Registro Oficial

Registro Oficial. 29 de DICIEMBRE del 2000 Suplemento

Viernes, 29 de diciembre de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE DICIEMBRE DEL 2000
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Viernes 29 de Diciembre del 2000

\n

REGISTRO OFICIAL No. 234

\n

SEGUNDO SUPLEMENTO

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA
\n  
\n ACUERDOS:
\n  
\n MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS:
\n
 
\n
102\n Modificase\n el Reglamento Interno de Contratación para la Adquisición\n de Bienes Muebles, Ejecución de Obras y la Prestación\n de Servicios
\n  
\n
108 Fíjanse los valores de los derechos\n por servicios de regulación y control de la actividad\n hidrocarburífera
\n  
\n
109 Autorízase a las compañías\n NIPPON OIL EXPLORATION (ECUADOR) INC; YUKONG LIMITED;KOREA PETROLEUM\n DEVELOPMENT CORPORATION, que cedan y transfieran cada una de\n ellas, la totalidad de los derechos y obligaciones del Contrato\n de Participación para la Exploración y Explotación\n de Hidrocarburos en el Bloque No. 11 de la Región Amazónica\n ecuatoriana, a favor de la compañía LUMBAQUI
\n  
\n
RESOLUCIONES:
\n  
\n CONSEJO NACIONAL DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO:
\n
 
\n Déjase sin efecto la homologación\n y valoración de los puestos de la Presidencia de la República,\n aprobada con Resolución N' 200993 de 20 de junio del 2000,\n y apruébase la Escala de Sueldos Básicos para los\n servidores de la Presidencia de la República

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

198-2000-TP Confírmase la resolución\n de 26 de julio del 2000, emitida por el Alcalde del Municipio\n de Esmeraldas, que niega el recurso de hábeas corpus interpuesto\n por el abogado Victor Junior Leon Luna
\n  
\n
194-2000-TP Revócase la resolución\n expedida por el Juez Décimo Segundo de lo Civil de Pichincha,\n consecuentemente deséchase la acción de amparo\n constitucional formulada por el señor Ec. Patricio Miguel\n Vivero Arellano
\n  
\n
ORDENANZAS\n METROPOLITANAS:
\n
 
\n 044 Cantón Quito: Reformatoria\n al Código Municipal, que determina los avalúos\n generales para la propiedad urbana y suburbana o rural
\n  
\n 045 Cantón Quito: Rectificatoria\n del Capitulo III del Titulo I del Libro Tercero del Código\n Municipal que contiene la cuantía y forma de cálculo\n de los impuestos de patente
\n  
\n
ORDENANZAS\n MUNICIPALES:
\n
 
\n Cantón Guayaquil: De\n regeneración urbana para la ciudad de Guayaquil
\n  
\n Cantón San Francisco de Puebloviejo:\n Reformatoria a la Ordenanza modificada que establece el cobro\n de la tasa de servicio de recolección de basura y aseo\n público
\n  
\n
Cantón\n San Francisco de Puebloviejo:\n Reformatoria\n a la Ordenanza modificada que regula el servicio de los camales\n municipales
\n  
\n Cantón San Francisco de Puebloviejo:\n Reformatoria a la Ordenanza modificada que regula el cobro de\n la tasa por el servicio de agua potable
\n  
\n Cantón San Francisco de Puebloviejo:\n Que reglamenta la recaudación del impuesto a los predios\n urbanos
\n  
\n Cantón Salcedo: Que\n reglamenta la determinación y recaudación de las\n tasas de servicios técnicos y administrativos
\n  
\n Cantón Rumiñahui:\n Para la administración y recaudación\n de la tasa por servicio de mantenimiento vial y reparación\n del equipo caminero
\n  
\n Cantón Rumiñahui:\n Para la administración y recaudación de la tasa\n por servicio de mantenimiento y modernización del catastro\n predial
\n

\n \n
\n

No. 102

\n\n

EL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, mediante Acuerdo No. 037 de 22 de marzo del 2000, publicado\n en el Registro Oficial No. 46 de 29 de los mismos mes y año,\n se expidió el "Reglamento Interno de Contratación\n para la Adquisición de Bienes Muebles, Ejecución\n de Obras y la Prestación de Servicios";

\n\n

Que, es necesario actualizar y agilizar la tramitación\n de los procesos de selección de contratistas para ejecución\n de obras, adquisición de bienes y prestación de\n servicios no regulados por la Ley de Consultoría, armonizando\n estas normas con las disposiciones de la Ley de Contratación\n Pública, normando internamente los procedimientos para\n la ejecución de obras, adquisición de bienes y\n prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoría;\n y.

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el último\n inciso del articulo 16 del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva y el artículo\n 6, literal d) de la Codificación del Reglamento Orgánico\n Funcional del Ministerio de Energía y Minas, así\n como en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo inciso del\n artículo 62 de la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador, que reformó el artículo 4 de la Ley\n de Contratación Pública,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Expedir las siguientes reformas al "Reglamento Interno\n de Contratación para la Adquisición de Bienes Muebles,\n Ejecución de Obras y la Prestación de Servicios"\n del Ministerio de Energía y Minas.

\n\n

Art. 1. - El Artículo 4 del "Reglamento Interno\n de Contratación para la Adquisición de Bienes Muebles,\n Ejecución de Obras y la Prestación de Servicios"\n dirá:

\n\n

Art. 4. - Cuantía y Ordenadores: El trámite\n de contratación para la adquisición de bienes,\n ejecución de obras y prestación de servicios que\n requiera el Ministerio de Energía y Minas, se regirá\n a las cuantías y ordenadores de gastos que constan en\n el siguiente cuadro:

\n\n

(Anexo 2°s 29DIT1;2)

\n\n

Las adquisiciones de bienes, ejecución de obras y prestación\n de servicios no regulados por la Ley de Consultoría, cuyo\n presupuesto referencial sea mayor al que resulte luego de multiplicar\n el coeficiente 0.00002 por el monto del presupuesto inicial del\n Estado del correspondiente ejercicio económico, se sujetarán\n a lo previsto en los literales a) y b) del articulo 4 de la Ley\n de Contratación Pública.

