Registro Oficial

Registro Oficial No 774- Lunes 13 de Junio de 2016 Suplemento

Lunes, 13 de junio de 2016

Última modificación: Miércoles, 12 de octubre de 2016 | 12:18

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado                       

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Lunes 13 de Junio de  2016 - R. O. No. 773

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

Consejo de la Judicatura:

 

Judicial y Justicia Indígena:

 

Resoluciones         

 

091-2016 Suprímense los juzgados Vigésimo Noveno y Trigésimo de Garantías Penales de Pichincha

               

104-2016 Amplíese la Resolución No. 091-2016 de 16 de mayo de 2016, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: ?Suprimir los juzgados Vigésimo Noveno y Trigésimo de Garantías Penales de Pichincha?

               

Corte Constitucional: Sala de Admisión:

 

Causa    

 

0017-16-IN ACUMULADA A LA 0016-16-IN Acción pública de inconstitucionalidad. Legitimados activos: Pablo Aníbal Serrano Cepeda, Presidente de la CEOSL, FUT y otros

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanza Municipal:

 

Ordenanza            

 

-       Cantón Gonzalo Pizarro: Que regula el cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos

 

 

 

CONTENIDO


 

No. 091-2016

 

EL PLENO

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: ?El Consejo de la Judicatura es el órgano de  gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial??;

 

 

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece: ?Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en  indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.?;

 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador determinan: ?Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial (?); y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: ?(?) los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios??;

 

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta: ?La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado??;

 

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial prevé: ?La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario??;

 

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial contempla: ?Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los grados.?;

 

Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial, dictamina: ?La competencia de las juezas y jueces, de las cortes provinciales y demás tribunales, en razón del territorio, será determinada por el Consejo de la Judicatura, previo informe técnico de la Unidad de Recursos Humanos. Será revisada por lo menos cada cuatro años.?;

 

Que, el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribe: ?En atención a las necesidades del servicio de administración de justicia, el Consejo de la Judicatura podrá disponer que a una misma unidad judicial se asignen dos o más jueces de la misma o distinta materia. Las servidoras y servidores que integran la unidad judicial prestarán su contingente por igual a todas las juezas y todos los jueces asignados a dicha unidad.?;

 

Que, los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?a) Crear, modificar o suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente; y, b) Establecer o modificar la sede, modelo  de gestión y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo y tributarios juezas y jueces de primer nivel...?;

 

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?10. Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 17 de junio de 2011, mediante Resolución No. 040-2011, publicada en el Registro Oficial No. 500, de 27 de julio de 2011, resolvió: ?Art. 1 Crear los Juzgados Vigésimo Noveno de Garantías Penales de Pichincha, con sede en el Cantón Quito y Vigésimo Primero de Garantías Penales del Guayas, con sede en el cantón Guayaquil??;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición en sesión de 10 de enero de 2012, mediante Resolución 001-2012, publicada en el Registro Oficial No. 628, de 27 de enero de 2012, resolvió: ?Art. 1 Modificar el Art. 1 de la Resolución No. 040-2011, de fecha 17 de junio de 2011, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura??;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición en sesión de 29 de mayo de 2012, mediante Resolución 054-2012, publicada en el Registro Oficial No. 725, de 15 de junio de 2012, resolvió: ?CREAR EL JUZGADO TRIGÉSIMO DE GARANTÍAS PENALES DEL CANTÓN QUITO, DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA Y TRIGÉSIMO TERCERO DE GARANTÍAS PENALES DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 17 de septiembre de 2014, mediante Resolución 191-2014, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 353, de 14 de octubre de 2014, resolvió: ?CREAR UNIDADES JUDICIALES: CIVIL, TRÁNSITO, ADOLESCENTES INFRACTORES, PENAL E INQUILINATO Y RELACIONES VECINALES CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA?;

 

