Registro Oficial

Registro Oficial No 250 - Miércoles 21 de Mayo de 2014 Suplemento

Miércoles, 21 de mayo de 2014

Última modificación: Viernes, 29 de agosto de 2014 | 12:48

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 21 de Mayo de  2014 - R. O. No. 250

SUPLEMENTO

SUMARIO

               

Servicio de Rentas Internas:

Ejecutivo:

Circular 

NAC-DGECCGC14-00006 A los contribuyentes, a los servidores y ex servidores del Servicio de Rentas Internas

               

Servicio de Rentas Internas:

Resoluciones       

NAC?DGERCGC14?00318 Expídese el Reglamento Interno del SRI, para el pago de viáticos, movilizaciones, subsistencias y alimentación

               

Consejo de la Judicatura:

Judicial y Justicia Indígena               

201-2013 Suprímese el Juzgado Noveno de lo Civil con sede en el cantón Gualaceo, provincia del Azuay

               

076-2014 Nómbranse juezas y jueces en las provincias de: Loja, Manabí, Pichincha, Azuay y Pastaza

               

078-2014 Nómbranse juezas y jueces en las provincias de: Manabí, Esmeraldas, Imbabura y Loja

               

079-2014 Asígnanse las causas en las cuales se encuentren actuando conjuezas y conjueces a juezas y jueces titulares en la Corte Provincial de Guayas

CONTENIDO


CIRCULAR

No. NAC-DGECCGC14-00006

LA DIRECTORA GENERAL DEL

SERVICIO DE RENTA INTERNAS

A LOS CONTRIBUYENTES, A LOS SERVIDORES Y

EX SERVIDORES DEL SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS

De conformidad con el artículo 3 de la Constitución de la República, es deber primordial del Ecuador, entre otros, garantizar a sus habitantes, sin discriminación alguna, el efectivo goce de sus derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Para poder cumplir con sus obligaciones y deberes, el Estado debe obtener los recursos suficientes que le permitan satisfacer las necesidades de su población.

La recaudación tributaria constituye la principal fuente de recursos permanentes del Estado y le permite ejecutar sus políticas económicas y el desarrollo, de acuerdo a lo propuesto en el Plan Nacional del Buen Vivir. En tal sentido, los resultados alcanzados en Ecuador en materia de recaudación e incremento en la presión fiscal sobre el Producto Interno Bruto durante los últimos siete años, se deben a la implementación de varias políticas tributarias entre las que destaca el fomento y desarrollo de una cultura organizacional de la Administración Tributaria, inspirada en valores humanos, éticos y morales.

En contraposición de lo indicado, uno de los problemas más graves que enfrentan los gobiernos en América Latina, y por ende sus Administraciones Tributarias, es la corrupción y las conductas anti-éticas que se desarrollan a nivel público y privado. Entre los muchos efectos perjudiciales que dichas conductas ocasionan en la sociedad está la disminución de la recaudación, puesto que menoscaban la cultura tributaria y el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Como se indicó en la ponencia ?Estrategias e Instrumentos para el Incremento de la Eficacia y Eficiencia de la Administración Tributaria? publicado en la 37ª Asamblea General del Centro de Administraciones Tributarias ? CIAT, desarrollado en México en el año 2003: ??un punto de aumento en el índice de corrupción reduce la recaudación de ingresos fiscales en 2,7% del PIB?. Al disminuir la recaudación tributaria, se retarda el desarrollo económico y social de la población. Por eso, la corrupción y las conductas anti-éticas resultan contrarias al cumplimiento de los deberes y obligaciones del Estado debiendo ser atacadas y erradicadas en todos los niveles de gobierno dentro de las competencias establecidas legalmente.

En este contexto, la Constitución de la República del Ecuador establece como una de sus obligaciones garantizar el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una  sociedad democrática y libre de corrupción. Así mismo, el Estado ecuatoriano ha creado políticas para eliminar la corrupción así como las conductas fraudulentas y anti-éticas, a nivel público y privado, tipificándose en el Código Penal en vigencia, determinadas conductas que atentan contra la labor de la administración pública y de la justicia, especialmente aquellas previstas en el Capítulo VI del Título II del Libro II del referido código, por ser prácticas corruptas y anti-éticas, causantes de graves perjuicios a la sociedad.

