Registro Oficial

Registro Oficial No 371-Miércoles 28 de Noviembre de 2012 Edicion Especial

Viernes, 30 de noviembre de 2012

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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\n Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

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\n Presidente Constitucional de la República del Ecuador

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\n Miércoles 28 de Noviembre de 2012 - R. O. No. 371

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\n EDICIÓN ESPECIAL

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\n SUMARIO

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\n Judicial y Justicia Indígena                               

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\n Corte Nacional de Justicia: Sala de lo Contencioso Administrativo:                             

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\n Recursos de casación en los juicios seguidos por las siguientes personas naturales y/o jurídicas:

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\n 285-2010 Benigno Alfredo Vásquez López en contra del economista Leonardo Vicuña Izquierdo, Gerente General y representante legal del Banco del Estado              

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\n 287-2010 Adán Enrique Reina Quiñónez, en contra del Alcalde y otro de la Municipalidad de Atacames              

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\n 297-2010 Abogado Diego Francisco Yépez Garcés, en contra del Presidente del Consejo de la Judicatura y otro              

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\n 299-2010 Angel Holguín Ávila en contra del Alcalde y otro de la Municipalidad de Atacames              

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\n 300-2010 Aura Elena Ortiz de la Cruz en contra del Alcalde y otro de la Municipalidad de Atacames              

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\n 303-2010 Abogado José Napoleón Adriano Játiva Dávila en contra del Secretario General del Consejo de Seguridad Nacional              

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\n 307-2010 Ministerio de Defensa en contra de la Compañía Cranex Representaciones y Servicios Cía. Ltda.              

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\n 308-2010 Jaime Washington Toala García en contra de la Municipalidad de La Libertad              

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\n 309-2010 Carlos Ignacio Alvia Bermúdez en contra de la Municipalidad de Montecristi              

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\n 310-2010 Ruth Núñez Lucio en contra del Ministerio de Energía y Minas              

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\n 311-2010 Genaro Enrique Daza Palacios en contra de la Municipalidad de Junín              

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\n 312-2010 Lola Judith Guerrero Cazares en contra del Director General del I.E.S.S.              

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\n Judicial y Justicia Indígena               

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\n 321-2010 Víctor Hugo Del Pozo Gómez, en contra del Presidente Constitucional de la República y otros              

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\n 322-2010 Ingeniero Luis Zambrano Romero en contra del Banco Nacional de Fomento              

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\n 323-2010 Carlos Bolívar Auz Calderón en  contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social              

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\n 329-2010 José Victoriano Ochoa en contra de la Municipalidad de Zaruma                             

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\n Primera Sala de lo Laboral:              

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\n 1055-09 Recurso de casación en el juicio  seguido por Luis Elías Flores Floresen contra de Fernando Chediak Rivadeneira, representante legal de TEJIDEX S.A.                             

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\n Primera Sala de lo Penal:              

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\n 505-11 Recurso de casación en el juicio seguido en contra de Wilson Javier Lara Acurio                             

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\n Sala Especializada de lo Contencioso Tributario:                             

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\n Recursos de casación en los juicios seguidos por las siguientes personas naturales y/o jurídicas:              

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\n 408-2009 Carlos Hidalgo Reto en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas              

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\n 409-2009 Doctor Walter Cuenca, representante legal de la Compañía GRUCAM Cía. Ltda. en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas de El Oro y otro

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\n CONTENIDO

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\n No. 285-2010

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\n PONENTE: Dr. Manuel Yépez Andrade

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\n CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

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\n SALA DE LO CONTENCIOSO

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\n ADMINISTRATIVO

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\n Quito, 27 de agosto de 2010, las 10h00.