\n\n

Art. 2. - El artículo 8 dirá: "De la Contratación\n Directa y de la Selección de tres cotizaciones/proformas\n u ofertas". - El Subsecretario Administrativo, a petición\n de cualquiera de los Subsecretarios o Directores de Area del\n Ministerio, será el responsable de resolver la adquisición\n de obras, bienes y servicios, por las cuantías mencionadas\n en el articulo 4 de este Reglamento. Para estos propósitos\n cualquiera de los Subsecretarios o de los Directores de Area\n obtendrán las cotizaciones/proformas u ofertas del Registro\n de Proveedores descrito en el artículo 5, excepción\n hecha de aquellas adquisiciones para las que no se cuente con\n proveedores registrados, en cuyo caso se procederá a obtener\n tales cotizaciones/proformas u ofertas de proveedores o profesionales\n de reconocido prestigio y experiencia.

\n\n

Los Subsecretarios y Directores serán administrativa,\n civil y penalmente responsables por Los procesos de adquisición\n que tramiten.

\n\n

Art. 3. - El artículo 9 del Reglamento dirá:\n "Cotizaciones/proformas u ofertas únicas. - Si el\n proveedor es representante exclusivo en el país de determinados\n bienes o servicios o hubiere un solo oferente que haya acudido\n a un requerimiento del Ministerio, hecho que deberá justificarse\n documentadamente, podrá utilizarse una sola cotización/proforma\n u oferta.".

\n\n

Art. 4. - El artículo 10 del Reglamento reemplácese\n por el siguiente: "Cuadro Comparativo - Comisión".\n - Para el caso de la selección de tres cotizaciones/proformas\n u ofertas, el Subsecretario Administrativo una vez recibido el\n pedido de los Subsecretarios o Directores de Area, con las cotizaciones/proformas\n u ofertas remitidas por ellos, designará una comisión\n técnica - económica - jurídica que presentará,\n 'en el plazo que éste fije, un informe con el análisis\n y evaluación realizado, junto con el cuadro comparativo\n respectivo y las conclusiones y recomendaciones que estimare\n indispensables. Dicha Comisión acompañará\n al informe las cotizaciones/proformas u ofertas presentadas,\n así como la solicitud de los bienes, obras o servicios\n requeridos, suscrita por el responsable de la Unidad solicitante.\n Con dicho informe, el Subsecretario decidirá lo más\n conveniente para los intereses institucionales, pudiendo adjudicar\n o declarar desierto el procedimiento.".

\n\n

Art. 5. - El primer inciso del artículo 15 dirá:\n "De la selección del Contratista por Contratación\n Directa. - El Ministerio observará cualquiera de las siguientes\n dos alternativas:".

\n\n

Art. 6. - Suprímese el Capítulo VI del Reglamento\n y su contenido.

\n\n

Art. 7. - Elimínese de todos los artículos del\n reglamento en los que conste, la frase "Comisión\n de Adquisiciones".

\n\n

Art. 8. - Vigencia. - El presente acuerdo entrará en\n vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese.

\n\n

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a 14 de\n diciembre del 2000.

\n\n

f.) Ing. Pablo Terán Ribadeneira, Ministro de Energía\n y Minas.

\n\n

Es fiel copia del original. - Lo certifico. - Quito, a 18\n de diciembre del 2000. - f.) Director General Administrativo.

\n\n

 

\n\n

No. 108

\n\n

EL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, de conformidad con el numeral 6 del artículo 179\n de la Constitución Política de la República\n del Ecuador corresponde a los Ministros de Estado expedir las\n normas, acuerdos y resoluciones que requiera la gestión\n ministerial;

\n\n

Que, el inciso agregado al artículo 9 de la Ley de\n Hidrocarburos por el artículo 33 de la Ley para la Promoción\n de la Inversión y Participación Ciudadana, faculte\n al Ministro del Ramo la fijación de los derechos por los\n servicios de regulación y control que presten sus dependencias.\n Los recursos que se generen por estos derechos y por las multas\n impuestas conforme a los artículos 77 y 78 de esta ley\n serán recibidos y administrados directamente por el ministerio\n del ramo sobre la base del registro que se haga de ellos en el\n Ministerio de Economía y Finanzas, como parte del presupuesto\n institucional aprobado;

\n\n

Que, el artículo 9 de la Ley de Hidrocarburos dispone\n que el Ministro del Ramo es el funcionario encargado de la política\n de hidrocarburos así como de la aplicación de la\n presente ley para lo cual está facultado para dictar los\n reglamentos y disposiciones que se requieran;

\n\n

Que, la Subsecretaría de Protección Ambiental\n mediante memorando No. SPA - 127 de 24 de octubre del 2000, ha\n emitido su informe técnico favorable sobre la fijación\n de derechos por servicios de regulación y control que\n realiza la Dirección Nacional de Protección Ambiental;

\n\n

Que, la Dirección Nacional de Hidrocarburos y la Dirección\n de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía\n y Minas han emitido el memorando conjunto No. 001 - DNH - DAJ\n - 2000 de 24 de octubre del 2000, el mismo que contiene su informe\n favorable en lo atinente a los aspectos técnico y legal;\n y,

\n\n

En ejercicio de las facultades previstas en los artículos\n 9 de la Ley de Hidrocarburos y I6 del Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1. - Fijar los valores de los derechos por servicios\n de regulación y control de la actividad hidrocarburífera\n que prestan las dependencias de esta Secretaria de Estado, de\n conformidad con las tablas adjuntas

\n\n

DERECHOS POR SERVICIOS DE REGULACION Y CONTROL QUE REALIZA\n LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL

\n\n

(Anexo 29sDIT3;6)

\n\n

Art. 2. - Los pagos de los derechos se realizarán directamente\n a la cuenta corriente No. 0130988 - 9 del Banco del Pichincha.\n EL comprobante de depósito que se entregará al\n Ministerio de Energía y Minas habilitará el pedido\n de trámite respectivo.

\n\n

Art. 3. - Las personas naturales y jurídicas cuyas\n actividades hidrocarburíferas están sujetas a la\n regulación y el control que ejerce esta Cartera de Estado,\n deberán cumplir oportunamente con el pago de los derechos\n establecidos.

\n\n

Art. 4. - Las dependencias administrativas a cargo de los\n procesos remitirán diariamente a la Dirección Financiera\n un listado de los pagos recibidos señalando las actividades\n por las cuales se ha cancelado el derecho, adjuntado copias de\n los comprobantes de depósitos presentados.

