Registro Oficial

Registro Oficial. 11 de ABRIL del 2001

Miércoles, 11 de abril de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
\n

   MES DE ABRIL\n DEL 2001

\n \n \n \n
\n

\n
 
\n

 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

 Miércoles 11 de Abril del 2001

\n

REGISTRO OFICIAL No. 304

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA:
\n
 
\n
ACUERDO
\n
 
\n MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
\n
 
\n 2001-079 Expìdese Ia\n reforma al Reglamento lnterno pera el tràmite de comisiones\n de servicios y pago de viàticos, subsistencias, alimentación\n y gastos de transporte, tanto en el interior como en el exterior\n del pais, de los servidores del MICIP
\n  
\n
RESOLUCIONES
\n  
\n MINISTERIO DE EDUCACION:
\n
 
\n 0262 Créase el Consejo\n Nacional de Educaciòn a Distancia, que funcionarà\n como organismo de caràcter consultivo técnico
\n  
\n
EMPRESA\n NACIONAL DE CORREOS
\n
 
\n
0078 Emítese el Reglamento de préstamos\n a los funcionarios y trabajadores

\n\n

DIRECCION\n GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LITORAL

\n\n

070/01 Dispónese que las superintendencias\n de los terminales petroleros de Balao y La Libertad tienen la\n obligación de efectuar el control de los certificados\n que disponen los convenios Internacionales de la OMI a todos\n los buques de tràfico internacional y que arriben a estos\n terminales
\n  
\n
JUNTA\n BANCARIA
\n
 
\n
JB-2001-328\n Sustitúyese\n el primer considerando de la Resolución JB-2001-291 de\n 22 de marzo del 2001
\n  
\n
SUPERINTENDENCIA\n DE BANCOS
\n
 
\n SB-2001-0164 Nómbrase\n como liquidador temporal de La Moneda S.A. Casa de Cambios \n aI ingeniero Marco Almeida López
\n  
\n
BANCO\n CENTRAL DEL ECUADOR
\n
 
\n
-\n Tabla de porcentajes de desvalorizaciòn monetaria para\n el año 2001\n
\n  
\n  
\n
FUNCION\n JUDICIAL:
\n  
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTlL
\n
 
\n Recursos de casaciòn de los juicios seguidos por las\n siguientes personas:

\n  
\n 263-2000 Gustavo Crìsostomo\n Vaca Ruilova en contra de Prosorean Cia. Ltda
\n  
\n
265-2000 Mastercard del Ecuador S.A. en contra\n de Edgar Francisco Ochoa Neira
\n  
\n
270-2000 Maria Leonor Valdivieso Chiriboga en\n contra de Luis Angel Velasco Robalino y otra
\n  
\n 277-2000 Marìa Rosario\n Tigre Ortiz en contra, de Juan de la Cruz Saca Gómez y\n otra
\n  
\n 282-2000 Zoila Victoria Valverde\n Villa en contra de José Manuel Illescas Trujillo y otros\n
\n  
\n 283-2000 Marìa del\n Carmen Machado en contra de Vicente Francisco Valencia Villalba\n
\n  
\n 284-2000 Bolivar Prìeto\n Calderón en contra de Carlos Enrique Alba Alvarez
\n  
\n 289-2000 César Humberto\n Viveros Ocles en contra de la Cooperativa de Vivienda EI Pueblo\n No 1 de Quito y
\n  
\n 290-2000 Maria Olivia Hernàndez\n en contra de la Cooperativa de Vivienda "Llbertad Mariscal\n de Ayacucho"
\n  
\n 301-2000 Manuel Vicente Barrezueta\n Barzallo en contra de la I. Municipalidad de Pucarà
\n  
\n
303-2000 Diego Germàn Guzmán Loayza\n en contra de Fátima Pizarro Rizzo.
\n  
\n 305-2000 Editha Miranda Caña\n en contra de Victor Miranda Caña
\n  
\n 309-2000 Lidia Maria Alarcón\n Frìas en contra del Arq. Jorge Mantilla Palacios y otra\n
\n  
\n 312-2000 Dr. Fausto Benitez\n Jàcome en contra de Rafael Bernardo Càrdenas Luna\n
\n  
\n
ORDENANZAS\n MUNICIPALES:
\n
 
\n - Cantón Daule: Que\n regula la planificación y ejecución de programas\n y proyectos habitacionales de Interès social en la modalidad \n de urbanizaciòn y vivienda progresivas
\n  
\n - Cantòn Rumiñahui:\n De contribuciòn especial de mejoras por pavimentación\n y repavimentaciòn adoquinado y empedrado, aceras, bordillos\n y cerramientos
\n  
\n - Cantón Rumiñahui:\n Reformatoria a la Ordenanza que regula la cuantia del pago\n de impuesto de patentes
\n  
\n - Cantón Rumiñahui:\n Que regala la tasa por utilización vehicular de las vías\n públicas.
\n  
\n - Cantón Sigchos: Que\n regula el servicio de agua potable.
\n

\n \n
\n

 

\n\n

N0 2001-079

\n\n

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION\n Y PESCA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante acuerdos Nros. 2000493 y 2000599, publicados\n en los Registros Oficiales Nros. 172 y 236 de 27 de septiembre\n del 2000 y 3 de enero del 2001, en su orden, se expidió\n la Codificación del Reglamento Interno para el trámite\n de comisiones de servicios y pago de viáticos, subsistencias,\n alimentación y gastos de transpone, tanto en el interior\n como en el exterior del país, de los servidores del Ministerio\n de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca (MICIP),

\n\n

Que es necesario reformar a dicho reglamento; y,

\n\n

En ejercicio de la facultad consignada en el Art. 34 del Reglamento\n General a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n publicada en el Registro Oficial N0 162 del 10 de abril de 1985,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Expedir la siguiente reforma al Reglamento interno para el\n trámite de comisiones de servicios y pago de . viáticos,\n subsistencias, alimentación y gastos de transporte, tanto\n en el interior como en el exterior del país, de los servidores\n del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca (MICIP).

