Registro Oficial

Registro Oficial. 27 de DICIEMBRE del 2000

Miércoles, 27 de diciembre de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE DICIEMBRE DEL 2000
\n \n \n \n
\n

\n
 
\n

 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Martes 12 de Diciembre del 2000

\n

REGISTRO OFICIAL No. 222

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION EJECUTIVA

\n\n

ACUERDOS:
\n  
\n MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS:

\n  
\n 165 Déjase sin efecto\n el Acuerdo Ministerial No. 090, expedido el 29 de junio del 2000\n y desígnase al señor Ing. Jaime Santillán\n Pesantes, Subsecretario Regional del Litoral como delegado ante\n la Unidad Coordinadora del Programa de Emergencia para afrontar\n el Fenómeno del Niño; (COPEFEN)
\n  
\n
166 Delígase e instrúyese\n a la economista Fabiola Calero C., Subsecretaria del Tesoro y\n Crédito Público, para que suscriba los contratos\n de dación en pago de Ios bonos destinados a la reestructuración\n de la deuda pública interna y déjase sin efecto\n el Acuerdo No. 159 de 25 de octubre de 1999
\n  
\n MINISTERIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y DE SALUD:
\n
 
\n Reajústanse, modifícase y niégase el reajuste\n de los precios de venta a farmacia y al público en todo\n el territorio nacional de los productos farmacéuticos\n elaborados por las siguientes empresas:
\n  
\n
176-DDE Aventis Pharma S.A.
\n  
\n 177-DDE Hospimedikka C.ia.\n Ltda.
\n  
\n
178-DDE Glaxo Wellcome
\n  
\n 179-DDE Corporación\n Mercantil Internacional Cía. Ltda. "CORMIN"\n
\n  
\n RESOLUCIONES:
\n  
\n DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LITORAL:
\n
 
\n 062/2000 Díctanse las\n normas para la correcta aplicación del Capítulo\n IX del Reglamento a la actividad marítima
\n  
\n JUNTA BANCARIA:
\n
 
\n JB-2000-267 Refórmase\n la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria: "De la remuneraciones\n por servicios"
\n  
\n JB-2000-268 Refórmase\n la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria: "Constitución de\n Provisiones"
\n  
\n
FUNCION JUDICIAL
\n  
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL:
\n
 
\n Recursos de casación en los juicios laborales seguidos\n por las siguientes personas:
\n
 
\n 237-2000
Ing. Rosa Guillermina\n Sagñay Burgos en contra de la ECAPAG
\n  
\n 239-2000 Néstor López\n Córdova en contra del Municipio de Sucúa
\n  
\n 241-2000 Antonio Cruz Zambrano\n Coque en contra de Mario Défaz Sivinta
\n  
\n 248-2000 Blanca Marlene Miranda\n Soto en contra de Julio César Soto Soto
\n  
\n
250-2000 José Sebastián\n Meza en contra del Centro de Rehabilitación de Manabí\n
\n  
\n 251-2000 Fabio Gonzalo Suárez\n Sánchez en contra de Sociedad Refrescos S.A. y otro
\n  
\n
253-2000 Ingeniero comercial Franklin\n Aníbal López Mejía en contra de Autoridad\n Portuaria de Puerto Bolívar
\n  
\n 254-2000 Elías Marcillo\n Bermello Párraga en contra del Ministro de Obras Públicas\n
\n  
\n 255-2000 Norma Mireya Moreno\n Mora en contra de la fáhrica de papel La Reforma C.A.\n y otros
\n  
\n 256-2000 Jose Guillermo Santillán\n Pérez en contra de Multibanco B.G. Banco de Guayaquil\n S.A. y otros
\n  
\n 260-2000 Manuel Mesías\n Paspuel Mejía en contra de los herederos de Julia Elena\n Guerrón Bolaños
\n  
\n 261-2000 Perfecto Isaías\n Vera Alvarez en contra de la M.I. Municipalidad de Guayaquil\n
\n  
\n 262-2000 Raúl César\n Cabrera Muñoz en contra del Ministerio de Agricultura\n y Ganadería y otro
\n  
\n
267-2000 Miguel Agustín\n Sarmiento Criollo en contra de Autoridad Portuaria de Guayaguil\n
\n  
\n ORDENANZAS MUNICIPALES:

\n\n

Cantón Quinindé: Que crea la Dirección\n de Catastros y Avalúos
\n  
\n
Cantón\n Quinindé: Que reforma la Ordenanza que regula\n la amnistía de intereses y multas por mora en el pago\n de impuestos, tasas y contribución especial de mejoras\n
\n  
\n Cantón Quinindé:\n Que crea el Patronato Municipal de Amparo Social
\n

\n \n
\n

 

\n\n

No. 165

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere\n la ley,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Artículo 1. - Dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial\n No. 090, expedido el 29 de junio del 2000.

\n\n

Artículo 2. - Designar delegado, en representación\n del Ministerio de Economía y Finanzas, ante la Unidad\n Coordinadora del Programa de Emergencia para afrontar el Fenómeno\n del Niño, (COPEFEN), al señor lng. Jaime Santillán\n Pesantes, Subsecretario Regional del Litoral de esta Cartera\n de Estado.

\n\n

Comuníquese. - Quito, 24 de noviembre del 2000.

\n\n

f.) lng. Luis G. Iturralde M., Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Es copia, certifico.

\n\n

f.) Gabriel Vergara V., Secretario General del Ministerio\n de Economía y Finanzas.

\n\n

Quito, 24 de noviembre del 2000.

\n\n

 

\n\n

No. 166

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que\n le confiere la ley,

\n\n

Acuerde:

\n\n

Art. 1. - Delegar e instruir a la economista Fabiola Calero\n C., Subsecretaria del Tesoro y Crédito Público,\n encargada, para que a mi nombre y representación suscriba\n los contratos de dación en pago de los bonos destinados\n a la reestructuración de la deuda pública interna.

\n\n

Art. 2. - Dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial No. 159\n de 25 de octubre de 1999.

