Registro Oficial

Registro Oficial. 20 de SEPTIEMBRE del 2004

Lunes, 20 de septiembre de 2004

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE\n ASEPTIEMBRE DEL 2004
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Lunes, 20 de septiembre del 2004 - R. O. No. 424

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
\n
FUNCIÓN\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDOS:

\n\n

MINISTERIO\n DE AGRICULTURA:

\n\n

258 Ratifícase la designación\n al Econ. Luis Pachala Poma, Viceministro de Agricultura y Ganadería,\n delegado por esta autoridad ante el Directorio de la Corporación\n Regional de Desarrollo de Chimborazo CODERECH y en el Directorio\n de la Corporación Regional de Desarrollo de la Sierra\n Centro CORSICEN.

\n\n

270 Refórmase el Acuerdo\n Ministerial 359 de 17 de diciembre del 2003.

\n\n

RESOLUCIÓN:

\n\n

CORPORACIÓN\n ADUANERA
\n ECUATORIANA:

\n\n

488\n Autorízase\n la realización del evento denominado: "XVI Feria\n de Integración Fronteriza Ecuatoriano Peruana",\n a realizarse en las instalaciones del complejo ferial "Ciudad\n de Loja", ubicado en la ciudad de Loja.

\n\n

FUNCIÓN\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas e instituciones:

\n\n

69-2004 Diners Club del Ecuador S.\n A. en contra del ingeniero Pablo Fernando Dávila Gallegos.

\n\n

71-2004 Ángel Cumbicus Gálvez\n y otros en contra de Germán Manuel Cumbicus Gálvez\n y otros.

\n\n

79-2004\n Diners Club\n del Ecuador S. A. en contra de Osear Efraín Jácome\n Tobar.

\n\n

81-2004\n Fausto Hipólito\n Tito Juna y otra en contra del ingeniero Eduardo Sánchez\n Sánchez y otra.

\n\n

82-2004\n Efraín\n Fernando Chiriboga Coellar en contra de Freddy Augusto González\n Crespo y otra.

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL
\n PRIMERA SALA

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

0506-2004-RA Confírmase la resolución\n pronunciada por el Juez Segundo de lo Civil con asiento en Babahoyo,\n que declara sin lugar el recurso de amparo constitucional propuesto\n por Ramiro Eduardo Cáceres Saltos y otra.

\n\n

0522-2004-RA Revócase la resolución\n pronunciada por el Juez Décimo de lo Civil de Pichincha\n que desecha el recurso de amparo constitucional propuesto por\n la ingeniera Lourdes Amanda Arroyo Imbacuán y otra.

\n\n

SEGUNDA\n SALA:

\n\n

0302-2004-RA Confírmase la resolución\n venida en grado e inadmítese la acción de amparo\n propuesta por la señora Dayse del Carmen Valdivieso Ruiz.

\n\n

0310-2004-RA Revócase la resolución\n venida en grado y niégase el amparo solicitado por Máximo\n Fernando Orrala Muñoz.

\n\n

0327-2004-RA Inadmítese el amparo\n presentado por el abogado John Fernando Duy Mayancela, por improcedente.

\n\n

454-2004-RA Inadmítese por improcedente\n la acción planteada por Carlos Julio Burbano Cadena.

\n\n

Expediente\n No 0496-2004-RA\n Dispónese que no es competencia de la Sala resolver consultas\n como la de la especie y que no se hallan previstas en la normatividad\n constitucional.

\n\n

544-2004-RA Confírmasela decisión\n del Tribunal Distrital de lo Fiscal No 3 y niégase el\n amparo solicitado por Juana Karina Peralta Parra.

\n\n

593-2004-RA Revócase la resolución\n del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo\n y niégase el amparo solicitado por Milton Nolberto Morerira\n Quevedo..

\n\n

TRIBUNAL\n SUPREMO ELECTORAL
\n RESOLUCIONES:

\n\n

RJE-PLE-TSE-6-6-9-2004 Califícase como emergente\n la contratación de la difusión e información\n del padrón electoral que se utilizará para el proceso\n electoral 2004.

\n\n

RJE-PLE-TSE-12-9-9-2004\n Califícase\n como emergente la contratación de la publicidad electoral\n que se implementará para incentivar a la ciudadanía\n a que ejerza el derecho al voto en el proceso electoral 2004.

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

-\n Cantón Macará: De\n prevención y control del ruido.

\n\n

-\n Cantón Girón: Acerca\n del expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

\n\n

-\n Cantón Girón:\n Que crea la Farmacia Municipal.\n

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\n

 

\n\n

 

\n\n

No 258

\n\n

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y
\n GANADERÍA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, en la Resolución No OSCIDI-2003-013, promulgada\n en el Registro Oficial No 127 de 17 de julio del 2003, expedida\n por el Dr. Ángel Torres Moncayo, Director de Servicio\n Civil y Desarrollo Institucional (E), emite dictamen favorable\n a la Estructura y Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio\n de Agricultura y Ganadería, determinando como responsables\n de los procesos gobernantes, a los señores Ministro y\n Viceministro del Portafolio;

\n\n

Que, la Resolución No 216, publicada en el Registro\n Oficial No 162 de 4 de septiembre del 2003, suscrita por el Ing.\n Víctor Hugo Cardoso, en esa fecha Ministro de Agricultura\n y Ganadería (E), expide la Estructura y Estatuto Orgánico\n por Procesos para esta Cartera de Estado y también señala\n iguales responsables por los procesos gobernantes;

\n\n

Que, mediante oficio No 0716-MAG y 0717.MAG de 14 de julio\n del 2004, designé al señor Econ. Luis Pachala Poma,\n actual Viceministro de Agricultura y Ganadería, como mi\n delegado al Directorio de la Corporación Regional de Desarrollo\n de Chimborazo, CODERECH y al Directorio de la Corporación\n Regional de Desarrollo de la Sierra Centro, CORSICEN, en su orden,\n por lo que le corresponde intervenir en función de Presidente\n de dichas corporaciones; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le' confieren los Arts.\n 176 y 179, numeral 6 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador y Art. 17 del Estatuto del\n Régimen Jurídico y Administrativo de la Función\n Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Ratificar la designación efectuada al señor\n Econ. Luis Pachala Poma, Viceministro de Agricultura y Ganadería,\n para que actúe en función de delegado por esta\n autoridad, en el Directorio de la Corporación Regional\n de Desarrollo de Chimborazo, CODERECH y en el Directorio de\n la Corporación Regional de Desarrollo de la Sierra Centro,\n CORSICEN y en consecuencia, participará en calidad de\n Presidente de las citadas corporaciones.

