Registro Oficial

Registro Oficial. 15 de SEPTIEMBRE del 2003

Lunes, 15 de septiembre de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE AGOSTO DEL 2003
\n \n \n \n
\n

\n
 
\n

 
\n

Martes, 15 de Septiembre del 2003 - R. O. No. 169

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
\n
FUNCIÓN\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:

\n\n

692\n Nómbrase\n al señor Eduardo López, como representante del\n Presidente de la República ante la Comisión de\n Estabiliza-ción, Inversión Social y Productiva\n y Reducción del Endeudamiento Público..

\n\n

693 Nómbrase al economista\n Carlos Gallegos, como Representante por la Ciudadanía\n ante el Directorio de la Agencia de Garantía de Depósito\n AGD.

\n\n

744 Nómbrase a la doctora\n Katia Beatriz Murrieta Wong, como delegada del Presidente de\n la República ante la Comisión de Supervisión\n de Recuperación de Cartera.

\n\n

ACUERDO:

\n\n

MINISTERIO\n DE AGRICULTURA:

\n\n

211 Expídese el Instructivo\n para cumplimiento de las actividades de seguridad y control del\n edificio, bienes y personas que laboran en el Ministerio de Agricultura\n y Ganadería de Quito

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

CONSEJO\n DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES - (COMEXI):

\n\n

207 Autorízanse importaciones\n de conformidad con varias características a diversos beneficiarios.

\n\n

208 Aclárase que los cupos\n establecidos en la Resolución N0 201, adoptada por la\n Comisión Ejecutiva del Consejo de Comercio Exterior e\n Inversiones, COMEXI, rigen a partir del 28 de agosto de 2003.

\n\n

FUNCIÓN\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas e instituciones:

\n\n

79-2002 Reggiolo Eulogio Aristides\n Mendoza Reina en contra del Director Regional del Servicio de\n Rentas Internas de Manabí

\n\n

81-2002 FERRO S.A. en contra del Servicio\n de Rentas Internas y otro

\n\n

82-2002 Jorge Rodrigo Aguilar Moscoso\n en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas\n del Austro.

\n\n

87-2002 Doctor Roque Bustamante Cárdenas\n en contra de la Directora General del Servicio de Rentas Internas.

\n\n

104-2002 Compañía ICARO\n S.A. en contra del Gerente Distrital de la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana de Quito

\n\n

109-2002\n Compañía\n "Envases del Litoral" en con-tra del Director General\n del Servicio de Rentas Internas

\n\n

110-2002\n Laboratorios\n Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos, LIFE C.A. en\n contra de la Director General del Servicio de Rentas Internas\n encargado

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

PROCESOS:

\n\n

28-IP-2003 Interpretación prejudicial\n de las disposiciones previstas en los artículos 82, literales\n a) y d) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado\n de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,\n Sección Primera, e interpretación de oficio de\n los artículos 81, 83, literal b) 95, 101 y disposición\n transitoria primera eiusdem. Parte actora: VIDRIO ANDINO S.A.\n Denominación: "VIDRIO ANDINO (mixta)". Expediente\n interno N0 7559..

\n\n

19-IP-2003 Interpretación prejudicial\n de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a) y\n d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo\n de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo\n Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República\n del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo\n 84 de la misma decisión. Marca: LAFAYETTE. Actor: FABRICA\n LAFAYETTE S.A. Proceso interno N 2680-96-MP.

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL
\n TERCERA SALA

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

517-2002-RA Confirmase la resolución\n expedida por el Juez Sexto de lo Civil de Manabí que concede\n el amparo constitucional a la señora Olga Emperatriz Cevallos\n Zambrano.

\n\n

819-2002-RA Confirmase la resolución\n pronun-ciada por el Juez Vigésimo Tercero de lo Civil\n de Guayaquil y niégase el amparo interpuesto por el abogado\n Carlos Navarrete Castillo.

\n\n

ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

- Cantón\n Camilo Ponce Enríquez: Que reglamenta la determinación,\n recaudación y administración del impuesto de alcabala.\n

\n \n
\n

 

\n\n

N0 692

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 15 de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización\n y Transparencia Fiscal No. 2002-72, publicada en el Registro\n Oficial No. 589 de 4 de junio de 2002,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO ÚNICO.- Nómbrase al señor Eduardo\n López representante del Presidente de la República\n ante la Comisión de Estabilización, Inversión\n Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 7 de agosto de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

N0 693

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 22 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en\n el Área Tributaria - Financiera Reformada, en vista de\n haber cumplido con los requisitos exigidos en la misma,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO ÚNICO.- Nómbrase al economista Carlos\n Gallegos, Representante por la Ciudadanía ante el Directorio\n de la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 7 de agosto de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

N0 744

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 654 de 28 de julio de 2003,\n se creó la Comisión de Supervisión de Recuperación\n de Cartera adscrita a la Presidencia de la República,\n con sistema administrativo y financiero descentralizado; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO ÚNICO.- Nómbrase a la doctora Katia\n Beatriz Murrieta Wong, delegada del Presidente de la República\n ante la Comisión de Supervisión de Recuperación\n de Cartera, quien la presidirá.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 21 de agosto de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

N0 211

\n\n

LA MINISTRA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Art. 17 de la Constitución Política de\n la República del Ecuador, dispone que: "El Estado\n garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación\n alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos\n humanos establecidos en esta Constitución y en las declaraciones,\n pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes.\n Adoptará, mediante planes y programas permanentes y periódicos,\n medidas para el efectivo goce de estos derechos";

\n\n

Que el auge delincuencial se ha incrementado en los últimos\n años y es necesario precautelar los bienes del Ministerio\n de Agricultura y Ganadería y la seguridad del personal\n que labora en el edificio;

\n\n

Que es necesario garantizar la integridad física, económica\n y moral de las personas que trabajan y realizan gestiones o trámites\n en estas dependencias;