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\n (433-07) VISTOS: Comparece a esta Corte de Casación el economista Leonardo Vicuña Izquierdo, en su calidad de Gerente General y representante legal del Banco del Estado e interpone recurso de casación contra la sentencia expedida el 4 de octubre de 2007 dentro del juicio contencioso administrativo propuesto por Benigno Alfredo Vásquez López contra el recurrente. En su oportunidad procesal esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia de Justicia, aceptó a trámite dicho recurso de casación en la forma señalada en el auto de 8 de julio de 2009. Vistos los recaudos procesales, por cuanto la causa se encuentra en estado de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- Esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, se declara competente para conocer y resolver la presente causa en virtud de lo que dispone el numeral 1ro. del artículo 184 de la Constitución Política de la República en vigor. En la tramitación de ésta se han observado todas las solemnidades inherentes a esta clase de trámites,  por  lo  que  se  declara  la  validez procesal.- SEGUNDO: La casación es un recurso extraordinario y de estricto cumplimiento formal, en el cual, quien recibió agravio con la sentencia recurrida debe determinar, con absoluta precisión y claridad, las normas de derecho que estima infringidas, así como la causal o causales en las que funda su accionar, y exponer, de igual forma, los fundamentos que le inducen a afirmar que en la decisión impugnada se han violado normas legales. En el escrito contentivo del recurso de casación debe existir la necesaria interconexión entre las causales invocadas y las normas jurídicas supuestamente violadas, por lo que no basta enunciar que en el fallo de instancia se ha transgredido la ley; sino que, para que la acción de casación prospere, es indispensable que quien recurre a la Corte de Casación realice una exposición concreta de los vicios que, según el recurrente, afectan la normatividad jurídica que motivó la sentencia de mérito. En la especie, el casacionista funda su recurso de casación en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación e indica que en la sentencia recurrida existe errónea interpretación del artículo 24 numeral 13 de la Constitución Política de la República y falta de aplicación de los artículos 99, 115 y 273 del Código de Procedimiento Civil y 315 del Código de Procedimiento Penal. Al respecto, y con la finalidad de confrontar las normas que el recurrente estima infringidas con la decisión judicial impugnada, se observa lo siguiente: A fojas 6 de los autos consta la Acción de Personal número 2006-05-325 expedida el 16 de octubre de 2006 por el Banco del Estado y suscrita por el Gerente General y el Gerente Administrativo de dicha Entidad la cual tiene como motivación lo  siguiente:  ?En consideración a la norma contenida en el Art. 49, letra i), y Art. 26, letra h) de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 84 de su Reglamento, se procede con la Destitución del Ingeniero Benigno Alfredo Vásquez López, del cargo No. 00270 del Distributivo de Personal y Sueldos vigente. El Banco del Estado ejecutará la liquidación de haberes al 31 de octubre de 2006?; explicación exigua que está alejada de la exigencia del numeral 13 del artículo 24 de la Constitución Política de la República (vigente a la fecha de expedición del acto impugnado) que dispone que las resoluciones de los poderes públicos que afecten a las personas deben ser motivadas, de lo cual se infiere que en los actos administrativos debe constar, en forma obligatoria, la explicación de las razones y los juicios de valor que sobre los hechos probados procesalmente, tiene la autoridad para aplicar la Ley e imponer la sanción correspondiente. La motivación per se constituye una exigencia que determina la necesidad de que la autoridad establezca los antecedentes fácticos del caso.- El administrado tiene derecho a que la administración le explique las razones por las cuales toma la decisión que afecta a sus intereses o derechos. De ahí precisamente que el administrado tiene la capacidad de oponerse a la decisión pública, en función de los argumentos jurídicos y más justificativos de los que disponga para destruir la presunción de legalidad del acto administrativo.- En principio, todo acto debe ser motivado. La falta de motivación implica, no solo vicio de forma, sino también y principalmente vicio de arbitrariedad. La motivación es una institución jurídica tutelar de los derechos ciudadanos; por tanto no solo constituye una garantía al debido proceso sino una obligación ineludible de las autoridades administrativas; además constituye ?la motivación- un elemento inseparable del acto administrativo, ordenada por los artículos 66, numeral 23 y 76, letra l) de la actual Ley Suprema que no es discordante ni con las normas que contiene la Constitución de 1998 al respecto, ni con el artículo 31 de la Ley de Modernización.- El artículo 76, 7, l) de la actual Constitución de la República determina que ?los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos?. El artículo 31 de la Ley de Modernización dice: ?Todos los actos emanados de los órganos del Estado, deberán ser motivados?.- Uno de los principios del derecho administrativo contemporáneo es el requerimiento de la motivación de los actos administrativos, aunque esto no fue siempre así.- En la especie, el Tribunal de Instancia funda su resolución en la falta de motivación del acto administrativo impugnado, sin pronunciarse al respecto como era su obligación hacerlo. La Gaceta Constitucional número 2 de junio del año 2001 determina que: la motivación de los actos de los poderes públicos y más aún cuando ellos afecten a los derechos de las personas, es hoy en día un principio que informa todo el ordenamiento jurídico, desde su cúspide en la Ley Fundamental pasando por una norma de rango legislativo hasta otra de naturaleza reglamentaria. Las normas mencionadas en sus diferentes jerarquías, han establecido el deber de motivación, cuya omisión ha dejado de ser meramente formal, para constituirse en verdadero elemento configurador de la voluntad administrativa por lo cual la sanción jurídica es la nulidad. Es sabido, por otra parte, que en la motivación se reconoce una importante función en la garantía y tutela de derechos de los particulares y del interés general. La falta de motivación produce indefensión en la persona a la que se dirige el acto en la medida en que impugnarlo sin conocer sus fundamentos es recurrir ?a ciegas?, es decir, tener que argumentar contra motivos hipotéticos, en la suposición de que la Administración se haya querido apoyar en ellos al dictar el acto? De esta forma queda desvirtuada la acusación de errónea interpretación del artículo 24, numeral 13 de la Constitución Política de la República. TERCERO: Para que la parte recurrente se acoja a la causal invocada para impugnar la decisión del Tribunal de Instancia (causal 1ra. del artículo 3 de la Ley de Casación) es preciso elucidar lo siguiente: La causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación en vigor, contiene la llamada violación directa de la ley sustantiva o de los precedentes jurisprudenciales obligatorios en la sentencia recurrida, que haya sido determinante de su parte resolutiva.- En la causal primera, se imputa al fallo de hallarse incurso en errores de violación directa de la norma sustantiva, porque no se han subsumido adecuadamente los elementos fácticos que han sido probados y se hallan admitidos por las partes, dentro de la hipótesis normativa correspondiente, sea porque se ha aplicado una norma jurídica que no corresponde, o porque no se ha aplicado la que corresponde o porque finalmente, se realiza una errónea interpretación de la norma de derecho sustantivo. ?A la violación del derecho sustancial puede llegarse por dos caminos diferentes que están determinados, en las causales 1ra. y 3ra.. El vicio previsto en la causal primera es el llamado por la doctrina de violación directa de una norma sustancial. Cuando se acusa a la sentencia por esta causal, el recurrente no puede separarse de las conclusiones a que ha llegado el tribunal de instancia en la valoración de la prueba; por ello los fundamentos de una acusación de esta naturaleza tienen que referirse exclusivamente a los textos de las normas sustanciales que se estiman violadas, con total prescindencia de cualquier consideración que implique discrepancia con la apreciación del juzgador acerca del material fáctico. Al invocar la causal primera el recurrente está reconociendo que el tribunal de instancia acertó en las conclusiones sobre los hechos contenidos en las pruebas.?(resolución Nro. 110 de 01 de junio del 2002, juicio Nro. 329-01 (Giraldo vs. Alarcón) R.O. 630 de 31 de febrero de 2002. La causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación textualmente dice: 1ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes en su parte dispositiva? (el énfasis es de la Sala). De la transcripción que antecede, se infiere diáfanamente que la Institución recurrente a más de determinar el vicio de errónea interpretación por el cual se considera que se han afectado las normas que nomina como infringidas en su escrito de interposición, se encontraba en la obligación, de atacar a cada una de ellas, explicando al Tribunal de Casación, como la infracción de las mismas (errónea interpretación) ha sido determinante de la parte dispositiva de la sentencia, situación que no se aprecia de forma individualizada en el escrito que contiene el recurso de casación. El recurso de casación tiene que revestir la forma que la técnica llama proposición jurídica completa. Si el recurrente no plantea tal proposición señalando con precisión la manera que las normas que estima infringidas han sido determinantes en la parte dispositiva del fallo, y se limita a una cita parcial o incompleta de ellas, el recurso no esta bien formalizado. La fundamentación de la infracción debe hacerse en forma clara y precisa, sin incurrir en imputaciones vagas vinculando el contenido de las normas que se pretenden infringidas con los hechos y circunstancias a que se refiere la violación, esto es que la infracción alegada debe ser demostrada sin que para tal efecto baste señalar que la sentencia infringió tal o cual precepto legal, es necesario que se demuestre cómo, cuando y en qué sentido se incurrió en la infracción. De lo expuesto anteriormente se desprende con claridad que la parte recurrente no cumplió con los requisitos señalados por la ley y la doctrina en referencia a la causal primera del artículo 3 de la Ley de la Materia, por lo que la Sala no puede acoger el vicio denunciado. Por las consideraciones que anteceden, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no se acepta el recurso de casación intentado por el economista Leonardo Vicuña Izquiero, por los derechos que representa del Banco del Estado en su calidad de Gerente General y representante legal. Publíquese, Notifíquese y devuélvase.