\n\n

Comuníquese. - Dado en el D.M. de Quito, a 24 de noviembre\n del 2000

\n\n

f.) lng. Luis G. Iturralde M., Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Es copia, certifico

\n\n

f) Gabriel Vergara V., Secretario General del Ministerio de\n Economía y Finanzas.

\n\n

Quito, 27 de noviembre del 2000.

\n\n

 

\n\n

No. 176\n - DDE

\n\n

LOS MINISTROS DE COMERCIO EXTERIOR,\n INDUSTRIALIZACION Y PESCA, Y DE SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:
\n

\n Que mediante Ley No. 152, promulgada en el Registro Oficial No.\n 927 del 4 de mayo de 1992, se creó el Consejo Nacional\n de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano,\n integrado por los ministros de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, y de Salud Pública;

\n\n

Que el Procurador General del Estado, mediante oficio No.\n 09293 del 7 de diciembre de 1999, manifestó que el Consejo\n debe contar con la asesoría de la Comisión Técnica,\n emitida dentro del plazo de treinta días previsto en el\n Art. 30 de la Ley de Modernización, plazo que debe contarse\n a partir de la recepción del requerimiento y, el Consejo\n debe pronunciarse en el término de los quince días\n posteriores a la recepción del informe;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1076, publicado en el Registro\n Oficial No. 253 de febrero 9 de 1998, se establecieron las normas\n administrativas para la fijación, revisión, reajuste\n y control de precios de los medicamentos de uso humano;

\n\n

Que mediante Ley No. 60, promulgada en el Registro Oficial\n No. 264 de febrero 26 de 1998, se reformó el Art. 235\n del Código de la Salud, que sanciona a los distribuidores,\n farmacias, droguerías y boticas, que comercialicen los\n medicamentos a precios que no sean los oficialmente autorizados;

\n\n

Que con el Acuerdo No. 990211, publicado en el Registro Oficial\n No. 215 del 18 de junio de 1999, el Subsecretario de Industrialización\n del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, se encuentra delegado por el titular de esta Cartera\n de Estado, para suscribir los acuerdos interministeriales que\n devienen de las resoluciones del Consejo Nacional de Fijación\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano;

\n\n

Que con el Acuerdo No. 00006 del 1 de febrero del 2000, el\n Ministro de Salud Pública delega a su representante ante\n el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano para que suscriba los acuerdos interministeriales\n que contienen las resoluciones adoptadas por tal organismo;

\n\n

Que mediante Acuerdo Interministerial No. 6 A - DDE del 3\n de febrero del 2000, se emitió una resolución de\n carácter general para el reajuste de precios de medicamentos\n de uso humano;

\n\n

Que el 20 de marzo del 2000, la empresa AVENTIS PHARMA S.A.\n presentó al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de reajuste de precios de 47 productos;

\n\n

Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 4 de abril del 2000,\n conoció la solicitud presentada por la empresa AVENTIS\n PHARMA S.A.;

\n\n

Que la solicitud de reajuste de precios cumple con lo dispuesto\n por el Acuerdo Interministerial No. 6 A - DDE del 3 de febrero\n del 2000; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

Acuerdan:

\n\n

Art. 1. - Reajustar los precios máximos de venta a\n farmacia y al público en todo el territorio nacional de\n los siguientes productos de la empresa AVENTIS PHARMA S.A.:

\n\n

(Anexo 12DIT1;2)

\n\n

Art. 2. - El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese. - Dado en Quito, Distrito\n Metropolitano, a 4 de abril del 2000.

\n\n

f) Augusto L. Tosi, Subsecretario de Industrialización,\n delegado del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca.

\n\n

f) Dr. Ramiro Echeverría Tapia, delegado del Ministerio\n de Salud Pública.

\n\n

Dirección Nacional de Industrias. - Oficina de Documentación\n y Archivo. f) Ilegible. Es fiel copia del original.- Lo certifico

\n\n

 

\n\n

No. 177\n - DDE

\n\n

LOS MINISTROS DE COMERCIO EXTERIOR,\n INDUSTRIALIZACION Y PESCA, Y DE SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Ley No. 152, promulgada en el Registro Oficial\n No. 927 del 4 de mayo de 1992, se creó el Consejo Nacional\n de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano,\n integrado por los ministros de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, y Salud Pública;

\n\n

Que el Procurador General del Estado, mediante oficio No.\n 09293 de 1999 - 12 - 07, manifestó que el Consejo debe\n contar con la asesoría de la Comisión Técnica,\n emitida dentro del plazo de treinta días previsto en el\n Art. 30 de la Ley de Modernización, plazo que debe contarse\n a partir de la recepción del requerimiento y, el Consejo\n debe pronunciarse en el término de los quince días\n posteriores a la recepción del informe;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1076, publicado en el Registro\n Oficial No. 253 de febrero 9 de 1998, se establecieron las normas\n administrativas para la fijación, revisión, reajuste\n y control de precios de los medicamentos de uso humano;

\n\n

Que mediante Ley No. 60, promulgada en el Registro Oficial\n No. 264 de febrero 26 de 1998, se reformó el Art. 235\n del Código de la Salud, que sanciona a los distribuidores,\n farmacias, droguerías y boticas, que comercialicen los\n medi-camentos a precios que no sean los oficialmente autorizados;

\n\n

Que con el Acuerdo No. 990211, publicado en el Registro Oficial\n No. 215 del 18 de junio de 1999, el Subsecretario de Industrialización\n del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, se encuentra delegado por el titular de esta Cartera\n de Estado, para suscribir los acuerdos interministeriales que\n devienen de las resoluciones del Consejo Nacional de Fijación\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano;

\n\n

Que con el Acuerdo No. 00006 del 1 de febrero del 2000, el\n Ministro de Salud Pública delega a su representante ante\n el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano para que suscriba los acuerdos interministeriales\n que contienen las resoluciones adoptadas por tal organismo;

\n\n

Que mediante Acuerdo Interministerial No. 6 A - DDE del 3\n de febrero del 2000, se emitió una resolución de\n carácter general para el reajuste de precios de medicamentos\n de uso humano;

