Registro Oficial No.956- Lunes 6 de marzo de 2017Suplemento

Lunes, 06 de marzo de 2017

Última modificación: Jueves, 18 de mayo de 2017 | 17:35

 

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado                

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

 Lunes, 6 de Marzo de 2017 (R. O. SP 956, 6-marzo-2017)

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

               

Asamblea Nacional:

 

 

Legislativo:

Ley         

-Ley Interpretativa del Artículo 4 de la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento

 

               

Secretaría General de la Presidencia de la República del Ecuador:

 

 

Ejecutivo:

Acuerdo

SGPR-2017-008

Considérese como vehículos de la Presidencia de la República, los registrados y matriculados a nombre de la institución

 

               

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público:

 

 

Resoluciones       

INMOBILIAR-DGSGI-2017-0005

Extínguese de oficio por razones de legitimidad el acta de declaratoria de ganador/a de 10 de noviembre del 2015 mediante el cual el Tribunal de Merito y Oposición de INMOBILIAR declaró a Andrade Márquez Margarita Cristina como ganadora del Concurso de Méritos y Oposición para el cargo de Asistente de Administración de Bienes Inmuebles ? Servidor Público 1 ? Dirección Nacional de Administración de Bienes Inmuebles

 

               

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador:

 

SENAE-DGN-2017-0155-RE

Deléguense facultades al Subdirector General de Operaciones

 

               

Servicio de Rentas Internas:

               

NAC-DGERCGC17-00000139

Apruébese el ?Formulario 122 para la declaración del Impuesto a la Renta de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Régimen Simplificado)?

 

               

NAC-DGERCGC17-00000174

 

Modifíquese la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000455, publicada en el Registro Oficial No. 878 de 10 de noviembre de 2016

 

 

CONTENIDO


 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR

 

Oficio No. T. 781-SGJ-17-0158

 

Quito, 24 de febrero de 2017

 

Señor Ingeniero

Hugo del Pozo Barrezueta

DEL REGISTRO OFICIAL

En su despacho

 

De mi consideración:

 

Con oficio número VP1-E-219-17 de 30 de enero del presente año, la señora Rosana Alvarado Carrión, Presidenta de la Asamblea Nacional, remitió al señor Presidente Constitucional de la República la Ley Interpretativa del Artículo 4 de la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento.

 

Dicha ley ha sido sancionada por el Presidente de la República el día de hoy, por lo que, conforme a lo dispuesto en los artículos 137 de la Constitución de la República y 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se la remito a usted en original y en copia certificada, junto con el certificado de discusión, para su correspondiente publicación en el Registro Oficial.

 

Adicionalmente, agradeceré a usted que una vez realizada la respectiva publicación, se sirva remitir el ejemplar original a la Asamblea Nacional para los fines pertinentes.

 

Atentamente,

 

f.) Dr. Alexis Mera Giler

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

 

EL PLENO

 

Considerando:

 

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en ella, concomitantemente en los artículos 32, 33 y 34 de la norma constitucional, que garantizan el derecho a la salud, trabajo y seguridad social, señalando que los mismos son derechos irrenunciables;

 

Que, el artículo 84 de la Carta Magna dispone que la Asamblea Nacional es el órgano con potestad normativa para adecuar formal y materialmente las leyes y demás normativas que permitan la efectiva garantía y goce de los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales;

 

Que, el numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la República señala que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte;

 

Que, el inciso segundo del numeral 3, del artículo 11 de la Constitución establece que para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento;

 

Que, el numeral 4, del artículo 11 de la Constitución de la República establece que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales;

 

Que, el numeral 8, del artículo 11 de la Constitución señala que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos;

 

Que, el numeral 3, del artículo 326 de la Constitución de la República estipula que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras;

 

Que, el artículo 7 del Código del Trabajo señala que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores;

 

Que, la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento se publicó en el Registro Oficial No. 153 de 21 de marzo de 1989;

 

Que, el artículo 4 de esta Ley señala: ?Increméntase en dos centavos el precio ex?fábrica de cada kilo de cemento, cuyos valores, incluyendo la proporción correspondiente a la aplicación del impuesto existente a las Transacciones Mercantiles y Prestación de Servicios, se destinarán en su totalidad a financiar el beneficio de jubilación especial que se establece en esta Ley.?;

