Registro Oficial

Registro Oficial No.854- Martes 04 de Octubre de 2016 Suplemento

Martes, 04 de octubre de 2016

Última modificación: Lunes, 05 de junio de 2017 | 18:07

 

 

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado                

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

 Martes, 4 de Octubre de 2016 (R. O. SP 854, 4-octubre-2016)

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

                               

               

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del CantónMontalvo-Provincia de los Ríos: Ordenanzas Municipales:

 

Ordenanzas         

-Que reforma a la Ordenanza para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de ríos, lagos, y canteras

 

               

-Que reforma de la Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 2016 - 2017

 

 

CONTENIDO


 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO-PROVINCIA DE LOS RIOS

 

Considerando:

 

Que, el Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos posee en las riberas y lechos de sus ríos abundante materiales áridos y pétreos, por tanto, conforme a las competencias exclusivas transferidas constitucionalmente se considera necesario regularizar y controlar la actividad minera sobre la explotación de los materiales áridos y pétreos que se desarrollan en el cantón.

 

Que, es necesario evitar la explotación indiscriminada y anti técnica de los materiales áridos y pétreos que pudieran ocasionar afectaciones al ecosistema y particularmente la contaminación de los ríos, y así garantizar a la comunidad el derecho a tener un ambiente sano y el acceso a sus aguas para el aprovechamiento tanto para el consumo humano con su debido tratamiento, como para la diferentes actividades agropecuarias o ganaderas.

 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República, reconoce al Ecuador como Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Además de regular la organización del poder y las fuentes del derecho, genera de modo directo derechos y obligaciones inmediatamente exigibles, su eficacia ya no depende de la interposición de ninguna voluntad legislativa, sino que es directa e inmediata;

 

Que, el art. 95 de la Constitución de la República, determina que las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad;

 

Que, conforme establece la Constitución de la República en su Art. 408 primer inciso ?Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas??

 

Que, conforme al Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, los gobiernos autónomos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y financiera, en tanto que el

 

Art. 240 reconoce a los gobiernos autónomos descentralizados de los cantones el ejercicio de las facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Con lo cual los concejos cantonales están investidos de capacidad jurídica para dictar normas de aplicación general y obligatoria dentro de su jurisdicción;

 

Que, el numeral 12 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador otorga competencia exclusiva para regular, autorizar y controlar la explotación de áridos y pétreos existentes en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras.

 

Que, el Art. 55 en su literal l) del Código orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señala que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales tendrán las competencias exclusivas para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos y canteras.

 

Que, el artículo 141 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización prevé que el ejercicio de la competencia en materia de explotación de áridos y pétreos se deba observar las limitaciones y procedimientos, así como las regulaciones y especificaciones técnicas contempladas en la Ley. Además, que establecerán y recaudarán la regalía que corresponda, que las autorizaciones para aprovechamiento de materiales pétreos necesarios para la obra pública de las instituciones del sector público se deba hacer sin costo y que las ordenanzas municipales contemplen de manera obligatoria la consulta previa y vigilancia ciudadana: remediación de los impactos ambientales, sociales y en la infraestructura vial provocados por la actividad de explotación de áridos y pétreos.

 

Que, el artículo 142 de la Ley de Minería, precautelando posibles interferencias en el ejercicio de la competencia exclusiva reconocida constitucionalmente explícitamente prevé que el Ministerio Sectorial ?podrá otorgar concesiones para el aprovechamiento de arcillas superficiales, arenas, rocas y demás materiales de empleo directo en la industria de la construcción, con excepción de los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras?

 

Que, el Art. 44 del Reglamento a la Ley de Minería precribe que, los gobiernos municipales son competentes para autorizar, regular y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, en concordancia con los procedimientos, requisitos y limitaciones que para el efecto se establezca en el reglamento especial dictado por el Ejecutivo.

 

Que, el tercer inciso del artículo 141 del Código orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, prevé que ?Los gobiernos autónomos descentralizados municipales deberán autorizar el acceso sin costo al aprovechamiento de los materiales pétreos necesarios para la obra pública??, Que, se entiende por competencia al derecho que tienen las autoridades públicas para conocer, procesar y resolver los asuntos que les han sido atribuidos en razón de la materia, territorio u otro aspecto de especial interés público previsto en la Constitución o la ley y es de orden imperativo, no es discrecional cumplirla o no.

 

Que, el principio de competencia previsto en el tercer inciso del artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador se entiende como el conjunto de materias que una norma determinada está llamada a regular por expreso mandamiento de otra que goza de jerarquía superior.

 

Que, el artículo 125 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización clarifica que los gobiernos autónomos descentralizados son titulares de las competencias constitucionales y atribuye al Consejo Nacional de Competencias la facultad para que implemente las nuevas competencias constitucionales.

 

Que, así mismo, el Art. 633 del Código Civil determina que el uso y goce de los ríos, lagos, playas y de todos los bienes nacionales de uso público estarán sujetos a las disposiciones de ese código, así como, a las leyes especiales y ordenanzas generales o locales que se dicten sobre la materia;

 

Que, el Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución No. 0004-CNC-2014 del 6 de noviembre de 2014, resolvió expedir la regulación para el ejercicio de la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales.

