Registro Oficial

Registro Oficial. 16 de MAYO del 2006 Suplemento

Martes, 16 de mayo de 2006

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MAYO DE 2006
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Martes, 16 de mayo de 2006 - R. O. No. 271
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SUPLEMENTO

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. RUBÉN DARIO ESPINOZA DIAZ
DIRECTOR
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
RESOLUCIONES:

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SEGUNDA SALA

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0003-2004-AI Por cuanto se ha entregado la información requerida, no existe materia sobre la cual pronunciarse en el recurso de acceso a la información formulado por la señora Dolores Vélez vda. de Andrade y otras.

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0923-04-RA Revócase la resolución venida en grado y concédese la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Coronel (r) Víctor Delfín Díaz Guerra.

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1019-004-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por el señor Galo Enrique Palacios Zurita

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1049-2004-RA Confírmase la decisión del Tribunal Distrital No 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil y niégase el amparo solicitado por el señor Santos Simón Medina Zambrano y otros..

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1099-2004-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por el señor Roberto Werner Juris Stender, por improcedente.

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1103-2004-RA Confírmase la resolución venida en grado y concédese el amparo solicitado por el señor Quilman Rodrigo Cruz Fiallos.

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1116-2004-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional presentado por José Luis Masabanda Masaquiza..

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1126-2004-RA Confírmase la resolución pronunciada por el Juez Primero de lo Civil de Azogues, que declara sin lugar el amparo constitucional formulado por la señora Zoila Rosa Villa Lema y otra..

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002-2005-HD Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de hábeas data propuesta por el ingeniero Antonio Tramontana Almeida..

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0002-05-RA Revócase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por Julio César Ojeda Espinoza.

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0012-2005-HD Devuélvase el expediente al Juez de origen, por no proceder la apelación interpuesta por los demandados.

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0013-05-HD Revócase la resolución venida en grado y concédese el recurso de hábeas data planteado por la señora Nancy Adelita Palacios Torres.

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013-2005-RA Confírmase la resolución adoptada por el Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por Claudia Aracelly Mora Delgado.

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023-2005-RA Revócase la resolución adoptada por el Juez de instancia y recházase la acción propuesta por Karina Ya-el Fernández Pazmiño, por improcedente.

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0024-2005-RA Confírmase la decisión del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por Luis Antonio Arce Torres.

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0083-2005-HC Confírmase la resolución emitida por la encargada de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito y niégase el recurso de hábeas corpus propuesto a favor de la señora Carmen Landázuri Preciado.

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0107-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional solicitado por el señor Enderson Teófilo Salazar López.

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0131-05-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por el señor Luis Eduardo López Vinueza y otros, por improcedente.

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0141-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia e inadmítese el amparo solicitado por la doctora Lilia Ximena Ampudia Garzón.

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0157-2005-RA Revócase la resolución adoptada por la Juez de instancia y concédese la acción de amparo solicitada por Carlos Humberto Villacís Gutiérrez

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0165-2005-RA Confírmase la resolución adoptada por el Juez de instancia y declárase sin lugar el amparo solicitado por Segundo Raúl Llanga Llango.

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0191-2005-RA Revócase la resolución venida en grado y acéptase la acción de amparo constitucional propuesta por Alan Ornar Salinas Bajaña.

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0212-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por Carmelina Yolanda Panza Arpi.

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0233-2005-RA Confírmase la resolución de primera instancia y niégase la acción de amparo constitucional interpuesta por el señor Wilson Alberto Borja Coloma.

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0242-2005-RA Confírmase la resolución pronunciada por la Única Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Tena, que acepta el amparo constitucional interpuesto por Nelly Rosa Yumbo Chimbo.

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0258-2005-RA Revócase la resolución venida en grado y acéptase la acción de amparo constitucional propuesta por Galo Fernando Lara Castro.

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001-2006-HC Confírmase lo resuelto por la Segunda Vicepresidenta del Concejo Metropolitano de Quito y niégase el recurso interpuesto por Fausto de los Santos Ascencio.

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017-06-HC Confírmase la resolución venida en grado y niégase el recurso de hábeas corpus propuesto por la doctora Raquel Sánchez S.

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0029-2006-HC Confírmase la resolución emitida por el encargado de la Alcaldía de Santa Cruz y niégase el recurso de hábeas corpus propuesto por Rubén Darío Cedeño Zavala.

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ORDENANZA MUNICIPAL:

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- Cantón Sucre: Que expide el Reglamento interno de administración de recursos humanos, para los servidores sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público.

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Quito, 25 de abril de 2006.

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No. 0003-2004-AI

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Magistrado ponente: Dr. Jacinto Loaiza\n Mateus

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CASO No. 0003-2004-AI

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ANTECEDENTES:

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Dolores Vélez Vda. De Andrade, Dolores Briones Vda.\n De Córdova y María Dolores Guerra de Gómez,\n las dos primeras viudas de los señores Carlos Andrade\n Almeida y Guime Córdova Encalada, abatidos en el interior\n de la Farmacia Fybeca; y la última, esposa del desparecido\n Johnny Gómez Balda, comparecen ante el Tribunal Distrital\n No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil.y formulan\n recurso de Acceso a la Información en contra del Juez\n Segundo de lo Penal (suplente) Ab. Manuel Vélez Ayala;

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Manifiestan que el 18 de abril de 2004, a las 16H32 presentaron\n un memorial al señor Juez Segundo de lo Penal suplente,\n abogado Manuel Vélez Ayala en el cual, al amparo del derecho\n de petición que consagra el artículo 23 ordinal\n 15 de la Constitución, solicitaron copia íntegra\n del acta preliminar realizada en la causa penal 595-2003, que\n por presunto robo en la Farmacia Fybeca se tramita en ese despacho,\n audiencia que se realizó el 14 de Mayo de 2004, desde\n las 9H30.

