Registro Oficial

Registro Oficial No.17- Lunes 19 de Junio de 2017 Suplemento

Lunes, 19 de junio de 2017

Última modificación: Lunes, 14 de agosto de 2017 | 13:23

Administración del Sr. Lcdo. Lenín Moreno Garcés              

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Lunes, 19 de Junio de 2017  (R. O. SP 17, 19-junio-2017)

SUPLEMENTO

SUMARIO

               

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos:

Ejecutivo:

Acuerdos              

0002

Desígnense funciones a varios miembros de la Comisión de Beneficios Penitenciarios, Indultos y Repatriaciones

               

0003

Expídese el Instructivo para la ejecución del indulto presidencial concedido mediante Decreto No. 1440 de 23 de mayo del 2017

               

Secretaría de Inteligencia:

               

SIN-006-2017

Refórmese el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, expedido mediante Acuerdo No. SIN-001-2015 de 30 de junio de 2015, publicado en Registro Oficial Edición Especial No. 336 de 03 de julio de 2015

               

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo:

               

SNPD-010-2017

Desígnense funciones al/la Subsecretario/a General de Planificación y Desarrollo

               

Contraloría General del Estado:

Transparencia y Control Social        

017-CG-2017

Expídese el Reglamento Sustitutivo para la Recepción y Trámite de Denuncias para Investigación Administrativa

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanzas Municipales:

Ordenanzas         

-Cantón Cañar: Que reforma a la Ordenanza que establece los criterios para la determinación y recaudación de la tasa de recolección de desechos sólidos y aseo público

               

-Cantón Suscal: Que reforma a la Ordenanza que establece los criterios para la determinación y recaudación de la tasa de recolección de desechos sólidos y aseo público

Ordenanzas         

002-2017-SGCJDNH

Cantón El Tambo: Primera reforma a la Ordenanza que establece los criterios para la determinación y recaudación de la tasa de recolección de desechos sólidos y aseo público

-Cantón Biblián: Que reforma a la Ordenanza que establece los criterios para la determinación y recaudación de la tasa de recolección de desechos sólidos y aseo público

               

-Cantón Eloy Alfaro: Que reglamenta el cobro de las tasas retributivas por concepto de especies valoradas; y, la prestación de servicios administrativos

                              

CONTENIDO


No. 0002

Rosana Alvarado Carrión

MINISTRA DE JUSTICIA,

DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

Considerando:

Que el numeral 5 del artículo 11 de la Constitución de la  República del Ecuador, establece que: ?En materia de  derechos y garantías constitucionales, las servidoras y  servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán  aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su  efectiva vigencia.?

Que el artículo 35 de la Constitución de la República del  Ecuador, preceptúa que: ?Las (?) personas privadas de  libertad (?), recibirán atención prioritaria y especializada  en los ámbitos público y privado, (?).?

Que el artículo 147 de la Constitución de la República del  Ecuador, detalla entre las atribuciones del Presidente de la  República, en su numeral 18: ?Indultar, rebajar o conmutar  las penas, de acuerdo a la ley.?

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de  la República del Ecuador, dispone que: ?A las ministras y  ministros de Estado además de las atribuciones establecidas  en la Ley, les corresponde: 1.- Ejercer la rectoría de las  políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos  y sus resoluciones administrativas que requiera su gestión  (...)?;

Que el inciso primero del artículo 201 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que: ?El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos.?

Que el primer inciso del artículo 202 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: ?El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo técnico encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema.?

Que el artículo 203 de la Constitución de la República del Ecuador, indicando en su numeral 1: ?Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas en los centros de rehabilitación social.? Y en su numeral 3: ?Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones.?

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: ?Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución?;

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, ordena que: ?La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación?;

Que el artículo 341 de la Constitución ibídem, expresa que: ?El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieren consideración especial (?)?;

Que el inciso primero del artículo 74 del Código Orgánico Integral Penal, determina que: ?La o el Presidente de la República podrá conceder indulto, conmutación o rebaja de las penas impuestas en sentencia ejecutoriada.?