\n\n

Que es indispensable la contratación de seguridad privada\n para el edificio, bienes y personas del Ministerio de Agricultura\n y Ganadería de Quito, ya que en el mismo funcionan también\n los ministerios de Ambiente, Industrias, Comercio, Integración\n y Productividad, entidades adscritas y otros proyectos;

\n\n

Que la Ley Orgánica de la Policía Nacional faculta\n en el Art. 6 la constitución y el funcionamiento de organizaciones\n de seguridad privada;

\n\n

Que es necesario regular mediante un instructivo las actividades\n del personal de seguridad privada, para la utilización\n eficiente de este servicio; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los Arts.\n 176 y 179, numeral 6 de la Constitución Política,

\n\n

Acuerda:

\n\n

EXPEDIR EL PRESENTE INSTRUCTIVO PARA CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES\n DE SEGURIDAD Y CONTROL DEL EDIFICIO, BIENES Y PERSONAS QUE LABORAN\n EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE QUITO.

\n\n

Art. 1.- La empresa contratada cumplirá los servicios\n de guardianía y seguridad con personal idóneo,\n debidamente capacitado, con instrucción mínima\n de bachiller, uniformado, y armado para lograr los objetivos\n del contrato.

\n\n

Art. 2.- La empresa contratada realizará el control\n de ingreso y salida de toda persona, vehículos, equipos\n y bienes, propiedad de las instituciones que utilizan el edificio\n del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para prevenir\n robos, hurtos, asaltos y actos que atenten contra la integridad\n física, económica y moral de las entidades y personal\n que utilizan el edificio.

\n\n

Art. 3.- Los puestos de vigilancia estarán determinados\n en el contrato de guardianía y seguridad, debidamente\n legalizado.

\n\n

a) INGRESO PRINCIPAL.- Estará vigilado ininterrumpidamente\n 24 horas diarias, todos los días del año, observando\n las siguientes recomendaciones:

\n\n

- Durante los días laborables y luego del ingreso del\n personal de todas las instituciones que ocupan el edificio, se\n procederá a cerrar la puerta de acceso de chapa eléctrica,\n las personas que deseen ingresar se registrarán previa\n presentación de su identificación e indicando la\n oficina de destino, revisando bolsos, maletas, carteras, portafolios\n y paquetes tanto a la entrada como a la salida, incluido el personal\n que labora en el edificio.

\n\n

- El guardia de turno entregará una identificación\n que portará el visitante en un lugar visible.

\n\n

- El ingreso del personal de las instituciones en días\n y horas no laborables, será permitido únicamente\n previa autorización de la Dirección Administrativa\n Financiera del Ministerio de Agricultura y Ganadería y\n la presentación de la cédula de identidad;

\n\n

b) INGRESO POSTERIOR, (VEHICULAR).- Estará vigilado\n ininterrumpidamente 24 horas diarias, todos los días del\n año; observando las siguientes recomendaciones:

\n\n

- Se permitirá el ingreso de los vehículos oficiales\n y otros que porten identificación de la institución\n correspondiente, solicitando un salvoconducto al ingreso del\n mismo, que deberá ser entregado a la salida, el guardia\n de turno tiene la obligación de revisar el interior y\n la cajuela de todos los vehículos sean oficiales o particulares.

\n\n

- En días y horas no laborables el guardia de turno\n solicitare la respectiva .autorización de la Dirección\n Administrativa Financiera del Ministerio de Agricultura y Ganadería,\n para el ingreso de vehículos, anotando en la bitácora\n el ingreso y salida de los vehículos.

\n\n

- En caso de salida de vehículos oficiales solicitará\n al conductor la autorización de la institución\n a la que pertenece, previo registro en la bitácora.

\n\n

c) PARQUEADERO POSTERIOR.- Estará vigilado ininterrumpidamente\n 24 horas diarias, todos los días del año, observando\n la siguiente recomendación:

\n\n

- Previo el ingreso del vehículo, el guardia de turno\n entregará un salvoconducto al conductor, en el mismo que\n contará el número de placa y la hora de entrada,\n al salir devolverá al vigilante el salvoconducto; en caso\n de no tenerlo se prohibirá la salida del vehículo,\n registrando esta novedad en la bitácora correspondiente,\n para que se realicen las investigaciones del caso;

\n\n

d) PARQUEADEROS PRIVADOS SUBSUELOS 1 Y 2.- Utilizados por\n los ministros y subsecretarios de Ambiente, Industrias y Agricultura\n y Ganadería, estarán vigilados ininterrumpidamente\n 12 horas diarias, de 06h00 a 18h00, todos los días del\n año, observando la siguiente recomendación:

\n\n

- El guardia de turno controlará que a estos parqueaderos\n ingresen únicamente las autoridades de los ministerios\n de Ambiente, Industrias y Agricultura y Ganadería, vigilando\n atentamente a fin de evitar robos y otros incidentes;

\n\n

e) RONDA NOCTURNA.- El edificio del Ministerio de Agricultura\n y Ganadería tendrá vigilancia nocturna ininterrumpida\n por 12 horas diarias, todos los días del año; observando\n las siguientes recomendaciones:

\n\n

- El guardia que se encuentre de turno tiene la obligación\n de realizar la ronda en el exterior del edificio desde las (18h00\n hasta las 06h00 horas), alertando a los otros guardias por la\n presencia de sujetos extraños, vehículos o cualquier\n tipo de situación dudosa, que pueda representar amenaza\n para la seguridad del edificio.

