Registro Oficial

Registro Oficial No.889- Jueves 24 de Noviembre de 2016 Suplemento

Jueves, 24 de noviembre de 2016

Última modificación: Jueves, 15 de junio de 2017 | 17:38

 

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado                

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Jueves, 24 de Noviembre de 2016 (R. O. SP 889, 24-noviembre-2016)

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

 

Ministerio de Salud Pública:

 

Ejecutivo:

Acuerdo

00000118

Créese la entidad operativa desconcentrada ?Hospital General Guasmo Sur?, ubicada en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas

               

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador:

 

Resoluciones       

SENAE-DGN-2016-0094-RE

Expídese el Proceso Sancionatorio Abreviado

               

Consejo Nacional Electoral:

 

Electoral

PLE-CNE-6-1-11-2016

Refórmese el Reglamento para la convocatoria y funcionamiento de los colegios electorales para designar los representantes de los presidentes o presidentas de las juntas parroquiales rurales y sus respectivos alternos ante los consejos provinciales

               

Corte Constitucional del Ecuador:

 

Sentencia             

344-16-SEP-CC

Acéptese la acción extraordinaria de protección planteada por la señora María Mercedes Zumba Morocho

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanza Provincial:

 

Ordenanza           

09-GPP-2010

Provincia de Pichincha: De exoneración del pago de peaje a personas con discapacidad, en los caminos públicos de jurisdicción administrativa

CONTENIDO


 

No. 00000118

 

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

 

 

Considerando:

 

Que, la salud es un derecho que garantiza el Estado mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, conforme lo dispone el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador;

 

Que, la citada Constitución de la República, en el artículo 361, establece que el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, quien será responsable de formular la política nacional de salud, y de normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud; en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud que prevé que dicha Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública;

 

Que, la citada Ley Orgánica de Salud, en el artículo 6, establece entre las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública: ?(?) 24. Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de lucro, y de los demás sujetos a control sanitario. (?)?;

 

Que, con Acuerdo Ministerial No. 00005194 publicado en el Registro Oficial No. 399 de 18 de diciembre de 2014, el Ministerio de Salud Pública estableció los parámetros para que los establecimientos de salud sean considerados como Entidades Operativas Desconcentradas (EOD);

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 5212 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 428 de 30 de enero de 2015, el Ministerio de Salud Pública expidió la ?Tipología para homologar los establecimientos de salud por niveles de atención y servicios de apoyo del Sistema Nacional de Salud?, instrumento que clasifica a estos establecimientos según su capacidad resolutiva;

 

Que, con Acuerdo Ministerial No. 5320 publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 413 de 19 de diciembre de 2015, se expidió la planificación territorial de establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de atención correspondiente al Ministerio de Salud Pública, encontrándose dentro de la planificación territorial de la Zona 8 el Nuevo Hospital Guasmo Sur, que tiene una tipología de Hospital General;

 

Que, a través de memorando No. MSP-SNPSS-2016-3359 de 10 de octubre de 2016, el Subsecretario Nacional de Provisión de Servicios de Salud solicita la creación de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) Hospital General Guasmo Sur; y,

 

En ejercicio de la atribución conferida por el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Crear la Entidad Operativa Desconcentrada ?Hospital General Guasmo Sur?, ubicada en la parroquia Ximena, cantón Guayaquil, provincia del Guayas.

 

Art. 2.- La Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) ?Hospital General Guasmo Sur? es un establecimiento de salud que corresponde al segundo nivel de atención y cuarto nivel de complejidad, con una dotación de cuatrocientas setenta y cuatro (474) camas y una cartera de servicios que incluye las cuatro (4) especialidades básicas: Ginecoobstetricia, Pediatría, Cirugía General y Medicina Interna, entre otras.

 

Art. 3.- Esta Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) desarrollará sus actividades con autonomía administrativa, financiera y de talento humano.