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Que el objeto de acceder a esta información que no\n tiene el carácter de reservada, ni confidencial, es tener\n la prueba de las graves denuncias que hicieron en esa audiencia\n la imputada Seydi Vélez Falcones y el abogado patrocinador\n abogado Ubaldo Baquerizo Soto, no obstante que la petición\n la realizaron hace largo tiempo, el Juez titular de ese despacho\n tácitamente les ha negado la información pública\n que requieren, es decir, no ha despachado el otorgamiento de\n las copias certificadas que piden.

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Por tal razón, fundamentados en la Ley Orgánica\n de Transparencia y Acceso a la Información Pública\n constante en el Suplemento del Registro Oficial 337 de 18 de\n Mayo de 2004; artículos 22, 23 y siguientes, comparecen\n y plantean el presente Recurso de Acceso a la Información\n Pública a fin de que en el término de ley se presente\n la información requerida, esto es, el Acta de la Audiencia\n Preliminar realizada el 14 de mayo de 2004, desde las 9H30 dentro\n de la causa penal 595-2003 que por presunto robo a la Farmacia\n Fybeca se sigue en aquella Judicatura.

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En la audiencia pública llevada a efecto en la presente\n causa, diligencia a la que no comparecen las accionantes, la\n parte recurrida resalta que en ningún momento ha sido\n negada las copias de la audiencia preliminar solicitada, lo que\n sucede es que el peticionario jamás se acercó a\n la Judicatura a retirarlas seguramente porque las pidió\n a su costa. Como el motivo de la demanda se circunscribe a esta\n supuesta negativa de su parte, hace la entrega de la copia certificada\n de la audiencia preliminar íntegra que se llevó\n a efecto el 14 de mayo de 2004. Deja en claro que la Ley Orgánica\n de Transparencia de Acceso a la Información Pública\n entró en vigencia el 18 de mayo que recurre, por lo tanto\n sus disposiciones no tienen carácter retroactivo sino\n que rigen para lo venidero. Pide desestimar la denuncia por improcedente.

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El Abogado de la Procuraduría General del Estado manifiesta\n felicita al señor Juez por el lógico cumplimiento\n de la ley.

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El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de\n Guayaquil, con sujeción a las normas contenidas en el\n último inciso del artículo 22 de la Ley Orgánica\n de Transparencia y Acceso a la Información Pública,\n señala en su resolución que la ausencia de las\n recurrentes a la audiencia pública se considera desistimiento\n del recurso planteado y deja a salvo el derecho de los recurrentes\n a retirar por Secretaría el documento identificado como:\n "Acta correspondiente a la organización y desarrollo\n de la audiencia preliminar celebrada en el juicio penal 593-03".\n Decisión que es apelada ante el Tribunal Constitucional\n por las recurrentes.
\n Radicada la competencia en la Segunda Sala del Tribunal Constitucional\n por el sorteo de ley, para resolver se realizan las siguientes,

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CONSIDERACIONES:

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PRIMERA.- El Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver sobre la presente causa, de conformidad con los artículos\n 276, numero 7, de la Constitución Política de la\n República; 12, literal g) y 62 de la Ley de control Constitucional\n y 22 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la\n Información Pública.

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SEGUNDA.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que\n pueda incidir en la resolución del presente caso, por\n lo que se declara su validez;

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TERCERA.- La Constitución Política, en el artículo\n 81, garantiza el derecho a acceder a fuentes de información\n , estableciendo que no existirá reserva respecto de informaciones\n que reposen en los archivos públicos, exceptuando los\n documentos para los que tal reserva sea exigida por razones de\n defensa nacional y por otras causas expresamente establecidas\n por la ley.

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CUARTA:- Las recurrentes pretenden se les presente la información\n constante en el acta de la audiencia preliminar llevada a cabo\n en el Juzgado Segundo de lo Penal del Guayas el 14 de Mayo de\n 2004, dentro de la causa penal No. 595-2003.

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QUINTA.- Revisado el proceso se determina que en la audiencia\n pública efectuada, el demandado entrega el documento solicitado\n por las recurrentes. A fojas 8 a 16 vuelta, consta la copia certificada\n de la denominada "ACTA CORRESPONDIENTE A LA ORGANIZACION\n Y DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR CELEBRADA EN EL JUICIO\n PENAL N° 595-03".

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SEXTA.- No obstante que el demandado ha entregado la información\n solicitada, cumpliéndose así el objetivo del recurso\n de acceso a la información, el Juez de instancia, en resolución\n emitida el 1° de junio de 2004, considera que, al no haber\n asistido las recurrentes a la audiencia pública, se ha\n configurado el desistimiento, fundamentado en lo dispuesto en\n el artículo 50 de la Ley de Control Constitucional, a\n la que, según su criterio remite el artículo 22\n de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información\n que dispone "La Ley de Control Constitucional será\n norma supletoria en el trámite de este recurso".

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Al respecto, la Sala puntualiza que si bien el referido artículo\n 22 determina la supletoriedad de la Ley de Control Constitucional,\n deberá entenderse que se aplicarán las disposiciones\n de esta ley para lo que no se halle previsto en la Ley de Acceso\n a la Información. Cabe señalar que el mismo artículo\n 22, prevé la realización de la audiencia pública\n en la instancia judicial, determinando, en el sexto inciso que\n será convocada el mismo día en que se plantee el\n recurso, y se realizará dentro de las 24 horas siguientes;\n establece también que se dictará la resolución\n en el término de dos días de realizada la audiencia,\n aún si el poseedor de la información no asistiere\n a ella. De manera que lo relativo a la audiencia pública\n se encuentra previsto en la Ley de la materia, por lo que mal\n hace el juez de instancia en aplicar la disposición del\n artículo 50 de la Ley de Control Constitucional, relativa\n al procedimiento en la acción de amparo, pues habiendo\n previsto la LOTAI lo relativo a la audiencia, no cabe aplicarse\n de una norma ajena a la naturaleza de este recurso, como es una\n que regula la acción de amparo constitucional.

