Registro Oficial

Registro Oficial No. 584 - Miércoles 6 de Mayo de 2009 SUPLEMENTO

Miércoles, 06 de mayo de 2009

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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REGISTRO OFICIAL

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Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

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Presidente Constitucional de la República del Ecuador

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Miércoles, 06 de Mayo de 2009 - R. O. No. 584

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SUPLEMENTO

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DICTAMEN:
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0002-2008-CI Emítese dictamen favorable de constitucionalidad del Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques, 2004, por no contravenir la Constitución de la República

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RESOLUCIONES:
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0021-2007-TC Niégase la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Carlos Benjamín González Albornoz

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0027-2007-TC Deséchase la demanda de inconstitucionalidad del mandato del artículo 66 de la Ley Orgánica de Educación Superior; artículo 5, letra h); inciso segundo del artículo 102 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA); y, artículo 2, letra d) de su Reglamento de Aplicación, planteada por el licenciado Washington Ángel Rodas Román, en su calidad de Presidente de la Federación Nacional de Empleados, Trabajadores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, FENATUPE

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1321-2007-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por Diego Ramiro Castro Morales

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1327-2007-RA Confírmase la resolución del Juez inferior y niégase la acción de amparo propuesta por Luis Angel Pulupa Navarrete

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0003-2008-DI Declárase que por ser contrario a la Constitución, se encuentra derogado el artículo 79 del Código Penal Militar

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0021-2008-TC Declárase que por ser contrarios a la Constitución, se encuentran derogados los literales e) y f) del Art. 5-B; tercer inciso del mismo artículo; y, del Art. 5-D de la Ley de  Radiodifusión  y  Televisión

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0170-2008-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por el Policía Nacional  William  Patricio  Yanguicela Yañez

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1445-2008-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo presentada por el señor Edgar Leiton, procurador común de funcionarios administrativos de diferentes instituciones públicas del Ecuador

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1580-2008-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta por el Cabo Segundo de Policía Nacional Víctor Manuel Borja Padilla

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DICTAMEN No. 0002-2008-CI

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Juez Ponente: Dr. Hernando Morales Vinueza

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“LA CORTE CONSTITUCIONAL,

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para el período de transición

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En el caso signado con el Nro. 0002-2008-CI
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ANTECEDENTES:
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El economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República, mediante oficio No. T.3044-SGJ-08-2848, de 13 de octubre de 2008, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 162, en concordancia con el numeral 5 del artículo 276 e inciso segundo del numeral 5 del artículo 277 de la Constitución Política de 1998, solicitó del Pleno del Tribunal Constitucional el dictamen de conformidad respecto del “Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, 2004.

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CONSIDERANDO:
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PRIMERO.- Competencia de la Corte Constitucional, para el período de transición.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 276, número 5, de la Constitución Política de la República de 1998, competía al Tribunal Constitucional dictaminar la conformidad con la Constitución, de tratados o convenios internacionales, previo su aprobación por parte del Congreso Nacional. Durante la vigencia de este Código Político el señor Presidente de la República del Ecuador presentó ante el Tribunal Constitucional el dictamen de constitucionalidad del “Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, 2004.”

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La nueva Carta Fundamental, publicada en el Registro Oficial Nº 449 de 20 de octubre de 2008, en el artículo 438, número 2, faculta a la Corte Constitucional para emitir dictamen de constitucionalidad de los Tratados Internacionales, previamente a su ratificación por parte de la Asamblea Nacional.

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Entre las materias de los tratados internacionales que le corresponde ratificar a la Asamblea Nacional constan las que tengan el compromiso de expedir, modificar o derogar leyes y las que comprometen el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético, aspectos, que como se verá adelante, forman parte del Convenio a suscribirse.

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De conformidad con lo previsto en el artículo 27 del Régimen de Transición publicado con la Constitución de la República del Ecuador, en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008 y la Resolución publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 451 de 22 de octubre de 2008, la Corte es competente para conocer el presente caso.

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SEGUNDO.- Aspectos previos.- Para una mejor comprensión del tema, materia del Convenio, es necesario indicar que el tráfico marítimo incrementado por las relaciones comerciales que determinan el transporte de materias primas o productos manufacturados en grandes cantidades, en naves modernas diseñadas para el efecto, está ocasionando graves problemas ambientales y sanitarios.

