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Registro Oficial. 14 de MAYO del 2004 Suplemento

Viernes, 14 de mayo de 2004

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE\n MAYO DEL 2004
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Viernes, 14 de mayo del 2004 - R. O. No. 335

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SUPLEMENTO

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TRIBUNAL CONSTITUCION

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DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
\n
ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

PROCESOS:

\n\n

73-AI-2000\n y 80-AI-2000\n (Acumulados) Auto que resuelve la solicitud de enmienda interpuesta\n por la República Bolivariana de Venezuela.

\n\n

22-AI-2002\n Auto por el\n que se acepta el desistimiento de las sociedades colombianas\n Merck Colombia, Frosst Laboratories INC,. Schering Colombiana,\n Boehring Ingelheim, GlaxoSmithkIine y Parke Davis contra la República\n del Colombia, por supuesto incumplimiento de los artículos\n 4 del Tratado de Creación del Tribunal y 266 de la Decisión\n 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Proceso 22-AI-2002.

\n\n

52-AI-2002\n Acción\n de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General\n de la Comunidad Andina contra la República Bolivariana\n de Venezuela por supuesto incumplimiento del artículo\n 74 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 4 del Tratado\n de Creación del Tribunal, a causa de la violación\n del principio de Trato Nacional a los cigarrillos, tabacos y\n picaduras importados de los Países Miembros.

\n\n

23-AN-2002 Acción de nulidad\n interpuesta por la República del Perú, en contra\n de las resoluciones No 559 y su confirmatoria No 585\n expedidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina.

\n\n

14-AN-2001\n En la acción\n de nulidad ejercida por César Moyano Bonilla contra los\n artículos 1, 2 y 279 de la Decisión 486 de la Comisión\n de la Comunidad Andina, providencia complementaria sobre la solicitud\n de enmienda y aclaración de sentencia.

\n\n

78-IP-2003\n Solicitud\n de Interpretación Prejudicial de los artículos\n 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado\n de la República de Colombia que da origen a la interpretación\n de los artículos 71 y 73, literal a), de la Decisión\n 313 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión\n 344. Expediente Interno No. 5211. Actor: "LABORATORIOS PROVET\n LTDAW. Marca: "HEMAVETW I.

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

Gobierno\n Municipal de Mocache: De\n Procedimiento en el trámite de denuncias de problemas\n ambientales

\n\n

Gobierno\n Municipal de Mocache:\n Para la prevención de la contaminación de loa recursos\n ambientales y el control de procesos y actividades comunes.

\n\n

Gobierno\n Municipal de Mocache:\n De Creación del Comité de Gestión Ambiental\n Cantonal.

\n\n

Cantón\n Guamote: Que\n reglamenta el funcionamiento y ocupación de mercados y\n plazas.\n

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PROCESOS\n 73-AI-2000 y 80-AI-2000
\n (Acumulados)

\n\n

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los\n dos días del mes de julio del año dos mil tres.

\n\n

En las acciones de incumplimiento interpuestas por los ingenios\n RIOPAILA S.A., Central Castilla S.A., Manuelita S.A., INCAUCA\n S.A.. San Carlos S.A.. Pichiche S.A.. Providencia S.A., Risaralda\n S.A., La Cabaña S.A. y Mayagüez S.A. (Proceso 73-AI-2000);\n y, por la República de Colombia (Proceso 80-AI-2000),\n en contra de la República Bolivariana de Venezuela,\n alegando incumplimiento de las obligaciones derivadas del Ordenamiento\n Jurídico de la Comunidad Andina, al haber expedido la\n Resolución 365, de 23 de marzo de 2000.

\n\n

VISTOS

\n\n

La sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad\n Andina dentro de los procesos 73-AI- 2000 y 80-AI-2000 (Acumulados)\n de fecha 14 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial\n del Acuerdo de Cartagena No 833 de 13 de septiembre de 2002.\n

\n\n

El oficio No 000849 de 10 de septiembre de 2002 más\n un anexo, recibido en este Tribunal el 19 de septiembre de 2002,\n por el que la República. Bolivariana de Venezuela formuló\n solicitud de enmienda de la sentencia emitida dentro de los procesos\n 73-AI-2000 y 80-AI-2000 (Acumulados), en la que pide"...ese\n Tribunal enmiende la sentencia dictada en autos en fecha 14 de\n agosto de 2002 en los procesos acumulados identificados con los\n Nos. 73-AI-2000 y 80-AI- 2000, tanto en suporte motiva como en\n su parte dispositiva en los numerales 1° y 2° en virtud\n de la inexactitud evidente contenida en ellas, al haber declarado\n el incumplimiento y haber condenado a Venezuela a que procediera\n a eliminar la medida restrictiva aplicada al producto denominado\n 'Chancaca', cuando -como constataba en autos y fue debidamente\n alegado y demostrado- dichas medidas restrictivas ya hablan \n sido levantadas- aún antes de iniciarse los procesos judiciales\n en esa instancia-, en ejecución a las órdenes dictadas\n por la Secretaría General de la Comunidad en las resoluciones\n números 385 y 388, mediante la promulgación y publicación\n de la Resolución No 524 por el Ministerio de Finanzas\n de Venezuela, la cual derogó la Resolución No 365-específicamente\n en la eliminación del referido producto Chancaca de\n la salvaguardia agrícola establecida al azúcar\n y demos productos derivados de ésta".

\n\n

"...Dicha inexactitud evidente contenida en la sentencia,\n se expresó en un error material de juzgamiento contenido\n tanto en su parte motiva como en su dispositiva, que debe ser\n enmendado por este honorable Tribunal con ocasión de la\n presente solicitud...".

\n\n

El auto de 2 de octubre de 2002, por el que el Tribunal de\n Justicia de la Comunidad Andina decidió "admitir\n la solicitud formulada y ordenar su traslado a la República\n de Colombia, así como a los ingenios azucareros de ese\n país, Riopaila S.A., Central Castilla S.A., Manuelita\n S.A., INCAUCA S.A., San Carlos S.A., Pinchiche S.A. (sic), Providencia\n S.A., Risaralda S.A., La Cabaña S.A. y Mayagüez S.A.,\n actores en los procesos 80-AI-2000 y 73-AI-2000, respectivamente,\n a los efectos de que en el término de cinco días\n a contarse desde la notificación de este auto, absuelvan\n el trámite si lo creyeren conveniente, al tenor de lo\n establecido por el inciso tercero del artículo 92 del\n Estatuto de este Tribunal".

