Registro Oficial No 381 - Lunes 24 de Noviembre de 2014Suplemento

Lunes, 24 de noviembre de 2014

Última modificación: Martes, 20 de enero de 2015 | 11:44

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Lunes 24 de Noviembre  2014 - R. O. No. 381

SUMARIO

SUPLEMENTO

               

Ministerio de Finanzas:

Ejecutivo:

Acuerdo

159 Deléganse funciones al licenciado Carlos Fernando Soria Balseca, Subsecretario de Presupuestos

               

Ministerio de Industrias y Productividad: Subsecretaría de la Calidad:

Resolución           

14 476 Dispónese que el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 093 ?PRODUCTOS COSMÉTICOS?, continúe en vigencia como obligatoriosemergentes por seis meses adicionales

               

Corte Constitucional:

Sentencia             

007-14-SIN-CC Acéptase la acción pública de inconstitucionalidad por el fondo de la frase ?(?) previa renuncia de ciento ochenta días antes de la convocatoria a concurso o conformación de lasternas?, interpuesto por el doctor Rafael Parreño Navas en calidad de procurador general del Estado subrogante

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanzas Municipales:

Ordenanzas         

-       Cantón Nabón: Reformatoria a la Ordenanza para la organización, administración y funcionamiento del Registro de la Propiedad y Mercantil

               

-       Cantón Santa Lucía: De creación de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR)

               

-       Cantón Santa Lucía: Que aprueba la exoneración del pago de las tasas por consumo de agua potable hasta el 30 de junio 2014, a los usuarios del sistema de agua

               

-       Cantón Santa Lucía: Reformatoria a la Ordenanza de conformación del Consejo Cantonal de Protección de Derechos

               

-       Cantón Santa Lucía: Que regula el uso, funcionamiento y administración del mercado municipal

CONTENIDO


MINISTERIO DE FINANZAS

N° 159

LA COORDINADORA GENERAL

ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Considerando:

Que el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en su artículo 15 señala que, son atribuciones del Secretario Nacional de la Administración Pública: u) Expedir acuerdos de autorización de vacaciones, licencias con o sin remuneración y permisos para autoridades de la Función Ejecutiva comprendidas en el grado 8 de la escala del nivel jerárquico superior;

Que la Ley Orgánica del Servicio Público publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 294 de 6 de octubre de 2010, en su artículo 126 dispone que cuando por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerárquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente ausente, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin perjuicio del derecho del titular;

Que el artículo 270 del Reglamento General de la LOSEP, dispone que la subrogación procederá de conformidad al anotado artículo 126 de la LOSEP, considerando que la o el servidor subrogante tendrá derecho a percibir la diferencia que exista entre la remuneración mensual unificada de su puesto y la del puesto subrogado, incluyendo estos los puestos que dependan administrativamente de la misma institución;

Que el señor Ministro Coordinador de la Política Económica, mediante Oficio No. MCPE.DM.2014.0144.O de 9 de junio de 2014, remite al Secretario Nacional de la Administración Pública, el aval correspondiente para que la Ministra de Finanzas Subrogante pueda salir en comisión de servicios al exterior para asistir a varias reuniones con organismos multilaterales;

Que las reuniones con Organismos Multilaterales y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, a realizarse en las ciudades de Nueva York y Washington, Estados Unidos de América se extenderá un día más hasta el 18 de junio de 2014;

Que con Acuerdo Ministerial No. 002, publicado en el Registro Oficial No. 630 de 31 de enero de 2012, se delegó a la Coordinadora General Administrativa Financiera entre otras responsabilidades, el que ejerza aquellas funciones y atribuciones que el correspondan al Ministro de Finanzas en lo  referente al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código del trabajo; y

 En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 270 del Reglamento General a la invocada Ley y letra c) artículo 1 del Acuerdo Ministerial N° 002,

Acuerda:

Art. 1.- El licenciado Carlos Fernando Soria Balseca, Subsecretario de Presupuestos, continuará subrogando las funciones del Ministro de Finanzas el 18 de junio de 2014.

Art. 2.- La Econ. María Gabriela Carrasco Espinoza, Subsecretaria de Relaciones Fiscales, continuará subrogante las funciones de Viceministra de Finanzas el 18 de junio de 2014.

Art. 3.- La Econ. Wilma Nathalia Guerra Cartagena, Directora Nacional de Empresas Públicas, continuará subrogando las funciones de Subsecretaria de Relaciones Fiscales, el 18 de junio de 2014.

Art. 4.- La Econ. Martha Susana Varela Acurio, Directora Nacional de Ingresos, continuará subrogando las funciones de Subsecretaria de Presupuestos, el 18 de junio de 2014.

Art. 5.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a 17 de junio de 2014.

f.) Econ. Rosana Cevallos Zaldumbide, Coordinadora General Administrativa Financiera.

