Registro Oficial No.966- Lunes 20 de marzo de 2017

Lunes, 20 de marzo de 2017

Última modificación: Viernes, 19 de mayo de 2017 | 18:53

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado                

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Lunes, 20 de Marzo de 2017  (R. O. 966, 20-marzo-2017)

 

SUMARIO

               

Ministerio del Ambiente:

 

Ejecutivo:

Acuerdos              

098

Declárese como Proyecto de prioridad nacional al denominado ?Puerto de Aguas Profundas Posorja?, ubicado en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas

               

002 Deléguense atribuciones y facultades a la Abg. Anabel Guamani Silva

 

               

006 Apruébese el Estatuto de la Fundación Greenearth Ecuador, domiciliada en la provincia de Manabí

 

               

Ministerio de Educación:

 

               

MINEDUC-MINEDUC-2017-00008-ARefórmese el Acuerdo Ministerial No. 0382-13 de 21 de octubre de 2013

 

               

MINEDUC-MINEDUC-2017-00012-A Refórmese el Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-2016-00122-A de 21 de octubre de 2013

 

               

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos:

               

1450 Apruébese el estatuto y otórguese personalidad jurídica a la Organización Misión Internacional Rompiendo Cadenas, domiciliada en cantón Riobamba, provincia de Chimborazo

 

               

1451 Subróguense las funciones de Viceministro de Atención a Persona Privadas de Libertad, al licenciado Ramiro Fernando Núñez Villacres, Asesor 2

 

               

1452 Acéptese la solicitud de repatriación del ciudadano español Javier Ernesto Gimeno Cerdán

 

               

1453 Deróguese el Acuerdo Ministerial N° 1203 de 14 de marzo de 2016

 

               

Ministerio de Minería:

 

               

2017-012

Refórmese el Acuerdo Ministerial N° 2015-048 publicado en el Registro Oficial N° 637 de 28 de noviembre de 2015

 

               

               

Secretaría del Agua:

 

 

Acuerdos              

2017-1472

Deléguense funciones al Ing. Jaime Eduardo Pico Macías, Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica de Manabí

 

               

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo:

 

               

SNPD-0002-2017

Desígnense funciones al Ing. Adolfo Gustavo Salcedo Glükstadt,Subsecretario General de Planificación y Desarrollo y otro

 

               

Ministerio de Industrias y Productividad: Subsecretaría del Sistema de la Calidad:

 

Resoluciones       

 

 

17 046 Apruébense y oficialícense con el carácter de voluntarias las siguientes normas técnicas ecuatorianas:

 

NTE INEN-ISO 13153 (Marco de referencia del proceso de diseño para el ahorro energía en edificaciones residenciales unifamiliares y pequeñas edificaciones comerciales (ISO 13153:2012, IDT))

 

17 047 NTE INEN 1013 (Pinturas, barnices y productos afines. Determinación de la viscosidad. Métodos de ensayo)

 

17 048 NTE INEN 1507 (Cementos. Determinación del contenido de sulfato en mortero de cemento hidráulico endurecido)

 

17 049 NTE INEN 1720 (Vidrios. Terminología)

               

17 050 NTE INEN 2988 (Centros odontológicos. Sistema de gestión de la calidad. Requisitos)

 

               

Defensoría Pública del Ecuador:

 

 

Judicial y Justicia Indígena               

DP-DPG-DIS-2017-032

Expídese el Instructivo para la atención a personas en movilidad humana y necesidad de protección internacional en el proceso de determinación de la condición de refugiado y procesos de regularización migratoria

 

               

DP-DPG-DAJ-201733

 

Expídese el ?Instructivo Metodológico de los Servicios Misionales?

               

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros:

 

Transparencia y Control Social        

SCVS-INS-2017-006-0034

Declárese en estado de liquidación forzosa a Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanzas Municipales:

 

 

Ordenanzas         

-Cantón Pasaje: Sustitutiva que regula la administración, funcionamiento y cobro de tasas por el servicio de cementerios

               

-Cantón Pasaje: Sustitutiva de tasas para el cobro de la Licencia Única Anual de Funcionamiento (LUAF), incentivos a la inversión de los establecimientos turísticos para el desarrollo de actividades turísticas, multas y sanciones

 

 

CONTENIDO


 

No. 098

 

Dr. Juan Carlos Soria Cabrera

MINISTRO DEL AMBIENTE, SUBROGANTE

 

Considerando:

 

Que, el numeral 7 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece como deber primordial del

