Registro Oficial

Registro Oficial No 806- Miércoles 27 de Julio de 2016

Miércoles, 27 de julio de 2016

Última modificación: Viernes, 23 de diciembre de 2016 | 10:45

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado                

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 27 de Julio de  2016 - R. O. No. 806

 

 

SUMARIO

 

Secretaría Nacional de Comunicación:

 

 

Ejecutivo:

Resolución           

 

2016-SUBSECOM-0011 Apruébese la disolución y liquidación de la ?Fundación Radialista para el Desarrollo Social?

               

Ministerio del Interior:

 

Acuerdos              

 

6993-A Sepárese de manera definitiva y con efecto inmediato de la Policía Nacional del Ecuador, a siete servidores policiales

 

6994-A Sepárese de manera definitiva y con efecto inmediato de la Policía Nacional del Ecuador, a diez servidores policiales

 

6996 Suspéndese a nivel nacional por 72 horas las actividades en los establecimientos considerados en las categorías UNO y DOS del artículo 9 del Acuerdo Ministerial 6987

 

7001 Deléguense atribuciones a/la Gobernador/a de la Provincia de Tungurahua

 

7003 Deléguense atribuciones al Gobernadora de la Provincia de Orellana

 

               

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación:

 

 

2016-098 Refórmese el ?Reglamento sobre el registro, modificación o anulación de títulos nacionales de instituciones de educación superior?

 

2016-099 Refórmese el Acuerdo No. 2016-032, de 12 de febrero de 2016

               

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo:

 

SNPD-029-2016 Expídese la Norma técnica para optimizar la aplicación de las disposiciones para el control de la eficiencia de las inversiones públicas

               

Ministerio del Ambiente:

 

Resoluciones       

 

050 Apruébese el Estudio de Impacto Ambiental Expost, Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de los siguientes proyectos:

 

Campamento Base Coca de la Empresa Adrialpetro, ubicado en el cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana

 

Resoluciones       

 

052 ?EBC Huaticocha?, ubicado en la provincia de Orellana

               

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público:

 

INMOBILIAR-SDTGB-2016-0023 Transfiérese un inmueble de propiedad de INMOBILIAR a favor de la Empresa Pública Nacional de Hábitat y Vivienda EP, ubicado en el cantón y provincia de Loja

 

INMOBILIAR-SDTGB-2016-0035 Transfiérese un inmueble de propiedad del MIES, a favor de INMOBILIAR, ubicado en el cantón El Empalme, provincia del Guayas

 

INMOBILIAR-SDTGB-2016-0036 Transfiérese un inmueble de propiedad del MIES, a favor de INMOBILIAR, ubicado en el cantón Loreto, provincia de Orellana

 

INMOBILIAR-SDTGB-2015-0037 Déjese sin efecto la Resolución-INMOBILIARSDTGB-2015-0094, de 28 de agosto de 2015

               

INMOBILIAR-SDTGB-2016-0038 Déjese sin efecto la Resolución-INMOBILIARSDTGB-2015-0143, de 14 de octubre de 2015

               

Superintendencia de Bancos:

 

Transparencia y Control Social        

 

SB-DTL-2016-619 Califíquese como perito valuador de bienes a las siguientes personas:

 

Ingeniera agrónoma Mariana del Consuelo Cueva Zurita

 

SB-DTL-2016-634 Diseñadora de Interiores María José Fernández Egas

 

 

 

CONTENIDO


 

No. 2016-SUBSECOM-0011

 

Tammy Lorena Vallejo Silva

SUBSECRETARIA

NACIONAL DE COMUNICACIÓN

 

 

Considerando:

 

Que, conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

 

Que, de acuerdo al artículo 96 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.- Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas;

 

Que, el artículo 141 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, la misma que está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas;

 

Que, el Código Civil del Ecuador concede a las personas naturales y jurídicas el derecho de constituir corporaciones y fundaciones, así como reconoce la facultad de la autoridad que otorgó personería jurídica para disolverlas a pesar de la voluntad de sus miembros;

 

Que, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 175 de 20 de abril de 2010, establece lo siguiente:

 

?Art. 36.- Legalización y registro de las organizaciones sociales.- Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación.?

 

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 3 de 30 de mayo de 2013, dispone crear la Secretaria Nacional de Comunicación como entidad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotada de economía presupuestaria, financiera, económica y administrativa?