\n\n

Art. 2.- Disponer que se notifique con copia de este acuerdo\n ministerial, al señor Econ. Luis Pachala Poma, para los\n fines consiguientes.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, a\n 18 de agosto del 2004.

\n\n

f.) Leonardo Escobar Bravo, Ministro de Agricultura y Ganadería.

\n\n

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Ing. Emilio Barriga A., Director de Gestión de\n Desarrollo Organizacional.

\n\n

M.A.G. Fecha: 25 de agosto del 2004.

\n\n

No 270

\n\n

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y
\n GANADERÍA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante canje de notas de 23 de marzo del 2004, el Gobierno\n Japonés con el objeto de contribuir el aumento de la producción\n de alimentos en la República del Ecuador, concede a favor\n de este gobierno una donación por la suma de 520 millones\n de yenes;

\n\n

Que para ejecutar y dar cumplimiento al canje de notas citado\n anteriormente, es necesario constituir un comité especial\n para el Proyecto 2 KR-2003, que estará facultado para\n observar, ejecutar y cumplir con todos los requisitos constantes\n en el canje de notas en referencia;

\n\n

Que con Acuerdo Ministerial No 64 de 15 abril del 2003, se\n crea un Comité Especial encargado de cumplir con todos\n los requisitos constantes en el canje de notas de 26 de marzo\n del 2003, para el Proyecto 2 KR-2002, acuerdo que fue reformado\n con el Acuerdo Ministerial 359 de 17 de diciembre del 2003;

\n\n

Que mediante memorando 083 MAG de 4 de agosto del 2004, dispongo\n la elaboración del acuerdo ministerial de creación\n del Comité Especial para el Manejo de Fondos 2KR, el mismo\n que debe estar conformado por el titular de esta Cartera de Estado\n o su delegado. Subsecretario de Fomento Agroproductivo, Director\n de Planificación Sectorial Institucional, Directora de\n Gestión de Recursos Financieros, Director de Asesoría\n Jurídica y el Dr. Eduardo Franco Loor, Asesor de este\n despacho; y,

\n\n

Que en .uso de las atribuciones que le confiere el Art. 179,\n numeral 6 de la Constitución Política de la República\n del Ecuador, en concordancia con el Art. 17 del Estatuto del\n Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Reformar el Acuerdo Ministerial 359 de 17 de diciembre\n del 2003, que modificaba el Art. 2 del Acuerdo Ministerial No\n 064 de 15 de abril del 2003, reemplazando su contenido por el\n siguiente:

\n\n

"Art. 2.- El Comité Especial estará conformado\n por los siguientes funcionarios:

\n\n

a. El Ministro de Agricultura y Ganadería o su delegado;

\n\n

b. El Subsecretario de Fomento Agroproductivo;

\n\n

c. El Director de Planificación Sectorial Institución,

\n\n

d. El Director de Gestión de Recursos Financieros;

\n\n

e. El Director de Asesoría Jurídica; y,

\n\n

f. El Dr. Eduardo Franco Loor, Asesor del señor Ministro".

\n\n

Art. 2.- En lo que corresponde a las atribuciones del Comité\n Especial 2KR-2003, continúa en vigencia lo establecido\n en el Acuerdo Ministerial 64 de 15 de abril del 2003, para el\n proyecto 2 KR-2002.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, a\n 24 de agosto del 2004.

\n\n

f.) Leonardo Escobar Bravo. Ministro de Agricultura y Ganadería.

\n\n

Ministerio de Agricultura y Ganadería.- Es fiel copia\n del original.- Lo certifico.- f.) Ing. Emilio Barriga A., Director\n de Gestión de Desarrollo Organizacional.- M.A.G.- Fecha:

\n\n

25 de agosto del 2004.

\n\n

No 488

\n\n

EL GERENTE GENERAL
\n DE LA CORPORACIÓN ADUANERA
\n ECUATORIANA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante comunicación ingresada con hoja de trámite\n No 04-06773, suscrita por el Ing. Leonardo Rojas Morillo. Gerente\n del Comité de Ferias de Loja, solicita la autorización\n para que se declare zona primaria aduanera a las instalaciones\n del COMPLEJO FERIAL "CIUDAD DE LOJA", ubicado en la\n ciudad de Loja, para la realización de la feria internacional\n denominada "XVI FERIA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA\n ECUATORIANO PERUANA", la misma que se llevará a cabo\n durante los días del 2 al 19 de septiembre del 2004:

\n\n

Que para el efecto, mediante oficio No 0002876-GGA-CAE-2004\n del 23 de agosto del 2004 (hoja de tramite No 00-01867 del 24\n de agosto del 2004), suscrito por el Cruel. EMC José Núñez\n Mejía, Gerente de Gestión Aduanera, remite el informe\n técnico de inspección física constante\n en oficio No 1-016/ACB/2004 de 23 de agosto del 2004. elaborado\n por la Ing. Amalia Calderón B., Técnico Especialista\n de dicha unidad, mediante el cual se concluye procedente la autorización\n como zona primaria a las instalaciones del Complejo Ferial Ciudad\n de Loja, durante los días 2 al 19 de septiembre del 2004,\n para el evento Feria de Integración Fronteriza Ecuatoriano\n Peruana, organizado por el Comité de Ferias de Loja;

\n\n

Que es deber del Estado Ecuatoriano, incentivar y promover\n actividades tendientes al aprovechamiento y mejoramiento productivo,\n así como la diversificación de las actividades\n comerciales, como factores indispensables para impulsar el desarrollo\n económico y social del país: y,

\n\n

En uso de la facultad determinada en el literal e) de las\n atribuciones operativas del artículo 111 de la Ley Orgánica\n de Aduanas,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Autorizar la realización del evento denominado:

\n\n

"XVI FERIA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA ECUATORIANO\n PERUANA", al amparo del Régimen Especial Aduanero\n de Ferias Internacionales, a las instalaciones del COMPLEJO FERIAL\n "CIUDAD DE LOJA" ubicado en la ciudad de Loja. la misma\n que se llevará a cabo durante los días del 2 al\n 19 de septiembre del 2004. \n .