 

Art. 4.- Disponer a la Coordinación Zonal 8 ? Salud que realice todos los trámites necesarios para la administración de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) ?Hospital General Guasmo Sur? que se crea mediante este Acuerdo.

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Subsecretaria Nacional de Provisión de Servicios de Salud a través de la Dirección Nacional de Hospitales y a la Coordinación Zonal 8 - Salud.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 26 de octubre de 2016.

 

f.) Dra. Margarita Beatríz Guevara Alvarado, Ministra de Salud Pública.

 

Es fiel copia del documento que consta en el archivo de la Dirección Nacional de Secretaría General al que me remito en caso necesario.- Lo certifico en Quito, a 07 de noviembre de 2016.- f.) Ilegible, Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.

 

Nro. SENAE-DGN-2016-0094-RE

 

Guayaquil, 29 de enero de 2016

 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA

DEL ECUADOR DIRECTOR GENERAL

 

Considerando:

 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador consagra el principio jurídico de legalidad como límite sobre todas las actuaciones de quienes forman parte del sector público ecuatoriano, señalando que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.

 

Que el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador consagra que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso.

 

Que el artículo 175 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, establece que las contravenciones y faltas reglamentarias son infracciones aduaneras, mismas que se encuentran legalmente tipificadas en los artículo 190 y 193 del código ibídem.

 

Que el artículo 241 del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, establece de manera general el procedimiento para sancionar las contravenciones aduaneras, incluyendo los casos de allanamiento de los administrados, cuando fueran previamente notificados con el inicio del proceso sancionatorio correspondiente.

 

Que en virtud de la existencia de un caso no regulado en el proceso sancionatorio ordinario, mismo que se verifica cuando el propio administrado de manera libre y voluntaria reconoce por escrito el cometimiento de una contravención administrativa, antes de que la autoridad aduanera lo notifique formalmente con el inicio del proceso respectivo. En uso de las atribuciones y competencias establecidas en el literal l) del Art. 216 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones el suscrito Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador RESUELVE expedir la siguiente:

 

 

PROCESO SANCIONATORIO ABREVIADO

 

Artículo 1.- Ámbito de Aplicación: El presente proceso abreviado será aplicable para la contravención administrativa de defraudación aduanera y de la contravención administrativa por contrabando de los literales literal n) y o) del artículo 190 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

 

Artículo 2.- Requisitos del Proceso: El presente proceso abreviado procederá siempre que concurran los siguientes requisitos:

 

1.- Se aplicará únicamente por la conducta tipificada en el numeral 3 del artículo 299 y en el numeral 2 y 6 del artículo 301 del Código Orgánico Integral Penal, cuando se verifique como una contravención aduanera, según lo señalado en el artículo anterior.

 

2.- Cuando se haya verificado durante controles en zona secundaria o zona primaria; o durante el despacho de mercancías bajo régimen a consumo o en el régimen de excepción de mensajería acelerada o courier, y

 

3.- Siempre que la administración aduanera no haya procedido con la notificación del inicio del proceso por contravención aduanera.

 

Artículo 3.- Solicitud del Administrado: Para poder acogerse al presente proceso abreviado, adicional a los requisitos establecidos en el artículo anterior, el propio administrado deberá comunicar por escrito al Director Distrital, de manera libre y voluntaria, su decisión de acogerse a este proceso y el reconocimiento expreso sobre el cometimiento de los tipos de infracciones referidas en el artículo anterior, para el caso del literal o) del artículo 190 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, según el formato anexo a la presente resolución.

 

Artículo 4.- Trámite: Cuando el administrado lo desee podrá acogerse al presente procedimiento, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, para lo cual deberá solicitar por escrito su voluntad de acogerse al presente proceso abreviado y el reconocimiento del cometimiento de la infracción.

 

Una vez recibida la solicitud por escrito el Director Distrital o su delegado procederá inmediatamente con la emisión del acto administrativo sancionatorio, mismo que deberá ser notificado en legal y debida forma al administrado.