 

Que, mediante DECRETO EJECUTIVO No. 339 publicado en el Registro Oficial No. 77 de 30 de noviembre de 1998, el Presidente de la República delegó a los señores Ministros de Estado, para que de acuerdo con la materia de que se trate, aprueben los estatutos y las reformas de los mismos, de las fundaciones o corporaciones, y les otorguen la personalidad jurídica, según lo previsto en el Art. 584 del Código Civil;

 

Que, el artículo 23 del Reglamento Sistema Unificado Información de Organizaciones Sociales dispone que ?Las organizaciones sujetas a este Reglamento, podrán ser disueltas y liquidadas por voluntad de sus socios, mediante resolución en Asamblea General, convocada expresamente para el efecto y con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Para el procedimiento de disolución y liquidación, la Asamblea General, en el mismo acto, deberá nombrar un liquidador, quien deberá presentar su informe en un plazo de 90 días, observando siempre las disposiciones que para el efecto determinen el estatuto y el Código Civil. Los resultados de la disolución y liquidación se pondrán en conocimiento de la Cartera de Estado correspondiente, a fin de que se proceda a elaborar el Acuerdo Ministerial de disolución y liquidación?.

 

Que, mediante comunicación ingresada en la Secretaría Nacional de Comunicación el 01 de marzo de 2016 el señor José Ignacio López Vigil, en calidad de Representante Legal de la ?FUNDACIÓN RADIALISTA PARA EL DESARROLLO SOCIAL? solicita proceder con el correspondiente acto administrativo de Disolución y Liquidación Voluntaria de la mencionada organización al amparo de lo dispuesto en la Codificación y Reformas al Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 570 de 21 de agosto de 2015;

 

Que, mediante informe jurídico contenido en el Memorando Nro. SNC-DPJ-2016-0010-M de 07 de junio de 2016, la Dirección de Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional de Comunicación concluye lo siguiente: ?Conforme al artículo 23 del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, y habiendo cumplido con los requisitos establecidos, es procedente aprobar la Disolución y Liquidación Voluntaria de la ?FUNDACIÓN RADIALISTA PARA EL DESARROLLO SOCIAL?; y,

 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 17-2 del ERJAFE y demás normas jurídicas aplicables,

 

Resuelve:

 

Art. 1.- Acoger el informe jurídico contenido en el Memorando Nro. SNC-DPJ-2016-0010-M de 07 de junio de 2016 suscrito por el encargado de Organizaciones Sociales de la Dirección de


 

Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional de Comunicación.

 

Art. 2.- Aprobar la Disolución y Liquidación de la ?FUNDACIÓN RADIALISTA PARA EL DESARROLLO SOCIAL? por haber cumplido con lo ordenado en el artículo 23 del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales.

 

Art. 3.- La veracidad de los documentos ingresados es de exclusiva responsabilidad de los peticionarios; de comprobarse su falsedad u oposición legalmente fundamentada, esta Secretaría Nacional de Comunicación se reserva el derecho de dejar sin efecto el presente Acuerdo, y de ser el caso, llevar a conocimiento del Ministerio Público.

 

Art. 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial y notificar a la ?FUNDACIÓN RADIALISTA PARA EL DESARROLLO SOCIAL? en su domicilio en la ciudad de Quito.

 

Art. 5.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado y firmado en Quito, D.M. a 29 de junio de 2016.

 

f.) Tammy Lorena Vallejo Silva, Subsecretaria Nacional de Comunicación.

 

SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN.- Copia certificada.- Es fiel copia del original, lo certifico.- f.) Ilegible, Dirección de Gestión Documental y Archivo.- 5 de julio de 2016.

 

No. 6993-A

 

Diego Xavier Fuentes Acosta

MINISTRO DEL INTERIOR (S)

 

Considerando:

 

Que, de conformidad con el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, es deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción;

 

Que, el numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte;

 

Que, el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato;4 ? Miércoles 27 de julio de 2016

 

Que, el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador determina que la Policía Nacional es una institución de protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, estableciendo además que le corresponde la protección interna y el mantenimiento del orden público;

 

Que, el artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que la Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana, el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional;

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige, entre otros, por los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y evaluación;

 

Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, prescribe que ésta es una Institución profesional y técnica, dependiente del Ministerio del Interior, y que tiene por misión fundamental garantizar el orden interno y la seguridad individual y social;

 