\n\n

Art. 1. - Sustitúyese el Art. 26, por el siguiente:

\n\n

"Art. 26. - SERVICIOS CUBIERTOS POR EL MICIP O TERCEROS.\n - El MICIP podrá contratar, con establecimientos hoteleros\n o similares, ubicados en distintas zonas del país, los\n servicios de alojamiento y alimentación de los funcionarios\n y empleados que se desplacen en comisión de servicios.\n En consecuencia, el MICIP no asumirá el pago de viáticos,\n subsistencias o alimentación, cuando estos servicios sean\n suministrados directamente por el MICIP o por terceros previamente\n contratados.

\n\n

El MICIP tampoco asumirá el pago de viáticos,\n subsistencias o alimentación y transporte, de sus funcionarios\n y empleados, cuando aquellos sean suministrados por otras instituciones\n u organismos.".

\n\n

Comuníquese y publíquese. - Dado en Quito, Distrito\n Metropolitano, 27 de marzo del 2001.

\n\n

f) Ing. Roberto Peña Durini.

\n\n

Comparada esta copia con el original es igual. Lo certifico.

\n\n

f) Director Administrativo, MICIP.

\n\n

 

\n\n

N0 0262

\n\n

EL MINISTRO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTES\n Y RECREACION

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la educación a distancia es un deber inexcusable\n del Estado y derecho irrenunciable de las personas, área\n prioritaria;

\n\n

Que el Sistema Nacional de Educación debe incluir programas\n de enseñanza acorde con la diversidad del país\n en los aspectos culturales y étnicos;

\n\n

Que el Reglamento Especial de Educación a Distancia,\n regula la organización de la educación a distancia\n como parte integrante de la educación nacional;

\n\n

Que el Art. 64 del Reglamento Especial de Educación\n a Distancia establece: que la "DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION\n POPULAR PERMANENTE conformará un Consejo Nacional de Educación\n a Distancia, para plantear los objetivos, estrategias y políticas\n de la Educación a distancia en el país"; y,

\n\n

En uso de sus atribuciones,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1. - Créase el Consejo Nacional de Educación\n a Distancia, que funcionará como un organismo de carácter\n consultivo técnico del Ministerio de Educación,\n Cultura, Deportes y Recreación.

\n\n

Art. 2. - El Consejo Nacional de Educación a Distancia\n estará integrado así:

\n\n

a) El Director Nacional de Educación Popular Permanente,\n quien lo preside;

\n\n

b) Un delegado de la CONFEDEC;

\n\n

c) Un delegado de IRFEYAL; y,

\n\n

d) Un delegado de los establecimientos fiscales de educación\n a distancia.

\n\n

e) Un delegado de los establecimientos particulares de educación\n a distancia; y,

\n\n

f) Actuará como Secretario un funcionario de la Dirección\n Nacional de Educación Popular Permanente

\n\n

Los delegados del Consejo Nacional de Educación a Distancia\n serán personas con amplia experiencia en el campo educativo.

\n\n

Art. 3. - El Consejo tendrá las siguientes funciones:

\n\n

a) Ser órgano consultivo en materia relacionados con\n la prestación y organización del servicio público\n de educación a distancia;

\n\n

b) Proponer al Ministerio políticas, programas y proyectos\n conducentes al mejoramiento de la calidad, cobertura y gestión\n de la educación a distancia;

\n\n

c) Formular propuestas al Ministerio sobre proyectos de ley\n y reglamentaciones que faciliten el cabal desarrollo de la educación\n a distancia; y,

\n\n

d) Darse su propio reglamento.

\n\n

Art. 4. - El Consejo Nacional de Educación a Distancia\n funcionará por el plazo de un año calendario contado\n a partir de la expedición del presente acuerdo ministerial.

\n\n

Art. 5. - La Dirección Nacional de Educación\n Popular Permanente proveerá de recursos humanos y físicos\n que demande el funcionamiento del Consejo.

\n\n

Comuníquese. - En Quito, Distrito Metropolitano, a\n 6 de marzo del 2001.

\n\n

f.) Dr. Gabriel Pazmiño Armijos, Ministro de Educación\n Cultura, Deportes y Recreación (E).

\n\n

Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa\n en los archivos de este Ministerio. - Quito, 20 de marzo del\n 2001.

\n\n

f) Dr. Rodrigo Astudillo Astudillo, Director Nacional de Educación\n Popular Permanente.

\n\n

 

\n\n

N0 0078

\n\n

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
\n NACIONAL DE CORREOS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, la Empresa Nacional de Correos es una entidad de derecho\n público, con personería jurídica, con patrimonio\n propio, presupuesto especial y autonomía administrativa\n y financiera, y que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1494, publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial N0 321 de 18 de noviembre\n de 1999, emitido por el señor Presidente Constitucional\n de la República, mediante el cual dispone la delegación\n de los servicios postales actualmente a cargo de la Empresa Nacional\n de Correos a la iniciativa privada, y la supresión de\n la misma encargándose de este proceso al Consejo Nacional\n de Modernización del Estado CONAM

\n\n

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4 del mencionado\n Decreto Ejecutivo N0 1494, la Empresa Nacional de Correos deberá\n continuar operando y ejerciendo la representación postal\n oficial del Estado, hasta que culmine el proceso de delegación;

\n\n

Que, de acuerdo con lo que disponen las bases de conciliación\n aprobadas mediante Acta de Conciliación suscrita el 7\n de junio del 2000, todo el personal de la Empresa Nacional de\n Correos amparado por el Código del Trabajo debió\n desenrolarse hasta el 31 de enero del 2001;

\n\n

Que, de acuerdo a la necesidad operativa de la empresa y por\n voluntad propia, algunos trabajadores se quedaron laborando en\n la empresa previa la suscripción de un Convenio Complementario;

\n\n

Que, los funcionarios amparados por la Ley de Servicio Civil\n y Carrera Administrativa, aún se encuentran laborando\n en la empresa hasta que culmine el proceso de supresión\n y delegación del Servicio Postal Oficial a la iniciativa\n privada;

\n\n

Que, en concordancia con la Resolución N0 98 - 076\n de 7 de agosto de 1998, la que establece la posibilidad de solicitar\n un préstamo, a los empleados y trabajadores de la empresa;\n y,

\n\n

Que, en uso de sus facultades legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Emitir el presente Reglamento de préstamos a los funcionarios\n y trabajadores de la Empresa Nacional de Correos respectivamente,\n en los siguientes términos:

\n\n

Art. 1. - Los funcionarios y trabajadores de la Empresa Nacional\n de Correos podrán solicitar en calidad de préstamo,\n por una sola vez, la suma de hasta UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS\n UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($1 .000,oo), cantidad que será\n pagada a la empresa en una sola cuota al finalizar el sexto mes\n contado desde la fecha de otorgamiento del préstamo y\n si en caso la empresa fuere concesionada antes del mes indicado,\n se descontará de la indemnización por supresión\n de partida o despido intempestivo según sea del caso si\n el solicitante fuere funcionario o trabajador, éste último\n de acuerdo con las bases de conciliación aceptadas mediante\n acta de conciliación suscrita entre la Empresa Nacional\n de Correos y la CENTRAPOSTAL - U.