 

Que, es obligación primordial de los municipios garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir de la colectividad, así como el contribuir al fomento y protección de los intereses locales, criterio que debe primar en los concejos cantonales al momento de dictar las disposiciones relativas a la explotación, uso, y movimiento del materiales áridos y pétreos, precautelando prioritariamente las necesidades actuales y futuras de la obra pública y de la comunidad;

 

Que, es indispensable establecer normas locales orientadas al debido cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias para hacer efectivo el derecho ciudadano a acceder a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libre de contaminación; así como a que los ciudadanos sean consultados y sus opiniones sean consideradas en forma previa a realizar actividades de explotación de materiales de construcción;

 

Que, es necesario evitar la explotación indiscriminada y anti-técnica de los materiales de construcción que pudieran ocasionar afectaciones al ecosistema y particularmente para prevenir la contaminación al agua y precautelar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a vivir en un ambiente sano y acceder al agua en condiciones aptas para el consumo humano, previo su procesamiento;

 

Que, el artículo 84 de la Constitución vincula a los organismos que ejerzan potestad normativa a adecuar, formal y materialmente a los derechos previstos en la Constitución e instrumentos internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano;

 

Que, el Art. 425 inciso final de la Constitución de la República prescribe que; la jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y,

 

En uso de las facultades conferidas en el Art. 264 de la Constitución de la República y Arts. 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y sobre la base del Sumak Kawsay, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Montalvo.

 

Expide:

 

LA SIGUIENTE REFORMA A LA ORDENANZA PARA REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE RÍOS, LAGOS, Y CANTERAS EXISTENTES EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN MONTALVOPROVINCIA DE LOS RIOS.

 

CAPÍTULO I

 

De los preceptos generales

 

Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto establecer la normativa y el procedimiento para asumir e implementar la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos y canteras, dentro de la jurisdicción del Cantón y en sujeción a los planes de desarrollo territorial y de ordenamiento del cantón; desarrollar los procedimientos para la consulta previa y vigilancia ciudadana; y a través del ejercicio de la competencia en gestión ambiental sobre la explotación de materiales áridos y pétreos, prevenir y mitigar los posibles impactos ambientales que se pudieren generar durante las fases de la actividad minera de materiales áridos y pétreos, además prever la remediación de los impactos sociales y de la infraestructura vial, que fueren provocados por la explotación de dichos materiales áridos y pétreos.

 

Se exceptúa de esta ordenanza los minerales metálicos, no metálicos.

 

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- A fin de normar la delegación prevista en el artículo anterior, la presente ordenanza regula las relaciones de la Municipalidad con las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias y de autogestión. y las de éstas entre sí, respecto de las actividades realizadas en las distintas fases de la actividad minera de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos y canteras de la jurisdicción cantonal.

 

Art. 3.- Normas supletorias.- Son aplicables en materia minera, en la relación Estado-particulares, y de éstos entre sí, la normativa: Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, Administrativa, Contencioso-Administrativa; tributaria; penal; de empresas públicas; societaria; civil; procesal civil; de patrimonio cultural y más normativa de la legislación positiva ecuatoriana aplicable al sector geológico minero, en todo lo que corresponda y no esté expresamente regulado en la presente Ordenanza.

 

Art. 4.- Ejercicio de la competencia.- El Gobierno Municipal del Cantón Montalvo, en ejercicio de su autonomía asume la competencia de regular, autorizar y controlar la explotación de materiales de construcción, en forma inmediata y directa. La regulación, autorización y control de la explotación de materiales de construcción se ejecutará conforme a principios, derechos y obligaciones contempladas en la presente ordenanza y la normativa nacional vigente. La regulación, autorización y control de la explotación de materiales áridos y pétreos se ejecutará conforme a la planificación del desarrollo cantonal y las normas legales, de la resolución del Consejo Nacional de Competencias y de la presente ordenanza.

 

En caso de contradicción se aplicará la norma jerárquicamente superior, conforme prevé el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, tomando en consideración el principio de competencia por tratarse de una competencia exclusiva.

 

CAPÍTULO II

 

DE LOS SUJETOS DE DERECHO MINERO Y

ACTOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS

 

Art. 5.- Sujetos de derecho minero.- Son sujetos de derecho minero las personas naturales legalmente capaces y las jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias y de autogestión, cuyo objeto social y funcionamiento se ajusten a esta ordenanza y a las disposiciones legales vigentes en el país.

 

Art. 6.- Domicilio de extranjeros.- Las personas naturales o jurídicas extranjeras, para ser titulares de derechos mineros, deben tener domicilio legal en el territorio nacional y recibirán el mismo tratamiento que el otorgado a cualquier otra persona natural o jurídica nacional.

 

Art. 7.- Personas inhabilitadas.- Se prohíbe el otorgamiento de concesiones mineras a personas que tengan o hayan tenido conflictos de interés o puedan hacer uso de información privilegiada, las personas naturales o jurídicas vinculadas al GAD Municipal mientras ejerzan funciones en cualquier cargo, y hasta un periodo de dos años de haber cesado sus funciones dentro del GAD, o a las personas naturales o jurídicas vinculadas a los organismos de decisión de la actividad minera, sea a través de su participación directa o de sus accionistas y sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o ex funcionarios del ministerio de recursos naturales, ministerio de energía y minas, ministerio de minas y petróleos o de sus parientes inmediatos hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y las personas naturales o jurídicas vinculadas a las instituciones de decisión del sector minero, señaladas en el Título IV ?de los contratos? Capítulo 1 ?de las capacidades, inhabilidades o nulidades? de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, entre otros.