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 16 de noviembre de 2015, mediante Resolución 366-2015, publicada en Edición Especial del Registro Oficial No. 416, de 11 de diciembre de 2015, resolvió: ?CREAR LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN LA PARROQUIA CARCELÉN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA; SUPRIMIR EL JUZGADO SEXTO DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA Y EL JUZGADO TERCERO DE CONTRAVENCIONES DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN QUITO; Y, REFORMAR LAS  RESOLUCIONES: 191-2014, 150-2014, 083-2015, 116- 2012, 199-2013, 034-2012, 095-2012, 077-2013; Y, 219- 2014?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 16 de noviembre de 2015, mediante Resolución 367-2015, publicada en Edición Especial del Registro Oficial No. 416, de 11 de diciembre de 2015, resolvió: ?CREAR LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN LA PARROQUIA CALDERÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA?;

 

Que, mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2016-251, de 13 de abril de 2016, suscrito por el abogado Julio Aguayo Urgilés, Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial (e), remite a la economista Glenda Calvas Chávez, Directora Nacional de Planificación, el: Informe referente a la supresión de los Juzgados Vigésimo Noveno y Trigésimo de Garantías Penales de Pichincha;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2016-1465, de 29 de abril de 2016, suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General, quien remite los Memorandos CJ-DNJ-SNA-2016-384, de 21 de abril de 2016, suscrito por la doctora Fernanda Chiriboga Arico, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (s); y, CJ-DNP-2016-951, de 27 de abril de 2016, suscrito por la economista Glenda Calvas Chávez, Directora Nacional de Planificación, que contienen el: expediente y el proyecto de resolución para la supresión de los Juzgados Vigésimo Noveno y Trigésimo de Garantías Penales de Pichincha;

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los presentes,

 

RESUELVE:

 

SUPRIMIR LOS JUZGADOS VIGÉSIMO NOVENO

Y TRIGÉSIMO DE GARANTÍAS PENALES DE

PICHINCHA

 

Artículo 1.- Suprimir los Juzgados Vigésimo Noveno y Trigésimo de Garantías Penales de Pichincha.

 

Artículo 2.- Las causas que se encuentran en conocimiento de los jueces que integran las judicaturas suprimidas por esta resolución, seguirán siendo conocidas y resueltas por estos mismos jueces, con las mismas competencias en razón del territorio y la materia, quienes pasarán a integrar la Unidad Judicial Penal con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.

 

Artículo 3.- Los servidores judiciales que prestan sus servicios en las judicaturas suprimidas mediante esta resolución, pasarán a formar parte de la Unidad Judicial Penal con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, debiendo sujetarse a las disposiciones administrativas que emitan la Dirección Provincial de Pichincha y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

 

PRIMERA.- Derogar la Resolución No. 040-2011, de 17 de junio de 2011, publicada en el Registro Oficial No. 500, de 27 de julio de 2011, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura, resolvió: ?Art. 1 Crear los Juzgados Vigésimo Noveno de Garantías Penales de Pichincha, con sede en el Cantón Quito y Vigésimo Primero de Garantías Penales del Guayas, con sede en el cantón Guayaquil??.

 

SEGUNDA.- Derogar la Resolución 001-2012, de 10 de enero de 2012, publicada en el Registro Oficial No. 628, de 27 de enero de 2012, mediante la cual Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, resolvió: ?Art.1 Modificar el Art. 1 de la Resolución No. 040-2011, de fecha 17 de junio de 2011, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura??.

 

TERCERA.- Derogar la Resolución 054-2012, de 29 de mayo de 2012, publicada en el Registro Oficial No. 725, de 15 de junio de 2012, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, resolvió: ?CREAR EL JUZGADO TRIGÉSIMO DE GARANTÍAS PENALES DEL CANTÓN QUITO, DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA Y TRIGÉSIMO TERCERO DE GARANTÍAS PENALES DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.?.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias de la Dirección General; Dirección Nacional de Planificación; Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC´s; Dirección Nacional de Talento Humano; Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; Dirección Nacional de Gestión Procesal y la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura.

 

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia siete días después de su publicación en el registro oficial.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis.

 

 

f.) Gustavo Jalkh Röben, Presidente.

