Registro Oficial

Registro Oficial. 10 de ABRIL del 2001

Martes, 10 de abril de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE ABRIL\n DEL 2001

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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

 Martes 10 de Abril del 2001

\n

REGISTRO OFICIAL No. 303

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION \n EJECUTIVA:

\n\n

ACUERDOS:
\n  
\n MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA:

\n  
\n 0050 Expídese el Reglamento\n Interno para el pago de viáticos, valores complementarios,\n subsistencia, alimentación, transporte y movilización\n del personal
\n  
\n 0052 Expídense las\n normas internas para el control y austeridad del gasto
\n  

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL:
\n  
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO PENAL
\n
 
\n Recursos de casación en los Juicios seguidos por las\n siguientes personas:

\n  
\n 164-99-MS Santiago Tuala Cabuco\n en contra de Manuela Chadán Tuala y otros
\n  
\n
248-99-MS Banco Internacional S.A. en contra de\n Wellington Francisco Panchana Benneth y otros
\n  
\n 414-99-MS José Reinaldo\n Ochoa  Pérez en contra de Jorge Ildebrando Castillo\n
\n  
\n 427-99-MA Hugo Edmundo Anguisaca\n Mendoza en contra del arquitecto Carlos Marconi Guzmán\n Crespo
\n  
\n
520-99-MS Edison Estoney Hurtado Troya en contra\n de Carlos Gallo Pallo
\n  
\n 526-99-MS Pablo Pino Gómez\n en contra de José  Alfonso Yagual Tomalá y\n otro
\n  
\n
04-2000\n MS Ministerio Fiscal General en\n contra de Eladio Pesántez Héras
\n  
\n 07-2000-RMV  Freddy Alfonso\n Bedoya Jarrín y otra en contra de María\n Oña Navarro y otro
\n  
\n 32-2000-OR Ministerio Fiscal General en contra de\n María Loyola Malo
\n  
\n
178-2000-JO Sixto Jorge Manobanda Cedeño en\n contra de Ramón Audalecio Alcívar  Solórzano
\n  
\n 181-2000-OR Michael Brun Toscano\n y otro en contra de Michael Lewis Merino
\n  
\n 212-2000-MS Luis Ernesto Guambi\n Guaña en contra de Segundo Manuel Ulco Velasco y otros
\n  
\n
294-2000-MS Anapha del Consuelo Buitrón Andrade\n en contra de Christian Manuel Enríquez Oleas
\n  
\n
ORDENANZAS\n MUNICIPALES:
\n
 
\n
-\n Cantón Puyango:\n Para los servicios de agua potable y alcantarillado
\n  
\n - Cantón Puyango: Para\n la determinación, administración y recaudación\n del lmpuesto a los  predios urbanos del período 1999-2003\n en la ciudad de Alamor
\n

\n \n
\n

 

\n\n

N0 0050

\n\n

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que las disposiciones contenidas en el artículo 34\n del Reglamento General de la Lev de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa, expedido mediante Decreto 646 y publicado en\n el Registro Oficial 162 del 10 de abril de 1985 y acuerdos del\n Ministerio de Economía y Finanzas Nos. 308, 477 y 117,\n publicados en Registros Oficiales Nos. 442, 165 y Segundo Suplemento\n al 134, de 17 de mayo de 1994, 2 de octubre de 1997 y 3 de agosto\n del 2000, respectivamente, faculta a las instituciones del sector\n público, expedir un reglamento interno sobre las circunstancias\n en que se reconocerá el pago de viáticos. compensación\n en el interior, subsistencias, transpone y movilización;

\n\n

Que el MIDUVI, para cumplir sus actividades específicas\n en las diferentes regiones del país requiere el desplazamiento\n permanente de su personal;

\n\n

Que es indispensable reglamentar el pago de viáticos,\n valores complementarios, subsistencia, alimentación, transporte\n y movilización del personal de la institución,\n que sale en comisión de servicios fuera del lugar habitual\n del trabajo; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le concede el artículo\n 7, literal l) del Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio\n de Desarrollo Urbano y Vivienda, publicado en el Registro Oficial\n No 209 del 22 de noviembre del 2000.

\n\n

Acuerda:

\n\n

Expedir el siguiente Reglamento interno para el pago de viáticos,\n valores complementarios, subsistencia, alimentación, transpone\n y movilización del personal del MIDUVI, que se encuentran\n legalmente nombrados o contratados, personal en comisión\n de servicios de otras instituciones y, personal asesor cuyos\n contratos así lo establezcan, que cumplan comisiones dentro\n del territorio nacional.

\n\n

CAPITULO I

\n\n

DE LA COMISION DE SERVICIOS

\n\n

Artículo 1. - En el documento por medio del cual se\n dispone la comisión de servicio del empleado o funcionario,\n se especificará los nombres, puesto que ocupa, lugar en\n el que va a cumplir la comisión, fecha de salida y retorno\n y tipo de transpone a utilizarse. adjuntando para el efecto el\n correspondiente plan de trabajo aprobado por el jefe inmediato.

\n\n

Artículo 2. - Las comisiones de servicio se dispondrán\n y tramitarán su pago en el formulario aprobado por el\n MIDUVI para el efecto, que contendrá los datos previstos\n en el articulo precedente.

\n\n

La comisión para que el funcionario(s) o trabajador(es)\n realicen labores especificas en una localidad fuera del lugar\n habitual de trabajo serán autoridades por: Señor\n Ministro: a subsecretarios, directores nacionales de Nivel Asesor\n y de Apoyo.

\n\n

Subsecretarios: a directores del Nivel Operativo, directores\n provinciales cuando la comisión se la realice a la planta\n central de la ciudad de Quito.

\n\n

Directores Nacionales: a todos los funcionarios o trabajadores\n de la Dirección a su cargo, solicitada por el jefe inmediato\n y con visto bueno de cada Subsecretario si es el caso.

\n\n

La comisión de servicios del personal de las direcciones\n provinciales y demás ciudades del país será\n solicitada por el jefe inmediato y autorizada por los respectivos\n directores.

\n\n

Artículo 3. - Toda solicitud será concedida,\n autorizada y tramitada por lo menos con cuarenta y ocho (48)\n horas antes de la comisión, salvo los casos que se consideren\n como emergentes.