Estado ecuatoriano la protección del patrimonio natural y cultural del país;

 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

 

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

 

Que, en el artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema;

 

Que, el artículo 73 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional;

 

Que, el artículo 74 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y las riquezas naturales que le permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado;

 

Que, el articulo 154 numeral 1 determina que a las Ministras y Ministro de Estado les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

 

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

 

Que, el artículo 276 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, señala como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades al acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;

 

Que, el tercer inciso del artículo 314 de la Carta Fundamental determina que el Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley;

 

Que, el artículo 316 de la Norma Suprema señala que el Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico; así como, el Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley;

 

Que, el artículo 100 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones señala que en forma excepcional debidamente decretada por el Presidente de la República cuando sea necesario y adecuando para satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas, el Estado o sus instituciones podrán delegar a la iniciativa privada o a la economía popular y solidaria, la gestión de los sectores estratégicos y la provisión de los servicios públicos de electricidad, vialidad, infraestructuras portuarias o aeroportuarias, ferroviarias y otros;

 

Que, los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias y la promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que generen. En tal sentido, el Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo 10, determina: ?Impulsar la trasformación de la matriz productiva?;

 

Que, el orden internacional se encuentra en una profunda dinámica de trasformación y, en ese sentido, se debe construir procesos de ruptura con realidades existentes, a través de mecanismos de integración entre los países del Sur, particularmente entre los latinoamericanos. En ese contexto, el Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo 12, determina: ?Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana?;

 

 

Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ambiente;

 

Que, el Decreto Ejecutivo No. 1060 de 25 de mayo de 2016, publicado en el Registro Oficial No. 789 de 4 de julio de 2016 autoriza de manera excepcional el desarrollo, construcción y mantenimiento de instalaciones, la operación del servicio público del Puerto de Aguas Profundas de Posorja, el dragado, construcción, mantenimiento y operación de un canal de navegación de acceso hasta Posorja, así como de la carretera que une Playas y Posorja, vía Morro, en la provincia del Guayas;

 

Que, el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente en su Libro VI, literal a) del artículo 9, establece que el permiso ambiental de cualquier naturaleza corresponde exclusivamente a la Autoridad Ambiental Nacional, en los siguientes casos; ?Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional por el Presidente de la República; así como proyectos de prioridad nacional o emblemáticos, de gran impacto o riesgo ambiental declarados por la Autoridad Ambiental Nacional?;

 

Que, mediante Oficio No. APG-G-2016-000515-O de 19 de agosto de 2016, la Autoridad Portuaria de Guayaquil remite a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, la información técnica requerida del proyecto ?Puerto de Aguas Profundas Posorja?.

 

Que, mediante Informe Técnico No. 434-16-ULADNPCA- SCA-MA de 26 de agosto de 2016, la Subsecretaría de Calidad Ambiental, concluyó que es pertinente declarar de Prioridad Nacional el proyecto ?Puerto de Aguas Profundas Posorja?, por sus características;

 

Que, mediante memorando No. MAE-CGJ-2016-1922, de 6 de septiembre de 2016, la Coordinación General Jurídica del Ministerio del Ambiente, puso en consideración el texto del Acuerdo Ministerial para la declaratoria de Prioridad Nacional del proyecto al denominado ?Puerto de Aguas Profundas Posorja?;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 095 de 13 de septiembre de 2016, la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, dispuso la subrogación de funciones del cargo de Ministro del Ambiente al señor doctor Juan Carlos Soria Cabrera, Viceministro del Ambiente del 14 al 18 de septiembre de 2016, inclusive; y,

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Declarar como Proyecto de prioridad nacional al denominado ?Puerto de Aguas Profundas Posorja?, ubicado en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil parroquia Posorja de conformidad con el literal a) del artículo 9 del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, libro VI.

 

Art. 2.- De la ejecución del presente Acuerdo encárguese la Subsecretaría de Calidad Ambiental, Subsecretaria de Gestión Marina y Costera y a la Dirección Provincial del Guayas del Ministerio del Ambiente, dependencias que deberán ejecutar de manera exclusiva las facultades de prevención, control y seguimiento de la gestión del proyecto antes mencionado, conforme corresponda.

 

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese y Publíquese.

 

ado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 15 de septiembre de 2016.

 

f.) Dr. Juan Carlos Soria Cabrera, Ministro del Ambiente, Subrogante.

 

No. 002

 

Mgs. Walter García Cedeño, Arq.