\n\n

Considerando:

\n\n

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 92 del\n Estatuto de este Órgano Jurisdiccional "El Tribunal\n de oficio o a petición de parte presentada dentro de los\n quince días siguientes al de la notificación de\n la sentencia, podrá enmendarla o ampliarla;

\n\n

La enmienda tendrá lugar si la sentencia contuviere\n errores manifiestos de escritura, de cálculo o inexactitudes\n evidentes o si se hubiera pronunciado sobre un asunto no planteado\n en la demanda, y la ampliación, cuando no se hubiere resuelto\n alguno de los puntos controvertidos;

\n\n

La solicitud de enmienda o de ampliación se pondrá\n en conocimiento de la otra parte, por cinco días, para\n que absuelva el trámite, si lo cree conveniente;

\n\n

El Tribunal dentro de los quince días Siguientes al\n de la expiración del término a que se refiere el\n primer inciso, cuando la enmienda o ampliación fuese de\n oficio o agotado el término concedido a las partes, adoptará\n resolución sobre la enmienda o ampliación, la notificará\n a las mismas y la anexará a la sentencia;

\n\n

El trámite de la enmienda o ampliación no suspende\n la ejecución de la sentencia";

\n\n

Que cumplido de manera parcial lo previsto en el artículo\n 92 del estatuto del Tribunal, debe aplicarse lo dispuesto en\n el párrafo cuarto del mismo, en lo concerniente a que\n una vez agotado el término concedido a las partes a los\n efectos de que se pronuncien respecto de la solicitud de enmienda\n formulada, le corresponde a este Tribunal adoptar resolución\n sobre dicha solicitud, la que deberá ser notificada y\n anexada a la respectiva sentencia;

\n\n

Que ninguno de los demandantes en este proceso ha comunicado\n a este Tribunal manifestación alguna respecto de la solicitud\n de enmienda impetrada;

\n\n

Que es indispensable para presentar la solicitud de enmienda\n que se cumplan los presupuestos del artículo citado, los\n mismos que deberán ser apropiadamente fundamentados por\n quien los invoque;

\n\n

Que dentro del escrito de solicitud de enmienda si bien se\n expresan los puntos de la sentencia que deben ser enmendados,\n sólo desarrolla de manera general principios de derecho\n que, desde luego, fueron tomados en cuenta dentro de la sentencia;

\n\n

Que en el caso de autos es importante tener presente:

\n\n

La Resolución 365 de 23 de marzo de 2000, por la que\n la República Bolivariana de Venezuela, modifica el Régimen\n Legal Andino de la columna 6, del artículo 21 del Decreto\n 989, que contiene el Régimen de Aduanas, estableciendo\n para la subpartida 1701.11.10 referente a la Chancaca, una tarifa\n general ad valórem de 20, bajo un Régimen Legal\n Andino 2,3 y 5.

\n\n

La Resolución 524 de 3 de agosto de 2000, en virtud\n de la cual la República Bolivariana de Venezuela, tomando\n en cuenta las resoluciones 385 y 388 de la Secretaría\n General, modifica el Régimen Legal Andino de la columna\n 6, del artículo 21 del Decreto 989, que contiene el Régimen\n de Aduanas, estableciendo para la subpartida 1701.11.10 referente\n a la Chancaca, una tarifa general ad valórem de 20, bajo\n un Régimen Legal Andino 3 y 5 y deroga la Resolución\n 365.

\n\n

El Decreto 989 de 20 de diciembre de 1995, cuya copia simple\n e incompleta llegó al Tribunal sin cumplir con las formalidades\n legales, en cuyo artículo 12 establece la codificación\n del Régimen Legal aplicable a la importación de\n mercaderías, disponiendo lo siguiente: 2. Importación\n reservada al Ejecutivo Nacional. 3. Permiso del Ministerio de\n Sanidad y Asistencia Social y 5. Certificado Sanitario del País\n de Origen. En los artículos 7 y 9 se señala que\n el Régimen Legal Andino se indica en la columna 6 del\n artículo 21; encontrándose incompleta la copia\n mencionada en lo que respecta al artículo 21, observándose\n que al inicio de dicho artículo se establece que "el\n régimen legal correspondiente a la importación\n de mercancías" es el siguiente;

\n\n

Que dicha copia simple e incompleta no solo que no permite\n la constatación de lo afirmado por el recurrente, sino\n que tampoco constituye prueba fehaciente conforme a la doctrina\n y al ordenamiento normativo vigente. Al respecto la jurisprudencia\n del Tribunal ha sostenido: "...el artículo 74 del\n Estatuto del Tribunal dispone que las pruebas deben ofrecerse,\n decretarse, practicarse e incorporarse al proceso en la forma,\n oportunidades y términos señalados en el citado\n instrumento. Y en la doctrina se ha precisado que un documento\n tendrá validez como prueba si cumple ciertos requisitos\n que pueden radicar en el documento o en el procedimiento para\n su aportación al proceso', señalando como una de\n tales exigencias el que los documentos 'hayan sido llevados y\n admitidos al proceso en oportunidad y con los requisitos legales,\n porque si bien su incumplimiento no vicia de nulidad el documento\n en si mismo, sí invalida su aportación y le quita\n su valor como prueba (DEVIS ECHANDIA, HERNANDO; "Compendio\n de Derecho Procesal' tomo II, Pruebas Judiciales; séptima\n edición; páginas 411 y 417)" (Sentencia emitida\n en el Proceso 34-AI-2001, publicado en la Gaceta Oficial del\n Acuerdo de Cartagena No 839 del 25 de septiembre de 2002). En\n atención de que, en el caso de autos, el documento presentado\n extraoficialmente es además incompleto y no fue aportado\n al expediente en la "forma, oportunidades y términos"\n establecidos en el Estatuto, razón por la cual, el mismo\n no será apreciado por este Tribunal; máxime si\n de la prueba incompleta no emerge convicción definitiva\n y clara sobre el significado de los regímenes legales,\n en especial del 2, que ha sido eliminado de las resoluciones\n 365 y 524;

\n\n

Que la enmienda ha sido considerada por la doctrina como "...\n una mera petición o reclamación del administrado,\n cuya corrección no altera el contenido sustancial del\n mismo, sin que signifique un impedimento la configuración\n de los derechos subjetivos que nazcan del acto que se rectifica19.\n (Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, editorial Abeledo-Perrot,\n Sexta edición actualizada. Buenos Aires, 2000, p. 412);

