Registro Oficial No.847- Viernes 23 de Septiembre de 2016 Suplemento

Viernes, 23 de septiembre de 2016

Última modificación: Viernes, 02 de junio de 2017 | 16:36

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado                

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Viernes, 23 de Septiembre de 2016  (R. O. SP 847, 23-septiembre-2016)

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

Ministerio de Industrias y Productividad:

 

Ejecutivo:

Acuerdo

16 140

Adóptese como decisión de política para el uso, aprovechamiento o enajenación de actividades o emprendimientos y bienes públicos, la de hacer líquidas las inversiones previamente efectuadas en actividades o emprendimientos y bienes públicos, de la Empresa Pública Cementera del Ecuador - EPCE EP y FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP

 

 

Consejo de la Judicatura:

 

Judicial y Justicia Indígena:

Resoluciones       

143-2016

Apruébense los informes técnicos y desígnense notarios suplentes en las provincias de Manabí y Pastaza

               

144-2016

 

Refórmese la Resolución 135-2016, de 9 de agosto de 2016, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió: ?Expedir el Instructivo al Reglamento de Procesamiento de Precedentes Jurisprudenciales Obligatorios de la Corte Nacional de Justicia?

               

146-2016

 

Nómbrese Subdirectora Nacional de Servicios Generales

               

Corte Nacional de Justicia:

04-2016

Duda suscitada en relación con el contenido de la Disposición General Primera del Código Orgánico Integral Penal una vez que ha entrado en vigencia el Código Orgánico General de Procesos

 

05-2016

 

Justificación del Proyecto de Resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia que permite declarar de oficio la caducidad de las acciones por despido ineficaz

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Mancomunidad Cuenca Alta del Río Catamayo:

 

-Adenda al Convenio de Constitución de la Mancomunidad

 

                              

?

CONTENIDO


 

No. 16-140

 

Santiago León Abad

MINISTRO DE INDUSTRIAS

Y PRODUCTIVIDAD

 

Considerando:

 

Que, según el artículo 154, numeral 1, de la Constitución de la República a las ministras y ministros de Estado les corresponde dirigir la política del Ministerio a su cargo y expedir las normas, acuerdos y resoluciones que requiera la gestión ministerial;

 

Que, el artículo 260 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: ?El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno?;

 

Que, el numeral 12 del artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: ?El Estado Central tendrá competencias exclusivas sobre: ? 12. El control y administración de las empresas públicas nacionales?;

 

Que, de conformidad con el artículo 297 de la Constitución de la República del Ecuador, los bienes y recursos públicos y las instituciones y entidades que los reciban o transfieran, están sujetos a las normas que las regulan y a los principios de transparencia, rendición de cuentas y control público;

 

Que, el artículo 315 de la Carta Fundamental establece que: ?El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter público, en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado.?;

 

Que, de conformidad con la Ley Orgánica de Empresas Públicas - LOEP, a las empresas públicas se les ha dotado de patrimonio propio, autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión y una amplia capacidad asociativa con el sector privado para la constitución de empresas subsidiarias, esto es, sociedades mercantiles de economía mixta en las que el Estado o sus instituciones tienen la mayoría accionaria, amén de otros mecanismos de asociación autorizados por el artículo 35 de la mencionada ley;

 

Que, el Art. 8 de la LOEP establece que: ?En las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva, las funciones de Presidenta o Presidente del Directorio las ejercerá el Ministro del ramo correspondiente o su delegada o delegado permanente (?)?;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 207 del 7 de enero de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 114 del 22 de enero del mismo año, se creó la Empresa Pública Cementera ? EPCE; de igual forma, mediante Decreto Ejecutivo No. 1134 del 19 de abril de 2012, publicado en el Suplemento de Registro Oficial No. 699 del 9 de mayo del 2012 se creó la Empresa Pública FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP; correspondiendo al Ministro de Industrias y Productividad ejercer las funciones de Presidente de los directorios de estas empresas;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1069 de 10 de junio de 2016, se designó al economista Santiago León Abad, como Ministro de Industrias y Productividad;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1174 publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 831 de 01 de septiembre de 2016, se regula la distribución de competencias y los procedimientos por los que la Administración Pública Central e Institucional de la Función Ejecutiva, hacen líquidas las inversiones previamente efectuadas en actividades o emprendimientos y bienes públicos, para destinar los recursos resultantes al cumplimiento de los objetivos de la planificación nacional. Para fines de este reglamento, se entienden como emprendimientos públicos a las empresas públicas, las compañías anónimas o compañías de economía mixta creadas por o de propiedad de la Función Ejecutiva;