Ministerio de Finanzas.- Es fiel copia del original.- f.) Dayana Rivera, Directora de Certificación.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y

PRODUCTIVIDAD

No. 14 476

SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD

Considerando:

Que mediante Resolución No. 13 392 del 25 de octubre de 2013, promulgada en el Suplemento del Registro Oficial No. 121 del 12 de noviembre de 2013 se oficializó Técnico Ecuatoriano RTE INEN 093 ?Productos cosméticos?, el mismo que entró en vigencia el 12 de noviembre de 2013;

Que mediante Resolución No. 14 004 del 03 de enero de 2014, promulgada en el Registro Oficial No. 173 del 30 de enero de 2014 se oficializó con el carácter de Obligatoria la Modificatoria 1 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 093 ?Productos cosméticos?, la misma que entró en vigencia el 30 de enero de 2014;

Que mediante Resolución No. 14 042 del 30 de enero de 2014, promulgada en el Registro Oficial No. 187 del 19 de febrero de 2014 se oficializó con el carácter de Obligatoria la Modificatoria 2 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 093 ?Productos cosméticos?, la misma que entró en vigencia el 30 de enero de 2014;

Que el Artículo 2 de la Resolución No 13 392 del 25 de octubre de 2013 establece que este Reglamento Técnico Ecuatoriano tiene vigencia de doce (12) meses desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial;

Que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 2.10 del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC y, en el artículo 16 de la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Ecuador podrá solicitar un plazo adicional de 6 meses para prorrogar la vigencia como Obligatorio-Emergente del RTE INEN 093;

Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN, de acuerdo a las funciones determinadas en el Artículo 15, literal b) de la Ley No. 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, reformada en la Novena Disposición Reformatoria del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 351 de 29 de diciembre de 2010, y siguiendo el trámite reglamentario establecido en el Artículo 29 inciso primero de la misma Ley, en donde manifiesta que:?La reglamentación técnica comprende la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la seguridad, la salud de la vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del consumidor contra prácticas engañosas? solicita que se proceda a prorrogar por SEIS MESES ADICIONALES la vigencia como Obligatorio-Emergente del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 093 ?PRODUCTOS COSMÉTICOS?;

Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. REG-0112 de fecha 18 de noviembre de 2014, se sugirió proceder a la oficialización de la ampliación en el plazo de vigencia del reglamento materia de esta resolución, el cual recomienda oficializar con el carácter de OBLIGATORIA la AMPLIACIÓN DE SEIS MESES del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 093 ?PRODUCTOS COSMÉTICOS?;

Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y su Reglamento General, el Ministerio de Industrias y Productividad, es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, en consecuencia, es competente para oficializar con el carácter de OBLIGATORIA, la AMPLIACIÓN DE SEIS MESES del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 093 ?PRODUCTOS COSMÉTICOS?; mediante su promulgación en  el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores; Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, se delega a la Subsecretaria de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su Reglamento General; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,

Resuelve:

ARTÍCULO 1.- Que el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 093 ?PRODUCTOS COSMÉTICOS?, oficializado mediante Resolución No. 13 392 del 25 de octubre de 2013 publicado en el Registro Oficial No. 121 del 12 de noviembre de 2013 y sus Modificatorias 1 y 2, continúen en vigencia como Obligatorios-Emergentes por seis meses adicionales.

ARTÍCULO 2.- Disponer al Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, que, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique la AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 093 ?PRODUCTOS COSMÉTICOS? en la página web de esa Institución (www.normalizacion.gob.ec).

ARTÍCULO 3.- Esta Resolución del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 093 entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y, tendrá vigencia hasta el 2 de mayo de 2015 al igual que sus modificatorias 1 y 2.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 18 de Noviembre del 2014.

f.) Mgs. Ana Elizabeth Cox Vásconez, Subsecretaria de la Calidad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- Fecha: 18 de noviembre de 2014.- f.) Ilegible.

Quito, D.M., 22 de octubre de 2014

SENTENCIA N.º 007-14-SIN-CC

CASO N.º 0012-14-IN

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad


El doctor Rafael Parreño Navas en calidad de procurador general del Estado subrogante, el 30 de mayo de 2014, interpone acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que posteriormente fue signada con el N.º 0012-14-IN.

En la misma fecha, la Secretaría General de la Corte Constitucional de conformidad con lo establecido en el segundo inciso del cuarto artículo innumerado agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N.º 587 del 30 de noviembre de 2011, certificó que respecto de la acción interpuesta no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción, sin embargo dejó constancia para los fines pertinentes que la presente causa tiene relación con el caso N.º 0002-12-IN.

Mediante providencia del 24 de junio del 2014 a las 14h00, la Sala de Admisión, conformada por los jueces constitucionales Tatiana Ordeñana Sierra, Marcelo Jaramillo Villa y Manuel Viteri Olvera, avocó conocimiento de la causa N.º 0012-14-IN y admitió a trámite la acción, disponiendo notificar con la mencionada providencia y la demanda al presidente de la República y a la presidenta de la Asamblea Nacional, a fin de que en el término de quince días, presenten los informes y demás documentos respecto a esta acción de inconstitucionalidad; dispuso además, poner en conocimiento del público la existencia del proceso a través de la publicación de un resumen de la demanda en el Registro Oficial y en el portal electrónico de la Corte Constitucional.

De conformidad con el sorteo efectuado en sesión extraordinaria del 23 de julio de 2014, correspondió la sustanciación de la presente causa al juez constitucional Patricio Pazmiño Freire, la cual fue remitida por la Secretaría General mediante memorando N.º 336-CCE-SGSUS- 2014 del 24 de julio de 2014, para su correspondiente sustanciación.