\n\n

Que en base a lo dispuesto por la normativa jurídica\n comunitaria y la doctrina citada, las sentencias emitidas por\n el Tribunal, como máxima instancia Jurisdiccional dentro\n de la Comunidad Andina, sólo son susceptibles de enmienda,\n ampliación y aclaración previstas por los artículos\n 92 y 93 del Estatuto del Tribunal, cuando se dan los presupuestos\n establecidos en dichas normas;

\n\n

Que de la revisión del expediente puede concluirse\n que el argumento expuesto, en lo principal, ha sido ya planteado\n por la República Bolivariana de Venezuela en sus contestaciones\n a las demandas, durante la audiencia pública celebrada\n el 18 de octubre de 2001, y en su escrito de conclusiones; y,

\n\n

Que la situación analizada y resuelta en la sentencia\n proferida el 14 de agosto de 2002 no ha variado en el fondo y,\n los argumentos sostenidos por el señor Ministro de la\n Producción y Comercio de la República Bolivariana\n de Venezuela en la solicitud de enmienda, repiten en esencia\n las fundamentaciones expuestas dentro de la respectiva sustanciación,\n y han sido por tanto analizadas por este Tribunal al momento\n de dictar sentencia,

\n\n

Decide:

\n\n

Desestimar la solicitud de enmienda interpuesta por la República\n Bolivariana de Venezuela respecto de la sentencia emitida por\n este Tribunal en los procesos 73-AI-2000 y 80-AI-2000 (Acumulados)\n y, en consecuencia, declarar que no ha lugar a la enmienda solicitada.

\n\n

NOTIFIQUESE.

\n\n

Rubén Herdoíza Mera
\n PRESIDENTE

\n\n

Ricardo Vigil Toledo
\n MAGISTRADO

\n\n

Guillermo Chahín Lizcano
\n MAGISTRADO

\n\n

Moisés Troconis Villarreal
\n MAGISTRADO

\n\n

Walter Kaune Arteaga
\n MAGISTRADO

\n\n

Patricio Peralvo Mendoza
\n SECRETARIO a.i.

\n\n

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,- El auto que\n antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente\n de esta Secretaría. CERTIFICO.
\n Eduardo Almeida Jaramillo
\n SECRETARIO

\n\n

PROCESO\n 22-AI-2002

\n\n

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD\n ANDINA, San Francisco de Quito, dieciséis de julio de\n dos mil tres.

\n\n

En la Acción de Incumplimiento ejercida por las sociedades\n colombianas Merck Colombia, Frosst Laboratorios INC, Schering\n Colombiana, Boehring Ingelheim, GlaxoSmithkIine y\n Parke Davis, en contra de la República de Colombia, por\n presunto incumplimiento de los artículos 4 del Tratado\n de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina\n y 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad\n Andina, por haber adoptado y dar aplicación a los artículos\n 20 y 25 del Decreto 677 expedido el 26 de abril de 1995 por el\n Gobierno del citado País Miembro.

\n\n

VISTOS

\n\n

El escrito presentado por el doctor Marcel Tangarife Torres,\n el 3 de junio de 2003, vía fax, junto con sus anexos,\n y recibido en este Tribunal mediante correo corriente el 11 de\n junio de 2003, en el que actuando en nombre y representación\n de las sociedades actoras dentro del presente proceso, desiste\n de la acción, fundamentando, dicho desistimiento en "...\n la adopción por parte del gobierno colombiano de medidas\n tendientes a corregir el incumplimiento de las obligaciones emanadas\n del articulo 266 de la Decisión 486, tales como la expedición\n del Decreto 2085 del 19 de septiembre de 2002 (copia adjunta\n como Anexo J), cuyo sentido y alcance fue posteriormente aclarado\n mediante el Acta de la Reunión de Coordinación\n de los Ministerios de la Protección Social y de Comercio,\n Industria y Turismo, sobre la Comercialización de Productos\n Farmacéuticos en Colombia, de fecha 18 de marzo de 2003\n (copia adjunta como anexo 2).

\n\n

Estas medidas responden a la obligación, en cabeza\n de Colombia, de proteger los datos de prueba requeridos por la\n aprobación de comercialización de nuevas entidades\n químicas del uso comercial desleal de que puedan ser objeto,\n conforme al Artículo 266 de la Decisión 486, obligación\n sobre la cual versa el incumplimiento que se alega en este proceso".

\n\n

El auto de 18 de junio de 2003, por el que el Tribunal decide:\n "Correr traslado del escrito presentado por el doctor Marcel\n Tangarife Torres, junto con sus anexos, a la parte demandada\n y a las coadyuvantes Asociación de Industrias Farmacéuticas\n Colombianas (ASÍNFAR), Laboratorio Franco Colombiano\n (LAFRANCOL), Asociación de Laboratorios Farmacéuticos\n (ALAFAR), Dupocsa Protectores Químicos para el Campo\n S.A. y Solagro S.A. Solagremsa, DROKASA PERÚ S.A., FAMEX\n S.A.. SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO, SERVICIOS Y FORMULACIONES\n INDUSTRIALES SERFI S.A. e INDUSTRIA PERUANA DE METALES Y DERIVADOS\n S.A., a los efectos legales correspondientes, para lo cual se\n les concede un término de diez días continuos,\n contados a partir de la fecha de la notificación del presente\n auto".

\n\n

El escrito de 27 de junio de 2003, por el que la República\n de Colombia, demandada en el presente caso, argumenta:

\n\n

"Teniendo en cuenta que la parte demandante del proceso\n de la referencia ha manifestado ante ese Honorable Tribunal su\n intención de desistir de las pretensiones que dieron lugar\n al proceso de incumplimiento adelantado contra Colombia, vemos\n con beneplácito el desistimiento y que el proceso se archive\n como consecuencia de su aplicación ... Lo anterior no\n implica que Colombia comparta y acepte las razones presentadas\n por la parte demandante para justificar la solicitud de desistimiento".