 

Artículo 5.- Devolución de bienes retenidos por derecho de prenda: En caso de haberse aprehendido bienes en tenencia del administrado infractor, que se hayan podido usar para el cometimiento de la infracción, pero que no hayan sido objeto de la contravención de contrabando tipificada en el literal o) del artículo 190 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se procederá con la devolución inmediata de los mismos cuando se verifique previamente el pago de la multa correspondiente.

 

Respecto a las mercancías extranjeras aprehendidos que hayan sido objeto de la contravención de contrabando tipificada en el literal o) del artículo 190 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se procederá según señalan las reglas establecidas en la resolución SENAE-DGN-2015-0051-RE.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

 

El tratamiento para las infracciones que se hayan cometido antes de la expedición de la presente resolución, siempre que la administración no haya procedido con el inicio del proceso correspondiente y se reúnan los demás requisitos establecidos, podrán acogerse al presente proceso.

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Remítase a la Dirección de Secretaría General para su difusión interna y envío al Registro Oficial.

 

Dado y firmado en el despacho principal del Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en la ciudad de Santiago de Guayaquil.

 

f.) Econ. Pedro Xavier Cárdenas Moncayo, Director General. SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR.- Certifico que es fiel copia de su original.- 05 de febrero de 2016.- f.) Secretaria General, SENAE.






SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR.- Certifico que es fiel copia de su original.- 05 de febrero de 2016.- f.) Secretaria General, SENAE.

 


 

No. PLE-CNE-6-1-11-2016

 

EL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL

ELECTORAL

 

Considerando:

 

Que, el artículo 65 de la Constitución de la República del Ecuador, entre otros aspectos establece que, el Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión;

 

Que, el artículo 219, numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 25, numerales 1 y 20 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, señala que le corresponde al Consejo Nacional Electoral el organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados, y posesionar a los ganadores de dichas elecciones; así como colaborar con la organización de procesos electorales internos en otras instancias públicas o privadas, de acuerdo con las leyes, reglamentos o estatutos correspondientes;

 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 219 de la Constitución de la República del Ecuador, es facultad del Consejo Nacional Electoral el reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia;

 

Que, la Norma Constitucional establecida en el artículo 252, dispone que ?Cada provincia tendrá un consejo provincial con sede en su capital, que estará integrado por una prefecta o prefecto y una viceprefecta o viceprefecto elegidos por votación popular; por alcaldesas o alcaldes, o concejalas o concejales en representación de los cantones; y por representantes elegidos de entre quienes presidan las juntas parroquiales rurales, de acuerdo con la ley?;

 

Que, el artículo 45 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización determina las reglas para la representación de los presidentes o presidentas de las juntas parroquiales rurales en cada consejo provincial;

 

Que, el artículo 46 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización dispone que el Consejo Nacional Electoral ?(...) convocará a un colegio electoral conformado por los presidentes o presidentas de las juntas parroquiales rurales y quienes cumplan la función de ejecutivo de las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas o montubias de ese nivel en cada provincia, para elegir de entre ellos y ellas a sus representantes principales y alternos al consejo provincial, en elección indirecta. Este procedimiento se volverá a realizar en la mitad del período para el que fue electo el prefecto o la prefecta (?)? disponiendo, además, que ?La provincia de Galápagos queda exceptuada de este procedimiento?;

 

Que, el artículo 104 y la Disposición Transitoria Vigésimo Sexta del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización disponen que la provincia de Galápagos constituye un régimen especial de gobierno en razón de sus particularidades ambientales y por constituir patrimonio natural de la humanidad; su territorio será administrado por un consejo de gobierno, en la forma prevista en la Constitución, este Código y la ley que regule el régimen especial de Galápagos;

 