\n\n

Que el 20 de marzo del 2000, la empresa HOSPIMEDIKKA CIA.\n LTDA., presentó al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de modificación al Acuerdo Interministerial\n No. DI - 482 - DCPM del 16 de noviembre de 1999 y reajuste de\n precios de 53 productos importados;

\n\n

Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 4 de abril del 2000,\n conoció la solicitud presentada por la empresa HOSPIMEDIKKA\n CIA. LTDA.;

\n\n

Que la solicitud de modificación del Acuerdo Interministerial\n No. DI - 482 - DCPM del 16 de noviembre de l999, cumple con lo\n establecido en el Decreto 1076;

\n\n

Que la solicitud de reajuste de precios para 47 productos\n cumple con lo establecido en el Acuerdo Interministerial No.\n 6 A - DDE del 3 de febrero del 2000, y para 6 productos no cumple\n por cuanto sus registros sanitarios se encuentran caducados;\n y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

Acuerdan:

\n\n

Art. 1. - Modificar el Acuerdo Interministerial No. DI - 482\n - DCPM del 16 de noviembre de 1999 en todo el territorio nacional\n del siguiente producto de la empresa
\n HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.:

\n\n

(Anexo 12DIT3)

\n\n

Art. 2. - Reajustar los precios máximos de venta a\n farmacia y al público en todo el territorio nacional de\n los siguientes productos de la empresa HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.:

\n\n

(Anexo 12DIT4;5)

\n\n

Art. 3. - Negar el reajuste de los precios máximos\n de venta a farmacia y al público en todo el territorio\n nacional de los siguientes productos de la empresa HOSPIMEDIKKA\n CIA. LTDA.:

\n\n

(Anexo 12DIT6)

\n\n

Art. 4. - El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese - Dado en Quito, Distrito\n Metropolitano, a 4 de abril del 2000.

\n\n

f.) Augusto L. Tosi, Subsecretario de Industrialización,\n delegado del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca.

\n\n

f.) Dr. Ramiro Echeverría Tapia, delegado del Ministerio\n de Salud Pública.

\n\n

Dirección Nacional de Industrias. - Oficina de Documentación\n y Archivo. - f.) Ilegible. - Es fiel copia del original. - Lo\n certifico.

\n\n

 

\n\n

No. 178\n - DDE

\n\n

LOS MINISTROS DE COMERCIO EXTERIOR,\n INDUSTRIALIZACION Y PESCA, Y DE SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Ley No. 152, promulgada en el Registro Oficial\n No. 927 del 4 de mayo de 1992, se creó el Consejo Nacional\n de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano,\n integrado por los ministros de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, y Salud Pública;

\n\n

Que el Procurador General del Estado, mediante oficio No.\n 09293 de 1999 - 12 - 07, manifestó que el Consejo debe\n contar con la asesoría de la Comisión Técnica,\n emitida dentro del plazo de treinta días previsto en el\n Art. 30 de la Ley de Modernización, plazo que debe contarse\n a partir de la recepción del requerimiento y, el Consejo\n debe pronunciarse en el término de los quince días\n posteriores a la recepción del informe;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1076, publicado en el Registro\n Oficial No. 253 de febrero 9 de 1998, se establecieron las normas\n administrativas para la fijación, revisión, reajuste\n y control de precios de los medicamentos de uso humano;

\n\n

Que mediante Ley No. 60, promulgada en el Registro Oficial\n No. 264 de febrero 26 de 1998, se reformó el Art. 235\n del Código de la Salud, que sanciona a los distribuidores,\n farmacias, droguerías y boticas, que comercialicen los\n medicamentos a precios que no sean los oficialmente autorizados;

\n\n

Que con el Acuerdo No. 990211, publicado en el Registro Oficial\n No. 215 del 18 de junio de 1999, el Subsecretario de Industrialización\n del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, se encuentra delegado por el titular de esta Cartera\n de Estado, para suscribir los acuerdos interministeriales que\n devienen de las resoluciones del Consejo Nacional de Fijación\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano;

\n\n

Que con el Acuerdo No 00006 del 1 de febrero del 2000, el\n Ministro de Salud Pública delega a su representante ante\n el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano para que suscriba los acuerdos interministeriales\n que contienen las resoluciones adoptadas por tal organismo;

\n\n

Que mediante Acuerdo Interministerial No. 6A - DDE del 3 de\n febrero del 2000, se emitió una resolución de carácter\n general para el reajuste de precios de medicamentos de uso humano,

\n\n

Que el 13 de marzo del 2000, la empresa GLAXO WELLCOME, presentó\n al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de modificación del Acuerdo Interministerial\n No. 081 - DDE del 2 de marzo del de reajuste de precios del producto\n importado;

\n\n

Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 4 de abril del 2000,\n conoció la solicitud presentada por la empresa GLAXO WELLCOME;

\n\n

Que la solicitud de modificación al Acuerdo Interministerial\n No. 081 - DDE del 2 de marzo del 2000 de reajuste de precios\n cumple con lo establecido en el Acuerdo Interministerial No.\n 6 A - DDE del 3 de febrero del 2000; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

Acuerdan:

\n\n

Art. 1. - Modificar los precios máximos de venta a\n farmacia y al público en todo el territorio nacional del\n siguiente. producto de la empresa GLAXO WELLCOME:

\n\n

(Anexo 12DIT7)

\n\n

Art. 2. - El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese - Dado en Quito, Distrito\n Metropolitano, a 4 de abril del 2000.

\n\n

f.) Augusto L. Tosi, Subsecretario de Industrialización,\n delegado del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca.

\n\n

f.) Dr. Ramiro Echeverría Tapia, delegado del Ministerio\n de Salud Pública.

\n\n

Dirección Nacional de Industrias. - Oficina de Documentación\n y Archivo. - f.) Ilegible. - Es fiel copia del original. - Lo\n certifico.