\n\n

El escrito de 30 de junio de 2003, por el cual la Asociación\n de Industrias Farmacéuticas Colombianas ASÍNFAR\n y Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A. coadyuvantes de\n la demandada, manifiestan que "Teniendo en cuenta que el\n desistimiento es una manifestación del poder dispositivo\n del demandante, que además debe ser incondicional, solicitamos\n se acepte el desistimiento presentado por las demandantes ...\n como consecuencia de lo anterior, y por existir un pleito pendiente\n sobre la legalidad del Decreto 2085, solicitamos no se realice\n ninguna declaración sobre los motivos del desistimiento,\n toda vez que un pronunciamiento sobre el mismo será objeto\n de un proceso diferente al actual".
\n El escrito de 30 de junio de 2003, por el que las compañías\n DROKASA PERÚ S.A.. FAMEX S.A., SOCIEDAD ANÓNIMA\n FAUSTO PIAGGIO, SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES SERFI\n S.A. e INDUSTRIA PERUANA DE METALES Y DERIVADOS S.A., también\n coadyuvantes de la demandada, solicitan que el Tribunal "No\n acoja el desistimiento propuesto por los accionantes y continúe\n con el proceso hasta su desenlace natural, a saber: la sentencia\n en que declare que el Gobierno de Colombia, al exigir diferentes\n requisitos al primer solicitante y a los solicitantes posteriores\n de registro sanitario para una misma molécula química,\n según lo previsto en los artículos 20 y 25 del\n Decreto 677, no ha incumplido el artículo 266 de la Decisión\n 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, subsidiariamente,\n en caso de aceptar el desistimiento solicitado, condene a las\n accionantes a sufragar todos los gastos correspondientes a honorarios\n profesionales y costas procesales incurridos por mis representadas\n en ejercicio de su calidad de coadyuvantes en este proceso ".

\n\n

Considerando:

\n\n

Que de conformidad con el artículo 36 del estatuto\n del Tribunal "El Tribunal conducirá los procesos\n de acuerdo con lo dispuesto en el Tratado de su Creación\n y en el presente Estatuto. A tal efecto, deberá adoptar\n todas las medidas necesarias para encauzar el proceso y agilizar\n el juicio, pudiendo rechazar de plano aquellas peticiones que\n tiendan a dilatar o desviar la causa ";

\n\n

Que dentro del desarrollo del proceso se puso en conocimiento\n de la parte demandada y de sus coadyuvantes Asociación\n de Industrias Farmacéuticas Colombianas (ASINFAR), \n Laboratorio Franco Colombiano (LAFRANCOL), Asociación\n de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFAR), Dupocsa Protectores\n Químicos para el Campo S.A. y Solagro S.A. Solagremsa,\n DROKASA PERÚ S.A., FAMEX S.A., SOCIEDAD ANÓNIMA\n FAUSTO PIAGGIO, SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIALES\n SERFI S.A. e INDUSTRIA PERUANA DE METALES Y DERIVADOS S.A., el\n desistimiento formulado por la parte actora para los fines que\n correspondan en derecho. Dentro de ellas no hicieron llegar en\n tiempo hábil sus pretensiones las coadyuvantes Dupocsa\n Protectores Químicos para el Campo S.A. y Solagro S.A.;

\n\n

Que el artículo 72 del mismo estatuto sostiene que\n "... El coadyuvante puede realizar los actos procesales\n que no estén en oposición a la parte que ayuda\n y no impliquen disposición del derecho discutido ...",\n de donde se desprende claramente que el coadyuvante no adquiere\n la condición de parte principal de los procesos en los\n cuales interviene;

\n\n

Que de acuerdo a calificada doctrina, el desistimiento "es\n una declaración de voluntad y un acto jurídico\n procesal, en virtud del cual eliminan los efectos jurídicos\n de otro acto procesal ... el desistimiento total e incondicional\n de la demanda no requiere para su admisión el consentimiento\n de la otra parte, pero si éste no existe, se debe condenar\n en costas a quien lo haga y produce el efecto de una sentencia\n favorable al demandado" (Devis Echandía, Hernando.\n Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, Teoría General\n del Proceso, Novena Edición, Editorial A, B, C - Bogotá,\n 1983, p. 589);

\n\n

Que como lo señala el mismo autor al referirse a los\n efectos procesales de la intervención coadyuvante: "No\n puede actuar en el proceso en contradicción con la parte\n coadyuvada, lo que es consecuencia de su condición de\n parte accesoria o secundaria y de la circunstancia de no introducir\n una litis propia en el proceso ..." (Devis Echandía,\n Hernando, ob. cit.» p. 360),

\n\n

Que de acuerdo con los principios generales del derecho y\n la doctrina el desistimiento puede hacerse en cualquier estado\n del proceso, mientras no se haya pronunciado sentencia definitiva;

\n\n

Que la aceptación del desistimiento por parte de la\n demandada ha sido sin petición de costas, y,

\n\n

En virtud a lo anteriormente expuesto,

\n\n

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
\n LA COMUNIDAD ANDINA

\n\n

DECIDE

\n\n

PRIMERO.- Aceptar el desistimiento planteado por el doctor\n Marcel Tangarife Torres en nombre y representación de\n las sociedades colombianas demandantes Merck Colombia, Frosst\n Laboratorios INC, Schering Colombiana, Boehring Ingelheim, GlaxoSmithkIine\n y Parke Davis, en cuanto no transgrede el ordenamiento comunitario.

\n\n

SEGUNDO.- Sin costas, en atención y de no haber sido\n solicitadas expresamente por la parte demandada y en virtud de\n que los coadyuvantes son parte accesoria de ésta.

\n\n

TERCERO.- Dar por terminado el procedimiento y por tanto disponer\n el archivo del expediente.

\n\n

NOTIFIQUESE.

\n\n

Rubén Herdoíza Mera
\n PRESIDENTE

\n\n

Ricardo Vigil Toledo
\n MAGISTRADO

\n\n

Guillermo Chahín Lizcano
\n MAGISTRADO

\n\n

Moisés Troconis Villarreal
\n MAGISTRADO

\n\n

Walter Kaune Arteaga
\n MAGISTRADO

\n\n

Eduardo Almeida Jaramillo
\n SECRETARIO

\n\n

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. El auto que antecede\n es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta\n Secretaría. CERTIFICO.

\n\n

PROCESO 52-AI-2002

\n\n

Acción de incumplimiento interpuesta\n por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra\n la República Bolivariana de Venezuela por supuesto incumplimiento\n del artículo 74 del Acuerdo de Cartagena y del artículo\n 4 del Tratado de Creación del Tribunal, a causa de la\n violación del principio de Trato Nacional a los cigarrillos,\n tabacos y picaduras importados de los Países Miembros

\n\n

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la acción\n de incumplimiento interpuesta por la Secretaria General de la\n Comunidad Andina contra la República Bolivariana de Venezuela,\n a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil tres.

\n\n

VISTOS:

\n\n

La comunicación SG-C/1.8/00650/2002 de 28 de mayo de\n 2002 recibida en el Tribunal el 3 de junio del mismo año,\n por medio de la cual la Secretaría General de la Comunidad\n Andina interpone acción de incumplimiento contra la República\n Bolivariana de Venezuela por supuesto incumplimiento del artículo\n 74 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 4 del Tratado\n de Creación del Tribunal, por la violación del\n principio de trato nacional a los cigarrillos importados de los\n Países Miembros.