Sin embargo, algunos actos de corrupción no se encuentran tipificados en la normativa penal ecuatoriana, y por eso solo pueden calificarse como actos anti-éticos. A pesar de ello debe recordarse que la ética constituye uno de los elementos inspiradores de la Constitución vigente y que además es uno de los deberes que dicha Constitución exige a sus constituyentes: el numeral 12 del artículo 84 de la Carta Magna establece que es deber y responsabilidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética.

La ética también está reconocida legalmente, por las normas especiales que regulan determinados colegiados profesionales y en ciertos casos sancionan su incumplimiento. Como ejemplo de esto tenemos el caso de los abogados, los contadores y los médicos.

Por tanto, puede concluirse que en el Ecuador la ética es considerada un bien jurídico, que en determinados casos es tutelado directamente por la normativa penal y en otros casos constituye un deber o una conducta deseable, establecida por la Constitución y la normativa vigente.

Sin embargo de lo indicado, esta Administración Tributaria ha detectado casos en que ex-servidores del Servicio de Rentas Internas que estuvieron a cargo de procesos de auditoría tributaria o que fueron procuradores tributarios de la Administración, inmediatamente luego de haber terminado su relación laboral con la institución, han prestado sus servicios de asesoría y defensa jurídicotributaria a los mismos sujetos pasivos que eran objeto de dichos procesos de auditoría tributaria o que eran parte contraria en procesos judiciales seguidos por la Administración en defensa de sus actos. En algunos casos la asesoría ha consistido precisamente en atacar, invalidar o anular los mismos actos administrativos o procesos judiciales en que dichos ex-servidores participaron de su elaboración o fueron procuradores, respectivamente, contradiciendo inclusive los mismos argumentos que fueran defendidos anteriormente, cuando pertenecían al servicio público, lo cual, sin perjuicio de que pueda llegar a trasvasar al ámbito punitivo, riñe contra todo principio ético y desdice la imagen de dichos ex-servidores.

La ley prohíbe que abogados asesoren a las dos partes de un juicio. La ley también prohíbe ?y con base en los mismos argumentos? que servidores públicos brinden asesoría a los contribuyentes en temas tributarios durante todo el tiempo en  que exista relación laboral con la Administración Tributaria. Su desconocimiento implica incluso sanciones penales para los transgresores. Sin embargo, dichas normas no han contemplado la posibilidad de que se causen los mismos efectos dañosos para las partes al producirse la asesoría del servidor público al contribuyente inmediatamente luego de haber terminado su relación laboral con la Administración Tributaria. Por ello, cuando ex-servidores de la Administración Tributaria brindan sus servicios a contribuyentes que fueron objeto de su auditoría fiscal, dentro de la institución, o que fueron parte contraria dentro de procesos judiciales, su asesoría deviene en una conducta anti?ética puesto que aprovecha ilegítimamente los secretos profesionales adquiridos en dichos casos así como los medios y las estrategias de defensa de la Administración Tributaria, puestos en su conocimiento en virtud de la confianza que tuvieron como servidores de la institución.

Por otro lado, los artículos 68 y 87 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 258 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, establecen que es facultad de la Administración Tributaria ejercer sus facultades con apego irrestricto a la ley y demás normativa vigente; y, que en tal sentido, esta Administración tiene la facultad de definir los procedimientos para la realización de determinaciones tributarias efectuadas por el sujeto activo o de forma mixta, así como las correspondientes prioridades para efectuarlas. Por su parte, el numeral 2 del artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas establece que es facultad de la Administración Tributaria efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del Estado y de aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por la Ley a otra autoridad.

Con base en lo indicado, esta Administración Tributaria dispone que dentro de los criterios de programación de auditorías y controles tributarios anuales de obligaciones tributarias y cumplimiento de deberes formales, se agregue una causal que incluya a aquellos contribuyentes asesorados por ex-servidores del Servicio de Rentas Internas, cuando dichos ex-servidores hayan participado directa y sustancialmente en procesos de auditoría tributaria o hayan patrocinado los procesos judiciales a favor de la Administración Tributaria y en contra de los mismos contribuyentes asesorados, cuando su asesoría sea notoriamente contraria a criterios suscritos por ellos durante su gestión como servidores públicos o sea expresamente contraria a derecho, violentando expresamente la normativa tributaria vigente, por todo el tiempo que dure dicha asesoría.

