Registro Oficial No 237 - Viernes 02 de Mayo de 2014 Suplemento

Viernes, 02 de mayo de 2014

Última modificación: Martes, 01 de julio de 2014 | 14:29

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Viernes 02 de Mayo de  2014 - R. O. No. 237

 

 

SUPLEMENTO

 

 

 

SUMARIO

 

               

Ministerio de Salud Pública:

 

 

Ejecutivo:

Acuerdo

 

00004832 Refórmase el Reglamento sanitario de etiquetado de alimentos procesados para el consumo humano

 

               

Corte Constitucional del Ecuador:

 

Sentencias           

 

048-14-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el abogado Félix María Buñay Guamán

 

               

049-14-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección propuesta por la señora Hulda Judith de la Torre Yánez

 

               

051-14-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Eduardo Muñoz Vega

 

               

052-14-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección presentada por la señora Cruz Judith Ligua Ponce

 

               

053-14-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección presentada por el señor Luis Augusto Bourgeat Barriga

 

               

054-14-SEP-CC Niéganse las acciones extraordinarias de protección presentada por el doctor Renán Mosquera Aulestia

 

               

055-14-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Fausto Tiberio Lafebre Velasteguí y otra

 

               

057-14-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el doctor Jorge Andrade Avecilla

 

 

CONTENIDO

 


 

No. 00004832

 

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador manda: ?Art. 154.- A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (?).?;

 

Que, el artículo 361 de la citada Constitución de la República del Ecuador ordena: ?El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.?;

 

Que, la Ley Orgánica de Salud dispone: ?Art. 4. La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias.?;

 

Que, la Ley Orgánica de Salud prescribe en su artículo 151, ?Los envases de los productos que contengan alimentos genéticamente modificados, sean nacionales o importados, deben incluir obligatoriamente, en forma visible y comprensible en sus etiquetas, el señalamiento de esta condición, además de los otros requisitos que establezca la autoridad sanitaria nacional, de conformidad con la ley y las normas reglamentarias que se dicten para el efecto.?;

 

Que, el artículo 90 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que los actos administrativos podrán extinguirse o reformarse en sede administrativa por razones de legitimidad o de oportunidad;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00004522, publicado en el Registro Oficial No. 134 de 29 de noviembre de 2013, se expidió el Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo Humano, el cual se reformó a  través de Acuerdo Ministerial No. 00004565, publicado en el Registro Oficial No. 136 de 3 de diciembre de 2013;

 

Que, es necesario que la información que consta en los envases de los alimentos procesados de consumo humano sea veraz, normando el contenido de las etiquetas del mismo; y,

 

Que, con memorando No. MSP-SNVSP-2014-0301 de 15 de abril de 2014, el Subsecretario Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, solicita la elaboración del presente Acuerdo Ministerial.

 

En ejercicio de las atribuciones legales conferidas por los artículos 151 y 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y por el artículo 17 del estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

 

Acuerda:

 

REFORMAR EL REGLAMENTO SANITARIO DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS PROCESADOS PARA EL CONSUMO HUMANO, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

 

Art. 1.- Al artículo 3 agréguese las siguientes definiciones:

 

?Azúcares.- Se entiende a los monosacáridos y disacáridos presentes en el producto, de todas las fuentes, sean propias o añadidas.

 

Edulcorante no calórico.- Es toda sustancia natural o artificial utilizada para endulzar y que no provee energía.

 

Sal.- Se entiende al cloruro de sodio y a todas las fuentes alimentarias que contengan sodio, incluidos los aditivos.?

 

 

Art. 2.- Al literal i) del artículo 7, luego de la palabra ?adolescentes;?, agréguese la frase ?conforme el Código de la Niñez y Adolescencia? y del mismo artículo elimínese el literal l).