\n\n

El formulario comisión de servicios, debidamente autorizado\n será presentado con veinte y cuatro (24) horas de anticipación\n en la Dirección Financiera, para el trámite correspondiente.

\n\n

Una vez autorizado el pago, el Tesorero del Ministerio, entregará\n los viáticos con la debida anticipación a la comisión;\n en las direcciones provinciales de acuerdo a su jurisdicción,\n el trámite se efectuará ante la unidad correspondiente.

\n\n

Artículo 4. - Los funcionarios responsables de autorizar\n las comisiones de servicio, velarán por la racionalidad\n de los desplazamientos, los mismos que se concederán únicamente\n para casos indispensables previamente justificados y siempre\n que exista la respectiva asignación presupuestaria. Con\n el fin de evitar comisiones innecesarias, se delegará\n legalmente el cumplimiento de actividades que pueden ser realizadas\n por los funcionarios de las direcciones provinciales.

\n\n

Es de responsabilidad pecuniaria de quien solícita,\n autoriza y de quien realiza la comisión de servicio, el\n cumplimiento de trabajo materia de la comisión.

\n\n

CAPITULO II

\n\n

DE LOS VIÁTICOS

\n\n

Artículo 5. - Viáticos es el valor o estipendio\n diario que perciben los servidores del Ministerio, cuando son\n declarados en comisión de servicios para cumplir labores\n especificas, que servirán para sufragar gastos de alojamiento\n y alimentación durante el transcurso de la comisión,\n independientemente de los gastos de transpone y movilización,\n desde la fecha de su salida hasta la fecha de su retorno; el\n último día de la comisión de servicio, se\n le considera como subsistencia.

\n\n

Artículo 6. - El cálculo y pago de los viáticos\n se efectuará de conformidad con lo que establecen los\n artículos 42 y 43 de la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa.

\n\n

Artículo 7. - Si la comisión de servicio excede\n de 30 días en el mismo lugar de trabajo, se aplicará\n lo que estipula el numeral 7 del Art. 43 de la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa, esto es únicamente se\n reconocerá un viático diario igual a la zona B.

\n\n

Artículo 8. - Los funcionarios ubicados en las dos\n primeras jerarquías (Ministro y subsecretarios) de la\n institución, recibirán por concepto de viáticos\n diarios, los valores correspondientes más un 25% adicionales\n para cada zona.

\n\n

CAPITULO III

\n\n

DE LOS VALORES COMPLEMENTARIOS

\n\n

Artículo 9. - Además de los viáticos\n y de los gastos de transporte y movilización determinados\n en los Arts. 42 y 43 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y 33, 34, 35, 36 y 37 de su reglamento en las comisiones dentro\n del país se pagarán valores complementarios, de\n conformidad con la agrupación geográfica y los\n respectivos valores según el acuerdo vigente del Ministerio\n de Economía y Finanzas.

\n\n

Se establecen los siguientes niveles administrativos para\n la liquidación de los valores por "Compensación\n en el Interior - Valores Adicionales a los Viáticos".

\n\n

NIVELES ZONA A ZONA B

\n\n

PRIMERO

\n\n

Ministro y subsecretarios 60,00 55,00

\n\n

SEGUNDO

\n\n

Directores Nacional, Provincial, jefes
\n de unidad 55,00 50,00

\n\n

TERCERO

\n\n

Jefe MIDUVI, profesionales con titulo terminal (acorde con\n la
\n denominación del cargo) 50,00 45,00

\n\n

CUARTO

\n\n

Profesional 1 - 2 - 3 - sin título terminal, asistentes,\n auxiliares, secretarias,
\n choferes. 45,00 40,00

\n\n

Artículo 10. - Para el cálculo de la compensación\n en el interior, se considerará la división zonal\n establecida en el numeral 2 del Art. 43 de la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa.

\n\n

CAPITULO IV

\n\n

DE LAS SUBSISTENCIAS

\n\n

Art. 11 . - Subsistencias son los valores destinados a sufragar\n los gastos de alimentación de los funcionarios y servidores\n públicos que se encuentran en comisión de servicio,\n siempre y cuando no demande pernoctar en el lugar que cumple\n la comisión, hasta por una jornada diaria de labor, fuera\n de los límites provinciales, por tanto habrá lugar\n al pago de subsistencias, cuando la comisión se efectúe\n en el mismo día.

\n\n

Artículo 12. - El monto de la subsistencia será\n el equivalente a la sumatoria del viático diario con la\n "Compensación en el Interior - valores adicionales\n a los viáticos" dividido para dos.

\n\n

Artículo 13. - Las subsistencias se tramitarán\n en el formulario detallado en el Art. 2, con la autorización\n de la respectiva autoridad y se presentará en la Dirección\n Financiera con la misma anticipación que para el caso\n de viáticos.

\n\n

CAPITULO V

\n\n

DE LA ALIMENTACION

\n\n

Artículo 14. - Se reconocerá el pago por alimentación,\n cuando la comisión deba realizarse fuera del lugar habitual\n de su trabajo, hasta por una jornada diaria de labor, en cantones\n que están dentro del perímetro provincial o cuando\n la comisión se efectúe al menos por seis horas,\n aún cuando fuere en un lugar distinto al contemplado en\n los límites provinciales.

\n\n

Artículo 15. - El monto de la alimentación será\n el equivalente a la sumatoria del viático diario con la\n "Compensación en el Interior - valores adicionales\n a los viáticos" dividido para cuatro.

\n\n

La alimentación se tramitará en el formulario\n detallado en el Art. 2, con la autorización respectiva\n y se presentará en la Dirección Financiera con\n la misma anticipación que para el caso de viáticos.

\n\n

CAPITULO VI

\n\n

TRANSPORTE

\n\n

Artículo 16. - Los gastos de transporte corresponden\n al pago del valor de los pasajes de ida y retomo al lugar de\n la comisión de servicio, así como el valor de flete\n de los materiales y/o equipos que debe llevar o remitir el comisionado\n para el cumplimiento de su trabajo.

\n\n

Artículo 17. - Los gastos de transporte en que incurre\n el Ministerio por la movilización de sus respectivos equipajes,\n no podrán exceder de los costos o tarifas normales que\n apliquen las compañías nacionales y extranjeras\n de transportación a la fecha de adquisición del\n correspondiente pasaje o flete.