 

Que, el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo Ibídem, establece que: ?Corresponde adoptar las decisiones de política de uso, aprovechamiento o enajenación, de actividades o emprendimientos y bienes públicos, al Ministro rector del sector al que pertenece el bien o está subordinada la actividad materia del procedimiento de desinversión.?;

 

 

Que, la Gerencia General de FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP y de la Empresa Pública Cementera ? EPCE, mediante oficios Nos. FAB-GG-FL-100-2016-O, EPCEGG- 2016-367-OF, de fechas 2 y 6 de septiembre de 2016, respectivamente, han emitido los informes financieros que evidencian la situación actual de dichas empresas; se cuenta también fechado al 2 de septiembre de 2016, el informe técnico suscrito por el Subsecretario de Eficiencia e Inversión Industrial, y el criterio jurídico emitido por la Coordinación General Jurídica y el Asesor Ministerial del Ministro de Industrias y Productividad, emitido el 5 de septiembre de 2016, que sustentan y motivan la adopción de la decisión de política, objeto del presente instrumento, relacionada con el uso, aprovechamiento o enajenación de actividades o emprendimientos y bienes públicos de la Empresa Pública Cementera del Ecuador EPCE EP y la Empresa Pública FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP;

 

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, el infrascrito Ministro de Industrias y Productividad;

 

Acuerda:

 

Artículo 1.- Adoptar como decisión de política para el uso, aprovechamiento o enajenación de actividades o emprendimientos y bienes públicos, la de hacer liquidas las inversiones previamente efectuadas en actividades o emprendimientos y bienes públicos, de la Empresa Pública Cementera del Ecuador - EPCE EP y FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP, mediante los correspondientes procedimientos de desinversión, de acuerdo a los intereses estatales y acorde a la planificación nacional, esto es destinar los recursos resultantes al cumplimiento de los objetivos de desarrollo público.

 

A fin de hacer liquidas las inversiones mencionadas señalados en el inciso anterior, la política estará orientada a la constitución y enajenación de emprendimientos públicos dentro del marco establecido en el inciso segundo del artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 1174 publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 831 de 01 de septiembre de 2016.

 

Artículo 2.- Poner en conocimiento de Directorios y Gerentes Generales de las Empresas Públicas Empresa Pública Cementera del Ecuador - EPCE EP y FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP, la decisión de política adoptada mediante el presente instrumento, a efectos de que se proceda conforme lo dispuesto por la Ley Orgánica de Empresas Públicas y el Decreto Ejecutivo No. 1174 mencionado en el artículo anterior.

 

Artículo 3.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 07 de septiembre de 2016.

 

f.) Santiago León Abad, Ministro de Industrias y Productividad.

 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- Fecha: 08 septiembre de 2016.- Firma: Ilegible.