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\n f.) Dr. Manuel Yépez Andrade, Juez de la Corte Nacional.

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\n f.) Dr. Freddy Ordóñez Bermeo, Juez de la Corte Nacional.

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\n f.) Dr. Clotario Salinas Montaño, Juez de la Corte Nacional.

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\n Certifico:

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\n f.) Dra. María del Carmen Jácome O, Secretaria Relatora.

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\n En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes veintisiete de agosto de dos mil diez, a partir de las diecisiete horas notifiqué, mediante boletas, la nota en relación y la sentencia que anteceden a los demandados, por los derechos que representan: GERENTE GENERAL DEL BANCO DEL ESTADO, en el casillero judicial No. 1154; y al PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, en el casillero judicial No. 1200. No se notifica al actor BENIGNO ALFREDO VASQUEZ LOPEZ, por cuanto de autos no consta que haya señalado domicilio judicial para efectos de este recurso. Certifico.

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\n f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora.

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\n CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

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\n SALA DE LO CONTENCIOSO

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\n ADMINISTRATIVO

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\n Quito, a 1 de octubre de 2010; las 10h41.

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\n VISTOS (433/07): El Dr. Fredy Córdova Silva, en su calidad de Procurador Judicial del economista Diego Aulestia V., Gerente General y representante legal del Banco del Estado, dentro de término legal, solicita a la Sala la aclaración de la sentencia expedida el 27 de agosto de 2010, dentro del juicio que sigue Benigno Alfredo Vázquez López en contra del recurrente. Al efecto, esta Sala de lo Contencioso Administrativo, para resolver lo pertinente considera: PRIMERO: El Art. 282 del Código de Procedimiento Civil dice: ?La aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura; y la ampliación, cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos, o se hubiere omitido decidir sobre frutos, intereses o costas. La negativa será debidamente fundamentada?. SEGUNDO: Aclarar consiste en explicar o despejar los puntos dudosos. Procede, entonces, cuando estuviese redactado en términos ininteligibles, de comprensión dudosa.- TERCERO: En el caso el solicitante dice que le llama la atención que en providencia de 8 de julio de 2009 se acepte a trámite el recurso de casación interpuesto y luego en sentencia de 27 de agosto de 2010 se rechace el recurso de casación. Al efecto, cabe recordar al recurrente que las actuaciones judiciales antes señaladas son perfectamente legales y son consecuencia la una de la otra, pues o que en un auto de calificación solo se verifican requisitos de forma y al dictar sentencia se consideran otros aspectos y el tribunal puede llegar a la conclusión de que no procede casar la sentencia, por lo tanto la aceptación a trámite del recurso de casación, de ninguna manera obliga al Tribunal a casar la sentencia. Ahora bien, en cuanto al argumento de que no se consideraron las pruebas presentadas, cabe señalar que la valoración de la prueba es una facultad atribuida de manera privativa al juez de instancia, pero que por excepción puede ser considerada en un recurso de casación, cuando se cumplan determinados requisitos al amparo de la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, la cual ni siquiera fue mencionada al momento de interponer el recurso de casación, por lo que resulta ilógico que el recurrente afirme que no se consideró la prueba actuada. Por las consideraciones anotadas, se rechaza la solicitud de aclaración formulada por el Dr. Fredy Córdova Silva, en su calidad de Procurador Judicial del economista Diego Aulestia V., Gerente General y representante legal del Banco del Estado. Notifíquese.

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\n f.) Dr. Manuel Yépez Andrade, Juez Nacional.

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\n f.) Dr. Fredy Ordóñez Bermeo, Juez Nacional.

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\n f.) Dr. Clotario Salinas Montaño, Conjuez Nacional.

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\n Certifico:

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\n f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora.

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\n En Quito, el día de hoy lunes cuatro de octubre del dos mil diez, a partir de las dieciséis horas, notifiqué mediante boletas la providencia que antecede a los demandados, GERENTE DEL BANCO DEL ESTADO, en el casillero judicial No. 1154; y al PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, en el casillero judicial No. 1200. No se notifica al actor BENIGNO ALFREDO VAZQUEZ LOPEZ, por cuanto de autos no consta que haya señalado domicilio judicial para efectos de este recurso. Certifico.

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\n f.) Secretaria Relatora.

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\n RAZON: Siento como tal que las fotocopias que en cinco (5) fojas útiles anteceden, son iguales a su original que obran del

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\n expediente No. 433-207, seguido por BENIGNO ALFREDO VAZQUEZ LOPEZ contra EL BANCO DEL ESTADO. Certifico. Quito, 8 de Octubre de 2010

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\n f.) Secretaria Relatora.

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\n No. 287-2010

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\n PONENTE: Dr. Manuel Yépez Andrade

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\n CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

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\n SALA DE LO CONTENCIOSO

\n

\n ADMINISTRATIVO

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\n Quito, 31 de agosto de 2010, las 14h30.