\n\n

Art. 5. - La Dirección Financiera sobre la base de\n la información recibida de las unidades administrativas\n presentará un informe mensual para conocimiento del Ministro\n de Energía y Minas y luego de su consolidación\n anual la remitirá al Ministerio de Economía y Finanzas,\n para el registro correspondiente.

\n\n

Art. 6. - La Dirección Nacional de Hidrocarburos y\n la Dirección Nacional de Protección Ambiental impartirán\n las instrucciones y disposiciones necesarias para el cabal cumplimiento\n de este acuerdo.

\n\n

Art. 7. - El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir del 1 de enero del 2001 sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Publíquese y ejecútese.

\n\n

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 15 de diciembre del\n 2000.

\n\n

f) Ing. Pablo Terán Ribadeneira, Ministro de Energía\n y Minas.

\n\n

Es fiel copia del original. - Lo certifico. - Quito, a 18\n de diciembre del 2000. - f) Director General Administrativo.

\n\n

 

\n\n

No. 109

\n\n

EL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que los Arts. 244, numeral 7, y 247 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador, publicada\n en el Registro Oficial No. 1 de 11 de agosto de 1998, preceptúa\n que es deber del Estado ecuatoriano explotar racionalmente sus\n recursos naturales no renovables, en función de los intereses\n nacionales, de manera directa o con la participación del\n sector privado;

\n\n

Que el Art. 79 de la Ley de Hidrocarburos, modificado por\n la Ley 45, publicada en el Registro Oficial No. 283 de 26 de\n septiembre de 1989, dispone que la transferencia de un contrato\n o la cesión a terceros de derechos provenientes de un\n contrato, serán nulas y no tendrán valor alguno\n si no precede autorización del Ministerio del ramo, sin\n perjuicio de la declaración de caducidad según\n lo previsto en la presente ley;

\n\n

Que el Art. 7 del Reglamento al Art. 79 de la Ley de Hidrocarburos,\n contenido en el Decreto Ejecutivo No. 809, publicado en Registro\n Oficial No. 197 de 31 de mayo de 1985, establece que: "Cuando\n la contratista fuere un consorcio o asociación de empresas\n la cesión total o parcial de los derechos provenientes\n del contrato entre dichas empresas, o la cesión a empresas\n matrices, filiales o subsidiarias de las empresas que conformen\n el consorcio o asociación solo requerirán la autorización\n del Ministro del Ramo y no estarán sujetas al pago de\n la prima ni al mejoramiento de las condiciones económicas\n del contrato en beneficio del Estado, en tanto esto no signifique\n transferencia a terceros de derechos provenientes del contrato\n primitivo":

\n\n

Que mediante escritura pública celebrada ante el Notario\n Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 18 de enero\n de 1995, se suscribió el Contrato de Participación\n para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos\n en el Bloque No. 11 de la Región Amazónica ecuatoriana,\n entre PETROECUADOR y las compañías PETROLERA SANTA\n FE (ECUADOR) LIMITADA, KOREA PETROLEUM DEVELOPMENT CORPORATION,\n NIPPON OIL EXPLORATION (ECUADOR) INC. Y YUKONG LIMITED, e inscrita\n en el Registro Técnico de Hidrocarburos de la Dirección\n Nacional de Hidrocarburos el 17 de febrero del mismo año:

\n\n

Que el 15 de junio del 2000, la Dirección Nacional\n de Hidrocarburos, procede a inscribir en el Registro de Hidrocarburos\n a folios 2670 al 2680, el cambio de denominación de la\n compañía extranjera PETROLERA SANTA FE (ECUADOR)\n LTD. por la de LUMBAQUI OIL LTD.;

\n\n

Que en el contrato antes indicado dichas compañías\n tienen la siguiente participación: LUMBAQUI OIL LTD.,\n el 35%; KOREA PETROLEUM DEVELOPMENT CORPORATION, el 14%: NIPPON\n OIL EXPLORATION (ECUADOR) INC., 30%; y. YUKONG LIMITED, el 21%;

\n\n

Que con oficio No. LOL - 062 - 00 de 11 de agosto del 2000,\n los Apoderados Generales de las compañías NIPPON\n OIL EXPLORATION (ECUADOR) INC., YUKONG LIMITED y KOREA PETROLEUM\n DEVELOPMENT CORPORATION solicitan a esta Secretaria de Estado\n autorización para proceder a la transferencia de la totalidad\n de los derechos y obligaciones del Contrato de Participación\n para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos\n en el Bloque No. 11 de la Región Amazónica ecuatoriana,\n a favor de la compañía LUMBAQUI OIL LTD.;

\n\n

Que mediante oficio No. LOL - 122 - 00 de 24 de octubre del\n 2000, la compañía LUMBAQUI OIL LTD., remite la\n documentación que demuestra la solvencia técnica\n financiera de la citada compañía;

\n\n

Que la Dirección Nacional de Hidrocarburos y la Dirección\n de Asesoría Jurídica de este Ministerio, con memorandos\n Nos. 104 - DNH - EH - CE - PI 006253 y 645 - DAJ - JE - 2000,\n de 8 y 13 de diciembre del 2000, en su orden, emitieron los informes\n pertinentes; y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que conferida por el artículo\n 79 de la Ley de Hidrocarburos, en concordancia con los artículos\n 3, 5, 7, 8 y 9 del Reglamento para la Aplicación del artículo\n 79 de la Ley de Hidrocarburos, expedido mediante Decreto Ejecutivo\n No. 809, publicado en el Registro Oficial No. 197, de 31 de mayo\n de 1985, reformado por los Decretos Ejecutivos Nos. 2713 y 1179,\n publicados en los Registros Oficiales Nos. 694 y 270, de 12 de\n mayo de 1995 y 6 de marzo de 1998, en su orden,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1. - AUTORIZAR a las compañías NIPPON OIL\n EXPLORATION (ECUADOR) INC., accionaria del 30%; YUKONG LIMITED,\n accionaria del 21%; y, KOREA PETROLEUM DEVELOPMENT CORPORATION,\n accionaria del 14%, que cedan y transfieran cada una de ellas,\n la totalidad de los derechos y obligaciones del Contrato de Participación\n para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos\n en el Bloque No. 11 de la Región Amazónica ecuatoriana,\n a favor de la compañía LUMBAQUI OIL LTD.