Que, la Primera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, y Vigésimo Quinta del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización determinan que ?A fin de que las elecciones nacionales y locales no sean concurrentes, los siguientes dos períodos de los prefectos y viceprefectos, alcaldesas o alcaldes distritales o municipales, concejales distritales o municipales y vocales de las juntas parroquiales rurales, por esta y la próxima ocasión, concluirán sus períodos el día 14 de mayo del 2014 y el día 14 de mayo del 2019?; y,

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

 

Resuelve:

 

Expedir la siguiente: ?REFORMA AL REGLAMENTO PARA LA CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COLEGIOS ELECTORALES PARA DESIGNAR LOS REPRESENTANTES DE LOS PRESIDENTES O PRESIDENTAS DE LAS JUNTAS PARROQUIALES RURALES Y SUS RESPECTIVOS ALTERNOS ANTE LOS CONSEJOS PROVINCIALES?.

 

Artículo 1.- Sustitúyase en el artículo 2 la frase ?en cadena de radio y televisión, mediante publicación impresa en diarios de circulación nacional y local, así como en el portal web de la institución,? por la siguiente: ?mediante publicación en el portal web del Consejo Nacional Electoral y del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, sin perjuicio de utilizar otros medios que considere pertinente,?.

 

Artículo 2.- Inclúyase como título del artículo 3 el siguiente texto: ?Contenido de la convocatoria.-?.

 

Artículo 3.- Inclúyase como título del artículo 4 el siguiente texto: ?Petición de corrección.-?.

 

Sustitúyase el texto del primer inciso del artículo 4 por el siguiente: ?Dentro del término de tres (3) días contados a partir de la publicación de la convocatoria realizada en el portal web del Consejo Nacional Electoral y del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, u otros medios que se consideren pertinentes, se podrá solicitar la corrección de la lista de autoridades que conformen los Colegios Electorales de presidentes y presidentas de las juntas parroquiales rurales convocados en cada provincia, si se considera que existe algún error en su conformación.?.

 

En el segundo inciso sustitúyase la frase ?copia de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación, documentos que serán presentados en la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral, hasta las 17h00 del último día señalado en el término? por el siguiente texto: ?y copia de la cédula de ciudadanía, documentos que serán presentados ante el Consejo Nacional Electoral a través de la Secretaría General o Secretarías de las Delegaciones Provinciales, hasta las 17h00 del último día señalado como término.?.

 

En el tercer inciso sustitúyase el texto ?término de dos (2) días, contados? por ?plazo de un (1) día, contado?.

 

Artículo 4.- Inclúyase como título del artículo 7 el siguiente texto: ?De la sesión.-?.

 

Artículo 5.- Inclúyase como inciso tercero del artículo 9 el siguiente texto:

 

?Podrán ser candidatas y candidatos las autoridades que ostenten la calidad de alternos.?.

 

Artículo 6.- Inclúyase como título del artículo 10 el siguiente texto: ?Votación.-?.

 

Artículo 7.- Inclúyase como título del artículo 11 el siguiente texto: ?De los representantes.-?.

 

DISPOSICIÓN FINAL:

 

La presente reforma entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Pleno del Consejo Nacional Electoral, al primer día del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- Lo Certifico.-

 

f.) Abg. Fausto Holguín Ochoa, Secretario General del Consejo Nacional Electoral.

 

Quito, D. M., 26 de octubre de 2016

 

SENTENCIA N.º 344-16-SEP-CC

 

CASO N.º 1180-10-EP

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

 

I. ANTECEDENTES

 

Resumen de admisibilidad

 

El 27 de julio de 2010, la señora María Mercedes Zumba Morocho, por sus propios derechos, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de 8 de julio de 2010, dictada por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia del Cañar, dentro de la acción de protección N.º 03309-2010-0160 (0375-2010).

 

El secretario general de la Corte Constitucional, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, certificó el 24 de agosto de 2010, que en relación a la acción N.º 1180- 10-EP, no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.

 

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, admitió a trámite la presente acción extraordinaria de protección, mediante auto de 7 de diciembre de 2010 a las 17:57.