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\n (87-2008) VISTOS: Comparece a esta Corte de Casación, por una parte el señor Adán Enrique Reina Quiñónez, y por otra el abogado Vicente Freddy Delgado Saldarreaga, a nombre del Director Regional de la Procuraduría General del Estado para Manabí y Esmeraldas e interponen sendos recursos de casación contra la sentencia expedida el 10 de diciembre de 2007 por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo. En su oportunidad procesal esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, aceptó a trámite dichos recurso de casación en la forma y limitaciones señaladas en el auto de 23 de marzo de 2009. Vistos los recaudos procesales, por cuanto la causa se encuentra en estado de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- Esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, se declara competente para conocer y resolver la presente causa en virtud de lo que dispone el numeral 1ro. Del artículo 184 de la Constitución de la República en vigor. En la tramitación de ésta se han observado todas las solemnidades inherentes a esta clase de trámites, por lo que se declara la validez procesal.- SEGUNDO: La casación es un recurso extraordinario y de estricto cumplimiento formal, en el cual, quien recibió agravio con la sentencia recurrida debe determinar, con absoluta precisión y claridad, las normas de derecho que estima infringidas, así como la causal o causales en las que funda su accionar, y exponer, de igual forma, los fundamentos que le inducen a afirmar que en la decisión impugnada se han violado normas legales. En el escrito contentivo del recurso de casación debe existir la necesaria interconexión entre las causales invocadas y las normas jurídicas supuestamente violadas, por lo que no basta enunciar que en el fallo de instancia se ha transgredido la ley; sino que, para que la acción de casación prospere, es indispensable que quien recurre a la Corte de Casación realice una exposición concreta de los vicios que, según el recurrente, afectan la normatividad jurídica que motivó la sentencia de mérito. En la especie, en el auto de calificación dictado por esta Sala, se admiten a trámite las acciones de casación incoadas por el señor Adán Enrique Reina Quiñonez y por el Delegado de la Procuraduría General del Estado únicamente por la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación.- Al respecto, es preciso elucidar lo siguiente: la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación en vigor, contiene la llamada violación directa   de   la   ley   sustantiva   o   de   los   precedentes  jurisprudenciales obligatorios en la sentencia recurrida, que haya sido determinante de su parte resolutiva.- En la causal primera, se imputa al fallo de hallarse incurso en errores de violación directa de la norma sustantiva, porque no se han subsumido adecuadamente los elementos fácticos que han sido probados y se hallan admitidos por las partes, dentro de la hipótesis normativa correspondiente, sea porque se ha aplicado una norma jurídica que no corresponde, o porque no se ha aplicado la que corresponde o porque finalmente, se realiza una errónea interpretación de la norma de derecho sustantivo. ?A la violación del derecho sustancial puede llegarse por dos caminos diferentes que están determinados, en las causales 1ra. y 3ra. El vicio previsto en la causal primera es el llamado por la doctrina de violación directa de una norma sustancial. Cuando se acusa a la sentencia por esta causal, el recurrente no puede separarse de las conclusiones a que ha llegado el tribunal de instancia en la valoración de la prueba; por ello los fundamentos de una acusación de esta naturaleza tienen que referirse exclusivamente a los textos de las normas sustanciales que se estiman violadas, con total prescindencia de cualquier consideración que implique discrepancia con la apreciación del juzgador acerca del material fáctico. Al invocar la causal primera el recurrente está reconociendo que el tribunal de instancia acertó en las conclusiones sobre los hechos contenidos en las pruebas.? (resolución Nro. 110 de 01 de junio del 2002, juicio Nro. 329-01 (Giraldo vs. Alarcón) R.O. 630 de 31 de febrero de 2002. La causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación textualmente dice: 1ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes en su parte dispositiva? (el énfasis es de la Sala). De la transcripción que antecede, se infiere diáfanamente que los recurrentes a más de determinar el vicio de falta de aplicación por el cual se considera que se han afectado las normas que nominan como infringidas en su escrito de interposición, se encontraban en la obligación, de atacarla a cada una de ellas, explicando al Tribunal de Casación, como la infracción de las mismas (falta de aplicación) ha sido determinante de la parte dispositiva de la sentencia, situación que no se aprecia de forma individualizada en los escritos del recurso de casación que interponen los casacionistas. El recurso de casación tiene que revestir la forma que la técnica llama proposición jurídica completa. Si el recurrente no plantea tal proposición señalando con precisión la manera que las normas que estima infringidas han sido determinantes en la parte dispositiva del fallo, y se limita a una cita parcial o incompleta de ellas, el recurso no esta bien formalizado. La fundamentación de la infracción debe hacerse en forma clara y precisa, sin incurrir en imputaciones vagas vinculando el contenido de las normas que se pretenden infringidas con los hechos y circunstancias a que se refiere la violación, esto es que la infracción alegada debe ser demostrada sin que para tal efecto baste señalar que la sentencia infringió tal o cual precepto legal, es necesario que se demuestre cómo, cuando y en qué sentido se incurrió en la infracción. De lo expuesto anteriormente se desprende con claridad que los recurrentes no cumplieron con los requisitos señalados por la ley y la doctrina en referencia a la causal primera del artículo 3 de la Ley de la Materia,  por   lo   que   la   Sala   no   puede   acoger   el  vicio  denunciado. Sin que sea necesario conocer otros aspectos de la acción de casación deducida, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no se aceptan los recursos de casación intentados tanto por el señor Adán Enrique Reina Quiñonez, y por el abogado Vicente Freddy Delgado Saldarreaga, por los derechos de la Procuraduría General del Estado que representa.- Notifíquese, publíquese y devuélvase.

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\n f.) Dr. Manuel Yépez Andrade, Juez de la Corte Nacional.

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\n f.) Dr. Juan Morales Ordóñez, Juez de la Corte Nacional.

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\n f.) Freddy Ordóñez Bermeo, Juez de la Corte Nacional.

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\n Certifico:

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\n f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora.

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\n En Quito, hoy día martes treinta y uno de agosto de dos mil diez, a partir de las dieciséis horas, notifiqué mediante boletas la nota en relación y sentencia que antecede al Actor Adán Reyna Quiñónez, en los casilleros judiciales 46 y 4029 y a los demandados por los derechos que representan señores: Alcalde y Procurador Síndico de la Municipalidad de Atacames, en los casilleros judiciales 2215 y 299 y Procurador General del Estado, en el casillero judicial 1200. Certifico.

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\n f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora.

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\n CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

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\n SALA DE LO CONTENCIOSO

\n

\n ADMINISTRATIVO

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\n Quito, a 1 de octubre de 2010; Las 10h57.