\n\n

- En caso de haber personal que se ha quedado laborando fuera\n del horario normal, tiene la obligación de acompañar\n y respaldar al mismo hasta que abandonen los parqueaderos o las\n áreas circundantes del edificio;

\n\n

f) GUARDIAS ASIGNADOS A LOS PISOS DE LOS DESPACHOS MINISTERIALES.-\n Tendrán a su cargo la custodia de los despachos del Ministro\n y subsecretarios de Agricultura y Ganadería; controlar\n el ingreso y egreso del público, revisando maletas, bolsos,\n carteras y otros que sean necesarios. En cuanto a los despachos\n de los ministros del Ambiente y de Industrias, Comercio, Integración\n y Productividad, deberán recibir las instrucciones del\n responsable administrativo según sus requerimientos; y,

\n\n

g) VIGILANTE VESTIDO DE CIVIL.- Será permanente y tendrá\n la obligación de controlar todos los puntos de vigilancia,\n indistintamente, puede solicitar identificación a personas\n sospechosas que se encuentren en el edificio, debiendo mantener\n comunicación directa con la División Administrativa\n de la Dirección Administrativa Financiera del Ministerio\n de Agricultura y Ganadería, informando de cualquier novedad\n presentada.

\n\n

Art. 4.- Los guardias asignados a la seguridad del edificio,\n deberán mantener registros de novedades y relevos en la\n respectiva bitácora y notificar al supervisor de turno.

\n\n

Art. 5.- El personal de guardias está prohibido de\n utilizar los vehículos, oficinas y otros para realizar\n funciones o actividades que no sean compatibles a las del contrato,\n (libar o acudir al sitio de trabajo en estado etílico);\n al existir denuncias al respecto, será motivo para dar\n por terminado el contrato con la empresa.

\n\n

Art. 6.- Encargar el cumplimiento del instructivo, a la Dirección\n Administrativa Financiera del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

\n\n

Art. 7.- El presente instructivo prevalecerá sobre\n cualquier otra disposición anterior que se hubiere expedido\n para el servicio de guardianía privada contratada por\n este Ministerio y entrará en vigencia a partir de la presente\n fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro\n Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, a\n 21 de agosto de 2003.

\n\n

f.) Dra. Ivonne Juez de Baki, Ministra de Agricultura y Ganadería\n (E).

\n\n

Ministerio de Agricultura y Ganadería.- Es fiel copia\n del original.- Lo certifico.- f.) Director Administrativo Financiero.-\n MAG.- Fecha: 26 de agosto de 2003.

\n\n

No 207

\n\n

LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO\n DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 158 de la Ley para la Promoción\n de la Inversión y de la Participación Ciudadana,\n publicada en el Registro Oficial N0 144 de 18 de agosto de 2000,\n permite las importaciones de vehículos automotores de\n uso especial, equipo caminero, equipos agrícolas, sus\n componentes y accesorios, usados o remanufacturados, previo el\n cumplimiento de ciertos requisitos determinados en la misma norma;

\n\n

Que el artículo 39 del Texto Unificado de la Legislación\n del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Competitividad, publicado mediante Decreto Ejecutivo\n N0 3497 en el Registro Oficial N0 744 del 14 de enero de 2003,\n permite las importaciones de vehículos automotores de\n uso especial, equipo caminero, equipos agrícolas, sus\n componentes y accesorios, usados o remanufacturados, previo el\n cumplimiento de determinados requisitos;

\n\n

Que los informes técnicos Nos. 96, 104, 105, 106-A,\n 106-B, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117 y 119 del Ministerio\n de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad\n determinan que, las solicitudes presentadas cumplen con los requisitos\n establecidos en el artículo 158 de la Ley para la Promoción\n de la Inversión y de la Participación Ciudadana\n y su reglamento; así como con el Decreto Ejecutivo N0\n 3497; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades que le confiere la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO ÚNICO.- Autorizar las siguientes importaciones,\n de conformidad con las características y beneficiarios\n que se detallan a continuación:

\n\n

(Anexo 15SEPT1, 2, 3)

\n\n

Certifico que la presente resolución fue adoptada por\n la Comisión Ejecutiva del Consejo de Comercio Exterior\n e Inversiones en sesión llevada a cabo el día jueves\n 4 de septiembre de 2003.

\n\n

f.) Cristian Espinosa Cañizares, Subsecretario de Comercio\n Exterior e Integración del MICIP, Secretario del COMEXI.

\n\n

Certifico que la presente resolución fue adoptada por\n la Comisión Ejecutiva del Consejo de Comercio Exterior\n e Inversiones en sesión llevada a cabo el día jueves\n 4 de septiembre de 2003.

\n\n

f.) Cristian Espinosa Cañizares, Subsecretario de Comercio\n Exterior e Integración del MICIP, Secretario del COMEXI.

\n\n

N0 208

\n\n

LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO\n DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Comisión Ejecutiva del Consejo de Comercio Exterior\n e Inversiones, COMEXI, en sesión celebrada el lunes 11\n de agosto de 2003, adoptó la Resolución N0 201,\n publicada en el Registro Oficial N0 157 del 28 de agosto de 2003,\n mediante la cual se aprobó la distribución de la\n cuota de importación establecida como medida de salvaguardia\n mediante Resolución N0 193, publicada en el Registro Oficial\n No 126 del 16 de julio de 2003;

\n\n

Que la Comisión Ejecutiva del Consejo de Comercio Exterior\n e Inversiones, COMEXI, en sesión celebrada el jueves 4\n de septiembre de 2003, conoció sobre las comunicaciones\n intercambiadas entre la Corporación Aduanera Ecuatoriana,\n CAE y el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Competitividad, MICIP, relativas a las dificultades para\n la aplicación de la Resolución N0 201; y,

\n\n

Que la Comisión Ejecutiva del Consejo de Comercio Exterior\n e Inversiones, COMEXI, en sesión celebrada el jueves 4\n de septiembre de 2003, recibió en Comisión General\n a los representantes de los importadores y de la rama de la producción\n nacional de tableros de fibra de madera aforables en la Partida\n Arancelaria NANDINA 4411, quienes plantearon sus inquietudes\n sobre el procedimiento a utilizarse para los diversos casos de\n nacionalización para este tipo de producto,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO PRIMERO.- Aclarar que los, cupos establecidos en\n la Resolución N0 201 adoptada por la Comisión Ejecutiva\n del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, COMEXI, rigen\n a partir del 28 de agosto de 2003, fecha de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar para que todas las importaciones\n de tableros de fibra de madera, aforables en la Partida Arancelaria\n NANDINA 4411, que hayan arribado al territorio ecuatoriano antes\n de la vigencia de la Resolución N0 201, puedan ser nacionalizadas\n conforme lo dispuesto en la Resolución N0 175 del Consejo\n de Comercio Exterior e Inversiones, COMEXI, publicada en el Registro\n Oficial N0 740 del 8 de enero de 2003.