 

Art. 8.- Del Registro para ser sujetos de derechos mineros.- Para que las personas jurídicas o naturales puedan acceder a los procesos de otorgamiento de títulos mineros o concesiones mineras deberán calificarse como sujetos de derechos mineros y registrarse en el Registro Minero ante el Ministerio Sectorial, además de registrar la inscripción en el respectivo registro de la Unidad de Seguimiento y Control Minero del Gad Municipal, previo a cumplir con los demás actos administrativos previos para ser titulares mineros o concesionarios.

 

Art. 9.- Del derecho preferente.- El propietario del terreno superficial tendrá derecho preferente para solicitar un título minero o una concesión que coincida con el área de la que este sea propietario. Si el propietario del predio, libre y voluntariamente mediante instrumento público otorgare autorización para el uso del predio para una concesión, esta autorización lleva implícita la renuncia de su derecho preferente para el otorgamiento de una concesión de dicho predio.

 

Art. 10.- Actos administrativos previos.- Para ejecutar actividades mineras se requieren, de manera obligatoria, actos administrativos motivados favorables otorgados previamente por:

 

Licencia ambiental otorgada por el GAD Municipal acreditado por el Ministerio Sectorial, en caso de que el GAD no sea autoridad ambiental se requerirá del Ministerio del Ambiente, la respectiva licencia ambiental debidamente otorgada; y,

 

De la Autoridad Única del Agua, respecto de la eventual afectación a cuerpos de agua superficial y/o subterránea y del cumplimiento al orden de prelación sobre el derecho al acceso al agua.

 

Adicionalmente, el concesionario minero presentará al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Montalvo a través de la Unidad de Seguimiento y Control Minero Municipal, una declaración juramentada realizada ante notario en la que exprese conocer que las actividades mineras no afectan: Caminos, infraestructura pública, puertos habilitados, playas de mar y fondos marinos; redes de telecomunicaciones; instalaciones militares; infraestructura petrolera; instalaciones aeronáuticas; redes, infraestructura eléctricas; o vestigios arqueológicos o de patrimonio natural y cultural.

 

La falsedad comprobada en la declaración de la referencia anterior será sancionada de conformidad con las penas aplicables al delito de perjurio.

 

Si la máxima autoridad del de oficio o a petición de parte advirtiere que las actividades del solicitante pudieren afectar a los referidos bienes o patrimonio, solicitará la autorización a la entidad competente, la que deberá emitir su pronunciamiento en el término de treinta días. De no hacerlo en ese lapso, se entenderá que no existe oposición para el inicio de las actividades mineras.

 

CAPITULO III

 

DEFINICIONES ESENCIALES

 

Art. 11.- Material árido y pétreo.- Se entenderán como materiales de construcción a las rocas y derivados de las rocas, sean estas de naturaleza ígnea, sedimentaria o metamórfica tales como: andesitas, basaltos, dacitas, riolitas, granitos, cenizas volcánicas, pómez, materiales calcáreos, arcillas superficiales; arenas de origen fluvial o marino, gravas; depósitos tipo aluviales, coluviales, flujos laharíticos y en general todos los materiales cuyo procesamiento no implique un proceso industrial diferente a la trituración y/o clasificación granulométrica o en algunos casos tratamientos de corte y pulido, entre su explotación y su uso final y los demás que establezca técnicamente el Ministerio Rector previo informe del Instituto de Investigación Nacional Geológico, Minero, Metalúrgico.

 

Art. 12.- Clasificación de rocas.- Para fines de aplicación de la presente ordenanza, las rocas se clasifican como de origen ígneo, resultantes de la cristalización de un material fundido o magma; de origen sedimentario formadas a partir de la acumulación de los productos de erosión, como de la precipitación de soluciones acuosas; y, metamórficas originadas en la modificación de rocas preexistentes, sean estas sedimentarias o ígneas, u otras metamórficas, o por efectos de temperatura o presión, o de ambos a la vez.

 

Art. 13.- Lecho o cauce de ríos.- Se entiende como lecho o cauce de un río el canal natural por el que discurren las aguas del mismo, en el que se encuentran materiales granulares resultantes de la disgregación y desgaste de rocas de origen ígneo, sedimentario o metamórfico.

 

El lecho menor, aparente o normal es aquel por el cual discurre el agua incluso durante el estiaje, en tanto que, se denomina lecho mayor o llanura de inundación al que contiene el indicado lecho menor y es solo invadido por las aguas en el curso de las crecidas y en general en la estación anual en la que el caudal aumenta.

 

Art. 14.- Lago.- Para fines de aplicación de la presente Ordenanza, se tiene como lago, a un cuerpo de agua dulce o salada, que se encuentra alejada del mar y asociada generalmente a un origen glaciar o devienen de cursos de agua.

 

Art. 15.- Playas de mar.- Las playas de mar, consideradas como accidentes geográficos que tienen lugar en inmediata continuación con una masa de agua, de acuerdo con lo dispuesto en la Codificación del Código Civil, se entienden como las extensiones de tierra que las bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas.