\n\n

Articulo 18. - Cuando se soliciten pasajes aéreos,\n el Director de Desarrollo Institucional a través de la\n unidad respectiva tramitará su adquisición y entrega\n oportuna al servidor, previo registro y firma de recepción.

\n\n

Artículo 19. - Si la movilización se efectúa\n en vehículos del Ministerio, se debe obligatoriamente\n contar con la respectiva orden de movilización, y al chofer\n asignado para la comisión, se le asignará el valor\n correspondiente para combustible, lubricantes y otros, quien\n al regreso junto con la liquidación de viáticos,\n valores complementarios y/o subsistencias, deberá presentar\n las facturas correspondientes.

\n\n

CAPITULO VII

\n\n

MOVILIZACION

\n\n

Artículo 20. - Adicionalmente a los gastos de transpone\n señalados en el Art. 14 de este reglamento; por el desplazamiento\n de los servidores en comisión desde y hasta los terminales\n aéreos, terrestre, fluviales o marítimos, desde\n y hasta los sitios de trabajo que deban hacerse dentro del lugar\n de la comisión en cumplimiento de las funciones encomendadas\n al servidor, se reconocerá un monto equivalente al 20%\n del viático diario, de acuerdo a lo que establece el Art.\n 37 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n valor que quedará justificado a la presentación\n del informe, siempre y cuando el Ministerio no brinde este servicio\n con su propio transpone.

\n\n

CAPITULO VIII

\n\n

DISPOSICIONES GENERALES

\n\n

Artículo 21. - El servidor una vez cumplida la comisión\n de servicios deberá presentar por escrito en la Dirección\n Financiera, en Planta Central y en las unidades correspondientes\n en las direcciones provinciales, la copia del formulario de liquidación\n de viáticos y gastos de movilización, que le entregan\n en Tesorería el momento del pago, conjuntamente con las\n facturas de hospedaje con la indicación exacta de las\n fechas de permanencia, gasolina y transporte; para el caso de\n transporte aéreo se adjuntará talonarios de pasaje,\n así como el informe de labores aprobado, por el funcionario\n que solicitó la comisión, en un plazo no mayor\n de dos días hábiles, contados desde la fecha de\n conclusión de la comisión, caso contrario serán\n notificados para la restitución inmediata y no se dará\n trámite a posteriores solicitudes de comisión hasta\n que se cumpla con lo dispuesto en el presente artículo.

\n\n

En caso de que el hospedaje de los servidores, durante la\n comisión de servicios, fuere distinto al de utilización\n de hotel, recibirá únicamente en concepto de viáticos,\n el valor equivalente al cincuenta por ciento del valor complementario\n diario.

\n\n

Exceptúase de esta disposición a los funcionarios\n del nivel directivo superior que tengan las categorías\n de Ministro, subsecretarios, Director Nacional, asesores, quienes\n presentarán la copia del formulario de liquidación\n de viáticos y los tickets de transporte (aéreo,\n terrestre y fluvial).

\n\n

Articulo 22. - Cuando la duración de la comisión\n fuere mayor a la prevista, el funcionario que dispuso la comisión\n de servicios decidirá y autorizará la prórroga\n de ésta, siempre y cuando la considere estrictamente necesaria\n y demande un tiempo mayor a lo previsto.

\n\n

Artículo 23. - Cuando la duración de la comisión\n fuere menor a la prevista, los valores de la diferencia serán\n reintegrados a la Tesorería del Ministerio en el plazo\n de 3 (tres) días laborales, una vez recibida la notificación\n por parte de la Dirección Financiera.

\n\n

Articulo 24. - Los viáticos se computarán de\n conformidad con lo establecido en los artículos 42 y 43\n de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, tornando\n en cuenta el lugar o proyecto específico al cual ha sido\n asignado en la comisión de servicio; en caso de presentación\n de soportes adulterados o incompletos, los valores serán\n reintegrados de acuerdo a la ley. Y no serán reconocidos\n en el cálculo de la liquidación sin perjuicio de\n la sanción disciplinaria a que haya lugar.

\n\n

CAPITULO IX

\n\n

PROHIBICIONES

\n\n

Artículo 25. - Prohíbese declarar en comisión\n de servicios durante los días festivos o de descanso obligatorio,\n salvo los casos excepcionales calificados por las siguientes\n autoridades: Ministro, subsecretarios, directores nacionales\n y directores provinciales.

\n\n

Artículo 26. - Se prohibe autorizar viáticos\n para ser endosados a terceras personas.

\n\n

Artículo 27. - Prohibese liquidar viáticos y\n otros valores sobre días adicionales a los autorizados.

\n\n

En los casos que por necesidad se prolongare la comisión\n deberá ser justificada en el informe de labores respectivo\n y aprobado por los subsecretarios.

\n\n

Artículo 28. - No tendrán derecho a viáticos\n y demás valores, los servidores que son trasladados temporal\n o definitivamente a un lugar distinto al de su sede fijada en\n el nombramiento o contrato.

\n\n

Articulo 29. - El servidor que incumpla las normas de procedimientos\n del presente reglamento, será sancionado de conformidad\n con las disposiciones de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n Ley Orgánica de Administración Financiera y Control\n y demás leyes y reglamentos pertinentes.

\n\n

Disposición Final

\n\n

Las disposiciones de este reglamento entrarán en vigencia\n desde la presente fecha y de su aplicación se encargarán\n las direcciones nacionales financieras y de Auditoria Interna.

\n\n

Dado en Quito, a 21 de marzo del 2001.

\n\n

f) Nelson Murgueytio Peñaherrera, Ministro de Desarrollo\n Urbano y Vivienda.

\n\n

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

\n\n

Certifico que este documento es fiel copia del original.

\n\n

f.) Cecilia Morales de Vega, Secretaria General.

\n\n

26 de marzo del 2001.