El juez sustanciador, mediante providencia del 03 de septiembre de 2014, avocó conocimiento de la presente causa y señaló el 08 de septiembre de 2014, a fin que se lleve a efecto la audiencia pública.

Normas acusadas de inconstitucionalidad

El legitimado activo solicita la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 70 primer inciso de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, promulgada en el suplemento del Registro Oficial N.º 22 del 9 de septiembre de 2009, en la parte en la cual se dispone que para participar en los procesos de selección para la designación de sus reemplazos, debe ser ?previa renuncia ciento ochenta días antes de la convocatoria a concursos o confrontación de las ternas?.

Art. 70.- Postulación de las primeras autoridades.- La primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Procuraduría General del Estado y las  Superintendencias, las representaciones ciudadanas a los distintos organismos y cuerpos colegiados, podrán participar en los procesos de selección para la designación de sus reemplazos, previa renuncia ciento ochenta días antes de la convocatoria a concurso o conformación de las ternas y no podrán participar en dichos procedimientos si ya hubiesen ocupado el mismo cargo por dos periodos, a excepción de las autoridades con prohibición expresa establecida en la Constitución y la ley.

Para participar en los procesos de selección para la designación de otra autoridad que no sea del cargo que se encuentran desempeñando, las autoridades de estas instituciones necesariamente tendrán que renunciar a su cargo, noventa días antes de la convocatoria al concurso público.

De la solicitud y sus argumentos

El accionante en su demanda en lo principal manifiesta que el tercer inciso del artículo 210 de la Constitución de la República se refiere a aquellas autoridades que van a concursos públicos de oposición y méritos, más no a las autoridades cuya designación proviene de ternas enviadas por el presidente de la República que son conformadas con criterios de especialidad y méritos, sujetas a escrutinio público y derecho de impugnación ciudadana.

Argumenta que el hecho de que la previsión se refiera únicamente a las designaciones por concursos y no por ternas es lógico, considerando que aquella persona que si bien puede ser nominada en una terna, no depende de su sola voluntad, sino de quien nómina y de quien designa para ejercer un cargo o función dentro del sector público. Establece que el artículo 70 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al incluir a las autoridades cuya designación proviene de ternas y que no participa en un concurso público, hace extensiva sus disposiciones más allá de lo previsto en el tercer inciso del artículo 210 de la Constitución de la República.

Aduce que esta disposición vulnera los derechos de participación de las actuales autoridades, específicamente su derecho a desempeñar empleos y funciones públicas con base a méritos y capacidades, previsto en el artículo 61 numeral 7 de la Constitución, así como también el derecho a la igualdad formal que exige un trato en igualdad de condiciones y no discriminación, previsto en el artículo 66 numeral 4 de la Norma Suprema.

Pretensión

El accionante establece como pretensión la siguiente:

Por lo expuesto en la presente demanda y de conformidad con lo prescrito en los artículos 436 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador y 95 y 96 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicito se declare la inconstitucionalidad de la frase ?(?) previa renuncia ciento ochenta días antes de la convocatoria a concurso o conformación de las ternas?, contenida en el inciso primero del artículo 70 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación  Ciudadana y Control Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 22 de 9 de septiembre de 2009.

Contestaciones a la demanda

Alexis Mera Giler, secretario nacional jurídico de la Presidencia de la República, comparece a fs. 40 del expediente constitucional manifestando:

La normativa constitucional que rige la forma de selección de diversas autoridades del Estado se encuentra contemplada en el artículo 179 tercer inciso del artículo 213, artículo 236 y numerales 9, 10, 11 y 12 del artículo 208 de la Constitución de la República.

Señala que del análisis de estas disposiciones se desprende que el ordenamiento constitucional recoge y reconoce la existencia de dos formas de conformación e integración de los máximos órganos de dirección de las diversas funciones e instituciones del Estado: aquellos que cuentan con un órgano conformado por una autoridad única y aquellos que cuentan con órganos colegiados.

En el primer caso a través de concurso de posición y méritos, que comprenden e incluyen las fases de impugnación y oposición ciudadanas: Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, fiscal general del Estado, contralor general del Estado, miembros del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral; mientras que en el segundo caso, previo un proceso que no es el de oposición y méritos previsto en el artículo 210 de la Constitución de la República del Ecuador, sino de una eventual impugnación y oposición ciudadana, en el caso de las ternas remitidas por diversas autoridades del Estado, en cuyo caso no corresponde a aquel el proceso inicial de selección: Consejo Nacional de la Judicatura (ternas de la Asamblea Nacional, Corte Nacional de Justicia, Ejecutivo, fiscal general del Estado y defensor público), procurador general del Estado y superintendencias (ternas del Ejecutivo).

Aduce que en el segundo caso, el proceso inicial de selección corresponde a la autoridad que remite la terna, basado en los méritos, capacidad y conocimientos que considera dicha autoridad de conformidad con el numeral 7 del artículo 61 de la Constitución de la República. Sin embargo, sostiene que tan solo en los casos de designación de autoridades a través de concursos públicos de oposición y méritos, se ha establecido una expresa prohibición constitucional, sin embargo en el caso de la designación de autoridades mediante ternas no existe limitante constitucional alguna.