\n\n

Art. 2.- De conformidad con lo establecido en los artículos\n 68 y 135 de la Ley Orgánica de Aduanas y de su reglamento\n general, declárese como Zona Primaria Aduanera, sujeta\n u la potestad aduanera, a las instalaciones del COMPLEJO FERIAL\n "CIUDAD DE LOJA", ubicado en la ciudad de Loja. mientras\n dure el evento, de conformidad con las condiciones previstas\n en la presente resolución.

\n\n

Art. 3.- Las mercancías a importarse con destino al\n recinto ferial, ingresarán al país bajo el régimen\n especial aduanero de Ferias /Internacionales con suspensión\n del pago de tributos, debiendo para el efecto, venir manifestadas\n a este régimen, ser plenamente identificables. y además,\n constar con la leyenda "XVI FERIA DE INTEGRACIÓN\n FRONTERIZA ECUATORIANO PERUANA".

\n\n

Art. 4.- En forma previa al despacho de las mercancías\n y aceptación del presente régimen especial por\n el Gerente Distrital de Aduana de Loja, las importaciones o exportaciones\n deberán satisfacer la tasa de control prevista para la\n importación temporal con reexportación en el mismo\n estado vigente a la fecha de presentación del servicio\n aduanero.

\n\n

Cuando las mercancías admitidas a la presente feria\n internacional, cuenten con el auspicio oficial de gobiernos extranjeros\n u organismos internacionales, siempre que dicho auspicio, sea\n certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, no están\n sujetas al pago de la tasa de control, de conformidad con el\n Acuerdo Ministerial No 268, publicado en el R. O. No 221 de fecha\n 28 de junio de 1989.

\n\n

Art. 5.- La Gerencia Distrital de Aduana de Loja, supervisará\n la realización de la feria tendiente a comprobar y exigir\n el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias previstas\n en el artículo 135 del Reglamento a la Ley Orgánica\n de Aduanas.

\n\n

Art. 6.- Corresponde al Gerente Distrital de Aduana de Loja.\n conceder la importación de las mercancías con destino\n final a la feria en mención, cuyo plazo de permanencia\n será el de la duración del evento descrito en el\n artículo primero de la presente resolución, más\n quince días adicionales, después de finalizados\n los mismos, de conformidad con el artículo 136 del Reglamento\n de la Ley Orgánica de Aduanas en vigencia.
\n Las importaciones que se realicen dentro del plazo autorizado\n en el inciso anterior deberán reexportarse o nacionalizarse,\n previo el cumplimiento de las normas previstas en la Ley Orgánica\n de Aduanas y su reglamento. Las mercancías que no han\n sido nacionalizadas o reexportadas dentro de los plazos previstos,\n deberán ser puestas a órdenes del Gerente Distrital\n de Aduana de Loja o permanecer en el recinto ferial, bajo potestad\n de la autoridad aduanera con las debidas seguridades. Fenecido\n dicho plazo, si las mercancías no han sido reexportadas\n o nacionalizadas serán declaradas en abandono por parte\n del Gerente Distrital de Aduana de Guayaquil.

\n\n

Art. 7.- Prohíbase al Gerente Distrital de Aduana de\n Loja, aceptar la declaración aduanera al régimen\n especial de ferias internacionales, respecto de mercancías\n que ingresen al país con posterioridad a los plazos fijados\n en el artículo primero de la presente resolución.\n Su incumplimiento ocasionará responsabilidades administrativas,\n de conformidad con las normas pertinentes determinadas en la\n Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Ley Orgánica\n de Aduanas y su reglamento, vigente.

\n\n

Art. 8.- Las importaciones con destino al presente régimen,\n deberán satisfacer la correspondiente garantía\n aduanera, en la forma, plazos y montos, conforme a lo previsto\n en los artículos 147 y 149 del Reglamento General de la\n Ley Orgánica de Aduanas, la misma que será aprobada\n por el Gerente Distrital de Aduana de Loja, de conformidad con\n la atribución señalada en el literal f) del artículo\n 114 de la Ley Orgánica de Aduanas.

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Art. 9.- De existir eventuales pérdidas, daños\n o extravíos de las mercancías importadas al amparo\n del presente régimen, por incumplimiento de lo establecido\n en la presente resolución, se fijará las responsabilidades\n administrativas, civiles y/o penales a que diere lugar en contra\n de los representantes legales de la feria.

\n\n

Art. 10.- Las muestras perecibles y artículos de propaganda,\n promoción y decoración tales como, afiches y productos\n de degustación, ingresarán al país bajo\n el régimen de consumo libre de tributos, siempre que sean\n muestras sin valor comercial y en cantidades no comerciales,\n las mismas que deberán ser aprobadas por el Gerente Distrital\n de Aduana de Loja.

\n\n

Art. 11.- En todo lo no contemplado en la presente resolución\n se procederá de conformidad con la Ley Orgánica\n de Aduanas, su reglamento general vigente y demás leyes\n conexas.

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Art. 12.- En caso de conflictos, los representantes legales\n y organizadores de la feria, se someterán, en lo\n administrativo, a las decisiones de la Corporación Aduanera\n Ecuatoriana y, para las controversias por las infracciones constitutivas\n de delito aduanero, a las decisiones de los jueces competentes\n en esta materia.

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Art. 13.- Conozcan de la presente resolución la Gerencia\n Distrital de Aduana de Loja y su Departamento de Regímenes\n Especiales y Garantías, Gerencia de Gestión Aduanera\n y Secretaria General de la CAE.

\n\n

Art. 14.- La presente resolución entrará en\n vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de\n su publicación en el Registro Oficial.

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Dado y firmado en Guayaquil, a 31 de agosto del 2004.

\n\n

f.) Crnl. EMC Humberto Rodrigo Zúñiga Aguilar.\n Gerente General, Corporación Aduanera Ecuatoriana.

