Registro Oficial

Registro Oficial. 9 de ABRIL del 2001

Lunes, 09 de abril de 2001

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE ABRIL\n DEL 2001

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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

 Lunes 9 de Abril del 2001

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REGISTRO OFICIAL No. 302

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA:

\n\n

ACUERDOS:
\n  
\n MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n  
\n 087 Delègase al señor\n ingeniero José Luis Suàrez Arosemena, Coordinador\n General para que represente al señor Ministro en la sesión\n de Directorio del Banco del Estado, (BEDE)
\n  
\n
088 Delégase al señor economista\n Luis Guzmàn, Director General Financiero para que represente\n al señor Ministro en Ia sesión de la Comisión\n Técnica de la Agencia de Garantìa de depósitos,\n AGD
\n  
\n 089 Delègase al señor\n Pablo Córdova Cordero, Subsecretario General de Finanzas\n pera que represente el señor Ministro en la sesión\n de la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco del Estado\n
\n  
\n
MINISTERIO\n DE GOBIERNO:
\n
 
\n
0001 Sanciónase la Ordenanza para el\n cobro del timbre provincial, expedida por el H. Consejo Provincial\n de Pichincha

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL:
\n  
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

\n\n

SEGUNDA\n SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL
\n
 
\n
Recursos\n de casación en los juicios seguidos por los siguientes\n personas:
\n  
\n 416-2000 Jacinto Guanolliquìn\n Guallichico en contra del Arq. Raúl Arciniegas y otros.
\n  
\n 417-2000 Virgilio Guerrero\n Larrea en contra  de Alfonso Alvarez Malate
\n  
\n
4l8-2000 Floresmilo de la Cruz Cacuango en contra\n de Delia Flores de la Cruz.
\n  
\n
420-2000 Diners Club Internacional S.A. en contra\n del Ing. Luis Villanova Saurat  otro.
\n  
\n 421-2000 Dr. Francisco Tama\n Viteri en contra de Presley Jiménez
\n
 
\n 422-2000 Héctor López\n Rosero en contra de Eva López Rosero
\n  
\n 428-2000 Rubén Darìo\n Muñoz Vivar en contra del licenciado Ivàn Salinas\n Palacios
\n  
\n
432-2000 Julio César León Vinueza\n en contra de Julio Amilcar López Guerra
\n  
\n 435-2000 Rosendo Neto Vera\n en contra de César Cabrera y otra
\n  
\n
436-2000 Ing.  Marcelo Carrillo Dàvila\n en contra del Municipio de Santo Domingo de los Colorados.
\n  
\n 438-2000 Luis Mario Valverde\n Pesàntez en contra de Humberto Valverde Pesàntez\n

\n\n

PRIMERA\n SALA DE LO PENAL

\n\n

236-97-MV Ministerio Fiscal General\n en contra de Luis Raúl Farez Ochog.
\n  
\n 301-97-OR Ministerio Fiscal\n General en contra de Marìa Isabel Yanchatipàn Moposita.
\n  
\n 16-98-JOC Noemì Vasquez Miranda en contra\n de Luis Belisario Cunin Rosas y otros.
\n  
\n
17-98-AG Rosa Elvira Tacúri P. en contra\n de Luis Velasco Ulco
\n  
\n
158-98-J0 Ministerio Fiscal General en contra de\n Danilo Gerardo Cabezas Guerrero y otro
\n  
\n 302-98-MA Ministerio Fiscal\n General en contra de Cornelius Van Vaspt Sewell y otra
\n  
\n
369-98-MA Luz Marìa Analuisa Banda en contra\n de Segundo Carranza Paredes
\n  
\n
11-99-OR Jorge Antonio Burbano Muriel en contra\n de Mauricio Armendàriz Villalba.
\n  
\n
16-99-MA Manuel Riera Landàzuri en contra\n de Jaime Altamirano Brito
\n  
\n 76-99-MA Morayma Concepción\n Vallejo Tapia en contra de Gloria Angélica Flores Naranjo\n

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:
\n
 
\n
-\n Cantón Eloy Alfaro (Esmeraldas): Que reglamenta los procesos de contratación.\n
\n  
\n - Cantón Mera: Que\n reglamenta el uso, control, mantenimiento y administraciòn\n de los vehiculos

\n\n

AVISO\n JUDICIAL:
\n
 
\n
-\n Muerte presunta del señor Guillermo Honorio Dominguez\n (1era publicación)\n
\n  
\n
-\n Juicio de expropiaciòn seguido por el  Municipio\n de Riobamba\n (1era publicaciòn)
\n  
\n
-\n Muerte presunta del señor Diego Hernàndez Niacasa (2da publicación)
\n  
\n -\n Muerte presunta de la señora Marìa Dolores Asanguilago (2da publicación)
\n
\n

\n \n
\n

 

\n\n

N0 087

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

En uso de las atribuciones que le concede\n el Art. 25 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Artículo único. - Delegar al señor Ing.\n José Luis Suárez Arosemena. Coordinador General\n de esta Cartera de Estado para que me represente en la sesión\n de Directorio del Banco del Estado, (BEDE), a realizarse el día\n jueves 22 de marzo del 2001.

\n\n

Comuníquese. - Quito, 22 de marzo del 2001.

\n\n

f.) Jorge Gallardo, Ministro de Economía y Finanzas.\n Es copia. - Certifico.

\n\n

f) Julio César Moscoso S., Secretario General del Ministerio\n de Economía y Finanzas.

\n\n

 

\n\n

N0 088

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

En uso de las atribuciones que le concede\n el Art. 25 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Articulo único. - Delegar al señor Econ. Luis\n Guzmán, Director General Financiero, de esta Cartera de\n Estado, para que me represente en la sesión de la Comisión\n Técnica de la Agencia de Garantía de Depósitos,\n AGD, a realizarse el día viernes 23 de marzo del 2001.