Establece que en la disposición legal impugnada se establecieron de manera inadecuada y contraria a lo previsto en la Constitución de la República, los mismos requisitos de prohibición respecto de dos procedimientos diferentes, ya que se incluyó indebidamente los procesos de impugnación y oposición ciudadana de autoridades no sujetas a concursos de oposición y méritos. Determina que en la norma legal impugnada no se ha considerado el origen de las postulaciones, puesto que en el primer caso, para la  designación de las primeras autoridades, el concurso de oposición y méritos parte de un proceso de postulación de carácter individual y en el segundo caso, de ternas presentadas por diversas autoridades. Argumenta que la frase de la disposición impugnada incumple y no se adecua al ordenamiento constitucional, pues priva a las personas del efectivo ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, siendo por tanto inconstitucional cuando el procedimiento se origina en ternas presentadas por diversas autoridades del Estado.

Finalmente, señala que se allana en forma parcial a la demanda de inconstitucionalidad formulada.

Doctora Carla Espinosa Cueva en calidad procuradora judicial de la señora Gabriela Rivadeneira Burbano, presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, en lo principal en el informe presentado, establece lo siguiente:

Refiriéndose al derecho a la igualdad formal y material afirma que en el presente caso los sujetos son las personas que postulan para primeras autoridades establecidas en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que son: la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Procuraduría General del Estado y las superintendencias, así como también las representaciones ciudadanas a los distintos organismos y cuerpos colegiados.

Establece que los bienes o derechos a repartir son los cargos públicos a los que aspiran las primeras autoridades determinadas en la norma impugnada. Mientras que los criterios son la selección por concursos oficiales de méritos y oposición con veeduría e impugnación ciudadana de las primeras autoridades.

En lo que respecta a la supuesta vulneración del artículo 61 numeral 7 de la Constitución de la República manifiesta que estudiada la materia de la controversia se puede determinar que es cuestionable argumentar que existe una vulneración al derecho de participación de personas que en la actualidad ya desempeñan una función o cargo público y que precisamente, fueron elegidas en virtud de un concurso de méritos y oposición.

Argumenta que la supuesta limitación a la reelección en los términos del artículo 210 de la Constitución no es para aquellas personas que se encuentran en ejercicio de sus funciones en uso de sus derechos de participación, ocupando puestos o cargos públicos, sino, por el contrario, es una garantía de los derechos de las personas que aún no han accedido a ocupar puestos o cargos públicos. Este espíritu de la norma a su criterio, se reproduce en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 6 ?

Sostiene que la disposición contenida en el artículo 210 tercer inciso de la Constitución de la República expresamente, prohíbe la posibilidad de presentarse a concursos públicos de oposición y méritos a aquellas autoridades que se encuentren  en ejercicio de sus funciones, por lo que dicha frase conforme una interpretación adecuadora, afecta tanto a aquellas autoridades que provengan de una postulación personal como de aquellas candidaturas de ternas, sobre la base de los criterios de meritocracia como uno de los derechos de participación de los ecuatorianos. En tal sentido, solicita que se deseche la demanda, declarándola improcedente y se ordene su archivo.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA

CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia

El Pleno de la Corte Constitucional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 436 numeral 2 de la Constitución de la República, es competente para:

2. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos y autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado.

Por su parte, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el suplemento del Registro Oficial N.º 52 del 22 de octubre del 2009, en el Título III, Control Abstracto de Constitucionalidad, trata de esta acción. De manera particular, el artículo 74 señala:

Art. 74.- Finalidad.- El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la eliminación de las incompatibilidades normativas, por razones de fondo o de forma, entre normas constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico.

Análisis de constitucionalidad

Conforme lo determina la Constitución de la República en su artículo 436 numeral 2 de conformidad a las competencias de la Corte Constitucional, le corresponde a este organismo: ?Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado?.

El alcance de esta acción pública de inconstitucionalidad se hace extensiva dentro del marco constitucional ecuatoriano tanto a los actos normativos de carácter general emitidos por órganos o autoridades del Estado y contra los actos administrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad pública; de ahí, que el primer alcance que tiene este control abstracto es su carácter general respecto a las normas o actos administrativos imputados como inconstitucionales. Empero, dentro del sistema jurídico constitucional ecuatoriano, esta acción también se hace extensiva para las enmiendas y  reformas constitucionales; resoluciones legislativas aprobatorias de tratados internacionales, leyes, decretos leyes de urgencia económica; objeciones de inconstitucionalidad presentadas por la presidenta o presidente de la República en el proceso de formación de leyes, proyectos de reformas, enmiendas y cambios constitucionales, convocatorias para referendo para reforma, enmienda o cambio constitucional, decretos que declaran o que se dictan con fundamento en los estados de excepción, tratados internacionales, convocatorias a consultas populares, estatutos de autonomía y sus reformas, además de ejercer un control en cuanto a la inconstitucionalidad de normas conexas1.

Otra característica de esta forma de control está dada por su carácter abstracto; es decir, que la contradicción de la norma con el texto normativo no está direccionado hacia una persona o grupo de personas en particular, sino que la afectación se la hace a toda la sociedad es decir no existe un sujeto determinado de afectación sino que ha de entenderse como el sujeto afectado a toda la colectividad, asegurándose de esta manera la supremacía de la Constitución.

En cuanto a los efectos que genera la declaratoria de inconstitucionalidad tanto de actos normativos como administrativos de carácter general, los mismos se verán expresados en la invalidez del acto impugnado, generándose un efecto erga omnes o general respecto a esas disposiciones normativas.