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\n VISTOS (87/08): El Sr. Adán Enrique Reina Quiñónez, dentro de término legal, solicita a la Sala que aclare y amplíe la sentencia expedida el 31 de agosto de 2010, dentro del juicio que sigue en contra de la Municipalidad de Atacames. Al efecto, esta Sala de lo Contencioso Administrativo, para resolver lo pertinente considera: PRIMERO: Los artículos 281 y 282 del Código de Procedimiento Civil, 47 y 48 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa preceptúan que ?El Tribunal no puede revocar ni alterar, en ningún caso, el sentido de la sentencia pronunciada; pero podrá aclararla o ampliarla, si alguna de las partes lo solicitare dentro del término de tres días? y ?La aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura; y la ampliación, cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos, o se hubiere omitido decidir sobre costas?, respectivamente.- SEGUNDO.- Aclara consiste en explicar o despejar los puntos dudoso. Procede, entonces, cuando estuviese redactado en términos ininteligibles, de comprensión dudosa.- TERCERO.- El Sr. Reina Quiñónez afirma que la sentencia expedida por la Sala: ?resulta obscura en el fondo e inconexa con resoluciones dictadas por la misma Sala en casos similares y en TRES distintas causas tramitadas por ustedes, todo lo cual constituyen precedentes jurisprudenciales de triple  reiteración, de aceptación, observancia y aplicación obligatoria en la administración de justicia ecuatoriana; la resolución pronunciada por la Sala contraviene lo que dejo expuesto?. Al efecto, cabe señalar que las sentencias a las cuales hace referencia el solicitante y que anexa a su solicitud son diferentes a la suya, puesto que en su caso particular el Tribunal de instancia aceptó parcialmente su demanda, en tanto que en los casos mencionados, el mismo Tribunal de Portoviejo, rechazó las demandas presentadas por Carlos Nazareno Daza, Jairo Humberto Robles Párraga y María Beltrán Castro. Una vez explicado al solicitante que la Sala no ha fallado de manera contradictoria, es necesario manifestar a su abogado defensor, Ab. Luis Day Hernández, que la Sala no encontró fundamento para analizar el fondo de la controversia, por lo cual no casó la sentencia en el sentido requerido por el actor y por lo tanto se queda en firme la sentencia dictada por la Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo, el 10 de diciembre de 2007. CUARTO: En cuanto a la solicitud de ampliación, no dice qué punto de la controversia se omitió analizar ni tampoco señala si esta Sala no consideró lo referente a costas.- Por las consideraciones anotadas, se rechazan las, solicitudes de aclaración y ampliación formuladas por Adán Enrique Reina Quiñónez. Notifíquese.

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\n f.) Dr. Manuel Yépez Andrade, Juez Nacional.

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\n f.) Dr. Juan Morales Ordóñez, Juez Nacional.

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\n f.) Dr. Freddy Ordóñez Bermeo, Juez Nacional.

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\n Certifico:

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\n f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora.

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\n En Quito, hoy día martes cinco de octubre de 2010, a partir de las dieciséis hora notifique mediante boletas la providencia que antecede al actor señor Adán Reyna Quiñónez, por sus propios derechos, en los casilleros judiciales 46 y 4029 y a los demandados, por los derechos que representan señores: Alcalde y Procurador Síndico de la Municipalidad de Atacames en los casilleros judiciales 2215 y 299 y Procurador General del Estado, en el casillero judicial 1200.- Certifico.

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\n f.) Dra. María del Carmen Jácome, Secretaria Relatora.

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\n RAZÓN: Siento como tal, que la copia certificada de la sentencia, auto en el que se niegan las solicitudes de aclaración y ampliación, con sus respectivas razones de notificación que en cinco (5) fojas útiles anteceden son iguales a su originales, que consta en el juicio contencioso administrativo No. 87-2008, seguido por la señor Adán Reyna Quiñónez, en contra de los señores Alcalde y Procurador Síndico de la Municipalidad de Atacames y Procurador General del Estado. Quito, 12 de octubre de 2010.

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\n f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora.

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\n No. 297-2010

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\n PONENTE: Dr. Juan Morales Ordóñez

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\n CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

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\n SALA DE LO CONTENCIOSO

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\n ADMINISTRATIVO

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\n Quito, a 2 de septiembre de 2010.- Las 08h50.

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\n VISTOS: (397/09) El abogado Diego Francisco Yépez Garcés interpone recurso de casación respecto del auto dictado el 17 de mayo de 2010 por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, con sede en la ciudad de Quito; dentro del juicio seguido por el recurrente en contra del Presidente del Consejo de la Judicatura y Procurador General del Estado, con el objeto de que el Estado Ecuatoriano declare la violación de los principios y reglas del debido proceso, violación del derecho a la tutela judicial por la injusta e ilegítima prisión efectuada en su contra. Solicita además, el pago de indemnización por daño moral, indemnización de daños y perjuicios conforme al Código de Procedimiento Penal y otros, cuya cuantía alcanza a los $5?000.000. En el auto impugnado la Sala se inhibe del conocimiento de la demanda presentada por falta de competencia. Funda su recurso en la causal quinta del Art. 3 de la Ley de Casación. Admitido a trámite el recurso y siendo el estado de la causa el de dictar la resolución que corresponda, se considera: PRIMERO.- La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia es competente para conocer la presente impugnación, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador y la Ley de Casación. SEGUNDO.- En la tramitación del recurso se han observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones y no existe nulidad que declarar. TERCERO.- El Código Orgánico de la Función Judicial se expidió el 9 de marzo de 2009 en el Suplemento del Registro Oficial No. 544 y en el Art. 217 se determinan una serie de atribuciones de las salas de lo contencioso administrativo. En ésta norma, se concretan aquellas, que no se encuentran desarrolladas, en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y que están implícitas en el Art. 38 de la Ley de Modernización del Estado; así como en precedentes judiciales de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, el Art. 217 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece las atribuciones, para que la jurisdicción contencioso administrativa realice el control de legalidad de las actividades de la Administración Pública y de los órganos y entidades que se encuentran descritas en el Art. 225 de la Constitución de la República. La norma antes señalada es absolutamente clara, más es la Disposición transitoria cuarta del Código Orgánico de la Función Judicial, la que ha generado duda, al establecer que: ?Los actuales tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo y Fiscal, funcionarán con el régimen y competencias establecidos antes de la vigencia de este Código hasta que el nuevo Consejo de la Judicatura integre las respectivas salas de las Cortes Provinciales previo concurso público y con las condiciones de estabilidad establecidas en este Código?. La interpretación literal adoptada por la Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo de la norma antes transcrita es la que genera dificultad.- CUARTO: El Art. 216 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que habrán salas de lo contencioso administrativo en las Cortes Provinciales que determine el Consejo de la Judicatura, y además este órgano determinará la sede y circunscripción territorial en que tenga su competencia. Con esta disposición, se pretende dar una organización judicial, diferente a la prevista antes de la expedición de la Constitución de la República. Mas, no se podía dejar a la legislación ecuatoriana sin una instancia contralora de la legalidad como lo es la jurisdicción contencioso administrativa, porque los Tribunales Distritales, mantienen su actividad jurisdiccional, y es más, la disposición transitoria séptima de la Constitución garantiza su funcionamiento al establecer que: ?Se garantiza la estabilidad de las funcionarias y funcionarios, y las empleadas y empleados de la actual Corte Suprema de Justicia, Consejo Nacional de la Judicatura, cortes superiores, tribunales distritales de lo contencioso administrativo y fiscal, tribunales de lo fiscal y tribunales penales, que serán reubicados en cargos de similar jerarquía y remuneración en el Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, cortes provinciales y tribunales, respectivamente?. La disposición transitoria cuarta del Código Orgánico de la Función Judicial, se dirige a regular el proceso de transición, hasta que se cumpla con la integración de los tribunales distritales en las Cortes Provinciales, conforme a lo previsto en el Art. 216 del tantas veces citado Código Orgánico, pero no tiene el propósito, de dejar en indefensión los derechos de las personas para acudir a los órganos judiciales y obtener la tutela judicial expedita de sus derechos e intereses.- QUINTO: Dentro de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, como es el Ecuador; no se puede aceptar que se dejen de tramitar, por una supuesta falta de competencia, las causas previstas en el Art. 217 del Código Orgánico de la Función Judicial ya que aquello traería como consecuencia la violación de una serie de normas constitucionales como son: el Art. 11 numeral 3 de la Constitución que dice: ?Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.?; Art. 11 numeral 3 inciso tercero: ?Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento?; Art. 11 numeral 4: ?Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales?; Art. 11 numeral 5: ?En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia?; Art. 75: ?Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión?.- SEXTO: En virtud de que se han expedido una   serie   de   autos   inhibitorios   referentes  a  las  nuevas competencias previstas en el Art. 217 del Código Orgánico de la Función Judicial, el pleno de la Corte Nacional de Justicia, en uso de la facultad que le concede el Art. 15 de la Ley Orgánica de la Función Judicial aprobó en sesión del miércoles veinte y cinco de agosto de dos mil diez una Resolución con el carácter de obligatorio que dispone que los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo tienen competencia para tramitar y resolver los asuntos previstos en el artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por las consideraciones anotadas, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, la Sala, aceptando el recurso de casación interpuesto, casa el auto de 8 de julio de 2009 expedido por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito y dispone que se proceda a conocer y resolver la demanda presentada por Diego Francisco Yépez Garcés a fin de que se tutele su derecho de acceso a la justicia y no se lo deje en estado de indefensión. Se llama severamente la atención a los Jueces de la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito que suscribieron el auto objeto de impugnación en esta causa. Sin costas.- Notifíquese, devuélvase y publíquese.