Sin perjuicio de lo indicado, si la Administración Tributaria verifica que el ex-servidor ha develado información obtenida en razón de sus funciones desarrolladas dentro de la Administración Tributaria, procederá a ejercer las acciones legales correspondientes, sin perjuicio de que dichos actos constituyan delito tipificado por la normativa legal vigente.

Esta disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, a 12 de mayo de 2014.

Comuníquese y publíquese.

Dictó y firmó la circular que antecede, la Econ. Ximena Amoroso Íñiguez, Directora General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D. M., a 12 de mayo de 2014.

Lo certifico.

f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.

No. NAC?DGERCGC14?00318

EL DIRECTOR GENERAL

SUBROGANTE DEL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Considerando:

Que el artículo 227 de la Constitución de la República señala que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige, entre otros, por los principios de eficacia, eficiencia, y transparencia;

Que el Servicio de Rentas Internas se creó como una entidad técnica y autónoma, con personalidad jurídica propia de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito, mediante Ley No. 41, publicada en el Registro Oficial No. 206, de 1 de diciembre de 1997;

Que el numeral 7 del artículo 7 de la mencionada ley, sustituido por el artículo 26 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 583 de 24 de noviembre de 2011, establece la atribución del Director General del Servicio de Rentas Internas de expedir los correspondientes reglamentos de necesidad, para la adecuada marcha de la entidad;

Que el numeral 22 del artículo 42 de la Codificación del Código del Trabajo determina que es obligación del empleador pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación cuando por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto al de su residencia;

Que el artículo 123 de la Ley Orgánica del Servicio Público determina que la reglamentación para el reconocimiento y pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias será expedida mediante Acuerdo del Ministerio de Relaciones Laborales, de conformidad con la ley;

Que los artículos 260, 261, 262 y 264 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público determinan los parámetros para el reconocimiento de viáticos, subsistencias y pago de movilización para las y los servidores públicos y disponen que el Ministerio de Relaciones Laborales elaborará el respectivo acuerdo ministerial para su correcta aplicación;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. MRL?2013?0097 de 29  de mayo de 2013, publicado en el Registro Oficial No. 011 de 10 de junio de 2013, el Ministerio de Relaciones Laborales expidió el Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias movilizaciones, y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los trabajadores públicos, respecto del cual se publicó una fe de erratas en el Suplemento del Registro Oficial No. 029, de 04 de julio de 2013 y que se reformó mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0123, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 043, de 24 de julio de 2013;

Que mediante Decreto No. 155 de 20 de noviembre de 2012, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 145 de 17 de diciembre de 2013, el Departamento de Inteligencia Tributaria del Servicio de Rentas Internas pasó a formar parte del Sistema Nacional de Inteligencia;

Que el artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece que los organismos de seguridad clasificarán la información y documentación como reservada, secreta y secretísima;

Que el artículo 14 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública indica que es obligación de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia, establecer procedimientos idóneos de control previo y concurrente destinados a precaver el adecuado uso de la información a través de acciones de inteligencia y contrainteligencia, detección y erradicación de fugas de información, protección de garantías y derechos constitucionales, activación de medidas y procedimientos de asuntos internos;

Que el artículo 29 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado indica que los servidores públicos, ciudadanos civiles y miembros activos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por el ejercicio de su cargo o profesión, vinculación o cumplimiento de sus funciones, tengan conocimiento de la información, documentación, expedientes y asuntos secretísimos, secretos y reservados que estén a cargo de la Secretaría Nacional de Inteligencia y de los organismos de seguridad, están prohibidos de divulgarlos;

Que el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en su último inciso establece que las declaraciones e informaciones de los contribuyentes, responsables o terceros, relacionadas con las obligaciones tributarias, así como los planes y programas de control que efectúe la Administración Tributaria, son de carácter reservado y serán utilizadas para los fines propios de la administración tributaria;

Que mediante Resolución No. 382, publicada en el Registro Oficial No. 554 de 12 de octubre de 2011, el Servicio de Rentas Internas expidió el Reglamento del Fondo Rotativo de Fedatarios Fiscales, cuyo artículo 1 señala la creación de este fondo para los desembolsos empleados en los operativos del Área de Fedatarios Fiscales del Departamentos de Prevención de Infracciones del SRI, que no pueden realizarse utilizando los procedimientos ordinarios de la gestión financiera institucional por la reserva e inmediatez propia de estos procedimientos de control tributario;

