Registro Oficial

Registro Oficial. 13 de NOVIEMBRE del 2000

Lunes, 13 de noviembre de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE NOVIEMBRE DEL 2000
\n \n \n \n
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\n
 
\n

 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Lunes 13 de Noviembre del 2000

\n

REGISTRO OFICIAL No. 202

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

 ACUERDOS:
\n  
\n MINISTERIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y DE SALUD:
\n
 
\n Reajústanse, revísanse y/o niéganse los\n reajustes de precios de venta a farmacia y al público\n en todo el territorio nacional de los productos farmacéuticos\n elaborados por las siguientes empresas:
\n  
\n 068-DDE Roche Ecuador S.A.
\n  
\n 069-DDE Schering Ecuatoriana\n C.A.
\n  
\n 070-DDE Medicamenta Ecuatoriana\n S.A.
\n  
\n
RESOLUCION:
\n  
\n CONSEJO NACIONAL DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO:
\n
 
\n
039 Refórmase el artículo 3\n de la Resolución No. 21, publicada en el Primer Suplemento\n del Registro Oficial No. 134 de 3 de agosto del 2000
\n  
\n
FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA

\n\n

 PRIMERA\n SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:
\n
 
\n Recursos de casación en los juicios seguidos por las siguientes\n personas:
\n  
\n 325 Dra. Nancy Mercedes Altamirano\n Altamirano en contra de Alicia Yolanda Muñoz
\n  
\n 329 Dr. Ruperto Ordóhez\n y otros en contra de Hilda Valle Arrobo y otro
\n  
\n 330 Saúl Machuca Torres\n en contra de Sara Victoria Delgado Espinoza
\n  
\n 334 René Fernando Herrera\n Montúfar y otra en contra de José Federico Garrido\n López y otra
\n  
\n 335 Hugo Napoleón Ocampo\n Ruiz en crontra de Eduardo Patricio Centeno Albuja y otra
\n  
\n AVISOS\n JUDICIALES:
\n
 
\n
Muerte\n presunta del señor José\n Alfonso Buestán Aguilar (1ra. publicación)
\n  
\n Muerte presunta del señor\n Edison Efrén Herrera Andi (1ra. publicación)
\n  
\n Muerte\n presunta del señor Francisco\n Rojas Quezada Hermida (1ra. publicación)
\n  
\n Muerte\n presunta del señor Ramiro Iván\n Lasso Hidalgo (1ra. publicación)
\n  
\n Juicio de insolvencia seguido\n por Rosa Elena Pacheco Aguilar en contra de Héctor Mora\n Vera (1ra. publicación)
\n Juicio de insolvencia seguido\n por Luis Alfonso Cuno y otra en contra de Daicy Piedad Cepeda\n Garcia (1ra. publicación)
\n  
\n Rehabilitación del\n señor Edgar Vicente Valarezo Torres (1ra. publicación)\n
\n  
\n Juicio\n de expropiación\n seguido por\n la I. Municipalidad de Riobamba (1ra. publicación)
\n  
\n Muerte presunta del señor\n José Gustavo Yupangui Rubio (2da. publicación)\n
\n  
\n Juicio de expropiación\n seguido por el L Municipio de Ibarra (2da. publicación)\n
\n  
\n Muerte presunta del señor\n Edgar Marcelo Ramírez Duarte (3ra. publicación)\n
\n  
\n Muerte presunta del señor\n Julio Manrique Jaramillo Cozar (3ra. publicación)

\n  \n

\n \n
\n

 

\n\n

No. 68\n - DDE

\n\n

LOS MINISTROS DE COMERCIO EXTERIOR,\n INDUSTRIALIZACION Y PESCA, Y DE SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Ley No. 152, promulgada en el Registro Oficial\n No. 927 del 4 de mayo de 1992, se creó el Consejo Nacional\n de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano,\n integrado por los ministros de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, y de Salud Pública;

\n\n

Que el Procurador General del Estado, mediante oficio No.\n 09293 del 7 de diciembre de 1999, manifestó que el Consejo\n debe contar con la asesoría de la Comisión Técnica,\n emitida dentro del plazo de treinta días previsto en el\n Art. 30 de la Ley de Modernización, plazo que debe contarse\n a partir de la recepción del requerimiento y, el Consejo\n debe pronunciarse en el término de los quince días\n posteriores a la recepción del informe;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1076, publicado en el Registro\n Oficial No. 253 de febrero 9 de 1998, se establecieron las normas\n administrativas para la fijación. revisión, reajuste\n y control de precios de los medicamentos de uso humano;

\n\n

Que mediante Ley No. 60, promulgada en el Registro Oficial\n No. 264 de febrero 26 de 1998, se reformó el Art. 235\n del Código de la Salud, que sanciona a los distribuidores,\n farmacias, droguerías y boticas, que comercialicen los\n medicamentos a precios que no sean los oficialmente autorizados;

\n\n

Que con el Acuerdo No. 990211, publicado en el Registro Oficial\n No. 215 del 18 de junio de 1999, el Subsecretario de Industrialización\n del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, se encuentra delegado por el titular de esta cartera\n de Estado, para suscribir los acuerdos interministeriales que\n devienen de las resoluciones del Consejo Nacional de Fijación\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano;

\n\n

Que con el Acuerdo No. 00006 del 1 de febrero del 2000 el\n Ministro de Salud Pública delega a su representante ante\n el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano para que suscriba los acuerdos interministeriales\n que contienen las resoluciones adoptadas por tal organismo;

\n\n

Que mediante Acuerdo Interministerial No. 6A - DDE del 3 de\n febrero del 2000, se emitió una resolución de carácter\n general para el reajuste de precios de medicamentos de uso humano;

\n\n

Que el 7 de febrero del 2000 la empresa ROCHE ECUADOR S.A.;\n presentó al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de fijación proporcional de 2 productos\n importados y de reajuste de precios de 90 productos nacionales\n e importados;

\n\n

Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 23 de febrero del\n 2000, conoció la solicitud presentada por la empresa ROCHE\n ECUADOR S.A.;

\n\n

Que la solicitud de fijación proporcional de precios\n no cumple con lo dispuesto por el Acuerdo Interministerial No.\n 6A - DDE del 3 de febrero del 2000 por cuanto los precios base\n son mayores a los del Acuerdo Interministerial.