 

Art. 16.- Canteras y materiales de construcción.- Entiéndase por cantera al sitio o lugar donde se encuentren materiales de construcción, o macizo constituido por una o más tipos de rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas, que pueden ser explotados a cielo abierto y que sean de empleo directo en la industria de la construcción.

 

De igual modo, se entienden como materiales de construcción a las rocas y derivados de las rocas, sean estas de naturaleza ígnea, sedimentaria o metamórfica tales como: andesitas, basaltos, dacitas, riolitas, granitos, cenizas volcánicas, pómez, materiales calcáreos, arcillas superficiales; arenas de origen fluvial o marino, gravas; depósitos tipo aluviales, coluviales, flujos laharíticos y en general todos los materiales cuyo procesamiento no implique un proceso industrial diferente a la trituración y/o clasificación granulométrica o en algunos casos tratamientos de corte y pulido, entre su explotación y su uso final, y los demás que establezca el ministerio rector.

 

CAPÍTULO IV

 

GESTIÓN DE LA COMPETENCIA

 

Art. 17.- Gestión.- En el marco del ejercicio de la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de áridos y pétreos existentes en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, el gobierno autónomo descentralizado municipal ejercerá las siguientes actividades de gestión:

 

Elaborar informes técnicos, económicos y jurídicos necesarios para otorgar, conservar y extinguir derechos mineros para la explotación de materiales áridos y pétreos;

 

Mantener un registro actualizado de las autorizaciones y extinciones de derechos mineros otorgadas dentro de su jurisdicción e informar al ente rector en materia de minería.

 

Informar de manera inmediata, a los órganos correspondientes sobre el desarrollo de actividades mineras ilegales de áridos y pétreos, dentro de su jurisdicción.

 

Determinar y recaudar las tasas de conformidad con la presente ordenanza.

 

Recaudar los valores correspondientes al cobro de patentes de conservación de las concesiones mineras vigentes, para lo cual deberán implementar el procedimiento respectivo y observar lo establecido en la ley de Minería en cuanto se refiere a las fechas de cumplimiento de la obligación.

 

Recaudar las regalías por la explotación de áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de ríos, lagos, playas de mar y canteras.

 

Recaudar los valores correspondientes al cobro de tasa por servicios administrativos en cuanto se refiere al ejercicio de la competencia como Autoridad Ambiental de aplicación responsable, procedimiento que guardara concordancia con lo establecido en la normativa Ambiental Nacional Vigente.

 

Las demás que correspondan al ejercicio de la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de áridos y pétreos existentes en lechos de ríos, lagos, playas de mar y canteras de su jurisdicción, así como las que correspondan al ámbito de su competencia como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable.

 

CAPÍTULO V

 

DE LA REGULACIÓN

 

Art. 18.- Regulación.- Se denominan regulaciones a las normas de carácter normativo o técnicas emitidas por órgano competente que prevean lineamientos, parámetros, requisitos, límites u otros de naturaleza similar con el propósito de que las actividades se cumplan en forma ordenada y sistemática, observando los derechos ciudadanos y sin ocasionar afectaciones individuales o colectivas a: la propiedad pública, privada, comunitaria o al ambiente.

 

Art. 19.- Asesoría Técnica.- Los concesionarios de materiales áridos y pétreos mantendrán profesionales especializados, responsable de garantizar la asistencia técnica y ambiental para su explotación, profesional que asentará sus observaciones y recomendaciones en los registros correspondientes que deberá llevar.

 

Art. 20.- Competencia de Regulación.- En el marco de la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, y canteras, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, las siguientes actividades:

 

Regular la explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de ríos, lagos, lagunas, y canteras en su respectiva circunscripción territorial.

 

Expedir normativa que regulen las denuncias de internación, las órdenes de abandono y desalojo, las sanciones a invasores de áreas mineras, y la formulación de oposiciones y constitución de servidumbres.

 

Emitir la regulación local correspondiente para el transporte de materiales áridos y pétreos en los lechos de ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, en función de las normas técnicas nacionales.

 

Expedir las normas, manuales y parámetros generales de protección ambiental, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos de las actividades mineras en el ámbito de su competencia.

 

Emitir normativa para el cierre de minas destinadas a la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras.

 

 

Establecer y recaudar las regalías para la explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, de acuerdo a lo establecido en el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y la Ley de Minería y sus reglamentos.

 

Normar el establecimiento de las tasas? correspondientes por cobro de servicios y actuaciones administrativas relacionadas con la competencia.

 

Emitir normativa que prohíba el trabajo de niños, niñas y adolescentes en la actividad minera relacionada con la explotación de materiales áridos y pétreos, de conformidad con la ley y normativas vigentes.

 

Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente.

 

CAPITULO VI

 

DE LA INTERNACIÓN, EL AMPARO

ADMINISTRATIVO, INVASIÓN, CONSTITUCIÓN

DE SERVIDUMBRES Y OPOSICIONES.

 

Art. 21.- De la Internación.- Se prohíben a los titulares de concesiones mineras o a los poseedores de permisos para realizar trabajos mineros extractivos o internarse con sus labores en concesión ajena.