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SEPTIMA.- Por cuanto en el proceso consta la información\n a la que solicitaron acceso las recurrentes, se encuentra cumplida\n su pretensión.

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Por las consideraciones que anteceden, la Segunda Sala del\n Tribunal Constitucional en ejercicio de sus atribuciones:

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RESUELVE:

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1.- Por cuanto se ha entregado la información requerida,\n no existe materia sobre la cual pronunciarse; y,

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2.- Devolver el expediente para los fines de ley.- Notifíquese\n y publíquese.

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f.) Dr. Carlos Soria Zeas, Presidente, Segunda Sala.

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f.) Dr. Jacinto Loaiza Mateus, Vocal, Segunda Sala.

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f.) Dr. José García Falconí, Vocal, Segunda\n Sala.

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RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional\n a los veinte y cinco días del mes de abril del año\n dos mil seis.- Lo certifico.

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f.) Dra. Aída García Berni, Secretaria Segunda\n Sala.

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Fiel copia del original.- SEGUNDA SALA.- f.) Secretaria de\n Sala.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

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No.\n 0923-04-RA

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Magistrado ponente: Dr. Carlos Soria\n Zeas

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CASO No. 0923-04-RA

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
\n SEGUNDA SALA

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ANTECEDENTES:

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El Coronel (r) Víctor Delfín Díaz Guerra,\n por sus propios derechos, interpone ante el Juez Vigésimo\n de lo Civil de Pichincha, acción de amparo constitucional\n en contra de los señores Alcalde, Procurador Síndico,\n Administrador Zonal, y Subprocurador del Valle de los Chillos,\n del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. En lo principal,\n el accionante manifiesta lo que sigue:

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Que según lo previsto en el artículo 368 de\n la Ley de Régimen Municipal, el pago de los derechos de\n registro se deben realizar dentro del plazo de treinta días\n de celebrado el contrato respectivo u otorgado el documento del\n caso;

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Que mediante sentencia ejecutoriada dictada el 28 de octubre\n de 2003, por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Quito, protocolizada en la Notaría Cuarta del cantón,\n el 16 de junio de 2004, adquirió por Prescripción\n Adquisitiva Extraordinaria el derecho de dominio del lote de\n terreno número 346 de la Urbanización La Armenia,\n ubicada en la parroquia de Conocoto, provincia de Pichincha;

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Que los Magistrados de la Segunda Sala de la Corte Superior\n de Justicia, ordenan que ejecutoriada la sentencia se la inscriba\n en el registro de la Propiedad del cantón, por lo cual\n acudió a la Administración Zonal Valle de los Chillos\n del Municipio Metropolitano de Quito, a pagar los derechos de\n registro de catastro, por la transferencia de dominio del inmueble;

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Que el Administrador Zonal violentando todo principio legal\n y constitucional, se ha negado a dar trámite a la carpeta\n presentada el 23 de junio de 2004;

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Que ante los reclamos verbales y por escrito que realizó\n el accionante, el Administrador Zonal del Valle de los Chillos,\n por iniciativa del Dr. Fausto Borja, Subprocurador de la Zona\n Valle de los Chillos, le solicitó que presente copia certificada\n de todo el proceso, a lo cual dio cumplimiento, sin que hasta\n la fecha se haya presentado el informe en correspondencia, el\n cual es necesario para poder pagar los impuestos de registro\n de transferencia de dominio;

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Que la actitud del doctor Fausto Borja, Subprocurador Síndico,\n le causa daño y presume que tiene algún compromiso\n político o económico con los herederos del demandado\n en la acción por la cual se le confiere la propiedad;

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Que los demandados han incurrido en el delito de desacato\n a una resolución judicial, sentencia que se encuentra\n ejecutoriada, de conformidad con lo señalado en los artículos\n 299 y 301 del Código de Procedimiento Civil;

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Que se han violentado los derechos establecidos en la Constitución\n y en la Ley. Cita el inciso segundo del numeral 17 del artículo\n 24 en concordancia con el artículo 95 de la Constitución\n Política del Estado; y,

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Que fundamentado en los artículos 95 de la Carta Magna\n y 46 de la Ley del Control Constitucional, interpone acción\n de amparo constitucional y solicita que se cumpla en forma inmediata\n con lo establecido en la Resolución Judicial y en lo prescrito\n en el artículo 368 de la Ley de Régimen Municipal,\n de que se le acepte el pago de los derechos de registro de transferencia\n de dominio de la Escritura Pública presentada.

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El Juez Vigésimo de lo Civil de Pichincha, mediante\n providencia de 14 de septiembre de 2004, aceptó la demanda\n a trámite y convocó a las partes a la audiencia\n pública fijada el 21 de septiembre de 2004, a las 09h00.

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En el día y hora señalados se realizó\n la audiencia pública a la que compareció el actor,\n quien por intermedio de su abogado defensor se ratificó\n en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. El abogado\n defensor del Alcalde y del Procurador Síndico del Municipio\n del Distrito Metropolitano de Quito, ofreciendo poder o ratificación,\n manifestó que no existe acto u omisión que motive\n la presente acción de amparo constitucional; que lo que\n se está resolviendo es sobre el Catastro de la Sentencia\n de Prescripción dictada por la Corte Superior de Justicia\n en relación con la demanda presentada por el señor\n Víctor Delfín Díaz Guerra contra la Fundación\n Cornelio Pólit de Espinoza, la que se encuentra catastrada\n y la propiedad inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón\n Quito, a nombre de la señora Pamela Lilian Monge Froebelius;\n que el 30 de julio de 2004, ante la petición de Catastro,\n el Administrador Zonal del Valle de Los Chillos, expresó\n que no se ha negado el catastro de la sentencia, pero que se\n está realizando el análisis legal; que el 6 y el\n 18 de agosto de 2004, se notificó al abogado de la señora\n Pamela Lilian Monge Froebelius, para que comparezca a la audiencia\n que debía celebrarse el 13 de agosto de 2004, a las 12h00,\n diligencia a la que no concurrió; que en el segundo llamado\n a audiencia para el 25 de agosto de ese año, se requirió\n al abogado defensor los documentos que justifiquen la oposición\n al Catastro solicitado por el Coronel Víctor Delfín\n Díaz Guerra; que no existe ilegitimidad de lo actuado\n por parte del Municipio, que lo que se da es una actuación\n ajustada a las normativas constitucionales y legales, para garantizar\n los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso\n de los administrados involucrados; que una vez se resuelva respecto\n del registro del Catastro o la negativa, el señor Díaz\n Guerra o la señora Monge Froebelius, podrán acudir\n ante los órganos de la Función Judicial para hacer\n efectivos sus derechos; que el inmueble se encuentra catastrado\n a nombre de otra persona, la que tiene la sentencia ejecutoriada\n de Reivindicación de la Corte Superior de Justicia, emitida\n por la Sexta Sala el 30 de octubre de 2001, en la que se dispone\n que el Coronel Delfín Díaz restituya el inmueble\n a la Fundación Cornelio Pólit. Por lo señalado,\n solicitó se deseche la acción de amparo constitucional\n planteada.