Que el artículo 674 del Código Orgánico Integral Penal, dispone que: ?El sistema garantizará el cumplimiento de sus fines mediante un Organismo Técnico cuyas atribuciones son: 1. Evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas del Sistema. 2. Administrar los centros de privación de libertad. 3. Fijar los estándares de cumplimiento de los fines del Sistema.

El desarrollo de estas atribuciones constará en el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

El Organismo Técnico contará con personal especializado en rehabilitación y reinserción de personas privadas de libertad.

La o el Presidente de la República designará a la ministra o ministro de Estado que presidirá el Organismo.?

Que el artículo 676 del Código Orgánico Integral Penal, establece que: ?Las personas privadas de libertad se encuentran bajo la custodia del Estado.

El Estado responderá por las acciones u omisiones de sus servidoras o servidores que violen los derechos de las personas privadas de libertad.?

Que el artículo 695 del Código Orgánico Integral Penal, señala que: ?La ejecución de la pena se regirá por el Sistema de progresividad que contempla los distintos regímenes de rehabilitación social hasta el completo reintegro de la persona privada de la libertad a la sociedad.?

Que el artículo 696 del Código Orgánico Integral Penal, detalla los regímenes de rehabilitación social.

Que la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico Integral Penal, dispone que: ?Los procesos, actuaciones y procedimientos en materia de ejecución de penas privativas de libertad que estén tramitándose cuando entre en vigencia este Código, seguirán sustanciándose conforme al Código de Ejecución de Penas y demás normas vigentes al tiempo de su inicio y hasta su conclusión.?

Que la Disposición Transitoria Vigésima Primera del Código Orgánico Integral Penal, ordena que: ?Hasta que se nombren a las y los jueces de garantías penitenciarias, el conocimiento de los procesos de ejecución de las sentencias penales condenatorias así como el control y supervisión judicial del régimen penitenciario, el otorgamiento de libertad condicional, libertad controlada, prelibertad y medidas de seguridad de los condenados le corresponderá al Ministerio encargado de los asuntos de justicia y derechos humanos.?

Que la Disposición Derogatoria Tercera del Código Orgánico Integral Penal, establece: ?Deróguese el Código de Ejecución de Penas, publicado en Registro Oficial No. 282 de 9 de julio de 1982, su codificación y todas sus reformas posteriores.?

Que con Resolución No. 003 de 10 de febrero de 2016, el Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, expidió el Reglamento al Sistema Nacional de Rehabilitación Social, publicado en el Registro Oficial Suplemento 695 de 20 de febrero de 2016, mismo que dispone en su artículo 67, que: ?La cartera de estado a cargo de los temas de justicia y derechos humanos a través de una comisión especializada, emitirá una certificación de cumplimiento de requisitos para acceder a los regímenes semiabierto y abierto, que se enviará por parte del  Director del centro de rehabilitación social, a los jueces de garantías penitenciarias para su resolución mediante el trámite correspondiente.

La comisión especializada podrá solicitar a los equipos técnicos de tratamiento correspondientes, la información que considere necesaria para fundamentar la certificación de cumplimiento de requisitos.?

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 220 de 27 de noviembre de 2007, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 410 de 30 de junio de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 235 de 14 de julio de 2010, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, cambió la denominación de ?Ministerio de Justicia y Derechos Humanos?, por la de ?Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos?;

Que de conformidad al Decreto Ejecutivo No. 585 de 16 de diciembre de 2010, en su artículo 1 manifiesta: ?(...) Fusionar por absorción la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y la Unidad Transitoria de Gestión Emergente para la Construcción y puesta en funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Social, al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que será el organismo rector de la elaboración y ejecución de las políticas penitenciarias, dentro del Sistema de Rehabilitación Social (...)?.