 

No. 143-2016

 

EL PLENO

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: ?El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial...?;

 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador establecen: ?Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial (...); y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el artículo 200 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: ?Las notarias y notarios son depositarios de la fe pública; serán nombrados por el Consejo de la Judicatura previo concurso público de oposición y méritos, sometido a impugnación y control social...?;

 

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: ?Con el fin de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial y los demás principios establecidos en la Constitución y este Código, dentro de los grandes lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios...?;

 

Que, el numeral 5 del artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que las notarias y los notarios son parte integrante de la Función Judicial;

 

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: ?El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial...?;

 

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribe que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?10. Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el artículo 296 del Código Orgánico de la Función Judicial prevé: ?El Notariado es un órgano auxiliar de la Función Judicial y el servicio notarial consiste en el desempeño de una función pública que la realizan las notarias y los notarios, quienes son funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los actos, contratos y documentos determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los hechos que ocurran en su presencia...?;

 

Que el artículo 297 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa: ?El Servicio Notarial se rige por la Constitución, este Código, la Ley Notarial y demás disposiciones legales y reglamentarias.?;

 

Que el artículo 301 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: ?El servicio notarial es permanente e ininterrumpido. Para cumplir sus funciones, cuando el caso amerite o las partes lo requieran, podrá autorizar los actos o contratos fuera de su despacho notarial...?;

 

Que la Disposición Reformatoria Segunda del Código Orgánico General de Procesos, respecto a las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial en su numeral 10 dispone se agregue a continuación del artículo 301, el artículo 301 A, que señala: ?Notarias y notarios suplentes.- Cada notaria o notario titular contará con una o un notario suplente, quien debe reunir los mismos requisitos que el titular y lo reemplazará en casos de ausencia temporal. Para el efecto, la notaria o notario titular remitirá a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura el nombre de su notaria o notario suplente, que no podrá ser su cónyuge o conviviente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad ni primero de afinidad, y los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos. La falsedad de los documentos o información remitida ocasionará la destitución de la notaria o notario titular.

 

La notaria o notario titular será solidariamente responsable civil y administrativamente por las actuaciones de la notaría o notario suplente en el ejercicio de sus funciones. En ningún caso, la notaria o notario suplente reemplazará al titular cuando la ausencia se deba por suspensión o destitución de la notaria o notario titular como consecuencia de una acción disciplinaria.?;

 

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 14 de octubre de 2014, mediante Resolución 260-2014, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 371, de 10 de noviembre de 2014, resolvió: ?EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y EJERCICIO DE FUNCIONES DE LAS NOTARIAS Y LOS NOTARIOS SUPLENTES?;

 

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 26 de octubre de 2015, mediante Resolución 344-2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 630, de 18 de noviembre de 2015, resolvió: ?REFORMAR LA RESOLUCIÓN 260-2014 DE 14 DE OCTUBRE DE 2014, MEDIANTE LA CUAL

 

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y EJERCICIO DE FUNCIONES DE LAS NOTARIAS Y LOS NOTARIOS SUPLENTES?

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 9 de mayo de 2016, mediante Resolución 085-2016, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 770, de 7 de junio de 2016, resolvió: ?REFORMAR LA RESOLUCIÓN 260-2014, DE 14 DE OCTUBRE DE 2014, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y EJERCICIO DE FUNCIONES DE LAS NOTARIAS Y LOS NOTARIOS SUPLENTES?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2016-2974, de 17 de agosto de 2016, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios, Director General (s), quien remite los Memorandos DNTH-4099- 2016; y, DNTH-4100-2016 de 16 de agosto de 2016, suscritos por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano, que contienen los informes técnicos sobre la designación de Notarios Suplentes en las provincias de: Manabí y Pastaza; y,

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los presentes,

 

RESUELVE:

 

APROBAR LOS INFORMES TÉCNICOS Y

DESIGNAR NOTARIOS SUPLENTES EN LAS

PROVINCIAS DE MANABÍ Y PASTAZA

 

Artículo 1.- Aprobar los informes técnicos, referentes a la designación de notarios suplentes en las provincias de: Manabí y Pastaza, suscritos por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

 

Artículo 2.- Designar notarios suplentes en las provincias de: Manabí y Pastaza, conforme al siguiente detalle: Registro

 


 



Artículo 3.- Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura, la notificación y posesión de los notarios suplentes que constan en esta resolución, conforme a lo establecido en la ley, los reglamentos e instructivos previstos para el efecto.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

 

ÚNICA.- Previa la posesión de los notarios suplentes, se deberán observar las incompatibilidades determinadas en el artículo 78 del Código Orgánico de la Función Judicial. De ser el caso, el notario titular, deberá proponer un nuevo candidato que cumpla

con lo establecido en el reglamento respectivo.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General, la Dirección Nacional de Talento Humano y las Direcciones Provinciales de: Manabí y Pastaza, del Consejo de la Judicatura.