 

Art 22.- De la Denuncia de Internación.- Los titulares de derechos mineros para la explotación de áridos y pétreos, que se consideren afectados por la internación de otros titulares colindantes, presentarán la denuncia al gobierno municipal, acompañada del título minero, cédula de identidad y los demás documentos que los acrediten como titulares de derechos mineros, el certificado de estar al día en los pagos de las regalías y patentes, el respectivo certificado de estar registrado en el Libro de Repertorios del registro Minero, el certificado del registro o licencia ambiental, el comprobante de pago del trámite administrativo de acuerdo a las tasas por concepto de servicios, productos y actuaciones administrativas que genera el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, dicha tasa que fuese expedida mediante Resolución por el Concejo Cantonal, donde se establece el pago de una remuneración básica unificada, y el pago de los valores correspondientes a movilización y viáticos de los funcionarios que vayan a participar en la diligencia, las pruebas que indiquen la ubicación y extensión de la presunta internación.

 

Inmediatamente de recibida la denuncia, se analizará y si cumple con los documentos habilitantes se calificara con la admisibilidad al trámite, en caso de que no cumpla con los requisitos se notificara para que el solicitante complete la documentación de su petición, en el término de setenta y dos horas, si no completara el solicitante la dispuesto en el término establecido se declarara el archivo del trámite. Una vez calificada la denuncia, la Comisaría Municipal o quien haga sus veces, iniciará el expediente con la designación de un perito encargado de cuantificar la cantidad de material de construcción extraído por internación; y, fijará fecha para la inspección ocular que permita verificar la existencia de la internación, de cuya diligencia sentará el acta respectiva; de haber méritos ordenará el inmediato cese de las actividades mineras en el sitio de internación.

 

Sobre la base del informe pericial, la Comisaría Municipal mediante resolución motivada, dispondrá que el titular minero responsable de la internación pague la indemnización determinada en el informe pericial, el cual podrá ser impugnado en la vía administrativa, solo en el monto cuantificado, impugnación que será resuelta conforme al procedimiento establecido por el gobierno municipal. Las partes podrán llegar a un acuerdo que será aprobado mediante acta por la Comisaría Municipal o quien haga sus veces.

 

Art. 23 Internación dolosa.- Se presume de hecho, como dolosa, la internación que exceda los 20 metros medidos desde el límite de la concesión. Igualmente, se considerará dolosa la internación cuando se continuaren los trabajos después de decretada la suspensión de labores por la Unidad de Seguimiento y Control Minero Municipal. En estos casos, el pago del valor de los minerales extraídos o su restitución se efectuará sin deducción alguna y sin perjuicio de la responsabilidad penal de quien se interne para cometer el delito de usurpación.

 

Art. 24.- Amparo Administrativo.- El titular de un derecho minero o su poseedor legal, puede solicitar, a través de la Unidad de Seguimiento y Control Minero Municipal, que se impida el ejercicio ilegal de actividades mineras, la ocupación de hecho o cualquier otro acto perturbatorio inminente.

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, otorgará amparo administrativo a los titulares de derechos mineros ante denuncias de internación, despojo, invasión o cualquier otra forma de perturbación que impida el ejercicio de sus actividades mineras.

 

 

Art. 25.- Orden de abandono y desalojo.- Cuando por denuncia de cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, llegue a conocimiento de la administración municipal que el aprovechamiento de materiales áridos y pétreos no autorizados, que a pesar de estar debidamente autorizados está ocasionando afectaciones ambientales o daños a la propiedad privado o pública, o cuando a pesar de preceder orden de suspensión temporal o definitiva de las actividades de explotación de áridos y pétreos, siempre que existan méritos técnicos y jurídicos suficientes, la Comisaría Municipal o quien haga sus veces, ordenará mediante resolución el inmediato abandono de las actividades mineras, impondrá la multa respectiva por daño ambiental, dispondrá el retiro de maquinaria y equipos; y, si dentro de los tres días siguientes no se hubiese cumplido dicha orden, dispondrá su desalojo, con el auxilio de la fuerza pública, de ser necesario.

 

Art. 26.- Invasión de áreas mineras.- Cuando una o más personas invadan áreas mineras concesionadas a particulares o entidades públicas para la explotación de áridos y pétreos, u ocupen indebidamente lechos de ríos, playas de mar, lagos o canteras con el propósito de obtener provecho personal o de terceros, atentando contra los derechos del Estado o de los titulares de derechos mineros, mediante resolución motivada, serán sancionados con una multa de hasta doscientos salarios básicos unificados, el decomiso de herramientas, equipos y producción obtenida, además la Comisaría Municipal o quien haga sus veces, ordenará el retiro inmediato de las personas invasoras y de equipos o maquinaria de propiedad de los invasores, si no lo hicieren dentro de los tres días siguientes, ordenará su desalojo con la fuerza pública, sin perjuicio de la demanda de amparo y de las acciones penales que el caso requiera.

 

Art. 27.- Clases de servidumbres.- Desde el momento en que se constituye un título minero, una concesión minera o se autoriza la instalación de plantas, procesadores, trituradoras y otros tipos de instalaciones para la extracción minera, los predios superficiales están sujetos a las siguientes servidumbres:

 

La de ser ocupados en toda la extensión requerida por las instalaciones y construcciones propias de la actividad minera. El concesionario minero, deberá de manera obligatoria cancelar al propietario del predio, un valor monetario por concepto de uso y goce de la servidumbre, así como el correspondiente pago por daños y perjuicios que le irrogare. En caso de no existir acuerdo, el GAD Municipal determinará ese valor;

 

Las de tránsito, acueducto, líneas férreas, aeródromos, andariveles, rampas, cintas transportadoras y todo otro sistema de transporte y comunicación;

 

Las establecidas en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico para el caso de instalaciones de servicio eléctrico; y,

 

Las demás necesarias para el desarrollo de las actividades mineras.

