Registro Oficial

Registro Oficial. 21 de MAYO del 2004

Viernes, 21 de mayo de 2004

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE\n MAYO DEL 2004
\n \n \n \n
\n

\n
 
\n

 
\n

Viernes, 21 de mayo del 2004 - R. O. No. 340

\n

TRIBUNAL CONSTITUCION

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
\n
FUNCIÓN\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:

\n\n

1671 Declárase como política\n prioritaria del Estado la promoción y el desarrollo del\n turismo en el país..

\n\n

1672 Confiérese la condecoración\n "AI Mérito Profesional" en el grado de "Gran\n Oficial", al Coronel de Policía E.M. Héctor\n Edmundo Ruiz Grijalva..

\n\n

1673\n Autorízase\n al Ministro de Agricultura y Ganadería, para que venda\n y suscriba la correspondiente escritura pública del inmueble\n ubicado en el sector denominado El Vergel del cantón y\n parroquia Valencia en la provincia de Los Ríos, a favor\n de la Cooperativa de Vivienda "El Vergel".

\n\n

1674 Declárase en comisión\n de servicios en el exterior al señor economista Mauricio\n Pozo Crespo, Ministro de Economía y Finanzas

\n\n

1675\n Autorízase\n el viaje de la señora Ivonne Juez de Baki, Ministra de\n Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad.

\n\n

1676 Dispónese que el Ministerio\n de Relaciones Exteriores, en su calidad de Secretaría\n Pro Tempore de la Comunidad Andina tenga todas las facilidades\n para realizar las actividades que involucren en el XIV Consejo\n Presidencial Andino.

\n\n

RESOLUCIÓN:

\n\n

SECRETARIA\n NACIONAL TÉCNICA DE DESARROLLO DE RECURSOS
\n HUMANOS Y REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO:

\n\n

0067 Derógase la Resolución\n No SENRES-2004-0025 de 8 de marzo del 2004, publicada en el Registro\n Oficial No 295 de 18 de los mismos mes y año..

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL
\n RESOLUCIONES:

\n\n

051-2003-TC Deséchase te demanda\n de inconstitucionalidad planteada por Leonardo Viteri Velasco.

\n\n

336-2003-RA Confírmase te resolución\n venida en grado y deséchase te demanda de amparo constitucional\n formulada por Andrea Patino Manosalvas

\n\n

816-2003-RA Confírmase te resolución\n venida en grado y acéptase la acción de amparo\n propuesta por el señor Luis Gonzalo Guasumba Cadena.

\n\n

066-2004-RA Confírmase te resolución\n venida en grado y concédese el amparo constitucional propuesto\n por el sector ingeniero electrónico Alfonso Espinosa Ramón\n y otro, por ser procedente.

\n\n

121-2004-RA Revócase la resolución\n venida en grado y concédese el amparo constitucional propuesto\n por el doctor David Jacob Montecé Villacís.

\n\n

162-2004-RA Casos acumulados sobre la participación\n e integración de la Comisión de Control Cívico\n de la Corrupción.

\n\n

PRIMERA\n SALA:

\n\n

0022-2004-HC Confírmase la resolución\n subida en grado y niégase el recurso de babeas corpus,\n interpuesto a favor del ciudadano Carlos Eduardo Abad Bustamante,\n por improcedente.

\n\n

0091-2004-RA Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n Carlos Arturo Hidalgo Espinoza, por improcedente

\n\n

0139-2004-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n planteada por la señora Laurita María Luna Barros.

\n\n

0165-2004-RA Confírmasela resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n propuesta por Víctor Manuel Mejía Salinas.

\n\n

TERCERA\n SALA:

\n\n

0014-2004-HD\n Niégase\n el babeas data planteada por Jorge Eduardo Pozo Arellano contra\n la liquidadora temporal de Filanbanco S.A., en Liquidación..

\n\n

0015-2004-HC Revócase la resolución\n emitida por el Alcalde de Manta y concédese d recurso\n de babeas corpus interpuesto por el señor Edilberto Ramírez\n Loaiza.

\n\n

0020-2004-HC Confírmase la resolución\n emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito y\n niégase el recurso de babeas corpus interpuesto por el\n señor Gualberto Neptalí Merizalde Garbay.

\n\n

0023-2004-HC Confírmase la resolución\n dictada por la Alcaldesa encargada del Distrito Metropolitano\n de Quito y niégase el recurso de babeas corpus interpuesto\n por Maritza Mayra Gavilanes Ayoví.

\n\n

0051-2004-RA\n Confírmase\n la resolución del Juez de instancia y niégase el\n amparo solicitado por el Capitán de Navío de Estado\n Mayor Conjunto José Alberto Olmedo Morán..

\n\n

0082-2004-RA No admitir por improcedente\n el amparo constitucional presentado por Xavier Fernando García\n Solórzano.

\n\n

0114-2004-RA Confírmase la resolución\n de primer nivel y niégase la acción interpuesta\n por José Heriberto Ordóñez Medina.

\n\n

0156-2004-RA Revócase la resolución\n venida en grado y niégase el amparo constitucional propuesto\n por el ingeniero Federico Medrano.

\n\n

0174-2004-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase el amparo constitucional propuesto\n por el señor Alberto Carvajal Obando.