 

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el veintinueve de agosto

de dos mil dieciséis.

 

f.) Néstor Arbito Chica, Presidente Ad-hoc.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

Certifico: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

 

 


 

No. 144-2016

 

EL PLENO DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: ?El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial??;

 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador determinan: ?Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial (?); y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el numeral 2 del artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: ?Serán funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las determinadas en la ley, las siguientes: 2. Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración.?;

 

Que, el artículo 185 de la Constitución de la República del Ecuador establece: ?Las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, obligarán a remitir el fallo al pleno de la Corte a fin de

que ésta delibere y decida en el plazo de hasta sesenta días sobre su conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia, o sí ratifica el criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia obligatoria.

 

La jueza o juez ponente para cada sentencia será designado mediante sorteo y deberá observar la jurisprudencia obligatoria establecida de manera precedente. Para cambiar el criterio jurisprudencial obligatorio la jueza o juez ponente se sustentará en razones jurídicas motivadas que justifiquen el cambio, y su fallo deberá ser aprobado de forma unánime por la sala.?;

 

Que, el numeral 2 del artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el numeral 2 del artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador indica que al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde: ?2. Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales, fundamentado en los fallos de triple reiteración??;

 

Que, el artículo 182 del Código Orgánico de la Función Judicial, concordantemente con el artículo 185 de la Constitución de la República del Ecuador, a partir de su inciso segundo expresa: ?La resolución mediante la cual se declare la existencia de un precedente jurisprudencial contendrá únicamente el punto de derecho respecto del cual se ha producido la triple reiteración, el señalamiento de la fecha de los fallos y los datos de identificación del proceso; se publicará en el Registro Oficial a fin de que tenga efecto generalmente obligatorio (?).

 

Para cambiar el criterio jurisprudencial obligatorio la jueza o juez ponente se sustentará en razones jurídicas motivadas que justifiquen el cambio y su fallo deberá ser aprobado de forma unánime por la Sala, debiendo ponerse de inmediato en conocimiento del Pleno, el cual decidirá si se deja o no sin efecto el precedente obligatorio cuyo criterio se ha cambiado, o si se trata de una cuestión nueva que no se halla comprendida en dicho precedente.

 

Para el procesamiento de esta jurisprudencia, el Pleno de la Corte Nacional creará una unidad administrativa especializada.?;

 

Que, el numeral 3 del artículo 201 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala que a los conjueces de la Corte Nacional de Justicia les corresponde: ?3. Organizar los fallos de la sala, seleccionar los precedentes para proporcionarlos a los ponentes de la sala a fin de que los utilicen en sus ponencias, y establecer los casos de triple reiteración a fin de ponerlos a conocimiento del Presidente de la sala para que los eleve hasta el Pleno de la Corte.?;

 

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiesta que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?10. Expedir, modificar derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 25 de abril de 2016, mediante Resolución 069-2016, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 756, de 17 de mayo de 2016, resolvió: ?EXPEDIR EL REGLAMENTO DE PROCESAMIENTO DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES OBLIGATORIOS DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA?;

 

Que, la Disposición Transitoria Única de la Resolución 069- 2016, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, señala: ?El Consejo de la Judicatura en coordinación con la Corte Nacional de Justicia, desarrollarán el instructivo para identificación de los fallos de triple reiteración y fallos contradictorios, en un tiempo que no exceda de noventa (90) días, contados a partir de la entrada en vigencia de este reglamento?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 9 de agosto de 2016, mediante Resolución 135-2016, resolvió: ?EXPEDIR EL INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE PROCESAMIENTO DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES OBLIGATORIOS DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2016-3040, de 23 de agosto de 2016, suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2016-824, de 23 de agosto de 2016, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios,

