Registro Oficial No.966- Lunes 20 de marzo de 2017Segundo Suplemento

Lunes, 20 de marzo de 2017

Última modificación: Lunes, 22 de mayo de 2017 | 16:10

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado                

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Lunes, 20 de Marzo de 2017 (R. O. 2SP 966, 20-marzo-2017)

 

SEGUNDO SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

               

AsambleaNacional:

 

 

Legislativo:

Ley         

-Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública

 

               

Presidencia de la República:

 

 

Ejecutivo:

Decretos               

1338

Renuévese el estado de excepción en las provincias de Manabí y Esmeraldas

 

1339 Nómbrese Gobernador de la Provincia de El Carchi, al Econ. Diego Landázuri Camacho

 

1340 Desígnese Vicepresidenta Constitucional de la República del Ecuador, a la Econ. Sandra Naranjo Bautista, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo

               

Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial:

 

Resoluciones       

MTOP-SPTM-2017-0022-R

Actualícense las normas para la navegación por el río Guayas y de seguridad para maniobras de ingreso y salida en el río Guayas

               

Servicio de Rentas Internas:

               

NAC-DGERCGC17-00000192

Amplíese el plazo para la presentación y pago de las declaraciones de los impuestos administrados por el SRI, del periodo fiscal enero 2017

               

NAC-DGERCGC17-00000193

 

Amplíese el plazo para la presentación del Anexo Transaccional Simplificado ATS y Anexo de Reporte de Operaciones y Transacciones Económicas y Financieras ROTEF, del periodo fiscal enero 2017

 

NAC-DGERCGC17-00000194Establécense regulaciones que deben cumplir los contribuyentes que ejerzan la actividad de transporte terrestre de acuerdo a la información contenida en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y los establecimientos gráficos autorizados, así como

 

Resoluciones       

               

los requisitos de impresión que deben contener los comprobantes de venta emitidos por los contribuyentes que ejerzan la actividad de transporte comercial, excepto taxis, a las operadoras de estos servicios

               

Consejo Nacional Electoral:

 

Electoral

PLE-CNE-1-6-3-2017-EXT-PRESIDENTE

Proclámense los resultados definitivos de las ?Elecciones Generales 2017?, realizadas el día domingo 19 de febrero de 2017, de la dignidad de PRESIDENTA O PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y VICEPRESIDENTA O VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

 

               

PLE-CNE-2-6-3-2017-EXT-CONSULTAPOPULAR

 

Proclámense los resultados definitivos de la consulta popular sobre ?PARAÍSOS FISCALES?, efectuados el día domingo 19 de febrero de 2017

 

                              

 

 

CONTENIDO


 

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

 

Oficio No. SAN-2017-0270

 

Quito, 16 de marzo de 2017

 

Ingeniero

Hugo Del Pozo Barrezueta

Director Del Registro Oficial

En su despacho.

 

De mis consideraciones:

 

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

 

En sesión del 13 de marzo de 2017, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial presentada por el señor Presidente Constitucional de la República.

 

Por lo expuesto, y, tal como dispone el artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el texto de la LEY ORGÁNICA. PARA LA EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, para que se sirva publicarlo en el Registro Oficial.

 

Atentamente,

 

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ

Secretaria General

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

 

CERTIFICACIÓN

 

En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea Nacional, me permito CERTIFICAR que la Asamblea Nacional discutió en primer debate el "PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN"; el 17 y 24 de marzo de 2015; discutió y aprobó en segundo debate el "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA", el 28 de diciembre de 2016 y 11 de enero de 2017; y, trató la objeción parcial del señor Presidente de la República, el 13 de marzo de 2017.

 

Quito, 13 de marzo de 2017.

 

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ

Secretaria General

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

 

EL PLENO

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el artículo 66, numeral 4 de la Constitución de la República, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación;

 

Que, el artículo 66, numeral 26 de la Constitución de la República reconoce el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental;

 

Que, el artículo 287 de la Constitución de la República establece que solamente las instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones especiales establecidas por ley;

 

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República dispone que las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas;

 

Que, de conformidad con el artículo 323 de la Constitución de la República, con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley;

 

Que, de conformidad con el artículo 376 de la Constitución de la República, se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o de público a privado;

 

Que, es necesario homologar las normas sobre expropiación contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y otras normas relacionadas; y,

 

En ejercicio de la atribución conferida por el número 6 del Artículo 120 de la Constitución de la República, expide la siguiente:

 

Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación

Pública

 

Capítulo I

Reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional

de Contratación Pública

 

Artículo 1. Al final del inciso primero del Artículo 10, eliminar el punto y agregar lo siguiente:

 

?y gozará de fuero de Corte Nacional de Justicia, en las mismas condiciones que un ministro de Estado.?