Que con Decreto Ejecutivo No. 461 de 01 de octubre de 2014, el Presidente Constitucional de la República emite el Reglamento para la Concesión de Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas;

Que con Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, nombró a la doctora Rosana Alvarado Carrión como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos;

Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, señala que: ?Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se  refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial. El funcionario a quien el Ministro hubiere delegado sus funciones responderá directamente de los actos realizados en ejercicio de tal delegación?;

Que mediante Resolución No. 085-2014 de 16 de mayo de 2014, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 257 de 30 de mayo de 2014, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió que: ?Las juezas y jueces con competencia en garantías penitenciarias con asiento en la ciudad sede de la Corte Provincial de Justicia, previo a resolver sobre las solicitudes de rebaja de penas deberán requerir de la Ministra o Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos o su delegado, una certificación que contendrá lo siguiente: a) La sesión del Consejo Nacional de Rehabilitación Social en la que se aprobó el programa de rehabilitación; b) Las fechas en las que el programa fue ejecutado en el Centro de Rehabilitación Social donde se encuentra cumpliendo la pena la persona privada de la libertad; c) La constancia de asistencia de la persona privada de la libertad al programa; d) Evaluación de la efectividad del programa en la persona privada de la libertad que solicita la rebaja; y, e) Certificado de buena conducta de la persona privada de la libertad. (...)?;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 0915 de 01 de abril de 2015, publicado en Registro Oficial 608 de 15 de octubre de 2015, la doctora Ledy Andrea Zúñiga Rocha, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, acordó: ?Artículo 1.- Crear la Comisión de Beneficios Penitenciarios, Indultos y Repatriaciones.

 Que con memorando No. MJDHC-DVPPL-2017- 0484-M de 06 de junio de 2017, la doctora Liliana Maura Guzmán Ochoa, Viceministra de Atención a Personas Privadas de la Libertad, puso en conocimiento de la Coordinación General de Asesoría Jurídica, los miembros que integrarán la Comisión de Beneficios Penitenciarios, Indultos y Repatraciones; y, solicitó la elaboración del correspondiente Acuerdo Ministerial.

En Ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículos 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; y, el Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017;

Acuerda:

Artículo 1.- Designar como miembros de la Comisión de Beneficios Penitenciarios, Indultos y Repatriaciones, a los siguientes funcionarios:

El/la Subsecretario/a de Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas Cautelares para Adultos;

Abogada Doris Priscila Espinoza Guzmán, Asesora del Despacho Ministerial;

Abogado Diego Javier Moscoso Cedeño, Asesor del Despacho Ministerial; y,

El/la Director/a de Diagnóstico y Evaluación para Adultos.

Artículo 2.- Sustituir el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 0915 de 01 de abril de 2015, de conformidad al siguiente texto:

?Artículo 2.- Son funciones de la Comisión de Beneficios Penitenciarios, Indultos y Repatriaciones:

Emitir los informes técnicos dirigidos al/la Ministro/a de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, respecto a las solicitudes de indulto presidencial, conmutación o rebaja de las penas impuestas en sentencia ejecutoriada para el trámite pertinente.

Emitir los informes técnicos dirigidos al Organismo Técnico respecto a la exoneración o reducción del pago de multa o reparación integral de las personas privadas de libertad que hayan solicitado su repatriación para el trámite pertinente.

Analizar los expedientes de las personas privadas de libertad que hayan solicitado beneficios penitenciarios, y cambio de régimen, verificando el cumplimiento de los requisitos legales; y emitir el informe y/o certificación que corresponda en cada caso.?

Conceder el beneficio penitenciario correspondiente de conformidad a la normativa legal vigente.?

Disposición Derogatoria.- Derogar el Acuerdo Ministerial No. 1226 de 13 de abril de 2016.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y Publíquese.-

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 09 de junio de 2017.

f.) Rosana Alvarado Carrión, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS.- Certifico que la(s) foa(s) 1 ? 5 es(son) fi el copia(s) del original del documento que reposa en los archivos de la Dirección de Secretaría General.- Fecha: 13 de junio de 2017.- f.) Dra. Paola Carrera Izurieta, Directora de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

No. 0003

Rosana Alvarado Carrión

MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

Considerando:

Que el artículo 75 de la Constitución de la República  establece que toda persona tiene derecho al acceso gratuito  a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de  sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de  inmediación y celeridad;

Que el artículo 35 de la Constitución de la República del  Ecuador, preceptúa que, entre otros grupos, las personas  privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades  catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención  prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.  Además, que el Estado prestará especial protección a las  personas en condición de doble vulnerabilidad;