\n\n

El auto de 19 de junio de 2002, por el cual la demanda fue\n admitida a trámite, se ordena la notificación a\n la República Bolivariana de Venezuela y se le concede\n el plazo de 40 días para que de contestación a\n la demanda.

\n\n

El escrito 000682 de 31 de julio de 2002, recibido en el Tribunal,\n vía fax, la misma fecha, de contestación a la demanda\n por parte de la República Bolivariana de Venezuela.

\n\n

El auto de 14 de agosto de 2002, por el cual el Tribunal tiene\n a la demanda como contradicha tanto en los hechos como en el\n derecho, ya que la contestación a la misma fue presentada\n fuera de término. Asimismo da por presentadas las pruebas\n apenadas por la actora en su escrito de demanda y se convoca\n a las Partes a la Audiencia Pública.

\n\n

El Acta de la Audiencia Pública celebrada el 3 de octubre\n de 2002.

\n\n

Los escritos de conclusiones de las partes.

\n\n

1. ANTECEDENTES

\n\n

1.1. Las partes

\n\n

Es parte demandante la Secretaría General de la Comunidad\n Andina, es demandada la República Bolivariana de Venezuela,\n en su condición de País Miembro de la Comunidad\n Andina.

\n\n

1.2. La demanda

\n\n

Por medio de comunicación SG-C/1.8/00650/2002 de 28\n de mayo de 2002 (folio 1 a 8), recibida en el Tribunal el 3 de\n junio del mismo año, la Secretaría General de la\n Comunidad Andina interpone Acción de Incumplimiento en\n contra de la República Bolivariana de Venezuela por el\n tratamiento discriminatorio e incumplimiento del principio de\n trato nacional previsto en su legislación nacional (artículo\n 16 del Reglamento de la Ley de Impuestos sobre Cigarrillos y\n manufacturas de Tabaco) que establece que los cigarrillos importados\n -incluso aquellos originarios de otros Países Miembros-\n no pueden venderse a igual o menor precio que los productos similares\n nacionales, en violación del artículo 74 del Acuerdo\n de Cartagena y del artículo 4 del Tratado de Creación\n del Tribunal.

\n\n

Fundamentos de hecho

\n\n

1. Mediante facsímil No 3 50-2001-MITINCV\n VMINCI/DNINCI del 10 de mayo de 2001, el Ministerio de Industria,\n Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales\n de Perú presento a la Secretaría General de la\n Comunidad Andina una reclamación . por el supuesto\n incumplimiento del artículo 74 del Acuerdo de Cartagena\n por parte del Gobierno de Venezuela, al haber dispuesto por\n el Decreto 242 de 1979 un trato diferencial para efecto de la\n aplicación del "Reglamento de la Ley de Impuesto\n sobre Cigarrillos y Manufacturas de Tabaco", entre los cigarrillos\n y
\n manufacturas de tabaco producidos en Venezuela y los importados.

\n\n

En sustento de su reclamación, el Gobierno Peruano\n adjuntó el texto del referido dispositivo.

\n\n

2. El artículo 16 del indicado Decreto 242 de Venezuela\n dispone que los precios de venta al público de las especies\n importadas deberán guardar un equilibrio con los precios\n de venta de las especies de producción nacional. Agrega\n que las especies importadas no podrán ser ofrecidas al\n consumo a un precio de venta igual o menor de los establecidos\n para los cigarrillos, tabacos y picaduras de producción\n nacional.

\n\n

3. Con fecha 15 de junio de 2001, la Secretaría General\n emitió la Nota de Observaciones SG-
\n F/4.2.1/1128/2001, indicando al Gobierno de Venezuela que, de\n estarse estableciendo un trato diferente para los productos nacionales\n y los productos importados en la aplicación del Reglamento\n de la Ley de impuesto sobre Cigarrillos y Manufacturas de Tabaco\n pudiera estar incurriendo en un incumplimiento de obligaciones\n emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico\n de la Comunidad Andina, en particular del artículo 74\n del Acuerdo de Cartagena, para lo cual le concedió un\n plazo de respuesta no mayor a treinta días calendario.

\n\n

4. Mediante/comunicación SG-F/4.2.1/1201/2001 de\n fecha 27 de junio de 2001, la Secretaría General de la\n Comunidad Andina informó al Gobierno de Perú, el\n inicio de la investigación y la emisión de la respectiva\n Nota de Observaciones.

\n\n

5. A través de la comunicación SG-X/4.2.1/\n 0879/2001 de fecha 27 de junio de 2001, la Secretaría\n General puso en conocimiento de los gobiernos de Bolivia, Colombia\n y Ecuador la Nota de Observaciones, otorgándoles un plazo\n de treinta días calendario para remitir cualquier comentario\n o información sobre el particular.

\n\n

Sin embargo, no se recibieron coméntanos adicionales\n del recurrente, ni opiniones de los gobiernos de Bolivia, Colombia\n ni Ecuador.

\n\n

6. El 3 de julio de 2001, la Dirección General de\n Consultoría Jurídica del Ministerio de la Producción\n y el Comercio de Venezuela remitió la comunicación\n No. 2223, mediante la cual solicitó una ampliación\n hasta por diez días hábiles del plazo para dar\n contestación a la Nota de Observaciones planteada.

\n\n

7. Mediante comunicación SG-F/4.2.1/13 53/2001 de\n fecha 16 de julio de 2001, la Secretaría General de la\n Comunidad Andina informó al Gobierno de Venezuela sobre\n el otorgamiento de la ampliación solicitada por un término\n de diez días hábiles.

\n\n

8. Con fecha 30 de julio de 2001, el Gobierno de Venezuela\n respondió a la Nota de Observaciones SG-F/4.2.1/1 128/2001\n de la Secretaría General.

\n\n

9. La Secretaría General de la Comunidad Andina,\n por Resolución No 542 de 24 de agosto de 2001, publicada\n en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 705 del 27 de\n agosto de 2001, dictaminó que la República Bolivariana\n de Venezuela estaba incumpliendo con el ordenamiento jurídico\n comunitario andino, en particular con el artículo 74 del\n Acuerdo de Cartagena.

\n\n

10. El 19 de octubre de 2001, por comunicación N°\n 000971 la Secretaría General recibió el Recurso\n de Reconsideración contra la Resolución N°\n 542, interpuesto por el Gobierno de Venezuela.