\n\n

ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

Gobierno\n Municipal de San Miguel de Urcuquí: Que regula el funcionamiento y ubicación\n de bares, discotecas, juegos electrónicos y demás\n negocios afines.\n

\n \n
\n

 

\n\n

No 1671

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Ley No. 97, publicada en el Suplemento del Registro\n Oficial No. 7733 de 27 de diciembre del 2002, se expidió\n la Ley de Turismo;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1186, publicado en el Registro\n Oficial No. 244 de 5 de enero del 2004, se expidió el\n Reglamento General de Aplicación de la Ley de Turismo;\n reformado a través de Decreto Ejecutivo No. 1513, publicado\n en el Registro Oficial No. 304 de 31 de marzo del 2004;

\n\n

Que la actividad turística en el país, amerita\n el establecimiento de políticas que conjuntamente con\n las disposiciones legales y reglamentarias que rigen sobre esta\n materia, constituyan un apoyo al sector del turismo;

\n\n

Que el turismo, como actividad productiva representa uno de\n los rubros que mayores ingresos económicos genera al país;\n en consecuencia, requiere el establecimiento de estrategias y\n acciones por parte del Gobierno Nacional que coadyuven a su desarrollo;

\n\n

Que es necesario fortalecer los instrumentos con los que cuenta\n el país para su promoción, con el objetivo de consolidar\n la imagen turística del Ecuador y fomentar el turismo\n a nivel internacional; y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 3 del\n Art. 171 de la Constitución Política de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Declárase como política prioritaria\n del Estado la promoción y el desarrollo del turismo en\n el país. Por tanto, es responsabilidad del Estado y de\n sus instituciones, en el marco de las disposiciones legales y\n reglamentarias vigentes, desarrollar, dirigir y ejecutar políticas\n y estrategias para el cumplimiento de este propósito.

\n\n

Art. 2.- Intégrase la "marca turística"\n del Ecuador a los instrumentos con los que cuenta el país\n para la promoción turística a nivel internacional.

\n\n

Art. 3.- Sin perjuicio de la imagen corporativa de las instituciones\n públicas, incorpórese en la correspondencia de\n dichos organismos "la marca turística" del Ecuador.

\n\n

Artículo Final.- De la ejecución de este decreto\n ejecutivo que entrará en vigencia a partir de la fecha\n de su publicación en el Registro Oficial, encárguese\n la Ministra de Turismo.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 12 de mayo del 2004.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Gladys Eljuri de Álvarez, Ministra de Turismo.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Subsecretario General\n de la Administración Pública.

\n\n

No 1672

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

La Resolución No. 2004-3 83-CsG-PN, dictada por el\n H. Consejo de Generales de la Policía Nacional de 26 de\n abril del 2004;

\n\n

El pedido del Ministro de Gobierno y Policía formulado\n mediante oficio Nro. 727-SPN de 3 de mayo del 2004, previa solicitud\n del Comandante General de la Policía Nacional, con oficio\n Nro. 0388-DGP-PN de 3 de mayo del 2004;

\n\n

De conformidad con lo establecido en los Arts. 4, 5 literal\n a) y 15-del Reglamento de Condecoraciones de la Policía\n Nacional; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 6 de la\n Ley Orgánica de la Policía Nacional,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Conferir la condecoración "AL MÉRITO\n PROFESIONAL" en el grado de "GRAN OFICIAL", al\n Coronel de Policía de E.M. HÉCTOR EDMUNDO RUIZ\n GRIJALVA, por haber cumplido 30 años de servicios en la\n institución.

\n\n

Art. 2.- De la ejecución del presente decreto encárguese\n el Ministro de Gobierno y Policía.
\n
\n Dado en el Palacio Nacional, Distrito Metropolitano de la ciudad\n de Quito, a 12 de mayo del 2004.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Raúl Baca Carbo, Ministro de Gobierno y Policía.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Subsecretario General\n de la Administración Pública.

\n\n

No 1673

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, de conformidad con el oficio No. 3019 SDR-DINAC-2001\n de 13 de noviembre del 2001, de la Dirección Nacional\n de Avalúos y Catastros, se desprende que el Ministerio\n de Agricultura y Ganadería es propietario de un inmueble\n ubicado en el sector denominado El Vergel, del cantón\n y parroquia Valencia, provincia de Los Ríos;

\n\n

Que, mediante Acuerdo No. 00962 de 9 de marzo de 1999, el\n Ministerio de Bienestar Social aprueba el Estatuto de la Cooperativa\n de Vivienda "El Vergel", domiciliada en el cantón\n Valencia, provincia de Los Ríos;

\n\n

Que, mediante oficio No. 069-ASA/Q de 12 de diciembre del\n 2000, el Técnico de ASA del Ministerio de Agricultura\n y Ganadería señala que el inmueble descrito en\n los párrafos anteriores ha perdido su valor para ser utilizado\n en operaciones bananeras;

\n\n

Que, mediante oficio No. 3019 SDT-DINAC-2001 de 13 de noviembre\n del 2003, la Dirección Nacional de Avalúos y Catastro\n se establece el valor del avalúo practicado en el inmueble\n materia de la venta, el mismo que asciende a la cantidad de USD\n 5.200;

\n\n

Que, mediante oficio No. 000685 de 22 de noviembre de 1999,\n el Subsecretario de Vivienda del MIDUVI califica como Programa\n de Vivienda de Interés Social al Proyecto Urbano de la\n Cooperativa "El Vergel"; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo\n 35-B del Reglamento General de Bienes del Sector Público,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Autorízase al Ministro de Agricultura y Ganadería\n para que, personalmente o mediante delegación a nombre\n y representación del Estado Ecuatoriano y bajo su responsabilidad,\n proceda a vender y suscribir la correspondiente escritura pública\n en el precio establecido por la DINAC, del inmueble de su propiedad,\n ubicado en el sector denominado El Vergel" del cantón\n y parroquia Valencia en la provincia de Los Ríos, a favor\n de la Cooperativa de Vivienda "El Vergel", el mismo\n que será destinado para viviendas de interés social.