Que con Resolución No. NAC-DGERCGC13-0376 de 25 de julio de 2013, el Servicio de Rentas Interna, creó el Fondo Rotativo para el Área de Investigación del Fraude Fiscal y Lavado de Activos, dentro de lo cual se establece como destino de los fondos, el pago de gastos de logística de las actividades de campo de investigación del fraude fiscal o lavado de activos y donde se establece que la documentación que se genere para la reposición o liquidación de este Fondo Rotativo permanecerá bajo archivo y custodia del Departamento de Inteligencia Tributaria, por lo que, la Dirección Nacional Financiera, una vez revisada la documentación, remitirá los originales hacia el mencionado Departamento;

Que de conformidad con el artículo 25 y la Disposición General Segunda del mencionado Reglamento para el Pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del País, para las y los Servidores y las y los Trabajadores Públicos, las instituciones públicas --previa aprobación por parte del Ministerio de Relaciones Laborales--, pueden emitir sus respectivos reglamentos internos sobre la materia, especialmente en lo relacionado a las operaciones que deben mantenerse en sigilo. En el caso del Servicio de Rentas Internas, esto es aplicable a las operaciones de campo realizadas por los servidores de las Áreas de Fedatarios Fiscales y de Investigación del Fraude Fiscal y Lavado de Activos de los Departamentos de Prevención de Infracciones e Inteligencia Tributaria respectivamente;

Que el vigente Reglamento interno para el pago de viáticos, movilizaciones, subsistencias y alimentación para el cumplimiento de licencias de servicios institucionales del Servicio de Rentas Internas, expedido mediante Resolución No. NAC-DGERCGC09-00478, publicado en el Registro Oficial No. 4, de 14 de agosto de 2009 y reformado por las resoluciones NAC-DGERCGC09-00569, NACDGERCGC11- 00382, NAC-DGERCGC13-00120 y NACDGERCGC13- 00466, debe ser sustituido, para que guarde conformidad con las normas generales vigentes sobre la materia; y,

Que el Ministerio de Relaciones Laborales aprobó la emisión del presente reglamento.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 25 y la Disposición General Segunda del Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias movilizaciones, y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los trabajadores públicos de las instituciones públicas.

Resuelve:

Expedir el siguiente REGLAMENTO INTERNO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACIÓN.

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- El presente reglamento complementa el régimen de viáticos, subsistencias, alimentación, y movilización para los servidores y trabajadores del Servicio de Rentas Internas, constante en la Codificación del Código del Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público -  LOSEP, su reglamento general y el Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias movilizaciones, y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los trabajadores públicos.

El presente reglamento se aplicará exclusivamente cuando el servidor o trabajador se desplace fuera de su domicilio habitual de trabajo para prestar sus servicios.

Se entenderá por domicilio habitual de trabajo el correspondiente al cantón en el que el servidor o trabajador labora ordinariamente.

Artículo 2.- Prestación de servicios institucionales en distintas zonas.- Si en un mismo día de licencia de servicio institucional, el servidor se desplaza a ciudades pertenecientes a diferentes zonas, el cálculo de viáticos se realizará en función de la ciudad en la que efectivamente pernoctó el servidor. Para el cálculo de subsistencias y alimentación se considerará la zona en la que el servidor permaneció mayor tiempo, de conformidad al informe que presente.

Artículo 3.- Fondo a rendir cuentas.- En aplicación del último inciso del artículo 15 del Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias movilizaciones, y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los trabajadores públicos emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales, así como del inciso final del artículo 264 del Reglamento a la LOSEP, se podrán entregar anticipos con cargo a un fondo a rendir cuentas, en casos de urgencia debidamente justificados. Para el efecto, se deberá crear el fondo, aplicando el Acuerdo No. 086 del Ministerio de Finanzas, publicado en el Registro Oficial No. 689 de 24 de abril de 2012, o las normas técnicas vigentes relativas a fondos rotativos.

Artículo 4.- Formularios.- Para una adecuada ejecución del régimen jurídico aplicable, además del uso obligatorio de los formularios de solicitud e informe, constantes en la página web del Ministerio de Relaciones Laborales, se deberán utilizar los anexos adjuntos al presente Reglamento.