\n\n

11. La Secretaría General de la Comunidad Andina, el\n 30 de noviembre de 2001, expidió la Resolución\n No 571, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena\n No 738 de 3 de diciembre de 2001, por la cual declaró\n inadmisible el recurso de reconsideración contra la Resolución\n No 542 por haber sido interpuesto de forma extemporánea.

\n\n

Fundamentos de derecho Incumplimiento del artículo\n 74 del Acuerdo de Cartagena

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La demandante sostiene que la normativa venezolana "establece\n una clara discriminación en contra de los cigarrillos,\n tabacos y picaduras importados, sin exceptuar a las especies\n importadas originarias de los Países Miembros".

\n\n

Indica que "el Gobierno de Venezuela interviene mediante\n su normativa nacional en las condiciones de fijación de\n precios de los cigarrillos, tabacos y picaduras, originarios\n de la Subregión, con el efecto de controlar su oferta\n y evitar su venta a precios inferiores a aquellos de las especies\n similares de producción nacional. Estos últimos\n sí pueden concurrir libremente en el mercado local venezolano\n y determinar sus propios precios, sin temor a la Competencia\n subregional. De esta manera se crea una suerte de mercado protegido,\n a favor de los productos nacionales y en detrimento de los productos\n similares importados de la Subregión".

\n\n

Señala que la normativa citada discrepa claramente\n con la interpretación que ha dado el Tribunal sobre el\n alcance del artículo 74 del Acuerdo de Cartagena, en el\n sentido "que la obligación de no discriminar entre\n producciones locales y subregionales, es condición\n necesaria para la consolidación del mercado ampliado,\n junto con las obligaciones de no gravar y de no restringir las\n importaciones, la base para el pleno funcionamiento del principio\n de libre movimiento de bienes, principio que en reiterada jurisprudencia\n del Tribunal es piedra angular de los compromisos de integración\n andina".

\n\n

Sostiene que el Gobierno de Venezuela al interpretar el artículo\n 74 con una lectura restringida del mismo, estaría permitiendo\n una serie de situaciones discriminatorias o desventajosas para\n las producciones subregionales que harían, por fuerza,\n nugatoria la vigencia de la libertad de movimiento de bienes\n e inexistente la zona de libre comercio, atentando de esta manera\n contra el sentido de la integración económica.

\n\n

Asimismo hace notar que, el argumento del "Gobierno venezolano\n que expresa que la condición impuesta a los precios de\n las especies de cigarrillos, tabacos y picaduras importadas no\n entra dentro de la materia fiscal, se ve disminuida puesto que\n la disposición en cuestión está contenida\n en el Reglamento de la Ley de Impuesto sobre Cigarrillos y Manufacturas\n de Tabaco, norma que denota su naturaleza tributaria".

\n\n

Por lo que a su juicio, se está violando el principio\n de Trato Nacional consagrado en el artículo 74 del Acuerdo\n de Cartagena.

\n\n

Incumplimiento del artículo 49 del Tratado de Creación\n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

\n\n

Asimismo, y basándose en la jurisprudencia del Tribunal,\n indica que el incumplimiento del articulo 74 del Acuerdo de Cartagena\n constituye a su tumo una infracción directa de lo dispuesto\n en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal\n de Justicia de la Comunidad Andina.

\n\n

Finalmente, solicita al Tribunal que se pronuncie con respecto\n "al incumplimiento de Venezuela al discriminar en su normativa\n nacional en cuanto al precio de venta entre cigarrillos, tabacos\n y picaduras importados de los Países Miembros del Acuerdo\n de Cartagena y las especies similares producidas en Venezuela,\n lo cual vulnera el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena\n y el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal\n de Justicia de la Comunidad Andina". En consecuencia solicita,\n que el "Tribunal ordene al Gobierno de Venezuela el restablecimiento\n del ordenamiento jurídico andino y que se le condene en\n costas".

\n\n

1.3. La contestación a la demanda

\n\n

Por escrito No 000682 de 31 de julio de 2002 (folios 60 a\n 64), la República Bolivariana de Venezuela, de forma extemporánea,,\n da contestación a la demanda de incumplimiento interpuesta\n por la Secretaría General de la Comunidad Andina, por\n lo que este Tribunal, en cumplimiento del artículo 60\n de su estatuto y mediante auto de 14 de agosto de 2002, tiene\n por contradicha la demanda.

\n\n

1.4. La Audiencia Pública

\n\n

Por medio de auto de 14 de agosto de 2002, debidamente notificado,\n el Tribunal convocó a las partes a la Audiencia Pública\n para el 3 de octubre del mismo año, diligencia que se\n llevó a cabo en esa fecha con la asistencia de representantes\n tanto de la Secretaría General de la Comunidad Andina\n como de la República Bolivariana de Venezuela.

\n\n

1.5. Alegatos de conclusiones de la República Bolivariana\n de Venezuela

\n\n

Mediante escrito 00000079, de 10 de octubre de 2002 (folios\n 102 a 104), remitido vía fax, la República
\n Bolivariana de Venezuela presenta conclusiones correspondientes\n al Proceso 52-AI- 2000, en los siguientes términos:

\n\n

Sostiene que "de la lectura e interpretación del\n artículo 74, se desprende la definición y existencia\n de tres términos que deben materializarse para que se\n configure el trato discriminatorio: impuestos, tasas y gravámenes,\n es decir, para que exista un acto discriminatorio, el mismo debe\n versar sobre impuestos, tasas o contribuciones aplicadas a un\n producto importado, favoreciendo al producto nacional".

\n\n

Indica que el texto del artículo 16 del Decreto 242\n que contiene el Reglamento de la Ley de Impuestos Sobre Cigarrillos\n y Manufacturas de Tabaco, dispone: "Los precios de venta\n al público, de las especies importadas, deberán\n guardar un equilibrio con los precios de venta de las especies\n de producción nacional. Las especies importadas no podrán\n ser ofrecidas al consumo a un precio de venta igual o menor de\n los establecidos para los cigarrillos, tabacos y picaduras de\n producción nacional", por lo que se evidencia que\n no hay ninguna referencia a impuestos, tasas o contribuciones,\n sino a precios de venta cuya naturaleza jurídica es totalmente\n distinta, ya que los primeros tienen una naturaleza fiscal, mientras\n que los segundos tienen una naturaleza económica, y que\n de hecho el Estado no obtiene ningún ingreso fiscal ordinario\n o extraordinario, que se derive de la aplicación de esta\n norma.