\n\n

Art. 2.- El- Ministerio de Agricultura y Ganadería,\n previamente al ejercicio de la presente autorización,\n deberá cumplir con todos los presupuestos establecidos\n en las normas del Reglamento General de Bienes del Sector Público.

\n\n

Art. 3.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo,\n que entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese al Ministro de Agricultura\n y Ganadería.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 12 de mayo del 2004.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Salomón F. Larrea R., Ministro de Agricultura y\n Ganadería.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Subsecretario General\n de la Administración Pública.

\n\n

No 1674

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el señor economista Mauricio Pozo Crespo, Ministro\n de Economía y Finanzas y el señor Gilberto Pazmiño\n Arias, Subsecretario General de Economía y Finanzas (E),\n en el periodo del 13 al 15 de mayo del 2004, viajarán\n a la ciudad de Miami - Estados Unidos, a la Presentación\n del Programa Económico, Perspectivas y Acciones de la\n República del Ecuador, ante el Foro Latinoamericano de\n Inversionistas, organizado por la Unión de Bancos Suizos;\n y,

\n\n

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo\n 171, numeral 9 de la Constitución Política de la\n República del Ecuador,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO PRIMERO.- Declárase en comisión de\n servicios con sueldo en el exterior al señor economista\n Mauricio Pozo Crespo, Ministro de Economía y Finanzas\n y, al señor Gilberto Pazmiño Arias, Subsecretario\n General de Economía y Finanzas (E), en el período\n del 13 al 15 de mayo del 2004, quienes viajarán a la ciudad\n de Miami - Estados Unidos, a la Presentación del Programa\n Económico, Perspectivas y Acciones de la República\n del Ecuador, ante el Foro Latinoamericano-de Inversionistas,\n organizado por la Unión de Bancos Suizos.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO.- Encárgase el Ministerio de Economía\n y Finanzas del 13 al 15 de mayo del 2004 al ingeniero Vicente\n C. Páez, Subsecretario General de Coordinación\n de esa Cartera de Estado.

\n\n

ARTICULO TERCERO.- El egreso de los valores correspondientes\n a pasajes aéreos corren por cuenta de los organizadores;\n los viáticos, así como los gastos de representación\n y movilización y demás egresos que demande el cumplimiento\n de la comisión de servicios señalada, serán\n financiados con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía\n y Finanzas para el ejercicio económico del 2004.

\n\n

ARTICULO CUARTO.- De la ejecución del presente decreto,\n encárguese el Ministro de Economía y Finanzas.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional de Gobierno, en Quito, a 12 de\n mayo del 2004.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Mauricio Pozo Crespo, Ministro de Economía y Finanzas.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Subsecretario General\n de la Administración Pública.

\n\n

No 1675

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el 18 de mayo se iniciará formalmente las negociaciones\n entre Ecuador, Colombia, Perú y Estados Unidos, para la\n Suscripción del Tratado de Libre Comercio -TLC - en la\n ciudad de Cartagena, Colombia;

\n\n

Que en esa ocasión se ha previsto una ceremonia Oficial\n con el Presidente de Colombia Álvaro Uribe y los ministros\n de Comercio Exterior de Ecuador, Colombia y Perú;

\n\n

Que es importante que Ecuador esté debidamente representado\n tanto en la ceremonia oficial cuanto en la I Ronda de Negociadores\n que se realizará los días 18 y 19 de mayo, precedida\n por una reunión de coordinación entre los países\n andinos los días 16 y 17 de mayo;

\n\n

Que el Presidente Álvaro Uribe ha invitado a la Ministra\n de Comercio Exterior del Ecuador y Presidenta de la Comisión\n de la Comunidad Andina a la citada ceremonia y a viajar desde\n Bogotá a Cartagena en el avión del Presidente Uribe;\n y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 171, numeral 9 de la Constitución Política de la\n República,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1. Autorizar el viaje de la Ministra de Comercio Exterior,\n Industrialización, Pesca y Competitividad, señora\n Ivonne Juez de Baki, el 18 y 19 a Cartagena-Colombia. Los pasajes\n necesarios para este desplazamiento, serán cubiertos por\n el MICIP.

\n\n

Art. 2. Autorizar igualmente el viaje del Subsecretario de\n Comercio Exterior, Dr. Cristian Espinosa; del Coordinador de\n la Mesa de Subsidios, Antidumping y Medidas Compensatorias, Eco.\n Juan Lozada; del Coordinador de la Mesa de Acceso a Mercados\n (Bienes Industriales), Dr. Xavier Abad; del Coordinador de la\n Mesa de Políticas de Competencia, Eco. Fabián Andrade,\n del Coordinador de la Mesa de Reglas de Origen y Aduanas, Eco.\n Carlos Palacios, a las reuniones de coordinación y de\n negociadores del 15 al 20 de mayo del 2004.

\n\n

Art. 3. Los gastos por concepto de pasajes, viáticos\n y más de la señora Ministra y su equipo de negociadores,\n estarán sujetos al presupuesto que mantiene el MICIP.

\n\n

Art. 4. Mientras dure la ausencia de la señora Ivonne\n Juez de Baki, se encarga el Despacho de la Ministra de Comercio\n Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, al\n Subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Ing. Galo\n Vásquez.

\n\n

Art. 5. De la ejecución del presente decretó,\n encárgase la Ministra de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Competitividad. :

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, a 12 de mayo del 2004.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Subsecretario General\n de la Administración Pública.