\n\n

 

\n\n

No. 179\n - DDE

\n\n

LOS MINISTROS DE COMERCIO EXTERIOR,\n INDUSTRIALIZACION Y PESCA, Y DE SALUD PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Ley No. 152, promulgada en el Registro Oficial\n No. 927 del 4 de mayo de 1992, se creó el Consejo Nacional\n de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano,\n integrado por los ministros de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, y Salud Pública;

\n\n

Que el Procurador General del Estado, mediante oficio No.\n 09293 de 1999 - 12 - 07, manifestó que el Consejo debe\n contar con la asesoría de la Comisión Técnica,\n emitida dentro del plazo de treinta días previsto en el\n Art. 30 de la Ley de Modernización, plazo que debe contarse\n a partir de la recepción del requerimiento y, el Consejo\n debe pronunciarse en el término de los quince días\n posteriores a la recepción del informe;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1076, publicado en el Registro\n Oficial No. 253 de febrero 9 de 1998, se establecieron las normas\n administrativas para la fijación, revisión, reajuste\n y control de precios de los medicamentos de uso humano;

\n\n

Que mediante Ley No. 60, promulgada en el Registro Oficial\n No. 264 de febrero 26 de 1998, se reformó el Art. 235\n del Código de la Salud, que sanciona a los distribuidores,\n farmacias, droguerías y boticas, que comercialicen los\n medicamentos a precios que no sean los oficialmente autorizados;

\n\n

Que con el Acuerdo No. 990211, publicado en el Registro Oficial\n No. 215 del 18 de junio de 1999, el Subsecretario de Industrialización\n del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, se encuentra delegado por el titular de esta Cartera\n de Estado, para suscribir los acuerdos interministeriales que\n devienen de las resoluciones del Consejo Nacional de Fijación\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano;

\n\n

Que con el Acuerdo No 00006 del 1 de febrero del 2000, el\n Ministro de Salud Pública delega a su representante ante\n el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano para que suscriba los acuerdos interministeriales\n que contienen las resoluciones adoptadas por tal organismo;

\n\n

Que mediante Acuerdo Interministerial No. 6A - DDE del 3 de\n febrero del 2000, se emitió una resolución de carácter\n general para el reajuste de precios de medicamentos de uso humano,

\n\n

Que el 20 y 27 de marzo del 2000, la empresa CORPORACION MERCANTIL\n INTERNACIONAL CIA. LTDA. "CORMIN", presentó\n al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de reajuste de precios de 57 productos\n importados;

\n\n

Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 4 de abril del 2000,\n conoció la solicitud presentada por la empresa CORPORACION\n MERCANTIL INTERNACIONAL CIA. LTDA. "CORMIN"

\n\n

Que la solicitud de reajuste de precios cumple con lo dispuesto\n por el Acuerdo Interministerial No. 6 A - DDE del 3 de febrero\n del 2000; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

Acuerdan:

\n\n

Art. 1. - - Reajustar los precios máximos de venta\n a farmacia y al público en todo el territorio nacional\n de los siguientes productos de la empresa CORPORACION MERCANTIL\n INTERNACIONAL CIA. LTDA. "CORMIN":

\n\n

(Anexo 12DIT8;9)

\n\n

Art. 2. - El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese - Dado en Quito, Distrito\n Metropolitano, a 4 de abril del 2000.

\n\n

f.) Augusto L. Tosi, Subsecretario de Industrialización,\n delegado del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca.

\n\n

f.) Dr. Ramiro Echeverría Tapia, delegado del Ministerio\n de Salud Pública.

\n\n

Dirección Nacional de Industrias. - Oficina de Documentación\n y Archivo. - f.) Ilegible. - Es fiel copia del original. - Lo\n certifico.

\n\n

 

\n\n

N0 062/2000

\n\n

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE\n Y DEL LITORAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, mediante Decreto Ejecutivo N0 168 del 21 de marzo de\n 1997, publicado en el Registro Oficial N0 32 del 27 de los mismos\n mes y año, se expidió el Reglamento a la Actividad\n Marítima, el mismo que sustituye al Reglamento de Trámites\n en la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral y\n capitanías de Puerto de la República;

\n\n

Que, es necesario armonizar las disposiciones constantes en\n el indicado reglamento con las del Código de Policía\n Marítima y dictar normas para su correcta aplicación\n conforme lo señala su disposición transitoria;\n y,

\n\n

En uso de la facultad indicada en el segundo considerando,

\n\n

Resuelve:

\n\n

DICTAR LAS SIGUIENTES NORMAS PARA LA CORRECTA APLICACION DEL\n CAPITULO IX DEL REGLAMENTO A LA ACTIVIDAD MARITIMA.

\n\n

Art. 1 . - Se establece el "Permiso de Tráfico"\n como único documento, justificativo de la nacionalidad,\n registro, condiciones de navegabilidad, seguridad, cumplimiento\n de requisitos y de no tener impedimento alguno para navegar en\n aguas ecuatorianas.

\n\n

Art. 2. - Todas las naves de bandera ecuatoriana, así\n como las de bandera extranjera charteadas por compañías\n navieras nacionales o pesqueras en contrato de asociación\n (por un lapso mayor a seis meses), deberán portar obligatoriamente\n el permiso de tráfico. Se exceptúa de esta obligatoriedad\n a las naves que operan como parte o accesorio de otras naves.

\n\n

Art. 3. - Las capitanías de puerto y las superintendencias\n de los terminales petroleros, previo el zarpe de las embarcaciones\n que se encuentren comprendidas un la presente resolución,\n deberán exigir la presentación del correspondiente\n permiso de tráfico debidamente legalizado, válido\n por el tiempo que la nave vaya a operar, caso contrario se negará\n el zarpe.

\n\n

Art. 4. - Para obtener el permiso de tráfico nacional\n o internacional, los usuarios deberán presentar los siguientes\n requisitos ante la Dirección General de la Marina Mercante.