 

Director Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el proyecto de resolución para: ?Reformar la Resolución 135-2016, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura expidió el Instructivo al Reglamento de Procesamiento de Precedentes Jurisprudenciales Obligatorios de la Corte Nacional de Justicia?; y,

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

 

RESUELVE:

 

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 135-2016, DE 9

DE AGOSTO DE 2016, MEDIANTE LA CUAL EL

PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

RESOLVIÓ: ?EXPEDIR EL INSTRUCTIVO

AL REGLAMENTO DE PROCESAMIENTO

DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES

OBLIGATORIOS DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA?

 

Artículo Único.- sustituir la Disposición Transitoria Segunda, por el siguiente texto:

 

?SEGUNDA.- La Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC?s, en coordinación con la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial y la Corte Nacional de Justicia, elaborará el módulo en el Sistema de Procesamiento de Jurisprudencia (eSIPJUR), para la remisión de sentencias por parte del Secretario, a la Dirección Técnica de Procesamiento de Jurisprudencia e Investigaciones Jurídicas, en un tiempo que no exceda de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la entrada en vigencia de este instructivo?.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias de la Dirección General, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial y la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC?s del Consejo de la Judicatura y la Dirección Técnica de Procesamiento de Jurisprudencia e Investigaciones Jurídicas de la Corte Nacional de Justicia.

 

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones de Pleno del Consejo de la Judicatura, el cinco de septiembre de dos mil dieciséis.

 

f.) Gustavo Jalkh Röben, Presidente.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

 

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el cinco de septiembre de dos mil dieciséis.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

No. 146-2016

 

EL PLENO DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador establece: ?El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial??;

 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador señalan como funciones del Consejo de la Judicatura: ?1. Definir y Ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial (?); y 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: ?(?) los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios??;

 

Que, el numeral 1 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone: ?Son deberes de las servidoras y servidores de la Función Judicial, según corresponda al puesto que desempeñen, los siguientes: 1. Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del ámbito de sus funciones, la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes y reglamentos generales; el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura y de sus superiores jerárquicos.?;

 

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa: ?El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial??;

 

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?10. Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de abril de 2014, mediante Resolución 070-2014, publicada en Edición Especial del Registro Oficial No. 158, de 30 de julio de 2014, resolvió: ?APROBAR EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL

 

MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 25 de junio de 2015, mediante Resolución 186-2015, publicada en Edición Especial del Registro Oficial No. 350, de 7 de agosto de 2015, resolvió: ?REFORMAR LA RESOLUCIÓN 070-2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 7 de octubre de 2015, mediante Resolución 312-2015, publicada en Edición Especial del Registro Oficial No. 390 de 9 de noviembre de 2015, resolvió: ?REFORMAR LA RESOLUCIÓN 070-2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014, QUE CONTIENE EL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS QUE INCLUYE LA CADENA DE VALOR, SU DESCRIPCIÓN, EL MAPA DE PROCESOS, LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE NIVEL CENTRAL Y DESCONCENTRADO?;

 

Que, mediante Resolución MRL-VSP-2014-0391, de 17 de julio de 2014, el Viceministro de Servicio Público del Ministerio de Relaciones Laborales, resolvió aprobar la revisión a la clasificación y cambio de denominación de quince (15) puestos comprendidos dentro del nivel jerárquico superior, para el Consejo de la Judicatura;

 

Que, mediante Resolución MRL-VSP-2014-0392, de 17 de julio de 2014, el Viceministro de Servicio Público del Ministerio de Relaciones Laborales, resolvió aprobar la creación de cuarenta y siete (47) puestos comprendidos dentro del nivel jerárquico superior para el Consejo de la Judicatura, entre las cuales constan: Directores Nacionales, Subdirectores y Coordinadores Generales;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2016-3170, de 2 de septiembre de 2016, suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General, quien remite el Memorando DNTH-4418-2016, de 31 de agosto de 2016, suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano, que contiene el: ?Informe Designación Subdirectora Nacional de Servicios Generales?; y,

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los presentes,

 

 

RESUELVE:

 

NOMBRAR SUBDIRECTORA NACIONAL DE

SERVICIOS GENERALES

 

Artículo 1.- Aprobar el informe técnico referente a la designación de Subdirectora Nacional de Servicios Generales, suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano.