\n\n

N° 1676

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Constitución Política de la República\n del Ecuador, en su artículo 4 numeral 5 "propugna\n la integración, de manera especial la andina y la latinoamericana",\n lo cual obedece a la vocación integracionista del país;

\n\n

Que la Comunidad Andina constituye el bloque natural integracionista\n al que el Ecuador pertenece y por ello se constituyó en\n miembro fundador;

\n\n

Que como miembro de la Comunidad Andina y en cumplimiento\n del artículo 14 del Acuerdo de Cartagena, le corresponde\n al Ecuador ejercer la Presidencia de la Comunidad Andina, en\n el período junio del 2003 a julio del 2004;

\n\n

Que durante el año de la Presidencia de la Comunidad\n Andina, el Ecuador también ejerce la Presidencia del Consejo\n Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, los consejos ministeriales,\n de la Comisión de los Comités de Alto Nivel y de\n los Grupos Especializados. Asimismo, en dicho período,\n el Ministerio de Relaciones Exteriores ejerce la Secretaría\n Pro Tempere de la CAN;

\n\n

Que por mandato del artículo 14 del Acuerdo de Cartagena,\n le corresponde al Presidente de la CAN: "a) Convocar y presidir\n las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo; b) Ejercer\n la representación del Consejo y de la Comunidad Andina;\n c) Supervisar el cumplimiento por parte de los otros órganos\n e instituciones del Sistema Andino de Integración de las\n Directrices emanadas del Consejo; y, d) Llevar a cabo las gestiones\n que le sean solicitadas por el Consejo";

\n\n

Que uno de los compromisos que el Ecuador asume al ejercer\n la Presidencia de la Comunidad Andina es el de realizar en el\n país las reuniones del Consejo Presidencial Andino y.\n Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, así\n como de los demás comités de Alto Nivel y de los\n Grupos Especializados;

\n\n

Que conforme el mandato del artículo 19 del Acuerdo\n de Cartagena, le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores\n ejercer la Secretaría Pro Tempere de la Comunidad Andina,\n lo que implica realizar el seguimiento de las directrices impartidas\n por el Consejo Presidencial Andino, a través de la coordinación\n de la agenda andina con las capitales de los países miembros\n de la CAN, con los órganos del Sistema Andino de Integración,\n así como con los Estados de otras regiones, con los organismos\n multilaterales y sus órganos, y con otros bloques regionales\n de integración;

\n\n

Que es responsabilidad del Gobierno Nacional velar por la\n imagen internacional del país y precautelar los altos\n intereses nacionales; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral\n 9 del artículo 171 de la Constitución Política\n de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

Artículo 1.- Disponer que el Ministerio de Relaciones\n Exteriores, en su calidad de Secretaría Pro Tempere de\n la Comunidad Andina tenga todas las facilidades que el caso amerita\n para la realización de las actividades que involucren\n dar seguimiento a las directrices aprobadas en el XIV Consejo\n Presidencial Andino, así como las que considere pertinente\n para avanzar en el proceso de integración andino.

\n\n

Artículo 2.- Encomendar al Ministro de Relaciones Exteriores\n la preparación, organización y realización\n del XV Consejo Presidencial Andino y la Reunión Extraordinaria\n con el MERCOSUR, que se realizará del viernes 9 de julio\n al martes 13 de julio del 2004, así como de las reuniones\n ordinarias y extraordinarias del Consejo Andino de Ministros\n de Relaciones Exteriores y de las demás reuniones que\n el Ecuador tenga que presidir.

\n\n

Artículo 3.- El Ministerio de Relaciones Exteriores,\n se encargará de los aspectos relativos a la preparación\n y desarrollo de los asuntos protocolarios, logísticos,\n sociales y de ceremonial del XV Consejo Presidencial Andino,\n así como de las reuniones ordinarias y extraordinarias\n del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, como\n de las demás reuniones que el Ecuador tenga que presidir.
\n Artículo 4.- El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá\n bajo su responsabilidad la organización operativa de las\n reuniones señaladas en el artículo 3 y de las que\n fuere necesario impulsar, en el marco de la agenda andina.

\n\n

Artículo 5.- El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas\n y la Comandancia General de la Policía designarán\n un oficial superior de cada institución, quienes serán\n los responsables de los aspectos de seguridad del XV Consejo\n Presidencial Andino y al Consejo Andino de Ministros de Relaciones\n Exteriores. Dichos oficiales superiores asesorarán permanentemente\n y hasta el término de las reuniones al Ministerio de Relaciones\n Exteriores.

\n\n

Artículo 6.- Los ministerios de Relaciones Exteriores,\n Gobierno y Policía, Defensa Nacional, Economía\n y Finanzas, Comercio Exterior, Energía y Minas y Turismo,\n así como la Secretaría General de Comunicación\n del Estado, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL),\n la Dirección Nacional de Aviación Civil, la Dirección\n Nacional de Migración, el Fondo de Solidaridad,, a través\n de ANDINATEL y PACIFICTEL, y otras entidades que fueran requeridas\n por el Ministerio de Relaciones Exteriores deberán prestar\n en forma prioritaria y con la prontitud que el caso amerite,\n toda su colaboración para coadyuvar al éxito del\n XV Consejo Presidencial Andino y al Consejo Andino de Ministros\n de Relaciones Exteriores.

\n\n

Artículo 7.- Las erogaciones en que incurrieren los\n ministerios y las entidades del Estado como resultado de su participación\n en la preparación del XV Consejo Presidencial Andino y\n del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores deberán\n ser imputadas a sus respectivos presupuestos.

