Registro Oficial No.967-Martes 21 de marzo de 2017 Suplemento

Martes, 21 de marzo de 2017

Última modificación: Lunes, 22 de mayo de 2017 | 16:57

 

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado                

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

 Martes, 21 de Marzo de 2017 (R. O. SP 967, 21-marzo-2017)

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

Presidencia de la República del Ecuador:

 

Ejecutivo Decretos:

               

1333 Cesar las funciones de Comandante General de la Fuerza Terrestre, al señor General de División, Luis Miguel Ángel Castro Ayala

 

1334 Cesar las funciones de Comandante General de la Fuerza Terrestre, al señor General de División, Carlos Egüez Espinosa

 

1335 Acéptese la renuncia del ingeniero Xavier Rigoberto Vásquez Guerrero al cargo de Gobernador de la Provincia de Tungurahua

 

1336 Desígnese representante titular del Ejecutivo ante el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades al señor Rodrigo Collaguazo Pilco

 

1337 Acéptese la renuncia del ingeniero Michel Andrés Doumet Chedraui y otro

 

               

Consejo de la Judicatura:

 

Judicial y Justicia Indígena:

Resoluciones       

022-2017

Refórmese la Resolución 032-2015 de 2 de marzo de 2015

               

028-2017

 

Refórmese la Resolución 010-2015 de 29 de enero de 2015

               

Corte Constitucional: Sala de Admisión:

 

Causas  

0049-16-IN

Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos. Legitimado activo: Wilson Enrique Torres Espinosa

 

0085-16-IN Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos. Legitimado activo: Marco Antonio López Pozo

               

Causas  

0103-16-IN

Acción pública de inconstitucionalidad de Actos Normativos. Legitimado activo: Mario Eduardo Crespo Rubio

 

0113-16-IN Acción pública de inconstitucionalidad de Actos Normativos. Legitimado activo: Adriano Ludovico Montenegro Gómez

 

0006-17-IN Acción pública de inconstitucionalidad. Legitimados activos: Farith Simon, Co- Director de la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito y otros

 

0011-17-IN Acción pública de inconstitucionalidad. Legitimados activos: María Cristina Gomezjurado Jaramillo y otros

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanzas Municipales:

 

Ordenanzas         

-Cantón Palenque: Que regula el servicio de transporte terrestre, comercial, alternativo?excepcional de tricimotos

               

48 Cantón Pastaza: Que reforma a la Ordenanza sustitutiva que reglamenta la conservación y ocupación del espacio y de la vía pública en la ciudad de Puyo, publicada en el Registro Oficial 345 de 23 de diciembre de 1999

 

                              

 

CONTENIDO


 

No. 1333

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el artículo 147 numero 16 de la Constitución de la República establece la facultad del Presidente de la República para designar a los integrantes del alto mando militar;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo número 910 de 5 de febrero de 2016, se designó como comandante General de la Fuerza Terrestre, al señor General de División, Luis Miguel Angel Castro Ayala;

 

Que el numeral h) del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional establece que los Comandantes Generales de Fuerza, podrán cesar en sus funciones por decisión del Presidente de la República; Visto el Oficio No. MDN-MDN-0003-2017-S, de 3 de marzo de 2017; y En ejercicio de las atribuciones conferidas en el número 16 del artículo 147 de la Constitución de la República y el artículo 31 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional,

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Cesar en el ejercicio de sus funciones de Comandante General de la Fuerza Terrestre, al señor General de División, Luis Miguel Ángel Castro Ayala, a quien se le agradece los valiosos y extraordinarios servicios prestados a la Patria.

 

Artículo 2.- Designar como Comandante General de la Fuerza

Terrestre, al señor General de División, Carlos Egüez Espinosa.