\n\n

 

\n\n

N0 0052

\n\n

EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y\n VIVIENDA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, mediante Decreto Ejecutivo N0 1221, publicado en el Registro\n Oficial N0 265 de 13 de febrero del 2001, el Presidente Constitucional\n de la República expide las normas de restricción\n y austeridad en el gasto público;

\n\n

Que, es necesario armonizar las disposiciones del Decreto\n Ejecutivo 1221. en función del interés institucional,\n sin limitar su desarrollo, modernización y fortalecimiento,\n para lo cual se debe aplicar normas internas de austeridad del\n gasto que demanden las actividades y gestión del Ministerio\n de Desarrollo Urbano y Vivienda; y,

\n\n

En uso de las facultades que le concede el Art. 16 del Estatuto\n del Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

EXPEDIR LAS SIGUIENTES NORMAS INTERNAS, PARA EL CONTROL Y\n AUSTERIDAD DEL GASTO EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y\n VIVIENDA.

\n\n

Art. 1. - El MIDUVI acorde con las disposiciones del Decreto\n 1221, reducirá los compromisos y gastos manteniendo como\n límite las asignaciones del presupuesto institucional,\n codificado.

\n\n

Art. 2. - Se asignarán, vehículos para el uso\n personal, exclusivamente al señor Ministro y subsecretarios,\n sin restricciones durante días de trabajo así como\n feriados y de descanso obligatorio, para movilización\n dentro y fuera de la ciudad. A los coordinadores de los proyectos\n SIV y PRAGUAS, coordinación del Despacho Ministerial y,\n a los directores nacionales se les asignará vehículos\n para uso del área, a fin de que cumplan con las funciones\n y actividades de trabajo; debiendo tales vehículos ser\n guardados en los parqueaderos institucionales, una vez concluida\n la jornada semanal de trabajo. En lo que no esté reglamentado\n se aplicará el Reglamento Interno respectivo de la institución,\n de fecha 14 de enero del 2001.

\n\n

Art. 3. - El uso de teléfonos celulares se limitará\n a las dos máximas autoridades del MIDUVI; esto es Ministro\n y subsecretarios, con apego a las disposiciones legales vigentes\n y al acuerdo N0 024 CG, expedido por el Contralor General del\n Estado el 5 de septiembre de 1996. Por consiguiente, ningún\n otro funcionario dispondrá de este servicio, a costo del\n presupuesto de la institución, o de los desembolsos de\n préstamos internacionales o contraparte local.

\n\n

Art. 4. - La provisión de los medios de comunicación\n escrita como diario, se realizará únicamente para\n el Despacho Ministerial y Unidad de Comunicación Social,\n este último deberá divulgar a las demás\n autoridades aquellos temas que sean de interés institucional,\n que se refieran al sector vivienda, saneamiento y desarrollo\n territorial.

\n\n

Art. 5. - No habrá creación de nuevos cargos\n ni se llenarán las vacantes y los que se produjeren como\n consecuencia de los procesos de modernización institucional;\n con excepción de aquellos considerandos como directivos\n y de jefaturas; y de aquellos que fueron creados a finales del\n año 2000 con aprobación de la OSCIDI y del Ministerio\n Economía y Finanzas. En todo caso y para cubrir requerimientos\n de las direcciones provinciales que sean de interés institucional\n y que se considere indispensable, se dispondrá del personal\n vía traslado presupuestario que voluntariamente así\n lo manifieste.

\n\n

Art. 6. - En lo posible y dentro de la carrera institucional,\n se deberá promocionar a cargos que quedaren vacantes al\n personal de menor nivel. En ningún caso se volverá\n a contratar personal para funciones similares a las vacantes\n referidas en este artículo. Se limitará y disminuirá\n la modalidad de contratos con relación de dependencia,\n así como los contratos con el carácter de permanentes.

\n\n

Art. 7. - Las reclasificaciones y revaloraciones de puestos,\n se la efectuará únicamente para la aplicación\n de leves de escalafón profesional, previa la resolución\n de las comisiones establecidas en la ley pertinente y para el\n cumplimiento de contratos colectivos y actas transaccionales.

\n\n

Art. 8. - Los contratos para consultorías puntuales\n de corta duración, se sujetarán a lo dispuesto\n en la Ley de Consultoría y su respectivo reglamento, así\n como a las normas y procedimientos emitidos por las entidades\n financieras como BID y Banco Mundial.

\n\n

Art. 9. - El reingreso al MIDUVI, de personal que hubiere\n sido compensado económicamente por él mismo o por\n otra institución del sector público dentro de los\n procesos de separación voluntaria conocida como "Venta\n de Renuncias", o por supresión de puestos, se sujetará\n a lo dispuesto en la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas,\n publicada en el Suplemento del Registro Oficial N0 181 de 30\n de abril de 1999.

\n\n

Art. 10. - El pago de horas extras de trabajo, se efectuará\n estrictamente por labores cuya realización sea urgente\n y de especial trascendencia para el cumplimiento de los objetivos\n y metas institucionales y hasta por un máximo de treinta\n horas al mes, por persona y por un periodo de tres meses al año;\n salvo en los casos de contratos colectivos y actas transaccionales,\n cuyo pago se sujetará a lo pactado en ellos.

\n\n

Art. 11. - Se limitará al mínimo indispensable\n las comisiones de servicio dentro del país; y el pago\n por este concepto, se lo hará por el número de\n días efectivamente necesarios y realizados para cumplir\n la comisión y con apego al Acuerdo N0 308, publicado en\n el Registro Oficial N0 442 del 17 de mayo de 1994 y su reforma;\n así como al Reglamento Interno para el pago de viáticos,\n valores complementarios, subsistencias, transporte y movilización\n del personal del MIDUVI

\n\n

Art. 12. - Las comisiones de servicio al exterior se las realizará\n en los siguientes casos:

\n\n

- Cuando sea indispensable para la consecución de créditos\n internacionales;

\n\n

- Cuando no exista egreso económico institucional;\n y,

\n\n

- Por becas para estudios auspiciadas total por organismos\n nacionales o internacionales.

\n\n

La autorización para el cumplimiento de comisiones\n de servicio al exterior la otorgará la Presidencia de\n la República y el Ministerio del Ramo.

\n\n

Art. 13. - Los incrementos de remuneraciones, compensaciones,\n bonificaciones, subsidios y cualquier otro beneficio de carácter\n económico para el personal del MlDUVI, se sujetará\n a las políticas presupuestarias que para el efecto emita\n el Ministerio de Economía y Finanzas, así como\n a las resoluciones que expida el Consejo Nacional de Remuneraciones\n - CONAREM.