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Estas naves transportan cargas pesadas, al descargar las mercancías se alivianan y se tornan inestables, razón por la que deben llevar agua, llamada lastre, a fin de conservar un peso adecuado. Esta agua a bordo se descarga y puede ser cambiada de puesto entre los tanques de lastre dentro de un barco; es usada para garantizar la maniobrabilidad y estabilidad del barco y además para compensar el resultado del consumo del combustible durante el viaje. Dependiendo del tamaño de la nave el agua que transporta puede llegar a varios cientos de litros, calculándose que las naves pueden llevar cien mil toneladas de litros de lastre anualmente y por tanto esta misma cantidad es descargada.

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El problema radica en que esta agua de lastre no solo es agua, contiene además millares de especies vivas, piedras y sedimento. Las plantas y animales que viajan por esta vía, no son nativos en los ecosistemas marinos de los países en los que se descarga el agua, los organismos grandes y pequeños, desde bacterias hasta peces que son trasportados y descargados con el agua de lastre, son exóticas, extranjeras o invasoras, incorporadas a un sistema extraño al de su hábitat pueden ocasionar graves perjuicios a los ecosistemas. Las denominadas especies invasores exóticas son consideradas una gran amenaza para la diversidad biológica, luego de la destrucción del hábitat; son también una amenaza para la salud humana, por ejemplo, la bacteria vibrión coleare, causante del cólera, enfermedad que puede ser mortal si no se atiende a tiempo con el tratamiento indicado. En el agua de lastre de cinco cargueros atracados en los Estados Unidos en los años 1991 y 1992 se encontró esta perjudicial bacteria.

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Este fenómeno, advertido por la comunidad internacional, ha determinado la adopción de varias medidas orientadas a disminuir su impacto, como establece la parte introductoria del Convenio; así, en la Convención Nacional de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 los Estados partes se comprometen a adoptar medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino por la introducción intencional o accidental de especies extrañas o nuevas que puedan causar cambios considerables; los objetivos del Convenio de Biodiversidad Biológica de 1992 y el hecho de la transferencia e introducción de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos por conducto del agua de lastre de los buques suponen una amenaza para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad biológica; la decisión IV/5 de la Conferencia de las partes del Convenio de Biodiversidad Biológica de 1998 relativa a la conservación y utilización sostenible de los sistemas marítimos y costeros y la decisión VI/23 de la Conferencia del mismo Convenio de 2002, sobre las especies exóticas que amenazan los ecosistemas, los habitats o las especies, a lo que se añade los principios sobre orientación de especies invasoras. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo ha solicitado a la Organización Marítima Internacional que considere la adopción de reglas apropiadas sobre la descarga del agua de lastre y otras instancias internacionales sobre planteamientos preventivos y plan de aplicación que insta a la aceleración de medidas para hacer frente al problema de las especies foráneas invasoras de las aguas de lastre.

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Ante la realidad de la descarga no controlada del agua de lastre y los sedimentos de buques que ocasiona la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos, causantes de daños al medio ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes y los recursos, la Organización Marítima Internacional ha adoptado resoluciones orientadas a tratar la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos; varios Estados, de manera individual han adoptado medidas tendentes a prevenir, reducir y eliminar estos riesgos vista la necesidad de prácticas más seguras y eficaces para la gestión del agua de lastre por medio de un adecuado control, evitar los efectos secundarios ocasionados por ese control y promover los avances de conocimientos y tecnología conexos.

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TERCERO.- Objetivo y contenido del convenio.- El Convenio Internacional Para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, 2004, se inscribe en el marco de la Organización Internacional del Mar, organismo especializado de las Nacionales Unidas cuyos objetivos primordiales son la mejora de la seguridad marítima y la prevención de la contaminación del mar, y del que Ecuador es parte desde 1956.

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El convenio se orienta a prevenir, reducir al mínimo, y eliminar los riesgos para el medio ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes y recursos como consecuencia de la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos por medio del control y la gestión en el manejo del agua del lastre y sedimentos de buques.

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Determina obligaciones generales de los Estados Parte para hacer efectivos los objetivos planteados y las disposiciones del Convenio, la posibilidad de que las Partes puedan individual o junto a otras Partes, adoptar medidas más rigurosas para conseguir el mismo objetivo; la colaboración de las Partes en la implantación, aplicación y cumplimiento del Convenio; el compromiso de fomentar el desarrollo continuo de la gestión del agua de lastre y de normas para conseguir el objetivo; el esfuerzo de las Partes que adopten medidas de conformidad con el Convenio, por no dañar ni deteriorar el medio ambiente, la salud de los seres humanos, los bienes o recursos propios o de otros Estados; garantizar que las medidas adoptadas no causen mayores daños que los que los que se previenen; alentar a los buques, en la medida de lo posible, a evitar la toma de agua de lastre que pueda contener organismos acuáticos perjudiciales o agentes patógenos; el esfuerzo por cooperar y hacer frente a amenazas y riesgos para la biodiversidad y ecosistemas sensibles.