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Por su parte, el abogado defensor de los señores Administrador\n Zonal y Subprocurador del Valle de Los Chillos del Distrito Metropolitano\n de Quito, ofreciendo poder o ratificación, expresó\n que con fundamento en lo señalado en el artículo\n 28 de la Ley de Modernización del Estado, se requirió\n se presenten copias certificadas de las sentencias a favor del\n señor Díaz Guerra y de la señora Monge Froebelius,\n respectivamente, y de cualquier otro documento que sirva para\n determinar sobre el derecho que se reclama por las dos partes;\n que se convocó a audiencia a fin de que se pueda exponer\n documentadamente sobre lo alegado, no habiendo acudido a la primera\n diligencia señalada; que en el segundo llamado a audiencia,\n se pudo obtener copia certificada de la sentencia de reivindicación;\n que no ha existido de parte de la Administración Zonal,\n acto u omisión y peor del Subprocurador de la Administración\n Zonal, ya que lo que se ha pretendido es dilucidar en derecho\n dos posiciones contradictorias.

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La abogada defensora del Procurador General del Estado, ofreciendo\n poder o ratificación, manifestó que la sentencia\n dictada por la Corte Superior de Justicia, dentro del juicio\n de Prescripción Adquisitiva de Dominio, que se encuentra\n ejecutoriada, según relato de las partes, está\n en la etapa de ejecución, la cual no ha concluido y que\n no procede concluirla, como pretende el accionante, interponiendo\n una acción de amparo constitucional; que le corresponde\n al juez común que conoció la causa, la ejecución\n de la sentencia; que no se advierte omisión ni acto ilegítimo\n por parte de la Municipalidad que violente los derechos constitucionales\n del accionante; que al no concurrir los presupuestos del artículo\n 95 de la Constitución, la acción es improcedente,\n por lo que solicitó que así sea declarada y se\n la rechace.

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El 28 de septiembre de 2004, el Juez Vigésimo de lo\n Civil de Pichincha resolvió negar el recurso de amparo\n constitucional planteado, en consideración a que las autoridades\n municipales están tratando de solucionar una oposición\n a lo solicitado por el accionante en el ámbito administrativo,\n lo cual no constituye una negativa u omisión a las pretensiones\n del pago o cobro de los derechos de registro a que aspira el\n recurrente.

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Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo correspondiente\n y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se\n establecen las siguientes:

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CONSIDERACIONES:

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PRIMERA.- El Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver este caso, de conformidad con lo dispuesto en el numeral\n 3 del artículo 276 de la Constitución de la República.

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SEGUNDA.- No se advierte omisión de solemnidad sustancial\n alguna que pueda incidir en la resolución del presente\n caso, por lo que se declara su validez.

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TERCERA.- Del texto constitucional y de la normativa singularizada\n en la Ley del Control Constitucional, se establece de manera\n concluyente que la acción de amparo es procedente cuando\n de manera simultánea y unívoca, concurren los siguientes\n presupuestos: a) Existencia de un acto u omisión ilegítimos\n de autoridad pública; b) Que siendo violatorio de un derecho\n subjetivo constitucional; c) Cause o amenace causar un inminente\n daño grave.

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CUARTA.- Una autoridad pública incurre en omisión\n ilegítima cuando, a pesar de ser competente y estar obligado\n por norma expresa a ello, no ha emitido un pronunciamiento o\n no ha ejecutado un acto. En el caso concreto, es pretensión\n del accionante que se compela a las autoridades demandadas, a\n que se le acepte el pago del impuesto de registro por transferencia\n de dominio, generado como consecuencia del fallo expedido el\n 28 de octubre de 2003 por la Segunda Sala de la H. Corte Superior\n de Justicia de Quito, protocolizada en la Notaría Cuarta\n del Cantón el 24 de junio de 2004, en virtud del cual\n adquirió por prescripción adquisitiva extraordinaria,\n el derecho de dominio del lote de terreno número 346 situado\n en la Urbanización La Armenia, de la parroquia Conocoto,\n perteneciente al cantón Quito, provincia de Pichincha.

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QUINTA.- De folios 1 a la 5 del expediente de primer nivel,\n consta la sentencia expedida por la Segunda Sala de la H. Corte\n Superior de Justicia de Quito, el 28 de octubre del 2003 a las\n 15H00, en la cual se declara que el señor Coronel (r)\n Víctor Delfín Díaz Guerra adquirió\n por prescripción el derecho de dominio sobre el lote de\n terreno signado con el número 346, de la Urbanización\n La Armenia, situada en la parroquia Conocoto del cantón\n Quito. De igual manera, dicho pronunciamiento judicial dispone\n que una vez ejecutoriada la sentencia, ésta se inscriba\n en el Registro de la Propiedad de Quito.