\n\n

Que la solicitud de reajuste de precios en 84 productos cumple\n con lo dispuesto por el Acuerdo Interministerial No. 6A - DDE\n del 3 de febrero del 2000, pero en 6 productos no cumple con\n el mencionado acuerdo, por cuanto los precios de los 4 primeros\n están mal calculados y de los 2 últimos los registros\n sanitarios se encuentran caducados; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

Acuerdan:

\n\n

Art. 1. - Reajustar los precios máximos de venta a\n farmacia y al público en todo el territorio nacional de\n los siguientes productos de la empresa ROCHE ECUADOR S.A.:

\n\n

(Anexo 13NOT1;4)

\n\n

Art. 2. - Negar la fijación proporcional de los precios\n máximos de venta a farmacia y al público en todo\n el territorio nacional de los siguientes productos de la empresa\n ROCHE ECUADOR S.A.:

\n\n

(Anexo 13NOT5)

\n\n

Art. 3. - Negar el reajuste de los precios máximos\n de venta a farmacia y al público en todo el territorio\n nacional de los siguientes productos de la empresa ROCHE ECUADOR\n S.A.:

\n\n

(Anexo 13NOT6)

\n\n

Art. 4. - El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese.\n - Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 2 de marzo del 2000.

\n\n

f.) Augusto L. Tosi. Subsecretario de Industrialización,\n delegado del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca.

\n\n

f) Dr. Ramiro Echeverría Tapia, delegado del Ministerio\n de Salud Pública.

\n\n

Dirección Nacional de Industrias. - Oficina de Documentación\n y Archivo. - f.) ilegible. - Es fiel copia del original. - Lo\n certifico.

\n\n

 

\n\n

No. 69\n - DDE

\n\n

LOS MINISTROS DE COMERCIO EXTERIOR,\n INDUSTRIALIZACION Y PESCA, Y DE SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Ley No. 152, promulgada en el Registro Oficial\n No. 927 del 4 de mayo de 1992, se creó el Consejo Nacional\n de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano,\n integrado por los ministros de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, y Salud Pública;

\n\n

Que el Procurador General del Estado, mediante oficio No.\n 09293 de 1999 - 12 - 07, manifestó que el Consejo debe\n contar con la asesoría de la Comisión Técnica,\n emitida dentro del plazo de treinta días previsto en el\n Art. 30 de la Ley de Modernización, plazo que debe contarse\n a partir de la recepción del requerimiento y, el Consejo\n debe pronunciarse en el término de los quince días\n posteriores a la recepción del informe;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1076, publicado en el Registro\n Oficial No. 253 de febrero 9 de 1998, se establecieron las normas\n administrativas para la fijación, revisión, reajuste\n y control de precios de los medicamentos de uso humano;

\n\n

Que mediante Ley No. 60, promulgada en el Registro Oficial\n No. 264 de febrero 26 de 1998, se reformó el Art. 235\n del Código de la Salud, que sanciona a los distribuidores,\n farmacias, droguerías y boticas, que comercialicen los\n medicamentos a precios que no sean los oficialmente autorizados;

\n\n

Que con el Acuerdo No. 990211, publicado en el Registro Oficial\n No. 215 del 18 de junio de 1999, el Subsecretario de Industrialización\n del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, se encuentra delegado por el titular de esta Cartera\n de Estado, para suscribir los acuerdos interministeriales que\n devienen de las resoluciones del Consejo Nacional de Fijación\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano;

\n\n

Que con el Acuerdo No. 00006 del 1 de febrero del 2000, el\n Ministro de Salud Pública delega a su representante ante\n el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano para que suscriba los acuerdos interministeriales\n que contienen las resoluciones adoptadas por tal organismo;

\n\n

Que mediante Acuerdo Interministerial No. 6 - A - DDE del\n 3 de febrero del 2000, se emitió una resolución\n de carácter general para el reajuste de precios de medicamentos\n de uso humano;

\n\n

Que el 7 de febrero del 2000 la empresa SCHERING ECUATORIANA\n C.A., presentó al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de reajuste de precios de 61 productos\n importados;

\n\n

Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 23 de febrero del\n 2000, conoció la solicitud presentada por la empresa SCHERING\n ECUATORIANA C.A.;

\n\n

Que la solicitud de reajuste de precios cumple con lo establecido\n en el Acuerdo Interministerial No. 6 A - DDE del 3 de febrero\n del 2000; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

Acuerdan:

\n\n

Art. 1. - Reajustar los precios máximos de venta a\n farmacia y al público en todo el territorio nacional de\n los siguientes productos de la empresa SCHERING ECUATORIANA C.A.:

\n\n

(Anexo 13NOT7;9)

\n\n

Art. 2. - El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese. - Dado en Quito, Distrito\n Metropolitano, a 2 de marzo del 2000.

\n\n

f.) Augusto L. Tosi, Subsecretario de Industrialización,\n delegado del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca. f.) Dr. Ramiro Echeverría Tapia, delegado del\n Ministerio de Salud Pública.

\n\n

Dirección Nacional de Industrias. - Oficina de Documentación\n y Archivo. - f.) ilegible. - Es fiel copia del original. - Lo\n certifico.