 

 

f.) Ab. Estefanía Álvarez Hidalgo MSc., Secretaria General Ad-Hoc.

 

 

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis.

 

 

f.) Ab. Estefanía Álvarez Hidalgo MSc., Secretaria General Ad-Hoc.

 

No. 104-2016

 

EL PLENO

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador establece: ?El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial?;

 

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece: ?Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.?;

 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador determinan: ?Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial?; y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa: ?(?) los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios??;

 

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta: ?La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado??;

 

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial prevé: ?La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario??;

 

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial contempla: ?Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los grados.?;

 

Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial, dictamina: ?La competencia de las juezas y jueces, de las cortes provinciales y demás tribunales, en razón del territorio, será determinada por el Consejo de la Judicatura, previo informe técnico de la Unidad de Recursos Humanos. Será revisada por lo menos cada cuatro años.?;

 

Que, el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribe: ?En atención a las necesidades del servicio de administración de justicia, el Consejo de la Judicatura podrá disponer que a una misma unidad judicial se asignen dos o más jueces de la misma o distinta materia. Las servidoras y servidores que integran la unidad judicial prestarán su contingente por igual a todas las juezas y todos los jueces asignados a dicha unidad.?;

 

Que, el artículo 225 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: ?Las y los jueces de garantías penales, además de las competencias atribuidas en el Código Orgánico Integral Penal, son competentes para: 1. Garantizar los derechos de la persona procesada y de la víctima durante las etapas procesales, conforme con las facultades y deberes que le otorga la ley; 2. Ordenar y practicar los actos probatorios urgentes que requieran autorización; 3. Dictar las medidas cautelares y de protección; 4. Sustanciar y resolver los procedimientos de ejercicio privado de la acción penal; 5. Sustanciar y resolver los procedimientos abreviados y directos; 6. Sustanciar y resolver las causas en todos aquellos procesos de ejercicio público de la acción penal que determine la ley; 7. Conocer y resolver los recursos de apelación que se formulen contra las sentencias dictadas por las juezas y jueces de contravenciones en el juzgamiento de infracciones contra la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor; 8. Los demás casos que determine la ley.?;

 

Que, los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?a) Crear, modificar o suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente; y, b) Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo y tributarios juezas y jueces de primer nivel...?;

 

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?10. Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

 

Que, el artículo 226 del Código Orgánico Integral Penal referente a la Sección de delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización dispone: ?Destrucción de objetos materiales.- En todos los delitos contemplados en esta Sección, se impondrá la pena de destrucción de los objetos materiales de la infracción, entre los que se incluyen plantas, sustancias, laboratorios y cualquier  otro objeto que tenga relación directa de medio o fin con la infracción o sus responsables??;

 

Que, el numeral 4 del artículo 474 del Código Orgánico Integral Penal referente a las actuaciones y técnicas especiales de investigación señala: ?(?) En las actuaciones periciales y de destrucción, se seguirán las siguientes reglas: 4. Para la destrucción se verificará la integridad de la envoltura o el bien que la contenga y la identidad de las sustancias, se comprobará el peso bruto y el peso neto, verificando si corresponde al que consta en el informe de investigación. En esta diligencia intervendrán la o el juzgador, el funcionario judicial respectivo y el depositario??;

 

Que, el numeral 2 del artículo 502 del Código Orgánico Integral Penal en relación al testimonio determina: ?Reglas generales.- La prueba y los elementos de convicción, obtenidos mediante declaración, se regirán por las siguientes reglas: 2. La o el juzgador podrá recibir como prueba anticipada los testimonios de las personas gravemente enfermas, de las físicamente imposibilitadas, de quienes van a salir del país, de las víctimas o testigos protegidos, informantes, agentes encubiertos y de todas aquellas que demuestren que no pueden comparecer a la audiencia de juicio. En el caso de audiencia fallida, y en los que se demuestre la imposibilidad de los testigos de comparecer a un nuevo señalamiento, el tribunal, podrá receptar el testimonio anticipado bajo los principios de inmediación y contradicción??;

