n de conocimiento", que no han sido definidos por el Legislador,\n ni tampoco lo ha hecho la jurisprudencia nacional, siendo necesario,\n para precisar su significado y alcance acudir a la ciencia jurídica,\n por tratarse de un tecnicismo procesal. En este sentido, Vicente\n y Caravante, en su obra "Tratado Histórico, Critico\n y Filosófico de los Procedimientos Judiciales", tomo\n III, Pág. 257, dice: "por oposición y a diferencia\n de los "procesos de conocimiento", el "proceso\n ejecutivo", no se dirige a declarar derechos dudosos o controvertidos,\n sino a llevar a efecto los que se hayan reconocidos por actos\n o en títulos de tal fuerza que constituyen una vehemente\n presunción de que el derecho del actor es legitimo y está\n suficientemente probado para que sea, desde luego atendido".\n Igualmente, Francisco Beceña, en su obra "Los Procedimientos\n Ejecutivos en el Derecho Procesal Español", Págs.\n 82 y 83, señala las diferencias entre los procesos de\n conocimiento y los procesos de ejecución, expresando,\n en síntesis, que en el ejecutivo: "su especialidad\n consiste, hasta ahora, en que en limine litis se decreta lo que\n en el procedimiento ordinario es contenido en la decisión\n final. En los procedimientos ordinarios las decisiones ejecutivas\n son siempre tomadas después de agotado el periodo de declaración\n y sin posibilidad de volverse a reproducir". En síntesis\n el ejecutivo: produce efectos irrevocables; éste permite\n que se pase al juicio ordinario para que se estudien las excepciones\n que no han sido materia de la sentencia en aquél (Gaceta\n Judicial, Serie X, N0 8, Pág. 2835), cuanto más\n que se basa la acción deducida en letras de cambio, documentos\n mercantiles, que a diferencia de otros títulos ejecutivos\n sin intervención previa de un órgano jurisdiccional,\n consagran o reconocen un derecho, a recibir dinero, en la obligación\n de dar. - SEGUNDO. - La Ley de Casación siendo procedimental\n es de derecho público escrito y, de interpretación\n y aplicación exacta y restrictiva, delimitando la procedencia\n del recurso de casación a las sentencias dictadas en los\n "procedimientos de conocimiento", resultando arbitrario\n que los tribunales extienden para comprender a las pronunciadas\n en los procesos de ejecución, dándoles un alcance\n que es legalmente prohibido. - TERCERO. - El Art. 7, regla 20\n del Código Civil, al hablar sobre los efectos de la ley\n en el tiempo, el problema de la retroactividad, dice: "Las\n leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de\n los juicios, prevalecen sobre las anteriores desde el momento\n en que deben comenzar a regir. Pero los términos que hubieren\n comenzado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren\n comenzadas, se regirán por la ley que estuvo entonces\n vigente". En tal virtud, no se puede confundir la concesión\n del recurso de casación por el Tribunal de Alzada, como\n la situación de excepciones dispuesta por el Legislador\n en la citada norma sustantiva, basta tener presente: 3.1: Los\n Arts. 307 y 309 del Código de Procedimiento Civil, respectivamente,\n definen a los términos y regulan la forma de contar el\n lapso fijado. 3.2: Aunque nuestra legislación expresamente\n no da una definición de las palabras "actuaciones\n y diligencias judiciales", surgen algunos elementos de sus\n pertinentes conceptos, cuando en algunos cuerpos legales son\n utilizados por nuestro Legislador; así en los Arts. 183\n (r), 117 y 122 de la Ley Orgánica de la Función\n Judicial y el Art. 26 del Reglamento sobre Procesos y Actuaciones\n Judiciales. En conclusión, las actuaciones o diligencias\n judiciales son las actividades propias del Juez, actuario, litigantes\n y más auxiliare

 

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