\n\n

Comuníquese. - Quito, 23 de marzo del 2001.

\n\n

f) Jorge Gallardo, Ministro de Economía y Finanzas.

\n\n

Es copia. - Certifico.

\n\n

f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del\n Ministerio de Economía y Finanzas.

\n\n

 

\n\n

N°\n 089

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

En uso de las atribuciones que le concede\n el Art. 25 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Artículo único. - Delegar al señor Pablo\n Córdova Cordero, Subsecretario General de Finanzas, de\n esta Cartera de Estado, para que me represente, en la sesión\n de la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco del Estado\n a realizarse el día martes 27 de marzo del 2001.

\n\n

Comuníquese. - Quito, 27 de marzo del 2001.

\n\n

f) Jorge Gallardo, Ministro de Economía y Finanzas.\n Es copia. - Certifico.

\n\n

f) Julio César Moscoso S., Secretario General del Ministerio\n de Economía y Finanzas

\n\n

 

\n\n

N0 0001

\n\n

Maximiliano Donoso Vallejo
\n SUBSECRETARIO DE GOBIERNO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, mediante oficio N0 811 - SG de 30 de noviembre del 2000,\n el señor Prefecto Provincial de Pichincha, remite la Ordenanza\n para el cobro del timbre provincial, aprobada en sesiones ordinarias\n efectuadas el 15 y 27 de noviembre del 2000, respectivamente;

\n\n

Que, del estudio y análisis realizado por la Dirección\n Nacional de Asuntos Seccionales de este Portafolio, mediante\n oficio N0 001 - AS de 2 de enero del 2001, considera procedente\n dar el trámite respectivo para la sanción pertinente;

\n\n

Tomando en cuenta la delegación conferida por el señor\n Ministro de Gobierno y Policía, mediante Acuerdo Ministerial\n N0 1403 de 3 de octubre del 2000; y, en uso de la facultad que\n le confiere el Art. 55 de la Ley de Régimen Provincial,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO PRIMERO. - Sancionar la Ordenanza para el cobro del\n timbre provincial, expedida por el H. Consejo Provincial de Pichincha\n en sesiones de 15 y 27 de noviembre del 2000, respectivamente.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO. - Disponer que una copia de la indicada\n ordenanza provincial se adjudique al acuerdo ministerial; así\n como su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en la sala del despacho, en Quito, a 11 de enero del\n 2001

\n\n

COMUNIQUESE

\n\n

f) Maximiliano Donoso Vallejo, Subsecretario de Gobierno.\n Es fiel copia. - Lo certifico:

\n\n

f.) Dr. Víctor Vallejo Utreras, Director de Política\n Interna de la Dirección Nacional de Asuntos Seccionales,\n Enc.

\n\n

EL H. CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el Art. 228, en concordancia con el primer inciso del\n Art. 231 de la vigente Constitución Política del\n Estado, faculta a los gobiernos provinciales a dictar ordenanzas,\n crear y modificar tasas y a generar sus propios recursos financieros;

\n\n

Que; en armonía con las disposiciones constitucionales\n referidas en el considerando precedente y las reformas legales\n que sustentan el proceso de dolarización de la economía\n ecuatoriana, se hace necesario expedir la Ordenanza Sustitutiva\n del cobro del timbre provincial;

\n\n

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas otorga dictamen\n favorable, en oficio 0203 - SGJ - 2000 - RPA de 5 de febrero\n del 2001; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le otorga el Art. 28\n de la Ley de Régimen Provincial,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Expedir la siguiente Ordenanza Sustitutiva del cobro del timbre\n provincial.

\n\n

Art. 1. El Director Financiero del H. Consejo Provincial de\n Pichincha es el responsable directo de la planificación,\n cálculo, control, venta y distribución de los timbres\n provinciales.

\n\n

La emisión de los timbres, previo contrato, estará\n a cargo del Instituto Geográfico Militar, que será\n ordenada por el Director Financiero y aprobada por el Prefecto,\n de los valores nominales, diseño, cantidad, color y demás\n características de la emisión. Cada emisión\n se registrará en detalle, se contabilizará y quedará\n bajo la custodia y administración del Tesorero.

\n\n

Art. 2. En cada hoja original de solicitudes, peticiones,\n reclamos, certificaciones, memoriales, etc. que presenten las\n personas naturales o jurídicas ante el H. Consejo Provincial\n de Pichincha, se adherirá el timbre provincial, por un\n valor equivalente a 0.80 centavos de dólar. Los planos\n o copias fotostáticas que adjunten a sus peticiones las\n comunidades de la provincia no pagarán el timbre provincial.

\n\n

Art. 3. Las peticiones presentadas por las comunidades para\n ejecución de obras públicas y que hubieran sido\n calificadas favorablemente, serán objeto de pago del equivalente\n a diez (10) timbres provinciales que deberán ser cancelados\n una vez que el trámite sea recibido en la Sindicatura\n de la Corporación, para la elaboración del contrato.

\n\n

Las solicitudes presentadas a través del Prefecto Provincial\n y los consejeros provinciales están exonerados de este\n pago.

\n\n

Art. 4. Para los concursos públicos de ofertas y licitaciones\n se reemplazará el timbre móvil por un certificado\n de Tesorería que acredite y señale el monto del\n valor que corresponda a los timbres provinciales relacionados\n con el número de páginas de las ofertas, estableciéndose\n el valor de 0.25 centavos de dólar por cada hoja.

\n\n

Art. 5. Los valores de egreso de los fondos del Consejo, para\n el pago de adquisición de bienes muebles e inmuebles,\n ejecución de obras y prestación de servicios, causarán\n timbres por un valor equivalente al dos punto cinco por ciento\n (2.5%) del valor de egreso de fondos que conste en el documento\n de pago.