\n\n

ARTICULO TERCERO.- Delegar a la Subsecretaría de Comercio\n Exterior e Integración del Ministerio de Comercio Exterior,\n Industrialización, Pesca y Competitividad, MICIP para\n que autorice las solicitudes presentadas por los interesados\n en importar tableros de fibra de madera conforme lo dispone el\n Art. 30 de la Resolución No 201.

\n\n

ARTICULO CUARTO.- Derogar el Art. 4º de la Resolución\n N0 201 adoptado por la Comisión Ejecutiva del COMEXI,\n manteniendo la disposición de realizar las evaluaciones\n periódicas respecto de la utilización de los cupos\n establecidos en la Resolución N0 201, para efectos de\n realizar las redistribuciones que sean del caso.

\n\n

La presente resolución entrará en vigencia a\n partir de la fecha de su adopción, independientemente\n de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

CERTIFICO que la presente resolución fue adoptada por\n la Comisión Ejecutiva del Consejo de Comercio Exterior\n e Inversiones en sesión llevada a cabo el día jueves\n 4 de septiembre de 2003.

\n\n

f.) Cristian Espinosa Cañizares, Subsecretario de Comercio\n Exterior e Integración del MICIP, Secretario del COMEXI.

\n\n

N0 79-2002

\n\n

JUICIO DE IMPUGNACIÓN

\n\n

ACTOR: Reggiolo Eulogio Aristides Mendoza\n Reina.

\n\n

DEMANDADO: Director Regional del Servicio\n de Rentas Internas de Manabí.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

\n\n

Quito, 10 de junio de 2003; las 17h00.

\n\n

VISTOS: El Director Regional del Servicio de Rentas Internas\n de Manabí el 2 de mayo de 2002 interpone recurso de casación\n en contra de la sentencia expedida el 25 de enero de 2002 por\n la Sala Única del Tribunal Distrital de lo Fiscal N0 4\n con sede en la ciudad de Portoviejo dentro del juicio de impugnación\n 103/2000 propuesto por Reggiolo Eulogio Arístides Mendoza\n Reina. Concedido el recurso no lo ha contestado el actor y pedidos\n los autos para resolver se considera: PRIMERO.- Esta Sala es\n competente para conocer el recurso en conformidad con el Art.\n 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- La administración\n fundamenta el recurso en las causales 1ª y 3ª del Art.\n 3 de la Ley de Casación y alega que al expedirse la sentencia\n recurrida se han violado los artículos 82, 96 y 288 del\n Código Tributario; 14 y 15 de la Ley de Registro de Contribuyentes;\n 117,118, 119 y 121 del Código de Procedimiento Civil;\n y, 13 del Código Civil. Sustenta que los obligados al\n obtener el registro único de contribuyentes, RUC, según\n el Art. 14 de la ley que lo regula, en el plazo de treinta días,\n deben comunicar el cese de actividades y que el actor no ha cumplido\n con este deber según él mismo lo admite de modo\n expreso; que igualmente, en caso de cese de actividades, están\n obligados a devolver el certificado de registro de inscripción\n y no lo ha hecho el demandante; que tal obligación obra\n en el Art. 12 del reglamento indicado y en la Resolución\n 0074 expedida por la Directora General del Servicio de Rentas\n Internas, publicada en el Registro Oficial 2209 de 10 de junio\n de 1999; que el actor no comprobó que cerró los\n negocios en el año 1987 cual correspondía hacerlo\n ante la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y\n de derecho de la demanda; que no es verdad que la administración\n no haya impugnado la comunicación del actor en la que\n solicita la cancelación del RUC; que la sentencia no ha\n sido apreciada en conjunto según prevé el Código\n de Procedimiento Civil; y, que la ignorancia del derecho no excusa\n a persona alguna. TERCERO.- El Director Regional del Servicio\n de Rentas Internas de Manabí expidió la Resolución\n 000469 de 30 de agosto de 2000 en la cual, por falta de prueba,\n niega la solicitud del actor de que se anule el RUC que había\n obtenido, alegando que la ferretería de su propiedad dejó\n de funcionar en 1986. Dicha resolución, en conformidad\n al Art. 82 del Código Tributario, goza de las presunciones\n de legitimidad y ejecutoriedad. Competía al demandante\n desvanecer dichas presunciones dentro de este juicio de impugnación.\n CUARTO.- A fs. 47 y 51 obra el documento en el que consta que\n el contribuyente solicitó el 19 de noviembre de 1993 al\n Delegado Regional de Rentas de Manabí la anulación\n o cancelación definitiva del RUC. A simple vista se observa\n que las palabras "anulación o cancelación"\n son de un énfasis diferente al resto del texto. Sin embargo\n de ello se debe estar a la apreciación que de tal documento\n ha hecho la Sala Distrital en la sentencia, pues a ella es a\n quien corresponde exclusivamente ese cometido. En la demanda\n el actor impugna la resolución, no alega su nulidad. Además\n para que tal efecto se produzca deben ocurrir vicios de competencia\n o de procedimiento, en los términos previstos en el Art.\n 132 del Código Tributario lo que no ha sucedido en el\n caso presente. En mérito de las consideraciones expuestas,\n la Sala de lo Fiscal de la Corte suprema, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza\n el recurso interpuesto y deja sin efecto la Resolución\n 000469 impugnada debiendo en lo demás estarse al texto\n de la parte dispositiva de la sentencia. Sin costas. Notifíquese,\n publíquese y devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. Alfredo Contreras Villavicencio, José Vicente\n Troya Jaramillo y Hernán Quevedo Terán, Ministros\n Jueces.