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Los Estados partes del Convenio deben prescribir que los buques a los que se aplica las disposiciones del convenio cumplan el Convenio y adopten medidas que garanticen el cumplimiento, elaboraren políticas, estrategias, programas para la gestión del agua de lastre. De igual manera, los Estados partes deben garantizar instalaciones adecuadas para la recepción de sedimentos en puertos y terminales que se designe para efectuar reparación o limpieza de tanques de lastre.

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Los Estados Parte deberán fomentar la investigación científica, técnica y labor de vigilancia sobre la gestión del agua de lastre.

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Los Estados Partes, en su legislación establecerán las sanciones por infracciones al Convenio, compromiso que, en el caso del Ecuador, obligará a emitir la normativa legal para el efecto.

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De otra parte, el Convenio establece los procedimientos para posibles inspecciones de buques para verificar el cumplimiento de disposiciones del Convenio, así como las acciones a seguir en caso de detección de infracciones y control de buques y la notificación de medidas de control.

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Contiene el Convenio el compromiso de las Partes de brindar asistencia técnica, y cooperación regional en lo relativo al control y gestión del agua de lastre, y la obligación de comunicar a la Organización Marítima Internacional; y, cuando proceda a las demás Partes, información relativa a prescripciones y procedimientos: leyes, reglamentos, directrices para el cumplimiento del Convenio, existencia de instalaciones de recepción para eliminación de agua de lastre, entre otros.

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Prevé el Convenio diversas formas de solución de controversias surgidas entre las Partes en relación a su interpretación y aplicación, así: negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial, recursos ante organismos o acuerdos regionales o cualquier otro medio pacífico.

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Otras disposiciones contenidas en el Convenio dicen relación a la firma, entrada de vigor, enmiendas, denuncias, depositario.

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CUARTO.- Análisis de constitucionalidad del convenio.- Si bien la solicitud de dictamen de constitucionalidad del Convenio se presentó en la vigencia de la Constitución Política de 1998, la Corte Constitucional para el período de transición realiza el examen del referido instrumento bajo la vigencia de una nueva Carta Fundamental y es en el contexto de la misma que, de proceder, deberá suscribirse; consecuentemente, corresponde realizar el análisis respecto de la normativa constitucional vigente y en este sentido procede la Corte, señalando lo siguiente:

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a)     El artículo 14 de la Constitución reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay y, de otra parte, declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

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La Corte encuentra que, en última instancia, el Convenio, al prever la gestión del agua de lastre y sedimentos de los buques, se orienta a preservar el ambiente y el ecosistema marino y eliminar las consecuencias que una afectación a los mismos puede tener en la salud de las personas, consecuencia que, a no dudarlo, se enmarca en la garantía a la población que contiene la norma constitucional señalada.

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b)     El artículo 281 de la Constitución, al proclamar objetivo estratégico y obligación estatal la soberanía alimentaria, se orienta a garantizar a la población la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente; y, concretamente, entre las medidas que se adoptarán, aquella que señala: c) Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria.

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En este sentido, evitar que en las aguas en las que se realizan actividades pesqueras, se ubiquen posibles focos de contaminación como consecuencia de descargue de agua de lastre y sedimentos de buques, inicialmente, disminuir si impacto como prevé el Convenio, contribuye a lograr el objetivo planteado en la norma señalada, en tanto se preservará que los productos obtenidos de la pesca sean sanos y garanticen la salud de la población.

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c)     El convenio en estudio tiene presente que la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos provenientes de descargas de agua de lastre y sedimentos desde los buques ha causado daños al medio ambiente, la salud de los seres humanos, bienes y recursos y hacia la superación de estos impactos se orientan las medidas en él prevista, objetivo que la Corte encuentra coincidente con la disposición constitucional contenida en el artículo 406, mediante la cual el Estado se compromete a regular la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los ecosistemas marinos y marinos-costeros.

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La suscripción de un convenio de esta naturaleza se encuentra dentro de las previsiones del artículo 403 de la Constitución que prescribe: “El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza.” En efecto, el Convenio, lejos de establecer cláusulas que afecten la biodiversidad y la salud humana, se orienta a preservarlas con las medidas adoptadas para la gestión del agua de lastre y sedimentos, cuyo descargue sin control alguno sí está amenazando con causar afectaciones.