\n\n

Para hacer efectivo el cobro de este timbre provincial, no\n será necesario adherir un timbre móvil al documento\n de pago, bastará con retener automáticamente en\n el comprobante de egreso de fondos el 2.5% del valor a pagar;\n el monto resultante se acreditará a una cuenta especial\n que se denominará Ingresos Corrientes por Timbre Provincial;\n fondos que servirán para gastos corrientes.

\n\n

Los valores de egreso de los fondos para el pago de: sueldos,\n salarios, dietas, horas extras, viáticos, servicios públicos,\n seguro social, retención de impuestos y pago de préstamos,\n suministros a entidades de derecho público o privado,\n con el fin social o público, retenciones a favor de la\n Asociación de Empleados, cooperativas y sindicatos del\n H. Consejo Provincial, no estarán sujetos al pago del\n timbre provincial.

\n\n

Art. 6. El Director del Departamento Financiero, el Tesorero\n y el Contador General, no autorizarán el egreso de fondos\n para el pago de valores en los que no conste la retención\n del 2.5%. Si lo hicieren pagarán al Consejo el doble del\n valor no retenido más el interés a la tasa más\n alta que permita la ley, que se lo calculará desde la\n fecha de pago del comprobante de egreso hasta la fecha en que\n consignen en Tesorería el doble del valor retenido más\n aquellos inmediatamente antes señalados.

\n\n

Art. 7. Los documentos enumerados en el Art. 2 de esta ordenanza,\n con excepción de los que corresponden a concurso de ofertas\n y licitaciones, deberán ingresar al Consejo a través\n de Secretaría General. Corresponderá al Secretario\n (a) General verificar que se hayan adherido los timbres por el\n valor correspondiente. También será responsable\n de su posterior anulación con un sello o mediante perforación.

\n\n

El Secretario (a) General, con la excepción prevista\n en el inciso dos del Art. 3 de esta ordenanza, no dará\n trámite a las solicitudes, reclamos, certificaciones,\n memoriales, peticiones, etc., en los que no se hayan adherido\n el timbre provincial; si lo hiciere incurrirá en una multa\n equivalente a cuatro veces el valor del timbre omitido.

\n\n

Art. 8. Con la excepción prevista en el inciso dos\n del Art. 3 de esta ordenanza, les está prohibido a los\n directores y jefes departamentales del Consejo continuar con\n el trámite de solicitudes, reclamos, certificaciones,\n memoriales, peticiones, etc., en cuyos originales no esté\n adherido el timbre provincial; si lo hiciere incurrirán\n en una multa equivalente a cuatro veces el valor del timbre omitido,\n sin perjuicio de que igual multa sea aplicada al Secretario (a)\n General.

\n\n

Art. 9. La presente ordenanza por su carácter especial\n prevalecerá sobre aquellas de la misma naturaleza que\n se les opongan y empezará a regir a partir de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de\n sesiones del H. Consejo Provincial de Pichincha el 15 de marzo\n del 2001.

\n\n

f) Ramiro González J., Prefecto de Pichincha.

\n\n

f.) Maria Vásconez C., Secretaria General.

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CERTIFICACION

\n\n

Certifico que la presente Ordenanza Sustitutiva fue aprobada\n en dos discusiones, en las sesiones realizadas el 15 y 27 de\n noviembre del 2000, respectivamente.

\n\n

f) Maria Vásconez C., Secretaria General. Quito, 16\n de noviembre del 2001.

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N0 416\n - 2000

\n\n

ACTOR: Jacinto Guanolliquín Cuallichico.

\n\n

DEMANDADOS: Raúl Arciniegas y\n otros.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 21 de noviembre del 2000; las 10h00.

\n\n

VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Segunda Sala de lo\n Civil y Mercantil, el recurso de casación interpuesto\n por el actor Jacinto Guanollinquín Guallichico, objetando\n la sentencia de fs. 4 a 6, expedida por la Quinta Sala de la\n Corte Superior de Justicia de Quito, que revoca el fallo dictado\n por el inferior fs. 162 y 163 vuelta, que rechaza la demanda,\n en el juicio sumario que por obra nueva le sigue al Arq. Raúl\n Arciniegas y otros. Encontrándose la causa en estado de\n resolver se considera: PRIMERO. - Se halla asegurada la competencia\n de esta Sala en base a lo resuelto al tenor del mandato constitucional\n del Art. 200, en relación con el Art. 1 de la Ley de Casación.\n - SEGUNDO. - El recurso de casación es una institución\n creada para rever la cosa juzgada, en las resoluciones dictadas\n por los tribunales de apelación, en que éstos hayan\n pronunciado su resolución apartándose de las disposiciones\n tanto sustantivas como adjetivas, que rigen nuestro sistema legal.\n Se constituye en un recurso eminentemente formalista, exigiéndose\n que quien impugna se acoge a esta institución, debe cumplir\n estrictamente lo dispuesto por la Ley de Casación, que\n rige este tipo de impugnaciones; vale decir, que deben sujetarse\n a cumplir en forma estricta lo requerido por la indicada ley.\n - TERCERO. - Este Tribunal tiene la facultad para examinar los\n aspectos o circunstancias de admisibilidad del recurso de casación\n que ha sido concedido por el inferior como también su\n primera declaración, dictada sobre admisión al\n trámite, al momento definitivo de pronunciarse al examinar\n la legalidad de la sentencia, que surge en el Art. 14 numeral\n 1° de la Ley de Casación; tanto, más que teniendo\n un carácter técnico y formalista del recurso, necesita\n que concurran en su interposición una serie de requisitos\n de rigor para su procedibilidad, de tal manera que la falta de\n cualquiera de ellos impone su inadmisión por parte del\n juzgador. - CUARTO. - En la especie, el actor Jacinto Guanolliquín\n realiza una extensa exposición en su recurso así\n la foja 10, una descripción de las páginas del\n proceso, en fojas 11 un análisis de los procesos y solo\n en la foja 'que manifiesta que 'son varias las normas de derecho\n o solemnidades de procedimiento omitidos por la Quinta Sala de\n la Corte Superior de Justicia de Quito, pero del examen del mismo\n no especifica ni determina que tipo de violaciones u omisiones\n se produjeron en las mencionadas normas del fallo cuestionado.\n Adicionalmente manifiesta que se funda en las causales 1, 2,\n 3 y 5 del Art. 3 de la Ley de Casación, sin igualmente\n especificar el tipo de violación que es reclamado, ya\n que cuando se trata de impugnaciones sustentadas en las causales\n 1, 2 y 3, es necesario que el casacionista concrete y especifique\n que si se ha producido aplicación indebida, falta de aplicación\n o errónea interpretación, de las normas de derecho,\n de las normas procesales, de los precedentes jurisprudenciales\n obligatorios o los preceptos jurídicos aplicables a la\n valoración de la prueba, violaciones que son contrapuestas\n e incompatibles, ya que no se puede alegar al mismo tiempo aplicación\n indebida con la falta de aplicación o errónea interpretación.\n Por lo expuesto, sin otras consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza\n el recurso de casación interpuesto por falta de los requisitos\n formales. - Notifíquese. - . Con costas. -Devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero\n Armijos, Bolívar Vergara Acosta, Ministros Jueces y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 18 de diciembre del 2000; las 10h20.