\n\n

 

\n\n

No. 70\n - DDE

\n\n

LOS MINISTROS DE COMERCIO EXTERIOR,\n INDUSTRIALIZACION Y PESCA, Y DE SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Ley No. 152, promulgada en el Registro Oficial\n No. 927 del 4 de mayo de 1992, se creó el Consejo Nacional\n de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano,\n integrado por los ministros de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, y Salud Pública;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1076, publicado en el Registro\n Oficial No. 253 de febrero 9 de 1998, se establecieron las normas\n administrativas para la fijación, revisión, reajuste\n y control de precios de los medicamentos de uso humano;

\n\n

Que mediante Ley No. 60, promulgada en el Registro Oficial\n No. 264 de febrero 26 de 1998, se reformó el Art. 235\n del Código de la Salud, que sanciona a los distribuidores,\n farmacias, droguerías y boticas, que comercialicen los\n medicamentos a precios que no sean los oficialmente autorizados;

\n\n

Que el Procurador General del Estado, mediante oficio No.\n 09293 del 7 de diciembre de 1999, manifestó que el Consejo\n debe contar con la asesoría de la Comisión Técnica\n emitida dentro del plazo de treinta días previsto en el\n Art. 30 de la Ley de Modernización, plazo que debe contarse\n a partir de la recepción del requerimiento y, el Consejo\n debe pronunciarse en el término de los quince días\n posteriores a la recepción del informe;

\n\n

Que con el Acuerdo No. 990211, publicado en el Registro Oficial\n No. 215 del 18 de junio de 1999, el Subsecretario de Industrialización\n del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Turismo, se encuentra delegado por el titular de esta\n Cartera de Estado, para suscribir los acuerdos interministeriales\n que devienen de las resoluciones del Consejo Nacional de Fijación\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano;

\n\n

Que con el Acuerdo No. 00006 del 1 de febrero del 2000 el\n Ministro de Salud Pública delega a su representante ante\n el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano para que suscriba los acuerdos interministeriales\n que contienen las resoluciones adoptadas por tal organismo;

\n\n

Que mediante Acuerdo Interministerial No. 6 - A - DDE del\n 3 de febrero del 2000 el Consejo Nacional de Fijación\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano, emitió una resolución\n de carácter general para el reajuste de precios de medicamentos\n de uso humano;

\n\n

Que el 8 de febrero del 2000 la empresa MEDICAMENTA ECUATORIANA\n S.A., presentó al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de reajuste de precios de 95 productos;

\n\n

Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 23 de febrero del\n 2000, conoció la solicitud presentada por la empresa MEDICAMENTA\n ECUATORIANA SA.;

\n\n

Que la solicitud de reajuste de precios en 94 productos cumple\n con lo dispuesto en el Acuerdo No. 6A - DDE del 3 de febrero\n del 2000 y en 1 producto del ítem 76 no cumple con el\n referido acuerdo por cuanto el Registro Sanitario se encuentra\n caducado; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones,
\n Acuerdan:

\n\n

Art. 1. - Reajustar los precios máximos de venta a\n farmacia y al público en todo el territorio nacional de\n los siguientes productos de la empresa MEDICAMENTA ECUATORIANA\n SA.:

\n\n

(Anexo 13NOT10;12)

\n\n

Art.- Negar el reajuste de los precios máximos de venta\n a farmacia y al público en todo el territorio nacional\n del siguiente producto de la empresa MEDICAMENTA ECUATORIANA\n S.A.:

\n\n

(Anexo 13NOT14)

\n\n

Art. 3.- El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial

\n\n

Comuníquese y publíquese. - Dado en Quito, Distrito\n Metropolitano, a 2 de marzo del 2000.

\n\n

f) Augusto L. Tosi, Subsecretario de Industrialización,\n delegado del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca.

\n\n

f.) Dr. Ramiro Echeverría Tapia, delegado del Ministerio\n de Salud Pública.

\n\n

Dirección Nacional de Industrias. - Oficina de Documentación\n y Archivo. - f) ilegible. - Es fiel copia del original. - Lo\n certifico.

\n\n

 

\n\n

No. 039

\n\n

EL CONSEJO NACIONAL DE REMUNERACIONES\n DEL SECTOR PUBLICO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, con Resolución N0 021, publicada en el Primer\n Suplemento del Registro Oficial N0 134 de 3 de agosto del 2000,\n se aprobó la escala de sueldos básicos para el\n Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión,\n CONARTEL;

\n\n

Que, de acuerdo a lo prescrito en la Ley para la Reforma de\n las Finanzas Públicas, es facultad privativa del Consejo\n Nacional de Remuneraciones del Sector Público, determinar\n y fijar la política remunerativa de los servidores públicos\n de las instituciones del Estado; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO UNICO. - En el artículo 3 de la Resolución\n N0 21, publicada en el Primer Suplemento del Registro Oficial\n N0 134 de 3 de agosto del 2000, sustitúyase la frase "1\n de agosto del 2000" por la siguiente: "1 de enero del\n 2000".

\n\n

Dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a los seis días del mes de octubre del dos mil.

\n\n

f.) Ing. Jorge Morán Centeno, delegado del Ministro\n de Economía y Finanzas, Presidente del CONAREM.

\n\n

f) Ab. Martín Insua Chang, Ministro de Trabajo y Recursos\n Humanos, miembro del CONAREM.

\n\n

f) Sr. Fausto Camacho Zambrano, miembro representante de los\n trabajadores, empleados y maestros.

\n\n

Certifico.

\n\n

f) Ing. Luis A. Sánchez Aguirre, Director de Servicio\n Civil y Desarrollo Institucional, Secretario del CONAREM.

\n\n

Certifico. - Que es fiel copia del original.

\n\n

f) Ing. Luis A. Sánchez Aguirre, Director de Servicio\n Civil y Desarrollo Institucional, Secretario del CONAREM.

\n\n

 

\n\n

N0325

\n\n

En el juicio verbal sumario (Recurso\n de casación) N0 35 - 97 que, por divorcio, sigue la Dra.\n Nancy Mercedes Altamirano Altamirano, en su calidad de procuradora\n judicial de Luis Ernesto Buitrón Beltrán en contra\n de Alicia Yolanda Muñoz, se ha dictado lo siguiente:

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 31 de agosto del 2000; las 10h10.