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\n f.) Dr. Manuel Yépez Andrade, Juez Nacional.

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\n f.) Dr. Juan Morales Ordóñez, Juez Nacional.

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\n f.) Freddy Ordóñez Bermeo, Juez Nacional.

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\n Certifico:

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\n f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora.

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\n RAZÓN: En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves dos de septiembre del dos mil diez, a partir de las dieciséis horas notifiqué mediante boletas con la nota en relación y sentencia que anteceden, al AB. DIEGO FRANCISCO YEPEZ GARCES en los casilleros judiciales Nos. 3216 y 710. No se notifica al CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA ni al PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, por cuanto de autos no consta que haya señalado domicilio judicial para efectos de este recurso.-

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\n Certifico.

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\n f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora.

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\n RAZON: Siento como tal, que las fotocopias en dos (2) fojas útiles de la sentencia que antecede son iguales a sus originales que constan en el juicio contencioso administrativo No. 397-09 que sigue DIEGO FRANCISCO YEPEZ GARCES DEL CONSEJO LA JUDICATURA, Certifico.- Quito 8 de septiembre del 2010.

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\n f.) Dra. María del Carmen Jácome, Secretaria Relatora.

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\n No. 299-2010

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\n PONENTE: Dr. Manuel Yépez Andrade.

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\n CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

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\n SALA DE LO CONTENCIOSO

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\n ADMINISTRATIVO

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\n Quito, a 6 de septiembre de 2010; las 15h30.