\n\n

Art. 14. - Dentro de la política de desinversión\n institucional, se procederá a la venta de los activos\n improductivos que posee el MIDUVI, con apego a las disposiciones\n del Reglamento del Bienes del Sector Público. El producto\n de la venta de activos improductivos servirá para financiar\n el Programa de Vivienda Rural y Urbano Marginal.

\n\n

Art. 15. - Debido al alto costo que demanda el mantenimiento\n del parque automotor, por la antigüedad de sus vehículos,\n se realizará un plan para el remate de los mismos con\n cuyo producto se procederá a su reemplazo.

\n\n

Con el producto del remate se procederá a la adquisición\n de nuevas unidades vehiculares, contando para el efecto y en\n forma previa, con la autorización de la Presidencia de\n la República y el cumplimiento de los demás trámites\n legales que rijan para el efecto.

\n\n

Art. 16. - La adquisición de bienes muebles y equipos\n de trabajo, se efectuará de acuerdo con los programas\n establecidos en los proyectos que se hallen financiados con préstamos\n internacionales para el sistema de incentivos para la vivienda\n y el Proyecto PRAGUAS.

\n\n

Art. 17. - Se prohibe la entrega de donaciones, ayudas, premios,\n ejecución de obras innecesarias y suntuarias, subvenciones\n a organismos privados, festejos, agasajos, recepciones no indispensables;\n salvo en aquellos casos establecidos en el Art. 17 de la Ley\n de Regulación Económica y Control del Gasto Público.

\n\n

Art. 18. - La Dirección Nacional de Auditoria, en el\n ámbito de su competencia, vigilará el cabal cumplimiento\n de este acuerdo, y comunicará su inobservancia al Ministro\n del Ramo, para la aplicación de los correctivos necesarios.

\n\n

Disposición General. - La Dirección Nacional\n de Desarrollo Institucional, desarrollará procesos tendientes\n a la optimización de los recursos humanos, materiales\n y técnicos que dispone el MIDUVI con este fin, esta Dirección\n determinará cuyos máximos de consumo de gasolina\n para las direcciones nacionales y coordinadores de proyectos\n internacionales; reducirá el gasto de telefonía\n y el número de líneas, reprogramará el número\n de recorridos del transporte del personal del Ministerio y reasignará\n los vehículos dando tratamiento a las direcciones provinciales\n de la Amazonía.

\n\n

La Dirección Nacional Financiera, no dará curso\n a solicitudes de pago que vayan en contra de las disposiciones\n del presente acuerdo.

\n\n

Todas las unidades administrativas darán estricto cumplimiento\n a la disposición del presente acuerdo.

\n\n

De la ejecución del presente acuerdo que entrará\n en vigencia a partir de la presente fecha, encárguense\n todas las unidades, administrativas del Ministerio de Desarrollo\n Urbano y Vivienda.

\n\n

22 de marzo del 2001.

\n\n

f.) Nelson Murgueytio P., Ministro de Desarrollo Urbano y\n Vivienda. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

\n\n

Certifico que este documento es fiel copia del original. f)Cecilia\n Morales de Vega, Secretaria General.

\n\n

26 de marzo del 2001.

\n\n

 

\n\n

No. 164\n - 99 - MS

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, 25 de octubre del 2000; las 11h00.

\n\n

VISTOS: En el juicio penal por detención ilegal, delito\n tipificado y reprimido en el artículo 183 del Código\n Penal, los condenados Manuela Chadán Tuala, Luz América\n Yanchapanta Higuiquitin, Rosa Edelmira Yanchapanta Apupalo, Adriano\n Chadán Tuala y María Alejandrina Chadán\n Tuala, deducen recurso de casación de la sentencia expedida\n por el Segundo Tribunal Penal de Tungurahua que les impone la\n sanción individual de tres meses de prisión correccional,\n ochenta sucres de multa, más costas procesales, daños\n y perjuicios por ser autores de la indicada infracción.\n El trámite del recurso correspondió por sorteo\n a este Tribunal de Casación, que asume competencia para\n decidir la impugnación, al amparo del artículo\n 200 de la Constitución Política de la República,\n las normas de la Ley Orgánica de la Función Judicial\n y el Código de Procedimiento Penal, en relación\n con la regla vigésima del artículo 7 del Código\n Civil. Atento el estado de la causa, para resolver, la Sala considera:\n PRIMERO. - No existir en la tramitación del recurso omisión\n alguna de requisito legal o solemnidad sustancial que pueda afectar\n su validez procesal que declara en virtud de la presente resolución.\n SEGUNDO. - Al fundamentar su recurso los comparecientes mencionados,\n señalan que en la sentencia hay violación de los\n artículos 67, 154, 64, 146, 326 inciso tercero, 35,40\n y 333 del Código de Procedimiento Penal y el numeral 13\n del articulo 24 de la Constitución Política del\n Estado, por considerar que se prescinde de valoración\n crítica de las pruebas, dando mérito solamente\n al informe policial, denuncia y acusación particular;\n que se ha apreciado únicamente la prueba de la acusación\n particular, con evidente parcialización; por no haberse\n comprobado la existencia del delito ni valorar la prueba de descargo,\n por razón de que el acusador particular Santiago Tuala\n Cabuco es tío para los procesados y primos hermanos para\n el presunto secuestrado; y, finalmente, porque la sentencia no\n es motivada y en ella se efectúa interpretación\n extensiva de la ley, cuestión que prohíbe el articulo\n 4 del Código Penal. TERCERO. - Contestando la fundamentación\n precedente, el señor Ministro Fiscal General subrogaste,\n expresa que el análisis y valoración de las pruebas\n es una facultad exclusiva del juzgador, según la norma\n del artículo 64 del Código de Procedimiento Penal\n y al ejercer esta potestad, el Tribunal de la sentencia condenatoria\n no incurre en violación de ley, ni en caso alguno de los\n señalados en el artículo 373 ibídem (vigente\n al tiempo de, la fundamentación). Estima que el hecho\n declarado en la sentencia con todas las circunstancias, corresponde\n precisamente al tipo de delito aplicado por el Tribunal Penal.\n CUARTO. - El recurso extraordinario y especial de casación,\n procede únicamente en los casos establecidos en el artículo\n 373 del Código de Procedimiento Penal vigente al tiempo\n de su interposición (hoy Registro Oficial No. 360 de 13\n de enero del 2000) cuando en la sentencia se hubiere violado\n la ley ya por contravenir expresamente a su texto, por falsa\n aplicación o interpretación errónea. En\n este ámbito, corresponde al Tribunal de Casación\n examinar la legalidad de la resolución que se impugna\n y debe hacerlo en relación directa con la naturaleza del\n hecho que se incrimina y la prueba de las partes procesales para\n esclarecer si hay o no infracción penal y responsabilidad\n para los efectos del articulo 326 del Código Adjetivo\n Penal, aplicable al caso en examen, por su vigencia al tiempo\n de la expedición y notificación de la sentencia.\n La Sala de Casación solo cuando presume la no aplicación\n de las reglas valorativas de la prueba, reexamina los autos para\n inferir si el fallo responde a la verdad procesal, con la cabal\n aplicación de la ley para absolver o condenar bajo la\n convicción y certeza legal del juzgador. Así, revisada\n la resolución del Tribunal Penal, no se encuentra violación\n alguna de derecho, porque la prueba actuada ha sido valorada\n en apoyo de las reglas de la sana crítica. La sentencia\n condenatoria guarda conformidad con los antecedentes descritos\n en los considerandos y las disposiciones legales aplicadas para\n su expedición y fijación de la pena a las personas\n recurrentes, en el monto de tres meses, siendo que el articulo\n 183 del Código Penal, reprime la detención ilegal\n con prisión de dos meses a dos años. Por las consideraciones\n precedentes, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, al tenor del vigente artículo\n 358 del Código de Procedimiento Penal, este Tribunal de\n Casación, estima improcedente el recurso impugnatorio\n propuesto por las personas mencionadas al comienzo de la presente\n resolución. Lo declara así y ordena devolver al\n proceso al Tribunal Penal de origen para los efectos de ley.\n -Notifíquese y cúmplase.