 

 

Art. 3.- En el artículo 9, en la Tabla No. 1 correspondiente al ?CONTENIDO DE COMPONENTES Y CONCENTRACIONES PERMITIDAS?, sustitúyase la fila del componente ?Sal? por la siguiente fila:

 


 

 

Sal

(Sodio)

Menor o igual a 120 miligramos de sodio en 100 gramos

Mayor a 120 y menor a 600 miligramos de sodio en 100 gramos

Igual o mayor a 600 miligramos de sodio en 100 gramos

Menor o igual a 120 miligramos de sodio en 100 mililitros

Mayor a 120 y menor a 600 miligramos de sodio en 100 mililitros

Igual o mayor a 600 miligramos de sodio en 100 mililitros ?

 

 


 

Art. 4.- Sustitúyase el último inciso del artículo 12 por el siguiente:

 

?Los alimentos procesados de envases pequeños con una superficie total para rotulado menor a 19,4 cm2, no


 

colocarán el sistema gráfico en dichos envases, sin embargo lo deberán incluir en el envase externo que los contiene.?

 

Art. 5.- Sustitúyase la DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA por la siguiente:

 

?PRIMERA.- Las disposiciones contenidas en el Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo Humano, serán de obligatorio cumplimiento en el plazo de noventa (90) días contados a partir del 29 de mayo de 2014, para las medianas y grandes empresas que fabrican, importan o comercializan productos alimenticios procesados. El cambio de etiquetado por motivo de este Reglamento no tendrá ningún costo en la ARCSA.?.

 

Art. 6.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), a la Dirección Nacional de Vigilancia y Control Sanitario y a la Unidad de Nutrición de la Dirección Nacional de Promoción.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 16 de abril de 2014.

 

f.) Carina Vance Mafla, Ministra de Salud Pública.

 

Es fiel copia del documento que consta en el archivo de la D.N., Secretaría General, al que me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito, a 22 de abril de 2014.- f.) Ilegible, Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.

 

CORTE CONSTITUCIONAL

DEL ECUADOR

 

Quito, D. M., 26 de marzo del 2014

 

SENTENCIA N.º 048-14-SEP-CC

 

CASO N.º 0787-11-EP

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

 

I. ANTECEDENTES

 

Resumen de admisibilidad

 

La presente acción extraordinaria de protección ha sido presentada el 26 de abril de 2011, por el abogado Félix María Buñay Guamán, en contra de la decisión judicial dictada por el juez segundo de lo civil de Cuenca el 19 de abril de 2011, dentro de la acción constitucional de acceso a la información pública N.º 277-11, por considerar que la misma viola sus derechos constitucionales.

 

El 11 de mayo de 2011, la Secretaría General de la Corte Constitucional, para el período de transición, certificó que respecto a la presente causa, no se ha presentado otra  demanda con identidad de objeto y acción.

 

El 29 de noviembre de 2011, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición, integrada por los entonces jueces constitucionales Patricio Pazmiño Freire, Nina Pacari Vega y Alfonso Luz Yunes, admitió a trámite la presente causa por considerar que la demanda reúne los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

 

En virtud del sorteo realizado en el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, correspondió al juez constitucional Manuel Viteri Olvera actuar como sustanciador, quien avocó conocimiento de la causa el 03 de abril de 2012 y dispuso que se notifique con el contenido del auto y de la demanda correspondiente al juez segundo de lo civil de Cuenca, a fin de que presente el informe de descargo debidamente motivado.

 

Conforme lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República, el 06 de noviembre de 2012 se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador.

 

En virtud del sorteo de causas realizado por el Pleno de la Corte Constitucional, en sesión extraordinaria del 03 de enero de 2013, le correspondió al juez constitucional Fabián Marcelo Jaramillo Villa, actuar como sustanciador en la causa N.º 0787-11-EP.

 

Con memorando N.º 018-CCE-SG-SUS-2013, el secretario general de la Corte Constitucional, Jaime Pozo Chamorro, remitió el expediente del caso N.º 0787-11-EP al juez ponente.