 

Artículo Final.- Este Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en Guayaquil, a marzo 5 del 2017.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito, 8 de marzo del 2017, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dr. Alexis Mera Giler

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR

 

No. 1334

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el artículo 147 número 16 de la Constitución de la República establece la facultad del Presidente de la República para designar a los integrantes del alto mando militar;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo número 1333 de 5 de marzo de 2017, se designó como comandante General de la Fuerza

Terrestre, al señor General de División, Carlos Egüez Espinosa;

 

Que el literal h) del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional establece que los Comandantes Generales de Fuerza, podrán cesar en sus funciones por decisión del Presidente de la República; Visto el Oficio No. MDN-MDN-0004-2017-S, de 6 de marzo de 2017; y

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el número 16 del artículo 147 de la Constitución de la República y el artículo 31 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional,

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Cesar en el ejercicio de sus funciones de Comandante General de la Fuerza Terrestre, al señor General de División, Carlos Egüez Espinosa, a quien se le agradece los servicios prestados al Estado Ecuatoriano.

 

Artículo 2.- Designar como Comandante General de la Fuerza Terrestre, al señor General de División, Edison Narváez Rosero.

 

Artículo Final.- Este Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en Guayaquil, a marzo 6 del 2017.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito, 8 de marzo del 2017, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dr. Alexis Mera Giler

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

 

No. 1335

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que mediante Decreto Ejecutivo número 1268, de diciembre 7 del 2016, se nombró como Gobernador de la provincia de Tungurahua al ingeniero Xavier Rigoberto Vásquez Guerrero;

 

Que el ingeniero Xavier Rigoberto Vásquez Guerrero ha renunciado a su cargo como Gobernador de la Provincia de Tungurahua;

 

Que es necesario nombrar al nuevo titular de la Gobernación de Tungurahua; y,

 

En ejercicio de la atribución que le confiere el número 9 del artículo 147 de la Constitución de la República y la letra d) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada señor el Ingeniero Xavier Rigoberto Vásquez Guerrero a su cargo como Gobernador de la provincia de Tungurahua.

 

Artículo 2.- Nombrar al licenciado Juan DeHowitt Holguín como nuevo Gobernador de la provincia de Tungurahua.

 

El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en Guayaquil, a 6 de marzo de 2017.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito, 8 de marzo del 2017, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dr. Alexis Mera Giler

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

No. 1336

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y Laico;

 

Que el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, así como que ninguna persona podrá ser discriminada, entre otros motivos, por razones de etnia, edad, sexo, identidad de género, condición migratoria, estado de salud o discapacidad; además de que el Estado debe adoptar medidas de acción afirmativa para promover la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad;

 

Que el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado ecuatoriano reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas sus derechos colectivos, sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres;

 

Que el numeral 4 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación;

 

Que el artículo 156 de la Constitución de la República del Ecuador indica que los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Carta Fundamental y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, los cuales ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas generacionales, interculturales y de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley; y que, para el cumplimiento de sus fines, coordinarán con las entidades rectoras u ejecutoras y como los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno;

 

Que el artículo 157 de la Constitución de la República del Ecuador indica que los consejos nacionales para la igualdad estarán integrados de manera paritaria por representantes de las diversas funciones del Estado y por representantes de la sociedad civil y serán presididos por quien represente a la Función Ejecutiva;

 

Que el artículo 6 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, instituye, entre otros, el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionales;

 

Que el artículo 7 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad recoge la disposición del artículo 157 de la Carta Fundamental, en concordancia con lo cual el artículo 2 y la letra 2 y la letra a) del artículo 4 del Reglamento General a la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, determinando que estos estarán presididos por el representante que la o el Presidente de la República designe para el efecto;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo 967, publicado en el Registro Oficial número 740 del 25 de abril del 2016, se designó al señor Rodrigo Collaguazo Pilco como representante titular del Ejecutivo ante el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades;

 

Que el señor Rodrigo Collaguazo Pilco, renunció en forma irrevocable a su cargo; y, Que es necesario designar el representante titular del Presidente Constitucional de la República ante el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades,

 

En ejercicio de las facultades previstas en el numeral 9 del artículo 147 de la Constitución del República del Ecuador.

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Designar nuevamente como representante titular del Ejecutivo ante el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades al señor Rodrigo Collaguazo Pilco.

 

El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el registro oficial.