\n\n

Art. 2. - Este beneficio se otorgará a los funcionarios\n y trabajadores que lo requieran y que en lo posterior no efectúen\n anticipo de remuneraciones, salvo por calamidad doméstica\n debidamente comprobada por el Departamento de Trabajo Social\n de la Empresa Nacional de Correos.

\n\n

Art. 3. - Unica y exclusivamente podrán solicitar este\n beneficio los funcionarios y trabajadores postales amparados\n por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y por el\n Código del Trabajo con partida presupuestaria individual,\n éstos últimos siempre y cuando hayan suscrito el\n Convenio Complementario.

\n\n

Art. 4. - Se exceptúan los funcionarios de libre remoción,\n contratos eventuales, a plazo fijo, servicios profesionales,\n que por su tipo de relación con la institución\n y condición legal, no pueden acogerse a este reglamento.

\n\n

Art. 5. - La solicitud se dirigirá a la máxima\n autoridad por medio de un formato previamente diseñado\n por el Departa-mento de Trabajo Social y deberá presentarla\n acompañada de una garantía personal, que avalará\n el préstamo.

\n\n

Art. 6. - Esta resolución entrará en vigencia\n a. partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los veinte días\n del mes de marzo del 2001.

\n\n

f) Ing. Gonzalo Vargas San Martín, representante legal\n de la Empresa Nacional de Correos.

\n\n

Es fiel copia del original. - Certifico.

\n\n

f.) Jorge Canelos Valdivieso, Secretario General de Correos.

\n\n

 

\n\n

070/01

\n\n

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE\n Y DEL LITORAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Gobierno de la República del Ecuador ratificó\n el "Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida\n Humana en el Mar SOLAS ­ 74" el 10/MAY/82; el "Convenio\n Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques\n MARPOL 73/78" y el Protocolo respectivo, con fecha 06/ABR/90;\n la "Convención sobre Responsabilidad Civil por Daños\n Causados por Contaminación CLC - 69/72" el 24/NOV/76;\n y, el Convenio Internacional sobre Normas de Formación,\n Titulación y Guardia para la Gente de Mar "STCW -\n 95" el 23/MAR/88;

\n\n

Que el Ecuador también es signatario del Convenio para\n la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacifico\n Sudeste, Lima - Perú, 12/NOV/1988, cuyo texto está\n dirigido a prevenir y controlar la contaminación del medio\n marino en especial la causada por buques y en particular para\n prevenir accidentes, hacer frente a emergencias, y garantizar\n la seguridad de las operaciones de buques en el mar, prevenir\n descargas intencionales y reglamentar el diseño, la construcción,\n el equipo, la explotación y la dotación de los\n buques de acuerdo a normas y reglas internacionales generalmente\n aceptadas;

\n\n

Que la Constitución Política de la República\n del Ecuador en su Art. 163 determina que los convenios internacionales\n promulgados en el Registro Oficial, forman parte del ordenamiento\n jurídico de la República y prevalecerán\n sobre leyes y otras normas de menor jerarquía;

\n\n

Que el Código de Policía Marítima en\n la Sección "Del Control y Prevención de la\n Contaminación de las Costas y Aguas Nacionales producido\n por Hidrocarburos", añadido mediante Decreto Supremo\n No. 945, publicado en el Registro Oficial No. 643 del 20 de septiembre\n de 1974 y el Reglamento a la actividad marítima en su\n Art. 148, determinan que es competencia de la Dirección\n General de la Marina Mercante y del Litoral, a través\n de las capitanías de puerto y superintendencias de los\n terminales petroleros, prevenir y controlar la contaminación\n marítima

\n\n

Que el Ecuador es signatario del Acuerdo de Viña del\n Mar, adoptado el 15 de noviembre de 1992, por los países\n que pertenecen a la Red Operativa de Cooperación Regional\n de Autoridades Marítimas de Sudamérica, México,\n Panamá y Cuba (ROCRAM), y establecido para el control\n de buques por el Estado Rector del Puerto, con el objetivo de\n impedir la operación de buques subestándar que\n puedan atentar a la seguridad marítima y a la protección\n del medio marino;

\n\n

Que en concordancia con las disposiciones legales nacionales\n e internacionales vigentes es necesario establecer disposiciones\n operativas y administrativas que permitan la realización\n de las operaciones de los buques petroleros que van a cargar\n o descargar hidrocarburos en los terminales petroleros de Balao\n y La Libertad;

\n\n

Que un buque petrolero, al cual se le ha reasignado\n el franco - bordo para que corresponda a "Tipo A - Incremento',\n según el Convenio de Línea de Carga 1966, puede\n tener un área muy grande de obra muerta sobre la cual\n actúa el viento creando una fuerza de arrastre que debe\n ser soportada por la monoboya. Por lo tanto, es necesario limitar\n el acceso a las boyas de amarre no solo por el peso muerto (DWT),\n sino también por el tamaño físico del buque;\n y,

\n\n

En uso de las facultades que le otorga el Art. 7, literal\n c) de la Ley General del Transporte Marítimo y Fluvial\n y el Art. 5, literal b) de la Ley General de Puertos, así\n como el derecho de una administración marítima\n a establecer requerimientos en sus terminales, adicionales a\n aquellos que constan en los convenios de la Organización\n Marítima Internacional (O.M.I.) que hubieren sido ratificados\n por la administración respectiva,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1. Las superintendencias de los terminales petroleros\n de Balao y La Libertad tienen la obligación de efectuar\n el control de los certificados que disponen los convenios internacionales\n de la OMI a todos los buques de tráfico internacional\n y que arriben a estos terminales.