\n\n

VISTOS: Los demandados José Ricardo Quinga, Gaspar\n Nasimba y Arq. Raúl Arciniegas Sánchez, comparecen\n a fs. 42 de los autos, y solicitan ampliación de la sentencia\n dictada por la Sala el 21 de noviembre del 2000. Se ha dispuesto\n correr traslado a la parte actora quien contesta a fs. 44 de\n los autos. Para resolver se considera: PRIMERO. - Según\n el Art. 286 del Código de Procedimiento Civil, procede\n la aclaración si la resolución fuere obscura y\n la ampliación cuando no se hubiere resuelto alguno de\n los puntos controvertidos. - SEGUNDO. - En la especie la sentencia\n dictada por la Sala en esta causa es absolutamente clara y se\n ha pronunciado sobre lo que fue materia de la litis, motivo por\n el cual, se rechaza la petición formulada por la parte\n demandada; por improcedente. - Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero\n Armijos, Bolívar Vergara Acosta, Ministros Jueces y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.

\n\n

RAZON: Las tres copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio No. 36 - 99, que sigue Jacinto\n Guanolliquín Guallichico contra Raúl Arciniegas\n y otros.
\n Resolución No. 416 - 2000.

\n\n

Quito, 24 de enero del 2001.

\n\n

f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

\n\n

 

\n\n

N°\n 417 - 2000

\n\n

ACTOR: Virgilio Guerrero Larrea.
\n DEMANDADO: Alfonso Alvarez Malate.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 22 de noviembre del 2000; las 08h50. .

\n\n

VISTOS: Alfonso Alvarez Malate, ha interpuesto recurso de\n casación objetando la sentencia dictada por la Sexta Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, dentro del juicio\n de inquilinato que por terminación de contrato de arrendamiento\n sigue Virgilio Guerrero Larrea. Encontrándose la causa\n en estado de resolver, se considera: PRIMERO. - Esta Sala es\n competente para conocer y resolver la presente causa en virtud\n del mandato constitucional constante en el artículo 200\n en relación con el artículo 1 de la Ley de Casación.\n - SEGUNDO. - El recurso de casación es un recurso eminentemente\n formalista, es decir, que quien impugna acogiéndose a\n esta institución, debe cumplir estrictamente lo dispuesto\n en la Ley de Casación, vale decir que debe sujetarse estrictamente\n a lo requerido por la indicada ley. - TERCERO. - Este Tribunal\n tiene la facultad de revisar o volver a examinar los aspectos\n materiales o circunstanciales de admisibilidad del recurso de\n casación, que ha sido concedido por el Juez o Tribunal\n inferior. - CUARTO. - En la especie, el recurrente fundamenta\n su acción, en las causales 2a., 3a. y 4a. del artículo\n 3 de la Ley de Casación (fojas 13 y 14 de segundo grado),\n es decir: Aplicación indebida, falta de aplicación\n o errónea interpretación de normas procesales cuando\n hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión;\n aplicación indebida, falta de aplicación o errónea\n interpretación de los preceptos jurídicos aplicables\n a la valoración de la prueba. Al respecto, se analiza:\n Que si bien determina las causales en las que fundamenta su acción,\n no concreta en forma explícita por cuál de los\n vicios contenidos en cada una de las causales invocadas impugna\n el fallo subido en grado, toda vez que cada uno de ellos goza\n de autonomía e indivisibilidad, advirtiendo además\n que son vicios contradictorios y excluyentes entre si, pues no\n puede producirse a la vez aplicación indebida y falta\n de aplicación de una misma disposición legal, lo\n cual resulta ilógico y contradictorio. Sin otras consideraciones\n esta Segunda Sala de lo Civil y Mercantil, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza\n el recurso de casación interpuesto por la parte demandada,\n por falta de base legal. Notifíquese, publíquese,\n devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero\n Armijos y Bolívar Vergara Acosta, Ministros Jueces.

\n\n

Certifico.

\n\n

El Secretario.

\n\n

Certifico que la una copia que antecede, es tomada de su original,\n constante en el juicio verbal sumario No. 847 ­ 95 (Resolución.\n No. 417 - 2000), que por inquilinato sigue Virgilio Guerrero\n Larrea contra Alfonso Alvarez Malate.

\n\n

Quito, enero 24 del 2001.

\n\n

f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator,\n Segunda Sala Civil.