 

Dado en Guayaquil, a 6 de marzo de 2017.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. Quito, 8 de marzo del 2017, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dr. Alexis Mera Giler SECRETARIO GENERAL

JURÍDICO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

No. 1337

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que mediante Decreto Ejecutivo número 1104, publicado en el Registro Oficial número 825 del 24 de agosto del 2016, se designaron como delegados del Presidente Constitucional de la República ante el directorio de la Comisión de Tránsito del Ecuador y el directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, al ingeniero Michel Andrés Doumet Chedraui y al magister Juan Francisco Andrade Quintero, respectivamente;

 

Que el ingeniero Michel Andrés Doumet Chedraui y el magister Juan Francisco Andrade Quintero han renunciado a sus cargos;

 

Que es necesario nombrar a los nuevos delegados del Ejecutivo en los cargos que han quedado vacantes; y,

 

En ejercicio de la atribución que le confiere en número 9 del artículo 147 de la Constitución de la República y la letra d) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Aceptar las renuncias presentadas por el ingeniero Michel Andrés Doumet Chedraui y el magister Juan Francisco Andrade Quintero a sus respectivos cargos, agradeciéndoles por los valiosos y leales servicios prestados a la República de Ecuador.

 

 

Artículo 2.- Nombrar al ingeniero Álex Pérez Cajilema como nuevo delegado del Presidente Constitucional de la República ante el directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

 

Artículo 3.- Nombrar al ingeniero Gustavo Hinostroza López como nuevo delegado del Presidente Constitucional de la República ante el directorio de la Comisión de Tránsito del Ecuador.

 

En presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en Guayaquil, a 6 de marzo de 2017.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito, 8 de marzo del 2017, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dr. Alexis Mera Giler

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

No. 022-2017

 

EL PLENO DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: ?El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial??;

 

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: ?Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.?;

 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, determinan: ?Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial?; y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: ?? los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios??;

 

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe: ?La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado??;

 

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: ?La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario??;

 

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiesta: ?Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los grados.?;

 

Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial, indica: ?La competencia de las juezas y jueces, de las cortes provinciales y demás tribunales, en razón del territorio, será determinada por el Consejo de la Judicatura, previo informe técnico de la Unidad de Recursos Humanos. Será revisada por lo menos cada cuatro años.?;

 

Que, el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: ?En atención a las necesidades del servicio de administración de justicia, el Consejo de la Judicatura podrá disponer que a una misma unidad judicial se asignen dos o más jueces de la misma o distinta materia. Las servidoras y servidores que integran la unidad judicial prestarán su contingente por igual a todas las juezas y todos los jueces asignados a dicha unidad.?;

 

Que, el artículo 208 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: ?COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LAS CORTES PROVINCIALES.- (?)?;

 

Que, los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiestan que de acuerdo a las necesidades del servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?a) Crear, modificar o suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente; y, b) Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo y tributarios juezas y jueces de primer nivel...?;

 

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?10. Expedir, (?) resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 4 de febrero de 2004, mediante resolución publicada en el Registro Oficial No. 274 de 16 de febrero de 2004, resolvió: ?Artículo 1.- Integrar las salas especializadas en los distritos judiciales que cuentan con dos o más salas de Corte Superior (?)?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión 2 de marzo de 2015, mediante Resolución 032-2015, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 462 de 19 de marzo de 2015, resolvió: crear la Sala de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Loja; cambiar la denominación de la Sala Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales; y, Modificar la competencia en razón de la materia de las juezas y jueces que integran la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Loja;

 

Que, mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2017-23, de 20 de enero de 2017, suscrito por la abogada Connie Frías Mendoza, Directora Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, remite a la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e) el: ?Análisis Plan de Cobertura provincia de Loja??;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2017-545, de 9 de febrero de 2017, suscrito por la doctora Alexandra Muñoz, Directora General (s), quien remite los Memorandos CJ-DNJSNA- 2017-76, de 26 de enero de 2017, suscrito por la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e); y, CJ-DNP-2017-247, de 6 de febrero de 2017, suscrito por la economista Glenda Calvas Chávez, Directora Nacional de Planificación, que contienen el proyecto de resolución y el informe de factibilidad técnica respectivamente, para reformar la Resolución 032-2015 de 2 de marzo de 2015; y,

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

 

RESUELVE:

 

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 032-2015 DE 2 DE

MARZO DE 2015, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ:

?CREAR LA SALA DE FAMILIA, MUJER,

NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES

INFRACTORES DE LA CORTE PROVINCIAL DE

LOJA; CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DE LA SALA

CIVIL, MERCANTIL, INQUILINATO Y MATERIAS

RESIDUALES; Y, MODIFICAR LA COMPETENCIA

EN RAZÓN DE LA MATERIA DE LAS JUEZAS Y

JUECES QUE INTEGRAN LA SALA DE LO CIVIL Y

MERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA?