\n\n

Certifico.- f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario, Sala\n de lo Fiscal.

\n\n

N0 81-2002

\n\n

JUICIO DE PAGO INDEBIDO

\n\n

ACTOR: Sebastián Ferro Aldunate,\n representante legal de FERRO SA.

\n\n

DEMANDADOS: Servicio de Rentas y Director\n Regional del Servicio de Rentas Internas.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

\n\n

Quito, 25 de junio de 2003; las 18h00.

\n\n

VISTOS: La Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal\n N0 1, con sede en la ciudad de Quito, el 13 de junio de 2002,\n dieta sentencia dentro de la acción de aceptación\n tácita por pago indebido propuesta por Sebastián\n Ferro Aldunate, representante legal de "FERRO SA.",\n en contra del Servicio de Rentas Internas y del Director Regional\n del Servicio de Rentas Internas, dejando sin efecto la Resolución\n N0 857-A, que niega el recurso de reposición interpuesto\n por el señor Ferro y rechaza la devolución de lo\n supuestamente pagado de manera indebida,, por falta de prueba.\n Razón que motiva que el señor Ferro presente recurso\n de casación, el mismo que es calificado por el Tribunal\n a-quo, situación que produce que suba a conocimiento de\n esta Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia,\n en donde se le ha dado el trámite de ley y habiéndose\n agotado su sustanciación, se ha dictado la providencia\n de autos en relación, siendo momento de resolver, para\n cuyo efecto se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para\n conocer y resolver el presente recurso de casación, en\n virtud de lo que dispone el artículo 1 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO.- El recurrente funda el recurso en la causal primera\n del artículo 3 de la Ley de Casación y estima que\n se han infringido las siguientes normas de derecho: el artículo\n 21 de la Ley 05, publicada en el Registro Oficial N0 396 de lO\n de marzo de 1994; el artículo 2225 del Código Civil,\n los artículos 274, inciso 1 y 285 del Código Tributario;\n y, la jurisprudencia obligatoria establecida respecto de la interpretación\n y aplicación del artículo 21 en referencia. TERCERO.-\n Del estudio del expediente, se halla que, efectivamente, la Administración\n Tributaria no atendió dentro del tiempo establecido por\n el artículo 21 de la Ley 05, publicada en el Registro\n Oficial N0 396 de 10 de marzo de 1994, dentro del plazo de los\n 120 días hábiles, ya que si el señor Ferro\n interpone el recurso de reposición, vigente a la época,\n el 4 de noviembre de 1998 y la administración emite su\n Resolución N0 857-A el 30 de abril de 1999, se evidencia,\n que se incumple el plazo señalado en el artículo\n 21 de la Ley 05. CUARTO.- Así también, se encuentra\n que la Resolución N0 857-A se notificó en casillero\n judicial N0 603, en lugar del casillero judicial N0 1330 señalado\n por el recurrente, por lo que esta resolución no cumple\n con el requisito que prescribe el artículo 88 del Código\n de Procedimiento Civil, que se refiere a la forma de considerarse\n citada o notificada una de las partes. QUINTO.- Se considera\n que el artículo 273 del Código Tributario establece\n la obligación del actor de probar los hechos que ha propuesto\n afirmativamente en la demanda y que ha negado expresamente la\n autoridad demandada, en la especie, este punto seria referente\n a la devolución del supuesto pago indebido. Si bien ello\n no se encuentra en el expediente, es menester precisar que la\n esencia de la demanda no radica exactamente en este punto, sino\n que la resolución de la administración no fue debidamente\n notificada al actor, y debido a ello, se produjo el silencio\n administrativo. SEXTO.- Mientras estuvo en vigencia el Art. 108\n del Código Tributario a este silencio producida por los\n entes de la administración se les otorgaba un valor negativo,\n es decir, que la petición, la solicitud o el recurso hablan\n sido despachados en forma contraria al administrado; mas con\n la promulgación de la Ley de Modernización del\n Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos\n por parte de la Iniciativa Privada, desde el 31 de diciembre\n de 1993, conforme a su artículo 28 y sus reformas se le\n da el carácter de aceptación tácita positiva,\n lo cual coordina, a no dudarlo, con el texto del artículo\n 21 de la Ley 05, publicada en el Registro Oficial N0 396 de 10\n de marzo de 1994, que establece el plazo de 120 días hábiles\n para los asuntos tributarios. SÉPTIMO.- Si se toma en\n cuenta que el recurso ingresado el 4 de noviembre de 1998, no\n tuvo resolución legal dentro de estos 120 días\n hábiles, por lo que es evidente que debe tenerse por aceptado\n todo el contenido del citado recurso. Por las consideraciones\n expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y\n POR AUTORIDAD DE LA LEY, se declara que el recurso de casación\n planteado es aceptado, reconociéndose, en consecuencia,\n que todos los puntos y petitorios del recurso de reposición,\n planteado el 4 de noviembre de 1998, han tenido despacho favorable.\n Notifíquese. Devuélvase. Publíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Alfredo Contreras Villavicencio, José Vicente\n Troya Jaramillo y Hernán Quevedo Terán, Ministros\n Jueces.

\n\n

Certifico.- f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario, Sala\n de lo Fiscal.

\n\n

No 82-2002

\n\n

JUICIO DE IMPUGNACIÓN

\n\n

ACTOR: Jorge Rodrigo Aguilar Moscoso.