Que el artículo 201, inciso primero de la Constitución de  la República del Ecuador, señala que el fin del sistema  de rehabilitación social es la rehabilitación integral de las  personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la  sociedad, así como la protección de las personas privadas  de libertad y la garantía de sus derechos;

Que mediante Decreto No. 1440 de 23 de mayo de 2017  se ha concedido el indulto presidencial a personas que  han cometido delitos menores, mulas del narcotráfico y  personas con enfermedad catastrófica en etapa terminal;

Que la disposición final del Decreto No.1440 encarga  al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos la  ejecución de dicho indulto;

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el número  1 del artículo 154, el artículo 226 de la Constitución de la  República del Ecuador; y, el artículo 17 del Estatuto del  Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

Acuerda:

Expedir el siguiente INSTRUCTIVO PARA LA  EJECUCIÓN DEL INDULTO PRESIDENCIAL  CONCEDIDO MEDIANTE DECRETO No. 1440 DE  23 DE MAYO DEL 2017

Artículo 1.- Objeto: El presente instructivo tiene por  objeto establecer directrices, a nivel nacional, para la  implementación del expediente y ejecución del Decreto  No. 1440 de 23 de mayo del 2017, por parte de los  operadores de justicia y servidores del sistema de nacional  de rehabilitación social.

Artículo 2.- Documentación: La documentación que se  deberá acompañar para la implementación del expediente  de indulto presidencial será:

1.Copia certificada de la sentencia a fin de establecer el  delito por el cual fue sentenciado y no contravenir el  numeral 6 del artículo 5 del Decreto en mención, con  la debida razón de ejecutoria sentada por la secretaria o  actuario judicial correspondiente. La sentencia deberá  estar ejecutoriada hasta el 23 de mayo del 2017, por lo  que se deberá adjuntar copias certificadas de la razón de  ejecutoría. Por motivos excepcionales se podrá suplir  las copias de la sentencia con la razón de su ejecutoria,  con la verificación del Sistema de Consulta de Causas  del Consejo de la Judicatura (SATJE), imprimiendo  el o los reportes del proceso judicial de la persona  sentenciada y dejando constancia en el informe jurídico  emitido en el Centro de Rehabilitación Social.

2.Para la aplicación del artículo 3 se deberá adjuntar los  informes médicos en originales, donde se encuentre  detallado de forma minuciosa si la enfermedad  catastrófica de la persona privada de libertad por la  que solicita Indulto Presidencial se encuentra en etapa  terminal. Los informes médicos deberán ser elaborados  por dos profesionales especialistas del Ministerio  de Salud Pública o del Instituto Ecuatoriano de  Seguridad Social en el área que se desea justificar dicha  enfermedad.

3.Para la aplicación del numeral 4 del artículo 5 del  presente Decreto, el Centro de Rehabilitación Social  remitirá el informe jurídico, donde indique si el  posible beneficiario no recibió sentencia condenatoria  declarando su culpabilidad anteriormente por el mismo  delito.

4.El Centro de Rehabilitación Social deberá adjuntar el  certificado de permanencia de la persona privada de  libertad, contabilizando todo el tiempo que efectivamente hubiere permanecido detenido en cualquier  Centro del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

5.Certificado de conducta del posible beneficiario emitido  por el centro de Rehabilitación Social, indicando  el comportamiento que hubiere tenido durante su  permanencia dentro del centro y de no haber sido  sancionado por faltas disciplinarias dentro de los  últimos seis meses.

Artículo 3.- Pena máxima de cinco años: Se entenderá  que el requisito establecido en el número 1 de los artículos  1 y 2, referente a la pena máxima de cinco (5) años, es  aquella establecida en el Código Orgánico Integral Penal  para el tipo penal por el cual fue sentenciada la persona,  independientemente de la pena que conste en la sentencia.

Para los casos en que los jueces hayan acumulado las penas,  en atención al precedente 12-2015 de la Corte Nacional de  Justicia, se tomará en cuenta que la pena establecida en el  artículo 220, número 1, letras a) y b), no supere el máximo  fijado en el tipo penal, por ende las personas sentenciadas  en dichos casos pueden beneficiarse del indulto, aunque la  pena impuesta en sentencia supere los cinco años.