\n\n

Art. 2. - Autorizar la suscripción de la correspondiente\n escritura pública entre las cedentes y la cesionaria,\n y por el Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR de conformidad\n con lo dispuesto en el Art. 5 del Decreto Ejecutivo N0 809, publicado\n en Registro Oficial No. 197 de 31 de mayo de 1985, reformado.

\n\n

Art. 3. - Será obligación de las cedentes mantener\n vigentes las garantías y seguros que hubieren rendido\n para la celebración y ejecución del citado contrato,\n hasta que la cesionaria los sustituya en su totalidad, a entera\n satisfacción de PETROECUADOR

\n\n

Art. 4. - Las cedentes y cesionaria no están sujetes\n al pago al Estado de la prima de traspaso ni al mejoramiento\n de las condiciones económicas del contrato suscrito con\n PETROECUADOR, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 7 del\n indicado Decreto Ejecutivo No. 809, publicado en el Registro\n Oficial No 197 de 31 de mayo de 1985, reformado.

\n\n

Art. 5. - En ningún caso la transferencia total de\n los derechos y obligaciones autorizada mediante el presente acuerdo\n ministerial, podrán originar el deterioro de la solvencia\n financiera y capacidad operativa de la contratista, ni podrá\n afectar negativamente el cronograma de trabajos e inversiones\n contemplados en el mencionado contrato original o la participación\n económica del Estado o de PETROECUADOR.

\n\n

Art. 6. - La transferencia total de derechos y obligaciones\n que se autoriza mediante el presente acuerdo ministerial surtirá\n efectos jurídicos a partir de la fecha de la inscripción\n de su escritura pública en el Registro Técnico\n de Hidrocarburos de la Dirección Nacional de Hidrocarburos\n y, luego de que las cedentes y la cesionaria den cumplimiento\n a los requisitos establecidos en la ley, reglamentos y en el\n presente acuerdo ministerial, lo cual será certificado\n por PETROECUADOR.

\n\n

Art. 7. - La Dirección Nacional de Hidrocarburos, conjuntamente\n con PETROECUADOR, supervisarán el cumplimiento de todas\n las obligaciones y exigencias legales. reglamentarias y administrativas,\n que regulen este tipo de cesiones.

\n\n

Art. 8. - Las cedentes y la cesionaria cumplirán, además,\n con todas las disposiciones legales y reglamentarias que rigen\n esta materia.

\n\n

Comuníquese . -

\n\n

Dado, en Quito, 18 de diciembre del 2000.

\n\n

f.) Ing. Pablo Terán Ribadeneira, Ministro de Energía\n y Minas.

\n\n

Es fiel copia del original. - Lo certifico. - Quito, a 18\n de diciembre del 2000. - f) Director General Administrativo.

\n\n

 

\n\n

N0 047

\n\n

EL CONSEJO NACIONAL DE REMUNERACIONES\n DEL SECTOR PUBLICO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, mediante Decretos Ejecutivos Nos. 41, 120 y 386, publicados\n en los Registros Oficiales Nos. 11, 27 y 83 de 25 de agosto,\n I6 de septiembre de 1998 y 23 de mayo del 2000, se crearon, la\n Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional OSCIDI;\n la Oficina de Planificación ODEPLAN; y, la Secretaria\n General de Comunicación como dependencias de la Presidencia\n de la República; en sustitución de la Secretaría\n Nacional de Desarrollo Administrativo SENDA; Consejo Nacional\n de Desarrollo CONADE; y, Ministerio de Comunicación del\n Estado;

\n\n

Que, el Consejo Nacional de Modernización del Estado,\n a través del Proyecto MOSTA y de la Oficina de Servicio\n Civil y Desarrollo Institucional, OSCIDI, desarrollaron el Nuevo\n Sistema de Gestión Organizacional y de Recursos Humanos\n a implementarse en las entidades del sector público, en\n el marco del proceso de Modernización Administrativa del\n Estado;

\n\n

Que, la Secretaría General de Comunicación,\n la OSCIDI y ODEPLAN; concluyeron los procesos de reestructuración\n integral de gestión organizacional, constituyéndose\n en instituciones pilotos para la implantación del Nuevo\n Modelo de Gestión Organizacional y de Recursos Humanos;

\n\n

Que, el Nuevo Modelo de Gestión Organizacional y de\n Recursos Humanos, considera el establecimiento de un Indice Ocupacional\n Genérico, acorde a los principios de: ingreso por mérito\n y oposición, profesionalización del servidor público,\n carrera sustentada en las competencias y productividad de los\n servidores; y, mejoramiento del sistema retributivo;

\n\n

Que, con Resolución No. 200993 de 20 de junio del 2000,\n la Subsecretaria de Presupuestos y Contabilidad del Ministerio\n de Economía y Finanzas, aprueba reformas al vigente Distributivo\n de Sueldos de la Presidencia de la República, por la cual\n se cambia las valoraciones de puestos de la Presidencia de la\n República;

\n\n

Que, de acuerdo a lo prescrito en la Ley para la Reforma de\n las Finanzas Públicas, es facultad privativa del Consejo\n Nacional de Remuneraciones del Sector Público, determinar\n y fijar la política remunerativa de los servidores públicos\n de las instituciones del Estado; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1. - Dejar sin efecto la homologación y valoración\n de los puestos de la Presidencia de la República, aprobados\n con Resolución No. 200993 de 20 de junio del 2000, por\n la Subsecretaria de Presupuestos y Contabilidad del Ministerio\n de Economía y Finanzas.