\n\n

VISTOS: La Dra. Nancy Mercedes Altamirano Altamirano, en su\n calidad de procuradora judicial de Luis Ernesto Buitrón\n Beltrán, interpone recurso de casación de la sentencia\n dictada por la Quinta Sala de la H. Corte Superior de Justicia\n de Quito, que confirma la del inferior que rechaza la demanda\n por improcedente, dentro del juicio verbal sumario que, por divorcio,\n sigue la recurrente como procuradora judicial de Luis Ernesto\n Buitrón Beltrán en contra de Alicia Yolanda Muñoz.\n Dicho recurso es concedido, por lo que el proceso sube a conocimiento\n de la Corte Suprema de Justicia; habiéndose radicado la\n competencia por el sorteo de ley en esta Primera Sala de lo Civil\n y Mercantil, y terminada la etapa de sustanciación de\n este proceso de casación, para resolver se considera:\n PRIMERO: Este Tribunal de Casación, reafirmándose\n en lo resuelto en casos anteriores, considera que el ámbito\n de competencia dentro del cual puede actuar está dado\n por el propio recurrente en la determinación concrete,\n complete y exacta de una o más de las causales sustentadas\n por el artículo 3 de la Ley de Casación, no estando\n facultado el Tribunal para entrar a conocer de oficio o rebasar\n el ámbito señalado por las causales citadas por\n el recurrente; en tal virtud, en el caso sub júdice, debe\n limitarse a analizar las normas indicadas como infringidas (artículos\n 2062 del Código Civil; 48 y 74 del Código de Procedimiento\n Civil), así como la causal en la cual la recurrente ha\n fundamentado su recurso (primera del artículo tres de\n la ley de la materia). - SEGUNDO: La recurrente señala\n como norma infringida la contenida en el artículo 74 del\n Código de Procedimiento Civil; sin embargo, no ha precisado\n respecto a esta disposición si existe aplicación\n indebida, falte de aplicación o errónea interpretación,\n por lo que al no haber sido fundamentada esta acusación\n se la rechaza. - TERCERO: Como fundamentos de su impugnación,\n la recurrente señala que el Tribunal ad quem ha interpretado\n erróneamente y por lo tanto aplicado indebidamente el\n artículo 2062 del Código Civil, ya que no ha habido\n en ningún momento, como expresa el fallo impugnado, extralimitación\n en el ejercicio del poder a ella conferido; que el poder especial\n y procuración judicial que el mandante otorgó a\n su favor, es sumamente explícito en cuanto a que le faculta\n "para que instaure juicio verbal sumario de divorcio a la\n señora Alicia Yolanda de Buitrón, cónyuge\n del poderdante y continúe dicho trámite hasta la\n obtención de la sentencia que declare disuelto el vinculo\n matrimonial que los une", y que la cláusula segunda\n de la escritura pública prevé que "el mandante\n confiere a su apoderada todas las obligaciones y derechos que\n se desprenden del Art. 49 de la Ley de Federación de Abogados\n del Ecuador, mismas que se tendrán como expresamente incorporadas\n a este mandato, a fin de que no sea la falta de autorización\n la que obste su fiel cumplimiento"; que en virtud de dicho\n instrumento, se ha limitado exclusivamente a dar cumplimiento\n al mandato en los términos señalados en la escritura\n pública, sin haber excedido ni en lo más mínimo\n los limites de las gestiones que le fueron encomendadas. Añade\n que "no existe disposición legal alguna que obligue\n a determinar en el poder especial de procuración judicial,\n de manera precisa, la cosa o hecho que se exige, y en el caso\n de juicio de divorcio establecer la causal o causales de divorcio\n en las que el apoderado debe fundamentar la acción....\n Si se hubiere presentado la acción por mutuo consentimiento\n (con la intervención del otro cónyuge) entonces\n sí se hubiere producido un exceso de los términos\n del mandato que tornaría inepta la demanda.". La\n recurrente anota, en relación a estos cargos, que también\n se ha producido "falta de aplicación del Art. 48\n del Código de Procedimiento Civil, que prescribe que el\n procurador judicial debe atenerse a los términos del poder,\n tal como ha ocurrido en el presente caso, y solo en caso de haber\n realizado algunos de los hechos que se menciona en los cinco\n numerales, es que se hubiere producido un exceso de los términos\n del mandato, puesto que para ello necesitaba de cláusula\n especial". - CUARTO: La sentencia del Tribunal de última\n instancia, en su considerando cuarto, dice lo siguiente: ....\n . la actora justifica la calidad que invoca, esto es, la de apoderada\n especial y procuradora judicial de Luis Ernesto Buitrón\n Beltrán, con la copia certificada del poder especial,\n otorgado el 19 de marzo de 1991 ante el Notario Primero del cantón\n Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, por Luis Buitrón Beltrán,\n escritura de poder que se apareja a la demanda; pero revisados\n los términos de dicho instrumento, si bien consta en la\n cláusula primera que Luis Ernesto Buitrón Beltrán\n confiere poder especial a favor de la actora, para que a su nombre\n y representación instaure juicio verbal sumario de divorcio\n en contra de su cónyuge Alicia Yolanda Muñoz de\n Buitrón, no es menos cierto que no consta de dicho poder\n determinado en forma precisa, esto es singularizado en forma\n alguna la causal o causales de divorcio en las que la apoderada\n debe fundamentar la acción, y es evidente que el divorcio\n por causales o por mutuo consentimiento corresponde señalar\n única y exclusivamente al poderdante que es para quien\n en el caso de autos resulte insuficiente el poder que le ha otorgado\n su mandante."; es decir, que se establece una formalidad\n que en la ley no ha sido determinada en forma alguna para que\n un procurador pueda . a nombre de su representado, instaurar\n juicio de divorcio por alguna de las causales determinadas en\n el articulo 109 del Código Civil. El artículo 40\n del Código de Procedimiento Civil dice: "Son procuradores\n judiciales los mandatarios que tienen poder para comparecer en\n juicio por otro."; el artículo 44 ibídem en\n sus dos primeros incisos señala: "Sólo los\n abogados en el ejercicio de su profesión podrán\n comparecer en juicio como procuradores judiciales y asistir a\n las juntas, audiencias y otras diligencias, en representación\n de las partes, cuando éstas no puedan concurrir personalmente.