 

Artículo 2. Agregar como inciso final al Artículo 23:

 

?Los contratistas y funcionarios que elaboren los estudios precontractuales serán responsables de informar a la entidad contratante, en el término de 15 días contados desde la notificación, si existe justificación técnica para la firma de contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencias en cantidades de obra que superen el quince por ciento (15%) del valor del contrato principal. En caso de incumplir con el plazo señalado serán sancionados de conformidad con el artículo 100 de esta Ley.?

 

Artículo 3.- Sustituir en el numeral 3 del Artículo 53 ?0,1%? por ?0,000007?.

 

Artículo 4.- Reemplazar el primer inciso del Artículo 54 por el siguiente:

 

?La selección del contratista para la celebración de este tipo de contratos, se realizará mediante los procedimientos de Cotización o Licitación, según corresponda al monto de la contratación, sin que se puedan aplicar procedimientos especiales o de excepción.?

 

Artículo 5. Sustituir el Artículo 58 por los siguientes:

 

?Artículo 58.- Declaratoria de utilidad pública. Cuando la máxima autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para la satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad pública y de interés social de acuerdo con la Ley.

 

A la declaratoria se adjuntará el certificado del registrador de la propiedad; el avalúo establecido por la dependencia de avalúos y catastros del respectivo Gobierno Autónomo Municipal o Metropolitano; la certificación presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para el efecto; y, el anuncio del proyecto en el caso de construcción de obras de conformidad con la ley que regula el uso del suelo.

 

La declaratoria se notificará, dentro de tres días de haberse expedido, a los propietarios de los bienes a ser expropiados, los posesionarios y a los acreedores hipotecarios.

 

La expropiación de tierras rurales con fines agrarios se regulará por su propia ley.

 

La declaratoria de utilidad pública y de interés social se inscribirá en el Registro de la Propiedad. El Registrador de la Propiedad cancelará las inscripciones respectivas, en la parte correspondiente, de modo que el terreno y pertenencias expropiados queden libres, y se abstendrá de inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen, salvo que sea a favor de la institución pública que requiere la declaración de utilidad pública y de interés social. El Registrador comunicará al juez la cancelación en caso de embargo, secuestro o prohibición de enajenar, para los fines consiguientes.

 

Artículo 58.1.- Negociación y precio. Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública y de interés social, se buscará un acuerdo directo entre las partes, hasta por el plazo máximo de treinta (30) días, sin perjuicio de la ocupación inmediata del inmueble. Para que proceda la ocupación inmediata se debe realizar el pago previo o la consignación en caso de no existir acuerdo. El retiro del valor consignado por el expropiado, que podrá requerirse en cualquier momento dentro del juicio de expropiación, no perjudicará la impugnación propuesta.

 

El precio que se convenga no podrá exceder del diez por ciento (10%) sobre el valor del avalúo registrado en el catastro municipal y sobre el cual se pagó el impuesto predial del año anterior al anuncio del proyecto en el caso de construcción de obras, o de la declaratoria de utilidad pública y de interés social para otras adquisiciones, del cual se deducirá la plusvalía proveniente de obras públicas y de otras ajenas a la acción del propietario.

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano tendrá el plazo de un mes para entregar el avalúo registrado en el catastro municipal y sobre el cual se pagó el impuesto predial del año anterior al anuncio del proyecto en el caso de construcción de obras, o de la declaratoria de utilidad pública y de interés social para otras adquisiciones.

 

El órgano rector del catastro nacional georreferenciado determinará el avalúo del bien a expropiar cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano no posea la capacidad técnica para elaborar su catastro, incumpla el plazo anterior o el realizado por la dependencia de avalúos y catastros, a criterio del organismo rector del catastro nacional, no se adecue a la normativa.