Siendo el estado de la causa el resolver, esta Corte procede a efectuar el análisis de fondo y de forma de la norma impugnada.

Análisis de constitucionalidad por la forma

Previo al análisis, la Corte Constitucional debe señalar que si bien el representante de la Procuraduría General del Estado ha señalado de modo expreso en su demanda que únicamente formula la inconstitucionalidad de fondo de una frase contenida en el primer inciso del artículo 70 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, siguiendo la línea jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional, se procederá a efectuar el control de constitucionalidad integral de la norma demandada.

En efecto, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de forma del cuerpo normativo que contiene la norma cuya constitucionalidad se impugna, esta Corte Constitucional plantea el siguiente problema jurídico:

La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ¿fue expedida observando los requisitos formales para su expedición?



 

1              Cf. Artículo 75 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, segundo suplemento del Registro Oficio N.º 52 del 22 de octubre de 2009.

Un aspecto que debe ser considerado por la Corte Constitucional al momento de revisar la constitucionalidad por la forma del cuerpo normativo contentivo de la disposición jurídica impugnada, es aquel que se refiere a la fecha de publicación de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues de acuerdo a aquello, se deberá revisar si la misma se ajustó y fue 7 acorde al procedimiento legislativo contenido en la sección tercera, capítulo segundo, título cuarto de la Constitución de la República. En efecto, como quedó indicado en líneas anteriores, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue publicada en el suplemento del Registro Oficial N.º 22 del 9 de septiembre de 2009, razón por la cual el procedimiento descrito en el párrafo precedente es aquel que correspondía para dar origen formal al cuerpo normativo contentivo de la disposición jurídica cuya constitucionalidad se impugna.

De la revisión de la documentación remitida por la Secretaría General de la Asamblea Nacional, se observa en primer lugar que el 21 de mayo de 2009, de conformidad con las atribuciones constitucionales previstas en el artículo 29 del Régimen de Transición Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para el correspondiente conocimiento, discusión y aprobación por parte de la Comisión Legislativa y de Fiscalización correspondiente.

A foja 50 y siguientes del expediente consta copia certificada del oficio N.º 530-CEPS-AN del 11 de junio de 2009, suscrito por el doctor Holger Paúl Córdova Vinueza, secretario relator de la Comisión Especializada de Participación Social, quien se dirige al arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, remitiendo el informe para el primer debate del proyecto de Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Una vez que se presentaron las observaciones al proyecto de Ley, mediante memorando N.º SCLF-2009-756 del 16 de junio de 2009, la Secretaría General de la Asamblea Nacional devolvió a la Comisión Especializada de Participación Social el referido proyecto para dar continuidad al procedimiento respectivo.

El 30 de junio de 2009, mediante memorando N.º 559- CEPS-AN, el secretario relator de la Comisión Especializada de Participación Social de la Asamblea Nacional remitió el informe para el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cumplidos los requisitos correspondientes, consta del expediente la certificación expedida por el Secretario de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, quien certifica que el Proyecto de Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana fue discutido y aprobado en dos debates: el primer debate el 16 de junio de 2009 y el segundo debate, los días 08 y 14 de julio de 2009. Luego, consta el contenido del oficio N.º PCLF-FC-09-700 del 15 de julio de 2009, suscrito por el presidente de la Asamblea Nacional dirigido al presidente de la República, a fin de dar cumplimiento a los artículos 137 de la  Constitución de la República y 29 del Mandato Constituyente N.º 23.

El 09 de septiembre de 2009, la Secretaría General de la Asamblea Nacional se dirige al director del Registro Oficial para informar que luego de haberse cumplido con el procedimiento legislativo para la tramitación del cuerpo normativo en análisis y habiéndose conocido sobre la objeción parcial presentada por el presidente de la República, de acuerdo a lo manifestado en el artículo 138 de la Constitución de la República y artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se remite a dicha entidad el texto de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para su correspondiente publicación.

Con las consideraciones hasta aquí formuladas, la Corte Constitucional ha podido constatar que el cuerpo normativo denominado ?Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social?, contentivo de la disposición normativa cuya constitucionalidad se impugna, fue dictado en el marco del procedimiento constitucional establecido para el efecto y sin que exista alguna puesta de duda sobre su constitucionalidad formal o algún hecho o acto jurídico que denote en modo alguno vicio o irregularidad en el trámite, se concluye que dicha Ley fue expedida observando los requisitos formales y por tanto la Corte Constitucional declara que la constitucionalidad formal ha sido debidamente cumplida.

Análisis de constitucionalidad por el fondo

Una vez que la Corte Constitucional ha verificado que las resoluciones impugnadas han cumplido con el control formal de constitucionalidad, a continuación se procederá a realizar el control de constitucionalidad por el fondo. Para el efecto, esta Corte ha considerado formular el siguiente problema jurídico:

La frase ?(?) previa renuncia de ciento ochenta días antes de la convocatoria a concurso o conformación de las ternas?, contenida en el primer inciso del artículo 70 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿trasgrede la disposición constitucional que se refiere a los derechos de participación, previstos en el artículo 61 numeral 7 de la Constitución de la República?