 

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 8, por el siguiente texto:

 

?Artículo 8.- Los jueces que integran la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Loja, serán competentes para conocer y resolver los asuntos en materia civil y mercantil, inquilinato y relaciones vecinales, laboral, familia, mujer, niñez y adolescencia, y adolescentes infractores acorde a lo dispuesto en el artículo 208 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, materia constitucional, conforme las disposiciones comunes de garantías jurisdiccionales previstas en el Título III de la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.?

 

Artículo 2.- Agréguese a continuación del artículo 8, los siguientes artículos:

 

?Artículo 9.- Suprimir la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Loja.

 

Artículo 10.- Las causas que se encuentran en conocimiento de los jueces que integran la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Loja, suprimida mediante esta resolución, seguirán siendo conocidas y resueltas por estos mismos jueces con las mismas competencias en razón del territorio y materia, quienes pasaran a integrar la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Loja.

 

Artículo 11.- Los servidores judiciales que prestan sus servicios en la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Loja, suprimida mediante esta resolución, pasarán a formar parte de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Loja debiendo sujetarse a las disposiciones administrativas que emitan la Dirección Provincial de Loja y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.?

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 

ÚNICA.- Deróguese los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución 032-2015, de 2 de marzo de 2015, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 462 de 19 de marzo de 2015.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General; Dirección Nacional de Planificación; Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC´s; Dirección Nacional de Talento Humano; Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; Dirección Nacional de Gestión Procesal; y, la Dirección Provincial de Loja del Consejo de la Judicatura.

 

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia siete días después de su publicación en el registro oficial.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el trece de febrero de dos mil diecisiete.

 

 

f.) Gustavo Jalkh Röben, Presidente.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el trece de febrero de dos mil diecisiete.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

No. 028-2017

 

EL PLENO DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: ?El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial??;

 

Que, el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: ?La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia.?;

 

Que, el artículo 200 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: ?Las notarias y notarios son depositarios de la fe pública; serán nombrados por el Consejo de la Judicatura previo concurso público de oposición y méritos, sometido a impugnación y control social??;

 

Que, el literal a) del numeral 9 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial establece como una de las facultades del Pleno del Consejo de la Judicatura: ?9. Fijar y actualizar: a) las tasas notariales que serán pagadas por los usuarios de los servicios notariales??;

 

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?10. Expedir, (?) resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, el artículo 303 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé como atribución del Consejo de la Judicatura: ?Establecer, modificar o suprimir, mediante resolución las tasas por servicio notarial, fijar sus tarifas y regular sus cobros (?) que serán pagados por los usuarios del servicio??;

 

Que, el inciso primero del artículo 304 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina que le corresponde exclusivamente a la notaria o notario: ?Asumir los costos de la administración general de su despacho, su propia remuneración y el cumplimiento de las obligaciones laborales de su personal, por medio de la recaudación directa que por concepto de tasas realiza...?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 29 de enero de 2015, mediante Resolución 010-2015, publicada en el Registro Oficial No. 442, de 21 de febrero de 2015, resolvió: ?EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA NOTARIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 2 de marzo de 2015, mediante Resolución 034-2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 459 de 16 de marzo de 2015, resolvió: ?REFORMAR LA RESOLUCIÓN 010-2015 DE 29 DE ENERO DE 2015, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL No. 442 DE 21 DE FEBRERO DE 2015, MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESUELVE: ?EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA NOTARIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 25 de mayo de 2015, mediante Resolución 143-2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 536 de 3 de julio de 2015, resolvió: ?REFORMAR LA RESOLUCIÓN 010-2015 DE 29 DE ENERO DE 2015, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: ?EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA NOTARIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 17 de junio de 2015, mediante Resolución 176-2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 546 de 17 de julio de 2015, resolvió: ?REFORMAR LA RESOLUCIÓN 010-2015 DE 29 DE ENERO DE 2015, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: ?EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA NOTARIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 4 de noviembre de 2015, mediante Resolución 353-2015, publicada en Edición Especial del Registro Oficial No. 399 de 23 de noviembre de 2015, resolvió: ?REFORMAR LA RESOLUCIÓN 010-2015 DE 29 DE ENERO DE 2015, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: ?EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA NOTARIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 2 de mayo de 2016, mediante Resolución 078-2016, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 756 de 17 de mayo de 2016, resolvió: ?REFORMAR LA RESOLUCIÓN 010-2015, DE 29 DE ENERO DE 2015, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: ?EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA NOTARIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 28 de julio de 2016, mediante Resolución 125-2016, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 813 de 5 de agosto de 2016, resolvió: ?REFORMAR LAS RESOLUCIONES: 010-2015, DE 29 DE ENERO DE 2015; Y 078-2016, DE 2 DE MAYO DE 2016?;