 

En ningún caso se reconocerán las obras efectuadas por el propietario posteriores a la fecha del anuncio del proyecto o de la declaratoria de utilidad pública y de interés social, según corresponda. Tampoco se reconocerán las obras efectuadas con anterioridad al anuncio del proyecto o de la declaratoria de utilidad pública cuando se realizaron sin autorización, ni aún aquellas que a pesar de tener los permisos respectivos se haya evidenciado mala fe.

 

Para expropiaciones parciales, del precio fijado conforme la regla anterior, también se deducirá la plusvalía que genere la obra pública que motiva la expropiación en la parte del inmueble no afectado. En estos casos no se cobrará la contribución especial de mejoras que resulte de la obra pública.

 

Los ajustes por plusvalía serán realizados conforme a la metodología que dicte el órgano rector del catastro nacional georreferenciados.

 

El acuerdo y la correspondiente transferencia de dominio, se formalizarán en la respectiva escritura pública, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad. Los propietarios deberán tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, excepto los que correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieran impagos, se deducirán del precio de venta.

 

Artículo 58.2.- Falta de acuerdo. Expirado el plazo sin que sea posible un acuerdo directo la entidad expropiante emitirá el acto administrativo de expropiación tomando como precio el establecido en el artículo anterior sin tomar en cuenta el diez por ciento (10%). El propietario podrá impugnar dicho acto ante las y los jueces de lo contencioso administrativo, exclusivamente en cuanto al justo precio, de conformidad con el trámite para el juicio de expropiación establecido en el Código Orgánico General de Procesos.

 

El juez en su resolución fijará el precio definitivo en base al avalúo predial menos la plusvalía proveniente de obras públicas y otras ajenas a la acción del propietario. El avalúo predial será el registrado en el catastro municipal sobre el cual se pagó el último impuesto predial del año anterior al anuncio del proyecto en el caso de construcción de obras o de la declaratoria de utilidad pública y de interés social para otras adquisiciones.

 

En ningún caso se reconocerán las obras efectuadas por el propietario, posteriores a la fecha del anuncio del proyecto o de la declaratoria de utilidad pública y de interés social, según corresponda. Tampoco se reconocerán las obras efectuadas con anterioridad al anuncio del proyecto o de la declaratoria de utilidad pública cuando se realizaron sin autorización, ni aún aquellas anteriores, siempre que en este último caso se haya evidenciado mala fe. Por pedido de las partes, el juez podrá solicitar al órgano rector del catastro nacional georreferenciado informe sobre si la metodología empleada por el GAD municipal o metropolitano es la adecuada para el avalúo del bien expropiado.

 

En caso de que considere que dicha metodología no es la correcta, en el mismo informe, determinará el avalúo de los inmuebles vigentes a la fecha del anuncio del proyecto o de la declaratoria de utilidad pública y de interés social, según corresponda, al cual se deducirá la plusvalía proveniente de obras públicas y otras ajenas a la acción del propietario.

 

Para expropiaciones parciales, del precio fiado conforme las reglas anteriores, el juez deducirá la plusvalía de la obra pública que motiva la expropiación en la parte del terreno no afectado.

 

En estos casos no se cobrará la contribución especial de mejoras que resulte de la obra pública. En los casos previstos en este artículo, los avalúos municipales o metropolitanos y la plusvalía se determinarán de conformidad con la metodología que dicte el órgano rector del catastro nacional georreferenciado.

 

Para la transferencia de inmuebles adquiridos por declaratoria de utilidad pública y de interés social, los propietarios deberán tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, excepto los que correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieran impagos, se deducirán del precio de venta.

 

Artículo 58.3.- Expropiación parcial. Si se expropia una parte de un inmueble, de tal manera que quede para el dueño una parte inferior al quince por ciento (15%) de la propiedad, por extensión o precio, este podrá exigir que la expropiación incluya a la totalidad del predio. Además, será obligación de la institución expropiante proceder a la expropiación de la parte restante del inmueble si no cumple con el tamaño del lote mínimo exigido por el

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano correspondiente.

 

Artículo 58.4. Afectación actividades económicas. Cuando exista en el predio expropiado, instalaciones en que se desarrollen actividades industriales o económicas, cuyo funcionamiento no pueda seguir por efecto de la expropiación, se pagará también la indemnización correspondiente a este daño.