\n\n

Art. 2. El control de los documentos de los buques que arriben\n a los terminales petroleros de Balao y La Libertad, debe ser\n realizado de acuerdo a lo contemplado en el Acuerdo de Viña\n del Mar y al contenido de la Resolución A. 787 de la Organización\n Marítima Internacional (Procedimientos para Control por\n Estado Rector de Puerto) de la OMI, a más de lo establecido\n en la presente resolución.

\n\n

Art. 3. Los buques petroleros para realizar maniobra de carga\n o descarga en las monoboyas "X" y "Y" del\n terminal petrolero de Balao, deben tener un peso muerto (DWT)\n no superior a 100.000 toneladas con una tolerancia máxima\n de +7%.

\n\n

Para realizar maniobras de carga o descarga en las boyas de\n amarre TEPRE de dicho terminal, los buques deben tener un peso\n muerto (DWT) no superior a 40.000 toneladas, considerando la\n línea de carga de verano. Además, la eslora total\n no debe exceder 185 metros y un calado máximo de 12 metros.

\n\n

Art. 4. En el campo de hoyas exteriores de amarre del Terminal\n Petrolero de La Libertad sólo pueden operar buques tanqueros\n con un peso muerto (DWT) no superior a 40.000 toneladas métricas.\n No hay limitación en cuanto a eslora máxima, pero\n el calado con carga total no debe ser mayor de 10,50 metros.

\n\n

Art. 5. A las hoyas TEPRE de Balao y a la monoboya de La Libertad\n 'solo tendrán acceso buques petroleros cuyo número\n cúbico no exceda de 105.

\n\n

En las monoboyas X y "Y" de Balao el número\n cúbico no debe exceder de 206.

\n\n

El número cúbico que es el producto de 'L"\n (Eslora entre perpendiculares) por "B" (manga) por\n "D" (puntal) sobre 1000. Número Cúbico\n (NC.) = Lx B x D/1000.

\n\n

Art. 6. Los buques - tanqueros petroleros de más de\n 20.000 toneladas de peso muerto (DWT) para ingresar a los terminales\n petroleros de Balao y La Libertad, deben corresponder a la categoría\n de "Buque Tanquero Nuevo", entregados después\n del 1 de junio de 1982. Estos buques deben tener tanques de lastre\n segregado (SBT), con absoluta independencia entre el sistema\n de lastre y el sistema de carga, tanto en bombas como en tuberías.\n Estos tanques de lastre segregado deben estar posicionados en\n tal forma que protejan a los tanques de carga de hidrocarburos,\n en caso de varamiento o de colisión del buque.

\n\n

Art. 7. No se considerarán aceptables para el acceso\n a estos terminales a los buques que para cumplir con el MARPOL\n 73/78 recurran al uso de la Regla 13A sobre "Tanques Dedicados\n a Lastre" o a la Regla 13D sobre "instalación\n Especial para Lastre" o que supuestamente no necesiten lastre\n líquido alguno cuando estén sin carga. Estas reglas\n según el convenio MARPOL, requieren autorización\n especial de cada administración marítima. En el\n caso de la República del Ecuador dicha autorización\n especial no es concedida.

\n\n

Art. 8. Todo buque petrolero de tráfico internacional\n para hacer maniobras de carga, descarga, en los terminales petroleros\n de Balao y La Libertad debe presentar las certificaciones de\n que cumple sin excepción alguna, con las regulaciones\n prescritas en los siguientes convenios y códigos:

\n\n

a. SOLAS 1974, PROTOCOLO 1978 y las respectivas enmiendas\n hasta las últimas que hubieren entrado en vigencia a la\n fecha de ambo del buque al terminal;

\n\n

b. MARPOL 1973, PROTOCOLO 1978, incluyendo los anexos mandatorios\n I y II y los anexos voluntarios que fueran aplicables según\n la bandera del buque, considerando todas las enmiendas aprobadas\n y en vigencia;

\n\n

c. LOADLINE 1966, que es el Convenio Internacional en Línea\n de Carga de la O.M.I. del año 1966, con enmiendas en vigencia;

\n\n

d. STCW - 95 Convenio Internacional sobre normas de formación,\n titulación y guardia para la gente de mar; y,

\n\n

e. Código Internacional de Gestión de la Seguridad\n (IGS/ISM).

\n\n

Se debe especialmente comprobar que los buques:

\n\n

o Mantengan operativo su sistema de gas inerte.

\n\n

o Mantengan la atmósfera en el interior de los tanques\n de carga con un contenido de oxígeno inferior al 8%.

\n\n

o Disponer a bordo del equipo adecuado para operar la carga\n y descarga en sistema cerrado.

\n\n

o Mantengan operativas las alarmas de nivel de llenado de\n los tanques de carga HLA (95%) y de sobrellenado HHLA (98%).

\n\n

o Mantengan disponibles y operativos, suficiente número\n de equipos intrínsecamente seguros de medición\n portátiles como explosimetros, oximetros, tankscope y\n gascope.

\n\n

o Mantengan operativos sistemas apropiados, de radio y suficiente\n número de equipos portátiles, intrínsicamente\n seguros, durante las operaciones de la carga.

\n\n

Art. 9. Todo buque petrolero que acceda a los terminales petroleros\n debe estar debidamente clasificado por una de las sociedades\n clasificadoras internacionales que son miembros del IACS (International\n Association of Classification Societies). La clasificación\n debe estar vigente. sin suspensión temporal y el buque\n debe tener a bordo el documento titulado "Status de Clasificación".

\n\n

Si existen deficiencias pendientes de corrección éstas\n deben ser de naturaleza tal que no afecten a la seguridad del\n buque y que pueden esperar al período de dique o de mantenimiento\n para ser reparadas.

\n\n

Art. 10. Todo buque petrolero que va a operar en estos terminales\n debe presentar un Certificado del "Convenio sobre Responsabilidad\n Civil por daños causados por contaminación, CLC\n 69/72", emitido por la Administración Marítima\n del País de Registro, respaldado por una Póliza\n de Club P & I o por el documento financiero COFR (Certificate\n of Financial Responsibility) cuya cobertura sea acorde con los\n cánones internacionales, para que garantice responsabilidad\n financiera por los gastos, multas y compensaciones por daños\n causados por el buque por derrames de hidrocarburos.