 

Que, el segundo inciso del artículo 580 del Código Orgánico Integral Penal referente a la fase de investigación previa dispone: ?(?) Las diligencias investigativas practicadas por la o el fiscal, con la cooperación del personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses o del personal competente en materia de tránsito, tendrá por finalidad determinar si la conducta investigada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, la existencia del daño causado, o a su vez, desestimar estos aspectos.?;

 

Que, el numeral 4 del artículo 582 del Código Orgánico Integral Penal referente a la versión que se deba rendir ante la o el fiscal expresa: ?(?) Durante la investigación, la o el fiscal receptara versiones de acuerdo con las siguientes reglas: 4. Si al prevenirle, la persona que rinde la versión manifiesta la imposibilidad de concurrir a la audiencia de juicio, por tener que ausentarse del país o por cualquier motivo que hace imposible su concurrencia, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador que se reciba su testimonio anticipado??;

 

Que, el artículo 583 del Código Orgánico Integral Penal referente a la fase de investigación previa dispone: ?Actuaciones fiscales urgentes.- En los casos de ejercicio público o privado de la acción en que se requiere obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito, la o el fiscal podrá realizar actos urgentes y cuando se requiera autorización judicial se solicitará y otorgará por cualquier medio idóneo como fax, correo electrónico, llamada telefónica, entre otros, de la cual se dejará constancia en el expediente fiscal.?;

 

Que, el artículo 586 del Código Orgánico Integral Penal referente al archivo determina: ?(?) Transcurridos los plazos señalados, de no contar con los elementos necesarios para formular cargos, la o el fiscal, en el plazo de diez días, solicitará el archivo del caso, sin perjuicio de solicitar su reapertura cuando aparezcan nuevos elementos siempre que no esté prescrita la acción.

 

La o el fiscal solicitará a la o al juzgador el archivo de la investigación cuando:

 

1. Excedido los plazos señalados para la investigación, no se ha obtenido elementos suficientes para la formulación de cargos.

 

2. El hecho investigado no constituye delito.

 

3. Existe algún obstáculo legal insubsanable para el inicio del proceso.

 

4. Las demás que establezcan las disposiciones de este Código.?;

 

Que, el artículo 587 del Código Orgánico Integral Penal referente al trámite para el archivo manifiesta: ?(?) El archivo fiscal se determinará de acuerdo con las siguientes reglas: 1. La decisión de archivo será fundamentada y solicitada a la o al juzgador de garantías penales. La o el juzgador comunicará a la víctima o denunciante y al denunciado en el domicilio señalado o por cualquier medio tecnológico para que se pronuncien en el plazo de tres días. Vencido este plazo, la o el juzgador, resolverá motivadamente sin necesidad de audiencia. Si decide aceptarla, declarará el archivo de la investigación y de existir méritos, calificará la denuncia como maliciosa o temeraria. De no encontrarse de acuerdo con la petición de archivo, la o el juzgador remitirá las actuaciones en consulta a la o al fiscal superior para que ratifique o revoque la solicitud de archivo. Si se ratifica, se archivará, si se revoca, se designará a un nuevo fiscal para que continúe con la investigación. 2. La resolución de la o el juzgador no será susceptible de impugnación.?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 17 de junio de 2011, mediante Resolución No. 040-2011, publicada en el Registro Oficial No. 500, de 27 de julio de 2011, resolvió: ?Art. 1 Crear los Juzgados Vigésimo Noveno de Garantías Penales de Pichincha, con sede en el Cantón Quito y Vigésimo Primero de Garantías Penales del Guayas, con sede en el cantón Guayaquil??;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, en sesión de 10 de enero de 2012, mediante Resolución 001-2012, publicada en el Registro Oficial No. 628, de 27 de enero de 2012, resolvió: ?Art.- 1 Modificar el Art. 1 de la Resolución No. 040-2011, de fecha 17 de junio de 2011, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura??;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, en sesión de 29 de mayo de 2012, mediante Resolución 054- 2012, publicada en el Registro Oficial No. 725, de 15 de junio de 2012, resolvió: ?CREAR EL JUZGADO TRIGÉSIMO DE  GARANTÍAS PENALES DEL CANTÓN QUITO, DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA Y TRIGÉSIMO TERCERO DE GARANTÍAS PENALES DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 17 de septiembre de 2014, mediante Resolución 191-2014, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 353, de 14 de octubre de 2014, resolvió: ?CREAR UNIDADES JUDICIALES: CIVIL, TRÁNSITO, ADOLESCENTES INFRACTORES, PENAL E INQUILINATO Y RELACIONES VECINALES CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 16 de noviembre de 2015, mediante Resolución 366-2015, publicada en Edición Especial del Registro Oficial No. 416, de 11 de diciembre de 2015, resolvió: ?CREAR LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN LA PARROQUIA CARCELÉN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA; SUPRIMIR EL JUZGADO SEXTO DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA Y EL JUZGADO TERCERO DE CONTRAVENCIONES DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN QUITO; Y REFORMAR LAS RESOLUCIONES: 191-2014, 150-2014, 083-2015, 116-2012, 199-2013, 034- 2012, 095-2012, 077-2013; Y, 219-2014?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 16 de noviembre de 2015, mediante Resolución 367-2015, publicada en Edición Especial del Registro Oficial No. 416, de 11 de diciembre de 2015, resolvió: ?CREAR LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN LA PARROQUIA CALDERÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 16 de mayo de 2016, mediante Resolución 091-2016, resolvió: ?SUPRIMIR LOS JUZGADOS VIGÉSIMO NOVENO Y TRÍGÉSIMO DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA?;