\n\n

 

\n\n

No. 418\n - 2000

\n\n

ACTOR: Floresmilo de la Cruz Cacuango.
\n DEMANDADA: Delia Flores de la Cruz.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 22 de noviembre del 2000; las 09h10.

\n\n

VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Segunda Sala de lo\n Civil y Mercantil, el recurso de casación interpuesto\n por Floresmilo de la Cruz, objetando la sentencia dictada por\n la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Ibarra, fojas\n 66 vuelta a 67, que con reforma confirma la del inferior, fojas\n 50 vuelta a 51 y vuelta, que rechaza la demanda, en el juicio\n ordinario que por reivindicación sigue contra Delia Flores.\n PRIMERO. - Se halla asegurada la competencia de esta Sala, al\n tenor del mandato constitucional del articulo 200, en relación\n con el articulo 1 de la Ley de Casación. - SEGUNDO. -\n La casación es un recurso extraordinario y que por tal\n procede sólo cuando se hallan cumplidos los requisitos\n y las exigencias legalmente requeridas, por tanto un recurso\n de casación mal planteado o sin los debidos requisitos\n formales, tiene que ser rechazado por el Juez o Tribunal a quo\n por economía procesal y por lógica jurídica.\n - TERCERO. - En el caso que se analiza, se observa: que el recurso\n de casación está fundamentado de una manera sui\n géneris, lo hace en las causales primera, segunda, tercera,\n cuarta y quinta del articulo 3 de la Ley de Casación.\n Al respecto se analiza: si se trata de violación directa\n debió decirse si se originó en falta de aplicación\n de determinadas normas sustanciales, debió especificarse\n qué normas dejaron de aplicarse y cuáles en su\n lugar se aplicaron indebidamente, pues por regla general la falta\n de aplicación de unas normas entraña la aplicación\n indebida de otras; además debe expresarse las razones\n que le inducen a sostener que las normas aplicadas lo fueron\n indebidamente para que el Tribunal de Casación pueda aplicar\n las que dejaron de aplicarse. El escrito contentivo latamente\n menciona solamente como violadas: ". . . los artículos\n 953 y siguientes del Código Civil" (fojas 68 y vuelta\n de segundo grado). - CUARTO. - En resumen, la resolución\n judicial debe ser respuesta a lo pedido por el demandante y a\n las defensas del demandado, no puede exceder esos límites\n y tampoco puede dejar sin raso 1 ver los precisos temas que fueron\n sometidos a su decisión, de tal modo que si el Juez o\n el Tribunal a quo falla en este sentido por fuera de lo pedido\n o condena más de lo solicitado o deja sin resolución\n materias que le fueron sometidas oportuna y legalmente comete\n un yerro in procedendo y quebranta el principio de la congruencia\n de las sentencias, en virtud de la cual el fallo debe ser una\n respuesta acompañada con cada una de las pretensiones\n deducidas y de las excepciones propuestas, por esta razón\n en doctrina esta causal se llama causal por incongruencia genérica,\n porque consiste que el fallo no concuerda o no coincide con la\n solicitud de las partes, o sea en conclusión el fallo\n es incongruente cuando decide sobre puntos ajenos a la controversia,\n esto es hay extra patita; o, cuando prevé más allá\n de lo pedido esto es ultra patita o cuando deja sin decidir algún\n punto de la demanda o de las excepciones esto es minina patita.\n - QUINTO. - Constituye el recurso de casación una impugnación,\n en la cual deben citarse aquellas disposiciones que se estiman\n infringidas en la sentencia recurrida e indicar si es posible\n aquellas que el juzgador debió aplicarlas, esto es insinuar\n a la Sala de Casación la forma en que se puede rever lo\n juzgado. De cualquier manera se observa que: las alegaciones\n realizadas por el recurrente, en su escrito de interposición\n del recurso de casación fojas 68 vuelta, carecen de sustento\n jurídico, pues el Tribunal inferior hizo una correcta\n aplicación, del artículo 953 del Código\n Civil al dictar su resolución. Adicionalmente se observa\n que el recurrente hace una vaga enunciación de las causales\n del articulo 3 de la Ley de Casación, sin indicar, especificar\n o analizar en cuál de los vicios ha incurrido el juzgador\n al dictar su sentencia; pues, el recurso de casación siendo\n de carácter formalista precisa que se indique el error\n en que incurrió el Tribunal casado, para que el Tribunal\n de Casación disponga de los elementos de juicio necesarios\n para poder emitir un pronunciamiento respecto de lo impugnado.\n Por tales consideraciones, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, rechaza el recurso de casación interpuesto\n por el recurrente por improcedente. Notifíquese, devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero\n Armijos y Bolívar Vergara Acosta, Ministros Jueces.

\n\n

Certifico. - El Secretario.

\n\n

CERTIFICO:

\n\n

Que las dos copias que anteceden, son tomadas de sus originales,\n constantes en el juicio ordinario No. 785 ­ 95 (Resolución\n No. 418 - 2000), que por reivindicación sigue Floresmilo\n de la Cruz Cacuango contra Delia Flores de la Cruz.

\n\n

Quito, enero 24 del 2001.

\n\n

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator, Segunda Sala de lo Civil.

\n\n

 

\n\n

No. 420\n - 2000

\n\n

ACTOR: Dr. Fidel Egas Grijalva.
\n DEMANDADOS: Ing. Luis Vilanova y otro.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 29 de noviembre del 2000; las 09h50.