\n\n

Art. 11. Las superintendencias de los terminales petroleros\n de Balao y La Libertad no permitirán el acceso de buques\n substándars que constan en el listado del Acuerdo de Viña\n del Mar.

\n\n

Por definición de la Resolución A. 787 de OMI\n (Procedimientos para control de buques por el Estado Rector del\n Puerto) se considera que es "substándar" o deficiente\n un buque cuyo casco, máquinas, equipos o seguridad operacional,\n no cumplen en aspectos significativos con las Reglas de Clasificación\n o de los Convenios OMI aplicables, o cuya tripulación\n no se ajusta a lo especificado en el documento determinante de\n la dotación mínima de seguridad.

\n\n

La entidad charteadora se asegurará de no contratar\n este tipo de buques y es de su absoluta responsabilidad.

\n\n

Art. 12. Dentro del Terminal Petrolero de Balao y de La Libertad,\n ningún buque petrolero está autorizado . para arrojar\n lastre sucio ni aguas oleosas. No será permitido lavar\n tanques de carga, con agua o por cualquier otro sistema, a no\n ser que el buque tenga un adecuado tanque de decantación\n y la descarga posterior de aguas oleosas se efectúe a\n más de 50 mulas de la costa y de acuerdo a las condiciones\n de la Regla No. 9 del Anexo 1 de MARPOL 73/78. Las aguas oleosas\n que excedan del máximo de contenido permitido deberán\n ser descargados hacia las facilidades y servicios de recepción\n de los terminales. Es de absoluta responsabilidad de las Superintendencias\n este cumplimiento.

\n\n

Art. 13. Las maniobras de amarre a las monoboyas para recibir\n o entregar petróleo o derivados deben efectuarse durante\n horas del día y siempre que la condición del mar\n no exceda de 3 en la escala de Beaufort. La maniobra de desamarre\n de las boyas y desconexión de mangueras implica algo uncimos\n de riesgo.

\n\n

Es atribución del Superintendente del Terminal el decidir\n si es o no procedente la ejecución de una maniobra programada\n de desamarre.

\n\n

Art. 14. Del cumplimiento de la presente resolución,\n que entrará en vigencia a partir del 1 de abril del 2001,\n sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,\n se encargarán los señores superintendentes de los\n terminales petroleros de Balao y de La Libertad.

\n\n

Dada en Guayaquil en la Dirección General de la Marina\n Mercante y del Litoral, a los treinta días del mes de\n marzo del dos mil uno.

\n\n

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,

\n\n

f) Gonzalo Vega Valdiviezo, Contralmirante, Director General.

\n\n

 

\n\n

N0 JB\n - 2001 - 328

\n\n

LA JUNTA BANCARIA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Junta Bancaria mediante Resolución N0 JB - 2001\n - 291 de 9 de enero del 2001., expidió las disposiciones\n respecto a la remisión de estados financieros de las empresas\n de seguros y compañías de reaseguros, obligaciones\n del Directorio o Junta General de Accionistas, responsabilidades\n de las sucursales y envío del comprobante de pago de la\n contribución para la Superintendencia de Bancos;

\n\n

Que mediante Resolución N0 JB - 200 1 - 295 de 9 de\n enero del 2001, expidió las normas relativas al cálculo\n de las reservas para desviación de siniestralidad y para\n eventos catastróficos;

\n\n

Que con Resolución N0 JB - 200 1 - 297 de 9 de enero\n del 2001, fijó la contribución a los asesores productores\n de seguros, intermediarios de reaseguros nacionales y peritos\n de seguros para atender los gastos de la Superintendencia de\n Bancos;

\n\n

Que mediante Resolución N0 11:3 - 2001 - 313 de 25\n de enero del 2001, expidió las normas para el seguro y\n reaseguro de riesgo(s) catastrófico(s);

\n\n

Que la Junta Bancaria en sesión celebrada el 9 de enero\n del 2001, autorizó al Superintendente de Bancos la expedición\n de las resoluciones aplicables al sistema de seguro privado;\n y,

\n\n

En uso de las atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Articulo único. - En la Resolución N0 JB - 200\n 1 - 291 de 9 de enero del 2001, sustitúyase en el primer\n considerando lo siguiente: "30 de Julio de 1998" por\n "28 de Julio de 1998".

\n\n

El articulo 6, sustitúyase por el siguiente:

\n\n

"Artículo 6. - Derogar las resoluciones Nros.\n NS - 97 - 268 de 23 de junio de 1997; INS - 98 - 268 de 28 de\n julio de 1998; e, INS - 98 - 270 de 28 de julio de 1998.".

\n\n

En la Resolución N0 JB - 2001 - 295 de 9 de enero del\n 2001, articulo 2, en el primer inciso, sustitúyase lo\n siguiente: "aplicar la pérdida máxima probable\n (PLM) del doce punto cinco por ciento (12.5%)" por "..\n aplicar la pérdida máxima probable (PLM) del quince\n por ciento (15%)"; al final del primer inciso sustituir\n el punto por una coma y añádase "deduciendo\n al resultado la capacidad total de los contratos de reaseguro\n de exceso de pérdida catastrófico, a la misma fecha";\n y en el tercer inciso, al final, sustitúyase la palabra\n "operativo" por "catastrófico".

\n\n

En la Resolución N0 113 - 2001 - 297 de 9 de enero\n del 2001, añádase como articulo 5, lo siguiente:

\n\n

"Articulo 5. - Derogar la resolución N0 113 -\n 99 - 122 de 2 de marzo de 1999.".

\n\n

En la Resolución N0 113 - 2001 - 313 de 25 de enero\n del 2001, articulo 14, sustitúyase lo siguiente: "...\n 18 de abril de 1997..." por"... 18 de agosto de 1997...".

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano,\n a los veintidós días del mes de marzo del año\n dos mil uno.

\n\n

f) Alejandro Maldonado García, Presidente de la Junta\n Bancaria.

\n\n

Lo certifico: En Quito, Distrito Metropolitano, a los veintidós\n días del mes de marzo del año dos mil uno.

\n\n

f) Julio Maya Rivadeneira, Secretario de la Junta Bancaria.\n Superintendencia de Bancos.

\n\n

Certifico que es fiel copia del original.