\n\n

f.) Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado - Presidente.

\n\n

f) Dr. Eduardo Brito Mieles, Magistrado.

\n\n

f) Dr. Carlos Riofrío Corral, Magistrado.

\n\n

Certifico.

\n\n

f) Secretario Relator.

\n\n

Es fiel copia igual a su original. Quito, 9 de febrero del\n 2001.

\n\n

f) Secretario Relator.

\n\n

 

\n\n

No. 248 - 99 - MS

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, 29 de septiembre del 2000; las\n 11h55.

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VISTOS: Teniendo como base la denuncia del Gerente Procurador\n Judicial del Banco Internacional SA. - folio 1 - y las investigaciones\n policiales de los siguientes 83 folios, el Juez Primero de la\n Penal del Guayas encargado del Juzgado Décimo del ramo,\n de esa provincia inició juicio penal por asalto y robo\n a dicho banco, situado en las calles Víctor Emilio Estrada\n y Dátiles, Centro Comercial El Triángulo, ciudadela\n Urdesa de la ciudad de Guayaquil y agotada la fase investigativa\n del sumario, declaró abierta la etapa plenaria en contra\n de los sindicados Wellington Francisco Panchana Benneth, Héctor\n Amable Malucín Sanizaca, Galo Wladimir Contreras López,\n Xavier Antonio Medina Saldarriaga, Yadira Elizabeth Mora Benneth\n y Máximo Isidro Suárez Garófalo, considerados\n "autores presuntos responsables del delito tipificado en\n el artículo 550 y sancionado por el articulo 552 circunstancias\n dos del Código Penal, sobreseyendo provisionalmente del\n proceso y a favor de Wladimir N. N. (a) Cheito y N. N. Taxista\n (a) El Chino, por no haber sido individualizados con sus nombres\n y apellidos completos" situación por la cual el auto\n ordena elevar el proceso al superior para la, consulta de ley,\n providencia notificada el doce de enero dc 1999 a las partes\n procesales que constan en la razón del folio 452, observándose\n la omisión de notificar a los sindicados Xavier Medina\n Saldarriaga, Wellington Panchana Benneth y Yadira Mora Benneth,\n mientras proponían recurso de apelación en tiempo\n oportuno los procesados Héctor Amable Malusin Sanizaca,\n Galo Contreras López y reclamaron Xavier Antonio Medina\n Saldarriaga, Wellington Panchana Benneth y Yadira Mora Benneth\n por no haber sido notificados con el referido auto, lo que dio\n lugar a que el Juez de la causa amoneste al abogado Jorge Argudo\n Mejía, ayudante de la Judicatura y disponga esa notificación\n omitida, a partir de la cual, se ejecutorió el auto para\n dichos reclamantes según la razón adicional de\n folios 457 vta, y se expidió el auto de fojas 458, providencia\n que ordena remitir el proceso a la Corte Superior y que se obtenga\n copia debidamente certificada de todo el proceso y se lo envié\n a la Oficina de Sorteos de Causas y Casillero Judiciales adscrita\n a la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, para que se determine\n el Tribunal de lo Penal del Guayas, que proseguirá la\n sustanciación del plenario en contra de los sindicados,\n Xavier Medina Saldarriaga, Wellington Panchana Benneth y Yadira\n Mora Benneth, por no haber apelado del auto para plenario. Agotada\n la sustanciación por el Tercer Tribunal de lo Penal del\n Guayas al que correspondió la causa por sorteo, expidió\n sentencia condenatoria contra dichos procesados, imponiéndoles\n la pena de "nueve años de reclusión menor\n ordinaria por existir circunstancias agravantes, en pandilla\n con armas de fuego y en lugar público" como autores\n responsables del delito tipificado en los artículos 550\n y que reprime el 552 circunstancia segunda del 552 del Código\n Penal, respectivamente. El recurso de casación de esta\n sentencia propuesto por los procesados Xavier Antonio Medina\n Saldarriaga, Yadira Elizabeth Mora Benneth y Wellington Panchana\n Benneth, correspondió a este Primer Tribunal Supremo que\n para decidir considera; PRIMERO -COMPETENCIA. - Que esta Sala\n es competente para resolver el recurso, al amparo del artículo\n 200 dc la Constitución Política del Estado, la\n Ley Orgánica de la Función Judicial y el Código\n de Procedimiento Penal. SEGUNDO. - VALIDEZ DEL TRAMITE. - Que\n el trámite de la impugnación es válido por\n cumplidos los requisitos y solemnidades que le son inherentes\n por mandato legal. TERCERO. - FUNDAMENTO DEL RECURSO. - Los recurrentes\n fundamentan su impugnación, destacando como aspecto relevante\n el hecho evidente de haber sido llamados a la etapa plenaria\n acusados por el Fiscal y sentenciados por el Tribunal Penal,\n conforme al artículo 552, numeral 2 del Código\n Penal, norma según la cual, la pena para el delito tipificado\n en el artículo 550 ibídem, genera pena de 3 a 6\n años de reclusión menor, sin embargo de ello, el\n Tribunal de la condena les impone erradamente pena de reclusión\n menor ordinaria de nueve años. CUATRO. - OPINION FISCAL.\n - En respuesta a la fundamentación, el señor Ministro\n Fiscal General subrogaste, estima que existe violación\n en la sentencia en lo relativo a la específica invocación\n dc los recurrentes relativa a la condena que no podía\n ser de nueve años de reclusión menor ordinaria\n si a juzgar por el contenido de la sentencia, el mismo Tribunal\n que la expide, determina que el delito se cometió en la\n circunstancia segunda del mencionado articulo 552 del Código\n Penal y que su pena aplicable es la de tres a seis años\n de reclusión menor", sin que sea del caso la imposición\n de la condena de 6 a 9 años de reclusión menor,\n por concurrir tan solo una y no dos o más de las circunstancias\n a que se refiere dicho artículo, pues las agravantes en\n pandilla, con armas de fuego y en lugar público, constituyen\n únicamente una de las situaciones (la del numeral 2) previstas\n en tal norma legal...". QUINTA. - RESOLUCION. - Al examen\n del fallo impugnado y la fundamentación del recurso, la\n Sala de Casación determina que en la sentencia se viola\n la norma del artículo 552 del Código Penal, y en\n consecuencia, sin mayor argumentación que resulta innecesaria\n ante la evidencia de aquella transgresión legal objetiva,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, con apoyo en el vigente articulo 358 del Código\n de Procedimiento Penal, Suplemento del Registro Oficial No. 360\n de 13 de enero del 2000,. la Sala estima procedente el recurso\n de los procesados Xavier Antonio Medina Saldarriaga, Yadia Mora\n Benneth y Wellington Panchana Benneth y compartiendo la opinión\n del señor Ministro Fiscal General subrogaste, casa la\n transgresión legal y corrige el error de derecho ya indicado\n y declara que dichos procesados cuyos datos individualizantes\n constan de autos, son autores responsables del delito que tipifica\n el artículo 550 del Código Penal, ejecutado con\n la circunstancia segunda del artículo 552 ibídem,\n y en consecuencia, en aplicación de esta norma, le impone\n la pena de seis años de reclusión menor, sanción\n que la cumplirán en el Centro de Rehabilitación\n Social donde actualmente se encontraren, debiendo descontarse\n el tiempo que hubieren devengado. Sin costas ni honorarios que\n regular en este nivel. - Notifíquese y ejecutoriada la\n presente sentencia, devuélvase el proceso al Tribunal\n de origen para los efectos de ley. - Notifíquese.".

