Registro Oficial No.965- Viernes 10 de marzo 2017 Suplemento

Viernes, 10 de marzo de 2017

Última modificación: Lunes, 22 de mayo de 2017 | 16:35

 

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado                

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Viernes, 17 de Marzo de 2017  (R. O. SP 965, 17-marzo-2017)

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

Asamblea Nacional:

 

 

Legislativo:

Resolución

               

-Apruébese el Convenio de Seguridad Social entre la República del Ecuador y la República Argentina

 

               

Secretaría General de la Presidencia de la República:

 

Ejecutivo:

Acuerdo

SGPR-2017-009

Modifíquese el Acuerdo Nro. SGPR-2016-006 de 28 de noviembre de 2016

 

               

Consejo de la Judicatura:

 

Judicial y Justicia Indígena:

Resoluciones       

 

Nómbrense jueces a nivel nacional

 

Consejo Nacional Electoral:

 

Electoral

PLE-CNE-1-3-3-2017

Refórmese el Reglamento de Promoción Electoral

 

               

Corte Constitucional del Ecuador:

 

Causas  

0092-16-IN

ACUMULADA AL 0083-16-IN Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos. Legitimado activo: Juan Rodolfo Delgado Pacheco

 

               

0097-16-IN

 

ACUMULADA AL 0083-16-IN Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos. Legitimado activo: Luis Enrique Andrade González

 

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanzas Municipales:

 

 

Ordenanzas         

-Cantón Chunchi: Que reforma a la Ordenanza para la gestión integral de residuos sólidos

 

               

-Cantón Gualaquiza: Para controlar y regular la higiene y salubridad

 

                              

CONTENIDO


 

REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

ASAMBLEA NACIONAL

 

EL PLENO

DE LA ASAMBLEA NACIONAL

 

Considerando:

 

Que, según lo dispuesto en el numeral 8 del Art. 120 de la Constitución de la República, y el numeral 8 del Art. 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es función de la Asamblea Nacional, aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que corresponda;

 

Que, de acuerdo al numeral 4 del Art. 419 de la Constitución de la República, y al numeral 4 del Art. 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa la ratificación de los tratados internacionales, requerirá de aprobación previa de la Asamblea Nacional, cuando se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución;

 

Que, mediante oficio No. T.7297-SGJ-16-586, de 13 de octubre de 2016, suscrito por el Presidente Constitucional de la República, Rafael Correa Delgado, se remite a la Asamblea Nacional, para el trámite respectivo, el ?Convenio de Seguridad Social entre la República del Ecuador y la República Argentina?, suscrito en la ciudad de Quito, el 9 de diciembre de 2015;

 

Que, conforme al numeral 1 del Art. 438 de la Constitución de la República, la Corte Constitucional declaró, mediante Dictamen No. 007-16-DTI-CC, de 31 de agosto de 2016, que las disposiciones contenidas en el ?Convenio de Seguridad Social entre la República del Ecuador y la República Argentina?, guarda armonía con la Constitución de la República;

 

Que, conforme al Art. 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, emitió el informe referente al ?Convenio de Seguridad Social entre la República del Ecuador y la República Argentina?, y,

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales:

 

 

RESUELVE:

 

?APROBAR EL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA

REPÚBLICA ARGENTINA?

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los siete días del mes de marzo de dos mil diecisiete.

 

f.) DRA. ROSANA ALVARADO CARRIÓN

Primera Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia

 

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ

Secretaria General

 

Nro. SGPR-2017-009

 

Mgs. Cristian Leonardo Castillo Peñaherrera

SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República ordena que: ?Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución?;

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que: ?La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación?;

 

Que el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva dispone lo siguiente: ?Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial?;

 

Que, según lo expresa el artículo 56 de la norma ibídem ?Salvo autorización expresa, no podrán delegarse las competencias que a su vez se ejerzan por delegación?;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1067 de 8 de junio de 2016, se modificó la estructura de la Presidencia de la República, a través de la cual, entre otros cambios se dispuso que la Secretaría Particular pase a denominarse ?Secretaría General de la Presidencia de la República?, la Secretaría de Gestión Interna pase a denominarse ?Subsecretaría General de la Presidencia de la República? y que la Secretaría General del Despacho Presidencial pase a denominarse ?Subsecretaría General del Despacho Presidencial?.