 

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión de 10 de enero de 2017, mediante Resolución 004-2017, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 935, de 1 de febrero de 2017, resolvió: ?REFORMAR LA RESOLUCIÓN 010-2015 DE 29 DE ENERO DE 2015, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: ?EXPEDIR EL

 

REGLAMENTO DEL SISTEMA NOTARIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL?;

 

Que, es necesario actualizar la base normativa secundaria respecto del Sistema Notarial Integral de la Función Judicial en función de la Ley Reformatoria de la Ley Notarial, publicada en el Sexto Suplemento del Registro Oficial No. 913 de 30 de diciembre de 2016;

 

Que, mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2017-118 de 24 de febrero de 2017, suscrito por la abogada Connie Frías Mendoza, Directora Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, pone en conocimiento de la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), el: ?Proyecto de Reforma Resolución 010-2015?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2017-795, de 1 de marzo de 2017, suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2017-194, de 24 de febrero de 2017, suscrito por la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), que contiene el proyecto de resolución para reformar la Resolución 010-2015 de 29 de enero de 2015, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió expedir el Reglamento del Sistema Notarial Integral de la Función Judicial; y,

 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,

 

 

RESUELVE:

 

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 010-2015 DE 29 DE

ENERO DE 2015, MEDIANTE LA CUAL EL PLENO

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ:

?EXPEDIR EL REGLAMENTO DEL SISTEMA

NOTARIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL?

 

Artículo 1.- Sustitúyase en la tabla del artículo 48 y su anexo pertinente, los siguientes actos:

 

?Declaraciones Juramentadas?; y, ?Protocolización de documentos públicos o privados? por los siguientes textos:

 


 

 

?ACTOS, CONTRATOS Y DILIGENCIAS NOTARIALES

TARIFA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

 

 

 

 

 

 

 

Declaraciones Juramentadas

Por declaraciones juramentadas de personas naturales, se fi ja como tarifa el valor equivalente al cinco por ciento (5,00%) de un Salario Básico Unificado; y, cuando se trate del representante legal de una persona jurídica, será del doce por ciento (12%) de un Salario Básico Unificado.

 

Por la declaración juramentada para los tramites de adjudicación o venta directa realizados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda establecida en la Disposición General Tercera de la ?Ley de Legalización de la tenencia de tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y el Triunfo? se fija la tarifa de cinco dólares (USD $ 5,00).

 

 

 

 

 

 

 

Protocolización de documentos

públicos o privados

En la protocolización de documentos públicos y privados que se realicen por disposición de la ley, por orden judicial o a solicitud de parte, se fija la tarifa del tres por ciento (3%) de un Salario Básico Unificado, por cada foja del documento que se protocolice.

 

Por la protocolización de planos, se fija la tarifa de cuatro por ciento (4%) de un Salario Básico Unificado.

 

Por la protocolización de la resolución de adjudicación realizada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda establecida en la ?Ley de Legalización de la tenencia de tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y el Triunfo? se fija la tarifa de cinco dólares (USD $ 5,00) sin perjuicio del número de fojas.?

 


 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC´s, la Dirección Nacional Financiera y las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura.