\n\n

f) Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado Presidente.

\n\n

f.) Dr. Eduardo Brito Mieles, Magistrado.

\n\n

f) Dr. Carlos Riofrio Corral, Magistrado. Certifico. - f)\n Secretario Relator.
\n Es fiel copia igual a su original.

\n\n

Certifico.

\n\n

Quito, 9 de febrero del 2001.

\n\n

f) Secretario Relator.

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No. 414\n - 99 - MS

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, 27 de octubre del 2000; las 11h55.

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VISTOS: Por el sorteo de ley llega a esta Primera Sala de\n lo Penal el proceso penal número 414 - 99, seguido por\n José Reinaldo Ochoa Pérez, por robo y violación\n a Narcisa Ochoa Rojas, persona minusválida, que según\n la sentencia condenatoria expedida por el Segundo Tribunal Penal\n de Loja declara a Jorge lldebrando Castillo autor de aquella\n violación y a quien impone pena modificada de cinco años\n de reclusión menor según tipificación del\n articulo 512 numerales 2 y 3 del Código Penal, y sanción\n prevista en la última parte del artículo 513, en\n relación con el articulo 72 ibídem, penalización\n con costas, daños y perjuicios. Del fallo en mención,\n el condenado interpone recurso de casación cuyo trámite\n ha concluido con las solemnidades inherentes a su naturaleza,\n asegurando la validez procesal que se declara. Para dictar sentencia\n esta Sala considera: 1) Ser competente para decidir el recurso\n al tenor del articulo 200 de la Constitución Política\n de la República, las normas de la Ley Orgánica\n de la Función Judicial y del Código de Procedimiento\n Penal. 2) Jorge Ildebrando Castillo por intermedio de su defensor\n autorizado fundamenta el recurso, diciendo que en la sentencia\n que lo condena, se viola los artículos 72, 513 del Código\n Penal y los artículos 65, 127 y 326 del Código\n de Procedimiento Penal, existiendo falsa aplicación de\n la ley en tanto inobserva los principios fundamentales de la\n prueba dando como resultado una sentencia injusta. Expresa que\n "Narcisa Ochoa Rojas es minusválida físicamente\n pero no mental" condición sobre la cual, alega que\n tal como declaró preprocesalmente a folios 10 y luego\n en su indagatoria de fojas 30, "eran enamorados y sus dos\n relaciones sexuales fueron consentidas por ella, sin mediar fuerza\n o violencia, y que jamás tuvo intención de robar\n dinero ni otros bienes, sino que por pedido de su enamorada,\n la segunda vez que mantuvieron relaciones sexuales ella le pidió\n que se esconda debajo de su cama, donde se quedó dormido\n hasta que llegó la policía y fue apresado".\n Sostiene que en la fundamentación del recurso que el Tribunal\n Penal no toma en consideración atenuantes que le benefician,\n "ejemplar conducta demostrada antes del cometimiento de\n la infracción así como durante todo el tiempo que\n se encuentra privado de su libertad; sin ninguna peligrosidad;\n atenuantes que previstas en el artículo 29 del Código\n Penal deben ser consideradas en el caso de tener responsabilidad\n en esta infracción" afirmaciones que para esta Sala\n son reveladoras de un reconocimiento participativo en el ilícito.\n 3) Al responder estas alegaciones del recurrente, el señor\n Ministro Fiscal General subrogaste expresa que el Tribunal Penal\n de Loja no ha violado ley alguna, por cuanto la pena impuesta\n al recurrente está comprendida dentro de los márgenes\n previstos por el artículo 72, inciso cuarto del Código\n Penal, escala de pena de la que hace uso el juzgador con criterio\n lógico, jurídico y adecuado, en relación\n a la participación del infractor; el delito cometido,\n análisis y valoración de la prueba y constancias\n procesales. 4) Para el presente juzgamiento es de capital importancia\n tomar en cuenta el tipo de personalidad del sujeto presuntivamente\n agredido sexualmente, partiendo del dictamen médico -\n legal sobre la persona afectada, para relacionarlo con las condiciones\n y circunstancias del hecho sexual, que el propio recurrente libremente\n declara y reconoce haberlo tenido con una mujer "minusválida\n físicamente y no mentalmente". Sobre el particular,\n el considerando cuarto de la sentencia impugnada se apoya entre\n otras pruebas, en los informes médicos del Hospital Regional\n Isidro Ayora y del Colegio de Médicos de Loja, folios\n 5, 6 y 14, acreditando haber atendido y examinado a Narcisa Liliana\n Ochoa Rojas el día 15 de noviembre de 1998 (a las 12 horas;\n 45 minutos por el Colegio Médico) quien es persona con\n retardo mental y dislalia y presenta intenso dolor a nivel inguino\n - genital con himen edematoso, equimótico hiperémico\n y desflorado en todo su contorno, sangrante en sus bordes; laceración\n de 4 centímetros de diámetro en el tórax\n y arañazos - laceraciones oblicuas dirigidas de arriba\n hacia abajo en la parte inferior del tórax, muslo derecho\n tercio y medio parte externa lacerado, cara interna equimosis\n de forma redondeada de aproximadamente 3 centímetros de\n diámetro. Interior vaginal con olor característico\n e impregnado en semen mezclado con tierra, concluyendo el examen\n del Colegio Médico, que la persona , examinada demuestra\n haber sido víctima de "agresión sexual".