 

Que, las atribuciones otorgadas al Secretario General de la Presidencia de la República en el artículo 2 del referido Decreto son las siguientes:

 

1.- Ejercer la representación legal de la Presidencia;

 

2.- Ejercer como autoridad nominadora de la Presidencia con excepción de aquellos puestos cuya designación corresponde al Presidente de la República;

 

3.- Coordinar y realizar las gestiones políticas que fueren del caso con el gabinete presidencial, autoridades del sector público, actores del sector privado y ciudadanía en general;

 

4.- Gestionar y suministrar información oportuna y permanente al Presidente de la República;

 

5.- Participar como miembro pleno del Gabinete Presidencial;

 

6.- Expedir acuerdos, resoluciones y demás instrumentos necesarios para la adecuada gestión operativa y administrativa de la Presidencia;

 

7.- Delegar la responsabilidad y atribuciones pertinentes para la buena marcha de la institución;

 

8.- Dirigir y evaluar la gestión de la Secretaría General de la Presidencia de la República.

 

9.- Aprobar el presupuesto de la Presidencia de la República y someterlo a la aprobación del Ministerio de Finanzas;

 

10.- Coordinar el trabajo de los consejeros de gobierno y asesores presidenciales; y,

 

11.- Las demás atribuciones y responsabilidades que le fueren asignadas.

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial SGPR-016-0002 emitido el 21 de julio del 2016 por el Lcdo. Omar Antonio Simón Campaña, Secretario General de la Presidencia de la República, y publicado en el Registro Oficial No. 912 del 29 de diciembre del 2016, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Presidencia de la República, expedido con Acuerdo No. PR-SEGIN-2016-001, de 31 de marzo de 2016.

 

Que, el Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo No. 1200 de 23 de septiembre de 2016, designó Secretario General de la Presidencia de la República al Magíster Cristian Leonardo Castillo Peñaherrera;

 

Que, mediante Acuerdo Nro. SGPR-2016-006 de fecha 28 de noviembre del 2016, el Secretario General de la Presidencia delegó atribuciones a la Subsecretaria/o General del Despacho Presidencial, Subsecretaria/o General de la Presidencia de la República, Subsecretaria/o de Gestión Interna, Director/a de Administración de Talento Humano, Director/a Administrativo, Director/a de Asesoría Jurídica y Director/ Financiero;

 

Que, considerando las responsabilidades a cargo del Coordinador Administrativo Financiero de la Presidencia, es pertinente delegarle algunas atribuciones relacionadas con la gestión a su cargo y por consiguiente reformar el Acuerdo Nro. SGPR-2016-006 de 28 de noviembre de 2016; y,

 

En uso de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias;

 

Acuerda:

 

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 3 del Acuerdo Nro. SGPR-2016-006 de 28 de noviembre de 2016, por el siguiente texto:

 

?Art. 3. Delegar y autorizar al/la Coordinador(a) Administrativo (a) Financiero(a) de la Presidencia de la República las siguientes atribuciones:

 

1.1 Autorizar el uso de telefonía móvil, bases móviles y de sus servicios adicionales tales como roaming, mensajes de voz, de texto, internet, etc., de conformidad con la normativa que para tal efecto han establecido los organismos de control o cualquier otra entidad u autoridad competente.

 

1.2 Actuar como máxima autoridad respecto de los procedimientos de contratación pública cuyo valor referencial sea de hasta $100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), excepto aquellos procesos correspondientes a ínfima cuantía, para lo cual podrá expedir las resoluciones y demás instrumentos jurídicos que correspondan así como suscribir los respectivos contratos.

 

1.3 Designar dentro de los procesos de contratación pública a los Administradores y Técnicos independientes al proceso.

 

1.4 Autorizar la planificación mensual y la realización de horas suplementarias y extraordinarias que presenten los jefes inmediatos previa validación de la Dirección de Administración de Talento Humano, en función de las necesidades institucionales y la disponibilidad presupuestaria, dentro del marco del Código de Trabajo, la Ley Orgánica de Servicio Público, su Reglamento y demás normas relacionadas

 

Artículo 2.- Sustitúyase el artículo 7 del Acuerdo Nro. SGPR-2016-006 de 28 de noviembre de 2016, por el siguiente texto:

 

?Art. 7.- Designar al Coordinador(a) General de Planificación, como delegado (a) de la máxima autoridad ante el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional?.