 

Que, es necesario, en razón del principio de celeridad y oportunidad contar con jueces que tengan competencias adicionales para conocer y resolver las solicitudes de desestimaciones, prescripciones y archivos; destrucción de drogas; actos urgentes y testimonio anticipado, presentados por la Fiscalía General del Estado, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2016-1931, de 7 de junio de 2016, suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2016-523 de 3 de junio de 2016, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el proyecto de resolución sobre las competencias que mantenían los ex Juzgados Vigésimo Noveno y Trigésimo de Garantías Penales de Pichincha con sede en el cantón Quito; y,

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, por unanimidad,

 

RESUELVE:

 

DE LA AMPLIACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

091-2016, DE 16 DE MAYO DE 2016, MEDIANTE

LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA RESOLVIÓ: ?SUPRIMIR LOS

JUZGADOS VIGÉSIMO NOVENO Y TRIGÉSIMO DE

GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA?

 

Artículo Único.- Otorgar a los jueces de garantías penales, doctores: Vicente Eduardo Ribadeneira Narváez y Bolívar Iván Ortiz Bonilla, quienes provienen de los ex Juzgados Vigésimo Noveno y Trigésimo de Garantías Penales de Pichincha con sede en el cantón Quito respectivamente, y que ahora forman parte de la Unidad Judicial Penal con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, competencias exclusivas para conocer y resolver las solicitudes de desestimaciones, prescripciones y archivos; destrucción de drogas; actos urgentes y testimonio anticipado, presentados por la Fiscalía General del Estado, a más de las competencias establecidas en el artículo 225 del Código Orgánico de la Función Judicial.

 

DISPOSICIÓN GENERAL

 

ÚNICA.- La Dirección General en coordinación con la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, organizarán el funcionamiento de la Unidad Judicial Penal con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto mediante esta resolución.

 

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias de la Dirección General; Dirección Nacional de Planificación; Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC?s; Dirección Nacional de Talento Humano; Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; Dirección Nacional de Gestión Procesal y la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia siete días a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno Consejo de la Judicatura, el ocho de junio de dos mil dieciséis.

 

f.) Dr. Marco Maldonado Castro, Presidente Alterno.

 

f.) Ab. Estefanía Álvarez Hidalgo MSc., Secretaria General Ad-Hoc.

 

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el ocho de junio de dos mil dieciséis.