\n\n

Art. 2. - Aprobar la siguiente Escala de Sueldos Básicos\n para los servidores de la Presidencia de la República:

\n\n

GRADO SUELDO
\n BASICO
\n
\n 1 70
\n 2 80
\n 3 85
\n 4 90
\n 5 95
\n 6 100
\n 7 110
\n 8 120
\n 9 130
\n 10 140
\n 11 150
\n 12 170
\n 13 190
\n 14 210

\n\n

Art. 3. - Incorporar los Gastos de Residencia a los Gastos\n de Representación; estableciéndose la siguiente\n escala unificada para la Presidencia de la República:

\n\n

GRADO GASTOS DE
\n REPRESENTACION

\n\n

2
\n 3
\n 4
\n 5
\n 6
\n 7
\n 8 35.00
\n 9 40.00
\n 10 45.00
\n 11 50.00
\n 12 55.00
\n 13 60.00
\n 14 70.00

\n\n

Art. 4. - Aprobar la siguiente escala para el pago de la Bonificación\n por Responsabilidad para la Presidencia de la República:

\n\n

PUESTO PORCENTAJE
\n DEL SUELDO BÁSICO

\n\n

CON JERARQUIA DE MINISTRO Y
\n SUBSECRETARIO DE ESTADO 70
\n DIRECTIVO 60
\n PROFESIONAL 55
\n PREPROFESIONAL 45
\n TECNICO 40
\n ASISTENTE ADMINISTRATIVO 30
\n AUXILIAR DE SERVICIOS 20

\n\n

Art. 5. - La Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional\n OSCIDI, como organismo rector de los recursos humanos y organizacionales\n del sector público, realizará la implantación\n de las nuevas denominaciones de puestos y la ubicación\n de los servidores en la escala que se aprueba en el artículo\n 2, conforme a la Norma Técnica correspondiente.

\n\n

Art. 6. - La presente resolución entrará en\n vigencia a partir del 1 de noviembre del 2000, sin perjuicio\n de su publicación, en el Registro Oficial.

\n\n

Dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a los veintinueve días del mes de noviembre del dos mil.

\n\n

f.) Ing. Jorge Morán Centeno, delegado del Ministro\n de Economía y Finanzas, Presidente del CONAREM.

\n\n

f) Ab. Martín Insúa Chang, Ministro de Trabajo\n y Recursos Humanos, miembro del CONAREM.

\n\n

f) Sr. Fausto Camacho Zambrano, miembro representante de los\n trabajadores, empleados y maestros.

\n\n

Certifico. - 29 de noviembre del 2000.

\n\n

f.) Ing. Luis A. Sánchez Aguirre, Director de Servicio\n Civil y Desarrollo Institucional, Secretario del CONAREM.

\n\n

CERTIFICO. - Que es fiel copia del original.

\n\n

f) Ing. Luis A. Sánchez Aguirre, Director de Servicio\n Civil y Desarrollo Institucional, Secretario del CONAREM.

\n\n

Quito, 7 de diciembre del 2000.

\n\n

 

\n\n

Nro. 198\n - 2000 - TP

\n\n

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el Nro. 060 - 2000 - HC

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ANTECEDENTES: El caso Nro. 060 - 2000 - HC, viene a conocimiento\n del Tribunal Constitucional, por recurso de apelación\n de la negativa del hábeas corpus presentado ante el Alcalde\n de la Municipalidad de Esmeraldas por el abogado Víctor\n Junior León Luna quien manifiesta estar ilegalmente privado\n de su libertad desde que el Presidente encargado de la Corte\n Suprema de Justicia, con fecha 5 de julio de 1999, dictó\n prisión preventiva en contra del recurrente, dentro del\n autocabeza de proceso iniciado por la muerte del señor\n Eduardo Reyna Jiménez, hecho ocurrido en la ciudad de\n Quito y por el que se tramita el juicio penal Nro. 36 - 99. -\n Argumenta el abogado León Luna que, a más de que\n la orden de prisión no cumple los requisitos legales señalados\n en los artículos 178 y 172 del Código de Procedimiento\n Penal y que no se precisaron los indicios de culpabilidad, la\n orden ha quedado sin efecto, por lo que señala el numeral\n 8 del artículo 24 de la Carta Política, al haber\n transcurrido en exceso los plazos determinados. - El Alcalde\n de Esmeraldas niega el recurso en base a la resolución\n de la Corte Suprema de Justicia, publicada en el Registro Oficial\n Nro. 245 de 30 de julio de 1999, que define a la prisión\n preventiva como el hecho material de la privación de la\n libertad de una persona sindicada..."; precisando que el\n recurrente se encuentra detenido desde el 3 de enero del 2000\n y que a la fecha, no se ha cumplido el plazo de un año\n o más de detención como se afirma en la petición\n de hábeas corpus.

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Considerando:

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Que, el Tribunal Constitucional es competente para conocer\n el presente recurso de acuerdo a lo que establecen los artículos\n 93 de la Constitución Política y 12 numeral 3 y\n 62 de la Ley del Control Constitucional;

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Que, la causa se ha tramitado conforme las normas legales\n pertinentes y, por lo mismo, no existe nulidad que declarar;

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Que, el hábeas corpus es una de las garantías\n fundamentales de los Derechos Humanos, respaldada por muchos\n siglos de historia, avalada por la doctrina y reconocida por\n la mayoría de las constituciones políticas del\n mundo. Además tiene respaldo de instrumentos internacionales\n como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la\n Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San\n José; y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y\n Políticos de la ONU. El artículo 93 de nuestra\n Carta Política textualmente dice: "Del hábeas\n corpus: "Toda persona que crea estar ilegalmente privada\n de su libertad, podrá acogerse al hábeas corpus.\n Ejercerá este derecho por si o por interpuesta persona,\n sin necesidad de mandato escrito ante el alcalde bajo cuya jurisdicción\n se encuentre o ante quien haga sus veces.";

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Que, en el presente caso y al haberse establecido serios indicios\n de responsabilidad en el cometimiento de la infracción\n a él imputada, la muerte del ciudadano Eduardo Reyna Jiménez,\n durante un acto público y en circunstancias conocidas\n por testigos presenciales del hecho, determinó que se\n inicie en su contra el autocabeza de proceso, en el que se dicta\n la orden de prisión preventiva, la misma que se hace efectiva\n desde el 3 de enero del 2000, fecha en que el recurrente fue\n privado de su libertad. Al respecto cabe retomar la Resolución\n dictada por la Corte Suprema de Justicia el 19 de julio de 1999,\n publicada en el Registro Oficial Nro. 245 de 30 de julio del\n mismo año, y que tiene fuerza obligatoria mientras no\n se disponga lo contrario por una ley, que preceptúa que:\n "Prisión preventiva es el hecho material de privación\n de la libertad de una persona sindicada, ordenada por el Juez\n competente durante el sumario; conforme lo previsto en el artículo\n 177 del Código de Procedimiento Penal, u ordenada en el\n auto de apertura al plenario según lo dispuesto por el\n artículo 253 de dicho Código...". La Constitución\n Política del Estado, en el artículo 24 numeral\n 8 consigna: "La prisión preventiva no podrá\n exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados\n con prisión, ni de un año, en delitos sancionados\n con reclusión. Si se excedieren esos plazos, la orden\n de prisión preventiva quedará sin efecto, bajo\n la responsabilidad del juez que conoce la causa". En todo\n caso, y sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento\n o la sentencia absolutoria, el detenido recobrará inmediatamente\n su libertad, sin perjuicio de cualquier consulta o recurso pendiente";