 

Artículo 3.- Encárguese de la ejecución del presente Acuerdo al Coordinador General Administrativo Financiero y al Coordinador General de Planificación.

 

Artículo 4.- Notifíquese con el presente Acuerdo a los encargados de su ejecución.

 

Artículo 5.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

 

Quito, D.M. 01 de marzo de 2017.

 

Firmado digitalmente

 

Mgs. Cristian Leonardo Castillo Peñaherrera, Secretario General de la Presidencia de la República del Ecuador.

 

No. 026-2017

 

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: ?El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial??;

 

Que, el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador señala: ?Para el ingreso a la Función Judicial se observarán los criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana??;

 

Que, el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador establece: ?Los requisitos y procedimientos para designar servidoras y servidores judiciales deberán contemplar un concurso de oposición y méritos, impugnación y control social; se propenderá a la paridad entre mujeres y hombres??;

 

Que, el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador determina: ?El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la ley??;

 

Que, el primer inciso del artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial establece como principios rectores: ?En los concursos para el ingreso a la Función Judicial y en la promoción, se observarán los principios de igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, oposición y méritos...?;

 

Que, el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa: ?El perfil de las servidoras o servidores de la Función Judicial deberá ser el de un profesional del Derecho con una sólida formación académica; con capacidad para interpretar y razonar jurídicamente, con trayectoria personal éticamente irreprochable, dedicado al servicio de la justicia, con vocación de servicio público, iniciativa, capacidad innovadora, creatividad y compromiso con el cambio institucional de la justicia.?;

 

Que, el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta: ?Todo ingreso de personal a la Función Judicial se realizará mediante concurso público de oposición y méritos, sujeto a procesos de impugnación, control social y se propenderá a la paridad entre mujeres y hombres??;

 

Que, el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial prescribe: ?Los que aprobaren el curso de formación inicial, habiendo sido declarados elegibles en los concursos de oposición y méritos y sin embargo no fueren nombrados, constarán en un banco de elegibles que tendrá a su cargo la Unidad de Recursos Humanos.

 

En caso de que se requiera llenar vacantes, se priorizará a quienes conforman el banco de elegibles, en estricto orden de calificación.

 

De este banco también se escogerá a quienes deban reemplazar a los titulares en caso de falta, impedimento o contingencia.

 

La permanencia en el banco de elegibles será de seis años.

Se valorará como mérito el haber integrado el banco de elegibles para nuevos concursos, de conformidad con el reglamento respectivo??;

 

Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: ?Los resultados de los concursos y de las evaluaciones realizadas a los cursantes de la Escuela Judicial serán vinculantes para las autoridades nominadoras las que, en consecuencia, deberán nombrar, para el puesto o cargo, al concursante que haya obtenido el mejor puntaje en el concurso, ya sea de ingreso o de promoción de categoría, dentro de la escala de puntuación, mínima y máxima, correspondiente.

 

Si deben llenarse varios puestos vacantes de la misma categoría se nombrará, en su orden, a los concursantes que hayan obtenido los puntajes que siguen al primero.?;

 