MINISTRO DEL AMBIENTE

 

Considerando:

 

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

 

Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado señala que cuando la importancia económica o geográfica de la zona o la conveniencia institucional lo requieran, los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones;

 

Que, el artículo 37 de la Ley de Gestión Ambiental, concede al Ministerio del Ambiente, la jurisdicción coactiva, que la ejercerá para recaudar las multas y tasas previstas en la Ley y de las cuales sea beneficiario;

 

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

 

Que, el artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva dispone que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1100 de 13 de junio de 2016, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al Mgs. Walter García Cedeño Arq., como Ministro del Ambiente;

 

Que, el artículo 1 del Reglamento para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 028 publicado en el Registro Oficial No. 684 de 17 de abril de 2012, determina que el Ministro del Ambiente ejercerá la jurisdicción coactiva a nivel nacional, quien delega esta facultad al correspondiente Juez de Coactiva con domicilio en la ciudad de Quito;

 

Que, con el objeto de ejercer la facultad coactiva para recaudar las multas y tasas previstas en la Ley Gestión Ambiental y de las cuales sea beneficiario esta Cartera de Estado se requiere delegar esta facultad a un servidor público que ejerza esta competencia en calidad de Juez de Coactiva; y,

 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; y, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

 

 

Acuerda:

 

Artículo 1.- Delegar a la Abg. Anabel Guamani Silva, las atribuciones y facultades de Jueza de Coactivas del Ministerio del Ambiente, con domicilio en la ciudad de Quito, según lo determina el Reglamento para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva del Ministerio del Ambiente.

 

Artículo 2.- En atención a lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva del Ministerio del Ambiente, delegar a la jueza de Coactivas la atribución de suscribir convenios de Facilidades de Pago dentro del procedimiento coactivo.

 

Artículo 3.- La Jueza de Coactivas en calidad de funcionaria, responderá civil y administrativamente por los actos realizados en ejercicio de sus funciones delegadas y observará para este efecto las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.

 

Derogar y dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial No. 094 de 01 de septiembre de 2016.

 

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.

 

Dado en Quito, a 26 enero de 2017.

 

f.) Mgs. Walter García Cedeño, Arq., Ministro del Ambiente.

 

No. 006

 

EL MINISTERIO DEL AMBIENTE

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, numeral 13, reconoce y garantiza a las personas el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

 

Que, el numeral 6 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible;

 

Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala ?las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica deberán remitirla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y autodeterminación?;

 

Que, a través del Decreto Ejecutivo Nº 339, publicado en el Registro Oficial Nº 7 del 30 de noviembre de 1998, el Presidente de la República, delegó a cada Ministro de Estado, la facultad para que de acuerdo al ámbito de su competencia, apruebe y reforme los Estatutos de las Organizaciones Sociales pertinentes;

 

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, faculta a los Ministros de Estado para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

 

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en su artículo 55, establece que son delegables las atribuciones propias de las autoridades de la administración pública central e institucional, a las autoridades u órganos de menor jerarquía;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 250 de fecha 30 de diciembre de 2010, publicado en el Registro Oficial N° 394 del 28 de febrero del 2011, la Ministra del Ambiente, facultó al Coordinador General de Asesoría Jurídica varias de sus funciones, entre las que consta en el artículo 1, literal d) ?Aprobar los Estatutos de corporaciones, fundaciones y asociaciones vinculadas a los ámbitos de competencia de este Ministerio y sus respectivas reformas; al igual que disolver, de forma motivada, las corporaciones, fundaciones y asociaciones conforme a la causales previstas en el Estatuto Social de cada organización?;

 

Que, en esta Cartera de Estado, se ha presentado la solicitud y documentación requerida para la aprobación de la personalidad jurídica de las personas naturales agrupadas bajo la denominación de ?Fundación Greenearth Ecuador?, domiciliada en la en la Ruta Spondylus, Km 582-Vía Manta-San Lorenzo, Bosque de Pacoche, Provincia de Manabí

 

Que, de la revisión del expediente se desprende que cumple con los requisitos y formalidades establecidos en la ley y en el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas.

 

Que, la Dirección Nacional de Biodiversidad, mediante memorando N° MAE-DNB-2017-0072-M de fecha 16 de enero de 2017, emite informe técnico con observaciones;

 

Que, las personas naturales agrupadas bajo la denominación de Fundación Greenearth Ecuador, han insertado las observaciones realizadas al estatuto de la organización.