 

Artículo 2.- Nombrar Subdirectora Nacional de Servicios Generales, a la arquitecta Britzya Marquez Arévalo.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

 

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el doce de septiembre de dos mil dieciséis.

 

f.) Gustavo Jalkh Röben, Presidente.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el doce de septiembre de dos mil dieciséis.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

 

No. 04-2016

 

DUDA SUSCITADA EN RELACIÓN CON EL

CONTENIDO DE LA DISPOSICIÓN

GENERAL PRIMERA DEL CÓDIGO ORGÁNICO

INTEGRAL PENAL UNA VEZ QUE HA

ENTRADO EN VIGENCIA EL CÓDIGO ORGÁNICO

GENERAL DE PROCESOS

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

1.- Por sobre la seguridad jurídica:

 

La Constitución de la República en su artículo 82 reconoce el derecho de las y los ecuatorianos a la seguridad jurídica: ?El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.?

 

En desarrollo del precepto constitucional el Código Orgánico de la Función Judicial determina:

 

Art. 25.- PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA.- Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas.

 

Encontramos entonces, que la seguridad jurídica, entre otras cosas, consiste en la certeza que los integrantes de la sociedad tienen por sobre las consecuencias jurídicas de sus actos, y que de ser el caso serán juzgados por juezas y jueces competentes, quienes aplicarán e interpretarán el ordenamiento jurídico de forma íntegra, uniforme, y con irrestricto apego a la Constitución y a la ley.

 

En el ámbito del derecho comparado, resulta fundamental exponer lo que la Corte Constitucional de Colombia ha determinado con relación a este tema. Nos dice que la uniformidad de las decisiones judiciales, así como su estabilidad y consistencia son expresiones de la seguridad jurídica:

 

La certeza que la comunidad jurídica tenga de que los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma es una garantía que se relaciona con el principio de la seguridad jurídica. La previsibilidad de las decisiones judiciales da certeza sobre el contenido material de los derechos y obligaciones de las personas, y la única forma en que se tiene dicha certeza es cuando se sabe que, en principio, los jueces han interpretado y van a seguir interpretando el ordenamiento de manera estable y consistente. Esta certeza hace posible a las personas actuar libremente, conforme a lo que la práctica judicial les permite inferir que es un comportamiento protegido por la ley.

 

(?) Si en virtud de su autonomía, cada juez tiene la posibilidad de interpretar y aplicar el texto de la ley de manera distinta, ello impide que las personas desarrollen libremente sus actividades, pues al actuar se encontrarían bajo la contingencia de estar contradiciendo una de las posibles interpretaciones de la ley.

 

En su aspecto subjetivo, la seguridad jurídica está relacionada con la buena fe, consagrada en el Art. 83 de la Constitución, a partir del principio de la confianza legítima. Este principio constitucional garantiza a las personas que ni el Estado ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias.

 

Por sobre el derecho a la seguridad jurídica, la Corte Constitucional para el periodo de transición, caso 0103- 09-EP, sentencia 008-09-SEP-CC, se ha pronunciado indicando que la situación jurídica de los justiciables se la juzgará solamente de conformidad a un procedimiento clara y públicamente preestablecido:

 

(?) la garantía constitucional dada a los ciudadanos y ciudadanas por el Estado, de que sus derechos no serán violados; si esto ocurriera, se los protegerá. Es la convicción, la seguridad que tiene el ciudadano y ciudadana de que su situación jurídica no será, de ninguna manera cambiada más que por procedimientos establecidos previamente. Esto quiere decir estar seguros de algo y libre de cuidados.