Dentro de la acción presentada ante esta Corte Constitucional se aduce por parte del demandante que esta disposición vulnera los derechos de participación de las actuales autoridades, específicamente su derecho a desempeñar empleos y funciones públicas con base a méritos y capacidades. En ese orden de ideas, corresponde a esta Corte determinar si la frase ?previa renuncia de ciento ochenta días antes de la convocatoria a concurso o conformación de las ternas? atenta el derecho a la participación anteriormente indicado.

Para resolver adecuadamente el problema jurídico planteado, debemos en primer lugar referirnos brevemente a uno de los elementos esenciales que caracterizan el modelo constitucional ecuatoriano y que tiene relación directa con los aspectos que serán analizados en la presente sentencia. Nos referimos al  elemento de la democracia participativa, rasgo relevante en el paradigma constitucional que rige nuestro Estado y modelo además sustitutivo del esquema clásico de democracia inorgánica. En el actual modelo, los mecanismos de participación ciudadana permiten o garantizan que el ciudadano participe directamente en las decisiones políticas que se toman en la sociedad, permitiendo que todas las personas podamos ejercer en distintos ámbitos este conjunto de derechos de participación, de entre los cuales se destacan los derechos a desempeñar funciones o cargos públicos con base a méritos y capacidades mediante procedimientos previamente establecidos, los mismos que deben garantizar la mayor apertura para que las personas idóneas y capaces puedan acceder a dichas funciones.

Los derechos de participación han sido ampliamente desarrollados por la Constitución de la República y justamente, aquellos fueron establecidos por el constituyente en el capítulo quinto del título segundo de la Norma Suprema. Así, tenemos entre los derechos de participación el derecho a elegir y ser elegidos, a participar en los asuntos públicos de interés público, ser consultados, fiscalizar los actos del poder público, desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación trasparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional, entre otros derechos de participación establecidos en el artículo 61 de la Norma Suprema2.

Es en este contexto que un ejercicio adecuado de los derechos de participación, permite cumplir con los objetivos primigenios del Estado Constitucional de derechos y justicia, nutriendo a la democracia a través del ejercicio real de la participación en diversos mecanismos y circunstancias previstos en el propio texto constitucional.

Uno de estos mecanismos es aquel que se refiere a la facultad de las personas de ejercer cargos y funciones públicas con base en sus méritos y capacidades, posibilidad que sin duda complementa la idea de control del poder político y de distribución del poder público a cargo de los ciudadanos.

Dentro de la estructura constitucional ecuatoriana aquel acceso a cargos de dignatarios públicos se lo realiza mediante mecanismos de selección vía concursos públicos de méritos y oposición abiertos o selección de entre ternas sujetas al escrutinio público e impugnación de la ciudadanía, no realizándose distinción para que puedan acceder a estos mecanismos de selección entre personas que ostenten algún cargo o función pública y quienes no lo realicen, puesto que en todo el proceso se verá plasmada la participación ciudadana a la hora de elegir a sus autoridades.



 

2              Artículo 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:

1. Elegir y ser elegidos.

2. Participar en los asuntos de interés público.

En ese orden de ideas esta claro que las autoridades públicas en ejercicio de sus funciones pueden acceder a un proceso de selección dentro de la administración pública e incluso, al mismo cargo que se encuentren desempeñando con observancia de los procedimientos que se establezcan previamente.

En el caso sub examine se puede evidenciar que la frase demandada contenida en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece una regla jurídica en cuanto a la postulación de diversas autoridades públicas, quienes exclusivamente podrían participar en los procesos de selección para la designación de sus reemplazos ?previa renuncia ciento ochenta días antes de la convocatoria a concurso o conformación de las ternas?, estableciéndose una medida que según el accionante podría comportar la vulneración de los derechos de participación de dichas autoridades en ejercicio de sus funciones.

Ante lo expuesto, corresponde a esta Corte Constitucional determinar si la medida adoptada mediante la regla antes señalada es proporcional con el fin que fue diseñada la norma de carácter legal, para lo cual a continuación se realizará un test de proporcionalidad, acorde a lo establecido en el artículo 3 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Art. 3.- Métodos y reglas de interpretación constitucional.- Las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad, en caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que mejor respete la voluntad del constituyente. Se tendrán en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretación jurídica constitucional y ordinaria para resolver las causas que se sometan a su conocimiento, sin perjuicio de que en un caso se utilicen uno o varios de ellos:

2. Principio de proporcionalidad.- Cuando existan contradicciones entre principios o normas, y no sea posible



 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.

4. Ser consultados.

5. Fiscalizar los actos del poder público. 6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular.

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designacióntransparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional.

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten.

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable.

resolverlas a través de las reglas de solución de antinomias, se aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, se verificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para garantizarlo, y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional.

El primer elemento a considerarse dentro del presente test es el fin constitucionalmente válido que persigue la norma demandada, para lo cual se debe destacar que la Corte a través de una interpretación armónica ha determinado que el fin de la norma contenido en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es garantizar el derecho a la participación de la ciudadanía en cuanto al desempeño de empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, con fundamento en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional.

Ahora bien, como la demanda de inconstitucionalidad no ha sido planteada sobre toda la disposición normativa, sino respecto a un precepto en específico, esta Corte identifica que el objeto que persigue la norma al incorporar la frase ?previa renuncia ciento ochenta días antes de la convocatoria a concurso o conformación de las ternas (?)? es garantizar el principio de eficiencia dentro de la administración pública, principio reconocido en el artículo 227 de la Constitución de la República3.