Que, el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, establece que la Inspectoría General es un órgano de supervisión, control y seguimiento de las actividades administrativas y financieras y técnico-científicas de la Policía Nacional correspondiéndole además el control de la disciplina y moral profesional en todos los niveles, analizando los recursos humanos y materiales de las unidades policiales en relación a sus labores específicas, a fin de emitir informes periódicos al Comandante General, con las recomendaciones pertinentes y de ser necesario coordinando su acción con los diferentes órganos de la institución;

 

Que, los artículos 8 y 34 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción ratificada por la República del Ecuador y publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 166 de 15 de diciembre de 2005, estipulan respectivamente que, en particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas; y, con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción pudiendo considerar en tal contexto a la corrupción, como un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato, revocar una concesión u otro instrumento semejante o adoptar cualquier otra medida correctiva;

 

Que, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, señala entre otros aspectos, que dichos servidores cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión; así como, respetarán


 

y protegerán la dignidad humana; mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas; y, no cometerán ningún acto de corrupción;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 632 de 17 de enero de 2011, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, dispuso la reorganización de la Policía Nacional, estableciendo que la representación legal, judicial y extrajudicial, sea asumida por el Ministerio del Interior;

 

Que, conforme establece el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Interior, esta Cartera de Estado, tiene como misión ejercer la rectoría, ejecutar y evaluar la política pública para garantizar la seguridad interna;

 

Que, el Acuerdo Ministerial No. 4426 de 12 de junio de 2014, en su artículo 3 dispone a la Inspectoría General la facultad de elaborar informes técnicos en forma permanente, respecto de servidoras y servidores policiales cuyo accionar o procedimientos constituyan clara transgresión a las disposiciones constitucionales, instrumentos de Derechos Humanos, normativa penal y demás normativa interna policial, mismo que deben ser puestos en conocimiento del Ministerio del Interior, previa resolución del Consejo de Generales de la Policial Nacional del Ecuador;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 5233-A de 04 de enero de 2015, se establecieron las obligaciones generales y requisitos de permanencia para los servidores y servidoras policiales de la Policía Nacional, de conformidad con el artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 6987-A de 30 de marzo de 2016, el señor Dr. José Ricardo Serrano Delgado, Ministro del Interior, dispuso al señor Abogado Diego Xavier Fuentes Acosta, Viceministro de Seguridad Interna, la subrogación de las funciones y atribuciones del cargo de Ministro del Interior, a partir de las 15H00 del 31 de marzo hasta el 05 de abril de 2016, en virtud de la licencia de vacaciones del Titular;

 

Que, mediante Informe No. 06-2016-SSCCP-IGPN, de 16 de febrero de 2016, la Inspectoría General de la Policía Nacional en cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 4426 de 12 de junio de 2014 y Acuerdo Ministerial No. 5233-A de 04 de enero de 2015, determinó el detalle de los servidores policiales analizados a esa fecha, considerados no idóneos para continuar en servicio activo, dentro del proceso de depuración interna policial;

 

Que, en conocimiento del Informe No. 06-2016-SSCCP-IGPN, de 16 de febrero de 2016, el Consejo Ampliado de Generales de la Policía Nacional, emitió la Resolución No. 2016-170-CsG-PN, de 17 de febrero de 2016, en la que solicitó al Comandante General de la Policía Nacional, se remita al Ministerio del Interior el referido informe que contiene la nómina de los servidores policiales que se han alejado de la misión constitucional, a fin que disponga el trámite correspondiente;

 

Que, mediante oficio No. 2016-393-CsG-PN de 19 de febrero de 2016, el Comandante General de la Policía Nacional, General Inspector Diego Alejandro Mejía Valencia, trasladó al Ministerio del Interior, la Resolución No. 2016-170-CsG-PN, adoptada el 17 de febrero de 2016, por el Consejo Ampliado de Generales de la Policía Nacional;

 

Que, la disciplina policial es la estricta observancia de la Constitución de la República del Ecuador y la Ley, orientada al cumplimiento de la misión constitucional de la Policía Nacional, de protección de la seguridad ciudadana y orden público, en el marco de la nueva Doctrina Policial, cuyo objeto es afianzar los derechos, libertades y garantías de la ciudadanía, con responsabilidad social y ética;

 