 

En coherencia con esta noción, de necesidad de uniformidad en las decisiones judiciales, como sustento de la seguridad jurídica, es que el Asambleísta Constituyente determinó como una de las funciones de la Corte Nacional de Justicia, como máximo órgano de administración de justicia ordinaria en el país, el de desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración.1

 

2.- Por sobre el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico General de Procesos como normas supletorias al Código Orgánico Integral Penal.-

 

i) A partir del 10 de agosto de 2014 entró en plena vigencia el Código Orgánico Integral Penal, norma que rige el sistema penal ecuatoriano, pues reúne en un solo cuerpo las partes sustantiva, adjetiva y de ejecución penal. Empero, resulta que existen aspectos que no se encuentran regulados en el COIP, y para ello debemos ir a otras normas supletorias por defecto de la ley de la materia. Tenemos así, que la disposición general primera del COIP dispone: ?En lo no previsto en este Código se deberá aplicar lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código de Procedimiento Civil, si es aplicable con la naturaleza del proceso penal acusatorio oral.? (negrillas es nuestro)

 

ii) El 22 de mayo del 2016, entró en vigencia el Código Orgánico General de Procesos, cuerpo normativo que promueve la oralidad y la unificación de los procesos y por ende expresamente deroga el Código de Procedimiento Civil2. Esta situación ha generado confusión entre los administradores de justicia en materia penal, puesto que, no se tiene certeza sobre si el Código Orgánico General de Procesos, remplaza al Código de Procedimiento Civil como norma supletoria, en defecto del Código Orgánico Integral Penal, y así resultare desde qué momento este cuerpo normativo es aplicable supletoriamente al proceso penal que se encuentra en sustanciación.

 

De ahí que, en resguardo de la seguridad jurídica, devenida de procurar la unanimidad en la interpretación y la aplicación de las normas por parte de las juezas y los jueces, resulta fundamental esclarecer esta problemática, tanto más que es de recordar que instituciones como la aclaración y ampliación de las sentencias no se encuentran reguladas en el COIP, y de ahí

 


1              Art. 184.- Serán funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las determinadas en la ley, las siguientes: 1. Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley. 2. Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración. 3. Conocer las causas que se inicien contra las servidoras y servidores públicos que gocen de fuero. 4. Presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia.

 

2              Disposición derogatoria primera del COGEP. que se deba ir al Procedimiento Civil como norma supletoria, ley que ha sido derogada, encontrándose en vigencia en la actualidad el COGEP.

 

iii) La duda en un primer momento resultaría satisfecha si nos sujetamos a lo determinado en el numeral 1, de la disposición reformatoria primera del COGEP que ordena

 

PRIMERA.- En todas las disposiciones legales o reglamentarias vigentes, sustitúyase en lo que diga:

 

?Código de Procedimiento Civil?; ?Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa? y ?Ley de Casación?, por ?Código Orgánico General de Procesos?.

 

De ahí que, fácil nos resulta entender que será COGEP, el cuerpo normativo supletorio en materia procesal penal en remplazo del Código de Procedimiento Civil ya derogado.

 

iv) Ahora bien, si un proceso penal se ha iniciado con anterioridad al 23 de mayo de 2016, cuando entró en vigencia el COGEP, ¿es aplicable este cuerpo normativo como supletorio en materia procesal penal?, el artículo 17 del COIP dice ?Artículo 17.- Ámbito material de la ley penal.- Se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este Código. Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia?

 

Para el caso que nos ocupa, es aplicable la regla procesal que establece la prevalencia de las nuevas normas procesales por sobre las anteriores, desde el momento mismo de su entrada en vigencia, es decir, el cuerpo normativo aplicable como supletorio en materia penal es el COGEP desde que entró en vigencia en reemplazo del Código de Procedimiento Civil. Esta noción es plenamente aplicable en materia penal, puesto que se irá al cuerpo normativo supletorio solo en el momento en que, de los incidentes del proceso se evidencie la necesidad de aplicar esa ley en defecto del COIP.