 

Con providencia del 29 de noviembre de 2013, el juez constitucional Fabián Marcelo Jaramillo Villa avocó conocimiento de la causa y determinó su competencia para conocer y resolver la presente acción extraordinaria de protección.

 

Decisión judicial que se impugna

 

La decisión judicial impugnada es la dictada por el juez segundo de lo civil de Cuenca el 19 de abril de 2011, dentro de la acción constitucional de acceso a la información pública N.º 277-11, que estableció lo siguiente:

 

?Lo requerido por el Abg. Félix Buñay es improcedente por lo que una vez más se niega lo requerido, luego de que se tiene el desistimiento del actor mal se puede dictar sentencia, se debe inclusive tomar en cuenta la fecha de la audiencia que es el cinco de abril y viene argumentando él, porque según el actor no pudo concurrir a la diligencia en fecha 14 de abril esto es a los nueve días, lo que resulta hasta ilógico. NOTIFIQUESE.-?.

 

 

Fundamentos y pretensión de la demanda

 

Antecedentes


 

El 01 de septiembre de 2010, mediante escrito presentado ante el Dr. Paúl Granda, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal Descentralizado de la ciudad de Cuenca, el Abg. Félix María Buñay Guamán solicita la entrega de copias certificadas de la ordenanza y el respectivo Reglamento de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte Terrestre de la ciudad de Cuenca, EMOV-EP, sin embargo, dicha documentación nunca le fue entregada.

 

El 23 de marzo de 2011, el accionante presenta acción constitucional de acceso a la información pública en contra de la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte Terrestre de la ciudad de Cuenca, EMOV.EP., a fin de que dicha entidad le entregue las copias certificadas en referencia.

 

El 30 de marzo de 2011, el juez segundo de lo civil de Cuenca convoca a las partes procesales para el 05 de abril de 2011, a audiencia pública, a fin de que la entidad requerida entregue la información solicitada.

 

El 05 de abril de 2011, en virtud de la inasistencia del accionante a la audiencia convocada, el juez segundo de lo civil de Cuenca, mediante auto definitivo declara el desistimiento tácito de la acción y, en consecuencia, dispone el archivo de la causa.

 

El 14 de abril de 2011, el accionante presenta escrito ante el Juzgado Segundo de lo Civil de Cuenca, solicitando que se señale nuevo día y hora para la realización de la audiencia a la que no acudió, o que en su defecto el juez dicte sentencia.

 

Mediante escrito presentado el 18 de abril de 2013 el accionante interpone recurso de apelación a la providencia dictada el 15 de abril de 2011, recurso que es negado por el juez segundo de lo civil de Cuenca mediante providencia del 19 de abril de 2011, respecto de la cual se interpone acción extraordinaria de protección.

 

Detalle y fundamento de la demanda

 

El accionante en lo principal señala que a pesar de haber demostrado en derecho la existencia de una justa causa para su inasistencia a la audiencia pública dispuesta dentro de la acción constitucional, el juez segundo de lo civil de Cuenca no aceptó la justificación presentada y consideró su ausencia como un desistimiento tácito de la acción, por lo que dispuso el archivo de la causa.

 

Indica que frente a la decisión adoptada por el juez, interpuso recurso de apelación, esperando que se le brinde justicia y se revoque la providencia arbitraria e ilegal que impide que se fije nuevo día y hora para la audiencia pública o que, en su defecto, el juez dicte sentencia, puesto que los accionados no han demostrado haber suministrado la información pública solicitada.

 

Manifiesta que el juez de instancia, en lugar de elevar la causa al superior, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de  la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, le niega el recurso sin que tenga competencia legal para hacerlo, pues, a su parecer, en ningún artículo de la citada ley se detecta o verifica que un juez de primera instancia tenga atribución legal para negar una apelación de una acción constitucional de acceso a la información pública.

 

Sostiene que haber procedido a calificar el recurso de apelación transgrede y viola su derecho al debido proceso, en virtud de que el juez no era competente, pues aquello les corresponde a los jueces de la Corte Provincial de Justicia del Azuay.