 

f.) Ab. Estefanía Álvarez Hidalgo MSc., Secretaria General Ad-Hoc.

 

SALA DE ADMISIÓN

 

RESUMEN DE LA CAUSA No. 0017-16-IN, SE

ACUMULA A LA CAUSA 0016-16-IN

 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Admisión, mediante auto de 17 de mayo del 2016, a las 12h04 y de conformidad con lo establecido en el artículo 80, numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se pone en conocimiento del público lo siguiente:

 

CAUSA: Acción pública de inconstitucionalidad.

 

LEGITIMADOS ACTIVOS: Pablo Aníbal Serrano Cepeda, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, CEOSL y presidente del Frente Unitario de los Trabajadores, FUT y otros.

 

CASILLAS CONSTITUCIONALES: 090 y 114.

 

CORREOS ELECTRÓNICOS: hr21908@gmail.com; joaquinviteri@yahoo.com

 

LEGITIMADOS PASIVOS: presidente constitucional de la República, presidenta de la Asamblea Nacional y procurador general del Estado.

 

NORMAS CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS: artículos 120 y 136 de la Constitución de la República.

 

PRETENSIÓN JURÍDICA:

 

Solicitan: ?se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica Para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo, publicada en el Registro oficial N° 720, de 28 de marzo del 2016?, así como la suspensión de su vigencia por vicios de forma y fondo.

 

De conformidad con lo dispuesto por la Sala de Admisión, publíquese este resumen de la demanda en el Registro Oficial y en el Portal Electrónico de la Corte Constitucional.

 

LO CERTIFICO.- Quito D.M., 07 de junio del 2016, a las 08h30.

 

f.) Jaime Pozo Chamorro, Secretario General.

 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, establece una nueva organización territorial del Estado, que incorpora nuevas competencias a los municipios y establece el mecanismo para su funcionamiento.

 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador y en relación con el Art. 5 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización disponen, la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados.

 

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador establece que, los gobiernos autónomos descentralizados tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

 

Que, el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que, faculta a los gobiernos municipales crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras, y, prescribe que los gobiernos municipales en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales.

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Descentralización Código Orgánico de, establece el régimen de los gobiernos autónomos descentralizados con el fin de garantizar la autonomía política y administrativa y financiera, y desarrollar un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencia.

 

Que, el Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Descentralización establece que, establece que al Concejo Municipal le corresponde el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; y, que le corresponde crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que ejecute.

 

Que, el Art. 489 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Descentralización establece que son fuentes de la obligación tributaria municipal y metropolitana: a) Las leyes que han creado o crearen tributos para la financiación de los servicios municipales o metropolitanos, asignándoles su producto, total o parcialmente; b) Las leyes que facultan a las municipalidades o distritos metropolitanos para que puedan aplicar tributos de acuerdo con los niveles y procedimientos que en ellas se establecen; c) Las ordenanzas que dicten las municipalidades o distritos metropolitanos en uso de la facultad conferida por la ley.

 

Que, el Art. 567 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Descentralización establece que, El Estado y más entidades del sector público pagarán las tasas que se establezcan por la prestación de los servicios públicos que otorguen las municipalidades, distritos metropolitanos y sus empresas. Para este objeto, harán constar la correspondiente partida en sus respectivos presupuestos. Las empresas privadas que utilicen u ocupen el espacio público o la vía pública y el espacio aéreo estatal, regional, provincial o municipal, para colocación de estructuras, postes y tendido de redes, pagarán al gobierno autónomo descentralizado respectivo la tasa o contraprestación por dicho uso u ocupación.

 

Que, el Art. 568 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Descentralización establece que, las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo concejo, para la prestación de los siguientes servicios: a) Aprobación de planos e inspección de construcciones; b) Rastro; c) Agua potable: d) Recolección de basura y aseo público; e) Control de alimentos; f) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales; g) Servicios administrativos; h) Alcantarillado y canalización; i) Otros servicios de cualquier naturaleza. Cuando el gobierno central hubiere transferido o transfiera excepcionalmente al nivel de gobierno municipal o metropolitano las competencias sobre aeropuertos, se entenderá también transferida la facultad de modificar o crear las tasas que correspondan y a las que haya lugar por la prestación de éstos servicios públicos, a través de las respectivas ordenanzas.