Artículo. 5.- Excepciones.- Con el fin de mantener el sigilo de las actividades que desarrollan los servidores y trabajadores de los Departamentos de Prevención de Infracciones e Inteligencia Tributaria, inclusive a favor de los miembros de la Fuerza Pública que participan en estas acciones, se someterán a las siguientes reglas especiales:

La solicitud deberá ser entregada con al menos dos días de anticipación a la ejecución de las actividades fuera del domicilio habitual de trabajo de los servidores u trabajadores;

No será necesario indicar la ciudad en la que se efectuará la licencia por servicios institucionales, sino exclusivamente la identificación de la zona a la que  pertenece, por lo que la verificación de su correspondencia se realizará al tiempo de la liquidación, por parte de las Unidades Financieras respectivas, en función del correspondiente informe;

En la identificación de las actividades y productos alcanzados del informe, bastarán referencias generales con el fin de mantener el sigilo de la información, sin perjuicio que los detalles consten en los archivos de las respectivas Unidades Administrativas. Tampoco deberán adjuntarse hojas de ruta de la movilización; y,

Los pagos realizados en actividades exclusivamente de las operaciones de campo u operativos de control de carácter reservado, del personal de fedatarios y de inteligencia tributaria, relativos a transporte, alimentación o alojamiento, se harán con cargo a los fondos rotativos de las Áreas de Fedatarios Fiscales y de Investigación del Fraude Fiscal y Lavado de Activos de los Departamentos de Prevención de Infracciones e Inteligencia Tributaria.

Artículo 6.- Cálculo de viáticos y responsabilidad de su pago.- De conformidad con el Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097 de 29 de mayo de 2013, publicado en el Registro Oficial No. 011 de 10 de junio de 2013, las Unidades Financieras o quienes hicieren sus veces en las Regionales, deberán realizar la recepción y el cálculo, así como serán los encargados del control y respectivo desembolso de los valores por conceptos de viáticos, subsistencias, movilización y alimentación.

Artículo 7.- Derogatoria.- Derógase el Reglamento interno para el pago de viáticos, movilizaciones, subsistencias y alimentación para el cumplimiento de licencias de servicios institucionales del Servicio de Rentas Internas, expedido mediante Resolución No. NAC-DGERCGC09-00478, publicado en el Registro Oficial No. 4, de 14 de agosto de 2009 y sus reformas.

Artículo 8.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Publíquese.- Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 08 de mayo de 2014.

Firmó la resolución que antecede, Econ. Leonardo Orlando Arteaga, DIRECTOR GENERAL SUBROGANTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, en Quito D. M., a 08 de mayo de 2014.

Lo certifico.-

f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.

No. 201-2013

EL PLENO DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: ?El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial??;

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador determinan: ?Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley: 1) Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial (?) 5) Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial??;

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: ?Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre la diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los grados?;

Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: ?La competencia de las juezas y jueces, de las cortes provinciales y demás tribunales, en razón del territorio, será determinada por el Consejo de la Judicatura, previo el informe técnico de la Unidad de Recursos Humanos. Será revisada por lo menos cada cuatro años.?;

Que, los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, determinan que de  acuerdo a las necesidades del servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?a) Crear, modificar o suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente?; y, ?b) Establecer o modificar la sede y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juezas y jueces de primer nivel...?;

Que, de conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina como funciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, entre otras: ?Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial?;

Que, mediante Memorando DNM-2013-0401, de 08 de agosto de 2013, suscrito por el doctor TOMÁS ALVEAR PEÑA, Director Nacional de Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, quien remite a la abogada DORIS GALLARDO CEVALLOS, Directora General, el Informe respecto al Juzgado Noveno del Civil del cantón Gualaceo;

Que, mediante Memorando DG-2013-4909, de 13 de agosto de 2013, suscrito por la abogada DORIS GALLARDO CEVALLOS, Directora General, quien solicita a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, analizar la propuesta mencionada en el


considerando anterior en el ámbito de sus competencias y remitir el proyecto de resolución;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2013-8090, de 9 de diciembre de 2013, suscrito por la abogada DORIS GALLARDO CEVALLOS, Directora General, quien remite el Memorando DNAJ- 2013-2745, de fecha 13 de septiembre de 2013, suscrito por el doctor ESTEBAN ZAVALA PALACIOS, Director Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el proyecto de resolución sobre el Juzgado Noveno de lo Civil del cantón Gualaceo, provincia del Azuay; y el Memorando DNP- 1138-2013, de fecha 13 de septiembre de 2013, suscrito por la economista ANDREA BRAVO MOGRO, Directora Nacional de Planificación, que contiene el informe de factibilidad técnica para la referida supresión; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los presentes,

RESUELVE:

SUPRIMIR EL JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL

CON SEDE EN EL CANTÓN GUALACEO,

PROVINCIA DEL AZUAY

Artículo 1.- Suprimir el Juzgado Noveno de lo Civil, con sede en el cantón Gualaceo.