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\n (316-2007) VISTOS: Comparece a esta Corte de Casación Angel Holguín Ávila e interpone recurso de casación contra la sentencia de mayoría expedida el 8 de mayo de 2007 por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo. En su oportunidad procesal la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de Justicia, aceptó a trámite dicho recurso de casación en la forma y limitaciones señaladas en el auto de 17 de octubre de 2008. Vistos los recaudos procesales, por cuanto la causa se encuentra en estado de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- Esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, con su actual conformación, avoca conocimiento de la presente causa y se declara competente para conocerla y resolverla en virtud de lo que dispone el numeral 1ro. Del artículo 184 de la Constitución Política de la República en vigor. En la tramitación de ésta se han observado todas las solemnidades inherentes a esta clase de trámites, por lo que se declara la validez procesal.- SEGUNDO: La casación es un recurso extraordinario y de estricto cumplimiento formal, en el cual, quien recibió agravio con la sentencia recurrida debe determinar, con absoluta precisión y claridad, las normas de derecho que estima infringidas, así como la causal o causales en las que funda su accionar, y exponer, de igual forma, los fundamentos que le inducen a afirmar que en la decisión impugnada se han violado normas legales. En el escrito contentivo del recurso de casación debe existir la necesaria interconexión entre las causales invocadas y las normas jurídicas supuestamente violadas, por lo que no basta enunciar que en el fallo de instancia se ha transgredido la ley; sino que, para que la acción de casación prospere, es indispensable que quien recurre a la Corte de Casación realice una exposición concreta de los vicios que, según el recurrente, afectan la normatividad jurídica que motivó la sentencia de mérito. TERCERO: Como lo ha manifestado reiteradamente esta Sala, cuando se acusa a un fallo de infracción de disposiciones constitucionales, este cargo debe ser analizado con especial detenimiento, pues, de ser fundado, todo lo actuado quedará sin valor ni eficacia alguna. En el caso que se examina, el recurrente afirma que ha sido removido del cargo que ocupaba en la Municipalidad de Atacames, mediante un acto administrativo carente de motivación y sin que previamente instaurara el correspondiente sumario administrativo que establezca si éste ha incurrido en algún tipo de responsabilidad disciplinaria, circunstancia por la cual se han vulnerado sus derechos constitucionales establecidos en los artículos 18, 23, numerales 3, 26 y 27; 24 numerales, 10, 12 y 13; 35, 272 y 273 de la Carta Política vigente a la época que se inició este reclamo.- Al efecto este Tribunal formula las siguientes consideraciones: a) Consta en el proceso, a fojas 64, el acto administrativo impugnado por el actor, contenido en la acción de personal número 015 de 15 de febrero de 2005, mediante el cual el Alcalde del cantón  Atacames ??RESUELVE REVOCAR  EL  NOMBRAMIENTO  EMITIDO  A  FAVOR  DEL  SEÑOR HOLGUIN AVILA ANGEL DUQUERMAN, POR NO CUMPLIR DICHO NOMBRAMIENTO CON LO QUE EXIGE EL ART. 72 Y 9 DE LA «LOSCA» Y LA ORDENANZA EXPEDIDA POR EL 13 DE OCTUBRE DEL 2004 POR EL ILUSTRE MUNICIPIO DE ATACAMES? (sic). En múltiples ocasiones, esta Sala ha señalado que para que un acto administrativo se encuentre motivado, no es suficiente la enunciación de las normas que determinan la competencia para proceder a la actuación administrativa, en este caso revocar un nombramiento, sino también la justificación fáctica que lleva a la autoridad a decidir las razones por las que un administrado y no otro, debe ser separado de la Institución. La falta de motivación de un acto administrativo genera la nulidad del acto respectivo, de conformidad con el artículo 24, numeral 13, de la Constitución Política, en relación con el primer inciso del artículo 272 ibídem; 31 de la Ley de Modernización del Estado. b) No constan de autos expediente administrativo levantado contra el actor para establecer si incurrió en algún tipo de responsabilidad administrativa cuya sanción resulte en la remoción de su cargo. En el acto administrativo impugnado no existe motivación que justifique razonablemente la pertinencia de la aplicación de los fundamentos de derecho invocados, en relación con unos determinados hechos que supuestamente condujeron a revocar el nombramiento de Angel Duquerman Holguín Ávila, pues, tampoco consta que se haya realizado sumario administrativo alguno, que excluya de toda forma de arbitrariedad la decisión de la Entidad, por lo tanto, es evidente la transgresión del numeral 27 del artículo 23 y 13 del artículo 24 de la Constitución Política de la República.- CUARTO: Entre las normas infringidas, el recurrente también acusa la falta de aplicación de los artículos 45 y 49 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones de los Servidores del Sector Público, LOSCCA. El artículo 49 de la citada Ley, contiene las causales de destitución de un servidor público y dice: ?Son causales de destitución: a) Incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previo el informe de la unidad de desarrollo de recursos humanos sobre la evaluación del desempeño. b) Abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables consecutivos; c) Haber sido sancionado por el delito de cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento ilícito; y, en general, recibir cualquier clase de dádiva, beneficio, regalo o dinero ajeno a su remuneración; d) Ingerir licor o hacer uso de substancias estupefacientes en los lugares de trabajo; e) Injuriar gravemente de palabra u obra a sus jefes o compañeros de trabajo; f) Asistir al trabajo bajo evidente influencia de bebidas alcohólicas o de substancias estupefacientes o psicotrópicas; g) Incurrir durante el lapso de un año, en más de dos infracciones que impliquen sanción disciplinaria de suspensión sin goce de remuneración. h) Haber sido nombrado contraviniendo disposiciones expresas que prohíben el nepotismo; i) Incumplir los deberes impuestos en las letras e y g) del artículo 24 y quebrantar las prohibiciones previstas en las letras d) a la n) del artículo 26 de esta Ley.? Se ha transcrito íntegramente la disposición para que no quepa duda de que en ninguna de tales causales aparece la revocatoria como modo o forma de destituir a un servidor público. Es más, esta figura adoptada por la Municipalidad de Atacames para separar de sus funciones a la servidora municipal, actora de este juicio, no está contemplada

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\n en norma jurídica alguna.- QUINTO: Si la razón para revocar el nombramiento del actor ha sido la omisión del concurso de merecimientos y oposición como lo exige el artículo 71 (72) de la LOSCCA y artículo 9 de la ?Ordenanza de Servicio Civil y Carrera Administrativa Municipal, que Regula la Administración de Personal, de la Entidad? (Municipio de Atacames), la responsabilidad de tal omisión no puede atribuirse a la administrada, sino a la propia Administración Municipal, única responsable de la inobservancia de las normas de la referida Ley para designar o nombrar a un servidor municipal, criterio ha sido sostenido por esta Sala en causas similares como la Resolución 130-2010 de 26 de abril de 2010, expedida en el juicio 315-2007, Sánchez c. Municipio de Atacames. Con el análisis realizado en los considerandos precedentes, se comprueba que el Tribunal a quo ha infringido la norma de derecho señalada y consecuentemente también ha dejado de aplicar las normas contenidas en los numerales 26 y 27 del artículo 23 de la Constitución Política (1998) que garantizan ?la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones? ya que para la separación del actor del cargo de servidor municipal se ha hecho abstracción de tales garantías, así como de las determinadas en los numerales 10 y 12 del artículo 24 de la Carta Magna, al no permitirle al actor por parte del Concejo Municipal de Atacames el derecho a la defensa, ni se le ha informado de las acciones tomadas en su contra, garantías que podía ejercerlas, únicamente en el sumario administrativo que la Municipalidad debió levantar en contra del servidor público, si es que éste hubiese incurrido en una de las causales señaladas en el artículo 49 de la LOSCCA.- Sin que sea necesario el análisis de las demás normas que la recurrente estima infringidas por ser impertinentes al tema en decisión. Por estas consideraciones.- ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, se casa la sentencia dictada por el Tribunal Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo y de conformidad con el artículo 16, primer inciso de la Ley de Casación se acepta la demanda y se declara la nulidad del acto administrativo contenido en la acción de personal No. 015 de 15 de febrero de 2005, por el que se revoca el nombramiento de Inspector de Avalúos y Catastros de la Municipalidad de Atacames, disponiéndose que sea reintegrado el actor a dicho cargo en el término de cinco días y, de acuerdo con lo preceptuado por el literal h) del artículo 25 y artículo 46 de la LOSCCA, proceda la Municipalidad de Atacames a liquidar y pagar las remuneraciones con los respectivos intereses, que dejó de percibir en el tiempo de duración del proceso legal, pago que se efectuará en el plazo no mayor de treinta días a partir de la fecha de reincorporación. Notifíquese, publíquese y devuélvase.-

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\n f.) Dr. Manuel Yépez Andrade, Juez de la Corte Nacional.

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\n f.) Dr. Juan Morales Ordóñez, Juez de la Corte Nacional.

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\n f.) Freddy Ordóñez Bermeo, Juez de la Corte Nacional.

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\n Certifico:

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\n f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora.