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Que, como se advierte del presente recurso, el abogado Víctor\n Junior León Luna, se encuentra detenido desde el 3 de\n enero del 2000, fecha en que el mismo detenido se ha entregado;\n en su contra se ha tramitado la causa Nro. 36 - 99; con fecha\n 10 de marzo del 2000, se dispuso por parte de la Presidencia\n de la Corte Suprema de Justicia, que el recurrente cumpla arresto\n domiciliario, quedando bajo sus órdenes, particular que\n se comunica mediante Oficio Nro. 285 - SG - AJ - PJ - 36 - 99\n - 00 de 13 de marzo del 2000, al Director del Centro de Rehabilitación\n Social Nro. 4 de Quito; con fecha 7 de septiembre del 2000, mediante\n auto, la Presidencia de Corte Suprema de Justicia, declara abierta\n la etapa del plenario en contra del sindicado Víctor Junior\n León Luna, sindicándole como autor del delito contenido\n en el artículo 449 y 463 del Código Penal, esto\n es, homicidio simple, reprimido con orden de reclusión;\n por lo que no se cumple el precepto contenido en el numeral 8\n del artículo 24, que establece que la prisión preventiva\n no podrá exceder de un año en el caso de los delitos\n sancionados con reclusión, tiempo que no ha transcurrido,\n como alega el recurrente; y,

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Que, no se ha demostrado que la prisión preventiva\n sea ilegal, por el contrario de la documentación que obra\n de autos aparece que se han cumplido las formalidades legales\n y constitucionales al respecto, incluso aquellas propias del\n hábeas corpus: El recurrente compareció personalmente\n en compañía de sus dos abogados defensores a la\n audiencia ante el Alcalde el día 25 de julio del 2000,\n a las 08h15, se exhibió la orden de detención expedida\n por juez competente, en el caso el Presidente de la Corte Suprema\n de Justicia, en razón del fuero del recurrente, la misma\n que cumple los requisitos legales, no existen vicios de procedimiento\n en la detención; durante la tramitación, el acusado\n ha hecho uso del derecho de la defensa, y en general existe un\n debido proceso, es decir, se han cumplido los requisitos legales\n y constitucionales; y,

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En ejercicio de sus facultades,

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Resuelve:

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1. Confirmar la resolución de fecha 26 de julio del\n 2000, emitida por el Alcalde del Municipio de Esmeraldas, que\n niega el recurso de hábeas corpus interpuesto por el abogado\n Víctor Junior León Luna.

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2. Devuélvase el proceso para los fines consiguientes.\n - Notifíquese".

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f) Dr. René De la Torre Alcivar, Presidente.

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Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada con seis votos a favor correspondientes\n a los doctores Oswaldo Cevallos, Luis Mantilla, Marco Morales,\n Hernán Rivadeneira, Hernán Salgado y René\n De la Torre; dos votos en contra de Guillermo Castro y Luis Chacón;\n y, un voto de abstención del doctor Carlos Helou, en sesión\n de diecinueve de diciembre del dos mil. - Lo certifico.

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f) Dr. Fausto Garcés Pástor, Secretario General.

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Es fiel copia del original. - Quito,\n a 27 de diciembre del 2000. - f) El Secretario General.

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Nro. 194 - 2000 - TP

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"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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En el caso Nro. 1040 - 99 - RA,