Artículo 4.- Delitos susceptibles de indulto según cada  caso: En ninguno de los casos podrá concederse el indulto a  aquellas personas sentenciadas por los delitos establecidos  en el número 6 del artículo 5 del Decreto.

Se entenderá que el artículo 2 del Decreto, se refiere a todas  las personas sentenciadas por el delito de tráfico ilícito  de substancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a  fiscalización, que hayan adecuado su conducta a cualquiera  de los verbos rectores determinados en el artículo 220,  número 1 del Código Orgánico Integral Penal, siempre que  se haya cometido el delito en puertos, aeropuertos o puntos  de frontera y que la persona sentenciada esté considerada  como mula del narcotráfico.

Se debe entender como mulas a las personas a las que dentro  de su equipaje o en sus pertenencias se encontró alguna  substancia sujeta a fiscalización en puertos, aeropuertos o  puntos de frontera.

Artículo 5.- Cumplimiento de al menos el 30% de la  pena: En el caso del artículo 1, el cumplimiento de, al  menos el treinta por ciento (30%) de la pena deberá haberse  dado hasta el 23 de mayo del 2017, fecha de suscripción  del Decreto.

En el caso del artículo 2, la persona privada de libertad  podrá solicitar el indulto en cualquier tiempo, siempre  que cumpla al menos el treinta por ciento (30%) de la  pena impuesta, aún después de la suscripción del Decreto,  siempre y cuando hasta la fecha de su expedición (23 de  mayo del 2017) se haya ejecutoriado la sentencia.

Artículo 6.- Orden de libertad: El juez de garantías  penitenciarias en cumplimiento a lo dispuesto en el  artículo 230 numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal,  controlará y ejecutará el proceso de indulto presidencial.  En el caso de las personas privadas de libertad que por  otorgarse el indulto presidencial, su pena haya sido  perdonada por encontrarse inmersa en los artículos 2 y 3  del referido decreto, el juez deberá girar la correspondiente  boleta de excarcelación.

En los casos de reducción de la pena de 360 días el Juez de  garantías penitenciarias realizará el cómputo de la pena y  ejecutará la rebaja, estableciendo el tiempo efectivamente  cumplido y el que faltara por cumplir.

Artículo 7.- Remisión de Expediente: Los directores  de los centros de rehabilitación social del país remitirán  los expedientes de indulto presidencial, previa revisión  pormenorizada del cumplimiento de requisitos. El  incumplimiento de lo mencionado tendrá responsabilidad  administrativa, civil y/o penal.

Artículo 8.- Informe de cumplimiento de requisitos:  La Comisión de Beneficios Penitenciarios, Indultos y  Repatriaciones, emitirá el informe de cumplimiento de  requisitos del Decreto 1440.

Artículo 9.- Envío del Expediente: La Comisión de  Beneficios Penitenciarios, Indultos y Repatriaciones,  remitirá el expediente a los centros de privación de libertad  para su registro y posterior conocimiento del juez de  garantías penitenciarias.

Disposición Final.- El presente instructivo entrará en  vigencia inmediatamente, sin perjuicio de su publicación  en el Registro Oficial.

Comuníquese y Publíquese.-

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 09 de junio  de 2017.

f.) Rosana Alvarado Carrión, Ministra de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos.

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS  HUMANOS Y CULTOS.- Certifico que la(s) foja(s) 1 ? 3  es(son) fi el copia(s) del original del documento que reposa  en los archivos de la Dirección de Secretaría General.-  Fecha: 13 de junio de 2017.- f.) Dra. Paola Carrera Izurieta,  Directora de Secretaría General, Ministerio de Justicia,  Derechos Humanos y Cultos.