 

Que, la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 34 de 13 de marzo de 2000, en el artículo 1 establecía que: ?A partir de la vigencia de esta Ley, el Banco Central del Ecuador canjeará los sucres en circulación por dólares de los Estados Unidos de América a una relación fija e inalterable de veinticinco mil sucres por cada dólar. En consecuencia, el Banco Central del Ecuador canjeará los dólares que le sean requeridos a la relación de cambio establecida, retirando de circulación los sucres recibidos.?;

 

Que, en la causa signada con el No. 0916-07-RA, la Corte Constitucional expidió la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2010 y el auto aclaratorio de 24 de abril de 2014, publicados en el tercer Suplemento del Registro Oficial No. 423 de 23 de enero de 2015, en el que haciendo referencia al artículo 4 de la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento, resolvió: ?... la prescindencia de la denominación monetaria, para que resulte proporcional, debe traducirse en una determinación concordante con el valor que los dos centavos de sucre representaban respecto del precio del kilo de cemento en la época en la que fue promulgada la ley. Dicha determinación se expresa del siguiente modo: Se requiere obtener la proporción del valor adicional al precio, que representaban los dos centavos de sucre, respecto del precio promedio del kilo de cemento al año 1989; para luego, mantener dicha proporción y aplicarla al precio promedio del kilo de cemento de cada año comprendido entre los años 2000, en que se produjo la dolarización...?;

 

Que, con la implementación del nuevo sistema monetario en el Ecuador se dificultó la aplicación del artículo 4 de la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento; siendo necesaria la expedición de una ley interpretativa a este precepto que garantice el derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República;

 

Que, el numeral 6, del artículo 120 de la Constitución de la República, señala que es atribución de la Asamblea Nacional expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio;

 

Que, el numeral 6 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dispone que es atribución de la Asamblea Nacional expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; y,

 

Que, el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece que la Asamblea Nacional interpretará de modo generalmente obligatorio las leyes y lo hará mediante la correspondiente ley interpretativa.

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

 

LEY INTERPRETATIVA DEL ARTÍCULO 4 DE

LA LEY DE JUBILACIÓN ESPECIAL DE LOS

TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL

CEMENTO

 

Artículo Único.- Interprétese el artículo 4 de la Ley de

 

Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento, publicada en el Registro Oficial No. 153 de 21 de marzo de 1989, en el sentido de que para establecer el valor en dólares de los Estados Unidos de América del incremento en dos centavos de sucre del precio ex fábrica de cada kilo de cemento, a partir del 13 de marzo de 2000 se requiere obtener la proporción del valor adicional al precio, que representaban los dos centavos de sucre, respecto del precio promedio del kilo de cemento al año 1989; para luego mantener dicha proporción y aplicarla al precio promedio del kilo de cemento de cada año a partir del año 2000. El cálculo de los respectivos intereses se hará en atención al monto del correspondiente capital cuantificado conforme lo señalado en este artículo.

 

Disposición Transitoria.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el plazo máximo de ciento ochenta días contados a partir de la expedición de esta Ley interpretativa, recaudará los valores que a esa fecha estuvieren pendientes de pago por parte de los agentes de retención determinados en el artículo 5 de la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento, aplicando la fórmula de cálculo prevista en el artículo único de la Ley interpretativa.

 

Disposición Final.- La presente Ley interpretativa entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado y suscrito en la Sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintiséis días del mes de enero del dos mil diecisiete.

 

f.) DRA. ROSANA ALVARADO CARRIÓN

Primera Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

 

f.) AB. GALO PLAZAS DÁVILA

Prosecretario General Temporal

 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. SANCIÓNESE Y PROMÚLGASE.

 

f.) RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Es fiel copia del original.- Lo Certifico.

 

Quito, 24 de febrero de 2017.

 

f.) DR. ALEXIS MERA GILER

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

 

CERTIFICACIÓN

 

En mi calidad de Prosecretario General Temporal de la Asamblea Nacional me permito CERTIFICAR que la Asamblea Nacional discutió en primer debate el ?PROYECTO DE LEY INTERPRETATIVA DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE JUBILACIÓN ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CEMENTO? el 20 de diciembre de 2012 y 7 de marzo 2013; y se discutió y aprobó en segundo debate el 26 de enero de 2017.