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?10. Expedir (?) resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 16 de octubre de 2013, mediante Resolución 157-2013, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 114, de 1 de noviembre de 2013, resolvió: ?UNIFICAR LOS BANCOS DE ELEGIBLES DE LOS CONCURSOS CONVOCADOS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA A PARTIR DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2011 PARA LLENAR VACANTES DE JUEZAS Y JUECES EN VARIAS MATERIAS A NIVEL NACIONAL?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 27 de diciembre de 2013, mediante Resolución 212-2013, publicada en el Registro Oficial No. 177, de 5 de febrero de 2014, resolvió: ?REALIZAR UN NUEVO CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA ASPIRANTES A JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 7 de abril de 2014, mediante Resolución 054-2014, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 248, de 19 de mayo de 2014, resolvió: ?APROBAR EL INFORME DE RECALIFICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ESCRITO Y EXAMEN PRÁCTICO ORAL DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE ASPIRANTES A JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL Y DECLARAR ELEGIBLES A LOS POSTULANTES QUE APROBARON CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA ASPIRANTES A JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 17 de abril de 2015, mediante Resolución 072-2015, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 492, de 4 de mayo de 2015, resolvió: ?UNIFICAR EN UN SOLO BANCO DE ELEGIBLES A LAS PERSONAS QUE APROBARON EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL QUE CONSTAN EN LA RESOLUCIÓN 070-2015 Y LAS PERSONAS QUE CONFORMABAN EL BANCO DE ELEGIBLES PRODUCTO DE LA RESOLUCIÓN 157- 2013, PARA LLENAR VACANTES DE JUEZAS Y JUECES EN VARIAS MATERIAS A NIVEL NACIONAL, AL 17 DE ABRIL DE 2015?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 24 de julio de 2015, mediante Resolución 211-2015, publicada en el Registro Oficial No. 575, de 28 de agosto de 2015, resolvió: ?APROBAR EL INFORME FINAL DEL CICLO II, ESPECIALIDAD PENAL, CONTENCIOSO Y CORTE PROVINCIAL DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL A NIVEL NACIONAL Y DECLARAR ELEGIBLES A LAS Y LOS POSTULANTES QUE LO APROBARON?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 27 de agosto de 2015, mediante Resolución 244-2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 599, de 1 de octubre de 2015, resolvió: ?APROBAR EL INFORME FINAL DEL CICLO II, ESPECIALIDAD MULTICOMPETENTE, DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL A NIVEL NACIONAL Y DECLARAR ELEGIBLES A LAS Y LOS POSTULANTES QUE LO APROBARON?;

 

Que, mediante Memorando CJ-DNTH-SA-2017-1369, de 6 de marzo de 2017, suscrito por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano, pone en conocimiento de la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), el: ?(?) informe No. 002-2017, en donde consta la designación de Juezas y Jueces a Nivel Nacional??;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2017-864, de 6 de marzo de 2017, suscrito

por la Doctor Tomás Alvear Peña, Director General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2017- 218, de 6 de marzo de 2017, suscrito por la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), que contiene el: ?Proyecto de Resolución para nombramientos de Jueces a Nivel Nacional.?.

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los presentes,

 

 

RESUELVE:

 

NOMBRAR JUECES A NIVEL NACIONAL

 

Artículo 1.- Nombrar jueces a los postulantes elegibles a nivel nacional, conforme el anexo que forma parte de esta resolución.

 

Artículo 2.- Delegar a la Dirección General del Consejo de la Judicatura, la notificación y posesión de jueces, conforme a lo establecido en la ley, los reglamentos e instructivos previstos para el efecto.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias de la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

 

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el seis de marzo de diecisiete.

 

f.) Gustavo Jalkh Röben, Presidente.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el seis de marzo de dos mil diecisiete.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.



















No. PLE-CNE-1-3-3-2017

 

EL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL

ELECTORAL

 

Considerando:

 

Que, el numeral 11 del artículo 47 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: ?El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille?;

 

Que, el artículo 115 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias;

 

Que, el artículo 207 de la de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, establece regulaciones para la publicidad por parte de las instituciones públicas, determinando los casos en los que estas pueden emitir publicidad durante el período de campaña electoral;

 

Que, el pleno del Consejo Nacional Electoral mediante resolución No. PLE-CNE-1-23-12-2015, de 23 de diciembre del año 2015, publicado en el Registro Oficial 671 de 18 de enero de 2016, aprobó el Reglamento de Promoción Electoral;

 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 219, numerales 1, 6 y 10 de la Constitución de la República del Ecuador, que guarda concordancia con el artículo 25 numeral 1 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, al Consejo Nacional Electoral le corresponde ?organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos electorales; expedir la normativa legal sobre asuntos de su competencia?; así como, ?ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las campañas electorales...?;

 

Que, es función del Consejo Nacional Electoral, conforme lo dispone el numeral 9 del artículo 25 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia;

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

 

Expide:

 

Las siguientes REFORMAS AL REGLAMENTO DE PROMOCION ELECTORAL

 

Artículo 1.- Sustitúyase del literal a) del artículo 8, la frase: ?En caso de existir segunda vuelta dentro de los comicios electorales, para binomios presidenciales el fondo de promoción electoral será del 30 % del monto máximo de gasto permitido.?, por la siguiente:

 

?En caso de existir segunda vuelta dentro de los comicios electorales, para binomios presidenciales el fondo de promoción electoral será del 100 % del monto máximo de gasto permitido.?