\n La procuración judicial a favor de un abogado se otorgará\n por escritura pública o por escrito reconocido ante el\n Juez de la causa y se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto\n en él artículo 1063, inciso final, de este Código."\n Y el articulo 49 del mismo Código señala en su\n numeral segundo que los procuradores están obligados:\n "2. - A ceñirse a las instrucciones de sus comitentes".\n En la especie el instrumento mediante el cual Luis Buitrón\n instituye a la recurrente como su procuradora judicial, dice\n en su cláusula primera: "El señor Luis Ernesto\n Buitrón Beltrán, tiene a bien conferir poder especial\n cual en derecho se requiere a favor de la doctora Nancy Altamirano\n Altamirano, a fin de que a nombre y representación del\n mandante y con la calidad de procuradora judicial conferida mediante\n este instrumento público, instaure juicio verbal sumario\n de divorcio a la señora Alicia Yolanda Muñoz de\n Buitrón...". Es decir, que en ejercicio de este mandato,\n la recurrente ha realizado las actuaciones consecuentes a materializar\n las instrucciones de su mandante para que en su nombre y representación,\n instaure juicio de divorcio para terminar la unión conyugal\n con Alicia Yolanda Muñoz. Ningún juzgador, contrariamente\n a la decisión adoptada por el Tribunal ad quem y que es\n materia de este recurso de casación, puede por ningún\n concepto, instituir en sus decisiones formalidades que no están\n expresamente señaladas en la ley; las formalidades son\n meras complicaciones de las formas y por ello de derecho estricto,\n no pueden establecerse en forma extensiva, por vía interpretativa,\n porque se atentaría contra el principio constitucional\n contenido en el artículo 192 de la Constitución\n Política de la República, que en su parte final\n establece que no se sacrificará la justicia por la sola\n omisión de formalidades; la afirmación en el caso\n sub lite de que en el poder se requería que el mandante\n establezca por cuál de las causales del artículo\n 109 del Código Civil debía instaurarse el juicio\n de divorcio no es ni ha sido fundamentada en derecho, constituye\n una arbitraria extensión del Juez; en efecto, no existe\n norma legal alguna que imponga esa obligación. Es cierto\n que los cónyuges son los únicos conocedores de\n los hechos y circunstancias de su vida conyugal para poder adecuarlas\n a las causales en que ha de fundarse la demanda pero esto no\n significa que corresponda única y exclusivamente al cónyuge\n poderdante el realizar esta determinación ya que si la\n ley ha querido que sea un letrado el procurador judicial es porque\n entiende que la subsunción de los hechos en la pertinente\n norma legal y que servirán de fundamentos de la pertinente\n acción debe ser realizada por un jurisperito y no aparece\n necesario - y muchas veces ni siquiera prudente - el que deba\n el poderdante realizar por escritura pública la relación\n de los sucesos de su vida conyugal íntima, para ello le\n queda como medio idóneo el dotar a su apoderado de instrucciones,\n muchas de las cuales inclusive entran en el plano del sigilo\n o secreto profesional. Ya el profesor Juan Isaac Lovato en su\n obra "El divorcio perfecto" (Editorial Universitaria,\n Quito, 1957, P. 262), dijo que "Para el divorcio que no\n sea por mutuo consentimiento no hace falte poder especial; basta\n el poder general", y cita una sentencia de la Tercera Sala\n de la Corte Suprema de Justicia de 18 de enero de 1941 (Gaceta\n Judicial, serie VI, N0 6, P. 533): "...De la escritura de\n mandato que se halla en copia, aparece que Luis Antonio Jara\n Ríos confirió poder general a su padre Antonio\n Jara para la administración de todos sus bienes; «y\n para que representando los derechos del compareciente, tercie\n con personería legítima y amplias facultades en\n toda especie de juicios civiles y criminales, haciendo de actor\n o de demandado en todas las incidencias e instancias hasta la\n sentencia definitiva». La parte transcrita del poder, contiene\n una cláusula que confiere procuración real para\n toda clase de juicios civiles, y si el actual de divorcio es\n de esta clase, y la Ley de Matrimonio Civil no exige que en los\n divorcios que no son por mutuo consentimiento, intervengan apoderados\n con poder especial, no hay razón para conceptuar que el\n mandato de fs. 2 sea insuficiente para la representación\n legal de Antonio Jara a nombre de su hijo Luis Antonio Jara Ríos,\n en este juicio". Continúa dicha sentencia: "Y\n es muy clara la razón porque la ley exige la intervención\n de apoderado con poder especial para la celebración del\n matrimonio o para su disolución por mutuo consentimiento,\n no lo exija cuando se demanda la disolución por motivos\n extraños al mutuo consentimiento. En el primer caso, el\n fundamento radica únicamente en la voluntad de los contrayentes,\n por lo mismo, es natural y necesario que ésta se manifieste\n de manera inequívoca personalmente o por medio de un apoderado\n con poder especial. En el segundo, el fundamento radica en hechos\n ajenos a la voluntad de uno de los litigantes, y el efecto depende\n de la comprobación de tales hechos y de la apreciación\n del juez...". Es en ese primer caso en el que la ley sí\n exige que se cumpla con ese requisito; así, el artículo\n 106 del Código Civil expresa: "Por mutuo consentimiento\n pueden los cónyuges divorciarse. Para este efecto, el\n consentimiento se expresará del siguiente modo: los cónyuges\n manifestarán por escrito, por sí o por medio de\n procuradores especiales, ante el juez de lo civil del domicilio\n de cualquiera de los cónyuges: 1° Su nombre, apellido,\n edad, nacionalidad, profesión y domicilio; 2°. - El\n nombre y edad de los hijos habidos durante el matrimonio; y,\n 3°. - La voluntad de divorciarse....". El instrumento\n que obra a fojas 5 - 6 vta, del cuaderno de primer nivel es el\n medio idóneo a través del cual el mandante ha instaurado\n procuración judicial a favor de la