\n\n

Corporación Aduanera Ecuatoriana.

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Certifico que es fiel copia de su original.

\n\n

f.) Econ. Sonia Gallardo B., Secretaria General.

\n\n

No 69-2004

\n\n

Dentro del juicio verbal sumario por\n dinero No 20-2004, que sigue Diners Club del Ecuador S. A. en\n contra de Pablo Fernando Dávila Gallegos, se ha dictado\n lo siguiente:

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 15 de abril del 2004; las 09h56.

\n\n

VISTOS: El Ing. Pablo Fernando Dávila Gallegos deduce\n recurso de casación contra la sentencia pronunciada por\n la Séptima Sala de la Corte Superior de Quito, en el juicio\n verbal sumario que le sigue Diners Club del Ecuador S. A. Aduce\n que en la sentencia se han transgredido las siguientes normas\n de derecho: los artículos 1659 y 10 del Código\n Civil, los artículos 278, 355 numeral 2, 358, 365, 417\n y 528 del Código de Procedimiento Civil, y el artículo\n 24 de la Constitución Política. Fundamenta su recurso\n en las causales segunda, tercera y primera del artículo\n 3 de la Ley de Casación. Subido el proceso a la Corte\n Suprema de Justicia, se radica la competencia por el sorteo de\n ley en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, la que en providencia\n de 30 de enero del 2004 acepta a trámite el recurso. Por\n concluida la sustanciación, atento el estado de la causa,\n para resolver se considera: PRIMERO: El recurrente acusa a la\n sentencia de violación del artículo 24 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador, pero no da\n la menor fundamentación de este cargo; es decir, no cumple\n el requisito señalado en el numeral 4 del artículo\n 6 de la Ley de Casación, por lo cual este cargo deviene\n en improcedente. Esta Sala reitera lo que ha venido expresando\n en muchas resoluciones: "Cuando se acusa violación\n a las Disposiciones Constitucionales, este cargo ha de ser analizado\n en primer lugar, ya que al ser la Constitución Política\n de la República la norma suprema del Estado, a la cual\n han de ajustarse todas las normas secundarias y las actuaciones\n de la autoridad pública y de los ciudadanos, la afirmación\n de que se está desconociendo los mandatos contenidos en\n la Constitución impone revisar en primer lugar y con especial\n detenimiento tal aserto, pues de ser fundado el cargo, todo lo\n actuado quedará sin valor ni eficacia alguna, y como también\n y de manera insistente ha señalado este Tribunal en sus\n resoluciones, no puede realizarse-ligeramente una afirmación\n de esta naturaleza, sino que se ha de proceder con seriedad,\n responsabilidad y respeto tanto frente al texto constitucional\n como en relación con la autoridad y los ciudadanos en\n general:". SEGUNDO: El recurrente acusa a la sentencia que\n ha transgredido los artículos 535 numeral 2, 358, 365,\n 417 y 528 del Código de Procedimiento Civil, transgresiones\n que las ubica en la causal segunda del artículo 3 de la\n Ley de Casación. Los vicios de actividad o in procedendo\n previstos en la causal segunda mencionada se producen cuando\n la sentencia ha sido pronunciada sobre un proceso viciado de\n nulidad insanable o que ha provocado indefensión. Todos\n los cargos, con uno u otro matiz, los fundamenta en lo siguiente:\n 1) Que por haber perdido su emplee, que era la única fuente\n de ingresos para su subsistencia, se halla en la imposibilidad\n de pagar los créditos que adeuda por consumos con cargo\n a las tarjetas de crédito de Diners Club del Ecuador S.\n A., La Previsora y Filancard; que por este justificado motivo\n se vio precisado a presentar solicitud de cesión de bienes,\n amparado en el artículo 528 del Código de Procedimiento\n Civil, ante el Juzgado Duodécimo de lo Civil de Pichincha,\n el cual la admitió a trámite; dentro de este proceso\n se halla citado Diners Club del Ecuador S. A.: que no obstante\n hallarse promovida la cesión de bienes. Diners Club del\n Ecuador S. A. le demandó, el pago del Crédito que\n adeuda, que ha culminado en la sentencia condenatoria pronunciada\n por la Séptima Sala de la Corte Superior de Quito. Argumenta\n insistentemente que. una vez que propaso cesión de bienes,\n el Juzgado Sexto de lo Civil y la Séptima Sala de la Corte\n Superior de Quito, carecían de competencia para conocer\n el juicio promovido por Diners Club del Ecuador S. A. en su contra;\n que al haberlo conocido, se ha omitido la solemnidad sustancial\n común a todos los juicios e instancias, previsto en la\n regla segunda del artículo 355 del Código de Procedimiento\n Civil, que produce la nulidad procesal, 2) Que la Séptima\n Sala de la Corte Superior de Quito, asimismo, actuó fuera\n del ámbito de su competencia cuando en el Considerando\n Tercero expresa: "...el demandado ha presentado demanda\n de cesión de bienes y que la misma se encuentra sustanciando\n en el Juzgado Duodécimo de lo Civil de Pichincha, trámite\n (sic) en el cual se ha llegado a citar al Dr. Fidel Egas Grijalva.\n en su calidad de gerente general de Diners Club del Ecuador S.\n A.: pero no se ha justificado que, dentro de este juicio (el\n de cesión de bienes), -Pablo Fernando Dávila haya\n acreditado la inculpabilidad a que se refieren los artículos\n 528 del Código de Procedimiento Civil...". TERCERO:\n El Código de Procedimiento Civil establece el juicio de\n concurso de acreedores, regulado en la Sección 4",\n Título II. Libro Segundo (artículos 518 a 605).\n El concurso de acreedores tiene lugar cuando el deudor no tiene\n la solvencia necesaria para pagar las deudas a sus acreedores,\n y puede ser de dos clases: voluntario y necesario: 1.- El concurso\n es voluntario cuando el deudor, por su propia iniciativa, concurre\n ante d Juez, mediante cesión de bienes, para que se le\n declare concursado civilmente es, pues una facultad o potestad\n del deudor que se encuentre en estado de insolvencia o próximo\n a ella para ceder todos sus bienes (activos) a fin de que con\n ellos se pague a sus acreedores hasta donde alcancen los activos\n cedidos. A su solicitud acompañará un balance\n que exprese sus créditos activos y pasivos, la relación\n de los bienes que tenga y de los que ceda, los libros de cuentas\n si los tuviese, los títulos de crédito activos,\n la lista de acreedores y de deudores, con expresión del\n domicilio de cada uno. y una exposición de los motivos\n por los cuales se haga la cesión, indicando las causas\n de la insolvencia (artículo 527 del Código de Procedimiento\n Civil). 