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Vale señalar, que si bien es cierto no consta de autos\n razón actuarial alguna que certifique que la sentencia\n de marras se encuentra ejecutoriada, tal hecho se presume como\n acaecido, atento a lo estipulado en el primer inciso del artículo\n 32 del Código Civil, Codificado, toda vez que la alegación\n que a este respecto hace el actor de la presente causa en su\n libelo inicial no ha sido contrariada, negada o desvirtuada por\n las autoridades demandadas ni por la ciudadana Pamela Monge Frebelius,\n quien también aduce ser propietaria del referido predio,\n y cuya comparecencia dentro de la especie se establece de fojas\n 38 a la 39 del cuaderno de primer nivel.

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SEXTA.- El artículo 603 del Código Civil, Codificado,\n señala que los modos de adquirir el dominio son la ocupación,\n la accesión, la tradición, la sucesión por\n causa de muerte y la prescripción, siendo esta última\n de dos clases: Ordinaria y Extraordinaria. 1

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El artículo 2.392 ibídem define a la prescripción\n como "un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguirse\n las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las\n cosas, o no haberse
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\n 1 Ver artículo 2.405 del Código Civil Codificado\n (R. O. Suplemento No. 46 del 24 de junio del 2005)

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ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto tiempo,\n y concurriendo los demás requisitos legales".

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Por su parte, el artículo 2.411 del mismo cuerpo de\n leyes, preceptúa que el tiempo necesario para adquirir\n las cosas mediante prescripción extraordinaria, contra\n toda persona, es de quince años, siendo obligación\n de aquel que quiera aprovecharse de sus efectos, alegarla ante\n juez competente. 2

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Según reza de las piezas agregadas al expediente, el\n actor dedujo ante el Juez Tercero de lo Civil de Pichincha, demanda\n de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio\n del bien raíz descrito en el considerando quinto de este\n fallo, la cual es aceptada en segunda instancia por la Segunda\n Sala de lo Civil de la H. Corte Superior de Justicia de Quito,\n según sentencia expedida el 28 de octubre del 2003, la\n misma que ejecutoriada, permitió al accionante adquirir\n el dominio sobre dicho inmueble.

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En relación al aserto señalado en el párrafo\n que antecede, es menester indicar que el artículo 705\n del Código Civil, Codificado, dispone que en todos los\n casos en que por una sentencia ejecutoriada se reconociere como\n adquirido por prescripción el dominio, "servirá\n de título esta sentencia, y se inscribirá en el\n respectivo registro o registros".

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SEPTIMA.- Es importante traer a colación que, acorde\n a su naturaleza, los juicios ordinarios son procesos de conocimiento\n que se sustancian ante jueces competentes con el objeto de lograr,\n mediante sentencia, el reconocimiento de un derecho o situación\n jurídica a favor del o los accionantes, produciendo de\n esta manera efectos constitutivos o declarativos. Es decir, que\n las resoluciones judiciales emitidas dentro de esta clase de\n procesos, tienden en algunos casos a dotar a la parte en cuyo\n beneficio se pronuncian, nuevos estados jurídicos; y,\n en otros, se limitan únicamente al reconocimiento de derechos\n preexistentes.

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Amén de los efectos constitutivos o declarativos -reconocimiento\n de derechos- que producen las sentencias ejecutoriadas o firmes\n libradas dentro de los procesos de conocimiento, se originan\n los llamados efectos reflejos o colaterales que, por lo general,\n no suelen estar contemplados expresamente en los fallos judiciales\n y que por ello, a decir del jurista español Emilio Gómez\n Orbaneja, se producen por añadidura.

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En consecuencia, reconocido judicialmente un derecho a favor\n del demandante, concierne que el mismo se haga efectivo, sin\n que medie necesariamente para ello un juicio de ejecución\n 3 y sin que haya lugar a la fijación de circunstancias\n que impidan llevar a la práctica tal derecho, a no ser\n que se trate de aquellas originadas en virtud de la ley o de\n mandato judicial (vr. gr. una acción de nulidad de una\n sentencia que obstaculice su ejecución).

\n\n

OCTAVA.- En la sentencia antes aludida, la Segunda Sala de\n lo Civil de la H. Corte Superior de Justicia, a más aceptar\n la pretensión del demandante, dispone que una vez que\n dicho fallo pase por autoridad de cosa juzgada -es decir, cuando\n se halle ejecutoriado-, debe ser inscrito en el Registro de la\n Propiedad del cantón Quito, acorde a lo establecido en\n el artículo 705 del Código Civil, Codificado, sin\n que haya lugar a interpretar que el cumplimiento de tal mandato\n judicial tenga que estar sometido a condicionamiento o restricción\n de ningún tipo.

\n\n

Sin embargo, y de forma previa a la inscripción de\n la sentencia en el Registro de la Propiedad, por ser ésta\n un título translativo de dominio, el actor en la presente\n acción de amparo constitucional, tuvo que someterse a\n lo dispuesto en el artículo 368 de la Ley Orgánica\n de Régimen Municipal, según el cual los derechos\n de registro por transferencia de dominio deben ser pagados dentro\n del plazo de treinta días de celebrado el respectivo contrato\n u otorgado el documento pertinente, que en el caso que nos ocupa,\n es la referida sentencia.