recurrente, abogada\n en libre ejercicio profesional, para que a su nombre y representación\n inicie el antes mencionado juicio de divorcio, sin que se observe\n que dicha procuración adolezca de algún defecto\n de forma o de fondo; es preciso señalar que el artículo\n 49 de la Ley de Federación de Abogados, en concordancia\n con el artículo 44 del Código de Procedimiento\n Civil, señala que solo los abogados en el ejercicio de\n su profesión, podrán comparecer en juicio como\n procuradores judiciales y que dicha procuración judicial\n a favor de un abogado se otorgará por escritura pública;\n se exceptúan de lo antes señalado, dice el inciso\n final del artículo 44 del Código de Procedimiento\n Civil, la procuración judicial o comparecencia a juntas,\n audiencias y otras diligencias ante jueces, funcionarios o autoridades\n residentes en cantones o lugares en que no hubiere por lo menos\n cinco abogados establecidos, así como en los casos de\n procuración proveniente del exterior. Reitérase\n que en ejercicio de la procuración otorgada por su mandante,\n la recurrente ha instaurado el juicio verbal sumario de divorcio\n siguiendo las instrucciones de su comitente, sin que para ello\n haya sido necesario ningún otro requisito que la procuración\n judicial otorgada con los requisitos contenidos en el artículo\n 48 de la Ley de Federación de Abogados del Ecuador; distinto\n hubiese sido el caso de que se tratase de un divorcio por mutuo\n acuerdo, para el cual sí se habría requerido de\n un poder especial para el efecto, por tratarse de una manifestación\n especial de voluntad de carácter esencialmente personal\n y al tenor del mandato contenido en el artículo 106 del\n Código Civil. No existe, en definitiva, disposición\n legal alguna en la que se disponga que el poder conferido para\n instaurar juicio de divorcio por causal, deba contener la expresa\n indicación de la causal o causales en las que el procurador\n ha de fundamentar la acción, por lo que el Tribunal ad\n quem ha interpretado erróneamente y por lo tanto aplicado\n indebidamente el articulo 2062 del Código Civil e inaplicado\n el articulo 48 del Código de Procedimiento Civil, por\n lo que procede casar la sentencia, asumiendo desde este instante\n el Tribunal de casación el papel de Tribunal de instancia,\n al tenor de lo que dispone el artículo 14 de la ley de\n la materia. - QUINTO: Comparece la Dra. Nancy Altamirano Altamirano,\n invocando su calidad de apoderada especial y procuradora judicial\n de Luis Ernesto Buitrón Beltrán, y expresa "que\n su poderdante contrajo matrimonio con Alicia Yolanda Muñoz\n el 26 de mayo de 1954; que durante su vida conyugal han procreado\n tres hijos que responden a los nombres de Nelson Hugo, Sonia\n Eulalia y Alexandra Cecilia Buitrón Muñoz, de 41,\n 39 y 28 años de edad respectivamente, que su poderdante\n se encuentra separado de su cónyuge desde hace unos quince\n años hasta la fecha, separación que ha sido absoluta\n e ininterrumpida, y que por ningún motivo han vuelto a\n mantener relaciones conyugales de ninguna naturaleza". Que\n con los antecedentes expuestos, "vengo y demando a nombre\n de mi mandante a su cónyuge la señora Alicia Yolanda\n Muñoz, el divorcio fundado en el inciso segundo de la\n causal 11va. del Art. 109 del Código Civil, para que en\n sentencia se declare disuelto el vinculo matrimonial que une\n a mi mandante con la indicada cónyuge, y a la vez se declare\n disuelto el vinculo matrimonial que une a mi mandante con la\n indicada cónyuge..." (fojas.7 y 7 vta. del cuaderno\n de primer nivel). - En mandato del artículo 86 del Código\n de Procedimiento Civil, constan a fojas 10 ibídem las\n tres citaciones realizadas por la prensa a la demandada Alicia\n Yolanda Muñoz; a fojas 12 vta., la diligencia de audiencia\n de conciliación y contestación a la demanda en\n la que se declara la rebeldía de la demandada por no haber\n asistido a la audiencia. De acuerdo al artículo 107 del\n Código de Procedimiento Civil, la falta de contestación\n a la demanda se considerará como negativa pura y simple\n de los fundamentos de la demanda; el artículo 117 ibídem\n impone la carga de la prueba al actor en este caso, a quien le\n corresponde probar los hechos que ha propuesto afirmativamente\n en el juicio. - Constan en el proceso los testimonios de Hugo\n Ernesto Huertas Regalado (fojas 15 - 15 vta.); Benjamín\n Humberto Rodríguez Espinosa (fojas 15 vta. 16) y Jorge\n Agustín Huertas Regalado (fojas 16 - 16 vta.), quienes\n en forma coincidente afirman que el actor está separado\n por un lapso superior al señalado en el numeral segundo\n de la causal 11a. del artículo 109 del Código Civil.\n También figura en el proceso la copia certificada de la\n partida del matrimonio celebrado entre Luis Ernesto Buitrón\n Beltrán y Alicia Yolanda Muñoz, con este documento\n se ha probado la existencia del matrimonio cuya terminación\n por divorcio ha sido solicitada, así como con las testimoniales\n rendidas, se ha comprobado que ambos cónyuges se encuentran\n separados por más de tres años, sin que haya habido\n entre ellos ninguna clase de relaciones. De las partidas de nacimiento\n que se han agregado al proceso, consta que los tres hijos habidos\n dentro del matrimonio eran mayores de edad a la fecha en que\n se dedujo la demanda. - Por las consideraciones que anteceden,\n la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de\n Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y\n POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia dictada por la Quinta\n Sala de la Corte Superior de Quito, y en su lugar declara disuelto\n el vinculo matrimonial habido entre Luis Ernesto Buitrón\n Beltrán y Alicia Yolanda Muñoz, celebrado en la\n ciudad de Quito, el 26 de mayo de 1954. Una vez ejecutoriada\n esta sentencia, sea inscrita en la oficina correspondiente del\n Registro Civil, de acuerdo a lo prescrito por el artículo\n 128 del Código Civil. - Sin costas. Notifíquese,\n publíquese y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Santiago Andrade Ubidia, Galo Galarza Paz, Ministros\n Jueces y Alberto
\n Wray Espinosa, Conjuez Permanente.