 

En caso de que sea posible el traslado de tales instalaciones a otro inmueble, dentro de la misma localidad, la indemnización puede reducirse al costo del desmontaje, remoción, transporte y nuevo montaje.

 

Artículo 58.5.- Ocupación temporal. La ocupación temporal consiste en el uso y goce de los terrenos o predios en áreas que no correspondan a la obra pública, pero necesarias para su desarrollo, mientras dure su construcción.

 

Cuando la entidad competente requiera la ocupación temporal, determinará el monto de la indemnización a pagar, aplicando los principios de equidad y justo precio.

 

Artículo 58.6.- Gravámenes. Si el predio de cuya expropiación se trata estuviera afectado con hipoteca, anticresis u otro gravamen, el acreedor podrá solicitar a la entidad expropiante que el justo precio cubra el monto de la deuda, previo acuerdo con el propietario del bien expropiado.

 

En el caso de que el predio se encuentre arrendado, el arrendatario podrá solicitar a la entidad expropiante que una parte del justo precio le sea entregado como indemnización, previo acuerdo con el propietario del bien expropiado.

 

De no existir acuerdo entre el propietario del bien expropiado y el acreedor hipotecario o el arrendatario, podrán impugnar el acto administrativo de expropiación exclusivamente en la parte que se refiere al valor a entregar al acreedor hipotecario o al arrendatario, conforme al trámite previsto en el Código Orgánico General de Procesos para la expropiación.

 

 

Artículo 58.7.- Reversión. En cualquier caso en que la institución pública no destine el bien expropiado a los fines expresados en la declaratoria de utilidad pública y de interés social, dentro del plazo de dos años, contado desde la fecha en que quede inscrita en el Registro de la Propiedad la transferencia de dominio, el propietario podrá pedir su reversión ante el mismo órgano que emitió la declaratoria de utilidad pública y de interés social o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el plazo de tres años. No cabrá la reversión si el nuevo destino del bien expropiado responde a una finalidad de utilidad pública y de interés social, así declarado previamente por la institución pública.

 

De igual manera, podrá solicitar la reversión en el caso que la institución pública no haya, cancelado el valor del bien dentro del año siguiente a la notificación de la declaratoria, siempre que no haya juicio de por medio, en cuyo caso el plazo comenzará a correr desde que se encuentre ejecutoriada la sentencia.

 

Artículo 58.8.- Adquisición de bienes públicos. Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público, siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria de utilidad pública o interés social ni, en el caso de donación de insinuación judicial. Se la podrá realizar por compraventa, permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de activos. En caso de que no haya acuerdo la entidad pública que expropia procederá conforme esta Ley. Para su trámite se estará a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

 

Los bienes de uso público no estarán sujetos a procesos expropiatorios; sin embargo se podrá transferir la propiedad, de mutuo acuerdo, entre instituciones públicas siempre que no se afecte la finalidad al uso o servicio público del bien.

 

Artículo 58.9.- Bienes en el extranjero. La adquisición de bienes inmuebles en el extranjero por parte del Estado o entidades del sector público ecuatoriano se someterá al Reglamento Especial que para el efecto emita el Presidente de la República.?

 

Artículo 6. Renumerar el Artículo 58.1 por, ?Artículo.- 58.10?

 

Artículo 7. Sustitúyase el Artículo 78, por el siguiente:

 

"Artículo 78.- Cesión de los Contratos.- El contratista está prohibido de ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato."

 

Artículo 8. Sustituir el Artículo 87 por el siguiente:

 

 

?Artículo 87.- Normas para la aplicación de los contratos complementarios. La suma total de las cuantías de los contratos complementarios no podrá exceder del ocho por ciento (8%) del valor del contrato principal.

 

Para el caso de obras, la indicada suma total se computará de la siguiente manera:

 

1. Para el caso de diferencia de cantidades se utilizará el artículo 88 de la presente Ley.

 

2. Para el caso de rubros nuevos se empleará el artículo 89 de esta Ley.

 

3. Si se sobrepasa los porcentajes previstos en los artículos señalados en los numerales que preceden será necesario tramitar los contratos complementarios que se requieran, siempre que éstos no excedan del ocho por ciento (8%) del valor del contrato principal.