\n\n

A.- REQUISITOS PARA OBTENER PERMISO DE TRAFICO NACIONAL PARA\n NAVES DE BANDERA ECUATORIANA:

\n\n

1. Matrícula de armador en vigencia (que posean una\n o más naves mayores de 50 TRB)

\n\n

2. Patente de navegación (naves mayores de 50 T.R.B.).

\n\n

3. Pasavante de navegación (naves en trámite\n de nacionalización).

\n\n

4. Certificado vigente de la inspección de seguridad\n (naves mayores de 10 T.R.B).

\n\n

5. Certificados vigentes de radio (naves mayores de 20 T.R.B)

\n\n

6. Permiso de pesca del año, original o copia certificada\n (buques pesqueros).

\n\n

7. Patente de operación turística, original\n o copia certificada (naves de turismo).

\n\n

8. Certificado de dotación mínima de seguridad\n (naves mayores de 50 TRB).

\n\n

PARA NAVES DE BANDERA EXTRANJERA, CHARTEADAS POR EMPRESAS\n NAVIERAS NACIONALES (POR MAS DE SEIS MESES) Y NAVES PESQUERAS\n BAJO CONTRATO DE ASOCIACION:

\n\n

1. Autorización de chárter o contrato de asociación.

\n\n

2. Certificado ecuatoriano de la inspección de seguridad\n en vigencia.

\n\n

3. Certificados ecuatorianos de radio en vigencia.

\n\n

B. REQUISITOS PARA OBTENER PERMISO DE TRAFICO INTERNACIONAL\n PARA NAVES DE BANDERA ECUATORIANA:

\n\n

1. Matrícula de armador en vigencia.

\n\n

2.. Patente de navegación.

\n\n

3. Pasavante navegación (naves en trámite de\n nacionalización).

\n\n

4. Certificado vigente de la inspección de seguridad.

\n\n

5. Certificados vigentes de radio.

\n\n

6. Certificados internacionales mandatorios de la OMI.

\n\n

Art. 5. - Los permisos de tráfico para las naves menores\n de 10 T.R.B. serán expedidos por las respectivas capitanías\n de puerto de registro de la nave, excepto las dedicadas al turismo\n bajo la modalidad de crucero y tour diario, que los otorgará\n esta Dirección General.

\n\n

Art. 6. - El permiso de tráfico nacional no habilita\n a la nave de bandera nacional para la salida del país\n con destino a puertos extranjeros.

\n\n

Art. 7. - A fin de mantener el control, el Departamento de\n Transporte Acuático de la Dirección General de\n Marina Mercante, llevará un registro de los permisos de\n tráfico concedidos utilizando el sistema kárdex\n o sistema automatizado.

\n\n

Art. 8. - La presente resolución entrará en\n vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dada en Guayaquil, a los siete días del mes de noviembre\n del año dos mil.

\n\n

f) Gonzalo Vega Valdiviezo, Contralmirante, Director General.

\n\n

 

\n\n

No. JB\n - 2000 - 267

\n\n

LA JUNTA BANCARIA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 204 de la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero establece que las remuneraciones por servicios\n activos, pasivos o de cualquier otra naturaleza que presten las\n instituciones financieras serán libremente fijadas por\n las partes;

\n\n

Que en el Subtítulo III "De los servicios financieros"\n del Título V, "De las operaciones y funcionamiento"\n de la codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria, consta el Capítulo I\n "De las remuneraciones por servicios";

\n\n

Que es necesario reformar dicha norma por cuanto, a través\n de una disposición de inferior jerarquía, se establecen\n limitaciones a un derecho establecido por ley, violentando el\n principio establecido en el segundo inciso del artículo\n 272 de la Constitución Política de la República;

\n\n

Que es necesario, con observancia de los límites legales\n y precautelando los intereses de los sectores involucrados, flexibilizar\n aquellas disposiciones que han producido un decrecimiento fundamental\n de la oferta de crédito, a efectos de reactivar el aparato\n productivo y permitir así que el Estado ecuatoriano cumpla\n con sus compromisos formalmente adquiridos ante los organismos\n multilaterales de crédito, y el consecuente flujo de los\n empréstitos acordados, que con el marco regulatorio actual\n peligra seriamente;

\n\n

Que de acuerdo con lo establecido en el literal b) del artículo\n 177 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero,\n la Junta Bancaria, en sesión celebrada el 27 de noviembre\n del 2000, aprobó la presente resolución; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO 1. - Sustituir el Capítulo I "De las\n remuneraciones por servicios", del Subtítulo III\n "De los servicios financieros", del Título V,\n "De las operaciones y funcionamiento" (página\n No. 95) de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria, por el siguiente:

\n\n

"Capitulo I. - De las remuneraciones por servicios.

\n\n

Sección I. - Determinación de las remuneraciones\n por servicios financieros.

\n\n

Artículo 1. - Se entenderá por comisión,\n la remuneración por un servicio financiero prestado por\n la institución, la cual se regulará de conformidad\n con lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley General\n de Instituciones del Sistema Financiero.

\n\n

Artículo 2. - Las comisiones que las instituciones\n del sistema financiero cobren en el otorgamiento de créditos,\n serán determinadas por libre negociación con sus\n clientes, quienes de manera expresa deberán aceptar las\n mismas.

\n\n

Las comisiones podrán ser determinadas en montos fijos\n o de manera porcentual, o de cualquier otra forma pactada por\n los contratantes.

\n\n

SECCION II. - DISPOSICIONES GENERALES

\n\n

Artículo 1. - Las instituciones financieras, en el\n otorgamiento de sus créditos, cumplirán de manera\n estricta las leyes que limitan la tasa máxima de interés\n a ser cobrado a sus clientes.

\n\n

Articulo 2. - Los casos de duda en la aplicación de\n la presente resolución serán resueltos por el Superintendente\n de Bancos.

\n\n

Artículo 3. - Se deroga la Resolución No. JB\n - 2000 - 221 de 9 de junio del 2000.".

\n\n

ARTICULO 2. - Esta resolución entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano,\n a los veintisiete días del mes de noviembre del dos mil.

\n\n

f.) Alejandro Maldonado García, Presidente de la Junta\n Bancaria.

\n\n

Lo certifico.