\n\n

Conforme lo manifiesta el accionante en su demanda, a fin\n de dar cumplimiento al mandato legal antes mencionado, concurrió\n a la Administración "Zona Valle de los Chillos"\n del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para pagar\n los respectivos derechos de registro; empero, tal solicitud no\n es atendida por dicha entidad, sino que más bien merece\n contestación del Administrador Zonal del Valle de los\n Chillos, mediante oficio número 0001794 AYC-AZVCH del\n 30 de julio del 2004 (foja 60 de los autos), cuya parte medular\n obedece al siguiente tenor:
\n _____________________
\n 2 Ver artículo 2.393 del Código Civil Codificado\n (R. O. Suplemento No. 46 del 24 de junio del 2005).
\n 3 Ver artículo 490 del Código de Procedimiento\n Civil, Codificado (R. O. Suplemento No. 58 del 12 de julio del\n 2005).
\n "Luego de reunión mantenida con el Subprocurador\n de esta Administración Dr. Fausto Borja y revisada la\n documentación presentada con guía CE-535 en la\n que se solicita el cambio de nombre de propietario según\n prescripción; se determinó que dicha prescripción\n es en contra de la Fundación Cornelio Pólit de\n Espinosa, y de acuerdo al certificado de gravámenes adjunto,\n la fundación vendió a la Compañía\n Fincas Urbanas S. A. FUSA, la misma que vendió a la Srta.\n Pamela Lilian Monge Froebelius, quien es la última propietaria,\n por lo que el Dr. Fausto Borja sugirió se solicite el\n expediente completo para poder emitir el criterio legal respectivo.

\n\n

Por lo indicado, en ningún momento nos hemos negado\n a catastrar la sentencia, lo que requerimos es el criterio legal\n correspondiente".

\n\n

De lo expuesto en la comunicación de marras, se puede\n apreciar que el Administrador Zonal del Valle de los Chillos\n trata de justificar la omisión en la que ha incurrido,\n argumentando la existencia de diversas circunstancias y motivos\n que de ninguna manera pueden obstar el reconocimiento del derecho\n contenido en la sentencia judicial expedida a favor del accionante,\n pues, como quedó dicho en líneas anteriores, esta\n constituye, por mención legal, título translativo\n de dominio suficiente, con la misma eficacia que si se tratase\n de una escritura pública, tal como lo contempla el artículo\n 2.413 del Código Civil, Codificado, por lo que no había\n razón o causa legal alguna para que el referido funcionario\n no proceda a efectuar el catastro con fundamento en dicho título,\n y por consiguiente, le impida al accionante la posibilidad de\n pagar el impuesto de registro como paso previo a la inscripción\n de la sentencia en el Registro de la Propiedad correspondiente.

\n\n

NOVENA.- A no dudarlo, la omisión en la que incurrió\n el Administrador Zonal del Valle de los Chillos del Municipio\n del Distrito Metropolitano de Quito, es ilegítima, y le\n causa al accionante un daño grave e inminente, toda vez\n que ha conculcado su derecho fundamental de petición (Art.\n 23, numeral 15 de la Constitución), al habérsele\n privado de la posibilidad de proseguir con el trámite\n administrativo pertinente -el catastro- cuya conclusión\n le permita estar en aptitud de pagar el impuesto de registro\n como paso previo a la inscripción en el Registro de la\n Propiedad correspondiente, de la sentencia por la cual adquirió\n por prescripción el dominio sobre un bien raíz;\n su derecho fundamental a la propiedad (Art. 23, numeral 23 de\n la Constitución), puesto que como consecuencia de lo anterior,\n se le impide el ejercicio de las facultades que le atañen\n como propietario o dueño de una cosa corporal, esto es,\n las de uso, goce y disposición; y, su derecho fundamental\n a la seguridad jurídica (Art. 23, numeral 26 de la Constitución),\n ya que al no permitirse la ejecución del derecho que le\n otorga el referido fallo judicial, se contradice su eficacia\n y, por tanto, el imperio del sistema procesal como medio para\n la realización de justicia.

\n\n

DÉCIMA.- Siendo la acción de amparo constitucional\n un mecanismo de tutela de los derechos y garantías constitucionales\n de las personas, cuyo objeto es el de remediar las consecuencias\n de la omisión ilegítima, mandando a la autoridad\n a hacer el acto que ha omitido o dejado de realizar, corresponde\n en la especie, por una parte, que se proceda a concluir el trámite\n administrativo de catastro a favor del señor Coronel (r)\n Víctor Delfín Díaz Guerra, tomando como\n sustento el título que comporta la sentencia señalada\n en el considerando quinto de esta resolución; y, por otra\n parte, que se efectúe el respectivo cobro del impuesto\n de registro por transferencia de dominio, siendo responsabilidad\n de la parte demandada el estricto cumplimiento de lo aquí\n ordenado.

\n\n

Por las consideraciones expuestas, la Segunda Sala del Tribunal\n Constitucional, en uso de sus atribuciones constitucionales y\n legales,

\n\n

RESUELVE:

\n\n

1. Revocar la resolución venida en grado; y, en consecuencia,\n conceder la acción de amparo constitucional propuesta\n por el señor Coronel (r) Víctor Delfín Díaz\n Guerra.

\n\n

2. Devolver el expediente al Juez de origen para los fines\n contemplados en el artículo 55 de la Ley Orgánica\n de Control Constitucional.

\n\n

Notifíquese y publíquese.

\n\n

f.) Dr. Carlos Soria Zeas, Presidente, Segunda Sala.

\n\n

f.) Dr. Jacinto Loaiza Mateus, Vocal, Segunda Sala.
\n f.) Dr. José García Falconí, Vocal, Segunda\n Sala.

\n\n

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional\n a los veinte y seis días del mes de abril del año\n dos mil seis.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dra. Aída García Berni, Secretaria Segunda\n Sala.