 

Art. 28.- Servidumbres voluntarias y convenios.- Los titulares de derechos mineros pueden convenir con los propietarios del suelo, las servidumbres sobre las extensiones de terreno que necesiten para el adecuado ejercicio de sus derechos mineros, así como también para sus instalaciones y construcciones, con destino exclusivo a las actividades mineras.

 

En el caso de zonas pertenecientes al Patrimonio Cultural, para el otorgamiento de una servidumbre deberá contarse con la autorización del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y se estará a las condiciones establecidas en el acto administrativo emitido por dicho Instituto.

 

Art. 29.- Servidumbres sobre concesiones colindantes.- Para dar o facilitar desagüe o acceso a otras concesiones mineras o a plantas de beneficio, fundición o refinación, podrán constituirse servidumbres sobre otras concesiones colindantes o en áreas libres.

 

Art. 30.- Constitución y extinción de servidumbres.- La constitución de la servidumbre sobre predios, áreas libres o concesiones, es esencialmente transitoria, la cual se otorgará mediante resolución del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, se protocolizará y se registrará en el Registro de la Unidad de Seguimiento y Control Minero Municipal con el respectivo pago de la tasa por registros.

 

Estas servidumbres se extinguen con los derechos mineros y no pueden aprovecharse con fines distintos de aquellos propios de la respectiva concesión o planta; y pueden ampliarse o restringirse según lo requieran las actividades de la concesión o planta.

 

Art. 31.- Indemnización por perjuicios.- Las servidumbres se constituyen previa determinación del monto de la indemnización por todo perjuicio que se causare al dueño del inmueble o al titular de la concesión sirviente y no podrá ejercitarse mientras no se consigne previamente el valor de la misma.

 

Art. 32.- Gastos de constitución de la servidumbre.- Los gastos que demande la constitución de estas servidumbres serán de cuenta exclusiva del concesionario beneficiado o del titular de la planta.

 

Art. 33.- Solicitud.- Los titulares de derechos mineros podrán solicitar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal que ordene, mediante resolución, la constitución de servidumbre sobre predios, otras concesiones colindantes o en áreas libres, cuando se demuestre motivadamente que no ha sido posible convenir con los propietarios de los predios y concesionarios mineros la constitución libre y voluntaria de la servidumbre necesaria.

 

Art. 34.- Requisitos de la demanda.-

 

Nombres, apellidos y generales de ley del demandante;

 

Descripción pormenorizada de la clase de servidumbre solicitada, con los justificativos técnico-jurídicos;

 

Nombre del o los propietarios del predio o concesionarios mineros demandados;

 

Dirección de domicilio o lugar donde se citará a los demandados;

 

Copia del acta o documento que evidencie que no ha sido posible convenir con los propietarios de los predios y/o concesionarios mineros la constitución libre y voluntaria de la servidumbre demandada;

 

Un plano de ubicación en coordenadas UTM del predio donde se solicita la servidumbre, en el que consten los accidentes geográficos, obras civiles, plantaciones y otras más prominentes del lugar;

 

Certificado de gravámenes actualizado del predio donde se solicita la servidumbre, otorgado por el Registrador de la Propiedad; o en su defecto que se demuestre los derechos reales del predio de conformidad a la normativa aplicable;

 

Certificado de vigencia del título y de gravámenes de la concesión minera donde se solicita la servidumbre, conferido por el Registro Minero; y

 

Comprobante de pago de los derechos de la diligencia.

 

El valor de este derecho no será reembolsable y será depositado en la cuenta de ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, el valor de este derecho corresponde una remuneración básica unificada, y el pago de los valores correspondientes a movilización y viáticos de los funcionarios que vayan a participar en la diligencia.

 

Serán aceptadas a trámite las solicitudes que cumplan con los requisitos señalados en el presente artículo; si no cumplen estos, se dispondrá que se complete la demanda en el plazo de diez días, caso contrario se ordenará el archivo de la demanda.

 

Art. 35.- Auto de calificación y aceptación de la demanda.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, a través de la Comisaria Municipal en el término de tres días, emitirá el auto de calificación y aceptación de la demanda y dispondrá citar a los demandados con el contenido de la misma la obligación de fijar casillero judicial para posteriores notificaciones.

 

Art. 36.- Audiencia de Conciliación.- Citado el demandado, en el término de diez días, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, a través de la Comisaria Municipal, mediante providencia fijará día y hora parta que tenga lugar una audiencia de conciliación in situ a celebrarse en el lugar donde se solicita la servidumbre; se les notificará a las partes e informará de su derecho para designar perito. Como perito oficial actuará el designado por el GAD Municipal.