 

DISPOSICIÓN FINAL.- Las presentes reformas al Reglamento entrarán en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Pleno del Consejo Nacional Electoral, a los tres días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.- Lo Certifico.-

 

f.) Abg. Alex Guerra Troya, Secretario General Ad-hoc, Consejo Nacional Electoral.

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

 

SALA DE ADMISIÓN

RESUMEN CAUSA No. 0092-16-IN ACUMULADA AL

0083-16-IN

 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Admisión, mediante auto de 02 de marzo del 2017, a las 13:10 y de conformidad con lo establecido en el artículo 80, numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se pone en conocimiento del público lo siguiente:

 

CAUSA: Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos.

 

LEGITIMADO ACTIVO: Juan Rodolfo Delgado Pacheco.

 

CASILLA JUDICIAL: 1964

 

CORREO ELECTRONICO: [email protected];

 

LEGITIMADOS PASIVOS:

 

Rafael Correa Delgado presidente de la República; Gabriela Rivadeneira Burbano presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador y Diego García Carrión procurador general del Estado.

 

NORMAS CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS:

 

Artículos 1; 3 numeral 1; 11 numerales 2,4,5,6,7 y 8; 32; 34; 35; 38 numerales 3 y 4; 47 numerales 1,2,3,4,5 y 6; 48 numerales 1,2,3,4,5,6 y 7; 66 numeral 2; 76 numeral 7, literal l); 82; 84; 136; 137; 160; 287; 367; 369; 370; 424; y 425 de la Constitución de la República. Así mismo los artículos 1 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos

 

PRETENSIÓN JURÍDICA: Solicita se declare la inconstitucionalidad de la ?Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional?, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 867 de 21 de octubre del 2016.

 

De conformidad con lo dispuesto por la Sala de Admisión, publíquese este resumen de la demanda en el Registro Oficial y en el Portal Electrónico de la Corte Constitucional.

 

LO CERTIFICO.- Quito D.M., 08 de marzo del 2017, a las 11:30.

 

f.) Jaime Pozo Chamorro, Secretario General.

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

 

SALA DE ADMISIÓN

RESUMEN CAUSA No. 0097-16-IN ACUMULADA AL

0083-16-IN

 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Admisión, mediante auto de 02 de marzo del 2017, a las 13:58 y de conformidad con lo establecido en el artículo 80, numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se pone en conocimiento del público lo siguiente:

 

CAUSA: Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos.

 

LEGITIMADO ACTIVO: Luis Enrique Andrade González.

 

CASILLA JUDICIAL: 2255

 

CORREO ELECTRONICO: [email protected];

 

LEGITIMADOS PASIVOS: Rafael Correa Delgado presidente de la República; Gabriela Rivadeneira Burbano presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador y Diego García Carrión procurador general del Estado.

 

NORMAS CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS:

 

Artículos 3 numeral 1; 11 numerales 2,4 y 8; 33; 34; 35; 38; 47 numerales 1,2,3,4,5 y 6; 48 numerales 1,2,3,4,5,6 y 7; 66 numeral 2; 76 numeral 7, literal l); 82; 84; 136; 137; 160; 287; 325; 326 numeral 2; 367; 369; 370; 424; y 425 de la Constitución de la República. Así mismo los artículos 1 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos

 

PRETENSIÓN JURÍDICA: Solicita se declare la inconstitucionalidad por la forma y por el fondo de la ?Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional?, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 867 de 21 de octubre del 2016.

 

De conformidad con lo dispuesto por la Sala de Admisión, publíquese este resumen de la demanda en el Registro Oficial y en el Portal Electrónico de la Corte Constitucional.

 

LO CERTIFICO.- Quito D.M., 08 de marzo del 2017, a las 11:50.

 

f.) Jaime Pozo Chamorro, Secretario General.

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 10 reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos.

 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República reconoce a la población el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Además, declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

 

Que, el artículo 15 de la Constitución de la República señala que el Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto.

 

Que, el artículo 66, numeral 27 de la Constitución de la República garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

 

Que, el artículo 83, numeral 6 de la Constitución de la República establece que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, entre otros, el respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con los artículos 1, 5 y 53 del COOTAD, establece y garantiza que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y que constituyen gobiernos autónomos descentralizados, entre otros, los Concejos Municipales.

 

Que, el artículo 240 de la Carta Magna y el artículo 56 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización garantizan facultades legislativas y ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisd

 

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