2.- El concurso es necesario, cuando el acreedor legítimo\n pide la formación del mismo a su deudor. En tal supuesto,\n el acreedor debe acreditar que se presume el estado de insolvencia\n del deudor por hallarse en uno de los casos comprendidos en el\n artículo 530 del Código de Procedimiento Civil.\n Tanto el concurso de acreedores voluntario {cesión de\n bienes) como el concurso necesario han de tramitarse ante el\n Juez de lo Civil del domicilio del deudor. Este juicio es totalmente\n independiente o separado de las ejecuciones individuales que\n se estuvieren siguiendo al deudor. En otras palabras, no es un\n incidente o apéndice del juicio de ejecución, sino\n un juicio de naturaleza universal. El Juez del domicilio del\n deudor a sea que reciba la solicitud para la formación\n del concurso del propio deudor (cesión de bienes), o ya\n sea que reciba (a solicitud del acreedor, ha de realizar la calificación\n de la demanda, y i procede la formación del concurso,\n ha de ordenar el cumplimiento de las diligencias señaladas\n en el artículo 520. Entre estas, son de especial importancia\n la publicidad mediante avisos por la prensa, y la acumulación\n de todos los juicios que se estuvieren siguiendo en contra del\n deudor por obligaciones de dar o de hacer. CUARTO: La acumulación\n de procesos es la reunión de varios de ellos en uno solo,\n con el objeto de que se sustancien y decidan al mismo tiempo.\n Uno de estos casos de acumulación de procesos o de autos\n es el establecido en el artículo 520 del Código\n de Procedimiento Civil, cuando se declara la formación\n de concurso de acreedores. A este juicio de concurso han de acumularse\n todos los juicios que se estuvieren siguiendo en contra del deudor\n por obligaciones de dar o hacer, y terminarán en una sola\n resolución. Si no obstante la orden de acumulación,\n se prosiguieren las ejecuciones individuales, estas actuaciones\n no tendrían valor o eficacia alguna. Por la naturaleza\n del juicio de concurso de acreedores, que es un juicio universal,\n el Juez que ordenó el concurso es el Juez competente de\n los juicios acumulados. Así dispone el último inciso\n del artículo 116 del Código de Procedimiento Civil,\n que dice; "En los casos de concurso, el juez que lo hubiere\n decretado conocerá de los autos acumulados.". Los\n jueces de los procesos individuales pierden, por tanto, la competencia\n para seguir conociendo de tales procesos y se concentra la competencia\n en el que ordenó la acumulación. El artículo\n 528 del Código de Procedimiento Civil establece un caso\n especial que no es propiamente de cesión de bienes, porque\n el deudor insolvente no entrega bien alguno a la masa de acreedores\n para que sean administrados por el síndico y luego vendidos.\n y su producto repartido entre los acreedores hasta donde alcance\n dicho patrimonio. Lo que esta norma legal dispone es que el deudor\n insolvente pueda acogerse a los beneficios de la cesión\n de bienes. El requisito primordial para que el deudor se acoja\n a este beneficio es el que pruebe su inculpabilidad dentro del\n término de seis días, en el que se presentará\n todas las pruebas que pidieren el deudor o los acreedores. Pero\n ni este artículo ni ninguna otra norma legal imponen que\n en el caso de que el deudor insolvente solicite que se le extiendan\n los beneficios de la cesión de bienes, ha de acumularse\n los juicios seguidos en su contra por obligaciones de dar o hacer.\n Tampoco existe jurisprudencia obligatoria vinculante que prevea\n tal acumulación. QUINTO.: En el presente juicio verbal\n sumario seguido por Diners Club del Ecuador S. A. en contra del\n Ing. Pablo Fernando Dávila Gallegos, el demandado en\n la contestación a la demanda opone, entre sus excepciones,\n la incompetencia del Juez para conocer de la causa, porque con\n anterioridad ha presentado acción de cesión de\n bienes. la cual se está tramitando en el Juzgado Duodécimo\n de lo Civil de Pichincha. Al decir del recurrente, según\n la doctrina y la jurisprudencia, el juicio de cesión de\n bienes es de carácter universal, por lo cual a éste\n deben acudir los acreedores y acumularse los autos iniciados\n antes o después del juicio de cesión. Siendo esta\n excepción uno de los puntos sobre los que se trabó\n la litis, la Séptima Sala de la Corte Superior de Quito\n necesariamente tenía que analizar en su sentencia este\n asunto. El considerando tercero de la sentencia justamente explica\n una de las razones por las cuales, ajuicio del Tribunal ad quem,\n no se ha cumplido el presupuesto del artículo 528 del\n Código de Procedimiento Civil. En la parte resolutiva\n del fallo se confirma la sentencia de primera instancia; esto\n es, se desecha las excepciones deducidas por el demandado, entre\n las que se halla la incompetencia, y se acepta la demanda. La\n Séptima Sala de la Corte Superior de Quito en ningún\n momento resuelve desechar la acción de cesión de\n bienes deducida por el Ing. Pablo Fernando Dávila Gallegos,\n porque este es un punto que corresponde conocer y decidir a\n otro Juez. Por todo lo dicho en este considerando y en los precedentes,\n la sentencia de la Séptima Sala de la Corle Superior \n de Quito no incurre en irregularidad alguna, susceptible de casación\n al haber condenado al ingeniero Pablo Fernando Dávila\n Gallegos al pago de un crédito adeudado a Diners Club\n del Ecuador S. A., no obstante que éste ha pedido que\n se le concedan los beneficios de la cesión de bienes permitida\n por el artículo 528 del Código de Procedimiento\n Civil. Hay que recordar que esta norma es un rezago de la legislación\n que fue expedida en momentos en que todavía existía\n en el país la prisión por deudas, y el no ser reducido\n a prisión era el principal beneficio que pretendía\n el deudor insolvente al solicitar la aplicación de aquella\n norma. El proceso no está viciado de nulidad por falta\n de competencia de los jueces ni por violación del trámite,\n y se desestiman los cargos formulados por el recurrente por la\n causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación.\n SEXTO: El recurrente acusa a la sentencia de que ha transgredido\n el artículo 278 del Código de Procedimiento Civil,\n porque no contiene la motivación requerida por la ley.