 

Que, la Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización entró en vigencia el 21 de enero de 2014, fecha en la que se la publicó en el suplemento del Registro Oficial No. 166, y en cuya disposición transitoria trigésima primera señala que dentro del plazo de seis meses contados a partir de la vigencia de esta Ley Reformatoria y para su adecuada aplicación, los Gobiernos Autónomos Descentralizados correspondientes deberán expedir, codificar y actualizar todas las Ordenanzas establecidas en dicho Código, debiendo publicar en su gaceta oficial y en el dominio Web de cada Institución.

 

Que, el Concejo Municipal de Gonzalo Pizarra, dictó la Ordenanza sustitutiva que regula la administración, control y recaudación de la tasa por servicios técnicos y administrativos en el cantón Gonzalo Pizarro, publicada en el Registro Oficial No. 715 del 01 de Junio de 2012.

 

En ejercicio de la facultad y competencia que le confieren los artículos 240 y 264 de la Constitución de la República del Ecuador, en armonía con lo previsto en los artículos 7 y 57 lateral a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro, resuelve:

 

Expide:

 

LA ORDENANZA QUE REGULA EL COBRO DE TASAS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL CANTÓN GONZALO PIZARRO

 

Art. 1.- Objeto.- El objeto de esta ordenanza es el cobro de tasas por los servicios técnicos y/o administrativos que brinda el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro.

 

Art. 2.- Sujeto activo.- El sujeto activo de las tasas determinadas en esta ordenanza es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro.

 

Art. 3.- Sujeto pasivo.- Son las personas naturales o jurídicas,  públicas o privadas que soliciten servicios técnicos y/o administrativos en las dependencias del el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzalo Pizarro quienes se encuentran obligados a presentar su solicitud para el respectivo servicio y pagar la tasa establecida en esta ordenanza.

 

Art. 4.- Recaudación y pago.- El usuario de uno de los servicios administrativos y/o técnicos gravados por la tasa establecida en esta ordenanza, pagarán previamente el valor correspondiente en tesorería municipal, debiendo obtener el recibo y/o comprobante correspondiente y este documento deberá ser presentado en la oficina o departamento de la que solicita el servicio administrativo o técnico.

 

Art. 5.- Especie valorada.- Se emitirá una especie valorada para recaudar el valor por el servicio técnico y administrativo que presta la Municipalidad a toda persona natural o jurídica.

 

Art. 6.- Base imponible.- Es la cantidad de renta o patrimonio sobre la que se calcula la tasa que debe pagar la persona o usuario por el servicio técnico y administrativo que recibe por parte de la municipalidad. Los servicios técnicos y administrativos y valor a cancelar por usuario es el siguiente:

 

 

Por la determinación de línea de fabrica y nivel de aceras y bordillos, se cancelará el 0.50% de la remuneración básica unificada por cada metro lineal.

 

Por otorgar certificado de no adeudar a la Municipalidad, se cancelará el 0.50% de la remuneración básica unificada.

 

Por otorgar certificado de avalúos y reavalúos, se cancelará el 0.50% de la remuneración básica unificada.

 

Por otorgar certificado de haber pagado los tributos municipales, se cancelará el 0.50% de la remuneración básica unificada.

 

Por otorgar certificado de no encontrarse en mora contractual con la municipalidad, se cancelará el 0.50% de la remuneración básica unificada.

 

Por otorgar certificado de avalúos traspaso rural o urbano, se cancelará el 0.50% de la remuneración básica unificada.

 

Por otorgar certificado de liquidación y recaudación de alcabalas, se cancelará el 0.50% de la remuneración básica unificada.

 

Por otorgar certificado de liquidación y recaudación del impuesto a la utilidad predial urbana, se cancelará el 0.50% de la remuneración básica unificada.