 

Quito, 27 de enero de 2017.

 

f.) AB. GALO PLAZAS DÁVILA

Prosecretario General Temporal.

 

No. SGPR-2017-008

 

Cristian Leonardo Castillo Peñaherrera

SECRETARIO GENERAL DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226 dispone que ?las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejerzan solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución?;

 

Que, el artículo 227 de la Constitución Ibídem, prescribe que ?La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación?;

 

Que, con Mediante Acuerdo Ministerial No. 112 publicado en el Registro Oficial No. 146 del 13 de agosto de 2007, se aprobó el Reglamento de Uso de Vehículos de la Presidencia de la República, en el Art. 1 del Objetivo, se establece ?Las disposiciones del presente reglamento tienen el propósito de regular la asignación y utilización de los vehículos a órdenes de la Presidencia de la República?.

 

Que, el señor Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo No. 1067 de 08 de junio de 2016, modificó la estructura de la Presidencia de la República, a través de la cual, entre otros cambios prevé que la Secretaría Particular de la Presidencia de la República pase a denominarse ?Secretaría General de la Presidencia de la República?;

 

Que, con mediante Acuerdo No. SGPR-2016-0002 de fecha 29 de diciembre de 2016, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 912, se establecen las atribuciones y responsabilidades del Secretario General de la Presidencia: literal f) ?expedir acuerdos, resoluciones y demás instrumentos necesarios para la adecuada gestión operativa y administrativa de la Presidencia?;

 

Que, con Acuerdo No. 042-CG-2016 la Contraloría General del Estado, promulgado en el (Registro Oficial Suplemento No. 913 de fecha 30 de diciembre de 2016)

 

R. O. (3SP) dic. 30 No. 913 de 2016, expide el ?Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos?;

 

Que, el artículo 1 del Acuerdo No. 042-CG-2016, textualmente dispone: ?Ámbito de aplicación.- Se sujetan a las disposiciones del presente reglamento, los dignatarios, autoridades, funcionarios, administradores, servidores y trabajadores de las instituciones del Estado, señaladas en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, así como de las entidades de derecho privado que administran recursos públicos?;

 

Que, el artículo 2 del Acuerdo Ibídem, manifiesta ? Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.

 

Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables.

 

El Presidente y el Vicepresidente de la República, los presidentes de las funciones del Estado, así como los funcionarios con rango de ministros, podrán utilizar los vehículos asignados, sin limitación alguna, para el desempeño de sus labores oficiales?;

 

En uso de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.

 

Acuerda:

 

Art. 1. Aplicación.- Para fines de aplicación del presente Acuerdo se considerará como vehículos de la Presidencia de la República, los registrados y matriculados a nombre de la institución, así como, aquellos que se hallen en poder de la entidad bajo cualquier otro título: depósito, custodia, entrega gratuita, donaciones u otros semejantes?.

 

Art. 2. De la Administración y Uso.- Los vehículos descritos en el artículo uno del presente acuerdo, estarán bajo la administración y responsabilidad directa del servidor encargado del parque automotor, los mismos serán utilizados exclusivamente para el cumplimiento de labores de carácter oficial, protocolario y actividades propias de la entidad.

 

Art. 3.- Asignación Exclusiva de vehículos para las Máximas Autoridades.- De conformidad con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Presidencia de la República, las máximas autoridades del jerárquico superior, esto es; las comprendidas en los grados 8 y

 

7 pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para cumplir con sus labores institucionales.

 

Adicionalmente, los funcionarios con rango de ministros que laboren en la Presidencia de la República, podrán utilizar los vehículos asignados, sin limitación alguna, para el desempeño de sus labores oficiales, conforme lo dispone el Reglamento Sustitutivo para el Control de Vehículos del Sector Público expedido con Acuerdo No. 042-CG-2016 de la Contraloría General del Estado.

 

Art. 4.- Asignación vehículos para otras autoridades de nivel jerárquico superior.- Se asignará un vehículo, sin carácter de exclusivo, a las autoridades del jerárquico superior comprendidas entre el grado 7 hasta el grado 1 constantes en el Anexo A que forma parte del presente Acuerdo. El responsable de la unidad de transportes generará directamente las órdenes de movilización, dentro de la jornada laboral y fuera de la misma.