 

Además, asegura que el juzgador lo dejó en completa indefensión, pues al negar el recurso eliminó cualquier posibilidad de acudir ante el superior para hacer valer sus derechos y pretensiones legales, constantes en la acción de acceso a la información pública. Por lo tanto, sostiene que el juez a quo ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 8 numeral 2 literal h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos1; el artículo 76 numeral 7 literal m de la Constitución de la República y el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

 

El accionante concluye su exposición afirmando que todo lo indicado demuestra cómo el juez de instancia ha vulnerado sus derechos constitucionales a la tutela efectiva, imparcial y expedita, el debido proceso y a la seguridad jurídica, consagrados en los artículos 75, 76 numerales 1 y 7 literal m y 82 de la Constitución de la República.

 

Pretensión

 

El accionante solicita que se disponga al juez segundo de lo civil de Cuenca aplique objetivamente el artículo 24 la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, respetando su derecho constitucional a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior; y en consecuencia, remita el proceso constitucional de acceso a la información pública a los jueces de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, en base al recurso de apelación legalmente interpuesto.

 

Contestación de la demanda

 

Argumentos de la parte accionada

 

Mediante escrito presentado el 20 de septiembre de 2012, el Dr. Jorge Méndez Calle, en su calidad de juez segundo de lo civil de Cuenca, manifiesta que la audiencia única a la que hace alusión el accionante en su demanda fue convocada para el 05 de abril de 2011, mediante providencia del 30 de marzo de 2011, lo que a su criterio implica que el proponente de la acción constitucional contó con tiempo suficiente para preparar su intervención e incluso para solicitar que se difiera la audiencia en forma oportuna, lo que demuestra que no hubo causa justa para su inasistencia.

 

 



 

1              Art. 8.- Garantías Judiciales.- (?) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el procesos, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (?) h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior

 

 

 

 

 

 

Continúa su exposición señalando que el accionante solicitó nuevo día y hora para la audiencia ocho días después de que la causa fue archivada por desistimiento y que la apelación la presenta ante la negativa de convocar a una nueva audiencia. Por tanto, a su criterio, lo pertinente era solicitar la revocatoria del auto o interponer recurso de apelación del acta donde se ordena el archivo del proceso y no de la providencia que deniega el pedido de nuevo día y hora para la audiencia.

 

Indica además, que la negativa de conceder el recurso de apelación se debió a que el accionante lo presentó fuera del término legal.

 

Finalmente, señala que respecto de su decisión cabía también el recurso de hecho, sin embargo, el accionante no lo interpuso, por lo que sostiene que los derechos invocados en la demanda quedan en meros enunciados, pues no existe argumento jurídico que demuestre que hayan sido vulnerados por el juzgador. Concluye afirmando que el accionante, abusando del derecho, pretende que los jueces constitucionales ordenen la concesión de un recurso que no fue debidamente interpuesto.

 

Procuraduría General de Estado

 

El abogado Marcos Arteaga Valenzuela, en su calidad de director nacional de Patrocinio y delegado del procurador general del Estado, ha comparecido señalando casillero constitucional, a efecto de recibir las notificaciones que le correspondan.

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA

CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia

 

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 191 numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y artículo 3 numeral 8 literal b y tercer inciso del artículo 35 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

 

Legitimación activa El peticionario se encuentra legitimado para presentar esta acción extraordinaria de protección, en virtud de cumplir con los requerimientos establecidos en el artículo 437 de la Constitución de la República y de conformidad con el artículo 439 ibídem, que establece que las acciones constitucionales podrán ser presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano individual o colectivamente, en concordancia con el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

 

Análisis constitucional

 

Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

 

La acción extraordinaria de protección, establecida en el artículo 94 de la Constitución de la República, constituye una garantía jurisdiccional creada con el fin de proteger los derechos constitucionales de las personas en contra de cualquier vulneración que se produzca mediante actos jurisdiccionales.