 

Por otorgar certificado de no constar en el catastro predial, se cancelará el 0.50% de la remuneración básica unificada.

 

Por cada hoja certificada de documentos que expida la municipalidad, se cancelará el 0.50% de la remuneración básica unificada.

Por otorgar certificado las Direcciones de Obras Públicas y Planificación, se cancelará el 0.50% de la remuneración básica unificada.

 

Por la elaboración de los pliegos al oferente adjudicatario en los procesos de contratación pública, cancelará el 1 % del valor de la cuantía del monto del contrato.

 

Por el ingreso de oficios, solicitudes o similares, se cancelará el 0.10% de la remuneración básica unificada.

 

Por la concesión por ocupación de la vía pública por quince días, se cancelará el 1.71% de la remuneración básica unificada.

 

Por otorgar el formulario para la declaración del impuesto del 1.5 por mil sobre el total de activos fijos, se cancelará el 0.68% de la remuneración básica unificada.

 

Por la concesión del carné de ocupación de la vía pública, se cancelará el 2% de la de la remuneración básica unificada anual por metro cuadrado.

 

Por la emisión de certificado de factibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado, se cancelará el 0.50% de la remuneración básica unificada.

 

Los contribuyentes del impuesto predial cancelarán por los servicios técnicos administrativos la cantidad equivalente al 1% la remuneración básica unificada, en concepto de:

 

Verificación y complementación de la información predial;

 

Validación de información predial;

 

Valoración de la propiedad;

 

Emisión de título de crédito; y,

 

En todos los contratos de adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios.

 

Por aprobación de planos para fraccionamiento, se cancelará el 2 x 1000 del avalúo comercial real.

 

Por estudio y aprobación de planos para urbanizaciones, se cancelará el 5 x1000 del avalúo comercial real.

 

Los permisos de edificaciones y construcciones menores a

40 metros cuadrados o reparaciones de las mismas, se cancelará el 2 x 1000 del valor de las construcciones.

 

Por la aprobación de planos y permisos de construcción,  se cancelará el 4 x 1000 del presupuesto referencial

 

Por autorizaciones para construcción de cerramientos, se cancelará la cantidad del 0.10 % de la remuneración básica unificada por metro lineal.

 

Por levantamiento topográfico y planimétrico, se cancelará el 2.5% del salario básico unificado, por hectárea.

 

Por permisos de mejoramiento de la construcción o edificación y en concepto de locativa cancelará el 3 x 1000 del costo total de la obra, antes de ejecutarse.

 

Por adquisición del Formulario para solicitud de derrocamiento, cancelará el 1% de la remuneración básica unificada.

 

Para las personas naturales o jurídicas que no cumplieren con lo establecido en los numerales 19 y 20 de este artículo se sancionará con una multa del 40% de la remuneración básica unificada.

 

Por ocupación de vías con material pétreo u otro tipo de materiales de construcción hasta 30 treinta días, cancelará la cantidad del 10 % de la remuneración básica unificada.

 

Para obtener el permiso municipal a fin de romper vías, levantar adoquinado, romper aceras y bordillos, se cancelará el 10% de la remuneración básica unificada y realizará la reconstrucción del daño ocasionado, caso contrario se impondrá el cobro del total de la reparación, conforme a las normas que emita la institución o vía coactiva.

 

Art. 7.- Responsabilidad.- La emisión de las especies valoradas, custodia y venta será de responsabilidad de la Jefatura de Rentas Municipales.

 

Art. 8.- Prohibición.- Ningún funcionario, empleado o trabajador municipal podrá realizar trámite sin que previamente el peticionario haya cancelado las tasas indicadas en esta ordenanza en la tesorería municipal. El solicitante o usuario deberá adjuntar el certificado de no adeudar a la municipalidad para todo trámite. En caso de incumplimiento del funcionario, la Dirección Administrativa a través de la Jefatura de Talento Humano procederá a sancionar conforme a las deposiciones de

 

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