\n Sobre esta base científica, no impugnada, ni destruida\n en su eficacia por el procesado, la Sala de Casación debe\n valorar el argumento defensivo del recurrente, cuando enfatiza\n que las relaciones fueron consentidas por Ochoa Rojas, lo cual\n implica que la voluntad de Narcisa Liliana Ochoa Rojas estaba\n libre para ese acto sexual, es decir, voluntad no viciada, disminuida\n o afectada por aquel retardo mental, alegación no admitida\n por este Tribunal, pese a que los informes médicos no\n aportan ilustración alguna sobre psicodiagnóstico\n y niveles intelectuales de la persona examinada con aquel retardo\n mental en perspectiva biológica, psicológica, psiquiátrica\n y social para efectos de su conciencia y libertad; el grado de\n incidencia de ese retardo mental, y consecuencias volitivas,\n para inferir consentimiento al momento del hecho incriminado,\n perfil de personalidad sobre el cual debe ser valorada la defensa\n del reo, ya sea para aceptarla como razonable o para reprochar\n su conducta como ilegal y sancionable. Consentimiento y violación\n serían por tanto en materia sexual, términos contrapuestos.\n En el caso que se juzga, el consentimiento alegado como expresión\n ético jurídica, aceptando una acción participativa\n en lo sexual, pierde sustento por las señales de fuerza\n y evidencias agresivas en lo físico para posibilitar el\n acceso carnal en la persona de quien reclama por violación,\n situación que presupone violencia previa sobre un ser\n humano física y mentalmente disminuida en sus facultades\n volitivas y de defensa personal, ante la cual la persona agredida\n no tiene libertad, ni puede consentir para una relación\n sexual que se demuestra ilegítima y antiética,\n aspecto evidente en este proceso, en el cual, la agraviada reclama\n por el ilícito contra su agresor a través de su\n curadora y traductora , por su condición mental, que solo\n permite una expresión oral dislálica insuficiente\n y extremadamente rudimentaria, condición biológica\n y deficiencia mental, que convierte a quien la sufre, en víctimas\n de delitos por su acentuada indefensión o sugestividad,\n incluso para ser engañadas dolosamente hasta llegar a\n la posesión camal definida como violación por estar\n presidida por la fuerza o violencia entre las cuales se anula\n el consentimiento. 5) Del examen de la sentencia con vista de\n las diligencias probatorias actuadas por las partes, esta Sala\n no encuentra violación de derecho en la sentencia que\n inclusive reconoce atenuantes a favor del reo para modificar\n la pena por el delito cometido. En consecuencia, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY\n desestima por improcedente el recurso de casación propuesto\n por Jorge lldebrando Castillo, lo declara así al amparo\n del vigente artículo 358 del Código de Procedimiento\n Penal, ordenando la devolución del proceso al Tribunal\n Penal de origen para la ejecución de la sentencia recurrida.\n -Notifíquese y cúmplase.".

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f.) Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado - Presidente.

\n\n

f) Dr Eduardo Brito Mieles, Magistrado.

\n\n

f) Dr. Carlos Riofrío Corral, Magistrado. Certifico.

\n\n

f) Secretario Relator.

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Es fiel copia igual a su original. Quito, 9 de febrero del\n 2001.

\n\n

f) Secretario Relator.

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No. 427\n - 99 - MA

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, 27 de noviembre del 2000; las\n diez horas.

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VISTOS: Por el sorteo legal ha correspondido a esta Sala la\n impugnación que Hugo Edmundo Anguisaca Mendoza formula\n sobre la sentencia expedida por la Tercera Sala de la Corte Superior\n de Cuenca que acepta la apelación del arquitecto Carlos\n Marconi Guzmán Crespo y declara sin lugar la querella\n propuesta en su contra por el acusador particular Anguisaca Mendoza,\n en el juicio penal de acción privada de injuria calumniosa.\n Concluido el trámite del recurso, para la presente sentencia,\n la Sala formula las siguientes consideraciones: PRIMERA. - COMPETENCIA.\n -Este Tribunal de Casación es competente para decidir\n el reclamo de violaci

 

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