 

La suma total de los contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencia en cantidades a los que se refiere este capítulo, para el caso de obras, en ningún caso excederá del quince por ciento (15%) del valor del contrato principal.

 

El valor de los contratos complementarios de consultoría no podrá exceder del quince por ciento (15%) del valor del contrato principal.

 

El contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con esta Ley.

 

En los contratos complementarios a los que se refieren los dos artículos precedentes constarán la correspondiente fórmula o fórmulas de reajuste de precios, de ser el caso.

 

En los contratos complementarios se podrá contemplar el pago de anticipos en la misma proporción prevista en el contrato original.

 

No procede la celebración de contratos complementarios para los de adquisiciones de bienes sujetos a esta Ley.

 

En todos los casos, en forma previa a la suscripción de los contratos complementarios, se requerirá contar con la certificación presupuestaria correspondiente.?

 

Solo en casos excepcionales y previo informe favorable del Contralor General del Estado, la suma total de los contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencia en cantidades a los que se refiere este capítulo, para el caso de obras, así como el valor de los contratos complementarios de consultoría, podrán alcanzar hasta el treinta y cinco por ciento (35%) del valor del contrato principal. La Contraloría General del Estado tendrá el término de treinta (30) días para emitir su informe, caso contrario se considerará favorable. El Reglamento a esta Ley establecerá la documentación que se deberá adjuntar a la solicitud.

 

En el caso de no existir informe favorable o que el monto de contratos complementarios, órdenes de trabajo o diferencias de obra superen los porcentajes permitidos, la máxima autoridad deberá dar por terminado el contrato, iniciar un nuevo proceso de contratación previo los estudios del caso y emprender las acciones contempladas en esta Ley para el consultor o los funcionarios de la institución responsables de los estudios precontractuales.?.

 

Artículo 9. Sustituir el Artículo 88 por el siguiente:

 

?Artículo 88.- Diferencia en cantidades de obra. Si al ejecutarse la obra de acuerdo con los planos y especificaciones del contrato se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato, la entidad podrá ordenar y pagar directamente sin necesidad de contrato complementario, hasta el cinco por ciento (5%) del valor del contrato principal, siempre que no se modifique el objeto contractual. A este efecto, bastará dejar constancia del cambio en un documento suscrito por las partes.?

 

 

Artículo 10. Sustituir el Artículo 89 por el siguiente:

 

?Artículo 89.- Órdenes de trabajo. La Entidad Contratante podrá disponer, durante la ejecución de la obra, hasta del dos por ciento (2%) del valor del contrato principal, para la realización de rubros nuevos, mediante órdenes de trabajo y empleando la modalidad de costo más porcentaje. En todo caso, los recursos deberán estar presupuestados de conformidad con la presente Ley.

 

Las órdenes de trabajo contendrán las firmas de las partes y de la fiscalización.?

 

Artículo 11. Sustituir el Artículo 100 por el siguiente:

 

?Artículo 100.- Responsabilidad de los Consultores. Los consultores nacionales y extranjeros son legal y económicamente responsables de la validez científica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de información básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico existente a la época de su elaboración. Esta responsabilidad prescribe en el plazo de cinco años, contados a partir de la recepción definitiva de los estudios.

 

Si por causa de los estudios elaborados por los consultores, ocurrieren perjuicios técnicos o económicos en la ejecución de los contratos, establecidos por la vía judicial o arbitral, la máxima autoridad de la Entidad Contratante dispondrá que el consultor sea suspendido del RUP por el plazo de cinco (5) años, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables.

 

En el caso de ejecución de obra, asimismo serán suspendidos del RUP por el plazo de cinco (5) años, sin perjuicio de su responsabilidad civil, los consultores que elaboraron los estudios definitivos y actualizados si es que el precio de implementación de los mismos sufriere una variación superior al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del contrato de obra, por causas imputables a los estudios. Para la comparación se considerará el presupuesto referencial y los rubros a ejecutar según el estudio, frente al precio final de la obra sin reajuste de precio.

 

En el caso que los estudios para la ejecución de obra fueran elaborados por servidores de la misma institución pública si es que el precio de implementación de los mismos sufriere una variación superior al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del contrato de obra, por causas imputables a los estudios, serán sancionado con la destitución sin derecho a indemnización, previo el sumario administrativo respectivo, sin perjuicio de su responsabilidad civil.?