\n\n

Artículo 8.- Los gastos que demande la organización\n del XV Consejo Presidencial Andino así como de las demás\n reuniones que tengan que realizarse en el marco de la agenda\n de la Comunidad Andina y que deba cubrir el Ministerio de Relaciones\n Exteriores, se efectuarán con cargo a la partida presupuestaría\n número 11200000ª 1300000005801080020 "PRESIDENCIA\n CAN- ECUADOR Y CUMBRE PRESIDENCIAL", por el valor de US\n $ 720.000,00. Los desembolsos y el tipo de gastos para este evento\n se regirán por un instructivo de gastos que el Ministro\n de Relaciones Exteriores expedirá para el efecto.

\n\n

Artículo 9.- encárguese de la ejecución\n del presente decreto que entrará en vigencia a partir\n de su suscripción, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial, a los señores ministros de Relaciones\n Exteriores y de Economía y Finanzas.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 12 de mayo del 2004.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Subsecretario General\n de la Administración Pública.

\n\n

NO 0067

\n\n

SECRETARIA NACIONAL TÉCNICA DE\n DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que con fecha 8 de marzo del 2004 se expidió la Resolución\n No SENRES-2004-00025, publicada en el Registro Oficial No 295\n de 18 de los mismos mes y año, por la cual se emitieron\n normas y directrices que tendían a clarificar y posibilitar\n de mejor manera la aplicación de la Ley Orgánica\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación\n y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público,\n de manera transitoria;

\n\n

Que el Señor Presidente Constitucional de la República\n mediante Decreto Ejecutivo No 1621 de 27 de abril del 2004, dicta\n normas de restricción del gasto público, las mismas\n que en mucho hacen referencia a las normas contenidas en la resolución\n en referencia;

\n\n

Que el señor Procurador General del Estado con oficio\n No ,008594 de 6 de mayo del 2004 dirigido al Presidente de la\n Comisión de lo Laboral y Social del H. Congreso Nacional,\n emite su pronunciamiento vinculante respecto del alcance que\n debe darse a la disposición general segunda de la Ley\n Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y\n de Unificación y Homologación de las Remuneraciones\n del Sector Público; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 55 de la\n ley ibídem,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Artículo único.- Derogar la Resolución\n No SENRES-2004- 0025 de 8 de marzo del 2004.

\n\n

Publíquese.- Dado en Quito, Distrito Metropolitano,\n a los catorce días del mes de mayo del 2004.

\n\n

f.) Dr. Juan Abel Echeverría Ramírez, Secretario\n Nacional Técnico-SENRES.

\n\n

Nro. 051-2003-TC

\n\n

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso Nro. 051-2003-TC

\n\n

ANTECEDENTES: Leonardo Viteri Velasco, por sus propios derechos,\n conjuntamente con el informe de procedibilidad del Defensor del\n Pueblo al tenor de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo\n 276 y Humeral 5 del artículo 277 de la Constitución\n Política, presenta demanda de inconstitucionalidad por\n el fondo del artículo 32 de la Ley Orgánica de\n Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal,\n publicada en el Registro Oficial Nro. 589 de 4 de junio de 2002.

\n\n

El peticionario manifiesta que el Ministerio de Economía\n y Finanzas, sujetándose a lo dispuesto en el artículo\n 32 de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización\n y Transparencia, por reiteradas ocasiones ha procedido a suspender\n la transferencia de las alícuotas que por concepto de\n la Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto\n del Gobierno Central se lo hace a los gobiernos seccionales correspondiente\n a la Ley de Desarrollo Seccional.

\n\n

La falta de oportunidad en las transferencias de estos giros\n monetarios a las municipalidades, ocasiona retrasos en la ejecución\n de la planificación de las obras previstas y en muchos\n casos la imposibilidad de ejecutarlas, para lo cual se debe considerar\n variaciones en los costos de los materiales y de la mano de obra,\n lo que se afecta al normal desarrollo de los actos y contratos\n planificados por parte de los gobiernos seccionales autónomos.

\n\n

De lo expresado se establece que se transgrede el principio\n de la autonomía de la que gozan dichos gobiernos seccionales,\n al igual que la entrega de recursos que deben darse en forma\n predecible, oportuna y automática. Agrega que este hecho\n tiende a dar un justificativo ante las dificultades que atraviesa\n la Caja Fiscal para privilegiar el pago de la deuda externa.

\n\n

Cita que el artículo 237 de la Ley Suprema establece\n las formas de control social y de rendición de cuentas\n por parte de los organismos seccionales autónomos, debiendo\n entenderse que aquella información está dada para\n el ejercicio de las facultades que tienen las instituciones de\n control y otras.

\n\n

El Legislador excediéndose en la atribución\n conferida en el artículo antes referido le faculta al\n Ministerio de Economía y Finanzas, para suspender las\n transferencias de recursos económicos que por ley les\n corresponde a los organismos seccionales autónomos, cuando\n éstos no enviaren la información financiera contable\n hasta quince días después del plazo previsto en\n el artículo 21 de la citada ley. Subraya que si bien no\n se oponen al envío de información, si se oponen\n a la sanción de suspensión de transferencias, puesto\n que claramente se encuentra en contradicción con el mandato\n constitucional de transferir las asignaciones correspondientes\n a los organismos seccionales autónomos en forma predecible,\n directa, oportuna y automática.