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ANTECEDENTES: El economista Patricio Miguel Angel Vivero Arellano,\n por sus propios derechos, comparece ante el Juez Décimo\n Primero de lo Civil de Pichincha y luego de exponer sus generales\n de ley, señala: Que el día 19 de julio de 1985,\n se suscribió entre el Estado ecuatoriano y la compañía\n Andrade Gutiérrez S.A., el contrato de terminación\n de los estudios y la construcción de La carretera Méndez\n Morona; que una vez concluida la obra por parte de la compañía\n Andrade Gutiérrez S.A., se firma el acta de entrega y\n recepción definitiva y finalmente el 1 de julio de 1998,\n se suscribe el convenio de pago y liquidación de obligaciones\n entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones\n y la Compañía Andrade Gutiérrez S.A.; que\n tanto la firma del contrato como las posteriores actas de entregas\n y recepciones y el convenio de pago y liquidación de obligaciones,\n se encuentran respaldados por todos y cada uno de los requisitos\n y formalidades señalados en la ley, entre los cuales los\n correspondientes informes de la Contraloría General del\n Estado y Procuraduría General del Estado, en lo que compete\n a cada una de ellas. Señala además que, los actos\n de voluntad celebrados entre el Estado y la Compañía\n Andrade Gutiérrez S.A. (contrato, acta, entrega - recepción\n y convenio) constituyen ley para las partes y no pueden ser anulados\n o modificados, por acto alguno de ningún órgano\n de la administración; que la Contraloría General\n del Estado ha dispuesto la ejecución de un Examen Especial\n de Ingeniería del Proceso de Liquidación del Contrato\n suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones\n y la Constructora Andrade Gutiérrez S.A., para La construcción\n de la carretera Méndez Morona, y que dicho examen además\n de constituir en sí un acto ilegítimo por las consideraciones\n anotadas, al pretender atentar contra la seguridad jurídica\n con la que se encuentran investidos los actos de voluntad señalados\n anteriormente, contiene una serie de incorrecciones en su procedimiento\n y ejecución, como el que pese a tratarse de un Examen\n de Ingeniería, no contiene cálculos o análisis\n de la construcción de la obra en sus materiales o estructura,\n sino argumentos exclusivamente jurídicos emanados de arquitectos\n e ingenieros civiles; que mediante oficio No. 14276 del 4 de\n junio de 1999, el señor Director de Control de Obras Públicas,\n invocando los artículos 333 de la Ley Orgánica\n de la Administración Financiera y Control y II del Reglamento\n de Responsabilidades, le notifica que la Contraloría General\n del Estado se encuentra realizando el Examen Especial de Ingeniería\n del Proceso de Liquidación del Contrato suscrito entre\n el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la\n Constructora Andrade Gutiérrez SA, para la construcción\n de la carretera Méndez Morona, cuando en el Art. II del\n Reglamento de Responsabilidades al que se hace referencia en\n el oficio en mención, establece que la ejecución\n de la auditoría o examen especial se notificará\n a los servidores y ex servidores de la entidad u organismo que\n se trate; que el compareciente no es ni ha sido servidor de entidad\n pública alguna y que por tanto resulta ilegítima\n la notificación del examen, como ilegítimo es el\n proceso en su conjunto. Aclara que el artículo 333 de\n la LOAFYC señala que cuando se estudia el movimiento financiero\n y el funcionario o empleado respectivo haya renunciado o salido\n de su cargo, la Contraloría General del Estado deberá\n notificar que se está realizando ese estudio, y manifiesta\n que él en calidad de persona natural no está vinculado\n laboralmente con el sector público, ni con la compañía\n Andrade Gutiérrez S.A., puede ser considerado como parte\n o está sujeto al examen que en forma ilegal e inconstitucional\n se ha dispuesto, lo cual vicia de nulidad al mismo. Añade,\n que mediante oficio No. 20058 de 5 de agosto de 1999, ha sido\n convocado por el Director de Control de Obras Públicas\n a una reunión para hacerle conocer el contenido del borrador\n del informe del examen, objeto del presente recurso y cita para\n el efecto lo dispuesto en el Reglamento para la Aplicación\n del artículo 296 de la Ley Orgánica de la Administración\n Financiera y Control, el cual sólo es aplicable para el\n caso de servidores o ex servidores del sector público\n y no para personas naturales sin relación de dependencia\n con el Estado o personas jurídicas de derecho privado.\n Concluye señalando que con la ejecución del "Examen\n Especial de Ingeniería del Proceso de Liquidación\n del Contrato suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas\n y Comunicaciones y la Constructora Andrade Gutiérrez S.A"\n se estaría violando los artículos 257, 265, 299,\n 301, 303 en todos sus numerales, 318, 319, 320, 333 y 383 de\n la Ley Orgánica de la Administración Financiera\n y Control, 11 del Reglamento de Responsabilidades y el Reglamento\n para la Aplicación del articulo 296 de la Ley Orgánica\n de la Administración Financiera y Control. Fundamentado\n en lo expresado anteriormente, afirma, que existen violaciones\n de principios constitucionales que le producen severos daños\n a sus garantías y derechos establecidos en la Constitución\n Política del Ecuador, como es el derecho a la seguridad\n jurídica que se contiene en el numeral 26 del artículo\n 23 y artículo 119 de la Constitución que prescribe\n que las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias\n y los funcionarios públicos no podrán ejercer otras\n atribuciones que las consignadas en la Constitución y\n en la ley. - Admitida a trámite la acción, el Juez\n Décimo Primero de lo Civil de Pichincha convoca a audiencia\n pública para el día 9 de septiembre de 1999, en\n la que el accionante se afirma en los términos de su demanda,\n añadiendo que de conformidad con lo establecido por el\n artículo 245 de la LOAFYC no se puede revisar la resolución\n que ha puesto fin al reclamo de un particular. Por su parte el\n representante de la Contraloría General del Estado expolie\n que el recurso solicitado está intentando eliminar la\n acción de la Contraloría en el cumplimiento de\n sus obligaciones dirigidas al control del uso de los recursos\n públicos; que la Constitución en el artículo\n 211 reconoce esta función, al decir que dicho órgano\n tendrá atribuciones para controlar ingresos, gastos, inversiones,\n utilización de recursos, administración y custodia\n de bienes públicos, y en el artículo 212 que otorga\n a la Contraloría potestad exclusiva para determinar responsabilidades;\n añade que los artículos 243, 301 y 303 otorga a\n la Contraloría el ejercicio privativo del control externo\n de los recursos públicos, con funciones y facultades regladas,\n por lo que es suficientemente claro haber realizado el acto administrativo\n materia del recurso, tomando en cuenta que dicho acto se ordenó\n para determinar si el pago de veinte y tres millones trescientos\n noventa y dos mil ochocientos ochenta y cinco dólares\n americanos, se hizo en forma legal, correcta y legítima,\n o si no se cumplieron estos presupuestos, se habría causado\n un enorme perjuicio al Estado ecuatoriano. Afirma que es totalmente\n legal, lógico y normal que la Contraloría haya\n notificado al recurrente la realización del examen especial,\n pues fue quien suscribió el convenio de pago en calidad\n de Apoderado de la Constructora Andrade Gutiérrez S.A.\n y, puntualiza que el examen especial realizado por Contraloría\n es legitimo y se encuentra contemplado dentro de las funciones\n y atribuciones y enfatiza su rechazo a todas Las aseveraciones\n propuestas por el recurrente, pues las considera absurdas y maliciosas.\n Finaliza solicitando se condene a la parte recurrente al pago\n de costas, y debido a la mala fe que significa la presentación\n de este recurso de amparo, se le imponga la multa máxima\n de cien salarios mínimos vitales. Posteriormente a la\n audiencia pública, el Juez Décimo Primero de lo\n Civil de Pichincha se excusa de continuar conociendo la causa,\n por haberse presentado ante dicha Judicatura otro recurso de\n amparo constitucional sobre materia absolutamente conexa con\n la del presente recurso, habiéndose pronunciado el referido\n Juez en dicho caso y por encontrarse impedido de resolver, atento\n a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 871 del Código\n de Procedimiento Civil, remite la acción de amparo a la\n Oficina de Sorteos. La causa, entonces, es sorteada nuevamente\n y corresponde su conocimiento al Juez Décimo Segundo de\n lo Civil de Pichincha, quien la remite al Tribunal Constitucional\n para que resuelva sobre la competencia del Juez Constitucional\n para conocer y resolver la causa. Analizados los antecedentes,\n la Sala en aplicación de las normas constitucionales y\n legales que obligan al pronunciamiento del Juez Constitucional,\n sin inhibirse, y bajo premisa de celeridad e inmediatez, características\n peculiares de Las acciones de amparo, remite el proceso al Juez\n Décimo Segundo de lo Civil de Pichincha para que resuelva\n lo que en derecho corresponda, el mismo que expide resolución\n el 9 de noviembre de 1999, concediendo la acción de amparo,\n entre otros argumentos, porque existe un acto ilegitimo de autoridad\n pública en el momento en que infundadamente se ha considerado\n al accionante como empleado público y se Lo ha notificado\n como si lo fuera, por lo que las normas utilizadas por la administración\n pública serían ilegítimas por habérselas\n aplicado indebidamente, y contrariando norma expresa, relativo\n a la garantía de seguridad jurídica consagrada\n en la Constitución, la misma que no debe entenderse solo\n como la confianza en la norma legal sino la certeza con que se\n encuentran investidos algunos actos de la Administración\n como el caso de las resoluciones que hayan puesto término\n a los reclamos de los particulares, por lo que, por la indebida\n aplicación de las normas que ha invocado la Contraloría\n General del Estado, para llamar al recurrente a examen especial\n de auditoria, con relación al convenio de pago ya citado,\n ha provocado un daño grave pues se ha desconocido lo señalado\n en la Constitución en su artículo 119 que prohíbe\n a los organismos y dependencias y a los funcionarios públicos,\n ejercer otras atribuciones que las consignadas por la Constitución\n y la ley Impugnada la decisión por la Autoridad Pública,\n la causa ha correspondido, por sorteo, su conocimiento y resolución\n a la Segunda Sala del Tribunal Constitucional.