 

Artículo 12. Sustituir el literal c. del Artículo 106 por el siguiente texto:

 

?c. Proporcionar información falsa o realizar una declaración errónea dentro de un procedimiento de contratación, inclusive, respecto de su calidad de productor nacional.?

 

Artículo 13. Sustituir la Disposición General Séptima por la siguiente:

 

?SÉPTIMA.- En cualquiera de las modalidades de contratación previstas en esta Ley, las empresas oferentes, al momento de presentar su oferta, deberán demostrar el origen lícito de sus recursos y presentar la nómina de sus socios o accionistas para verificar que los mismos no estén inhabilitados para participar en procedimientos de contratación pública.

 

El ente rector del Sistema Nacional de Contratación Pública podrá requerir en cualquier tiempo información que identifique a los socios, accionistas o miembros de las personas jurídicas nacionales o extranjeras que, a su vez, sean socios, accionistas o miembros de la empresa oferente, y así sucesivamente hasta identificar la última persona natural.?

 

Artículo 14. Añadir la siguiente disposición general:

 

?NOVENA.- Contribución Especial de Mejoras.- Las entidades que conforman la Administración Pública Central e Institucional también podrán cobrar la contribución especial de mejoras por la ejecución de obras públicas realizadas por estas.

 

Esta contribución se genera por la revalorización del respectivo predio, conforme lo establecido en este artículo y su pago será exigible desde que concluya la respectiva obra.

 

Los propietarios de los predios beneficiados con la revalorización, serán los obligados al pago de la misma.

 

Para efectos de la determinación de la cuantía de la contribución, las respectivas entidades que ejecuten la obra solicitarán el correspondiente informe de la dependencia de avalúos y catastros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano del lugar en el que se ejecutó la obra, sobre los predios incluidos en la zona de beneficio o influencia de la misma, así como la revalorización generada en cada uno. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano tendrá el plazo de un mes para entregar esa información.

 

Para determinar la revalorización de los predios por obras públicas del Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos aplicarán la metodología que emita el órgano rector del catastro nacional georreferenciado.

 

En aquellos casos en los que el Gobierno Autónomo

 

Descentralizado Municipal o Metropolitano no posea la capacidad técnica para realizar el informe previsto anteriormente, incumpla el plazo de entrega establecido o, si realizado, a criterio del organismo rector del catastro nacional, no se adecue a la normativa técnica aplicable, será el órgano rector del catastro nacional georreferenciado quien determine la zona de influencia de la obra, así como la revalorización de los inmuebles que estén ubicados en la misma.

 

La entidad que ejecute la obra, con base a la información señalada en los incisos precedentes, emitirá el acto administrativo en el cual se establezcan los predios beneficiados, los sujetos obligados, así como el monto de la contribución y el plazo en el cual esta deberá ser cancelada, individualizando cada predio.

 

Dicha resolución se notificará a los propietarios de los predios y al Registrador de la Propiedad respectivo, en el plazo de tres días de expedida. El Registrador de la Propiedad deberá marginar dicha resolución en los registros de los predios beneficiarios. Esta resolución se hará constar en los respectivos certificados de gravámenes.

 

La base del pago de la contribución especial de mejoras será el costo de la obra respectiva, prorrateado entre las propiedades beneficiadas y no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) de la revalorización experimentada por el inmueble entre la época inmediatamente anterior a la obra y la época posterior.

 

La entidad que ejecuta la obra podrá disminuir la cuantía de la contribución o exonerar el pago de la misma, en consideración de la situación social y económica de los sujetos pasivos, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento a esta Ley.

 

Esta contribución será pagada hasta en un plazo de diez años, en cuotas anuales, sin intereses. Sin perjuicio de ello, será exigible antes del plazo señalado, únicamente cuando haya transferencia de dominio, a cualquier título, del bien inmueble respecto del cual se generó el pago de la contribución. En el caso que en el certificado de gravámenes conste que se adeuda la contribución especial de mejoras, el notario exigirá previo a la celebración de la escritura pública respectiva, la demostración del pago antes indicado.