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Certifico. - Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora.

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RAZON: Las copias que anteceden son iguales a sus originales.

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Certifico. - Quito, 31 de agosto del 2000.

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f) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaría Relatora\n de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

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N0 329

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En el juicio ordinario (Recurso de casación)\n N0 105 ­ 2000 que, por indemnización de daños\n y perjuicios, sigue el Dr. Ruperto Ordóñez, mandatario\n de los cónyuges Jorge Cristóbal Montero Rodríguez\n y Maria de Fátima Bermeo Abraham en contra de Hilda Valle\n Arrobo y Juan José Samaniego Zhigue, se ha dictado lo\n siguiente:

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 31 de agosto del 2000; las 10h20.

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VISTOS: Hilda Valle Arrobo y Juan José Samaniego Zhigue\n interponen recurso de casación de la sentencia dictada\n por la Primera Sala de la H Corte Superior de Justicia de Loja,\n dentro del juicio ordinario que por indemnización de daños\n y perjuicios, sigue el Dr. Ruperto Ordóñez, mandatario\n de los cónyuges Jorge Cristóbal Montero Rodríguez\n y María de Fátima Bermeo Abraham en contra de los\n recurrentes. - Dicho recurso es concedido, por lo que el proceso\n sube a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, habiéndose\n radicado la competencia por el sorteo de ley en esta Primera\n Sala de lo Civil y Mercantil, y terminada la etapa de sustanciación\n de este proceso de casación, para resolver se considera:\n PRIMERO: Este Tribunal de Casación, reafirmándose\n en lo resuelto en casos anteriores, considera que el ámbito\n de competencia dentro del cual puede actuar está dado\n por el propio recurrente en la determinación concrete,\n complete y exacta de una o más de las causales sustentadas\n por el artículo 3 de la Ley de Casación. El Tribunal\n no está facultado para entrar a conocer de oficio o rebasar\n el ámbito señalado por las causales citadas por\n el recurrente. En tal virtud, en el caso sub júdice, debe\n limitarse a analizar las normas indicadas como infringidas (artículos\n 1532, 1597, 1745 y 1767 del Código Civil y 170 último\n inciso del Código de Procedimiento Civil), así\n como la causal en la cual fundamente su recurso de casación,\n es decir, la primera del articulo 3 de la Ley de Casación.\n - SEGUNDO: Los recurrentes acusan al fallo de última instancia\n de haber infringido el articulo 1745 del Código Civil;\n para fundamentar esta acusación señalan: ".\n . El 27 de febrero de 1999, el demandante bajo amenazas e intimidación\n obligó a la compareciente Hilda Vallo Arrobo a suscribir\n un tal documento aclaratorio que obra de autos, mediante el cual,\n supuestamente sustituye la cláusula cuarta del referido\n contrato de promesa de compraventa por otro texto. Al respecto\n debo manifestar que el Art. 1597 del Código Civil en concordancia\n con los Arts. 1745 y 1767 ibídem y 170 último inciso\n del Código de Procedimiento Civil, prescriben, en síntesis,\n que todo asunto que versa sobre inmueble, entre ellos la promesa\n de venta, tiene que celebrarse mediante escritura pública\n para que tenga validez y eficacia jurídica. En consecuencia\n ese tal documento aclaratorio, que a la fecha de su suscripción\n fue un documento eminentemente privado, no podía ni pudo\n reformar la escritura pública de promesa de compraventa.\n Si ese documento tuviese plena validez, como lo sostiene esta\n Sala, dejó al contrato de promesa de compraventa en sí,\n completamente ininteligible e inaplicable, pues dejó establecida\n una total contradicción entre las cláusulas cuarta\n y sexta del mismo, lo cual se infiere de la simple lectura del\n contenido de tal documento aclaratorio y de la cláusula\n sexta de la escritura pública, pues hay dos fechas de\n vencimiento del plazo para la suscripción de la escritura\n pública traslaticia de dominio: el 15 de marzo y el 28\n de febrero de 1999...". Al respecto, este Tribunal anota:\n El artículo 1745 del Código Civil dice: "La\n falta de instrumento público no puede suplirse por otra\n prueba en los actos y contratos en que la Ley requiere esa solemnidad;\n y se mirarán como no ejecutados o celebrados, aun cuando\n en ellos se promete reducirlos a instrumento público dentro\n de cierto plazo, bajo una cláusula penal. Esta cláusula\n no tendrá efecto alguno. Fuera de los casos indicados\n en este artículo, el instrumento defectuoso por incompetencia\n del empleado o por otra falta en la forma, valdrá como\n instrumento privado, si estuviere firmado por las partes.";\n el articulo 1597 ibídem se refiere a los requisitos que\n han de concurrir para que un contrato de promesa de compraventa\n sea válido, y el artículo 1767 sobre el perfeccionamiento\n del contrato de compraventa, y los requisitos que han de concurrir\n en ciertos contratos de compraventa; finalmente, el artículo\n 170 último inciso del Código de Procedimiento Civil\n establece que: "Se otorgará por escritura pública\n la promesa de celebrar un contrato, si, para su validez, se necesita\n de aquella solemnidad, conforme a las prescripciones del Código\n Civil.". La acusación de los recurrentes se contrae\n a afirmar que el documento privado suscrito por la demandada\n Hilda Valle Arrobo (hoy recurrente) y los actores, no tiene valor,\n pues no ha sido elaborado mediante escritura pública,\n contradiciendo lo que disponen las normas antes citadas; sin\n embargo, el Tribunal a - quo ha establecido que el contrato de\n promesa de compraventa venta se celebró mediante escritura\n pública de promesa de compraventa, otorgada el 28 de diciembre\n de 1998 ante el Dr. Eugenio Vélez Matute, Notario Segundo\n del cantón Loja, encargado de la Notaría Sexta\n (fs. 3 a 5 del cuaderno de primer nivel). Ahora bien, la forma\n escrituraria es requisito de la esencia para la existencia del\n contrato de promesa, porque así lo mandan tanto el articulo\n 1597, N0 1 del Código Civil como el 170, último\n inciso del Código de Procedimiento Civil, de tal manera\n que, si no se hubiera hecho constar el acuerdo de voluntades\n generador del negocio jurídico mediante este medio solemne,\n no se podría probar el contrato por ningún otro\n medio y se lo miraría como no ejecutado o celebrado; pero\n al haberse observado ese requisito de forma, el contrato existe\n y las partes perfectamente pueden adicionar nuevos términos\n y condiciones o modificar las originales, y expresar estas adiciones\n y modificaciones por los medios que a bien tengan; es normal\n que en el desarrollo de la vida de las convenciones, las partes\n contratantes se vean en la necesidad de celebrar nuevos acuerdos,\n destinados a dar nuevas formas a sus manifestaciones de voluntad\n cambiantes en el tiempo por las circunstancias mismas de una\n realidad económica y social dinámica, y que acudan\n a expedientes de manifestación simples para dejar consignadas\n estas modificaciones. Si miramos el artículo 1751 encontraremos\n que en él se establece que las escrituras privadas hechas\n por los contratantes para alterar lo pactado en escrituras públicas,\n no surtirá efectos contra terceros, o sea en cuanto les\n perjudique; por lo tanto, si inclusive los terceros bien podrían\n invocar lo estipulado en la contraescritura privada en su favor,\n con mayor razón estas contraescrituras privadas, que contienen\n la expresión del acuerdo de voluntades de las partes,\n pueden invocarse entre los contratantes y tienen plena eficacia\n y validez entre ellos, en todo cuanto les favorezcan o perjudiquen,\n ya que los contratantes, en definitiva, están usando de\n su libertad contractual en cuanto a la forma, y mientras no infrinjan\n una prohibición expresa de la ley o abusen del derecho\n causando perjuicios a terceros, pueden dar a sus acuerdos las\n formas que a bien tengan. Por lo tanto, el Tribunal de última\n instancia, ha procedido conforme a derecho, al conceder mérito\n probatorio al aludido instrumento privado que, al hallarse reconocido\n tiene plena validez y eficacia de escritura pública respecto\n de quienes aparece lo han suscrito, de conformidad con lo que\n dispone el artículo 1746 del Código Civil y al\n hallarse ajustada a derecho no ha inaplicado ni interpretado\n indebidamente en ningún momento los artículos 1597,\n 1745 y 1767 del Código Civil y 170, último inciso\n del Código de Procedimiento Civil. - CUARTO: Los recurrentes\n también acusan al fallo del Tribunal ad quem de haber\n infringido la norma contenida en el artículo 1532 del\n Código Civil, por cuanto aducen que los actores "de\n manera injurídica, ilegal e inconsulta demandaron la resolución\n del contrato de promesa de venta y simultáneamente el\n cumplimiento del mismo, en lo relacionado al pago de la multe...".\n Al respecto, la Sala anota que en los contratos bilaterales,\n en virtud de lo que dispone el artículo 1532 del Código\n Civil, de producirse el incumplimiento imputable a uno de los\n contratantes, la parte perjudicada puede demandar cumplimiento\n o resolución, y conjuntamente con una u otra acción\n la indemnización de perjuicios, que es la sanción\n de la ley al deudor que incurrió en mora. Ahora bien,\n si se ha estipulado cláusula penal, al negocio jurídico\n se ha incorporado otra obligación, que si bien es accesoria\n y dependiente de la principal, sin embargo es distinta, tiene\n su propia génesis. La cláusula penal se estipula,\n precisamente en previsión de que una de las partes incumpla\n en su deber contractual, como una medida de aseguramiento (artículo\n 1578 del Código Civil) y de sustitución (artículo\n 1580 ibídem) salvo que se haya previsto como medio de\n evaluación privada de los daños o como penalidad\n por la conducta contraria a derecho que implica el mero retardo\n (artículo 1580). Al demandar la resolución de un\n contrato se está optando porque la obligación principal\n no se lleve a cumplimiento y ello da derecho, precisamente, a\n exigir la pena estipulada tal como lo previene el artículo\n 1580 del Código Civil. Sostener que si hay cláusula\n penal no se pueda exigir su ejecución no obstante que\n no se pida el cumplimiento de la obligación principal\n sino su resolución carece de lógica porque, en\n definitiva, es sostener que la cláusula penal es letra\n muerta, de imposible realización. Por lo tanto, carece\n de fundamento jurídico la acusación de los recurrentes\n de que el Tribunal ad quem ha infringido el artículo 1532\n del Código Civil. Por las consideraciones que anteceden,\n la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de\n Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
\n NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el\n recurso de casación interpuesto por Hilda Valle Arrobo\n y Juan José Samaniego Zhigue. Entréguese el monto\n total de la caución a la parte perjudicada por la demora,\n en cumplimiento de lo que dispone el artículo 17 reformado\n de la Ley de Casación. Con costas. En doscientos mil sucres\n se fijan los honorarios del abogado defensor de los actores,\n por su intervención en este proceso de casación,\n debiendo descontarse el porcentaje de ley para el Colegio de\n Abogados de Pichincha. - Notifíquese, publíquese\n y devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. Santiago Andrade Ubidia, Galo Galarza Paz, Ministros\n Jueces y Alberto Wray Espinosa, Conjuez Permanente.