 

En uso de las atribuciones establecidas en el numeral primero del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; del Decreto Ejecutivo N° 739, publicado en el Registro Oficial N° 570 del 21 de agosto de 2016, y en base a la delegación otorgada mediante Acuerdo Ministerial N° 250 de fecha 30 de diciembre del 2010, publicado en el Registro Oficial N° 394 del 28 de febrero del 2011.

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Aprobar el Estatuto de la Fundación Greenearth Ecuador, domiciliada en la Ruta Spondylus, Km 582- Vía Manta-San Lorenzo, Bosque de Pacoche, Provincia de Manabí, y otorgarle la personalidad jurídica.

 

Art. 2.- Registrar en calidad de miembros fundadores a las siguientes personas:

 

MIEMBROS FUNDADORE

 

?              Ana Cristina de la Torre Betancourt

 

CC: 1712712049

?              Mariana de Jesús Betancourt Mesías

 

CC: 0500244728

?              Christian Esteban de la Torre Betancourt

CC: 1711876779

 

 

Art. 3.- Disponer que la Fundación Greenearth Ecuador, ponga en conocimiento del Ministerio del Ambiente, la nómina de la directiva, según lo establecido en el Art. 18 del Decreto Ejecutivo N° 739, publicado en el Registro Oficial N°570 del 21 de agosto de 2015.

 

Art. 4.- Disponer su inscripción en el Registro General de Fundaciones y Corporaciones, que para el efecto lleva la Coordinación General de este Ministerio y en el Registro Forestal que mantiene la Dirección Provincial del Ambiente Pichincha, conforme a lo dispuesto en los Arts. 49 y 211 del Libro III del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

 

Art. 5.- Notificar con una copia de este acuerdo a los interesados, conforme a lo dispuesto en los Arts. 126 y 127 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y que la misma se someterá a la evaluación y control del Ministerio del Ambiente.

 

Art. 6.- El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir de la suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial

 

Dado en Quito, 10 de febrero de 2017.

 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

 

f.) Dr. Jaime Piedra Maridueña, Coordinador General Jurídico, Delegado del Ministro del Ambiente.

 

Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00008-A

 

Freddy Peñafiel Larrea

MINISTRO DE EDUCACIÓN

 

Considerando:

 

Que los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República del Ecuador establecen que la educación es un derecho de las personas y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que constituye un área prioritaria de la política pública, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir; y que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo en el marco del respeto de los derechos humanos, e impulsará la justicia, la solidaridad y la paz;

 

Que la norma Constitucional en los numerales 7 y 8 de su artículo 47 determina que: ?El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social [...] 7. Una educación regular, y, 8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas específicos?;

 

Que el artículo 343 de la norma suprema, establece que ?el sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrara una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades?;

 

Que de conformidad a lo prescrito en el artículo 344 de la norma constitucional, el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Educativa Nacional, que formulará la política nacional de educación; y regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema;

 

Que la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad en su artículo 24 determina el derecho que tienen las personas con discapacidad de acceder a una educación sin discriminación a lo largo de su vida, en igualdad de oportunidades dentro de un sistema educativo inclusivo en todos los niveles, con miras a: ?a). Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; b).Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; y, c). Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre?;

 

Que la Ley Orgánica de Educación Intercultural-LOEI, publicada en el segundo suplemento del R.O. 417 de 31 de marzo de 2011, en su artículo 25, concordante con lo dispuesto en el artículo 344 de la Carta Magna, determina que ?La Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución de la República?;

 

Que el literal e) del artículo 2 de la LOEI reconoce como un fundamento filosófico, conceptual y constitucional del ámbito educativo, la ?atención e integración prioritaria y especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad?;

 

Que de conformidad a lo prescrito en el literal o) del artículo 6 de la ley ibídem una de las obligaciones del Estado es: ?Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de las personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas.?;

 

Que la LOEI en su artículo 47 determina que: ?tanto la educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. La autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la educación. El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje?;

 

Que en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Discapacidades establece que la autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos técnico- tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, temporal o permanente y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento de educación escolarizada;

 

Que el Reglamento General a la LOEI, publicado en el suplemento del Registro Oficial 754 de 26 de julio de 2012, en su artículo 16 establece que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa-INEVAL es la instancia encargada de la evaluación integral, interna y externa, del Sistema Nacional de Educación, en cumplimiento de las políticas de evaluación establecidas por la Autoridad Educativa Nacional;

 

Que en lo referente a la promoción y evaluación de estudiantes con necesidades educativas especiales, el artículo 230 del Reglamento a la LOEI señala que: ?Para la promoción y evaluación de los estudiantes, en los casos pertinentes, las instituciones educativas pueden adaptar los estándares de aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, de conformidad con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional [ ]?;