\n\n

Sostiene que del texto del artículo 74 se entiende\n que la no discriminación está orientada a materias\n específicas, como: impuestos, tasas o contribuciones,\n exigiendo un trato igualitario a los Países Miembros en\n estas materias, por lo que no puede configurarse el incumplimiento\n de una norma cuando el supuesto de hecho previsto en la misma,\n es distinto a la realidad que se pretende encuadrar en ella.\n

\n\n

Indica que, si bien el Tribunal "puede haber hecho una\n interpretación extensiva del concepto de Cláusula\n de Trato Nacional, de la simple lectura de este- articulo 74\n del Acuerdo de Cartagena y de una interpretación gramatical\n y lógico-teleológica del mismo, es fácilmente\n comprensible, que el mismo se refiere única y exclusivamente\n a materia tributaria..,, .y no debe interpretarse que dicho Trato\n Nacional tiene que ser ampliado a otros ámbitos, por cuanto\n se estarla incurriendo en el error de suplir la voluntad del\n legislador..." además que "en nuestro sistema\n legislativo latino, la jurisprudencia no posee un carácter\n vinculante....".

\n\n

Manifiesta que: "estamos en presencia de un falso supuesto"\n en vista de que el artículo 16 del reglamento no se encuentra\n expresamente regulado por el ordenamiento comunitario, ni encuentra\n cabida en el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena.

\n\n

Argumenta que: "es menester tener en cuenta criterios\n analíticos tales como los de objetividad y neutralidad\n fiscal; alteración en la competitividad entre bienes nacionales\n e importados; competencia leal y afán proteccionista,\n entre otros, por lo que una reclamación por infracción\n del artículo 74 del Acuerdo de Cartagena deberá\n demostrar la existencia de la discriminación (o de cuando\n menos de que en efecto exista una situación de desventaja\n competitiva artificialmente generada por el régimen tributario\n aplicable) y no limitarse a meramente alegarla ".

\n\n

En base a lo anterior, arguye que para "... determinar\n si existe o no una discriminación, en relación\n con la Cláusula de Trato Nacional, hay que tomar en cuenta\n criterios de carácter fiscal, los cuales no son aplicables\n al presente caso". Indica, que ni la Secretaría General,\n ni el Gobierno del Perú han demostrado fehacientemente\n y de manera objetiva la existencia de una situación de\n desventaja competitiva sino simplemente han citado el artículo\n 16 del reglamento.

\n\n

Respecto a la afirmación de la Secretaría General\n de que la norma del artículo 16 del Reglamento de la Ley\n de Impuesto Sobre Cigarrillos y Manufacturas de Tabaco por su\n propia denominación denota una indiscutible naturaleza\n tributaria, indica que el simple hecho de la denominación\n de una norma jurídica, no arrastra consigo la naturaleza\n jurídica de la misma.

\n\n

Argumenta que, por todo lo expuesto, "... la República\n Bolivariana de Venezuela no está incumpliendo con el artículo\n 74 del Acuerdo de Cartagena, ya que el articulo 16 del Reglamento\n no guarda ninguna relación con materia impositiva, requisito\n fundamental para que proceda la aplicación de la Cláusula\n de Trato Nacional, por el contrario, está colocando a\n los productos nacionales e importados, en situación de\n igualdad dentro del mercado nacional, a través del precio\n de venta, no mediante normas de orden fiscal".

\n\n

Finalmente solicita al Tribunal que se declare sin lugar la\n acción de incumplimiento.

\n\n

1.6. Alegatos de conclusiones de la Secretaría General\n de la Comunidad Andina

\n\n

Mediante comunicación SG-C/1.8/1575/2002 de 11 de octubre\n de 2002 (folios 92 a 101), recibida en este Tribunal el 16 de\n mismo mes y año, la Secretaría General de la Comunidad\n Andina presenta las conclusiones de los argumentos expuestos\n en la audiencia pública celebrada el 3 de octubre de 2002.

\n\n

Objeto de la acción

\n\n

La Secretaría General se ratifica en su pretensión\n contenida en su demanda de 28 de mayo de 2002, admitida a trámite\n el 19 de junio del mismo año.

\n\n

Cuestiones previas

\n\n

En primer término, la Secretaría General manifiesta\n que la demanda presentada "tiene plena congruencia con lo\n determinado mediante el Dictamen de Incumplimiento 10-2001 contenido\n en la Resolución 542 del 24 de agosto de 2001 y que se\n ha dado pleno cumplimiento a las exigencias de la prejudicialidad\n del procedimiento por incumplimiento, según lo dispone\n el ordenamiento jurídico
\n Andino".

\n\n

Alega que si bien la demanda fue contestada en forma extemporánea\n por lo que se la consideró contradicha en todos sus extremos,\n sin embargo esta contestación extemporánea "no\n solo no contradice todos los términos de la demanda sino\n que reconoce algunos de ellos". Por todo esto considera\n que la conducta infractora ha sido acreditada y afirmada en cuanto\n a su vigencia, alcance y efectos por la demandada, habiendo quedado\n probado que el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Impuestos\n sobre Cigarrillos y Manufacturas de Tabaco venezolana se encuentra\n en plena aplicación, en abierto desacato a lo dispuesto\n en el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena.

\n\n

Respecto a lo señalado por la República de Venezuela\n de no haberse admitido su recurso de reconsideración\n que fue enviado vía fax, limitando así su derecho\n a la legítima defensa, la Secretaría General sostiene\n que acepta en todos los casos la vía del telefax siendo\n el talón de recepción del mismo el que da fe de\n fecha cierta. Afirmación que en ningún momento\n del proceso fue probada por Venezuela.

\n\n

Argumentos de la demandada

\n\n

A pesar de que la contestación a la demanda fue extemporánea,\n la Secretaría General estima conveniente contestar los\n argumentos de la demandada:

\n\n

1. El Estado venezolano no obtiene ningún ingreso fiscal\n derivado de la aplicación de esta norma.

\n\n

La Secretaria General sostiene que lo que importa es el efecto\n discriminatorio que esta medida tiene sobre la libre circulación\n de mercancías entre los Países Miembros, constituyéndose\n por este motivo en un incumplimiento del Programa de Liberación\n y en una violación al principio de trato nacional. Resulta\n irrelevante que el Estado perciba o no algún beneficio\n -económico de la aplicación de esta medida.

\n\n

2. La Secretaría General señala que el artículo\n 16 del reglamento por su propia denominación denota su\n indiscutible naturaleza tributaria. El simple hecho de la denominación\n de una norma no arrastra consigo la naturaleza jurídica\n de la misma.

\n\n

Manifiesta que la Secretaría General no ha afirmado\n que el artículo 16 sea una norma de carácter tributario,\n sino que el argumento venezolano sobre que la medida no es materia\n fiscal, se ve debilitado por el hecho de que tal disposición\n está contenida en el Reglamento de la Ley de Impuesto\n sobre Cigarrillos y Manufacturas de Tabaco, norma que evidentemente\n tiene una naturaleza tributaria.