Que, por su naturaleza, las funciones que realizan las servidoras y servidores policiales, están obligados a garantizar a las ciudadanas y ciudadanos los derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y otros instrumentos de Derechos Humanos, a efecto de erradicar la corrupción, la desconfianza social y la comisión de delitos o conductas antijurídicas que impliquen el uso indebido de bienes y equipos destinados al servicio policial, afectando significativamente la convivencia social pacífica y el patrimonio público;

 

Que, la determinación de no idoneidad de las servidoras y servidores policiales constituye un proceso técnico de autodepuración de la Policía Nacional del Ecuador, sustentado en el incumplimiento de la misión establecida en la Constitución de la República del Ecuador sobre la base del estudio de las hojas de vida profesional en forma individual de dichas servidoras o servidores, cuyo exclusivo objeto es precautelar los derechos y garantías constitucionales de la ciudadanía, el interés colectivo y la seguridad ciudadana;

 

Que, los conceptos y sistemas que conforman las dimensiones de la seguridad implican el manejo del principio de precaución y remiten a procesos de toma de decisiones admitiendo la posibilidad de riesgos y las consecuencias potenciales de inacción;

 

Que, la necesidad de acciones emergentes y prioritarias por parte de este Ministerio, se fundamenta en la exigencia legítima e impostergable de la ciudadanía al Estado, respecto de la garantía y plena vigencia del derecho a la seguridad integral, consagradas en la Constitución de la República, instrumentos internacionales y normativa segundaria;

 

En ejercicio de las atribuciones señaladas en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República y lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 632 de 17 de enero de 2011,

 

Acuerda:

 

Artículo 1.- Conocer la Resolución No. 2016-170-CsG-PN de 17 de febrero de 2016, del Consejo Ampliado de Generales de la Policía Nacional mediante la cual se hace referencia al Informe No. 06-2016-SSCCP-IGPN, de 16 de febrero de 2016, con sus respectivos anexos, emitidos por la Inspectoría General de la Policía Nacional.

Artículo 2.- Separar de manera definitiva y con efecto inmediato de la Policía Nacional del Ecuador, según Anexo 1 del presente Acuerdo Ministerial, a siete servidores policiales calificados no idóneos para el servicio, por haberse alejado de su misión constitucional, al incumplir en su accionar lo establecido en los artículos 158 y 163 de la Constitución de la República del Ecuador, sobre la base de la Resolución No. 2016-170-CsG-PN de 17 de febrero de 2016, del Consejo Ampliado de Generales de la Policía Nacional.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- El presente Acuerdo Ministerial, entrará en vigencia a partir de la publicación en la Orden General de la Policía Nacional, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial; y, de su ejecución y notificación encárguese el Viceministro de Seguridad Interna, el Comandante General de la Policía Nacional; y, el Director General de Personal de la Policía Nacional.

SEGUNDA.- El Director General de Personal de la Policía Nacional, registrará la separación definitiva por no idoneidad de los servidores policiales que constan en el Artículo 1 del presente Acuerdo Ministerial, en la hoja de vida profesional y sistemas informáticos correspondientes en forma inmediata.

 

NOTIFÍQUESE Y PUBLIQUESE

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 31 de marzo del 2016.

 

f.) Diego Xavier Fuentes Acosta, Ministro del Interior (S).

 

MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Dirección de Secretaría General de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito a, 10 de junio de 2016.- f.) Ilegible.- Secretaría General.

 

ANEXO No. 1

 

ORD.

GRADO

APELLIDOS Y NOMBRES

CÉDULA

1

CBOP.

ESPARZA IBADANGO EDWIN ROMAN

1002427217

2

CBOP.

PAILLACHO MEJIA VICTOR ANIBAL

0401343330

3

POLI.

COELLO GREFA

CARLOS LUIS

0930254370

4

POLI.

BRAVO INAGAN

DAVID MICHAEL

0804165801

5

POLI.

BONE RODRÍGUEZ DIEGO RAFAEL

0802917559


 

6

POLI.

LECHON DE LA CRUZ JUAN DAVID

1003233937

7

POLI.

JACOME VALLEJO SANTIAGO VINICIO

1003697941

 

MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Dirección de Secretaría General de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito a, 10 de junio de 2016.- f.) Ilegible.- Secretaría General.