\n\n

Quito, Distrito Metropolitano, a los veintisiete días\n del mes de noviembre del dos mil,

\n\n

f.) Julio Maya Rivadeneira, Secretario de la Junta Bancaria.

\n\n

Superintendencia de Bancos.

\n\n

Certifico que es fiel copia del original.

\n\n

f.) Dr. Julio Maya Rivadeneira, Secretario General.

\n\n

28 de noviembre del 2000.

\n\n

 

\n\n

No. JB\n - 2000 - 268

\n\n

LA JUNTA BANCARIA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que en el Subtítulo II "De la calificación\n de activos y constitución de provisiones" del Título\n VII "De los activos y de los limites de crédito"\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta, consta el Capítulo I "Calificación\n de activos de riesgo y constitución de provisiones por\n parte de las instituciones controladas por la Superintendencia\n de Bancos";

\n\n

Que la disposición general novena de la Ley para la\n Transformación Económica del Ecuador, reformada\n por el artículo 124 de la Ley para la Promoción\n de la Inversión y Participación Ciudadana, dispone\n que la tasa máxima convencional, por encima de la cual\n se considerará delito de usura, será fijada periódica\n y obligatoriamente por el Directorio del Banco Central del Ecuador,\n la misma que tendrá un recargo del 50% sobre la tasa activa\n referencial vigente en la última semana completa del mes\n anterior;

\n\n

Que el primer inciso de la disposición transitoria\n décima de la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador establece que la Superintendencia de Bancos, dentro\n de los 360 días subsiguientes al 13 de marzo del 2000,\n emitirá trimestralmente, con aplicación general\n y obligatoria, una resolución en la cual establecerá\n la tasa de interés para las operaciones de crédito,\n sobre la base de los parámetros establecidos por el Directorio\n del Banco Central del Ecuador;

\n\n

Que el segundo inciso de la disposición transitoria\n décima de la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador dispone que para las operaciones de crédito\n concedidas a una tasa superior a la referida en el inciso anterior,\n la institución financiera deberá provisionar lo\n que establezca mediante resolución que para el efecto\n deberá dictar en forma obligatoria la Superintendencia\n de Bancos;

\n\n

Que es necesario revisar la norma contenida en el Capitulo\n I "Calificación de activos de riesgo y constitución\n de provisiones por parte de las instituciones controladas por\n la Superintendencia de Bancos", para adecuarla a las disposiciones\n legales vigentes;

\n\n

Que la norma que exige a las instituciones financieras efectuar\n provisiones, respecto de créditos, cuya tasa, pese a no\n infringir la tasa máxima permitida por la ley ha producido\n la desaparición del crédito a la microempresa,\n pequeña y mediana industria;

\n\n

Que es necesario, con observancia de los limites legales y\n precautelando los intereses de los sectores involucrados, flexibilizar\n aquellas disposiciones que han producido un decrecimiento fundamental\n de la oferta de crédito, a efectos de reactivar el aparato\n productivo y permitir así que el Estado ecuatoriano cumpla\n con sus compromisos formalmente adquiridos ante los organismos\n multilaterales de crédito, y el consecuente flujo de los\n empréstitos acordados, que con el marco regulatorio actual\n peligra seriamente;

\n\n

Que de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo\n 177 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero,\n Junta Bancaria, en sesión celebrada el 27 de noviembre\n del 2000, aprobó la presente resolución; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO 1. - Sustituir el artículo 4, de la Sección\n III "Constitución de provisiones" del Capítulo\n I "Calificación de activos de riesgo y constitución\n de provisiones por parte de las instituciones controladas por\n la Superintendencia de Bancos", del Subtítulo II\n "De la calificación de activos y constitución\n de provisiones" del Título VII "De los activos\n y de los límites de crédito", (página\n 112) de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria, por el siguiente:

\n\n

"Artículo 4. - Sin perjuicio de las demás\n consecuencias legales que fueren aplicables, las instituciones\n del sistema financiero deberán constituir provisiones\n equivalentes al 100% del monto del crédito por los riesgos\n inherentes a la tasa de interés, cuando ésta supere\n la tasa máxima permitida por la ley, por encima de la\n cual se considerará el crédito usurario.

\n\n

Las antes indicadas provisiones se constituirán respecto\n de los créditos que se concedan a partir de la vigencia\n de la presente resolución, incluyendo las operaciones\n de novación, reestructuración o refinanciamiento\n realizadas desde la misma fecha.

\n\n

Queda claramente establecido que estas disposiciones no implican\n autorización alguna de cobrar intereses superiores a los\n establecidos por la Ley y/o por el Directorio del Banco Central\n del Ecuador.".

\n\n

ARTICULO 2. - La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano,\n a los veintisiete días del mes de noviembre del dos mil.

\n\n

f.) Alejandro Maldonado García, Presidente de la Junta\n Bancaria.

\n\n

Lo certifico.

\n\n

Quito, Distrito Metropolitano, a los veintisiete días\n del mes de noviembre del dos mil.

\n\n

f.) Julio Maya Rivadeneira, Secretario de la Junta Bancaria.\n Superintendencia de Bancos.

\n\n

Certifico que es fiel copia del original.

\n\n

f.) Dr. Julio Maya Rivadeneira, Secretario General.

\n\n

28 de noviembre del 2000.

\n\n

 

\n\n

No. 237\n - 2000

\n\n

ACTORA: Rosa Sagñay Burgos.
\n DEMANDADA: La ECAPAG.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, a 7 de septiembre del 2000; a\n las 15h00.