 

La audiencia de conciliación se efectuará con la presencia del Comisario Municipal, los peritos y las partes. En caso de no llegar a un acuerdo entre las partes, o si la audiencia se llevare en rebeldía del demandado, el perito oficial deberá y los otros peritos podrán presentar un informe técnico, en el término de quince días, que contendrá lo siguiente:

 

 

Si la servidumbre es posible y necesaria;

 

Si puede establecérsela en otro lugar sin incurrir en gastos excesivos;

 

Si no impide o perjudica considerablemente las labores del superficiario o las del titular de la concesión por donde se intenta establecerla;

 

Un plano de ubicación de la servidumbre solicitada o de la propuesta de reubicación de la servidumbre de ser el caso;

 

Determinación del monto de la indemnización por el perjuicio que se causare al propietario del predio o al titular de la concesión sirviente; y

 

Otros documentos relevantes que aporten a la toma de decisión de la constitución de la servidumbre.

 

Art. 37.- Resolución.- El Comisario Municipal, dictará la resolución ordenando la aceptación, modificación o rechazando la constitución de la servidumbre solicitada y fijará, si fuere del caso, el monto de la indemnización correspondiente en favor del propietario del terreno o del titular de la concesión.

 

De encontrarse material árido y pétreo al tiempo de constituir dichas servidumbres, este será de propiedad de la concesión sirviente, sin obligación de pago o compensación alguna al demandado, excepto de los de Ley.

 

Art. 38.- Recurso de Apelación.- Las partes podrán interponer recurso de apelación ante la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, dentro del término de 15 días de la notificación de la resolución a las partes. La resolución que dicte la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, causará estado.

 

Art. 39.- Indemnización.- La servidumbre podrá ejercitarse una vez que se haya cancelado el monto de la indemnización fijado en la resolución o se haya consignado dicho valor al propietario del predio o concesionario minero.

 

Art. 40.- Protocolización e Inscripción.- La resolución por la que se ordene la constitución de la servidumbre, será protocolizada ante notario e inscrita en el Registro Minero de la Unidad de Seguimiento y Control Minero Municipal, con el pago de la respectiva tasa de inscripción.

 

Art. 41.- Formulación de oposición para el otorgamiento de concesiones o permisos de minería artesanal para la explotación de materiales áridos y pétreos. Los titulares de concesiones mineras pueden formular oposiciones alegando superposición, cuando sobre sus concesiones se presenten otros pedidos de concesión.

 

CAPITULO VII

 

DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN, TRANSPORTE

DEL MATERIAL ÁRIDO Y PÉTREO Y

PROHIBICIONES

 

Art. 42.- Obras de protección.- Previa a la explotación de los materiales áridos y pétreos se ejecutarán las obras de protección necesarias en el sitio a explotar y en las áreas vecinas, garantizando que no habrá obstrucciones o molestias, peligro o grave afectación ambiental durante su explotación, cuyos diseños deberán incluirse en los planos memorias. En caso de que las obras de protección no se ejecutaren antes de iniciar la explotación, se anulará la autorización.

 

La Municipalidad por intermedio de la Dirección de Obras Públicas, en cumplimiento del debido proceso interés y seguridad colectiva y la preservación del ambiente, podrá ejecutar las obras e instalaciones necesarias, cuando no las hubiere realizado el concesionario, cuyos costos serán de cargo de quien incumplió con esa obligación, con un recargo del veinte por ciento y se hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento del plan de manejo ambiental. Si como consecuencia de la denuncia de terceros se realizare una inspección, o si de oficio el municipio realiza el control y seguimiento ambiental, y se determinare incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, la municipalidad en base a su competencia como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, podrá solicitar al infractor la presentación de un Plan de Acción para remediar y mitigar los impactos ambientales. En caso de que los impactos generados ocasionen graves riesgos al medio ambiente o a la comunidad, ordenara la suspensión de las actividades mineras.

 

Art. 43.- Transportes de materiales de construcción en el área urbana y rural del cantón Montalvo.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montalvo otorgara certificados para la transportación de materiales áridos y pétreos, con el respectivo tiempo de vigencia, y deberán ser registrados en el Registro Minero de la Unidad de Seguimiento y Control Minero Municipal; el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal a través de la Unidad de Seguimiento y Control Minero Municipal, el comisario o comisaria municipal en coordinación con la Unidad de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del GAD Municipal del cantón Montalvo, realizaran el control y los operativos respectivos sobre los transportistas, y de ser necesario solicitaran la presencia de la fuerza pública para dar cumplimiento a lo establecido en la presente ordenanza.

 

La circulación de vehículos de transportes de materiales de construcción que provengan de las actividades mineras en los ríos de los sectores de La Parroquia La Esmeralda, Nena Grande, La Azucena, El Candilito, La Nena Chica, San Antonio, Cooperativa Cristal, Potosí, La Industria y La Maravilla en el área urbana del cantón Montalvo se la realizara por la avenida Ramón Espinel los que se dirijan a su lugar de destino al cantón Babahoyo y la Provincia de Bolívar o cuya transportación necesite la utilización de esta vía para dar cumplimiento a cierta obra especifica en determinado sector del cantón Montalvo.