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 27 del Régimen de Transición de la Constitución de la República, el 6 de noviembre de 2012, fueron posesionados los jueces de la primera Corte Constitucional ante la Asamblea Nacional.

 

El 5 de noviembre de 2015 se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional los jueces constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva Chicaiza y Francisco Butiñá Martínez, conforme lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República.

 

De conformidad con el sorteo realizado en sesión extraordinaria del Pleno de la Corte Constitucional el 11 de noviembre de 2015, correspondió la sustanciación del presente caso a la jueza constitucional Roxana Silva Chicaiza, quien avocó conocimiento mediante providencia de 27 de abril de 2016 a las 08:15.

 

Antecedentes del caso que dieron origen a la acción extraordinaria de protección

 

El 30 de abril de 2010, Wilson Carangui, en calidad de director provincial del ex INFA Cañar y Pedro Bolívar Ordóñez Santa Cruz, abogado del Centro de Protección de Derechos del Ministerio de Inclusión Económica y Social ? INFA, dirigieron una comunicación a la arquitecta Cecilia Ochoa Muñoz, directora provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Cañar (en adelante MIDUVI Cañar), en la que exponían que habían detectado que en la comunidad de Caguanapamba, cantón El Tambo, de la provincia de Cañar, la señora María Mercedes Zumba Morocho, adulta mayor de 80 años vivía junto con sus nietas y nieto de nombres Ana Lucía, David Manuel Zaruma Zumba, de 12 y 8 años respectivamente, Flor Estefanía Pinguil Zaruma, de 5 años de edad y María Liberata Álvarez Zaruma (edad exacta no consta en expediente).1 Relatan que los menores quedaron en la orfandad a la muerte de su madre Maria Bacilia Zaruma Zumba, hija de la señora María Mercedes Zumba Morocho. Los funcionarios del MIES indicaron en dicho escrito que la familia en mención vivía ?? en una situación por demás deplorable, en una vivienda en situación de riesgo prácticamente inhabitable

 

(?) viven a la intemperie estando en riesgo su vida, su integridad física y su salud?. Señalaban que la señora María Bacilia Zaruma Zumba fue propietaria de dos lotes de terreno,

 

 

 

1 Edades a la fecha de presentación de la demanda. en donde se encontraba edificada la vivienda antes descrita, por lo que estos terrenos serían heredados por sus hijos, por tal motivo, solicitan se realice una inspección a la vivienda de esta familia para que se considere otorgar el bono de la vivienda en su beneficio.

 

El 26 de mayo de 2010, la arquitecta Ochoa Muñoz responde a dicha petición mediante oficio N.º MIDUVIDP- DT-CAÑAR-2010-327, en el que indica que el tema en cuestión fue consultado al coordinador general jurídico del MIDUVI, quien fue del criterio que el INFA debía efectuar el trámite de legalización de los inmuebles a nombre de los menores de edad, para lo cual, previamente, debía requerir al juez civil, nombre tutor o curador para que sea este quien los represente, tanto en la legalización de los terrenos como en el posterior trámite de postulación para acceder al bono de vivienda, de conformidad con el Reglamento que Norma el Sistema de Incentivos para Vivienda Rural y Urbano Marginal expedido por el ministro de desarrollo urbano y vivienda y publicado en el Registro Oficial N.º 504 de 12 de enero de 2009.

 

Ante la negativa de aceptar la postulación para ser beneficiario del bono de vivienda, la señora María Mercedes Zumba Morocho presentó acción de protección solicitando se tutelen sus derechos constitucionales a la vivienda digna, igualdad y no discriminación, ya que los integrantes de su familia pertenecían a dos grupos de atención prioritaria ? adulta mayor y niños y niñas -, derecho a la inviolabilidad de la vida, derecho a una vida digna, pues consideraba que el Estado era el obligado a velar por los derechos de las personas que como en este caso, pertenecen a grupos de atención prioritaria que viven en extrema pobreza y desprotección.