\n\n

f) Dr. Julio Maya Rivadeneira, Secretario General, 27 de marzo\n del 2001.

\n\n

 

\n\n

N0 SB\n - 2001 - 0164

\n\n

Fabián Reinoso Reinoso
\n SUPERINTENDENTE DE BANCOS, (E)

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Resolución N0 113 - 2001 - 325 de 9 de\n marzo del 2001, la Junta Bancaria resolvió la liquidación\n forzosa de los negocios, propiedades y activos de La Moneda SA.\n Casa de Cambios, con domicilio en la ciudad de Ambato, provincia\n de Tungurahua, por haber incurrido en la causal de liquidación\n forzosa prevista en el numeral 3 del artículo 148 de la\n Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema\n Financiero, es decir, no ha realizado las operaciones\n propias de su naturaleza jurídica por un período\n superior a seis meses;

\n\n

Que la citada resolución dispuso que el Superintendente\n de Bancos designe liquidador temporal, delegue el ejercicio de\n la jurisdicción coactiva y disponga las diligencias necesarias\n para ejecutar el proceso liquidatorio;

\n\n

Que la Intendencia Nacional Jurídica de la Superintendencia\n de Bancos, sobre la base del informe de la Dirección de\n Disoluciones y Liquidaciones, ha recomendado la\n designación del ingeniero Marco Almeida López,\n como liquidador temporal de La Moneda S.A. Casa de Cambios, en\n liquidación; y,

\n\n

En ejercicio del encargo conferido mediante Resolución\n N0 ADM - 2001 - 5356 de 15 de marzo del 2001,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Artículo 1. - Nombrar liquidador temporal de La Moneda\n SA. Casa de Cambios, en liquidación, al ingeniero Marco\n Almeida López, quien tendrá, para los fines del\n proceso liquidatorio, todas las facultades que establecen las\n leyes para los liquidadores, en especial aquellas que tienden\n a proteger los intereses de trabajadores, inversionistas y acreedores\n en general, de acuerdo con las normas sobre prelación\n legal establecidas en la Ley General de Instituciones del Sistema\n Financiero.

\n\n

Articulo 2. - Delegar al ingeniero Marco Almeida López\n el ejercicio de la jurisdicción coactiva, que la ejercerá\n de acuerdo con lo dispuesto en la Codificación de la Ley\n General de Instituciones del Sistema Financiero y en la Sección\n Trigésima Primera del Titulo Segundo del Código\n de Procedimiento Civil, para que actúe en calidad de empleado\n recaudador y proceda al cobro de las obligaciones vencidas a\n favor de la entidad en liquidación.

\n\n

Para tal efecto, la presente resolución servirá\n de orden de cobro general, conforme lo dispuesto en el articulo\n 2, Sección 1, Capitulo 1, Subtitulo II del Titulo XI de\n la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria.

\n\n

En su calidad de Juez de Coactivas de La Moneda S.A. Casa\n de Cambios, en liquidación, el liquidador organizará\n los expedientes respectivos según las normas previstas\n en el Reglamento para el ejercicio de la jurisdicción\n coactiva, expedido por la Superintendencia de Bancos, e informará\n al Superintendente de Bancos periódicamente sobre el estado\n de los juicios.

\n\n

Articulo 3. - Disponer que el liquidador designado formule\n el correspondiente inventario y balance inicial de liquidación\n de los negocios, propiedades y activos de La Moneda S.A. Casa\n de Cambios, en liquidación, y, sustancie las demás\n diligencias necesarias para el proceso liquidatorio con la máxima\n celeridad, en orden a integrar la Junta de Acreedores conforme\n lo dispuesto en el artículo 160 de la Codificación\n de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en\n concordancia con lo establecido en el artículo 1, Sección\n 1, Capítulo 1, Subtítulo 111 del Titulo XI de la\n Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de\n Bancos y de la Junta Bancaria.

\n\n

Artículo 4. - Disponer que el señor Registrador\n Mercantil del cantón Ambato inscriba esta resolución\n en los registros a su cargo y siente las notas de referencia\n previstas en el inciso primero del articulo 51 de la Ley de Registro.

\n\n

Artículo 5. - Disponer que el texto íntegro\n de la presente resolución se publique, por una sola vez,\n en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad\n de Ambato.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en la Superintendencia de Bancos en Quito, Distrito Metropolitano,\n a los diecinueve días del unes de marzo del dos mil uno.

\n\n

f) Fabián Reinoso Reinoso, Superintendente de Bancos,\n (E).

\n\n

Lo certifico. - Quito, Distrito Metropolitano, a los diecinueve\n días del mes de marzo del dos mil uno.

\n\n

f.) Julio Maya Rivadeneira, Secretario General. Superintendencia\n de Bancos.

\n\n

Certifico que es fiel copia del original.

\n\n

f) Dr. Julio Maya Rivadeneira, Secretario General. 27 de marzo\n del 2001.

\n\n

 

\n\n

BANCO\n CENTRAL DEL ECUADOR

\n\n

TABLA DE PORCENTAJES DE DESVALORIZA-ClON\n MONETARIA PARA EL AÑO 2001
\n

\n Año de compra del Porcentajes de
\n inmueble desvalorización monetaria para
\n el año 2001

\n\n

1966 1.0
\n 1967 1.0
\n 1968 1.0
\n 1969 1.0
\n 1970 1.0
\n 1971 1.0
\n 1972 1.0
\n 1973 1.0
\n 1974 1.0
\n 1975 1.0
\n 1976 1.0
\n 1977 1.0
\n 1978 1.0
\n 1979 1.0
\n 1980 1.0
\n 1981 1.0
\n 1982 1.0
\n 1983 1.0
\n 1984 1.0
\n 1985 1,0
\n 1986 1.0
\n 1987 1.0
\n 1988 1.0
\n 1989 1.0
\n 1990 1.0
\n 1991 1.0
\n 1992 1.0
\n 1993 0.9
\n 1994 0.9
\n 1995 0.9
\n 1996 0.8
\n 1997 0.8
\n 1998 0.8
\n 1999 0.7
\n 2000 0.5

\n\n

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos,\n Indice de Precios al Consumidor.

\n\n

ELABORACION: Banco Central del Ecuador.