\n\n

DEMANDADO: Director Regional del Servicio\n de Rentas Internas.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

\n\n

Quito, 16 de junio de 2003; las 11h35.

\n\n

VISTOS: Jorge Rodrigo Aguilar Moscoso el 27 de mayo de 2002\n interpone recurso de casación en contra de la sentencia\n de 16 de los propios mes y año expedida por la Sala Única\n del Tribunal Distrital de lo Fiscal N0 3 con sede en la ciudad\n de Cuenca, dentro del juicio de impugnación 142-01 propuesto\n en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas\n del Austro. Negado el recurso, el actor interpuso el de hecho\n el cual fue aceptado mediante auto ejecutoriado de 7 de octubre\n de 2002, habiéndose de este modo dado curso a la casación.\n La administración no ha producido la correspondiente contestación\n y pedidos los autos para resolver se considera: PRIMERO.- Esta\n Sala es competente para conocer el recurso en conformidad al\n Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- El actor fundamenta\n el recurso en las causales 1ª, 2ª y 4ª del Art.\n 3 de la Ley de Casación y alega que al expedirse el fallo\n impugnado se han infringido las siguiente normas: de la Constitución\n Política, los artículos 18 numeral 3, 23 numerales\n 26 y 27 del Art. 24, numerales 1, 3 y 7; del Código Tributario,\n los artículos 13, 70, 132, 337, 340, 345, 350, 366 y 387;\n y, del Código de Procedimiento Penal el Art. 395. Sustenta\n que la autoridad tributaria le sancionó por no tener registro\n de ingresos y egresos por los ejercicios 1998 y 1999, en tanto\n que en la sentencia se alude al hecho de que no he presentado\n los registros de ingresos y egresos; que con el criterio de la\n sentencia se ha obstado a que se aplique la prescripción\n alegada; que se le ha impuesto el máximo de la multa sin\n considerar que no existen circunstancias agravantes; que en el\n trámite administrativo no se le permitió presentar\n pruebas de descargo habiéndose ocasionado nulidad; que\n sostener que las multas pueden ser impuestas sin necesidad de\n trámite como se señala en la sentencia viola las\n disposiciones constitucionales que determina en el recurso; que\n no puede depender de la discrecionalidad de la administración\n el imponer el máximo de la multa prevista; que no cabe\n pagar las multas con intereses; que a la norma que modificó\n el Art. 387 del Código Tributario se le ha dado efecto\n retroactivo; y, que no se ha considerado la prescripción\n alegada. TERCERO.- En las resoluciones impugnadas fs. 2 a 5 de\n los autos, consta que ante el requerimiento de información\n el contribuyente manifiesta no tener registro de ingresos y egresos.\n La contravención que se ha sancionado es, en consecuencia,\n la contemplada en el numeral 3 del Art. 96 del Código\n Tributario en concordancia con el Art. 386 numeral 1 del propio\n código, referente a la obligación de exhibir libros\n y documentos relacionados con los hechos generadores de obligación\n tributaria, la cual se configuró cuando el contribuyente\n no presentó los mencionados registros que debía\n conservarlos en su poder durante el lapso que se requiere para\n que prescriba la obligación tributaria. (Ver fecha de\n requerimiento, 16 de agosto de 2001, fs. 23 de los autos). Este\n hecho se produjo con posterioridad a la vigencia de las leyes\n 99-24 (Suplemento del R.O. 181 de 30 de abril de 1999) y 99-41\n (Suplemento del R.O. 321 de 18 de noviembre de 1999), las cuales,\n por ello, no fueron aplicadas retroactivamente. En lo que respecta\n a la prescripción de la sanción por la contravención,\n cabe señalar, que por similares razones a las indicadas\n respecto de la alegada retroactividad, ésta no llegó\n a operar. Por lo demás, no consta que se hayan violado\n las disposiciones constitucionales señaladas por el actor,\n quien ha ejercitado su derecho de defensa, ni ha ocurrido nulidad\n alguna. No es pertinente disponer el pago de intereses sobre\n multas. En mérito de las consideraciones expuestas, la\n Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la\n sentencia expedida por la Sala Única del Tribunal Distrital\n de lo Fiscal N0 3 de 16 de mayo de 2002 exclusivamente en cuanto\n en ella se dispone el pago de intereses, debiéndose en\n lo demás estarse a lo resuelto en dicho fallo. Notifíquese,\n publíquese y devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. Alfredo Contreras Villavicencio, José Vicente\n Troya Jaramillo y Hernán Quevedo Terán (V.S.),\n Ministros Jueces.

\n\n

Certifico.- f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario, Sala\n de lo Fiscal.

\n\n

VOTO SALVADO DEL SEÑOR DOCTOR HERNÁN QUEVEDO\n TERÁN, MINISTRO JUEZ DE LA SALA DE LO FISCAL.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

\n\n

Quito, 16 de junio de 2003; las 11h35.