 

Art. 5.- Los demás funcionarios y empleados de la institución, deberán solicitar al responsable de la unidad de transportes, la asignación de un vehículo para cumplir actividades inherentes a su cargo y de carácter oficial.

 

Art. 6.- El Director Administrativo en coordinación con el responsable de la unidad de transportes, serán los encargados de elaborar un instructivo interno, que permita regular la asignación, control, movilización, mantenimiento para la conservación y uso adecuado de los vehículos institucionales, en concordancia con lo establecido en el ?Reglamento

 

Sustitutivo para el Control de los vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho privado que disponen de recursos públicos?, emitido por la Contraloría General del Estado.

 

Art. 7.- Aplicabilidad.- En todo lo que no se encuentre previsto en este Acuerdo, se estará a lo dispuesto en el Acuerdo No. 042-CG-2016 la Contraloría General del Estado, Registro Oficial Suplemento No. 913 de 30 de diciembre de 2016, ?Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos.

 

Art. 8.- Derogatoria.- El presente Acuerdo deroga al Acuerdo Ministerial No. 112, publicado en el Registro Oficial No. 146 de fecha 13 de agosto de 2007; y, demás disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente acuerdo. Art. 9.- Vigencia.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Art. 10.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, encárguese a la Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa y Responsable de Transportes, cada uno en el ámbito de sus competencias.

 

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito a los 17 días del mes de febrero de 2017.

 

Cristian Leonardo Castillo Peñaherrera, Secretario General de la Presidencia de la República.

 

 

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado                

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

 Lunes, 6 de Marzo de 2017 (R. O. SP 956, 6-marzo-2017)

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

               

Asamblea Nacional:

 

 

Legislativo:

Ley         

-Ley Interpretativa del Artículo 4 de la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento

 

               

Secretaría General de la Presidencia de la República del Ecuador:

 

 

Ejecutivo:

Acuerdo

SGPR-2017-008

Considérese como vehículos de la Presidencia de la República, los registrados y matriculados a nombre de la institución

 

               

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público:

 

 

Resoluciones       

INMOBILIAR-DGSGI-2017-0005

Extínguese de oficio por razones de legitimidad el acta de declaratoria de ganador/a de 10 de noviembre del 2015 mediante el cual el Tribunal de Merito y Oposición de INMOBILIAR declaró a Andrade Márquez Margarita Cristina como ganadora del Concurso de Méritos y Oposición para el cargo de Asistente de Administración de Bienes Inmuebles ? Servidor Público 1 ? Dirección Nacional de Administración de Bienes Inmuebles

 

               

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador:

 

SENAE-DGN-2017-0155-RE

Deléguense facultades al Subdirector General de Operaciones

 

               

Servicio de Rentas Internas:

               

NAC-DGERCGC17-00000139

Apruébese el ?Formulario 122 para la declaración del Impuesto a la Renta de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Régimen Simplificado)?

 

               

NAC-DGERCGC17-00000174

 

Modifíquese la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000455, publicada en el Registro Oficial No. 878 de 10 de noviembre de 2016

 

 

CONTENIDO


 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR

 

Oficio No. T. 781-SGJ-17-0158

 

Quito, 24 de febrero de 2017

 

Señor Ingeniero

Hugo del Pozo Barrezueta

DEL REGISTRO OFICIAL

En su despacho

 

De mi consideración:

 

Con oficio número VP1-E-219-17 de 30 de enero del presente año, la señora Rosana Alvarado Carrión, Presidenta de la Asamblea Nacional, remitió al señor Presidente Constitucional de la República la Ley Interpretativa del Artículo 4 de la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento.

 

Dicha ley ha sido sancionada por el Presidente de la República el día de hoy, por lo que, conforme a lo dispuesto en los artículos 137 de la Constitución de la República y 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se la remito a usted en original y en copia certificada, junto con el certificado de discusión, para su correspondiente publicación en el Registro Oficial.

 

Adicionalmente, agradeceré a usted que una vez realizada la respectiva publicación, se sirva remitir el ejemplar original a la Asamblea Nacional para los fines pertinentes.