\n\n

VISTOS: El Ing. José Luis Santos García, Gerente\n General y representante legal de la Empresa Cantonal de Agua\n Potable y Alcantarillado de Guayaquil, (ECAPAG), interpone recurso\n de casación de la sentencia dictada por la Cuarta Sala\n de la H. Corte Superior de Justicia de Guayaquil, que reforma\n la dictada por el Juez Quinto de Trabajo del Guayas, que declaró\n parcialmente con lugar la demanda, dentro del juicio verbal sumario\n de trabajo que ha propuesto la Ing. Rosa Guillermina Sagñay\n Burgos, contra la ECAPAG. Agotado el trámite previo, corresponde\n resolver y para hacerlo, se considera: PRIMERO. - Esta Sala es\n competente para conocer y decidir el recurso en mención,\n de conformidad con lo prescrito por el Art. 200 de la Constitución\n Política de la República y el Art. 1 de la Ley\n de Casación. SEGUNDO. - El recurrente impugna y censura\n la sentencia dictada por la Sala de Apelación porque estima\n que en la misma se han infringido las siguientes normas de derecho:\n Art. 611 del Código del Trabajo y Arts. 28 y 56 del Décimo\n Contrato Colectivo de Trabajo, suscrito entre la Empresa Provincial\n de Agua Potable del Guayas y el Comité de Empresa de sus\n Trabajadores, por aplicación indebida; y, además,\n la resolución de la Excma. Corte Suprema de Justicia del\n 12 de febrero de 1999, publicada en el RO. No. 138 del 1 de marzo\n de 1999, por falta de aplicación. El fundamento de su\n recurso de casación lo establece en la causal 10 del Art.\n 3 de la ley de la materia. TERCERO. - Confrontada la sentencia\n impugnada con el texto del recurso, autos y más constancias\n procesales, la Sala formula las siguientes precisiones: 1. -\n Los aspectos fundamentales planteados en el recurso de casación\n son los siguientes: 1.1. Que el pago de la bonificación\n por jubilación, así como el de los valores correspondientes\n a la remuneración mensual a la percibida en época\n de trabajo activo, que se origina por la falta de pago total\n del bono jubilatorio, no constituyen remuneración porque\n no hay la contraprestación de un servicio en relación\n de dependencia, siendo, por lo mismo, improcedente ordenar el\n pago de intereses a base de lo dispuesto en el Art. 611 del Código\n del Trabajo; 1.2. Que la ECAPAG no debe nada a la actora por\n concepto de subsidio de antigüedad, pues le pagó\n conforme a lo dispuesto en el Art. 28 del Décimo Tercer\n Contrato Colectivo de Trabajo, sin que, además, exista\n demostración de que la empresa demandada ha incumplido\n con el pago de esta obligación; y, 1.3. Falta de aplicación\n de la resolución dictada por la Excma. Corte Suprema de\n Justicia el 12 de febrero de 1999, que está publicada\n en el RO. No. 138 del 1 de marzo de 1999, que obliga a los jueces\n y tribunales de instancia en materia laboral, cuando condenen\n a una de las partes al pago de indemnizaciones u obligaciones\n no satisfechas, a determinar en sus fallos la cantidad que se\n debe pagar; 2. - En relación con el pago de intereses\n a que se refiere el numeral 1 . 1. que antecede, el Art. 611\n del Código del Trabajo, en efecto, no incluye el pago\n de los conceptos demandados con la carga de intereses, como errónea\n y equivocadamente lo ha resuelto el considerando 90 de la sentencia\n impugnada que, sobre la cuestión, sin distingo de ninguna\n naturaleza, dispuso: "Es procedente pagar intereses por\n los rubros reclamados en razón que los mismos están\n comprendidos en los casos señalados en el Art. 611 del\n Código de Trabajo...". En la especie, es evidente\n que no se deben remuneraciones sino, en parte, una bonificación:\n aquéllas son contraprestaciones por el trabajo realizado;\n ésta, en cambio, beneficios derivados del contrato colectivo,\n a los que accede el trabajador cuando ha cesado el vinculo jurídico\n de carácter laboral; 3. - El Décimo Tercer Contrato\n Colectivo de Trabajo fue suscrito el 18 de octubre de 1995 y\n estuvo vigente desde el 19 de agosto de 1995 hasta el 18 de febrero\n de 1996. La actora en su demanda señala que laboró\n para la demandada desde el 20 de febrero de 1969 hasta el 28\n de diciembre de 1994; aunque, realmente, la relación jurídica\n de carácter laboral se inició el 20 de febrero\n de 1968 y concluyó el 29 de diciembre de 1994, según\n se desprende de la vaga referencia que hace la sentencia que\n se impugna de los instrumentos que obran en el proceso de fs.\n 74 a 76 y 82 a 91, en el cuaderno de primer nivel. En el proceso\n no hay constancia de que la parte actora se haya preocupado durante\n la etapa de probanza de acreditar parámetros referenciales\n para el cálculo de subsidio de antigüedad que reclama,\n ni de adjuntar los contratos colectivos que hubieren estado vigentes\n en el período comprendido entre el año de 1986\n hasta el año de 1994, a fin de poder establecer la diferencia\n que pretende en el punto 4.2. de su demanda, puesto que no son\n las estipulaciones del Décimo Tercer Contrato Colectivo\n las que se pueden aplicar a esta parte de la materia litigiosa,\n sino, probablemente, la de alguno o algunos anteriores, por lo\n que esta pretensión procesal deviene sin base y, por ello,\n se la desecha; 4. - No hay la menor duda de que los señores\n magistrados de la Cuarta Sala de la H. Corte Superior de Justicia\n de Guayaquil: Abog. María Leonor Jiménez de Viteri\n y Dres. Gastón Alarcón Elizalde y Carlos Eduardo\n Jaramillo, no observaron lo dispuesto en la resolución\n de la Excma. Corte Suprema de Justicia a que alude el casacionista\n en el punto 1 .3. del numeral 1 de este considerando, circunstancia\n suficiente para que se los amoneste severamente, con notificación\n a la Dirección Nacional de Recursos Humanos, para los\n fines legales consiguientes, y se los prevenga de que en el futuro\n deben cumplir con esta obligación de carácter procesal,\n pues, de no hacerlo, serán sancionados enérgicamente.\n CUARTO. - Por todo lo expuesto considerando los términos\n en que ha sido planteado el recurso de casación, se establece\n que hay en la sentencia impugnada indebida aplicación\n del Art. 611 del Código de Trabajo y del Art. 28 del Décimo\n Tercer Contrato Colectivo, así como falta de aplicación\n de la resolución obligatoria antes referida. Sobre la\n base de las consideraciones expuestas, esta Tercera Sala de lo\n Laboral y Social de la Excma. Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n casa la sentencia recurrida en los términos expuestos\n y precisados. El Juez a - quo cumpla con la obligación\n de hacer personalmente, sin la intervención de perito,\n la liquidación que corresponda. Notifíquese, devuélvase\n y publíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Angel Lescano Fiallo, Nicolás Castro Patino\n y Jorge Ramírez Alvarez, Ministros Jueces.
\n Certifico.