\n\n

VISTOS: El Tribunal Distrital de lo Fiscal N0 3, con sede\n en la ciudad de Cuenca, el 16 de mayo de 2002 dicta sentencia\n dentro de la acción incoada por Jorge Rodrigo Aguilar\n Moscoso en contra del Director Regional del Servicio de Rentas\n Internas del Austro, no aceptando la demanda propuesta. Frente\n a ello, el accionante presenta recurso de casación, el\n mismo que no es calificado por el Tribunal juzgador, lo cual\n origina el ingreso del recurso de hecho, conforme consta a fojas\n 58 del primer cuerpo. Debido a ello, el expediente sube a conocimiento\n de esta Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, donde\n luego de su estudio se lo admite a trámite en auto de\n 7 de octubre de 2002, lo que ha originado que se lo sustancie\n conforme a derecho y que se expida la providencia de autos en\n relación, razones en virtud de las cuales es pertinente\n emitir el pronunciamiento, a cuyo efecto se considera: PRIMERO.-\n Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso\n de casación, en virtud de lo que dispone el artículo\n 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.-En el escrito de interposición\n del escrito de casación se establecen como normas violadas\n las de la Constitución Política del Estado, del\n Código Tributario y del Código de Procedimiento\n Penal y en la parte pertinente a las causales, se dice, textualmente:\n "Las causales en que fundamento mi Recurso están\n consagradas en el Art. 3, numeral 1, 2 y 4 de la Ley de Casación,\n es decir que se ha dado una indebida aplicación a la ley\n en la Sentencia y además se han interpretado erróneamente\n normas de derecho que han sido determinantes en la parte dispositiva.\n En este sentido las normas legales infringidas en la sentencia\n tienen relación con la aplicación de normas legales,\n falta de aplicación, errónea interpretación\n y finalmente, resolución de puntos que no han sido materia\n de la litis, por lo que este recurso se encuentra debidamente\n sustentado". TERCERO.- A continuación, hay un cuarto\n punto en el mismo escrito que se refiere a los antecedentes y\n luego un quinto punto que lleva el título "Fundamentos\n de hecho y de derecho", donde no se especifica, en concreto,\n cuáles son las falencias respecto de las normas legales\n invocadas en la sentencia recurrida, teniendo en consideración\n que las dos primeras causales del artículo 3 de la Ley\n de Casación contemplan cada una, tres posibilidades que\n no son en absoluto sinónimos; y, la cuarta causal contempla\n dos posibilidades. CUARTO.- El recurso de casación, en\n su calidad de especial y extraordinario, tiende a la implementación\n de la legalidad de lo judicial, detectando errores en el procedimiento\n o en la aplicación del derecho dentro de la pieza judicial\n recurrida, sin que sea dable, de manera alguna, al juzgador actuar\n de oficio o corregir cualquier falencia constante en el escrito\n de interposición, puesto que el análisis es escueto\n frente a las alegaciones del recurrente. QUINTO.- En la especie,\n en adición a lo expuesto, es decir, la falta de fundamentación\n respecto a cada parámetro de las causales invocadas, se\n detecta que existe invocación de tres causales generales,\n las cuales son incompatibles entre si, toda vez que al valerse\n de la primera y cuarta causal del artículo 3 de la ya\n citada Ley de Casación, se estaría solicitando\n el que, aceptándose el recurso, se expide un nuevo fallo;\n mas, al tratarse de la segunda causal, se estaría pidiendo\n se declare la nulidad del proceso a partir de una foja determinada\n y se devuelva al Tribunal Distrital para que los conjueces asuman\n la competencia, sustancien en única instancia la impugnación\n y expidan el fallo que corresponda. SEXTO.- Lo dicho es verdad\n en aplicación del texto del artículo 14 de la Ley\n de Casación, que dice: "Sentencia.- Si la Corte Suprema\n de Justicia encuentra procedente el recurso, casará la\n sentencia o auto de que se trate y expedirá el que en\n su lugar correspondiere y con el mérito de los hechos\n establecidos en la sentencia o auto. Cuando se trate de casación\n por la causal segunda del artículo 3, la Corte Suprema\n anulará el fallo y remitirá dentro de un término\n de cinco días el proceso al Juez u órgano judicial\n al cual tocaría conocerlo en caso de recusación\n de quien pronunció la providencia casada, a fin de que\n conozca la causa desde el punto en que se produjo la nulidad,\n sustanciándolo con arreglo a derecho". Por las razones\n expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y\n POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso de hecho y por\n tanto el de casación que han sido planteados. Notifíquese.\n Devuélvase. Publíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Alfredo Contreras Villavicencio, José Vicente\n Troya Jaramillo y Hernán Quevedo Terán, Ministros\n Jueces.

\n\n

Certifico.

\n\n

f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario, Sala de Fiscal.

\n\n

N0 87-2002

\n\n

JUICIO DE IMPUGNACIÓN

\n\n

ACTOR: Dr. Roque Bustamante Cárdenas.

\n\n

DEMANDADA: Directora General del Servicio\n de Rentas Internas.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

\n\n

Quito, 10 de junio de 2003; las 16h30.