 

La circulación de vehículos de transportes de materiales de construcción que provengan de las actividades mineras en los ríos de los sectores de Las Balsas, Puerto Arturo, Miraflores, Carmen Rosa, El Cisne, San Jorge y Rio Cristal en el área urbana del cantón Montalvo se realizara por el puente sobre el rio cristal en la avenida 25 de Abril hasta la intersección con la avenida Antonia de las Bastida, tomando esta avenida hasta la altura del sector de la viña, cogiendo el paso lateral el mismo que conduce hasta la intersección de la vía que conduce de Montalvo ? Babahoyo o viceversa, de la misma manera Montalvo ? Provincia de Bolívar.

 

En el caso de la circulación de los vehículos de transportes que provengan de las actividades mineras de los ríos de los sectores Bosque de Oro, La Ernestina, Limatón y otros sectores que no necesiten transitar el área urbana del Cantón, para dirigirse a su lugar de destino dentro o fuera del Cantón Montalvo utilizaran las vías necesarias sin afectar la tranquilidad de los moradores de las comunidades y dando cumplimiento lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, el COOTAD y la presente ordenanza.

 

La circulación de vehículos transportando materiales de construcción, queda totalmente prohibido por las calles y avenidas que no estén consideradas en la presente ordenanza dentro del área urbana del Cantón Montalvo, de la misma manera queda totalmente prohibido la circulación por Centros Educativos, Iglesias, Centro Gerontologicos, Subcentros de Salud, Casco central y comercial, salvo el caso de que los materiales de construcción estén direccionado a determinada obra pública o privada en estos lugares, y las diferentes ciudadelas de la ciudad de Montalvo. Vehículos que circularan con una velocidad que no supere los 10 km por hora.

 

La circulación de vehículos de transportes de materiales de construcción en la Cabecera Parroquial de La Esmeralda se realizara por las vías principales con una velocidad que no supere los 30 km por hora y cumpliendo todas las normas de seguridad establecidas en la presente ordenanza.

 

Los transportista deberán circular con la respectiva factura o documento que les acredite que el material árido y pétreo sea proveniente de un titular de derecho minero, caso contrario se entenderá que se trata de un material obtenido de forma ilícita.

 

En caso de incumplimiento con lo dispuesto en este artículo se procederá con la respectiva sanción y multa, sin perjuicio de las acciones penales.

 

Art. 44.- Transporte.- Los vehículos de transporte de materiales áridos y pétreos, deberán utilizar lonas gruesas para cubrirlos totalmente, para evitar la caída accidental de material, así como para reducir el polvo que emiten, de igual manera las vías a utilizar para la circulación de los vehículos recibirán el mantenimiento necesario para no afectar a la comunidad, en caso de vías lastradas a más de la respectiva remediación vial deberán ser hidratadas para evitar la presencia de polvo y no causar malestar al transeúnte. Del cumplimiento de esta obligación, responderán solidariamente el transportista y el titular de la autorización para la explotación, y en caso de incumplimiento se impondrá la sanción respectiva.

 

Los propietarios de cuyos vehículos estén prestando servicio bajo la fi gura de contratación para determinada obra pública o privada deberán identificarse con la colocación de un logotipo en la parte visible del vehículo donde deberá contar el nombre de la institución que ejecuta la obra, el nombre de la persona jurídica o natural contratista y el nombre de la obra.

 

Art. 45.- De los residuos.- Las personas autorizadas para la explotación de materiales áridos y pétreos no deben tener en sus instalaciones residuos tales como: neumáticos, baterías, chatarras, maderas, etc. Así mismo se instalarán sistemas de recogida de aceites y grasas usados, y arquetas de decantación de aceites en los talleres de las instalaciones, siendo preciso disponer del convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal para la recogida de estos residuos.

 

Art. 46.- Áreas prohibidas de explotación. Se prohíbe la explotación en a) áreas determinadas en el Sistema Nacional Áreas Protegidas del Estado SNAP; b) áreas mineras especiales, determinadas por los órganos competentes; c) dentro del perímetro urbano o de expansión urbana declarada por la Municipalidad, de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial; d) en zonas de alto riesgo que pudieran afectar a las obras o servicios públicos, viviendas, cultivos, o captaciones de agua y plantas de tratamiento en un perímetro mínimo de 200 metros a la redonda, declaradas por resolución motivada del Concejo Municipal, en aplicación del principio de precaución previo informe técnico que así lo acredite; e) en áreas de reserva futura declaradas en el Plan de Ordenamiento Territorial; y, f) en áreas arqueológicas destinadas a la actividad turística.

 

Art. 47.- Prohibición de trabajo de niños, niñas y adolescentes.- En ningún caso, los titulares mineros contratarán, ni permitirán la presencia de niños, niñas y adolescentes que realicen actividades laborales relacionadas con la explotación o transporte de materiales áridos y pétreos. La inobservancia de esta prohibición será sancionada por primera y única vez con una multa equivalente desde veinte hasta quinientas remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado y en caso de reincidencia será causa para la revocatoria de la autorización, y caducidad del título minero conforme lo determina la Ley de Minería, sin perjuicio de las competencias que el Ministerio de Trabajo ejercerá en la materia, y demás organismos de protección de niños, niñas y adolescentes.

 

Art. 48.- De la participación social.- Las personas naturales o jurídicas de derecho privado que tengan interés en realizar actividades de explotación de materiales áridos y pétreos dentro de la jurisdicción del cantón, bajo sus costas y responsabilidad, informarán documentadamente a las ciudadanas y ciudada

 

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