 

Cuando esta obligación se encuentre firme y ejecutoriada, la misma podrá ser recaudada a través del Servicio de Rentas Internas, institución que establecerá los mecanismos operativos necesarios para el pago voluntario de la contribución, sea este en cuotas o pago total, según corresponda.

 

Sin perjuicio de lo señalado, cuando los pagos no sean cancelados oportunamente y la entidad que ejecuta la obra no tenga jurisdicción coactiva, remitirá el acto administrativo firme y ejecutoriado -el cual llevará implícita la orden de cobro- al Servicio de Rentas Internas, quien sin necesidad de la emisión de título de crédito alguno, podrá ejercer la facultad de cobro, conforme el procedimiento establecido en la ley que regula la facultad coactiva en materia tributaria, incluidas las disposiciones del mismo respecto del cobro de intereses sobre valores impagos. Los recursos recaudados se destinarán a la Cuenta Única del Tesoro y formarán parte del Presupuesto General del Estado.?

 

Capítulo II

 

Reformas al Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización

 

Artículo 15. En el Artículo 447 realizar las siguientes reformas:

 

1. Sustituir los dos últimos incisos por el siguiente:

 

?Para la determinación del justo precio, el procedimiento y demás aspectos relativos a la expropiación se aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.?

 

Artículo 16. Derogar los artículos 448, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 459 y 487.

 

Artículo 17. Sustituir el último inciso del Artículo 488 por el siguiente:

 

?En los casos en que dicha ocupación afecte o desmejore las construcciones existentes, el propietario deberá ser indemnizado considerando el valor de la propiedad determinado en la forma prevista en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para el caso de expropiaciones.?

 

 

Artículo 18. Agregar como inciso final del Artículo 495 el siguiente:

 

?Los avalúos municipales o metropolitanos se determinarán de conformidad con la metodología que dicte el órgano rector del catastro nacional georreferenciado, en base a los dispuesto en este artículo.?

 

 

Artículo 19. Agregar en el inciso 1 del Artículo 569 a continuación del texto: ?cualquier obra pública? lo siguiente ?municipal o metropolitana?; y eliminar la palabra ?urbanas?.

 

 

Capítulo III

 

Reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero

 

Artículo 20. Añadir en el primer inciso del Artículo 149, Libro I, luego de la frase ?obligaciones crediticias? lo siguiente: ?u obligaciones y garantías destinadas a asegurar el cumplimiento de contratos amparados por la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública?; y luego de la frase ?sistema financiero nacional? la frase: ?o contratos como proveedores del Estado?.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 

ÚNICA.- Derogar las normas del Código de Procedimiento Civil sobre procedimientos de expropiación, que se mantuvieron vigentes por mandato de la Disposición Transitoria Segunda del Código Orgánico General de Procesos.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

 

ÚNICA.- Dentro del plazo de noventa (90) días el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda expedirá la metodología para el cálculo del avalúo catastral de los bienes inmuebles, el cálculo del justo precio en caso de expropiaciones y de la contribución especial de mejoras por obras públicas del Gobierno Central.

 

DISPOSICIÓN FINAL. Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado y suscrito en la Sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los trece días del mes de marzo de dos mil diecisiete.

 

f.) GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO

Presidenta

 

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ

Secretaria General

 

No. 1338

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población tiene derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay;

 

Que el artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos cuando exista certidumbre de daño; y, que en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción, u omisión aunque no exista evidencia científica de daño, el Estado adoptará medidas protectoras y oportunas;

 

Que el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador señala que es obligación del Estado proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad;

 

Que de conformidad con el artículo 389 de la Constitución de la

 

República del Ecuador, el Estado ejercerá la rectoría del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo a través del organismo técnico establecido en la ley;

 

Que la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece a la Secretaria de Gestión de Riesgos como órgano rector del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo;

 

Que de conformidad con la ley de la materia son funciones del organismo técnico, entre otras, articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre: y, realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional;

 

Que el día de 16 de abril de 2016 se presentaron eventos telúricos ubicados entre las provincias de Esmeraldas y Manabí, en fechas posteriores hubo réplicas de aquellos;

 

Que en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, Santa Elena y Guayas, se produjeron efectos más adversos de los eventos telúricos y sus réplicas; por ello fue necesario declarar el estado de excepción en dichas provincias; mediante decreto ejecutivo No. 1001 de 17 de abril de 2016.