 

En primera instancia, el juez noveno de lo civil del Cañar ? Tambo, en sentencia dictada el 11 de junio de 2010, declaró con lugar la acción de protección planteada y en consecuencia, dejó sin efecto el oficio N.º MIDUVI-DPDT- CAÑAR-2010-327, de 26 de mayo de 2010, suscrito por la directora provincial de Cañar del MIDUVI, y dispuso a dicha funcionaria atienda de manera urgente y con carácter excepcional, el requerimiento de bono de la vivienda de la accionante por considerar se había vulnerado el derecho constitucional a la vivienda.

 

Inconforme con esta decisión, el MIDUVI Cañar presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala de lo Civil, Laboral y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Cañar, mediante sentencia de 8 de julio de 2010, en la que resolvió aceptar el recurso de apelación y en consecuencia revocar la sentencia subida en grado, bajo el argumento que la respuesta dada por la funcionaria del MIDUVI se orientó a solicitar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento que Norma el Sistema de Incentivos para Vivienda Rural y Urbano Marginal, expedido por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo que implicaba precautelar el derecho a la seguridad jurídica sin que ello represente vulneración a ningún derecho constitucional.

 

Decisión judicial impugnada

 

La decisión judicial impugnada es la dictada el 8 de julio de 2010, las 09:10, por la Sala de lo Civil, Laboral y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Cañar, dentro de la acción de protección N.° 03309-2010-0160, que en su parte pertinente señala:

 