\n\n

VISTOS: La parte demandada, Ing. Luis Vilanova Saurat y doctor\n Gabriel Buendía Núñez, interpone recurso\n de casación, impugnando la sentencia dictada por la Primera\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, fs. 3 a 4, que\n confirma la del inferior fs. 172 a 173, que acepta la demanda,\n en el juicio verbal sumario que por cobro de dinero surgido del\n uso de tarjeta de crédito, en dólares Diners Internacional\n sigue Fidel Egas Grijalva, representante legal de Diners Club\n Internacional S.A.. Encontrándose la causa en estado de\n resolver se considera: PRIMERO. - La Sala es competente para\n conocer de esta causa en virtud del sorteo realizado, en atención\n al Art. 200 de la Constitución y Art. 1 de la Ley de Casación.\n - SEGUNDO. - La casación es un recurso extraordinario\n y que por tal procede sólo cuando se hallan cumplidos\n los requisitos y las exigencias legalmente requeridas, por tanto\n un recurso de casación mal planteado o sin los debidos\n requisitos formales, tiene que ser rechazado por el Juez o Tribunal\n a - quo por economía procesal o por lógica jurídica.\n - TERCERO. - La resolución judicial debe ser respuesta\n a lo pedido por el demandante y a las defensas del demandado,\n no puede exceder esos limites y tampoco puede dejar sin resolver\n los precisos temas que fueron sometidos a su decisión,\n de tal modo que si el Juez o el Tribunal a quo falla en ese sentido\n por fuera de lo pedido; o, condena a más de lo solicitado\n o deja sin resolución materias que le fueron sometidas\n oportuna y legalmente comete un yerro in procedendo y quebranta\n el principio de la congruencia de las sentencias en virtud de\n la cual el fallo debe ser una respuesta acompañada con\n cada una de las pretensiones deducidas y de las excepciones propuestas,\n por esta razón en doctrina esta causal se llama causal\n por incongruencia genérica, porque consiste en que el\n fallo no concuerda o no coincide con la solicitud de las partes,\n o sea en conclusión, el fallo es incongruente. Cuando.\n decide sobre puntos ajenos a la controversia, es extra patita,\n o cuando prevé más allá de lo pedido es\n ultra petita o cuando deja sin decidir algún punto de\n la demanda o de las excepciones, es mínima petita. - CUARTO.\n - Constituye el recurso de casación una impugnación,\n en la cual deben. citarse aquellas disposiciones que se estiman\n infringidas en la sentencia recurrida e indicar si es posible\n aquellas que el juzgador debió aplicarlas, esto es insinuar\n a la Sala de Casación la forma en que se pueda rever lo\n juzgado. De cualquier manera se observa que: Las alegaciones\n realizadas por los recurrentes señores Luis Vilanova Saurat\n y Gabriel Buendía Núñez, fs. 5 vta., 6 vta,\n y 7 vta, carecen de sustento legal, pues el Tribunal inferior\n ha hecho una correcta aplicación de la norma adjetiva\n que rige la materia al dictar su resolución, la simple\n negativa de la parte demandada, no puede subsistir frente a la\n prueba instrumental de la parte accionante. Las diligencias.\n de exhibición y periciales, viene a corroborar el fundamento\n de la acción y la obligación de pagar lo establecido\n en el crédito, mediante la tarjeta de la accionante, obligación\n mancomunada tanto del principal como del garante, sin que aparezca\n configurada la causal 3ra. del Art. 3 de la Ley de Casación,\n cuando se refiere seguramente a la valoración de la prueba.\n Adicionalmente se observa que el recurso de casa-ción\n está fundamentado de una manera sui géneris, lo\n hace en las causales, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta\n del Art. 3 de la referida Ley de Casación, fs. 5 vta.,\n 6 vta, y 7 vta. del cuaderno de segunda instancia, los recurrentes\n hacen una vaga enunciación de las causales del Art. 3\n de la ley en la materia, sin indicar, especificar o analizar\n en cuál de los vicios ha incurrido el juzgador al dictar\n su sentencia; pues el recurso de casación siendo de carácter\n formal precisa que se indique el error en que incurrió\n el Tribunal casado, para que el Tribunal de Casación disponga\n de los elementos de juicio necesarios para poder emitir un pronunciamiento\n respecto de lo impugnado. - Por tales consideraciones, la Segunda\n Sala de lo Civil y Mercantil, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso\n de casación interpuesto por los demandados. Con costas.\n Notifíquese, devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero\n Armijos, Bolívar Vergara Acosta, (Ministros Jueces) y\n Carlos Rodríguez García, Secretario Relator que\n certifica.

\n\n

RAZON: Las dos copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original No. 389 - 95, que sigue\n Dr. Fidel Egas Grijalva contra Ing. Luis Vilanova y otro. Resolución\n No. 420 - 2000.

\n\n

Quito, 24 de enero del 2001.

\n\n

f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

\n\n

 

\n\n

N0 421\n - 2000

\n\n

ACTOR: Dr. Francisco Tama Viten.
\n DEMANDADO: Presley Jiménez.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 4 de diciembre del 2000; las 10h00.