\n\n

Fiel copia del original.- SEGUNDA SALA.- f.) Secretaria de\n Sala.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

\n\n

 

\n\n

No.\n 1019-004-RA

\n\n

Magistrado ponente: Dr. José\n García Falconí

\n\n

CASO Nº 1019-2004-RA

\n\n

SEGUNDA SALA DEL
\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

ANTECEDENTES:

\n\n

Interpone acción de amparo constitucional el señor\n Galo Enrique Palacios Zurita, en contra del Alcalde y del Procurador\n Síndico del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito\n y manifiesta que es propietario de los departamentos 10B y 11B\n y de la bodega 1B, en el Edifico Brisas del Cristal, en la Urbanización\n Iñaquito Alto, parroquia Chaupicruz, de la ciudad de Quito,\n como certifica la escritura de compra venta, celebrada el 19\n de abril de 2001, en la Notaría del cantón Patate,\n inscrita en el Registro de la Propiedad el 29 de mayo de 2001.\n Que por denuncia presentada por algunos condóminos en\n contra del ingeniero constructor, el Alcalde del Distrito Metropolitano\n de Quito, el 17 de marzo de 2004, dictó la resolución\n No. 20-2004, la que ratifica la del Comisario Metropolitano Laderas\n del Pichincha, No. 224CMLDP de 9 de julio de 2003, y dispone\n que el constructor proceda a derrocar "lo ilegalmente construido",\n lo que afecta las suites 10 y 11 y bodega 1 de las cuales es\n propietario. Que no ha sido parte del procedimiento de sanción\n impuesta por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito,\n ni lo fue en la instancia inferior, por lo que no fue notificado\n con el inicio del procedimiento administrativo investigativo\n ni con su conclusión, sin que pueda ejercer su derecho\n de defensa en ninguna etapa del proceso. Que se han violentado\n los artículos 23 numerales 23 y 27; 24 numerales 10 y\n 12; y, 30 de la Constitución Política del Estado.\n Que el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito no podía\n juzgarlo y decidir sobre sus bienes, debido a que no fue el profesional\n constructor, ni el acusado de haber infringido una norma jurídica\n atinente al control municipal, por lo que la autoridad ha actuado\n sin competencia, fuera de la norma del artículo 119 de\n la Constitución. Que se le ha causado daño grave,\n por lo que demanda amparo constitucional en contra del acto expedido\n por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, para que\n se disponga la suspensión definitiva del mismo y se le\n restituya sus derechos.

\n\n

En la audiencia pública efectuada comparece el abogado\n defensor del Alcalde y el Procurador Síndico del Municipio\n del Distrito Metropolitano, ofreciendo poder o ratificación,\n quien manifestó que en la demanda el accionante se refiere\n a la Resolución de la Alcaldía No. 20-2004, la\n que no corresponde al acto administrativo municipal del que solicita\n el amparo constitucional. Que en el presente caso quien declara\n bajo juramento no haber interpuesto una acción similar\n y ofrece ratificación del demandante, es su abogado, lo\n que vicia el procedimiento de la acción y solicita se\n tome en cuenta la resolución emitida por la Tercera Sala\n del Tribunal Constitucional No. 162-99-RA-III-S de 13 de octubre\n de 1999, dentro del caso 274. Que el artículo 196 de la\n Constitución Política de la República determina\n que todos los actos administrativos son impugnables ante los\n jueces competentes de la Función Judicial y en la forma\n que determina la Ley. Que los artículos 19 y 21 de la\n Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito,\n disponen que los actos emitidos por la administración\n que hayan causado estado, sea por no haberse interpuesto recurso\n respecto de los mismos o en razón de haberse resuelto\n el recurso interpuesto en sede administrativa, son impugnables\n ante los jueces competentes por la vía judicial. Que el\n recurso planteado no reúne los elementos establecidos\n en el artículo 95 de la Constitución, en concordancia\n con los artículos 46 de la Ley del Control Constitucional\n y 1 de la Resolución de la Corte Suprema de Justicia,\n publicada en el Registro Oficial No. 378 de 27 de julio de 2001.\n Que corresponde al accionante demostrar que ha existido acto\n ilegítimo de la autoridad accionada y que el mismo es\n inconstitucional, lo que no ha sucedido en el presente caso.\n Que de acuerdo con el artículo 228 de la Carta Magna,\n la Municipalidad goza de plena autonomía y en uso de su\n facultad legislativa tiene competencia para ejercer las acciones\n que por ley se le asigne. Que los artículos 2 numeral\n 1 y 8 numeral 2 de la Ley de Régimen para el Distrito\n Metropolitano de Quito, consagran la facultad exclusiva y privativa\n del Municipio, para regular el uso y la adecuada ocupación\n del suelo y regular y controlar, con competencia exclusiva y\n privativa, dentro del cantón Quito, las construcciones\n o edificaciones, su estado, utilización y condiciones.\n Que el artículo R.II.283 del Código Municipal para\n el Distrito Metropolitano de Quito determina que quienes construyan,\n amplíen, modifiquen o reparen edificaciones, sin contar\n con los respectivos planos aprobados y con permisos de construcción,\n serán sancionados con una multa equivalente al ciento\n por ciento del fondo de garantía, sin perjuicio de que\n el Comisario Metropolitano ordene la suspensión de las\n obras hasta que presente el permiso de construcción, pudiendo\n llegar incluso hasta el derrocamiento. Que el artículo\n innumerado, añadido a continuación del artículo\n 490 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, establece\n que en los casos de construcciones que no se hubieren sujetado\n a lo establecido en los permisos de construcción y en\n los planos aprobados, o que se hayan hecho sin ellos en toda\n o en parte, la multa podrá ser de un monto igual al del\n fondo de garantía que se hubiere depositado para la construcción,\n sin perjuicio de que el Comisario de Construcciones ordene la\n demolición de la construcción. Que el artículo\n 7 inciso segundo de la Ley de Propiedad Horizontal determina\n que ninguno de los copropietarios puede hacer obras que signifiquen\n modificaciones en la estructura resistente, ni hacer aumentos\n de edificación en ningún sentido, ni horizontal\n ni vertical y para realizar esta clase de obras es necesario\n el consentimiento unánime de los copropietarios, elevado\n a escritura pública. Que en el expediente no existe prueba\n documental que los condóminos hayan consentido por unanimidad\n la realización de las construcciones detalladas en los\n Informes Técnicos referidos en los considerandos 4.2 y\n 4.3 de la Resolución de la Alcaldía No. 050-2004\n de 17 de marzo de 2004. Que al no existir el consentimiento unánime\n de los copropietarios y al no haberse construido de conformidad\n con los planos aprobados y tramitado la modificatoria a la declaratoria\n de propiedad horizontal, se configura la ilegalidad de las construcciones\n efectuadas por el copropietario y constructor del Condominio\n Brisas del Cristal, lo que ameritó la sanción estipulada\n en el artículo innumerado añadido a continuación\n del artículo 490 de la Ley Orgánica de Régimen\n Municipal. Que no existen derechos constitucionales violados,\n en razón a que se ha actuado con evidente desacato a la\n normativa municipal, siendo el constructor y el condómino\n los que violan la Constitución al anteponer un interés\n particular a los intereses de los demás copropietarios.\n Por lo señalado solicita se niegue el amparo constitucional\n interpuesto.- El Director Nacional de Patrocinio, delegado del\n Procurador General del Estado, expresó que el accionante\n no especifica en qué momento se han atropellado los principios\n constitucionales, por lo que no existe amenaza de causar daño\n grave. Que la orden de demolición de la autoridad municipal\n es legal, no violenta ningún derecho constitucional del\n recurrente y fue tomada de conformidad con las atribuciones que\n le confiere la Ley de Régimen Municipal y la Ordenanza\n de Uso del Espacio y la Vía Pública. Por lo expuesto\n solicita se rechace la acción planteada y se aplique el\n artículo 56 de la Ley del Control Constitucional.- El\n abogado defensor del recurrente, ofreciendo poder o ratificación,\n se reafirma en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