 

No. 6994-A

 

Diego Xavier Fuentes Acosta

MINISTRO DEL INTERIOR (S)

 

Considerando:

 

Que, de conformidad con el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, es deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción;

 

Que, el numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte;

 

Que, el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato;

 

Que, el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador determina que la Policía Nacional es una institución de protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, estableciendo además que le corresponde la protección interna y el mantenimiento del orden público;

 

Que, el artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que la Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana, el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional;

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige, entre otros, por los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y evaluación;

 

Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, prescribe que ésta es una Institución profesional y técnica, dependiente del Ministerio del Interior, y que tiene por misión fundamental garantizar el orden interno y la seguridad individual y social;

 

Que, el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, establece que la Inspectoría General es un órgano de supervisión, control y seguimiento de las actividades administrativas y financieras y técnico-científicas de la Policía Nacional, correspondiéndole además el control de la disciplina y moral profesional en todos los niveles, analizando los recursos humanos y materiales de las unidades policiales en relación a sus labores específicas, a fin de emitir informes periódicos al Comandante General, con las recomendaciones pertinentes de ser necesario coordinando su acción con los diferentes órganos de la Institución;

 

Que, los artículos 8 y 34 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción ratificada por la República del Ecuador y publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 166 de 15 de diciembre de 2005, estipulan respectivamente que, en particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas; y, con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción pudiendo considerar en tal contexto a la corrupción, como un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato, revocar una concesión u otro instrumento semejante o adoptar cualquier otra medida correctiva;

 

Que, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, señala entre otros aspectos, que dichos servidores cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión; así como, respetarán y protegerán la dignidad humana; mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas; y, no cometerán ningún acto de corrupción;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 632 de 17 de enero de 2011, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, dispuso la reorganización de la Policía Nacional, estableciendo que la representación legal, judicial y extrajudicial, sea asumida por el Ministerio del Interior;

 

Que, conforme establece el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Interior, esta Cartera de Estado, tiene como misión ejercer la rectoría, ejecutar y evaluar la política pública para garantizar la seguridad interna;

 

Que, el Acuerdo Ministerial No. 4426 de 12 de junio de 2014, en


 

su artículo 3 dispone a la Inspectoría General la facultad de elaborar informes técnicos en forma permanente, respecto de servidoras y servidores policiales cuyo accionar o procedimientos constituyan clara transgresión a las disposiciones constitucionales, instrumentos de Derechos Humanos, normativa penal y demás normativa interna policial, mismo que deben ser puestos en conocimiento del Ministerio del Interior, previa resolución del Consejo de Generales de la Policial Nacional del Ecuador;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 5233-A de 04 de enero de 2015, se establecieron las obligaciones generales y requisitos de permanencia para los servidores y servidoras policiales de la Policía Nacional, de conformidad con el artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 6987-A de 30 de marzo de 2016, el señor Dr. José Ricardo Serrano Delgado, Ministro del Interior, dispuso al señor Abogado Diego Xavier Fuentes Acosta, Viceministro de Seguridad Interna, la subrogación de las funciones y atribuciones del cargo de Ministro del Interior, a partir de las 15H00 del 31 de marzo hasta el 05 de abril de 2016, en virtud de la licencia de vacaciones del Titular;

 

Que, mediante Informe No. 004-2016-SSCCP-IGPN, de 03 de febrero de 2016, la Inspectoría General de la Policía Nacional en cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 4426 de 12 de junio de 2014 y Acuerdo Ministerial No. 5233-A de 04 de enero de 2015, determinó el detalle de los servidores policiales analizados a esa fecha, considerados no idóneos para continuar en servicio activo, dentro del proceso de depuración interna policial;

 

Que, en conocimiento del Informe No. 004-2016-SSCCP-IGPN, de 03 de febrero de 2016, el Consejo Ampliado de Generales de la Policía Nacional, emitió la Resolución No. 2016-168-CsG-PN, adoptada el 17 de febrero de 2016, en la que solicitó al Comandante General de la Policía Nacional, se remita al Ministerio del Interior el referido informe que contiene la nómina de los servidores policiales que se han alejado de la misión constitucional, a fin que disponga el trámite correspondiente;

 

Que, mediante oficio No. 2016-391-CsG-PN de 19 de febrero de 2016, el Comandante General de la Policía Nacional, General Inspector Diego Alejandro Mejía Valencia, trasladó al Ministerio del Interior, la Resolución No. 2015-168-CsG-PN, adoptada el 17 de febrero de 2016, por el Consejo Ampliado de Generales de la Policía Nacional;