\n\n

 

\n\n

No. 263\n - 2000

\n\n

JUICIO VERBAL SUMARIO

\n\n

ACTOR: Gustavo Crisostomo Vaca Ruilova.
\n DEMANDADO: Prosorean Cía. Ltda.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 7 de julio del 2000; las 11h00.

\n\n

VISTOS: Gustavo Vaca Ruilova dice que dio en arrendamiento\n a la Compañía denominada ROOFTEC, representada\n por el Ing. Oscar Augusto Proaño Bustamante, un inmueble\n ubicado junto a Playa Chica, camino antiguo al Tingo. Cooperativa\n San Gabriel, lote No. 22. perteneciente al Distrito Metropolitano\n de Quito, por la renta mensual de mil doscientos dólares\n americanos, que fue reajustada, de común acuerdo a la\n suma de mil seiscientos. Manifiesta que su inquilino ha\n decidido unilateralmente dar por terminada la relación\n contractual, según carta de 12 de mayo de 1997, por cuya\n razón, de acuerdo con la cláusula décimo\n sexta del contrato, se procedió a realizar el avalúo\n de los gastos de readecuación y mantenimiento, que el\n perito contratado los estimó en cien millones cuarenta\n y tres mil trescientos setenta y nueve sucres. Con tales fundamentos\n e invocando el Art. 28, letra e) de la Ley de Inquilinato, demanda\n al mencionado inquilino el pago de los daños y peoras\n ocasionados, el de las mensualidades que faltaren para completar\n el plazo del contrato, el de los servicios básicos de\n luz eléctrica y teléfono, el de las pensiones de\n arrendamiento que se 'encontrare adeudando, y, el de las costas\n procesales. La señora Jueza Quinta de Inquilinato de Quito\n acepta en parte la demanda y dispone que el inquilino pague las\n pensiones de arrendamiento desde octubre de 1997 hasta el 18\n de abril de 1998, debiendo tomarse en cuenta, para efectos de\n la liquidación, el Art. 7 de la Ley de Régimen\n Monetario; dispone también entregar debidamente satisfechas\n las cartas de pago de los servicios de luz y teléfono.\n La Segunda Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Quito,\n desestimando el recurso y la adhesión, confirma el fallo\n de primer nivel. Heriberto Vélez Loor, liquidador de PROSOREAN\n C. Ltda. (antes ROOFTEC Cía. Ltda.), ha interpuesto\n recurso de casación contra el fallo pronunciado por dicho\n Tribunal. Considera quebrando el Art. 277 del Código de\n Procedimiento Civil, y falta de aplicación del Art. 17\n reformado de la Ley de Inquilinato. Invoca las causales 1ª\n y 4ª del Art. 3 de la ley de la materia. La contraparte\n contestó la impugnación en los términos\n del escrito que obra de fs. 3 a 5 de este cuaderno. Con estos\n antecedentes, para resolver, se considera: PRIMERO. - El Art..\n 277 del Código de Procedimiento Civil, que el recurrente\n lo considera quebrantado, prescribe que "La sentencia deberá\n decidir únicamente los puntos sobre que se trabó\n la litis y los incidentes que originados durante el juicio, hubieren\n podido reservarse, sin causar gravamen a las partes, para resolverlos\n en ella". La sentencia pronunciada por la señora\n Jueza de Inquilinato y que fuera confirmada en segunda instancia\n no ha infringido dicha norma legal; por el contrario,\n su fallo decide con arreglo a la ley los puntos sobre que se\n trabó la litis. No admite el pago de los cuantiosos daños\n que se avalúan en el juicio y se Imita a ordenar el pago\n de las pensiones adeudadas por el arrendatario durante la renovación\n legal del contrato, que se produjera a falta de desahucio. -\n SEGUNDO. - La causal cuarta del Art. 3 de la Ley de Casación,\n que invoca el recurrente se refiere a: "Resolución,\n en la sentencia o auto, de lo que no fuera materia del litigio\n u omisión de resolver en ella todos los puntos de la litis",\n y en el caso no se produce ni lo uno ni lo otro. Dice el liquidador\n de dicha compañía que el fallo resuelve extra petita\n lo relativo a la mora en el pago del arriendo y el pago de las\n planillas por consumo de luz eléctrica y teléfono,\n pero lo hace sin fundamento, ya que ambos puntos están\n contenidos en la demanda, conforme se dejara constancia anteriormente.\n - TERCERO. - Por fin, dice que no se ha aplicado el Art. 17 reformado\n de la Ley de lnquilinato, relativamente a la obligación\n de pactar el precio en moneda ecuatoriana, pero tal obligación\n se refiere al arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda,\n y es claro que el que motiva el presente juicio no tiene ese\n destino, pues se trata simplemente de un galpón. Por estos\n razonamientos,. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se deniega el recurso de casación\n interpuesto. Sin costas ni multa. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Rodrigo Varea Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea y Armando Bermeo Castillo, Ministros Jueces de la Tercera\n Sala de lo Civil y Mercantil. Certifico.

\n\n

f) Dra. Lucía Toledo, Secretaria Relatora.

\n\n

La foja que antecede es fiel y exacta a su original.

\n\n

Certifico. - Quito, 11 de enero del 2001.

\n\n

f) Secretaria Relatora.

\n\n

 

\n\n

No. 265\n - 2000

\n\n

JUICIO VERBAL SUMARIO

\n\n

ACTOR: Mastercard del Ecuador SA.
\n DEMANDADO: Edgar Francisco Ochoa Neira.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 13 de julio del 2000; las 11h00.