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\n RAZÓN: En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes seis de septiembre del dos mil diez, a partir de las dieciséis horas notifiqué mediante boletas con la nota en relación y sentencia que anteceden, a ANGEL HOLGUIN AVILA por sus propios derechos en el casillero judicial No. 46; a los demandados por los derechos que representan ALCALDE Y PROCURADORA SINDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ATACAMES en el casillero judicial No. 299.- Certifico.

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\n f.) Secretaria Relatora.

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\n RAZON: Siento como tal, que las fotocopias en cuatro (4) fojas útiles de la sentencia que antecede son iguales a sus originales que constan en el juicio contencioso Administrativo No. 316-07 que sigue ANGEL HOLGUIN AVILA en contra de la MUNICIPALIDAD DE ATACAMES; por recurso de casación presentado por la parte actora- Certifico.- Quito 10 de septiembre de 2010.

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\n f.) Dra. María del Carmen Jácome O., Secretaria Relatora.

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\n No. 300-2010

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\n PONENTE: Dr. Manuel Yépez Andrade.

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\n CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

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\n SALA DE LO CONTENCIOSO

\n

\n ADMINISTRATIVO

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\n Quito, a 6 de septiembre de 2010, las 15h45.

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\n (226-2007) VISTOS: Comparece a esta Corte de Casación Aura Elena Ortíz de la Cruz e interpone recurso de casación contra la sentencia de mayoría expedida el 19 de abril de 2007 por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo. En su oportunidad procesal la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de Justicia, aceptó a trámite dicho recurso de casación en la forma y limitaciones señaladas en el auto de 22 de julio de 2008. Vistos los recaudos procesales, por cuanto la causa se encuentra en estado de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- Esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, con su actual conformación, avoca conocimiento de la presente causa y se declara competente para conocerla y resolverla en virtud de lo que dispone el numeral 1ro. Del artículo 184 de la Constitución Política de la República en vigor. En la tramitación de ésta se han observado todas las solemnidades inherentes a esta clase de trámites, por lo que se declara la validez procesal.- SEGUNDO: La casación es un recurso extraordinario y de estricto cumplimiento formal, en el cual, quien recibió agravio con la sentencia recurrida debe determinar, con absoluta precisión y claridad, las normas de derecho que estima infringidas, así como la causal o causales en las que funda su accionar, y exponer, de igual forma, los fundamentos que le inducen a afirmar que en la decisión impugnada se han violado normas legales. En el escrito contentivo del recurso de casación debe existir la necesaria interconexión entre las causales invocadas y las normas jurídicas supuestamente violadas, por lo que no basta enunciar que en el fallo de instancia se ha transgredido la ley; sino que, para que la acción de casación prospere, es indispensable que quien recurre a la Corte de Casación realice una exposición concreta de los vicios que, según el recurrente, afectan la normatividad jurídica que motivó la sentencia de mérito. TERCERO: Como lo ha manifestado reiteradamente esta Sala, cuando se acusa a un fallo de infracción de disposiciones constitucionales, este cargo debe ser analizado con especial detenimiento, pues, de ser fundado, todo lo actuado quedará sin valor ni eficacia alguna. En el caso que se examina, la recurrente afirma que ha sido removida del cargo que ocupaba en la Municipalidad de Atacames, mediante un acto administrativo carente de motivación y sin que previamente se instaurará el correspondiente sumario administrativo que establezca si éste ha incurrido en algún tipo de responsabilidad disciplinaria, circunstancia por la cual se han vulnerado sus derechos constitucionales establecidos en los artículos 18, 23, numerales 3, 26 y 27; 24 numerales, 10, 12 y 13; 35, 272 y 273 de la Carta Política vigente a la época que se inició este reclamo.- Al efecto este Tribunal formula las siguientes consideraciones: a) Consta en el proceso, a fojas 74, el acto administrativo impugnado por el actor, contenido en la acción de personal de 15 de febrero de 2005, mediante el cual el Alcalde del cantón Atacames ??RESUELVE REVOCAR EL NOMBRAMIENTO EMITIDO A FAVOR DE LA SEÑORITA RITA ORTIZ DE LA CRUZ AURA ELENA, POR NO CUMPLIR DICHO NOMBRAMIENTO CON LO QUE EXIGE EL ART. 72 Y 9 DE LA «LOSCA» Y LA ORDENANZA EXPEDIDA POR EL 13 DE OCTUBRE DEL 2004 POR EL ILUSTRE MUNICIPIO DE ATACAMES? (sic). En múltiples ocasiones, esta Sala ha señalado que para que un acto administrativo se encuentre motivado, no es suficiente la enunciación de las normas que determinan la competencia para proceder a la actuación administrativa, en este caso revocar un nombramiento, sino también la justificación fáctica que lleva a la autoridad a decidir las razones por las que un administrado y no otro, debe ser separado de la Institución. La falta de motivación de un acto administrativo genera la nulidad del acto respectivo, de conformidad con el artículo 24, numeral 13, de la Constitución Política, en relación con el primer inciso del artículo 272 ibídem; 31 de la Ley de Modernización del Estado. No constan de autos expediente administrativo levantado contra la actora para establecer si ella incurrió en algún tipo de responsabilidad administrativa cuya sanción resulte en la remoción de su cargo. En el acto administrativo impugnado no existe motivación que justifique razonablemente la pertinencia de la aplicación de los fundamentos de derecho invocados, en relación con unos determinados hechos que supuestamente condujeron a revocar el nombramiento de Aura Elena Ortíz de la Cruz, pues, tampoco consta que se haya realizado sumario administrativo alguno, que excluya de toda forma de arbitrariedad la decisión de la Entidad, por lo tanto, es evidente la transgresión del numeral 27 del artículo 23 y 13 del artículo 24 de la Constitución Política de la República.- CUARTO: Entre las normas infringidas, la recurrente también acusa la falta de aplicación de los artículos 45 y 49 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones de los Servidores del Sector Público, LOSCCA. El artículo 49 de la citada Ley, contiene las causales de destitución de un servidor público y dice: ?Son causales de destitución: a) Incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previo el informe de la unidad de desarrollo de recursos humanos sobre la evaluación del desempeño. b) Abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables consecutivos; c) Haber sido sancionado por el delito de cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento ilícito; y, en general, recibir cualquier clase de dádiva, beneficio, regalo o dinero ajeno a su remuneración; d) Ingerir licor o hacer uso de substancias estupefacientes en

 

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