\n Vuelve a fundamentar este cargo en el considerando tercero de\n la sentencia recurrida. La fundamentación de una sentencia\n debe reunir básicamente los requisitos señalados\n por el artículo 24, numeral 13 de la Constitución;\n esto es, enunciar las normas o principios jurídicos en\n que se haya fundado y la pertinencia de su aplicación\n a los fundamentos de hecho. Estos requisitos, en forma suscita,\n se cumplen en la sentencia recurrida. Además, la transgresión\n del artículo 278 del Código de Procedimiento Civil,\n está encasillada en la causal quinta del artículo\n 3 de la Ley de Casación, causal que no ha sido invocada\n por el recurrente. Si la sentencia no es motivada, su efecto\n es que el Tribunal de Casación complemente la parte motiva,\n supliendo las omisiones en que hubiere incurrido el Tribunal\n ad quem. SÉPTIMO: El recurrente también acusa a\n la sentencia de incurrir en los vicios previstos en la causal\n tercera del artículo 3 de la Ley de Casación,\n por haber interpretado erróneamente los artículos\n 119 y 120 del Código de Procedimiento Civil. Como fundamento\n de esta acusación vuelve a esgrimir el considerando tercero\n de la sentencia recurrida. El vicio de juzgamiento o in indicando\n previsto en la causal tercera es el llamado por la doctrina\n "vicio indirecto", porque se llega a la violación\n de una norma sustancial o material a través de la transgresión\n de normas procesales sobre la valoración de la prueba.\n El artículo 119 no contiene propiamente una regulación\n sobre valoración de la prueba, sino más bien el\n método que ha de utilizar el sentenciador para dicha valoración.\n De acuerdo con el método señalado por este artículo,\n el juzgador no puede valorar los elementos de prueba producidos\n en juicio aislada o individualmente sino en su conjunto, para\n darles, de acuerdo con la sana crítica, el valor de convicción\n que les corresponde. La valoración de la prueba es una\n operación mental o intelectual, y en esta operación\n el juzgador debe examinar separadamente los elementos de prueba\n aportados por las partes con que pretenden demostrar los hechos\n afirmados, ya sea en la demanda ya sea en la contestación\n de la misma. Luego, el juzgador debe estudiarlas comparativamente,\n en forma tal que la conclusión a que llegue sea el producto\n de una verdadera síntesis de la totalidad de los elementos\n de prueba y los hechos que en ellos se contiene. En este proceso\n mental el Juez ha de aplicar las reglas de la sana crítica,\n las cuales no constan en normas de derecho positivo, sino son\n reglas de lógica y de experiencia humana, suministradas\n por la psicología, la sociología y la técnica,\n que permiten al juzgador distinguir lo que es verdadero y lo\n que es falso. Examinado el considerando tercero no se advierte\n arbitrariedad o absurdos en la valoración de los elementos\n de prueba aportados por el propio demandado para demostrar su\n afirmación de que el Juez de la causa es incompetente.\n El artículo 120 del Código de Procedimiento Civil,\n que es otro de los citados por el recurrente como transgredidos\n en la valoración de la prueba, se refiere a la pertinencia\n de las pruebas, o sea que las pruebas deben concretarse al asunto\n que se litiga y a los hechos sometidos al juicio. El recurrente\n en este cargo está impugnando sus propias pruebas por\n impertinentes, lo cual resulta incoherente. A esto se agrega\n que la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación\n concierne a vicios por quebrantamiento de normas sustanciales\n o materiales, por medio de la transgresión de normas procesales\n sobre valoración de la prueba. La última parte\n del texto de dicha causal es muy claro, cuando dice: "Siempre\n que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la\n no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto".\n En esta virtud, el recurrente al invocar la causal tercera del\n artículo 3 de la Ley de Casación debió señalar\n con exactitud la norma o normas sustantivas o materiales de derecho,\n que a través de la transgresión de normas procesales\n sobre valoración de la prueba, han sido aplicadas\n equivocadamente o no han sido aplicadas, lo cual omite. Por las\n razones expresadas, se desestima los cargos en contra de la sentencia\n por la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación.\n OCTAVO: Finalmente, el recurrente con apoyo en la causal primera\n del artículo 3 de la Ley de Casación acusa a la\n sentencia de haber transgredido el artículo 1659 del Código\n Civil, que dice: "Para obtener la cesión, incumbe\n al deudor probar su inculpabilidad en el mal estado de sus negocios,\n siempre que alguno de los acreedores lo exija.". Fundamenta\n esta acusación, también. en lo expresado en el\n considerando tercero de la sentencia recurrida. De acuerdo con\n la regla 4a del artículo 18 del Código Civil, la\n interpretación de un artículo de la ley no puede\n hacérsela aisladamente sino dentro del contexto de la\n ley. Se entiende por contexto de la ley el sentido de ella en\n su conjunto. Por esta razón, el artículo 1659 del\n Código Civil hay que interpretarlo complementariamente\n con los artículos 527 y 528 del Código de Procedimiento\n Civil, que distinguen claramente dos .clases de situaciones jurídicas:\n
\n 1.- La prevista en el artículo 527 del Código de\n Procedimiento Civil, que tiene lugar cuando el deudor tiene\n bienes embargables y los pone a disposición de la masa\n de acreedores para que con su producto se cobren los créditos.\n 2.- La prevista en el artículo 528 del Código\n de Procedimiento Civil que contempla el caso en que el deudor\n insolvente que no tuviere bienes de ninguna clase puede acogerse\n a los beneficios de la cesión de bienes. En este último\n supuesto, la carga de la prueba de la inculpabilidad corresponde\n a quien formula la solicitud. En esta virtud, no tiene tampoco\n sustento la acusación del recurrente de que la sentencia\n adolece del vicio previsto en la causal primera de la Ley de\n Casación. Por las consideraciones expuestas, la Primera\n Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR\n AUTORIDAD DE LA LEY. no casa la sentencia dictada por la Séptima\n Sala de la Corte Superior de Quito, en el juicio verbal sumario\n seguido por Diners Club del Ecuador S. A. en contra del Ing.\n Pablo Fernando Dávila Gallegos. Sin costas. Notifíquese\n y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Galo Galarza Paz, Santiago Andrade Ubidia y Ernesto\n A Iban Gómez, Ministros Jueces.