\n\n

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre.

\n\n

Certifico que es fiel copia del original. Quito, 5 de octubre\n del 200<).

\n\n

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

\n\n

 

\n\n

No. 239\n - 2000

\n\n

ACTOR: Néstor López Córdova.
\n DEMANDADO: El Municipio de Sucúa.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, a 28 de septiembre del 2000;\n a las 15h00.

\n\n

VISTOS: Los representantes legales del Municipio de Sucúa,\n Braulio Alberto Rodríguez Calle y Abg. José Sancán\n Rodríguez, en sus calidades de Alcalde y Procurador Síndico\n del Municipio, respectivamente, interponen recurso de casación\n de la sentencia dictada por la Corte Superior de Justicia de\n Macas, la misma que reforma en parte la sentencia subida en grado,\n que declaró con lugar la demanda. Admitido a trámite\n el recurso, elevados los autos a esta Tercera Sala de lo Laboral\n y Social de la Corte Suprema de Justicia en virtud del sorteo\n de ley y encontrándose la causa en estado de resolver,\n para hacerlo, se considera: PRIMERO. - De acuerdo a lo prescrito\n en el Art. 1 de la Ley de Casación y el Art. 200 de la\n Constitución Política del Estado, esta Sala de\n lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, es la competente\n para conocer el recurso en cuestión. SEGUNDO. - Las normas\n de derecho que la recurrente estima violadas en la resolución\n que impugna son los Arts.: 228 y 230 de la Constitución\n Política del Estado; Arts. 2, 17 numerales 1, 8, 10 y\n 76 de la Ley de Régimen Municipal; Art. 58 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control; Arts. 3 y 21 de\n la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos; Arts.\n 117, 119, 121, 123, 125 y 301 del Código de Procedimiento\n Civil; Arts. 2372 y 2386 del Código Civil; Arts. 8, 169\n numerales 1 y 3, 184, 188, 185, 189, 111, 113, 115, 69 y 201\n del Código del Trabajo; Art. 11 reformado de la Ley Sustitutiva\n a la Compensación del Transporte; Arts. 1, 5, 12, 13 y\n 17 del Sexto Contrato Colectivo. Fundamenta su recurso en las\n causales uno y tres del Art. 3 de la Ley de Casación.\n El escueto, vago e impreciso escrito que contiene el recurso\n de casación señala genéricamente que la\n falta de aplicación o errónea interpretación\n de las normas de derecho que invocan, ha influenciado decisivamente\n en el fallo, perjudicando considerablemente los intereses de\n la institución recurrente. TERCERO. - La confrontación\n verificada en torno al contenido del recurso, las normas jurídicas\n y los autos, así como el análisis minucioso del\n proceso, permiten formular las siguientes reflexiones: 1 . -\n La forma y el fondo en que se ha concebido e Interpuesto el recurso\n de casación dificulta al Tribunal de Casación la\n averiguación y precisión indispensable para valorar\n la alegación de ilegalidad de la sentencia, pues los recurrentes\n no indican en su exposición de censura. cuáles\n son las normas jurídicas que en su criterio fueron violadas\n por aplicación indebida, por falta de aplicación\n o por errónea interpretación, ni en cuál\n de las causales del Art. 3 de la Ley de Casación se encasillan\n las supuestas violaciones en que afirma la recurrente ha incurrido\n el Tribunal de Apelación. De otro lado, resulta absurdo\n e ilógico que una misma norma de derecho pueda ser transgredida\n simultáneamente por aplicación indebida, falta\n de aplicación o errónea interpretación;\n 2. - La demandada, en la audiencia de conciliación que\n obra de fs. 27 vta, a 28 del cuaderno de primer nivel, propuso\n entre otras excepciones: negativa pura y simple e incompetencia\n del Juez 'y cosa juzgada; 3. - Al tenor de lo que preceptúa\n el Art. 118 del Código de Procedimiento Civil, cada parte\n está obligada a probar los hechos que alega, excepto los\n que se presumen conforme a la ley; 4. - Del proceso no existe\n prueba fehaciente alguna que la demandada haya presentado con\n el objeto de probar las excepciones planteadas en la contestación\n de la demanda; 5. - En cambio, el actor ha presentado un cúmulo\n de pruebas tendientes a demostrar lo aseverado en su libelo inicial,\n entre las que se destaca la que obra de fs. 28, documento intitulado\n "NOTIFICACION" por el cual el Alcalde de Sucúa\n y el Jefe de Personal (E) le agradecen al trabajador López\n Córdova por los servicios prestados a la entidad accionada\n y con el cual se prueba fehacientemente el hecho del despido;\n los instrumentos de fs. 52 a 57 entre los que obran los contratos\n de trabajo suscritos por la Corporación Municipal y el\n accionante; así como los roles de pago que obran de fs.\n 58 a 77 del cuaderno de primer nivel. En torno a la cosa juzgada\n que alega la recurrente que ha existido, este Tribunal de Casación\n considera que el Tribunal de Alzada ha hecho un análisis\n exhaustivo del tema, llegando a una conclusión con la\n cual concuerda la Sala. CUARTO. - En consecuencia, no se aprecia\n en el fallo recurrido violación de norma o precepto jurídico\n alguno. Sobre la base de las consideraciones expuestas, esta\n Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, desecha el recurso de casación. Notifíquese,\n devuélvase y publíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Angel Lescano Fiallo, Nicolás Castro Patino\n y Jorge Ramírez Alvarez, Ministros Jueces.

\n\n

Certifico.

\n\n

f.)

 

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