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d)     El Convenio ofrece una instancia de cooperación entre los Estados para enfrentar un grave problema para la conservación de ecosistemas marítimos, el medio ambiente y la salud de los pueblos. La Constitución de la República prioriza las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional que respondan a los intereses del pueblo ecuatoriano, proclama la cooperación, la integración y la solidaridad, así establece el artículo 416 y su numeral 1.

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Finalmente, los objetivos y contenido del Convenio se inserta en los objetivos de la integración que prevé la Constitución en el artículo 423 como objetivo del Estado, en virtud del cual, se compromete entre otros aspectos a promover estrategias conjuntas entre otros aspectos, para la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, el desarrollo científico y el intercambio de conocimiento y tecnología, aspectos todos que orientan los fijes del Convenio.

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Por lo expuesto, la Corte encuentra que el Convenio para el Control y la Gestión del Agua del Lastre y los Sedimentos de los Buques, 2004, no contraría la Constitución de la República y, por el contrario, permite coadyuvar en la consecución de varios objetivos estatales y garantías para la conservación del ambiente, ecosistemas, soberanía alimentaría y salud de la población.

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QUINTO.- La vía de aprobación del convenio.- Esta Corte advierte que en el contenido del Convenio se encuentra implícito el compromiso de expedir las normas legales que viabilicen sus contenidos, así se determina de lo dispuesto en el artículo 8, que señala “Toda infracción de las disposiciones del presente Convenio estará penada con las sanciones que a tal efecto establecerá la legislación de la administración del buque de que se trate, independientemente, de donde ocurra la infracción (…)”. La Administración, conforme la definición contenida en el artículo 1 del Convenio el “El Gobierno del Estado bajo cuya autoridad opere el buque. Respecto de un buque con derecho a enarbolar el pabellón de un Estado, la Administración es el Gobierno de ese Estado. Respecto de las plataformas flotantes dedicadas a la exploración y explotación del lecho marino y su subsuelo adyacente a la costa sobre el que el Estado ribereño ejerza derechos soberanos a efectos de exploración y explotación de sus recursos naturales, incluidas las unidades flotantes de almacenamiento (UFA) y las unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (unidades FPAD), la Administración es el Gobierno del Estado ribereño en cuestión” Dado que el Estado ecuatoriano puede encontrarse en una y/u otra situación prevista en la definición, deberá establecer las sanciones aplicables a las infracciones al Convenio, sanciones que deberán estar previstas legalmente, observando el principio de legalidad consagrado en el artículo 77, número 3 de la Constitución que dispone: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.”

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De otra parte, el artículo 14 del Convenio obliga a los Estados parte a comunicar a la Organización Marítima Internacional, toda prescripción y procedimiento relativos a la gestión del agua de lastre, incluidas las leyes, reglamentos, directrices para la implantación del presente Convenio.

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Consecuentemente, la aplicación del Convenio conlleva la obligación de emitir leyes, razón por la que deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional, conforme prevé el artículo 419 número 3, que dispone que la ratificación de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional cuando en el caso que “contenga el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley”.

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El punto 8 del artículo 419 de la Constitución, señala que también son objeto de aprobación de la Asamblea Nacional los tratados internacionales que comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético. Al respecto, es evidente que en el caso del Convenio en análisis, se compromete positivamente el agua y la biodiversidad en tanto se orienta precisamente a su preservación, razón por la que además corresponde aprobar el Convenio a la Asamblea Nacional.

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En ejercicio de sus atribuciones, la Corte Constitucional para el período de transición:

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DICTAMINA:
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1.     Emitir dictamen favorable de constitucionalidad del Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques, 2004, por no contravenir la Constitución de la República;

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2.     Publicar en el Registro Oficial el presente dictamen.- DEVUELVASE”.

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f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente.
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Razón: Siento por tal, que la Resolución que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con nueve votos a favor, unanimidad, de los doctores Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Alfonso Luz Yunes, Hernando Morales Vinueza, Ruth Seni Pinoargote, Nina Pacari Vega, Manuel Viteri Olvera, Edgar Zárate Zárate y Patricio Pazmiño Freire, en sesión del día martes diecisiete de marzo de dos mil nueve.- Lo certifico.

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f.) Dr. Arturo Larrea Jijón, Secretario General.
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CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por ......- f.) Ilegible.- Quito, a 30 de abril del 2009.- f.) El Secretario General.

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Nro. 0021-2007-TC
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Juez Constitucional Ponente: Dr. Roberto Bhrunis Lemarie

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“LA CORTE CONSTITUCIONAL,

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para el período de transición

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En el caso signado con el N° 0021-2007-TC
 

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