 

Así, esta acción nace y existe para garantizar y defender el respeto de los derechos constitucionales y el debido proceso. Por consiguiente, tiene como fin proteger, precautelar, tutelar y amparar los derechos de las personas que, por acción u omisión, sean vulnerados en las decisiones judiciales.

 

Al respecto la Corte Constitucional ha establecido que:

 

?la acción extraordinaria de protección se incorporó para tutelar, proteger y remediar las situaciones que devengan de los errores de los jueces, (?) que resulta nueva en la legislación constitucional del país y que responde, sin duda alguna, al anhelo de la sociedad que busca protección efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, puesto que así los jueces ordinarios, cuya labor de manera general radica en la aplicación del derecho común, tendrían un control que deviene de jueces constitucionales en el más alto nivel, cuya labor se centraría a verificar que dichos jueces, en la tramitación de las causas, hayan observado las normas del debido proceso, la seguridad jurídica y otros derechos constitucionales, en uso del principio de la supremacía constitucional?2.

 

Es decir, que la acción extraordinaria de protección tiene como fin tutelar los derechos constitucionales a fin de evitar la arbitrariedad de los operadores de justicia por acción u omisión; por lo que, de determinarse la existencia de la violación de un derecho, el accionante puede exigir la reparación integral, propendiendo a que las cosas regresen al estado anterior de la vulneración.

 

Cabe señalar entonces, que la acción extraordinaria de protección es un mecanismo excepcional que busca garantizar la supremacía de la Constitución frente a acciones y omisiones, en este caso, de los jueces. Así, la incorporación del control de constitucionalidad de las decisiones judiciales permite garantizar que igual que cualquier decisión de autoridad pública, estas se encuentren conformes al texto de la Constitución y ante todo respeten los derechos de las partes procesales. En consecuencia, no se trata de una instancia superpuesta a las ya existentes, ni tiene por objeto deslegitimar o desmerecer la actuación de los jueces ordinarios.

 

 



 

2              Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia N.° 067-10-SEP-CC, caso N.° 0945-09-EP del 25 de noviembre del 2010.

 

Planteamiento de los problemas jurídicos de los que depende la resolución de la causa

 

Para resolver la presente causa, la Corte Constitucional procede a efectuar el análisis de fondo, a partir de los siguientes problemas jurídicos:

 

La sentencia emitida por el juez segundo de lo civil de Cuenca ¿ha vulnerado el debido proceso en la garantía del derecho a la defensa del accionante, al haber declarado el desistimiento tácito debido a su inasistencia a la audiencia pública?

 

¿Se ha vulnerado los derechos constitucionales de tutela judicial efectiva, debido proceso y seguridad jurídica del accionante, cuando el juez a quo calificó y negó el recurso de apelación interpuesto?

 

Resolución de los problemas jurídicos

 

1.             La sentencia emitida por el juez segundo de lo civil de Cuenca ¿ha vulnerado el debido proceso en la garantía del derecho a la defensa del accionante, al haber declarado el desistimiento tácito debido a su inasistencia a la audiencia pública?

 

El accionante en su demanda señala que el juez segundo de lo civil de Cuenca convocó a audiencia pública dentro del proceso de acción de acceso a la información pública para el día 5 de abril de 2011. Según señala, no pudo asistir a la misma con justa causa; sin embargo, el juez, ignorando sus razones y justificaciones, declaró el desistimiento tácito y ordenó el archivo de la causa.

 

 

Pese a que el accionante no ha alegado la existencia de una vulneración de sus derechos constitucionales en la declaratoria de desistimiento tácito dictada por el juez segundo de Cuenca, esta Corte, por la naturaleza propia de la acción extraordinaria de protección, en virtud del principio de iura novit curia, contenido en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para garantizar la defensa de los derechos constitucionales de las partes, procederá a realizar un análisis del auto emitido el 5 de abril de 2011,con el fin determinar si se ha garantizado el debido proceso en la garantía del cumplimiento de las normas y el derecho a la tutela judicial efectiva.