 

Que siendo entendible la intención de los afectados por reanudar su propósito de vida, ellos pretenden retornar a sus hogares situados en inmuebles que precisamente constituyen un riesgo para su vida o integridad física, en las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016 y sus réplicas, por lo que es necesario tomar medidas para prevenir esos actos;

 

Que el Ministro de Coordinación de Seguridad mediante oficio No. MICS-MICS-2017-0127 de 8 de marzo de 2017, solicitó la renovación del estado de excepción; indicó que a pesar del gran esfuerzo nacional todavía quedan 4201 personas que permanecen en los albergues oficiales implementados y requieren atención por parte del Gobierno Central, además de continuar con los procesos de demolición de edificaciones destruidas o inhabitadas y remoción de escombros para garantizar la seguridad de esas zonas. Expuso que la presencia de una cruda etapa invernal que ha complejizado aún más la situación.

 

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 164, 165 y 166 de la Constitución de la República: y, 29 y 36 y siguientes de la Ley de Seguridad Pública y del Estado,

 

Decreta:

 

Artículo 1.- RENOVAR el estado de excepción en las provincias de: Manabí y Esmeraldas, por los efectos adversos del desastre natural de 16 de abril de 2016 y sus réplicas.

 

Artículo 2.- DISPONER LA MOVILIZACIÓN en todo el territorio nacional hacia las provincias de: Manabí y Esmeraldas, de tal

manera que todas las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias afectadas deberán coordinar esfuerzos con el fin de ejecutar las acciones necesarias e indispensables para mitigar y prevenir los riesgos, así como enfrentar, recuperar y mejorar las condiciones adversas, que provocaron los eventos telúricos del día 16 de abril de 2016 y sus réplicas;

 

Artículo 3.- SUSPENDER el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio y de libre tránsito de los afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 y sus réplicas, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, por cuanto algunos ciudadanos pretenden retornar a sus hogares situados en inmuebles que precisamente constituyen un riesgo para su vida o integridad física. El Ministerio de Coordinación de Seguridad determinará la forma de aplicar esta medida para conseguir la finalidad señalada.

 

Artículo 4.- DISPONER las requisiciones a las que haya lugar para solventar la emergencia producida.

 

Las requisiciones se harán en casos de extrema necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable para esta situación.

 

Artículo 5.- El Ministerio de Finanzas situará los recursos suficientes para atender la situación de excepción.

 

Artículo 6.- Esta renovación del estado de excepción regirá durante treinta días a partir de la suscripción de este decreto ejecutivo. El ámbito territorial de aplicación es en las provincias indicadas.

 

Artículo 7.- Notifíquese de esta renovación de la declaratoria de estado de excepción a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional.

 

Artículo 8.- Notifíquese de la suspensión del ejercicio del derecho a la inviolabilidad y de libre tránsito de los afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 y sus réplicas que pretenden retornar a sus hogares situados en inmuebles en riesgo, en las provincias de Manabí y Esmeraldas a la Organización de Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos.

 

Artículo 9.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo que entrará en vigencia desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguense los ministros de: Coordinación de Seguridad, del Interior, de Defensa, de Finanzas, de Salud, de Inclusión Económica y Social; y la Secretaría de Gestión de Riesgos.

 

Dado en Quito a 12 de marzo de 2017.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito, 14 de marzo del 2017, certifico que el que antecede es fi el copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dr. Alexis Mera Giler

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR.

 

 

No. 1339

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1268 de 7 de diciembre del 2016, se designó a los gobernadores de diversas provincias, siendo nombrado como Gobernador de El Carchi el Ing. Juan Carlos Jaramillo Obando;

 

Que, el Gobernador de la provincia de El Carchi, señor Ing. Juan Carlos Jaramillo Obando, ha presentado su renuncia a dicho puesto, habiendo sido aceptada la misma; y,

 

Que, es necesario designar al nuevo gobernador de dicha provincia.

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el número 9 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador y la letra d) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva

 

 

Decreta:

 

Artículo Único.- Nombrar como Gobernador de la Provincia de El Carchi al Econ. Diego Landázuri Camacho.

 

El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito a 13 de marzo de 2017.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito, 14 de marzo del 2017, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dr. Alexis Mera Giler

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR.

 

No. 1340

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCION

 

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