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Considerando:

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Que, el Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver la presente acción de amparo de conformidad\n con lo previsto en los artículos 276, numeral 3 de la\n Constitución Política de la República y,\n 12 y 62 de la Ley del Control Constitucional;

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Que, en la tramitación de la causa se ha observado\n los preceptos constitucionales y legales, por lo que no existe\n nulidad que declarar, siendo válidas las actuaciones de\n los jueces de instancia;

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Que, la Constitución Política de la República\n establece en el artículo 3, numeral 2, que es deber primordial\n del Estado asegurar la vigencia de los derechos humanos y, subraya\n el artículo I6 que el más alto deber del Estado\n es respetar y hacer respetar Los derechos humanos que garantiza\n la Constitución, los mismos que son directa e inmediatamente\n aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad, siendo\n el Tribunal Constitucional el último tutor de esos derechos\n como órgano supremo de control constitucional, tal como\n lo determina el numeral 3 del artículo 276 de la Carta\n Fundamental;

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Que, la Constitución de la República, norma\n suprema del Estado ecuatoriano, al regular la institución\n del amparo constitucional se aparta de otros ordenamientos constitucionales,\n y lo consagra como un mecanismo fundamental y no residual de\n defensa de los derechos constitucionales protegidos, que al ser\n vulnerados por actos ilegítimos de las autoridades públicas\n pueden provocar daños graves. La acción de amparo\n constitucional busca, por lo tanto, evitar que los ciudadanos\n sufran daños que no se encuentran jurídicamente\n obligados a soportar. Y esto se inscribe perfecta y lógicamente\n con el fin del Estado de garantizar la vigencia efectiva de los\n derechos fundamentales, por lo cual no es necesario que se agoten\n las instancias administrativas o judiciales de forma previa a\n la presentación de una acción de amparo. ni es\n necesario tampoco que los daños o los efectos de las actuaciones\n ilegítimas puedan ser reparados en estas instancias. Lo\n que la Constitución de la República exige es que\n el acto sea ilegitimo, vulnere o esté por vulnerar uno\n o más de los derechos constitucionales y que, además,\n esta conducta cause o vaya a causar un daño grave. Entonces,\n la acción de amparo se convierte así, en el mas\n importante instrumento jurídico para lograr evitar que\n la presunción de legitimidad de que gozan los actos de\n las autoridades públicas cuando estos actos son ilegítimos\n y vulneran derechos protegidos, causen daños a los administrados.\n Por ello, para determinar la procedencia de una acción\n de amparo se requiere simplemente analizar los elementos que\n rodean el acto impugnado para así determinar a) si la\n actuación es ilegítima; b) si con ella se vulneran\n derechos constitucionalmente protegidos, y c) si como consecuencia\n de esa actuación ilegítima se provocan daños\n graves y que podrá interponerse también en contra\n de las personas que presten servicio público o que actúen\n por delegación o concesión de una autoridad pública.\n La acción de amparo constitucional ha sido concedida,\n entonces, para proteger los derechos de la persona humana, es\n decir de la persona natural; nuestro constituyente no incluyó\n de modo expreso en el amparo a las personas jurídicas\n como lo hacen otras legislaciones; cuando se establecen en el\n artículo 95 de la Constitución que el "representante\n legitimado de una colectividad" puede proponer el amparo,\n la expresión "colectividad" no debe ser tomada\n como Sinónimo de persona jurídica sino que hace\n referencia a una agrupación unida por lazos específicos\n como son los pueblos indígenas y negros, para quienes\n la Constitución utiliza la antedicha expresión\n al consagrar sus "derechos colectivos" en el Capítulo\n V del Título III (artículos 83 a 85) de la Ley\n Suprema. Lo expresado no significa que las personas jurídicas\n queden excluidas para proponer una acción de amparo, pero\n sí se deberá - en cada caso concreto - examinar\n cuidadosamente cuáles son los derechos humanos que tal\n ente jurídico alega que le fueron violados, y esta violación\n tiene que ser directa y no como resultado indirecto que surge\n del incumplimiento de la ley;

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Que, la Carta Fundamental consagra en el artículo 119\n el principio o garantía de la legalidad, según\n el cual "Las Instituciones del Estado, sus organismos y\n dependencias y los funcionarios públicos no podrán\n ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución\n y en la Ley, y tendrán el deber de coordinar sus acciones\n para la consecución del

 

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