 

 

Según el Diccionario de la Lengua Española, desistimiento es la acción y efecto de desistir, con lo cual es preciso mencionar que según este diccionario desistir consiste en ?abdicar o abandonar un derecho o una acción procesal?.3 En este sentido, según la doctrina procesal, el desistimiento constituye una forma anormal de concluir un proceso judicial que ocurre

cuando el actor o accionante decide abandonar el proceso, juicio o acción iniciada por él4.

 

Sobre el desistimiento, el Tribunal Constitucional español, en su jurisprudencia, ha manifestado que:

 

?(?) se configura técnicamente como un acto que expresa la voluntad del demandante de abandonar el proceso y que por ello (...) ha de tener su causa en una voluntad expresa del actor del proceso de apartarse de él, lo que hace que deba diferenciarse de otros comportamientos en los que, aun cuando el incumplimiento de las reglas procesales impida la continuación del procedimiento, no hay una intención clara de abandonar el proceso?5.

 

Como se observa en el texto citado, normalmente, el desistimiento se caracteriza por la voluntad expresa del actor de desistir o abandonar el proceso. No obstante, existen excepciones impuestas por el legislador que permiten un desistimiento tácito en el que no exista una manifestación expresa del afectado, sino únicamente una presunción de abandono de la acción fundada en presupuestos específicos6. Así, en el caso ecuatoriano, el legislador, con el propósito de restringir las dilaciones indebidas y garantizar la tutela judicial efectiva dentro de los procesos de garantías jurisdiccionales, ha incluido el desistimiento tácito como consecuencia de la incomparecencia del afectado a la audiencia pública de una garantía jurisdiccional, pero siempre que concurran los presupuestos establecidos de modo expreso en la Ley de la materia.

 

 

Según la doctrina, el desistimiento tácito constituye una consecuencia de la inactividad injustificada del accionante en virtud de la cual se presume su voluntad de abandonar el proceso, convirtiéndose, por tanto, en una especie de sanción ante una actitud negligente y/o deliberada del actor que ocasiona la suspensión del proceso y la dilación del mismo. Es por ello, que en el caso de las garantías jurisdiccionales, el legislador ha incluido el desistimiento tácito como una medida excepcional que tiene como fin garantizar que estas cumplan con su característica constitucional de ser un mecanismo ágil, sumario y eficaz para la protección de derechos.

 

 

No obstante, al ser una forma anormal y excepcional de dar por terminado un proceso ?en este caso de garantías jurisdiccionales? esta figura tiene límites y presupuestos marcados que deben cumplirse para que pueda configurarse. Esto quiere decir que el desistimiento tácito no es automático y no puede producirse por cualquier conducta del demandante, sino únicamente cuando concurran todos los presupuestos establecidos en la ley. Así lo ha manifestado esta Corte al señalar que ?se colige que la figura del desistimiento tácito se puede dar en los supuestos establecidos en la ley, es decir no puede producirse por cualquier conducta?7.

 

De conformidad con los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la ausencia de la persona afectada en la audiencia pública podrá considerarse como desistimiento tácito, siempre que concurran los siguientes presupuestos:

 

 

 



 

3              Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. http://www.rae.es/

 

4              Al respecto revisar: Marín Perez, Ma. Ángeles. El desistimiento en el proceso civil. Editorial J.M Bosch Editor. Barcelona, 2001; o, De Santo, Victor. El proceso civil. Tomo 1. Editorial Universidad. Buenos Aires, 1999.

5              Tribunal Constitucional de España. Sentencia 3/1993.

6              Ibídem.

 

?(?) Se considerará desistimiento tácito cuando la persona afectada no compareciere a la audiencia sin justa causa y su presencia fuere indispensable para demostrar el daño(?)?.8 (Resaltado fuera del texto original).

 

 

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