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lista copia es igual a su original.

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Certifico.

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Quito, 15 de abril del 2004.

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f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora.

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Primera Sala de lo Civil y Mercantil, Corte Suprema de Justicia.

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No 71-2004

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Dentro del juicio No 251-2003 que por\n nulidad de contrato de compraventa y de escritura pública,\n siguen Ángel. Enrique Amadeo y Rosa América Cumbicus\n Calvez en contra de Germán Manuel Cumbicus Gálvez.\n Domitila Gálvez de Cumbicus y de los doctores Eduardo\n Ortega Ordóñez, Notario Octavo de Loja y Rubén\n Ortega Jaramillo. Registrador de la Propiedad de Loja se ha dictado\n lo que sigue:

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito. 15 de abril del 2004: las 11h35.

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VISTOS: Germán Manuel Cumbicus Calvez interpone recurso\n de casación en contra de la sentencia dictada por la Primera\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Loja. dentro del juicio\n que. por nulidad de contrato de compraventa y de escritura pública,\n siguen Ángel. Enrique Amadeo y Rosa América Cumbicus\n Galve en contra del recurrente, de Domitila Calvez de Cumbicus\n y de los doctores Eduardo Ortega Ordóñez y Rubén\n Ortega Jaramillo. Concedido el recurso y elevado el proceso a\n la Corte Suprema de Justicia, por el sorteo legal correspondió\n su conocimiento a esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil que,\n en su primera providencia, lo aceptó a trámite.\n Concluido éste. para resolver se considera: PRIMERO: El\n recurrente acusa a la sentencia de haber infringido los artículos\n 106 del Código de Procedimiento Civil. 157 del Código\n Civil y 30 de la Constitución Política. Funda el\n recurso en las causales primera y tercera del artículo\n 3 de la Ley de Casación. SEGUNDO: El demandado, ahora\n recurrente, fundamenta el cargo contra la sentencia en el hecho\n de que. al contestar la demanda, dedujo la excepción\n de falta de legitimación en la causa, excepción\n que alega haberla probado- durante la etapa correspondiente.\n El Tribunal ad quem en la sentencia que dieta al respecto dice\n lo siguiente: el demandado "...alegó falla de legitimación\n en causa al contestar la demanda. En verdad que así\n lo dijo. pero sin referirse a que estaba casado, pues no compareció\n en ese estado y mal puede en el transcurso del proceso tratar\n de habilitar un elemento que no fue anunciado debidamente en\n forma oportuna". Sostiene el recurrente que. en conformidad\n con el artículo 106 del Código de Procedimiento\n Civil, al momento de contestar la demanda sólo estaba\n obligado a deducir las excepciones, no a probarlas y que en su\n momento probó, con la correspondiente partida de matrimonio,\n que estaba casado a la fecha de la celebración del contrato\n de compra venta, por lo cual el bien materia del juicio también\n era de su propiedad de su cónyuge de acuerdo al artículo\n 157 del Código Civil, y que al no haberse contado con\n ella en esta causa se ha conculcado el derecho de propiedad\n garantizado por el artículo 30 de la Constitución.\n TERCERO: La legitimación en la causa o. dicho de otro\n modo. la presencia en el proceso de los legítimos contradictores,\n consiste en que el actor debe ser la persona que pretende ser\n el titular del derecho sustancial discutido, y el demandado el\n llamado por la ley a contradecir u oponerse a la demanda. Solo\n frente a ellos la ley permite que el Juez declare, en sentencia\n de mérito, si existe o no la relación jurídica\n sustancial objeto de la demanda, sentencia que los obliga y produce\n cosa juzgada sustancial. No se trata de un presupuesto procesal,\n porque "lejos de referirse al procedimiento o al valido\n ejercicio cié la acción, contempla la relación\n sustancial que debe existir entre el sujeto demandante o demandado\n y el interés sustancial discutido en el proceso. Se trata\n de presupuestos materiales o sustanciales para la sentencia\n de fondo" (Hernando Devis Echandía, Compendio\n de Derecho Procesal. Tomo I, Teoría General del Proceso,\n Editorial ABC, 1996, página 266). De comprobarse falta\n de legitimación en la causa, el juzgador no puede dictar\n una sentencia de mérito, pues uno de sus deberes es el\n asegurarse de que la sentencia dictada sea eficaz y surta los\n electos de ley respecto de las partes que intervienen en el proceso.\n Ahora bien no existe debida legitimación en la causa en\n dos casos: a) Cuando el demandante o el demandado no tenían\n en absoluto legitimación en la causa, por ser personas\n distintas a quienes correspondía formular esas pretensiones\n o contradecirlas; y, b) Cuando el demandante o el demandado sí\n debían ser partes, pero en concurrencia con otras personas\n que no han comparecido al proceso y que debían hacerlo\n por tratarse de una situación de indispensable\n comparecencia conjunta, lo que doctrinariamente se conoce como\n litis consorcio necesario. En este segundo caso, si una de las\n partes no está completa, se atentaría a lo prescrito\n en el artículo 301 del Código de Procedimiento\n Civil, que dispone que la sentencia ejecutoriada surte efectos\n irrevocables únicamente contra las partes que siguieron\n el juicio o sus sucesores en el derecho, pues no puede ser perjudicada\n con una resolución judicial quien, por no haber sido parte\n en el proceso, no ha podido hacer uso del derecho de defensa\n consagrado en la Constitución Política. El mismo\n autor ya citado agrega que, al ser la falta de legitimación\n en la causa o falta de legítimo contradictor un presupuesto\n de toda sentencia de fondo o mérito, tal falta debe declararse\n aun de oficio por el juzgador de instancia en la sentencia, esto\n es inclusive en los casos en que no se encuentre planteada \n como excepción: "la debida legitimación\n en la causa constituye un