\n\n

Señala que con este proceder, se viola los artículos\n 3; 18, inciso 4; 228; 230; 231; y 237 de la Constitución\n Política así como también, el artículo\n 17 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal; artículo\n 8 e inciso final del artículo 10 de la Ley Especial de\n Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central\n para los gobiernos seccionales y el artículo 21 de la\n Ley 72.

\n\n

En definitiva, el artículo 32 cuya inconstitucionalidad\n se está demandando, que suspende las asignaciones presupuestarias,\n no ha considerado excepción alguna, y por tal hecho afecta\n el principio constitucional de la autonomía de los municipios\n y la transferencia de los recursos económicos del Gobierno\n Central en forma oportuna y automática.

\n\n

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA:

\n\n

Guillermo Landázuri Carrillo, en su condición\n de Presidente del H. Congreso Nacional, en resumen señala:\n La demanda se contradice tanto en los hechos como en el derecho\n y alega improcedencia sustantiva de la demanda. Sostiene que\n el artículo 32 de la Ley Orgánica de Responsabilidad,\n Estabilización y Transparencia Fiscal, impone la sanción\n de suspensión de la entrega de asignaciones del Presupuesto\n General del Estado, a las entidades del sector público\n que no enviaren la información hasta quince días\n después del plazo establecido en el artículo 21\n ibídem, precepto que a su vez dispone a las máximas\n autoridades de cada entidad u organismo del sector público\n la obligación de enviar al Ministerio de Economía\n y Finanzas de manera mensual, dentro de los treinta días\n del mes siguiente, la información presupuestaria, financiera\n y contable. Por ello, el artículo 32 ibídem ha\n considerado negligencia el no envío de información,\n si no se lo hace dentro de los quince días posteriores\n al plazo determinado en el artículo 21; vale decir, si\n no se ha presentado dentro de los cuarenta y cinco días.

\n\n

El recurrente pretende la declaratoria de inconstitucionalidad\n de la norma contenida en el artículo 32 de la ley ibídem,\n arguyendo que la misma afecta a la autonomía que gozan\n los gobiernos seccionales. Sobre este aspecto es preciso aclarar\n que tal autonomía está circunscrita en los términos\n y límites que la propia Carta política establece;\n además, es pertinente analizar la teleología de\n la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización\n y Transparencia Fiscal, cuyo articulo 32 se impugna, así\n el artículo 120 de la Constitución Política\n consigna el principio de responsabilidad; el 226 prevé\n que las competencias del Gobierno Central pueden descentralizarse\n con las excepciones allí enunciadas; la ley establecerá\n las formas de control social y de rendición de cuentas\n de las entidades del régimen seccional autónomo,\n el 244 que determina el cumplimiento de ciertas obligaciones\n al Estado dentro del sistema de economía, social y mercado,\n entre otras, formular en forma descentralizada y participativa\n planes y programas, obligatorios para la inversión pública\n y referenciales para la privada, además de mantener una\n política fiscal disciplinada; el 260 que asigna a la Función\n Ejecutiva la responsabilidad en la formulación y ejecución\n de la política fiscal, así como determinar los\n mecanismos y procedimientos para las finanzas públicas.

\n\n

En este marco jurídico constitucional que sirve de\n soporte a la ley en mención, jerarquizada a la categoría\n de orgánica, por tal prevaleciente sobre otras de menor\n jerarquía. En consecuencia no hay inconstitucionalidad\n alguna de la disposición impugnada, ni con los preceptos\n constitucionales que él invoca ni con otros. Por lo expuesto,\n también alega legitimidad constitucional del precepto\n legal impugnado. Solicita se deseche la demanda planteada.

\n\n

El doctor Efrén Gavilanes Real, Director de Patrocinio,\n delegado del Procurador General del Estado manifiesta:

\n\n

Que el señor Leonardo Viten Velasco, comparece en su\n calidad de Alcalde del cantón Sucre y como Presidente\n del Comité Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades\n Ecuatorianas, AME, y en esas calidades demanda la inconstitucionalidad\n por el fondo del artículo 32 de la Ley en referencia.\n Dice comparecer en uso de la facultad que le concede el numeral\n 5 del artículo 277 de la Constitución Política;\n sin embargo, dicho artículo se refiere a que cualquier\n ciudadano con informe favorable del Defensor del Pueblo, puede\n interponer demanda de inconstitucionalidad en los casos previstos\n en los numerales 1 y 2 del artículo 276 ibídem,\n pero ocurre que el recurrente no es cualquier ciudadano, porque\n ostenta una dignidad de elección popular, lo que le convierte\n en un sujeto de derechos y obligaciones y como tal, no se lo\n puede tener como un simple ciudadano.

\n\n

El artículo 119 de la Constitución Política\n recoge el axioma jurídico según el cual en derecho\n público solo se puede hacer lo que expresamente ordena\n la ley, principio que tos funcionarios públicos de elección\n popular deben acatar por lo que no pueden pretender ostentar\n la calidad de legitimados activos de las acciones de inconstitucionalidad,\n sino en los términos y límites previstos en la\n Constitución y la ley.

\n\n

En cualquier caso, no se encuentra expresamente en la Constitución\n que los alcaldes, por sí solos o agremiados en una asociación,\n puedan plantear demandas de inconstitucionalidad, salvo que se\n trate de los consejos provinciales o concejos municipales, quienes\n sí pueden deducir demandas de actos administrativos al\n tenor del numeral 2 del artículo 276 de la Constitución,\n que no es el caso presente, pues el demandante impugna la inconstitucionalidad\n de una norma de carácter general según el numeral\n 1 del artículo invocado.