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL CAÑAR. SALA DE LO CIVIL, LABORAL Y MERCANTIL.- Azogues, 08 de julio de 2010, las 09H10. VISTOS: (?) PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer el presente recurso de acción de protección, al tenor de lo que dispone el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Siendo que en el trámite del proceso no se ha omitido solemnidad sustancial alguna, por lo que, se declara expresamente su validez. (?) TERCERO.- Siendo al momento la Sala de lo Civil, de la Corte Provincial un Organismo de Control y Justicia Constitucional, es su obligación asegurar la efectiva vigencia de los derechos y garantías constitucionales de las que gozan los ciudadanos de la República, conforme lo determina el art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. CUARTO.- Del análisis de la demanda se colige que la actora es una persona de la tercera edad que tiene ochenta años, la que se ha quedado a cuidado de sus nietos de nombres: Ana Lucía Zaruma Sumba, David Manuel Zaruma, Flor Pinguil Zaruma y María Liberata Álvarez Zaruma; que la madre de dichas menores ha fallecido hace aproximadamente unos diez meses, que de acuerdo al informe presentado por el Cuerpo de Bomberos de Cañar, se infi ere que la casa en la que habitan la abuela y sus nietas, (?) se encuentra en muy mal estado, por el motivo que la misma está construida en una ladera y sobre terreno rocoso en constante peligro y es afectada por la lluvia y una toma de agua que pasa por el lugar, vivienda que tienen únicamente un servicio básico que es el de luz, pero debido a que las instalaciones no son debidamente efectuadas hay un constante peligro de incendio. Consta un informe del Centro de Protección de Derechos de Azogues, que realiza una investigación social y concluye manifestando o solicitando al MIDUVI ayuda para la construcción de una vivienda a favor de la familia. Con todos estos antecedentes el Dr. Wilson Carangui en calidad de Director Provincial del INFA Cañar y Dr. Pedro Bolívar Ordoñez Santa Cruz, en calidad de Abogado del Centro de Protección de Derechos (MIES-INFA), han pedido a la Arq. Cecilia Ochoa, Directora del MIDUVI Cañar, realice una inspección a la casa de la accionante y sus nietos, para que con conocimiento de causa, y facultades constitucionales y amparada en los derechos del interés superior del niño y de atención prioritaria, se digne gestionar el presupuesto necesario y les brinde a esta familia una vivienda digna. Ante tal situación la Arq. Cecilia Ochoa Muñoz da contestación al requerimiento manifestando que se han hecho las consultas al Coordinador General Jurídico, emitiendo su criterio mediante oficio, suscrito por el Ab. Richard Holguín Chan. Y manifiesta que el INFA deberá efectuar el trámite de legalización de los inmuebles a nombre de los menores, para lo cual previamente deberán requerir a un Juez de lo Civil, nombre a un tutor o curador para que sea este quien los represente, tanto en la legalización de los terrenos cuanto en la postulación para la obtención de una vivienda. QUINTO.- El art. 1 de la Constitución dispone: ?El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social?? aquello significa que el centro del Estado, es el ser humano, que toda su actividad debe encaminarse a buscar el bienestar de sus habitantes a través del respeto de todos los derechos consagrados no sólo en la Constitución, sino demás leyes e instrumentos internacionales, para lo cual en caso de vulneración, la misma Constitución ha implementado las garantías jurisdiccionales. En la especie, de las constancias procesales se determina que efectivamente se trata de un caso muy especial, en donde tenemos los derechos de dos sectores vulnerables como son los menores y su abuela una persona de la tercera edad y es precisamente por esta razón que los personeros del INFA y MIES Cañar, han solicitado se dote de una vivienda digna a dicha familia y sobre todo que les de seguridad, por cuanto está en peligro sus propias vidas, fundamentándose en lo dispuesto por los art. 30 de la Constitución de la República que en su parte pertinente dice: ?Las personas tienen derechos a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica?. En tanto que el art. 375 ibídem, determina que el estado en todos los niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna (?)?. Mas la Arq. Cecilia Ochoa, al ser requerida sobre la situación si bien no lo ha negado, se manifiesta que se deberá hacer los trámites respectivos, para primero postularse y luego acceder al bono de la vivienda. Siendo importante manifestar que hoy en día vivimos un constitucionalismo contemporáneo o neoconstitucionalismo que genera el desarrollo de una nueva teoría jurídica, muy distinta al positivismo legalista antiguo, que tienen como características resaltadas, las siguientes: 1) Es un Derecho más de principios que de reglas; 2) Mayor utilización del principio de ponderación; 3) Una plenitud constitucional que llena al detalle el ordenamiento jurídico, dejando menos ámbito para la ley; 4) Poder del juez, para la determinación de derechos, en lugar de la antigua exclusividad del legislador para desarrollarlos. La Constitución vigente (?) en nuestro país entre una de las opciones que seleccionó es: La construcción de un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, independiente (?). La concepción del Estado garantista es la del Estado constitucional de derechos, es decir, aquel que se construye sobre los derechos fundamentales de la persona y en el rechazo al ejercicio del poder arbitrario. Es aquel en el que el legalismo no es suficiente para considerar frenado o limitado al poder legislativo que, libérrimo en cuanto a dotar de cualquier contenido a las leyes, puede ejercerse, junto a su aplicación automática por parte de los operadores de la justicia, en forma autoritaria y despótica. El Estado que asume el garantismo, en cambio, es el que vincula los derechos fundamentales consagrados en la Constitución con todos los poderes públicos; y, es precisamente dentro de este contexto que la Corte Constitucional en sus sentencia interpretativa (R.O. N° 451 de 22 de octubre de 2008) que ?la constitución del 2008, establece una nueva forma de Estado constitucional de derechos y justicia, cuyos rasgos básicos son: 1) El reconocimiento del carácter normativo Superior de la Constitución; 2) La aplicación directa de la Constitución como norma jurídica; y, 3) El reconocimiento de la jurisprudencia constitucional como fuente primaria de derecho. Y es precisamente dentro de este contexto que la acción de protección surge a la vida jurídica como una reacción contra el abuso del poder. Es el escudo jurídico de débil contra fuerte, del que carece de poder contra el que lo posee y abusa de él. Es un instrumento jurídico creado por el Estado moderno para controlar el ejercicio abusivo y corrupto del poder. Esta acción ordinaria de protección en unos casos es repara

 

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