\n\n

En todo caso, "no es necesario que la Secretaría\n General demuestre la naturaleza tributaria de la medida, ya que\n basta para infringir el Acuerdo de Cartagena y en particular\n su Programa de Liberación que se trate de una medida discriminatoria",\n sin embargo esta medida del Gobierno Venezolano, al afectar el\n precio de venta al público de los cigarrillos y manufacturas\n de tabaco importados de la subregión, está también\n controlando la base imponible para la aplicación del impuesto\n al valor agregado, con lo cual la conexión con la materia\n tributaria es directa.

\n\n

Finalmente señala: "que no está interesada\n en justificar la naturaleza tributaria de tal medida, sino en\n asentar la vigencia y alcance de un principio que es fundamental\n para la Continuidad y profundización del proceso de integración,\n el trato nacional...".

\n\n

3. El precio de venta no es una medida incursa en los supuestos\n del artículo 74. El artículo 16 del reglamento\n persigue establecer condiciones, igualitarias entre las\n mercancías nacionales y las importadas. Los sujetos económicos\n no tienen impedimentos o barreras para ingresar o salir del mercado\n venezolano, mal puede entenderse que exista discriminación.

\n\n

La Secretaría General analiza este punto desde dos\n perspectivas: una de hecho referida a los efectos económicos\n y la otra de derecho referida al Trato Nacional o no discriminación\n y los alcances del artículo 74 del Acuerdo de Cartagena.

\n\n

a) Efecto económico: La norma contenida en el artículo\n 16 del reglamento "interviene directamente en la competencia\n y competitividad de la producción subregional en el mercado\n venezolano al intervenir en la formación de su precio,\n afecta sus condiciones de oferta para la venta y desvía\n las preferencias del público a favor del producto nacional...".

\n\n

En consecuencia, la producción subregional se torna\n menos competitiva debido a un factor artificial, como lo es la\n intervención discriminatoria del Estado venezolano en\n la formación de su precio, medida que además genera\n un efecto objetivo de protección del mercado a favor de\n la producción nacional que se genera por el detrimento\n de las condiciones competitivas de los productos originarios\n de la subregión.

\n\n

No existe igualdad cuando se obliga a vender la producción\n subregional a precios más caros que la local, por lo que\n no es aceptable la posición de Venezuela al señalar\n que la norma en cuestión busca establecer condiciones\n de equilibrio entre los productos nacionales y los originarios\n de los Países Miembros.

\n\n

Por lo que no se trata de una medida de efecto neutral, sino\n de una que viola el Principio de Trato Nacional porque discrimina\n en función del origen y genera entre los productos nacionales\n y del resto de la .subregión condiciones de comercialización\n diferenciadas;

\n\n

b) Consideraciones de Derecho: Desde el punto de vista doctrinario\n sostiene que "el objeto del Principio de Trato Nacional\n es asegurar el libre movimiento de bienes en condiciones normales\n de competencia, mediante la eliminación de toda forma\n de protección que pueda resultar de medidas internas -y\n no solo actos relacionado con el acceso a los mercados- que discriminen\n entre productos nacionales e importados. Busca garantizar la\n neutralidad en la competencia en el mercado local entre los productos\n nacionales y los importados, lo que evidentemente no se da en\n el presente caso ".

\n\n

En el marco multilateral, los acuerdos de la OMC, del GATT,\n del GATS, reconocen el principio del Trato Nacional o no discriminatorio.

\n\n

Indica también que a nivel comunitario, el Tribunal\n de Justicia de la Comunidad Andina ha perfeccionado la aplicación\n del principio de Trato Nacional, como se desprende de la Sentencia\n del Proceso 03-AI-97 que dice: "Los conceptos emitidos por\n el Tribunal sobre lo que significa el trato discriminatorio conciernen\n a la conducta de un Estado que mediante normas internas impone\n . condiciones de cualquier orden a los productos importados o\n extranjeros, los cuales como consecuencia de ello se encuentran\n en una situación desfavorable en comparación con\n el trato o beneficios concedidos a favor de los productos nacionales",\n asimismo se refiere a la Sentencia del Proceso 14-AN-2001 que\n señala: "la importancia de no discriminar como un\n principio primordial del comercio Internacional, y que se refiere\n al comercio sin discriminaciones el cual se materializa en la\n llamada regla de Trato Nacional como principio que informa el\n proceso de integración subregional". También\n sostiene que, en la misma sentencia el Tribunal indicó:\n "La regla del 'Trato Nacional' dice relación con\n el hecho de que las mercancías nacionales y las importadas\n deben recibir un trato igualitario, al punto de que no se discrimine\n contra aquellas que provienen de otros países miembros\n del Acuerdo de que se trate o, en otras palabras, que los productos\n de un País Miembro puedan gozar en el otro País\n Miembro de un trato por lo menos igual al que se da a los productos\n de fabricación nacional".

\n\n

Argumenta que el "principio de trato nacional a diferencia\n del caso de las restricciones no admite excepciones, dado que\n resulta inadmisible y un exabrupto jurídico emitir discriminaciones\n por razones de nacionalidad en acuerdos de Integración\n que tiene por objeto unificar mercados....".

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Sostiene que el libre movimiento de los bienes es el objetivo\n del Programa de Liberación consagrado en el Capituló\n V del Acuerdo y que constituye uno de los principales mecanismos\n para lograr los objetivos propios del proceso integracionista\n y el de obtener una formación gradual de un mercado común.\n Por lo que "desde el punto de vista racional no existe medida\n que repudie más a un proceso integracionista como el andino\n que la existencia de discriminación por razón de\n origen o nacionalidad. Desde el punto de vista ideológico\n (método preeminente de interpretación del Derecho\n Comunitario), no sería posible cumplir con el objeto y\n fin de la integración si se permiten discriminaciones\n por medidas internas de cualquier índole entre las producciones\n nacionales y subregionales".
\n Finalmente, sostiene, que la violación del artículo\n 74 del Acuerdo de Cartagena constituye también una violación\n del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal\n de Justicia de la Comunidad Andina.

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Conclusiones:

\n\n

La Secretaría General concluye

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1. La jurisprudencial del Tribunal ha aclarado el alcance\n del artículo 74 como aplicable a toda medida que resulte\n en situaciones desventajosas para los países de la subregión,\n aunque éstas no se refieran a cuestiones de índole\n tributaria,

 

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