\n\n

VISTOS: Ha venido a conocimiento de esta Sala el recurso de\n casación interpuesto por el demandado, objetando la sentencia\n de fs. 15 a 16 que revocando la del inferior, fs. 79 a 80 y vuelta,\n acepta la demanda y rechaza la reconvención, en el juicio\n ordinario que por cobro de honorarios por servicios médicos\n sigue el doctor Francisco Tama Viteri en contra de Presley Jiménez.\n - Encontrándose en estado de resolver, se considera: PRIMERO.\n - Se halla asegurada la competencia de esta Sala al tenor del\n mandato, constitucional del Art. 200, en relación con\n el Art. 1 de la Ley de Casación. - SEGUNDO. - La Sala\n es competente para conocer de esta causa en virtud del sorteo\n realizado y en su trámite no se observa vicios ni omisión\n de solemnidad sustancial que puedan influenciar en su decisión\n por lo que se declara su validez tanto más que la genérica\n imputación de la causal 2da. del Art. 3, por indefensión\n del recurrente, nunca aparece del proceso, quien fue citado y\n compareció a juicio y fue notificado en la estación\n probatoria. TERCERO. - El recurso de casación es una institución\n creada para rever la cosa juzgada, en las resoluciones dictadas\n por los tribunales de apelación en que éstos hayan\n pronunciado su resolución apartándose de las disposiciones\n tanto sustantivas como adjetivas, que rigen nuestro sistema legal.\n Se constituye en un recurso eminentemente formalista, es decir,\n quien impugna acogiéndose a esta institución, debe\n cumplir estrictamente lo dispuesto por la correspondiente Ley\n de Casación, que rige este tipo .de impugnaciones; vale\n decir, que deben, sujetarse a cumplir en forma estricta lo requerido\n por la indicada ley. - CUARTO. - Este Tribunal tiene la facultad\n para examinar los aspectos o circunstancias de admisibilidad\n del recurso de casación, que ha sido concedido por el\n inferior, ya que, dado el carácter técnico y formalista\n del recurso, exige que concurran en su interposición una\n serie de requisitos de rigor para su procedibilidad, de tal manera\n que la falta de cualquiera de ellos impone su inadmisión\n por parte del juzgador. - QUINTO. - En la especie, una vez revisado\n el escrito contentivo del recurso que corre a fs. 17 y vuelta\n del cuaderno de segunda instancia, interpuesto por el demandado,\n se observa: que el recurrente no cumple con los requisitos formales\n y obligatorios del Art. 6 de ley en la materia, pues el recurrente\n si bien enumera las causales en las que funda su recurso señalando\n todas las que prescribe el Art.. 3 de la Ley de Casación,\n técnicamente una precisa determinación del vicio\n imputado con relación a la 3ra. causal, ya que estima\n colmo sinónimos los vicios de equivocada aplicación\n y falta de aplicación, aunque no menciona la norma de\n coalición de la prueba, que establece el sistema que alega\n violado. En tanto que, las causales 4 y 5 del Art. 3 de dicha\n ley especial, tampoco cumple con señalar los puntos de\n la litis no resueltos o los requisitos formales que no reúne\n la sentencia; mas en todo caso, el fallo del Tribunal inferior\n no presenta tales deficiencias. Finalmente, la falta de aplicación\n acusada del Art. 2049 del Código Civil, carece de toda\n pertinencia ya que la pretensión se reduce de reclamar\n el pago de honorarios por atención médica, sin\n que represente a la paciente ni mucho menos al demandado que\n hizo la contratación. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza\n el recurso de casación interpuesto por falta de base legal\n que se conjuga en el recurso propuesto con ausencia de requisitos\n de los numerales 2 y 4 del Art. 6 de la Ley de Casación\n en algunas causales alegadas. - Notifíquese, publíquese,\n devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero\n Armijos y Bolívar Vergara Acosta, Ministros Jueces y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.

\n\n

RAZON: Las dos copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio No. 404 - 95, que sigue Dr.\n Francisco Tama Viteri contra Presley Jiménez. Resolución\n N0 421 - 2000,

\n\n

Quito, 24 de enero del 2001.

\n\n

f) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator\n de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

\n\n

 

\n\n

No. 422\n - 2000

\n\n

ACTOR: Héctor López Rosero.
\n DEMANDADA: Eva López Rosero.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 11 de diciembre del 2000; las 09h40.

\n\n

VISTOS: Póngase en conocimiento de las partes la recepción\n del proceso. En lo principal, la demandada Eva López Rosero,\n interpone recurso de casación (fojas 15 y 16 de segunda\n instancia), dentro del juicio ordinario que por rescisión\n de contrato sigue en su contra Héctor López Rosero.\n En aplicación del artículo 7 de la Ley Reformatoria\n a la Ley de Casación, publicada en el Registro Oficial\n No. 39 de 8 de abril de 1997, procede en primera providencia\n aceptar o rechazar el recurso de casación, al efecto,\n la Sala considera: PRIMERO. - La demandada Eva López Rosero,\n en su escrito de interposición del recurso de casación\n indica: "LA DETERMINACION DE LAS CAUSALES EN QUE SE FUNDAN\n ESTE RECURSO. - Causales primeras y terceras del artículo\n 3 de la Ley de Casación R O No . ..del 8 de abril de 1997.\n 1era. Aplicación indebida, falta de aplicación\n o errónea interpretación de normas de derecho,\n incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en\n la sentencia o autos, que hayan sido determinante de su parte\n dispositiva. 3era. aplicación indebida, falta de aplicación\n o errónea interpretación de los preceptos jurídicos\n aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hallan\n conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación\n de normas de derecho en la sentencia o autos" (sic). Al\n efecto el citado articulo menciona: "Art. 3. - Causales.\n - El recurso de casación sólo podrá fundarse\n en las siguientes causales: 1. Aplicación indebida, falta\n de aplicación o errónea interpretación de\n normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales\n obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes\n de su parte dispositiva; 3. - Aplicación indebida, falta\n de aplicación o errónea interpretación de\n los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación\n o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia\n o auto.". La fundamentación del recurso por la demandada\n no satisface los requerimientos de la Ley de Casación,\n pues la recurrente no indica en cuál de los tres vicios\n que traen las causales invocadas fundamenta su recurso, ya que,\n son vicios distintos, diferentes y excluyentes entre si; esto\n es, son independientes y autónomos. Consecuentemente,\n incumple de esta manera con los requisitos de los numerales 3\n del artículo 6. Por lo expuesto, se rechaza el recurso\n de casación, en atención al artículo 7 de\n la Ley Reformatoria a la Ley de Casación (Registro Oficial\n No. 39: 8.4.97), por falta de requisitos formales. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero\n Armijos y Bolívar Vergara Acosta, Ministros Jueces.

\n\n

Certifico. - El Secretario.