Artículo 2.- Las causas que se encuentran en conocimiento de la jueza o juez del Juzgado Noveno de lo Civil con sede en el cantón Gualaceo, serán sorteadas entre las juezas y jueces que integran la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el cantón Gualaceo.

Artículo 3.- Las servidoras y servidores administrativos que prestan sus servicios en el Juzgado Noveno de lo Civil con sede en el cantón Gualaceo, pasarán a prestar sus funciones en el lugar donde disponga la Dirección Nacional de Talento Humano, previa evaluación de los perfiles y las necesidades que se requieran para el pleno funcionamiento del servicio judicial.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General y la Dirección Provincial del Azuay del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el cantón Atacames, de la provincia de Esmeraldas, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil trece.

f.) GUSTAVO JALKH RÖBEN, Presidente.

f.) Dr. ANDRÉS SEGOVIA SALCEDO, Secretario General.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó  esta resolución a los doce días del mes de diciembre de dos mil trece.

f.) Dr. ANDRÉS SEGOVIA SALCEDO, Secretario General.

No. 076-2014

EL PLENO DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador determina: ?El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial??;

Que, el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador establece: ?Para el ingreso a la Función Judicial se observarán los criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana??;

Que, el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador señala: ?Los requisitos y procedimientos para designar servidoras y servidores judiciales deberán contemplar un concurso de oposición y méritos, impugnación y control social; se propenderá a la paridad entre mujeres y hombres??;

Que, el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador determina: ?El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la ley??;

Que, el primer inciso del artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial establece como principios rectores: ?En los concursos para el ingreso a la Función Judicial y en la promoción, se observarán los principios de igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, oposición y méritos...?;

Que, el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: ?El perfil de las servidoras o servidores de la Función Judicial deberá ser el de un profesional del Derecho con una sólida formación académica; con capacidad para interpretar y razonar jurídicamente, con trayectoria personal éticamente irreprochable, dedicado al servicio de la justicia, con vocación de servicio público, iniciativa, capacidad innovadora, creatividad y compromiso con el cambio institucional de la justicia.?;

Que, el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial manda: ?Todo ingreso de personal a la Función Judicial se realizará mediante concurso público de oposición y méritos, sujeto a procesos de impugnación, control social y se propenderá a la paridad entre mujeres y hombres??;

Que, el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial establece: ?Los que aprobaren el curso de formación inicial, habiendo sido declarados elegibles en los concursos de oposición y méritos y sin embargo no fueren nombrados,  constarán en un banco de elegibles que tendrá a su cargo la Unidad de Recursos Humanos.

En caso de que se requiera llenar vacantes, se priorizará a quienes conforman el banco de elegibles, en estricto orden de calificación.

De este banco también se escogerá a quienes deban reemplazar a los titulares en caso de falta, impedimento o contingencia.

La permanencia en el banco de elegibles será de seis años.

Se valorará como mérito el haber integrado el banco de elegibles para nuevos concursos, de conformidad con el reglamento respectivo.

Para el caso de vacantes de jueces de Cortes Provinciales, Fiscales y Defensores Públicos de las distintas secciones territoriales, se aplicarán las mismas normas establecidas en este artículo.?;

Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: ?Los resultados de los concursos y de las evaluaciones realizadas a los cursantes de la Escuela Judicial serán vinculantes para las autoridades nominadoras las que, en consecuencia, deberán nombrar, para el puesto o cargo, al concursante que haya obtenido el mejor puntaje en el concurso, ya sea de ingreso o de promoción de categoría, dentro de la escala de puntuación, mínima y máxima, correspondiente.