 

Que la Autoridad Educativa Nacional con Acuerdo Ministerial No. 0382-13 de 21 de octubre de 2013, publicado en el Registro Oficial No. 119 de 08 de noviembre de 2013, dispone ?la aplicación obligatoria a nivel nacional de exámenes estandarizados a todos los estudiantes de tercer año de bachillerato en modalidad presencial, semipresencial y a distancia que han aprobado las asignaturas del respectivo currículo?;

 

Que la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva con memorando No. MINEDUC-SEEI-2016- 01266-M de 23 de diciembre de 2016, remite informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva en el que se establece la necesidad de reformar el Acuerdo Ministerial No 0382- 13, a fin de garantizar el derecho de los estudiantes con discapacidad de tercer año de bachillerato a recibir una evaluación acorde a sus necesidades educativas, generando las condiciones necesarias para que sean partícipes del proceso de titulación de estudiantes de tercer año de bachillerato; y,

 

Que es deber de esta Cartera de Estado, garantizar la eficacia y eficiencia de las acciones técnicas, administrativas y pedagógicas en las diferentes instancias del sistema nacional educativo del país, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento General y demás normativa expedida para el efecto.

 

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 22 literales t) y u) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural; y, 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Acuerda:

 

Expedir la siguiente REFORMA

AL ACUERDO MINISTERIAL NO. 0382-13 DE 21

DE OCTUBRE DE 2013

 

ARTÍCULO ÚNICO.- A continuación de la Disposición General Tercera incorpórese la siguiente disposición:

 

?CUARTA.- Se responsabiliza a la Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva de la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva, de la elaboración y expedición del instructivo para la aplicación de los exámenes estandarizados de grado a los que hace referencia el presente Acuerdo Ministerial a las/ los estudiantes de tercer año de bachillerato, que tengan necesidades educativas asociadas a la discapacidad, así como de coordinar la aplicación de dicho examen con el INEVAL?.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- Las disposiciones constantes en el presente Acuerdo solo modifican el texto señalado en este instrumento, por lo que, en todo lo demás se estará a lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 0382-13 de 21 de octubre de 2013.

 

SEGUNDA.- Encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica para que a través de la Dirección Nacional de Normativa Jurídico Educativa, proceda a la codificación del Acuerdo Ministerial No. 0382-13, incorporando las reformas realizadas a través del presente Acuerdo, para que en el plazo de cinco días tras su vigencia sea socializado al nivel de Gestión Desconcentrado del Ministerio de Educación para su aplicación.

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente reforma entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dado en Quito, D.M., a los 27 día(s) del mes de Enero de dos mil diecisiete.

 

f.) Freddy Peñafi el Larrea, Ministro de Educación.

 

Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00012-A

 

Freddy Peñafiel Larrea

MINISTRO DE EDUCACIÓN

 

Considerando:

 

Que los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República definen a la educación como un derecho de las personas y un deber ineludible e inexcusable del Estado que constituye un área prioritaria de la política pública, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir;

 

Que el artículo 344 del ordenamiento constitucional determina que: ?El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; así mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema?;

 

Que el artículo 29 de la Constitución de la República declara que el ?Estado garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas?.

 

Que la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su artículo 2, literal r) establece a la evaluación como uno de los principios generales de la actividad educativa, la misma que debe ser integral como un proceso permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional;

 

Que la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en el artículo 6, literal g) reconoce entre las obligaciones del Estado: ?g) Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fi scomisionales, en sus diversos niveles: inicial, básico y bachillerato; y, modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. En relación a la diversidad cultural y lingüística, se aplicará en los idiomas oficiales de las diversas nacionalidades del Ecuador. El diseño curricular considerará siempre la visión de un Estado plurinacional e intercultural. El currículo se complementa de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación?;

 

Que el artículo 11 de la mencionada ley establece entre las obligaciones de las y los docentes: ?d) Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes?;

 

Que los artículos 21, 22 y 25 de la LOEI señalan que el Ministerio de Educación, como Autoridad Educativa Nacional, ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución de la República;

 

Que el Reglamento General a la LOEI, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 754 de 26 de julio de 2012, en su artículo 10 establece que: ?Los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades del territorio en el que operan.?;

 

Que el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 184, determina que ?La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje.;

 

 

Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 366 de 27 de junio de 2014, publicado en el (Suplemento del Registro Oficial No. 286 de 10 de julio de 2014) R. O. (2SP) julio 10 No. 286 de 2014, se reforman los artículos 194 y 196 del Reglamento General a

la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en los que se establecen una nueva escala cualitativa y cuantitativa de calificaciones; y, los requisitos para la promoción al siguiente grado en lo que se refiere a los subniveles de educación básica elemental y básica media;

 

Que el artículo 230 de la misma normativa determina que: ?Para la promoción y evaluación de los estudiantes, en los casos pertinentes, las instituciones educativas pueden adaptar los estándares de aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, de conformidad con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Los mecanismos de evaluación del aprendizaje pueden ser adaptados para estudiantes con necesidades educativas especiales, de acuerdo a lo que se requiera en cada caso, según la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Para la promoción de grado o curso, se puede evaluar el aprendizaje del estudiante con necesidades educativas especiales de acuerdo a los estándares y al currículo nacional adaptado para cada caso, y de acuerdo a sus necesidades específicas?;

 

Que el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación, expedido con Acuerdo Ministerial No. 020-12, de 25 de enero de 2012, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 259 de 07 de marzo de 2012, determina como una de las atribuciones de la Dirección Nacional de Currículo el: ?c) Proponer currículos y materiales complementarios del currículo nacional, así como ajustes y mejoras continuos al currículo nacional, y ponerlos a consideración del (la) Subsecretario (a) de Fundamentos Educativos?;

 

Que mediante el Acuerdo Ministerial No. 440-13 de 05 de diciembre de 2013, entra en vigencia el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, el mismo que en el numeral 9.6 de Seguimiento y evaluación menciona lo siguiente: ?[...] los procesos de evaluación de los estudiantes responden al proceso permanente que deben llevar a cabo los padres y maestros como responsables de la formación de los niños y jóvenes. Estos procesos son de carácter positivo y tienden a solucionar problemas relacionados con las actitudes y comportamientos personales y sociales, así como con el desarrollo del conocimiento?;

 

Que el 1 de diciembre de 2015 el Ministro de Educación emite el Acuerdo No. MINEDUC-ME-2015-00168-A, donde se expide la normativa para regular los procesos de registro de matrícula, información estudiantil, planificación, evaluación educativa y titulación en las instituciones del sistema nacional de educación en el portal Educar Ecuador.

 

Que el 24 de octubre de 2016, el Viceministro de Educación, envía a las Coordinaciones Zonales a nivel nacional la Circular Nro. MINEDUC-VE-2016-00004-C, en la cual se indica suspender toda actividad que implique el registro de documentos a través de los servicios disponibles en el portal Educar Ecuador, solicitada mediante el Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-2015-00168-A del 1 de diciembre del 2015, hasta que las autoridades del Ministerio de Educación en conjunto con representantes de los docentes y autoridades de las instituciones educativas definan la documentación imprescindible que será ingresada en la plataforma y sustituir el mencionado acuerdo.

 

Que con memorando No. MINEDUC?SFE-2016- 00742-M del 9 de diciembre de 2016, la Subsecretaria de Fundamentos Educativos, subrogante, aprueba el informe técnico para la sustitución del Acuerdo Nro. MINEDUCME- 2015-00168-A emitido el 1 de diciembre de 2015, donde se expide la ?Normativa para regular los procesos de registro de matrícula, información estudiantil, planificación, evaluación educativa y titulación en las instituciones del sistema nacional de educación en el portal Educar Ecuador?;

 

Que a través del Acuerdo Ministerial No. MINEDUC- ME- 2016-00122-A, de 11 de diciembre de 2016, publicado en el Registro Oficial No. 937 de 03 de febrero de 2017, la Autoridad Educativa Nacional expidió la ?NORMATIVA PARA LOS PROCESOS DE REGULACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS?.

 

Que el artículo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que ?Los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere conveniente [...].?.

 

Que es necesario reformar la DISPOSICIÓN DEROGATORIA constante en el Acuerdo MINEDUCME- 2016-00122-A, con el propósito de afinar y garantizar que las acciones técnicas, administrativas y pedagógicas de las diferentes instancias del Sistema Nacional de Educación del país, se realicen en función de la política pública educativa.

 

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 154 numeral 1, de la Constitución de la República; artículos 22, literal t) y u), de la Ley orgánica de Educación Intercultural; y, artículo 17 y 99 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

 

Acuerda:

 

Expedir la siguiente REFORMA AL ACUERDO

MINISTERIAL Nro. MINEDUC-ME-2016-00122-A

 

Artícu

 

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