En efecto, la Corte advierte que este objetivo va de la mano con lo establecido en el artículo 61 numeral 7 de la Constitución de la República, ante lo cual el legislador pretende garantizar que ya sea mediante concurso público abierto de meritos u oposición o ternas sujetas a escrutinio público e impugnación ciudadana, las personas que acceden a un proceso de selección para el ejercicio de un cargo público, lo hagan sin que aquel proceso interfiera en el desempeño eficiente de sus actividades, circunstancia que en el caso de las autoridades en ejercicio de funciones, en consideración del legislador, podrían interferir si la realizan simultáneamente, siendo precisamente esta problemática la que la Corte Constitucional procede a analizar.

En cuanto a la idoneidad o adecuación, esta Corte Constitucional realizará el análisis de la regla creada dentro del artículo 70 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en cuanto al cumplimiento del requisito de la renuncia previa ciento ochenta días antes de la convocatoria a concurso o conformación de las ternas para la postulación de reemplazos de las autoridades determinadas en el artículo en mención.

La Corte Constitucional en la sentencia N.º 003-14-SINCC, manifestó respecto a la idoneidad: ?(?) permite identificar que las restricciones que se impongan sean necesarias en una sociedad democrática, lo que depende que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo (?)?4.

Ante este panorama esta Corte debe realizar las siguientes precisiones: la medida señalada evidencia una restricción en cuanto al acceso de las autoridades públicas en funciones a un proceso de selección democrático y participativo, lo cual a priori no encuentra justificación constitucional, pues, la eficiencia administrativa no se vincula a la necesidad de renuncia del candidato en funciones previo 180 días de su nominación para participar en el concurso, puesto que mientras no se inicie el proceso de selección y durante la ejecución del mismo, no existe un justificativo idóneo que demuestre el nivel de afectación en el desempeño del ejercicio laboral de la autoridad en funciones, ni que su desempeño pueda sufrir afectación. Por tanto, la limitación establecida en el artículo 70 de la ley en análisis no resulta idónea con el objetivo constitucionalmente reconocido como es el principio de eficiencia dentro de la administración pública, pues más bien aquella limita sin justificación constitucional alguna los derechos de participación de las personas que se encuentran en ejercicio de un cargo público, restringiendo que ciertas personas ?autoridades públicas en funciones? puedan ejercitar sus derecho a participar en procesos de selección públicos en base a sus capacidades, impidiendo que democráticamente puedan acceder a aquellas funciones las personas que demuestren luego de un proceso de selección ser idóneas en base a sus méritos.



 

3              Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

4              Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.º 003-14-SINCC, caso Nº. 0014-13-IN, 0023-13-IN, y 0028-13-IN acumulados.

5              Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.º 003-14-SINCC, caso N.º 0014-13-IN, 0023-13-IN, y 0028-13-IN acumulados.


En cuanto a la necesidad la Corte Constitucional del Ecuador ha señalado que aquella ?implica la verificación de si la medida adoptada es la menos restrictiva para los derechos de las personas sin perder su idoneidad?5.

Sobre el elemento de la necesidad o intervención mínima, esta Corte lo analiza en consideración a la medida adoptada por el legislador en el artículo 70, esto es, la renuncia previa ciento ochenta días antes de la convocatoria a concurso o conformación de las ternas, como se manifestó en líneas anteriores si lo que se pretendía a través de la implementación de esta regla era garantizar el principio de eficiencia dentro del ámbito de la administración pública, se puede evidenciar que la medida adoptada ?renuncia de ciento ochenta días antes de la convocatoria a concurso o conformación de ternas? es una medida que no se ajusta al objetivo primigenio de la norma  legal, lo cual la torna desproporcionada, más aún considerando que se implementa por parte del legislador una limitación que no se encasilla en garantizar los derechos de participación de todas las personas, colocando en una categoría desigual a quienes se encuentren ejerciendo el cargo, además se inserta un requisito en el cual el funcionario en ejercicio de su cargo, no conoce con precisión cuando el proceso inicie, mas bien atentándose mediante una norma de textura abierta el principio de eficiencia dentro de la administración pública al obligar a una autoridad a renunciar incluso sin saber cuando inicia el concurso o si su nombre podría ser incluido en alguna terna. Aquello coloca en una situación de desventaja de entrada a las autoridades públicas en funciones, quienes se verían imposibilitadas de acceder a un proceso de selección debido a la indeterminación del inicio del concurso, atentándose gravemente sus derechos de participación.

El legislador efectivamente, incurre en un exceso injustificado al exigir la renuncia con ciento ochenta días de anticipación a las dignidades señaladas, en aquel sentido la limitación de la renuncia de la autoridad ciento ochenta días previo al inicio del proceso es una medida no necesaria para garantizar el derecho de eficiencia en la administración pública, más bien la continuidad de la autoridad hasta el inicio del proceso y durante la fase de selección garantiza este principio constitucional, por tanto la limitación establecida resulta ser gravosa y desproporcionada puesto que con la misma se atentan los derechos de participación que poseemos todas las personas para el desempeño de empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, los cuales deben ser demostrados a lo largo del proceso de selección.

Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, entendida como aquella que se ?concreta en la existencia de un equilibrio entre la protección y restricción constitucional?6; podemos observar que la medida adoptada por el legislador lejos de contribuir a la consecución del fin constitucionalmente válido genera un atentado al principio de eficiencia en la administración pública, colocando una medida desproporcionada que obstaculiza el ejercicio de los derechos de participación de las autoridades en el ejercicio de sus funciones, lo cual no es acorde con el modelo de Estado vigente en donde se propende a la participación permanente de las y los ecuatorianos, garantizándose que las personas capaces e idóneas puedan acceder al ejercicio de cargos o funciones pública en base a sus méritos. Lo que denota que la medida adoptada por la norma en análisis es evidentemente desproporcional. Por esa razón, la Corte Constitucional no advierte algún motivo constitucional suficientemente válido que obligue a estas autoridades públicas a presentar su renuncia, antes del inicio del proceso de selección.

Por lo antes expuesto esta Corte Constitucional determina que la disposición normativa contenida en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ?previa renuncia ciento ochenta días antes de la convocatoria a concurso o conformación de las ternas?, es desproporcional por atentar los derechos de participación de las autoridades públicas en funciones y el principio constitucional de eficiencia de la administración pública, ante lo cual se declara su inconstitucionalidad. Finalmente, esta Corte Constitucional dentro de su análisis integral del artículo 70 de de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha evidenciado que el inciso final del mentado artículo establece una regla restrictiva conforme los parámetros analizados con antelación cuando determina: ?Para participar en los procesos de selección para la designación de otra autoridad que no sea del cargo que se encuentran desempeñando, las autoridades de estas instituciones necesariamente tendrán que renunciar a su cargo, noventa días antes de la convocatoria al concurso público?. Como se destacó anteriormente el fin constitucionalmente válido que persigue el artículo en análisis es la eficiencia en el ejercicio de las actividades de la administración pública; en aquel sentido, este principio no se vería comprometido mediante la participación de las autoridades que se encuentren en ejercicio del cargo, más aun considerando que el cargo al cual aspiran es otro al que se encuentran desempeñando, lo que denota que esta disposición no es idónea para precautelar el principio de eficiencia de la administración pública. De igual manera la medida adoptada, esto es la renuncia resulta ser muy gravosa en relación con el objetivo constitucional que persigue la norma, puesto que la renuncia al cargo para participar en procesos de selección de otra autoridad que no sea el cargo que se encuentra desempeñando, lejos de coadyuvar al cumplimiento de este objetivo constitucional va en detrimento del mismo puesto que obliga a renunciar a la autoridad mientras dura el proceso de selección lo cual podría afectar gravemente el ejercicio de las actividades cotidianas y la continuidad en el trabajo de la institución a la cual se ve obligado a renunciar, tornándose esta norma desproporcional. Por tanto, al no evidenciar que existe una justificación proporcional en cuanto a la norma y medida adoptada, y al observarse más bien una afectación al principio de eficiencia en la administración pública, restringiéndose además el ejercicio del derecho de participación para obtener un cargo público en base a méritos y capacidades, esta Corte en ejercicio de su competencia establecida en el artículo 436 numeral 3 de la Constitución de la República7, procede a declarar por conexidad la inconstitucionalidad del inciso final del artículo 70 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional expide la siguiente:



 

6              Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.º 003-14-SINCC, caso N.º 0014-13-IN, 0023-13-IN, y 0028-13-IN acumulados.

7              Artículo 436, numeral 3.- ?Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en los casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de ellas son contrarias a la Constitución?.


SENTENCIA

Aceptar la acción pública de inconstitucionalidad por el fondo de la frase ?(?) previa renuncia de ciento ochenta días antes de la convocatoria a concurso o conformación de las ternas? contenida en el primer inciso del artículo 70 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, promulgada en el suplemento del Registro Oficial N.º 22 del 9 de septiembre de 2009.

2.             En ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 436 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República en concordancia con el artículo 76 numerales 4, 5, y 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se declara:

La inconstitucionalidad de la frase ?previa renuncia ciento ochenta días antes de la convocatoria a concurso o conformación de las ternas? prevista en el primer inciso del artículo 70 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por tanto el artículo permanecerá vigente de la siguiente forma:

Artículo 70.- Postulación de las primeras autoridades.- La primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Procuraduría General del Estado y las Superintendencias, las representaciones ciudadanas a los distintos organismos y cuerpos colegiados, podrán participar en los procesos de selección para la designación de sus reemplazos, y no podrán participar en dichos procedimientos si ya hubiesen ocupado el mismo cargo por dos periodos, a excepción de las autoridades con prohibición expresa establecida en la Constitución y la ley.

3.             En ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 436 numerales 1 y 3 de la Constitución de la República en concordancia con el artículo 76 numerales 4, 5, y 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se declara: La inconstitucionalidad por conexidad del segundo inciso del artículo 70 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

4.             Notifíquese, publíquese y cúmplase.

f.) Patricio Pazmiño Freire, PRESIDENTE.

f.) Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL.

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, con ocho votos de las señoras juezas y señores jueces: Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freire, sin contar con la presencia de la jueza María del Carmen Maldonado Sánchez, en sesión del 22 de octubre del 2014. Lo certifico.

f.) Jaime Pozo

 

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