Si deben llenarse varios puestos vacantes de la misma categoría se nombrará, en su orden, a los concursantes que hayan obtenido los puntajes que siguen al primero?;

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?10. Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial?.?;

Que, el artículo 3 de la Resolución 021-2013 expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 15 de abril de 2013, establece: ?Los nombramientos se realizarán previo al informe que determine las condiciones de operatividad, para el ingreso a la prestación del servicio judicial que presentará la Dirección General del Consejo de la Judicatura para aprobación del Pleno?;

Que, en sesión de 16 de octubre de 2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura expidió la Resolución 157-2013, mediante la cual resuelve: ?UNIFICAR LOS BANCOS DE ELEGIBLES DE LOS CONCURSOS CONVOCADOS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA A PARTIR DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2011 PARA LLENAR VACANTES DE JUEZAS Y JUECES EN VARIAS MATERIAS A NIVEL NACIONAL?; Que, en sesión de 7 de abril de 2014, el Pleno del Consejo de la Judicatura expidió la Resolución 054-2014, mediante la cual resuelve: ?APROBAR EL INFORME DE RECALIFICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ESCRITO Y EXAMEN PRÁCTICO ORAL DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE ASPIRANTES A JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL Y DECLARAR ELEGIBLES A LOS POSTULANTES QUE APROBARON CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA ASPIRANTES A JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL?;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció y aprobó el Memorando CJ-DG-2014-2889, de 29 de abril de 2014, suscrito por la economista ANDREA BRAVO MOGRO, Directora General, quien remite con igual asunto el Memorando DNTH-3161-2014, suscrito por la ingeniera MARÍA CRISTINA LEMARIE ACOSTA, Directora Nacional de Talento Humano, que hace referencia al informe: ?No. 33 Designación de Juezas y Jueces a Nivel Nacional?; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

RESUELVE:

NOMBRAR JUEZAS Y JUECES EN LAS

PROVINCIAS DE: LOJA, MANABÍ, PICHINCHA,

AZUAY Y PASTAZA

Artículo 1.- Nombrar juezas y jueces a los siguientes postulantes elegibles en las provincias de: Loja, Manabí, Pichincha, Azuay y Pastaza:


No.

JUSTIFICACIÓN

CÉDULA

APELLIDOS

NOMBRES

Se sugiere nombramiento para:

Puntaje

Materia

Provincia

Cantón

1

Vacante en el JUZGADO CUARTO DE GARANTÍAS PENALES en Loja reemplaza a JARAMILLO OCHOA WILSON RODRÍGUEZ (por desvinculación) se sugiere el nombramiento del elegible en el concurso 1284:

110370065?2

OCHOA ALDEAN

DIEGO ENRIQUE

JUZGADO CUARTO DE GARANTÍAS PENALES

LOJA

LOJA

87,750


2

Vacante en el JUZGADO ÚNICO PRIMERO PENAL?CALVAS en Loja reemplaza a ORDOÑEZ SANDOVAL NELSON HIPÓLITO (por desvinculación) se sugiere el nombramiento del elegible en el concurso 1027:

110305798?8

PACCHA SOTO

LETHY KRUPSKAYA

JUZGADO ÚNICO PRIMERO PENAL

LOJA

CALVAS

97,000

3

Vacante en la SALA CIVIL Y MERCANTIL en Loja reemplaza a JARAMILLO VIVANCO NORMAN AUGUSTO (por desvinculación) se sugiere el nombramiento del elegible en el concurso 1284

030124791?2

OCHOA PESANTEZ

TANIA MARIELA

SALA CIVIL Y MERCANTIL

LOJA

LOJA

89,445

4

Vacante en la SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL en Manabí reemplaza a DELGADO PÁRRAGA ORLANDO ABSALÓN (por desvinculación) se sugiere el nombramiento del elegible en el concurso 1284:

130334095?2

PINARGOTY ALONZO

MAURO ALFREDO

SALA PENAL DE CORTE PROVINCIAL

MANABÍ

PORTOVIEJO

90,300

5

Vacante en la UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO EN PICHINCHA, reemplaza a CORONEL DOMÍNGUEZ RENÉ ALONSO (por desvinculación) se sugiere el nombramiento del elegible en el concurso 1284:

171111361?1

NAVAS SUASNAVAS

MARIANELA

UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO

PICHINCHA

QUITO

90,600

6

Vacante en el TRIBUNAL SEGUNDO PENAL en Azuay reemplaza a PAREDES ROLDÁN LUIS EFRÉN (por desvinculación) se sugiere el nombramiento del elegible en el concurso 1284:

010134270?7

GUILLERMO DELGADO

JORGE ERNESTO

TRIBUNAL SEGUNDO PENAL

AZUAY

CUENCA

82,610

7

Se sugiere el nombramiento de un Juez para completar la SALA ÚNICA MULTICOMP

 

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