 

Entonces, si en un proceso penal que se haya iniciado antes del 23 de mayo de 2016, se encuentra que se requiere de otra norma supletoria; y para solventar este incidente la que debe operar es la que está en vigencia, esto es el COGEP o el COFJ. Es aún más evidente si es que tomamos en cuenta que las normas supletorias en materia penal, puntualmente, en este caso el COGEP, es accesoria y rige por excepción y no versan sobre la naturaleza y estructura misma del proceso penal, peor aún con lo sustantivo; pues, para ello se está a lo dispuesto en el COIP. Lo que si se requiere es que la norma supletoria guarde armonía con el proceso acusatorio oral, y sea coherente con los principios constitucionales que lo rigen.

 

3.- Con lo expuesto es necesario que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, emita una resolución general y obligatoria con el fin de aclarar el contenido de la disposición general primera del COIP, en relación con la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, como norma supletoria por defecto del Código Orgánico Integral Penal, todo ello en aras de una uniforme interpretación del ordenamiento jurídico vigente, como una dimensión del derecho que tenemos todas y todos los ecuatorianos a la seguridad jurídica.

 

4.- RESOLUCIÓN DEL PLENO

 

No. 04-2016

 

LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

 

CONSIDERANDO:

 

Que el derecho a la seguridad jurídica, entre otros aspectos, consiste en la certeza que los integrantes de la sociedad tienen por sobre las consecuencias jurídicas de sus actos, y que de ser el caso éstos serán juzgados por juezas y jueces competentes, quienes aplicarán e interpretarán el ordenamiento jurídico de forma uniforme, constante e íntegramente, con irrestricto apego a la Constitución, a los instrumentos de derechos humanos y a la ley.

 

Que el artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina que entre las funciones que le corresponden al Pleno de la Corte Nacional de Justicia se encuentra la de expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Que la disposición general primera del Código Orgánico Integral Penal dispone: ?En lo no previsto en este Código se deberá aplicar lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código de Procedimiento Civil, si es aplicable con la naturaleza del proceso penal acusatorio oral.?

 

Que la disposición derogatoria primera del Código Orgánico General del Procesos, deroga el Código de Procedimiento Civil.

 

Que esta situación ha traído como consecuencia confusión en los administradores de justicia del país en materia penal, puesto que no se tiene absoluta claridad si es que el Código Orgánico General de Procesos, sustituye al Código de Procedimiento Civil, como norma supletoria en defecto del Código Orgánico Integral Penal.

 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 180.6 del Código Orgánico de la Función Judicial,

 

RESUELVE:

 

ARTÍCULO ÚNICO.- En lo no previsto en el Código Orgánico Integral Penal, se deberá aplicar de manera supletoria lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial y en el Código Orgánico General de Procesos, si es aplicable con la naturaleza del proceso penal acusatorio oral. En materia penal esta regla será aplicable a todo proceso que se encuentra actualmente en sustanciación.

 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a los diez días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.

 

f) Dr. Carlos Ramírez Romero, PRESIDENTE;

 

f.) Dr. Alvaro Ojeda Hidalgo, JUEZ NACIONAL (V.C.).

 

f.) Dr. Merck Benavides Benalcázar, JUEZ NACIONAL.

 

f.) Dra. Tatiana Pérez Valencia, JUEZA NACIONAL (V.C.).

 

f.) Dr. Wilson Andino Reinoso, JUEZ NACIONAL (V.C.).

 

f.) Dra. Gladys Terán Sierra, JUEZA NACIONAL.

 

f.) Dr. Asdrúbal Granizo, JUEZ NACIONAL (V.C.).

 

f.) Dr. Jorge Blum Carcelén, JUEZ NACIONAL.

 

f.) Dr. José Luis Terán Suárez, JUEZ NACIONAL (V.C.).

 

 

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