 

Atentamente,

 

f.) Dr. Alexis Mera Giler

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

 

EL PLENO

 

Considerando:

 

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en ella, concomitantemente en los artículos 32, 33 y 34 de la norma constitucional, que garantizan el derecho a la salud, trabajo y seguridad social, señalando que los mismos son derechos irrenunciables;

 

Que, el artículo 84 de la Carta Magna dispone que la Asamblea Nacional es el órgano con potestad normativa para adecuar formal y materialmente las leyes y demás normativas que permitan la efectiva garantía y goce de los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales;

 

Que, el numeral 3 del artículo 11 de la Constitución de la República señala que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte;

 

Que, el inciso segundo del numeral 3, del artículo 11 de la Constitución establece que para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento;

 

Que, el numeral 4, del artículo 11 de la Constitución de la República establece que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales;

 

Que, el numeral 8, del artículo 11 de la Constitución señala que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos;

 

Que, el numeral 3, del artículo 326 de la Constitución de la República estipula que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras;

 

Que, el artículo 7 del Código del Trabajo señala que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores;

 

Que, la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento se publicó en el Registro Oficial No. 153 de 21 de marzo de 1989;

 

Que, el artículo 4 de esta Ley señala: ?Increméntase en dos centavos el precio ex?fábrica de cada kilo de cemento, cuyos valores, incluyendo la proporción correspondiente a la aplicación del impuesto existente a las Transacciones Mercantiles y Prestación de Servicios, se destinarán en su totalidad a financiar el beneficio de jubilación especial que se establece en esta Ley.?;

 

Que, la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 34 de 13 de marzo de 2000, en el artículo 1 establecía que: ?A partir de la vigencia de esta Ley, el Banco Central del Ecuador canjeará los sucres en circulación por dólares de los Estados Unidos de América a una relación fija e inalterable de veinticinco mil sucres por cada dólar. En consecuencia, el Banco Central del Ecuador canjeará los dólares que le sean requeridos a la relación de cambio establecida, retirando de circulación los sucres recibidos.?;

 

Que, en la causa signada con el No. 0916-07-RA, la Corte Constitucional expidió la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2010 y el auto aclaratorio de 24 de abril de 2014, publicados en el tercer Suplemento del Registro Oficial No. 423 de 23 de enero de 2015, en el que haciendo referencia al artículo 4 de la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento, resolvió: ?... la prescindencia de la denominación monetaria, para que resulte proporcional, debe traducirse en una determinación concordante con el valor que los dos centavos de sucre representaban respecto del precio del kilo de cemento en la época en la que fue promulgada la ley. Dicha determinación se expresa del siguiente modo: Se requiere obtener la proporción del valor adicional al precio, que representaban los dos centavos de sucre, respecto del precio promedio del kilo de cemento al año 1989; para luego, mantener dicha proporción y aplicarla al precio promedio del kilo de cemento de cada año comprendido entre los años 2000, en que se produjo la dolarización...?;

 

Que, con la implementación del nuevo sistema monetario en el Ecuador se dificultó la aplicación del artículo 4 de la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento; siendo necesaria la expedición de una ley interpretativa a este precepto que garantice el derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República;

 

Que, el numeral 6, del artículo 120 de la Constitución de la República, señala que es atribución de la Asamblea Nacional expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio;

 

Que, el numeral 6 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dispone que es atribución de la Asamblea Nacional expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; y,

 

Que, el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece que la Asamblea Nacional interpretará de modo generalmente obligatorio las leyes y lo hará mediante la correspondiente ley interpretativa.

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

 

LEY INTERPRETATIVA DEL ARTÍCULO 4 DE

LA LEY DE JUBILACIÓN ESPECIAL DE LOS

TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL

CEMENTO

 

Artículo Único.- Interprétese el artículo 4 de la Ley de

 

Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento, publicada en el Registro Oficial No. 153 de 21 de marzo de 1989, en el sentido de que para establecer el valor en dólares de los Estados Unidos de América del incremento en dos centavos de sucre del precio ex fábrica de cada kilo de cemento, a partir del 13 de marzo de 2000 se requiere obtener la proporción del valor adicional al precio, que representaban los dos centavos de sucre, respecto del precio promedio del kilo de cemento al año 1989; para luego mantener dicha proporción y aplicarla al precio promedio del kilo de cemento de cada año a partir del año 2000. El cálculo de los respectivos intereses se hará en atención al monto del correspondiente capital cuantificado conforme lo señalado en este artículo.