\n\n

El Alcalde entonces, no puede desdoblarse en lo personal y\n en lo político y no puede ser considerado cualquier persona.\n Es un funcionario público de elección popular que\n no goza de legitimidad activa para ejercer esta clase de acciones.\n Concluye, que de existir el informe de procedibilidad favorable\n del Defensor del Pueblo, éste sería inválido\n y de ninguna manera puede convalidar la legitimidad activa del\n demandante. Solicita se deseche la demanda.

\n\n

Por su parte, el Presidente de la República a través\n de su delegado, dice: La Ley Orgánica de Responsabilidad,\n Estabilización y Transparencia Fiscal se expidió\n básicamente por la necesidad de fortalecer la responsabilidad\n fiscal debido a la insuficiencia de recursos públicos;\n relevancia de la política fiscal (dolarización);\n deuda pública elevada; inflexibilidad del gasto; política\n fiscal de corto plazo influenciada por aspectos políticos;\n necesidad de mantener equilibrios fiscales para lograr un crecimiento\n sostenido; ' sostenibilidad de la calidad y cobertura de los\n servicios públicos; necesidades sociales elevadas; baja\n transparencia en las cuentas fiscales y corrupción.

\n\n

Los objetivos que se persiguen con la expedición de\n esta ley, son: Racionalizar el manejo de las finanzas públicas\n mediante el establecimiento de un código de disciplina\n fiscal y establecer mecanismos de corrección de desvíos,\n establecer mecanismos de rendición de cuentas y lograr\n transparencia y oportunidad en las cuentas fiscales; persigue\n además, la imposición de ciertas reglas macro fiscales,\n tendientes a poner límites a la deuda pública y\n concesión de garantías, conseguir equilibrio fiscal\n y estructural y limitar el gasto del personal.

\n\n

Para cumplir con los objetivos y propósitos de la referida\n ley, se ha previsto la obligación de las instituciones\n del Estado de proporcionar la información necesaria y\n en la eventualidad de que tal información no sea proporcionada,\n la ley contempla sanciones como las establecidas en el artículo\n 32.

\n\n

De los preceptos constitucionales previstos en los artículos\n 120, 237, 244 y 260 de la Constitución Política,\n se desprende que el Legislador expidió la Ley de marras,\n con el propósito de que el Estado Ecuatoriano tenga una\n administración eficiente de las finanzas públicas\n que colabore con el cumplimiento de las finalidades esenciales\n del Estado para con la colectividad, proporcionar a la función\n ejecutiva a través del Ministerio de Economía,\n los mecanismos y procedimientos necesarios para una adecuada\n gestión de las finanzas públicas.

\n\n

El artículo 32 ibídem, señala las sanciones\n por negligencia en el envío de información, esto\n es, si las entidades del sector público no enviaren la\n información hasta quince días después del\n plazo establecido en el artículo 21, el Ministerio de\n Economía está facultado para suspender la entrega\n de asignaciones del Presupuesto General del Estado a esa entidad,\n hasta que se resuelva la causal de suspensión, sin perjuicio\n de que se apliquen las sanciones referidas en la ley.

\n\n

 

\n\n

De lo expuesto se puede colegir, que de ninguna manera la\n disposición de entregar información y sancionar\n el hecho de no entregarla, constituya una ofensa constitucional;\n al contrario, no proporcionar la información atenta a\n los preceptos constitucionales que se relacionan con las obligaciones\n de los funcionarios públicos de cumplir con las obligaciones\n que la ley impone. Solicita se deseche la demanda.

\n\n

Considerando:
\n PRIMERA.- El Tribunal Constitucional de acuerdo con el numeral\n 1 del artículo 276 de la Constitución Política\n de la 'República, de modo privativo es competente para\n conocer y resolver el presente caso.

\n\n

SEGUNDA.- Conforme lo dispuesto en el numeral 5 del artículo\n 277 de la Constitución Política el peticionario\n por contar con el informe favorable de procedibilidad suscrito\n por el Defensor del Pueblo, se encuentra legitimado para impulsar\n esta acción de inconstitucionalidad, toda vez que lo hace\n como Presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación\n de Municipalidades Ecuatorianas, AME; por lo tanto, la impugnación\n que hace el Procurador General del Estado respecto al tema de\n falta de legitimación activa, se lo desestima por infundado.

\n\n

TERCERA.- No existe omisión de solemnidad sustancial\n alguna que pueda influir en la resolución de la causa,\n por lo que se declara su validez.

\n\n

CUARTA.- El artículo 32 de la Ley Orgánica de\n Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal,\n materia de esta impugnación dice: "Sanciones por\n negligencia en el envío de información.- Si las\n entidades del sector público no enviaren la información\n hasta quince días después del plazo establecido\n en el artículo 21, el Ministerio de Economía y\n Pinazas suspenderá la entrega de asignaciones del Presupuesto\n General del Estado a esta entidad hasta que se resuelva la causal\n de suspensión, sin perjuicio de que apliquen las sanciones\n referidas en esta Ley". Por su parte, el artículo\n 21 ibídem, señala: "De la provisión\n de información. Las máximas autoridades de cada\n entidad u organismo del sector público enviarán\n mensualmente, dentro de los 30 días del mes siguiente,\n al Ministerio de Economía y Finanzas, la información\n presupuestaria, financiera y contable, de acuerdo con las normas\n técnicas, expedidas por ese Portafolio. Además\n remitirán trimestralmente la información de la\n ejecución de sus planes operativos y de los planes de\n reducción de la deuda, si fuere del caso, para fines de\n consolidación y divulgación".