 

Que, la disciplina policial es la estricta observancia de la Constitución de la República del Ecuador y la Ley, orientada al cumplimiento de la misión constitucional de la Policía Nacional, de protección de la seguridad ciudadana y orden público, en el marco de la nueva Doctrina Policial, cuyo objeto es afianzar los derechos, libertades y garantías de la ciudadanía, con responsabilidad social y ética;

 

Que, por su naturaleza, las funciones que realizan las servidoras y servidores policiales, están obligados a garantizar a las ciudadanas y ciudadanos los derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y otros instrumentos de Derechos Humanos, a efecto de erradicar la corrupción, la desconfianza social y la comisión de delitos o conductas antijurídicas que impliquen el uso indebido de bienes y equipos destinados al servicio policial, afectando significativamente la convivencia social pacífica y el patrimonio público;

 

Que, la determinación de no idoneidad de las servidoras y servidores policiales constituye un proceso técnico de autodepuración de la Policía Nacional del Ecuador, sustentado en el incumplimiento de la misión establecida en la Constitución de la República del Ecuador sobre la base del estudio de las hojas de vida profesional en forma individual de dichas servidoras o servidores, cuyo exclusivo objeto es precautelar los derechos y garantías constitucionales de la ciudadanía, el interés colectivo y la seguridad ciudadana;

 

Que, los conceptos y sistemas que conforman las dimensiones de la seguridad implican el implican el manejo del principio de precaución y remiten a procesos de toma de decisiones admitiendo la posibilidad de riesgos y las consecuencias potenciales de inacción;

 

Que la necesidad de acciones emergentes y prioritarias por parte de este Ministerio, se fundamenta en la exigencia legítima e impostergable de la ciudadanía al Estado, respecto de la garantía y plena vigencia del derecho a la seguridad integral, consagradas en la Constitución de la República, instrumentos internacionales y normativa secundaria;

 

En ejercicio de las atribuciones señaladas en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República y lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 632 de 17 de enero de 2011,

 

Acuerda:

 

Artículo 1.- Conocer la Resolución No. 2016-168-CsG-PN de 17 de febrero de 2016 del Consejo Ampliado de Generales de la Policía Nacional mediante la cual se hace referencia al Informe No. 004-2016-SSCCP-IGPN, de 03 de febrero de 2016, con sus respectivos anexos, emitidos por la Inspectoría General de la Policía Nacional.

 

Artículo 2.- Separar de manera definitiva y con efecto inmediato de la Policía Nacional del Ecuador, según Anexo 1 del presente Acuerdo Ministerial, a diez servidores policiales calificados no idóneos para el servicio, por haberse alejado de su misión constitucional, al incumplir en su accionar lo establecido en los artículos 158 y 163 de la Constitución de la República del Ecuador, sobre la base de la Resolución No. 2016-168-CsG-PN de 17 de febrero de 2016, del Consejo Ampliado de Generales de la Policía Nacional.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- El presente Acuerdo Ministerial, entrará en vigencia a partir de la publicación en la Orden General de la Policía Nacional, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial; y, de su ejecución y notificación encárguese el Viceministro de Seguridad Interna, el Comandante General de la Policía Nacional; y, el Director General de Personal de la Policía Nacional.

 

 

SEGUNDA.- El Director General de Personal de la Policía Nacional, registrará la separación definitiva por no idoneidad de los servidores policiales que constan en el Artículo 1 del presente Acuerdo Ministerial, en la hoja de vida profesional y sistemas informáticos correspondientes en forma inmediata.

 

 

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE

 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 31 de marzo del 2016.

 

 

f.) Diego Xavier Fuentes Acosta, Ministerio del Interior (S).

 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Dirección de Secretaría General de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.- Quito a, 10 de junio de 2016.- f.) Ilegible.- Secretaría General.

 

 

Anexo No. 1

 

ORD.

GRADO

APELLIDOS Y NOMBRES

CÉDULA

1

SGOS.

MENDOZA BURGOS GABRIEL GONZALO

0913001806

2

SGOS.

ARMIJOS MIRANDA OLGER NEPTALI

1712975646

3

CBOP.

REINSANCHO BUNGACHO EDWIN FABIAN

1719412973

4

CBOP.

SEGURA DIAZ FELIX EDILBERTO

1803696705

5

CBOS.

GUAMBI QUIANCHA EDWIN JAVIER

 

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