 

Disposición Transitoria.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el plazo máximo de ciento ochenta días contados a partir de la expedición de esta Ley interpretativa, recaudará los valores que a esa fecha estuvieren pendientes de pago por parte de los agentes de retención determinados en el artículo 5 de la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento, aplicando la fórmula de cálculo prevista en el artículo único de la Ley interpretativa.

 

Disposición Final.- La presente Ley interpretativa entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado y suscrito en la Sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintiséis días del mes de enero del dos mil diecisiete.

 

f.) DRA. ROSANA ALVARADO CARRIÓN

Primera Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

 

f.) AB. GALO PLAZAS DÁVILA

Prosecretario General Temporal

 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. SANCIÓNESE Y PROMÚLGASE.

 

f.) RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Es fiel copia del original.- Lo Certifico.

 

Quito, 24 de febrero de 2017.

 

f.) DR. ALEXIS MERA GILER

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

 

CERTIFICACIÓN

 

En mi calidad de Prosecretario General Temporal de la Asamblea Nacional me permito CERTIFICAR que la Asamblea Nacional discutió en primer debate el ?PROYECTO DE LEY INTERPRETATIVA DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE JUBILACIÓN ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL CEMENTO? el 20 de diciembre de 2012 y 7 de marzo 2013; y se discutió y aprobó en segundo debate el 26 de enero de 2017.

 

Quito, 27 de enero de 2017.

 

f.) AB. GALO PLAZAS DÁVILA

Prosecretario General Temporal.

 

No. SGPR-2017-008

 

Cristian Leonardo Castillo Peñaherrera

SECRETARIO GENERAL DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226 dispone que ?las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejerzan solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución?;

 

Que, el artículo 227 de la Constitución Ibídem, prescribe que ?La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación?;

 

Que, con Mediante Acuerdo Ministerial No. 112 publicado en el Registro Oficial No. 146 del 13 de agosto de 2007, se aprobó el Reglamento de Uso de Vehículos de la Presidencia de la República, en el Art. 1 del Objetivo, se establece ?Las disposiciones del presente reglamento tienen el propósito de regular la asignación y utilización de los vehículos a órdenes de la Presidencia de la República?.

 

Que, el señor Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo No. 1067 de 08 de junio de 2016, modificó la estructura de la Presidencia de la República, a través de la cual, entre otros cambios prevé que la Secretaría Particular de la Presidencia de la República pase a denominarse ?Secretaría General de la Presidencia de la República?;

 

Que, con mediante Acuerdo No. SGPR-2016-0002 de fecha 29 de diciembre de 2016, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 912, se establecen las atribuciones y responsabilidades del Secretario General de la Presidencia: literal f) ?expedir acuerdos, resoluciones y demás instrumentos necesarios para la adecuada gestión operativa y administrativa de la Presidencia?;

 

Que, con Acuerdo No. 042-CG-2016 la Contraloría General del Estado, promulgado en el (Registro Oficial Suplemento No. 913 de fecha 30 de diciembre de 2016)

 

R. O. (3SP) dic. 30 No. 913 de 2016, expide el ?Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos?;

 

Que, el artículo 1 del Acuerdo No. 042-CG-2016, textualmente dispone: ?Ámbito de aplicación.- Se sujetan a las disposiciones del presente reglamento, los dignatarios, autoridades, funcionarios, administradores, servidores y trabajadores de las instituciones del Estado, señaladas en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, así como de las entidades de derecho privado que administran recursos públicos?;

 

Que, el artículo 2 del Acuerdo Ibídem, manifiesta ? Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.

 

Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables.

 

El Presidente y el Vicepresidente de la República, los presidentes de las funciones del Estado, así como los funcionarios con rango de ministros, podrán utilizar los vehículos asignados, sin limitación alguna, para el desempeño de sus labores oficiales?;

 

En uso de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias.