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Certifico. - Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora.

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RAZON: Las copias que anteceden son iguales a sus originales.

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Certifico. - Quito, 31 de agosto del 2000.

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f) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaría Relatora\n de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

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N0 330

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Dentro del juicio ordinario N0 118 -\n 97 que por nulidad de sentencia sigue Saúl Machuca Torres\n en contra de Sara Victoria Delgado Espinoza, se ha dictado lo\n que sigue:

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 31 de agosto de 2000; las 11h00.

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VISTOS: Saúl Machuca Torres, interpone recurso de casación\n de la sentencia dictada el 27 de febrero de 1997 por la Cuarta\n Sala de la Corte Superior de Cuenca, dentro del juicio ordinario\n que por nulidad de sentencia sigue el recurrente en contra de\n Sara Victoria Delgado Espinoza; recurso que, por concedido, permite\n que el proceso suba a la Corte Suprema de Justicia, en la que\n por el sorteo de ley se ha radicado la competencia en esta Primera\n Sala de lo Civil y Mercantil, la que para decidir respecto de\n su procedencia considera: PRIMERO: El recurrente señala\n como normas de derecho infringidas los artículos 174.4\n del Código Civil, 80, 119, 120, 121, 125, 170 y 219 del\n Código de Procedimiento Civil y funda su recurso en las\n causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de\n Casación.- SEGUNDO: En cuanto a la causal primera, el\n recurrente afirma que existe indebida aplicación de los\n artículos 1744 del Código Civil y 170 del Código\n de Procedimiento Civil, pero no determina la forma cómo\n se han aplicado indebidamente las normas acusadas ni cuál\n era su correcta aplicación, por lo que el Tribunal de\n casación carece de la guía necesaria para cumplir\n con su finalidad. - TERCERO: En cuanto a la causal

 

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