\n\n

VISTOS: La Directora General del Servicio de Rentas Internas\n el 21 de agosto de 2002 interpone recurso de casación\n en contra de la sentencia de 16 de julio del propio año\n expedida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal\n N0 1 dentro del juicio de impugnación 18743 propuesto\n por el doctor Roque Bustamante Cárdenas. Concedido el\n recurso lo ha contestado el actor el 16 de octubre de 2002 y\n pedidos los autos para resolver se considera: PRIMERO.- Esta\n Sala es competente para conocer el recurso en conformidad al\n Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- La administración\n fundamenta el recurso en las causales 1ª y 3ª del Art.\n 3 de la Ley de Casación y alega que al expedirse la sentencia\n impugnada se ha infringido los artículos 97 numeral 10\n de la Constitución Política; 20 de la Ley de Régimen\n Tributario Interno; 84 del reglamento para su aplicación;\n 126 del Código de Procedimiento Civil; y, 12, 30, 273\n y 277 del Código Tributario. Sustenta que el actor dentro\n del proceso no ha logrado demostrar que incurrió en pérdidas\n durante los primeros cuatro meses del ejercicio 1998; que tampoco\n ha demostrado encontrarse en la situación prevista en\n el Art. 84 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen\n Tributario Interno; que las pruebas deben ser pertinentes al\n asunto que se litiga y que los documentos presentados no constituyen\n prueba de sus afirmaciones, particularmente la declaración\n de impuesto a la renta del ejercicio 1998; que tampoco cumplió\n el contribuyente con lo dispuesto por el entonces vigente Art.\n 41 numeral 6 de la Ley de Régimen Tributario Interno reformado\n por la Ley 05; que la Sala ha hecho una calificación inadecuada\n de la prueba presentada por el demandante; que el actor no presentó\n su cuenta de ingresos y gastos y que tampoco lo solicitó\n la Sala del Tribunal Distrital, con lo cual habría demostrado\n sus afirmaciones; que con los documentos presentados no cabía\n demostrar la exoneración del anticipo, pese a lo cual\n la Sala hizo mérito de lo; mismos; y que dentro de la\n interpretación de las normas que es una operación\n jurídica debe tenerse en cuenta sus efectos económicos.\n El actor, en el mencionado escrito de contestación del\n 17 de octubre de 2002, sostiene que la administración\n no explica de qué manera ha influido en la parte dispositiva\n de la sentencia las causales en que fundamenta su recurso; que\n en la sentencia recurrida no se ha contravenido disposición\n alguna y que al contrario existe una correcta interpretación\n de las normas; que ha presentado en forma correcta la declaración\n de impuesto a la renta habiendo satisfecho los valores debidos;\n que la diferencia de S/. 9'197.500,oo ha sido incluida en la\n declaración; que los ingresos percibidos en su actividad\n profesional durante el ejercicio 1997 fueron excepcionales, debiéndose\n tener en cuenta que los honorarios profesionales suelen variar\n de un ejercicio a Otro, pues, no se trata de ingresos periódicos;\n que la mención a SALES CIA. LTDA., que hace la administración\n no tiene otro objeto que el de desviar la atención respecto\n de lo que es objeto de la controversia; y que las pruebas presentadas\n han sido debidamente apreciadas y que, igualmente, las normas\n han sido debidamente interpretadas. Concluye solicitando se rechace\n el recurso. TERCERO.- La discrepancia concierne al anticipo del\n impuesto a la renta del ejercicio 1998 y a la posibilidad de\n pedir su dispensa en los términos que prevé el\n inciso primero del Art. 84 del Reglamento General de Aplicación\n de la Ley de Régimen Tributario Interno. No concierne\n a los resultados mismos de ese ejercicio ni por ende a la declaración\n presentada en 1999. La Resolución impugnada en última\n término es la 06650 de 18 de diciembre de 1998 emitida\n en reposición por el Comité Tributario N0 2. Nótese\n que tal resolución es anterior a la conclusión\n del ejercicio 1998 e igualmente anterior a la declaración\n presentada por el actor respecto del mencionado ejercicio 1998\n con fecha 12 de abril de 1999, fs. 11 de los autos. La exoneración\n del anticipo, según el inciso primero del Art. 84 aludido\n se debería haber basado en los resultados negativos de\n los cuatro primeros meses del ejercicio 1998 y no en la declaración\n mencionada, que se reitera, es de fecha posterior. En la sentencia\n recurrida se ha hecho mérito de pruebas que no son pertinentes\n al caso. Habiendo estado el contribuyente obligado a llevar el\n libro de ingresos y egresos al que alude el Art. 20 de la Ley\n de Régimen Tributario Interno bien pudo presentarlo para\n demostrar sus asertos. Igualmente bien pudo la Sala juzgadora\n disponer oficiosamente la exhibición de dicho libro. No\n consta· del proceso que se haya actuado esa prueba, ni\n que, en general, se hayan practicado pruebas apropiadas para\n fundamentar exoneración del anticipo. En mérito\n de las consideraciones expuestas habiéndose infringido\n el inciso primero del Art. 84 del reglamento indicado y por no\n haberse valorado las pruebas presentadas en forma debida, la\n Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la\n sentencia expedida el 16 de julio de 2002 por la Segunda Sala\n del Tribunal Distrital de lo Fiscal N0 1 y reconoce la legalidad\n de la Resolución impugnada 00650 de 18 de diciembre de\n 1998, así como la que le sirve de antecedente N0 03130\n de 10 de julio de 1998. Notifíquese, publíquese\n y devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. Alfredo Contreras Villavicencio, José Vicente\n Troya Jaramillo y Hernán Quevedo Terán (V.S.),\n Ministros Jueces.

\n\n

Certifico.

\n\n

f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario, Sala de lo Fiscal.

\n\n

VOTO SALVADO DEL SEÑOR DOCTOR HERNÁN QUEVEDO\n TERÁN, MINISTRO JUEZ DE LA SALA DE LO FISCAL.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

\n\n

SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

\n\n

Quito, 10 de junio de 2003; las 16h30.

\n\n

VISTOS: La Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal\n N0 1, con sede en la ciudad de Quito, el 16 de julio de 2002,\n dieta sentencia, aceptando la demanda propuesta por el doctor\n Roque Bustamante Cárdenas en contra del Director Regional\n del Servicio de Rentas Internas del Norte. Ante ello, la administración\n interpone recurso de casación, que es calificado por el\n Tribunal a-quo; sube a conocimiento de esta Sala Especializada\n de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en donde se le\n ha dado el trámite de ley y habiendo concluido su sustanciación,\n se ha expedido la providencia de autos en relación, por\n lo que su estado es el de resolver, a cuyo efecto se considera:\n PRIMERO. - Esta Sala es competente para conocer y resolver el\n presente recurso, en virtud de lo que dispone el artículo\n 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- El recurso de casación,\n es, esencialmente, formal; es imprescindible cumplir con los\n requisitos que determina su ley rectora para que se torne válido.\n TERCERO.- Del estudio del expediente se encuentra que a fojas\n 31 está la autorización suscrita por la economista\n Elsa de Mena para que la doctora Irma Echeverría intervenga\n en la fase de impugnación ante el Tribunal Distrital de\n lo Fiscal N0 1, que en su texto dice: "SEÑORES MINISTROS\n DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL N0 1 Economista\n Elsa de Mena, Directora General del Servicio de Rentas Internas,\n conforme se desprende del nombramiento y ratificación\n que adjunto, dentro del Juicio de Impugnación N0 18

 

Change password



Loading..