 

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir del trece de marzo de dos mil diecisiete, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el ocho de marzo de dos mil diecisiete.

 

f.) Gustavo Jalkh Röben, Presidente.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó esta resolución el ocho de marzo de dos mil diecisiete.

 

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

 

SALA DE ADMISIÓN

RESUMEN CAUSA No. 0049-16-IN

 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Admisión, mediante auto de 02 de marzo del 2017, a las 13h18 y de conformidad con lo establecido en el artículo 80, numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se pone en conocimiento del público lo siguiente:

 

CAUSA: Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos.

 

LEGITIMADO ACTIVO: Wilson Enrique Torres Espinosa. CASILLA JUDICIAL: 6112.

 

CORREOS ELECTRÓNICOS: [email protected]; [email protected];

 

LEGITIMADOS PASIVOS: presidente del Consejo Directivo y director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS; y, procurador general del Estado.

 

NORMAS CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS:

 

Artículos: 3 numeral 1; 11 numerales 3 y 4; 34; 66 numeral 2; 82; 326 numeral 2; 371; y, 372 de la Constitución de la República.

 

PRETENSIÓN JURÍDICA:

 

Solicita: ?se declare la inconstitucionalidad por el fondo y forma de la primera disposición general de la RESOLUCIÓN No. C.D. 300, expedida por el CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL; así como lo estipulado en el Art. 40 ibídem, y que una vez comprobada la violación constitucional alegada en la demanda, sea anulado el acto reclamado y se reponga al actor en el goce de la garantía o derecho violado?.

 

De conformidad con lo dispuesto por la Sala de Admisión, publíquese este resumen de la demanda en el Registro Oficial y en el Portal Electrónico de la Corte Constitucional.

 

LO CERTIFICO.- Quito D.M., 09 de marzo del 2017, a las 12h05.

 

f.) Jaime Pozo Chamorro, Secretario General.

 

SALA DE ADMISIÓN

RESUMEN CAUSA No. 0085-16-IN

 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Admisión, mediante auto de 02 de marzo del 2017, a las 13h57 y de conformidad con lo establecido en el artículo 80, numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se pone en conocimiento del público lo siguiente:

CAUSA: Acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos.

 

LEGITIMADO ACTIVO: Marco Antonio López Pozo.

 

CASILLA CONSTITUCIONAL: 1061.

 

CORREO ELECTRÓNICO: [email protected];

 

LEGITIMADOS PASIVOS: alcaldesa y procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón San Francisco de Orellana; y, procurador general del Estado.

 

NORMAS CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS:

 

Artículos: 1; 3 numerales 1 y 3; 6; 11 numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; 33; 66; 76 numeral 3; 82; 84; 120 numeral 6; 226, 230 numeral 3; 238; 239; 260; 277; 325; 326 numerales 2, 3, 4 y 11; 424; 425; 426; 429 y 436 de la Constitución de la República.

 

PRETENSIÓN JURÍDICA:

 

Solicita se declare la inconstitucionalidad total o parcial, según se precisa en la demanda, de las palabras, frases, artículos y disposiciones contenidas en los artículos 1; 2; 5; 15; 20 numerales 1, 3, 4 y 6; 21; 24 literales a) y b); 25; 26 literales g) y h); 27; 28; 29; 30; 31; 32 literal a); 33 y 37 de la Ordenanza que regula la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios en el cantón Francisco de Orellana.

 

De conformidad con lo dispuesto por la Sala de Admisión, publíquese este resumen de la demanda en el Registro Oficial y en el Portal Electrónico de la Corte Constitucional.

 

LO CERTIFICO.- Quito D.M., 09 de marzo del 2017, a las 12h20.

 

f.) Jaime Pozo Chamorro, Secretario General.

 

SALA DE ADMISIÓN

RESUMEN CAUSA No. 0103-16-IN

 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Admisión, mediante auto del 02 de marzo de 2017, a las 14h00 y de conformidad con lo establecido en el artículo 80, numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se pone en conocimiento del público lo siguiente:

 

CAUSA: Acción pública de inconstitucionalidad de Actos Normativos.

 

LEGITIMADO ACTIVO: Mario Eduardo Crespo Rubio.

 

 

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