\n\n

CERTIFICO:

\n\n

Que la una copia que antecede, es tomada de su original, constante\n en el juicio ordinario N0 248 - 2000 (Resolución N0 422\n - 2000), que por rescisión de contrato sigue Héctor\n López Rosero contra Eva López Rosero.

\n\n

Quito, enero 24 del 2001.

\n\n

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte\n Suprema de Justicia.

\n\n

 

\n\n

No. 428 - 2000

\n\n

ACTOR: Rubén Muñoz Vivar.
\n DEMANDADO: Lic. Iván Salinas Palacios.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 12 de diciembre del 2000; las 10h20.

\n\n

VISTOS: Ha interpuesto recurso de casación el accionante\n Rubén Darío Muñoz Vivar (fs. 8 a 10 vta.\n de segundo grado), el que fue admitido a trámite (fs.\n 2 de este cuaderno), mediante el cual objeta la sentencia dictada\n por la Primera Sala de la Corte Superior de Azogues (fs. 6 de\n segundo grado), en el juicio ordinario seguido contra el Lcdo.\n Iván Salinas Palacios, por incumplimiento de contrato,\n que ha aceptado la apelación del accionado, declarando\n improcedente la demanda y revocando el fallo del Juez Primero\n de lo Civil de esa ciudad, que había reconocido tenía\n que pagarle al maestro constructor Muñoz Vivar los trabajos.\n extras realizados, los que deberían liquidarse verbal\n y sumariadamente, y sin la condena en costas (fs. 76 vta, a 78\n vta, de primer grado). La admisión del recurso queda limitada\n a la errónea interpretación de los preceptos aplicables\n a la valoración de la prueba, mencionando el casacionista\n la causal 3a. de la Ley de Casación, imputando: que "no\n se aprecia, entonces, la prueba en conjunto y, de acuerdo a las\n reglas de la sana crítica... . No considera que el acta\n de la diligencia de inspección judicial, fojas 1 y 2 del\n cuaderno de primera instancia, hace fe en el juicio, en tanto\n se trate de prueba debidamente actuada, esto es, pedida, presentada\n y practicada de acuerdo con la Ley; en suma, como lo dispone\n el Art. 121 del Código de Procedimiento Civil" (sic).\n Se debe tener en cuenta, que la genérica alusión\n del recurrente: "infringe o quebranta el. Art. 23 de la\n Constitución; Art. 1480, 1481, 1532, 1588, 1589, 1596,\n 1600 y 1742 del Código Civil", no logra en este aspecto\n cumplir los requisitos de formalidades, por no haber concretado\n el vicio que asegura perpetrado en base de la causal 1. Se ha\n agotado el trámite, procede resolver, al hacerlo, se considera:\n PRIMERO. - La imputación de errónea interpretación\n de la evaluación probatoria realizada por el Tribunal\n de Alzada, para tener fundamento la acusación de haberse\n infringido tales disposiciones legales - sustantivas o adjetivas\n - , necesariamente deben haberse utilizado en el fallo objetado,\n y habérseles concedido un alcance o sentido que no les\n confirió el legislador, pero "siempre que hayan conducido\n a una equivocada aplicación o a la no aplicación\n de normas de derecho en la sentencia o auto". - SEGUNDO.\n - No tiene el Tribunal de Casación facultad, como al parecer\n pretende el recurrente, para valorar nuevamente la prueba actuada\n en las dos instancias, sin que previamente se den los presupuestos\n o requisitos legales y que se compruebe el vicio in procedendo\n imputado. - TERCERO. - La prueba de la inspección judicial\n puede practicarse como diligencia preparatoria o en la pertinente\n etapa del proceso en calidad de prueba, pero en ambos casos sigue\n el trámite previsto en el Art. 247 del Código de\n Procedimiento Civil. El legislador ha establecido las reglas\n específicas de evaluación de la inspección\n judicial, en los Arts. 252 y 253 del Código de Procedimiento\n Civil, que a la letra dicen: "La inspección hace\n prueba en los asuntos que versan sobre localidades, linderos,\n curso de aguas y otros casos análogos, que demanden examen\n ocular o conocimientos especiales", "Puede el juez\n no apreciar el dictamen del perito o peritos, contrario a la\n que el mismo percibió por sus sentidos en el reconocimiento,\n y ordenar que se practique nueva inspección con otro u\n otros peritos.". En la espacie,, se ha practicado en dos\n oportunidades la inspección judicial (fs. 67 a 68 vta.,\n 69 y 70 y fs. 1 a 2 vta. de primer cuaderno), el 26 de enero\n de 1996 como de diligencia preparatoria, y la solicitada dentro\n del término probatorio el 11 de septiembre del mismo año.\n El acta de la primera no comporta una transacción, ya\n que carece de los elementos descritos en los Arts. 2372, 2373\n y 2378 del Código Civil, constituyendo simples proposiciones\n que se hacen las partes intervinientes, que "acuerdan suspender\n la presente diligencia para continuarla luego de que el señor\n perito Arq. Jacinto Alvear, presente su correspondiente informe\n bajo pedimento de las partes y acorde lo solicitado, por las\n partes en esta diligencia" (sic). En 'tal virtud, el juzgador\n ad - quem no ha efectuado una viciosa interpretación de\n las reglas de la sana crítica, que el recurrente acusa.\n Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, por falta de base legal se rechaza\n el recurso de casación admitido. Sin costas ni multa.\n Publíquese. Notifíquese. Cúmplase con el\n Art. 19 de la Ley de Casación.

\n\n

Fdo.) Dres. Olmedo Bermeo Idrovo, Bolívar Guerrero\n Armijos, Bolívar Vergara Acosta, Ministros Jueces y Carlos\n Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.

\n\n

RAZON: Las dos copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio No. 25 - 99, que sigue Rubén\n Muñoz Vivar contra

 

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