impedimento sustancial para que el\n Juez pueda proferir sentencia de fondo y mérito, y no\n una excepción ni un impedimento procesal. Si al momento\n de decidir la litis, el Juez encuentra que falta esta condición\n para la sentencia de fondo o mérito, debe declararlo\n así oficiosamente y limitarse a proferir una sentencia\n inhibitoria (obra citada. pagina 272), CUARTO: Debe examinarse\n en este punto, si el caso de autos es uno de aquellos en que\n una de las partes se integra con más de una persona, en\n una situación de litis consorcio necesario. En aquellos\n casos en que el proceso versa sobre un bien que pertenece al\n haber de la sociedad conyugal, la Sala ha mantenido a lo largo\n de numerosos fallos una posición muy clara. Cuando la\n acción se dirige a la conservación del dominio\n del bien, como es el caso de la acción reivindicatoria,\n o de su posesión, como en los diversos interdictos \n posesorios, es suficiente que comparezca como actor el cónyuge\n que ejerce la administración ordinaria de la sociedad\n conyugal, por tratarse de actos que corresponden a tal administración.\n Pero cuando la acción se refiere a actos de administración\n extraordinaria o se encamina a privarle a la sociedad conyugal\n del dominio -de un bien, se debe contar necesariamente con los\n dos cónyuges, para que se conforme adecuadamente la contraparte\n en el proceso. Tal es el caso de las acciones de prescripción\n o, como en el caso de autos, cuando el juicio se inicia con una\n demanda que persigue que se declare la nulidad del contrato\n mediante el cual uno de los cónyuges adquirió a\n título oneroso un inmueble que. conforme lo establece\n el numeral quinto del artículo 157 del Código Civil,\n entró a formar parte del haber de la sociedad conyugal.\n Estamos entonces frente a un caso en que la legitimación\n ad-causam pasiva depende de que se cuente con los dos cónyuges\n como litis consortes necesarios o legítimos contradictores,\n cuestión indispensable para que se pueda dictar una sentencia\n de fondo y para que la acción prospere. QUINTO: Por lo\n señalado anteriormente se advierte lo deleznable del argumento\n exhibido por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Loja, de que al proponer el demandado la excepción\n de falta de legitimación en la causa, no adujo que tal\n excepción se fundaba en el hecho de que estaba casado\n y de que no se contaba en el proceso con su cónyuge, pues\n aunque no hubiera deducido tal excepción, era deber del\n Tribunal asegurar la eficacia de su fallo y, para ello, establecer\n si se estaba contando con todos quienes debían comparecer\n al proceso. El demandado al contestar la demanda no señaló\n su estado civil, pero en la escritura pública que contiene\n el contrato de compraventa cuya nulidad se demanda, sí\n declara que él, que comparece como comprador, es casado,\n y consta en el expediente la correspondiente partida de matrimonio\n celebrado con anterioridad a la fecha de dicho contrato; elementos\n suficientes para que el Tribunal ad quem estime comprobada la\n falta de legitimación pasiva-en la causa. Por estas razones\n esta Sala de Casación considera que, efectivamente, en\n la sentencia impugnada se han infringido las normas de derecho\n señaladas por el recurrente y que por tanto, debe ser\n casada. SEXTO: Normalmente un juicio termina con la expedición\n de la sentencia que, según el Art. 273 del Código\n de Procedimiento Civil, es la decisión del Juez acerca\n del asunto o asuntos principales del juicio; pero hay casos en\n que al Juez no le es posible dictar sentencia de mérito\n o de fondo; en unos casos porque el proceso está viciado\n de nulidad insanable por omisión de los presupuestos procesales\n de la acción, o en otros casos porque se han omitido presupuestos\n de la demanda como sucede, por ejemplo, cuando no se ha contado\n con todos los que forman la relación jurídica sustancial\n o material por existir litis consorcio necesario. En estos casos\n dicta sentencia inhibitoria, que es aquella en que el Juez se\n abstiene de decidir sobre el mérito del conflicto planteado.\n La sentencia de mérito o de fondo definitiva produce\n autoridad de cosa juzgada material, como acto jurídico\n decisorio definitivo y-tiene efectos obligatorios tanto frente\n al órgano jurisdiccional que lo ha dictado, el cual no\n puede revocarla, como frente a todos los demás órganos\n Jurisdiccionales que están prohibidos de conocer y resolver\n el mismo asunto; la sentencia tiene también efecto obligatorio\n frente a las partes, que no pueden ya acudir ante un órgano\n jurisdiccional, cualquiera que sea su competencia, para obtener\n una nueva sentencia. En cambio, la sentencia inhibitoria es meramente\n formal y si bien pone fin al juicio en que se dicta, deja a salvo\n el derecho del interesado de replantear la cuestión en\n otro proceso posterior, porque como no hay en ella decisión\n de fondo, ni positiva ni negativa, no produce autoridad de cosa\n juzgada material. Este es precisamente un caso en que este fallo\n tiene ese carácter. Por las Consideraciones expuestas,\n esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia dictada por la Primera\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Loja, dentro del juicio\n que, por nulidad de contrato de compraventa y de escritura pública,\n y desecha la demanda propuesta por Ángel, Enrique Amadeo\n y Rosa América Cumbicus Gálvez en contra de Germán\n Manuel Cumbicus Gálvez, de Domitila Gálvez de Cumbicus\n y de los doctores Eduardo Ortega Ordóñez y Rubén\n Ortega Jaramillo. Con costas, fijándose en cien dólares\n los honorarios del defensor del recurrente, de los cuales se\n hará el descuento de ley. Notifíquese, publíquese\n y devuélvase.

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Fdo.) Doctores Galo Galarza Paz, Santiago Andrade Ubidia y\n Ernesto Albán Gómez, Ministros Jueces.

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RAZÓN: Es fiel copia de su original.

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Certifico.

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Quito, 16 de abril del 2004.

 

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