 

Acuerda:

 

Art. 1. Aplicación.- Para fines de aplicación del presente Acuerdo se considerará como vehículos de la Presidencia de la República, los registrados y matriculados a nombre de la institución, así como, aquellos que se hallen en poder de la entidad bajo cualquier otro título: depósito, custodia, entrega gratuita, donaciones u otros semejantes?.

 

Art. 2. De la Administración y Uso.- Los vehículos descritos en el artículo uno del presente acuerdo, estarán bajo la administración y responsabilidad directa del servidor encargado del parque automotor, los mismos serán utilizados exclusivamente para el cumplimiento de labores de carácter oficial, protocolario y actividades propias de la entidad.

 

Art. 3.- Asignación Exclusiva de vehículos para las Máximas Autoridades.- De conformidad con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Presidencia de la República, las máximas autoridades del jerárquico superior, esto es; las comprendidas en los grados 8 y

 

7 pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para cumplir con sus labores institucionales.

 

Adicionalmente, los funcionarios con rango de ministros que laboren en la Presidencia de la República, podrán utilizar los vehículos asignados, sin limitación alguna, para el desempeño de sus labores oficiales, conforme lo dispone el Reglamento Sustitutivo para el Control de Vehículos del Sector Público expedido con Acuerdo No. 042-CG-2016 de la Contraloría General del Estado.

 

Art. 4.- Asignación vehículos para otras autoridades de nivel jerárquico superior.- Se asignará un vehículo, sin carácter de exclusivo, a las autoridades del jerárquico superior comprendidas entre el grado 7 hasta el grado 1 constantes en el Anexo A que forma parte del presente Acuerdo. El responsable de la unidad de transportes generará directamente las órdenes de movilización, dentro de la jornada laboral y fuera de la misma.

 

Art. 5.- Los demás funcionarios y empleados de la institución, deberán solicitar al responsable de la unidad de transportes, la asignación de un vehículo para cumplir actividades inherentes a su cargo y de carácter oficial.

 

Art. 6.- El Director Administrativo en coordinación con el responsable de la unidad de transportes, serán los encargados de elaborar un instructivo interno, que permita regular la asignación, control, movilización, mantenimiento para la conservación y uso adecuado de los vehículos institucionales, en concordancia con lo establecido en el ?Reglamento

 

Sustitutivo para el Control de los vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho privado que disponen de recursos públicos?, emitido por la Contraloría General del Estado.

 

Art. 7.- Aplicabilidad.- En todo lo que no se encuentre previsto en este Acuerdo, se estará a lo dispuesto en el Acuerdo No. 042-CG-2016 la Contraloría General del Estado, Registro Oficial Suplemento No. 913 de 30 de diciembre de 2016, ?Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos.

 

Art. 8.- Derogatoria.- El presente Acuerdo deroga al Acuerdo Ministerial No. 112, publicado en el Registro Oficial No. 146 de fecha 13 de agosto de 2007; y, demás disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente acuerdo. Art. 9.- Vigencia.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Art. 10.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, encárguese a la Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección Administrativa y Responsable de Transportes, cada uno en el ámbito de sus competencias.

 

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito a los 17 días del mes de febrero de 2017.

 

Cristian Leonardo Castillo Peñaherrera, Secretario General de la Presidencia de la República.

 





 

No. INMOBILIAR-DGSGI-2017-0005

 

Milton Daniel Maldonado Estrella

DIRECTOR GENERAL

DEL SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL

SECTOR PÚBLICO ? INMOBILIAR

 

Considerando:

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: ?Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución?.

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: ?La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación?.

 

Que, el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: ?El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la ley (?)?

 

Que, el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado determina que: ?El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales. Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias de control.?

 

Que, en la norma 407-03 de las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos, determina que: ?Las unidades de administración de talento humano seleccionarán al personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el Manual de Clasificación de Puestos y considerando los impedimentos legales y éticos para su desempeño.?

 

Que, el artículo 28-A de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada establece que: ?La formación, extinción y reforma de los actos administrativos de las instituciones de la Función Ejecutiva, se regirán por las normas del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva?.

 

Que, los literales d), g) y h) del artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público, sobre los deberes de las o los servidores públicos, disponen que:

 

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