\n\n

El Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha,\n resuelve no conceder el amparo solicitado, en consideración\n a que en este caso, cabe la acción de inconstitucionalidad\n que debe proponerse ante el Tribunal Constitucional.

\n\n

Con estos antecedentes, la Segunda Sala, para resolver, realiza\n las siguientes

\n\n

CONSIDERACIONES:

\n\n

PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y resolver el\n presente caso de conformidad con lo que dispone el artículo\n 276, número 3, de la Constitución Política\n de la República.

\n\n

SEGUNDA.- La acción de amparo procede, entre otros\n aspectos, ante la concurrencia simultánea de los siguientes\n elementos: a) que exista un acto u omisión ilegítimo\n de autoridad pública; b) que el acto viole o pueda violar\n cualquier derecho consagrado en la Constitución, convenio\n o tratado internacional vigente; c) que el acto u omisión\n de modo inminente, amenace con causar un daño grave. También\n procede el amparo constitucional ante actos de particulares que\n prestan servicios públicos o cuando su conducta afecte\n grave y directamente un interés comunitario, colectivo\n o un derecho difuso.

\n\n

TERCERA.- Un acto es ilegítimo cuando ha sido dictado\n por una autoridad que no tiene competencia para ello, que no\n se lo haya dictado con los procedimientos señalados por\n el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario\n al ordenamiento jurídico vigente o bien que se lo haya\n dictado sin fundamento o suficiente motivación, por lo\n tanto, el análisis de legitimidad del acto impugnado no\n se basa solo en el estudio de competencia, sino también\n de su forma, contenido, causa y objeto.
\n .
\n CUARTA.- El accionante manifiesta en su demanda que el Alcalde\n del Distrito Metropolitano de Quito el 17 de marzo de 2004 dicto\n la resolución Nº 20-2004, ratificatoria de la del\n Comisario Metropolitano Laderas del Pichincha N° 224CMLDP\n de 9 de julio de 2003, resolución respecto a la cual solicita\n amparo constitucional.

\n\n

El abogado defensor del Alcalde y del Procurador Síndico\n del Municipio Metropolitano de Quito en la audiencia efectuada\n señala que el accionante se refiere a la resolución\n Nº 20-2004 que no corresponde al acto administrativo municipal\n que impugna.

\n\n

CUARTA.- La Sala advierte que, en realidad, la resolución\n Nº 20-2004 a la que hace referencia el accionante no corresponde\n ni en su contenido ni en su numeración a la que ha ratificado\n la resolución del Comisario Metropolitano Laderas del\n Pichincha que menciona como antecedente,

\n\n

Al respecto cabe señalar que la acción de amparo\n constitucional se orienta a tutelar los derechos de las personas\n ante actos ilegítimos de autoridad, por lo que es necesario\n que el acto que se impugna se encuentre perfectamente identificado\n a efectos de poder realizar el análisis de legitimidad\n del mismo, así como el examen de vulneración de\n derechos y de daño que pudiere causar, caso contrario,\n el juez constitucional y este Tribunal se encuentran imposibilitados\n de decidir sobre un acto distinto al que el accionante pretende\n impugnar, considerando la imparcialidad con la que debe actuar\n quien ejerce jurisdicción constitucional, tanto más\n que el objetivo de la acción de amparo, de ser procedente\n ésta, es precisamente que quede sin efecto el acto impugando,\n por lo que mal se podría resolver, en el presente caso,\n respecto de una resolución ajena a la que pretende el\n accionante.

\n\n

Por las consideraciones anotadas, y en ejercicio de sus atribuciones\n LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

\n\n

RESUELVE:

\n\n

1.- Confirmar la Resolución del Juez de Instancia;\n en consecuencia, negar el amparo constitucional propuesto por\n el señor Galo Enrique Palacios Zurita;

\n\n

2.- Devolver el expediente al Juez de Instancia para los fines\n consiguientes.-Notifíquese y publíquese.

\n\n

f.) Dr. Carlos Soria Zeas, Presidente, Segunda Sala.

\n\n

f.) Dr. Jacinto Loaiza Mateus, Vocal, Segunda Sala.

\n\n

f.) Dr. José García Falconí, Vocal, Segunda\n Sala.

\n\n

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional\n a los veinte y siete días del mes de abril del año\n dos mil seis.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dra. Aída García Berni, Secretaria Segunda\n Sala.

\n\n

Fiel copia del original.- SEGUNDA SALA.- f.) Secretaria de\n Sala.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

\n\n

 

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No. 1049-2004-RA

\n\n

Magistrado ponente: Dr. Jacinto Loaiza\n Mateus

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CASO No. 1049-2004-RA

\n\n

TRIBUNAL

 

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