\n\n

VISTOS: El abogado Iván Orlando Miranda ... "en\n mi calidad de Procurador Judicial de la compañía\n Mastercard del Ecuador SA., tal como lo justifico con la escritura\n de procuración que acompaño..." dice que su\n representada otorgó tarjeta de crédito Mastercard\n Nacional, identificada con el número 5413 2607 1240 6958,\n a Edgar Francisco Ochoa Neira. Añade que "las obligaciones\n vencidas e impagas del socio señor Edgar Francisco Ochoa\n Neira constan de los estados de cuenta que se acompañan...".\n Prosigue manifestando que el deudor no ha pagado el valor\n de SI. 15'104.002,oo (quince millones, cielito cuatro mil dos\n sucres) razón por la cual le demanda en juicio verbal\n sumario el pago de dicho capital, los intereses bancarios, el\n de mora para operaciones activas concedidas por las instituciones\n del sistema financiero y las costas procesales. El señor\n Juez Cuarto de lo Civil del Azuay acepta la demanda y lo propio\n hace la H. Corte Superior de Justicia del Azuay al confirmar\n en todas sus partes la decisión de primer nivel. El abogado\n Edgar Ochoa Neira ha interpuesto recurso de casación\n contra el pronunciamiento de dicho Tribunal, por considerar infringidas\n varias normas legales: Arts. 198, 355 No. 3, 183, 42 y 34 del\n Código de Procedimiento Civil; 589, 2140, 2138 y 1602\n del Código Civil; 244 No. 4 de la Constitución\n Política de la República; 302, 294 y 44 de la Ley\n de Compañías; y, 30 de la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero. Invoca las causales 2 y 3 del Art. 3\n de la Ley de Casación. La contraparte no contestó\n el traslado. Con estos antecedentes, para resolver, se considera:\n PRIMERO. - El autor de la impugnación se refiere principalmente\n a la personería de los actores, argumentando que presenta\n la demanda el abogado Iván Orlando Miranda, asegurando\n ser Procurador Judicial de Mastercard del Ecuador, olvidando\n que esta compañía es una persona jurídica\n y que éstas son representadas por las personas a quienes\n la ley o las ordenanzas o el acuerdo de la corporación\n han conferido este carácter, según el Art. 589\n del Código Civil, pero que las personas jurídicas\n no pueden comparecer a juicio por si mismas sino por modio de\n sus representantes legales, pero ignora que el actor demandó\n fundándose en la escritura de procuración que acompaña,\n la cual le fue otorgada por Juan Carlos Castañeda Archila,\n precisamente en calidad de representante legal de Mastercard\n del Ecuador, tal como consta 'de las copias que obran de fojas\n 7 a 8 de los autos, en las cuales aparece que el Gerente General\n solicitó autorización al Directorio para conceder\n la procuración judicial al abogado Iván Orlando\n Miranda, como así se resolvió por unanimidad. -\n SEGUNDO. - Habla luego de que se ha incumplido en falta de aplicación\n de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba, ya que la parte actora pretende demostrar la existencia\n de una obligación a base de documentos privados, "los\n mismos que fueron redargüidos de falsos y objetados en tiempo\n oportuno", afirmación que contradice la realidad\n procesal, pues al demandado se le citó con la demanda\n a la que se acompaña la respectiva documentación,\n los días 5. 9 y 10 de febrero de 1998, y él impugna\n lo desfavorable el 1 de abril del propio año, siendo así\n que sólo tenía tres días para hacerlo, según\n el Art. 198 del Código de Procedimiento Civil. - Y. -\n TERCERO. - En suma, el recurrente no contestó la demanda,\n en tanto que el actor la justificó plenamente con la prueba\n instrumental respectiva, reproducida dentro del término\n correspondiente En esta virtud, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se deniega el recurso\n de casación interpuesto. - Sin costas ni multa. - Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Rodrigo Varea Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea y Armando Bermeo Castillo, Ministros Jueces de la Tercera\n Sala de lo Civil y Mercantil. Certifico.

\n\n

f) Dra. Lucia Toledo, Secretaria Relatora.

\n\n

La foja que antecede es fiel y exacta a su original.

\n\n

Certifico. - Quito, 11 de enero del 2001.

\n\n

f) Secretaria Relatora.

\n\n

 

\n\n

No. 270\n - 2000

\n\n

JUICIO ORDINARIO

\n\n

ACTORA: María Leonor Valdivieso\n Chiriboga.
\n DEMANDADOS: Luis Angel Velasco Robalino y otra.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 14 de julio del 2000; las 11h00.

\n\n

VISTOS: Maria Leonor Valdivieso Chiriboga dice que desde hace\n diecisiete años viene poseyendo un lote de terreno ubicado\n en la ciudad de Puyo, en la prolongación de la calle Jacinto\n Dávila, barrio México, habiéndolo hecho\n en forma pública e ininterrumpida, sin fuerza ni violencia;\n inmueble que tiene una superficie de 489,10 metros cuadrados,\n comprendido dentro de los linderos que enuncia. Manifiesta que\n en el inmueble ha construido una casa de madera\n con bases de cemento, una Iavandería con tanque de agua;\n edificación que le sirve de vivienda junto con su hijo\n el menor Wilson Mario Velasco Valdivieso. Añade que el\n predio fue adquirido por Angel Floresmilo Velasco, el cual lo\n ha dado en venta a su hijo Luis Angel Velasco Robalino.\n Aclara que el vendedor, Angel Floresmilo Velasco, es padre del\n hijo de ella y hermano de Luis Angel Velasco Robalino. Con tales\n antecedentes, demanda a Luis Angel Velasco Robalino y a su cónyuge\n Guadalupe del Rocío Hiedra Machado la prescripción\n adquisitiva extraordinaria de domino sobre dicho predio. Se funda\n en los Arts. 734, 2416 y 2434 del Código Civil. Concluye\n solicitando que se cuente con el I. Municipio del Cantón\n Pastaza, en las personas de su Alcalde y Procurador Sindico.\n El señor Juez de lo Civil de Pastaza declara con lugar\n la demanda. La H Corte Superior de Justicia de Puyo confirma\n la decisión de primer nivel. Luis Angel Velasco Robalino\n y Guadalupe del Rocío Hiedra Machado han interpuesto recurso\n de casación contra el fallo pronunciado por dicho Tribunal.\n Invocan los Arts. 1, 2 literal a) y 3 numerales 1, 2, 3 y 4 de\n la Ley de Casación. Manifiestan que no se ha citado al\n I. Municipio del Cantón Puyo, lo cual acarrea la nulidad\n conforme los Arts. 262 de la Ley de Régimen Municipal\n y. 353 y 355 ,del Código de Procedimiento Civil. Sostienen\n también que se incurre en nulidad, por no haberse citado\n la demanda a los anteriores dueños. Afirman que existe\n aplicación indebida del Art. 109 del Código de\n Procedimiento Civil al no haberse apreciado la prueba en su conjunto;\n la mala interpretación del Art. 126 ibídem, por\n considerar como prueba a favor de

 

Change password



Loading..