No. SIN-006-2017

Rommy Vallejo Vallejo

SECRETARIO DE INTELIGENCIA

Considerando:

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República  del Ecuador, establece que: ?A las ministras y ministros  de Estado, además de las atribuciones establecidas en la  Ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas  públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y  resoluciones administrativas que requiera su gestión.?;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República  señala: ?Las instituciones del Estado, sus organismos,  dependencias, las servidoras o servidores públicos y las  personas que actúen en virtud de una potestad estatal  ejercerán solamente las competencias y facultades que  les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el  deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus  fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos  reconocidos en la Constitución.?;

Que, el artículo 227 de la Carta Magna señala que la  Administración Pública constituye un servicio a la  colectividad que se rige por los principios de eficacia,  eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentra?lización, coordinación, participación, planificación,  transferencia y evaluación;

Que, el artículo 77, numeral 1, literal e) de la Ley Orgánica  de la Contraloría General del Estado disponen entre las  atribuciones y responsabilidades de la máxima autoridad  de cada organismo del sector público, el establecimiento  de políticas, métodos y procedimientos de control interno  para salvaguardar sus recursos a través de la expedición de  reglamentos y demás normas secundarias necesarias para  el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus  instituciones;

Que, el artículo 13 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado define a la Secretaría de Inteligencia como una entidad de derecho público, con independencia administrativa y financiera, con personalidad jurídica, responsable del Sistema Nacional de Inteligencia, creada por la Ley de Seguridad Púbica y del Estado, y cuyo titular es nombrado por el Presidente Constitucional de la República;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva otorga competencia a los Ministros de Estado para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales, adicionalmente faculta a las Secretarías como organismos públicos con facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión y control sobre temas específicos de un sector de la Administración Pública, las mismas que estarán representadas por un secretario que tendrá rango de ministro de Estado;

Que, el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, en el inciso final del artículo 112, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 106, publicado en el Registro Oficial No. 91, de 30 de septiembre de 2013, establece: ?La Secretaría Nacional de la Administración Pública, ejercerá la rectoría en materia de (...) estatutos orgánicos y estructuras institucionales, en la Administración Pública Central, Institucional y dependiente de la Función Ejecutiva?;

Que, el artículo 136 ibídem, reformado con el Decreto Ejecutivo citado en el párrafo precedente, señala: ?Los proyectos de estructuras institucionales y posicionales de las instituciones, entidades y organismos de la Administración Pública Central, Institucional y Dependiente, previo a su promulgación en el Registro Oficial, sólo serán sometidos al dictamen presupuestario del Ministerio de Finanzas si se requiriere reforma presupuestaria; y al informe favorable por parte de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, que lo emitirá considerando la racionalidad y consistencia del Estado (...)?;

Que, La Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos, emitida con Resolución No. SENRESPROC- 2006-0000046, publicada en el Registro Oficial No. 251, de 17 de abril de 2006, establece en el numeral 2) del artículo 11: ?Los productos secundarios se generan en el nivel de apoyo y asesoría, pues su naturaleza no cambia y siempre se encargan de facilitar la entrega de recursos y prestación de servicios para el normal desarrollo de la gestión interna; por lo tanto, es necesario estandarizarlos, considerando los productos básicos que se deben elaborar en dichos niveles (?)?;

Que, mediante Acuerdo No SIN-001-2015 de 30 de junio de 2015, el Secretario de Inteligencia, expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de la Secretaría de Inteligencia; publicado en Registro Oficial Edición Especial No 336 de 03 de julio de 2015.

Que, con Oficio No SNAP ? SNDO-2016 -0028 ?O de 15 de febrero de 2016, la Secretaria Nacional de la Administración Pública, emite dictamen favorable al proyecto de reforma parcial al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Secretaría de Inteligencia;

Que, en Registro Oficial Edición Especial No 336 de viernes 03 de julio de 2015, se publica la Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Inteligencia, expedido mediante Acuerdo No SIN-001-2015 de 30 de junio de 2015; y reformado por Acuerdo No. SIN-005-2016 de 22 de julio de 2016 y publicado en Registro Oficial Suplemento No. 808 de 29 de julio de 2016.

Que, Con Memorando Nro. SIN-CGAJ-2017-023-M y Memorando Nro. SIN-CGAJ-2017-024-M ambos de 11 de mayo de 2017 el Coordinador General de Asesoría Jurídica solicita a la Director de Administración de Recursos Humanos proceda con el trámite respectivo a fin de reformar la cartera de productos de la Coordinación a su cargo conforme los argumentos técnicos y legales contenidos en los informes de productos que se adjuntan en dichos memorandos.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2016, el señor Presidente Constitucional de la República, Lcdo. Lenín Moreno Garcés, designa como Secretario de Inteligencia al Teniente Coronel (SP) Rommy Vallejo Vallejo;

Que, Con Informe Técnico No. DGRH-2017-0115 de 29 de mayo de 2017 el Director de Administración de Recursos Humanos Subrogante emite dictamen favorable para la reforma parcial al Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos vigente, a fin de cumplir con la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos institucionales, y en especial de la cartera de productos y servicios de la Coordinación General de Asesoría Jurídica.