\n\n

El Ministerio de Economía según la afirmación\n del recurrente, amparado en la disposición del artículo\n 32 de la ley citada, ha procedido a suspender la transferencia\n de las alícuotas que corresponde a varias municipalidades\n ecuatorianas por concepto de la Ley Especial de Distribución\n del 15% del Presupuesto del Gobierno Central para los gobiernos\n seccionales, así como de aquellas correspondientes a la\n Ley de Desarrollo Seccional; y que la falta de oportunidad en\n las trasferencias han ocasionado retrasos en la ejecución,\n planificación de las obras, contraviniendo claramente\n la autonomía de los gobiernos seccionales.

\n\n

QUINTA.- Para el estudio de este tema, es necesario analizar\n la teleología de la Ley Orgánica de Responsabilidad,\n Estabilización y Transparencia Fiscal, cuyo artículo\n 32 es materia de impugnación. En este sentido, dicha ley\n se expidió con el objetivo de racionalizar el manejo de\n las finanzas públicas mediante el establecimiento de un\n Código de Disciplina Fiscal, esto es, una serie de reglas\n que permitan lograr un equilibrio fiscal sostenido, implementando\n mecanismos de corrección de desvíos, que en definitiva\n permitan la rendición de cuentas y con ello lograr transparencia\n y oportunidad en las cuentas fiscales.

\n\n

Con la aplicación de esta ley, se persigue además\n la implementación de reglas macrofiscales que permitan\n poner entre otros: límites a la deuda pública;\n a la concesión de garantías; conseguir el equilibrio\n fiscal y estructural; y límites al gasto de personal.\n Evidentemente, para cumplir con estos objetivos y propósitos\n era menester establecer en la ley, la obligación de las\n instituciones del Estado para que proporcionen la información\n necesaria; caso contrario, esto es, en la eventualidad de no\n hacerlo, la fijación de determinadas sanciones por negligencia\n en el envío de la información, presupuestos que\n se contemplan en el artículo 32 impugnado.

\n\n

SEXTA.- Dentro del sistema de economía social de mercado,\n previsto en el artículo 244 de la Constitución\n Política, al Estado le corresponde la formulación\n descentralizada y participativa de planes y programas obligatorios\n para la inversión pública y referencial para la\n privada, además de mantener una política fiscal\n disciplinada. El artículo 260 ibídem, faculta a\n la Función Ejecutiva la ejecución de la política\n fiscal, sin perjuicio del control de los organismos pertinentes.\n El artículo 120 dispone que no habrá dignatario,\n autoridad o funcionario exento de responsabilidades por los actos\n realizados en el ejercicio de sus funciones y, el artículo\n 237 preceptúa que la ley establecerá las formas\n de control social y rendición de cuentas de las entidades\n del régimen seccional.

\n\n

Con fundamento en la normativa constitucional invocada, se\n colige que el Congreso Nacional, en el propósito de que\n el' Estado Ecuatoriano cuente con una administración eficiente\n en materia de finanzas públicas, otorgó a través\n de esta ley, los mecanismos y procedimientos necesarios para\n hacer efectivos una adecuada gestión en dicha materia.\n Con lo cual se evidencia, que de ninguna manera la disposición\n de entregar información y de sancionar el hecho de no\n entregarla, constituya violación a la autonomía\n municipal la misma que se encuentra circunscrita a los términos\n y límites que establece la Constitución Política;\n tanto más que el mismo recurrente no se opone al envío\n de la información, sino simplemente a la sanción.\n Al contrario, no recabar la información impediría\n al Estado cumplir con los altos propósitos que de modo\n taxativo 'las normas constitucionales que hemos hecho referencia,\n le imponen.

\n\n

En consecuencia, la sanción debido a la negligencia\n e irresponsabilidad de los funcionarios públicos no disminuye\n ni lesiona la estructura de los concejos, no le quita atribuciones,\n lo que se pretende es que todas las instituciones del Estado\n incluido los concejos municipales coadyuven a la consecución\n de una adecuada política fiscal.

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones;

\n\n

Resuelve:

\n\n

1. Desechar la demanda de inconstitucionalidad planteada por\n Leonardo Viteri Velasco.

\n\n

2. Publicar en el Registro Oficial.- Notifíquese.

\n\n

f.) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Presidente.

\n\n

Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con nueve\n votos a favor (unanimidad) correspondientes a los doctores Milton\n Burbano Bohórquez, Miguel Camba Campos, Rene de la Torre\n Alcívar, Enrique Herrería Bonnet, Jaime Nogales\n Izurieta, Luis Rojas Bajaña, Mauro Terán Cevallos,\n Simón Zavala Guzmán y Oswaldo Cevallos Bueno, en\n sesión del día martes veinte de abril de dos mil\n cuatro.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Víctor Hugo López Vallejo, Secretario\n General.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito,\n a 7 de mayo de 2004.- f.) El Secretario General.

\n\n

Nro. 336-2003-RA

\n\n

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso Nro. 336-2003-RA

\n\n

ANTECEDENTES: Andrea Patino Manosalvas por sus propios derechos,\n deduce acción de amparo constitucional, ante el Juez Sexto\n de lo Civil de Guayaquil, en contra del Gerente General de la\n Corporación Aduanera Ecuatoriana, por haber expedido la\n resolución de 7 de marzo de 2003 que declara sin lugar\n el recurso de revisión planteado por la accionante, por\n pago indebido de la tasa de salvaguardia en la importación\n de electrodomésticos.

\n\n

La accionante manifiesta que el Ecuador como miembro del Pacto\n Andi

 

Change password



Loading..