Que, es necesario mantener actualizada la normativa interna de la Secretaría de Inteligencia a fin de cumplir lo dispuesto en la normativa enunciada;

En uso de las atribuciones conferidas en el Art. 154 de la Constitución de la República del Ecuador, el 77, numeral 1, literal e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y en el Art. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva;

Acuerda:

Expedir la siguiente REFORMA PARCIAL AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS de la Secretaría de Inteligencia, expedido mediante Acuerdo No SIN- 001-2015 de 30 de junio de 2015, publicado en Registro Oficial Edición Especial No. 336 de 03 de julio de 2015, y reformado por Acuerdo No. SIN-005-2016 de 22 de julio de 2016, publicado en Registro Oficial Suplemento No. 808 de 29 de julio de 2016.

Artículo 1.- En el artículo 10 Estructura Descriptiva, numeral 10.7. Procesos Adjetivos, numeral 10.7.1 Gestión General de Asesoría Jurídica:

Elimínese de los Productos y Servicios de la Gestión General de Asesoría Jurídica los literales:

Literal h) Informes de validación de los componentes legales de los pliegos de contratación y términos de referencia;

Literal i) Informes Jurídicos para la adjudicación de contratistas y/o contratación por procedimientos especiales;

Literal k) Informe de procedencia para la publicación de pliegos y términos de referencia para el inicio de procedimientos de adquisición o arrendamientos de bienes, de ejecución de obras o de prestación de servicios, incluidos los de consultorías.

Incorpórese a los Productos y Servicios de la Gestión General de Asesoría Jurídica, a continuación del literal h):

Literal i) Informes de pertinencia y valoración jurídica que motiva la utilización de los fondos de Gastos Especiales;

Literal j) Resoluciones de Clasificación de Información para la Seguridad Nacional de Estado;

Literal k) Requerimientos e insistencias de información/solicitud de autorización al Presidente de la República.

Literal l) Requerimientos reservados para la intervención de comunicaciones / apelaciones;

Literal m) Acuerdos de confidencialidad, contratos y resoluciones clasificadas al amparo de la Ley de Seguridad Pública y del Estado y su Reglamento General de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. Encárguese a la Coordinación General Administrativa Financiera y a la Coordinación General de Asesoría Jurídica la implementación del contenido de este acuerdo

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.-

Dado, en la Secretaría de Inteligencia, en el Distrito Metropolitano de Quito a los 13 días del mes de junio de 2017

f.) Rommy Vallejo Vallejo, Secretario de Inteligencia.

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA.- COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.- Fiel copia del original.- Firma: Ilegible.- Fecha: 13-06-2017.

No. SNPD-010-2017

Andrés Mideros Mora

SECRETARIO NACIONAL DE

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, establece que: ?Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (?)?;

Que, el numeral 4 del artículo 27 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que es atribución del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo: ?(?) 4. Delegar por escrito las facultades que estime conveniente. Los actos administrativos ejecutados por las o los funcionarios, servidores o representantes especiales o permanentes delegados, para el efecto, por el Secretario Nacional tendrán la misma fuerza y efecto que si los hubiere hecho el titular o la titular de dicha Secretaría y la responsabilidad corresponderá al funcionario delegado?;

Que, el primer inciso del artículo 158 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, dispone lo siguiente: ?Créase la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, como una entidad financiera de derecho público, dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, con jurisdicción nacional?;

Que, el primer inciso del artículo 162 de la mencionada Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, establece que: ?(?) El Directorio es el organismo directivo de la Corporación que tendrá a su cargo la determinación de los lineamientos generales para la implementación y ejecución de las actividades de la Corporación, la definición y la aprobación de los instructivos operacionales necesarios y tendrá la responsabilidad de supervisar y evaluar la administración, uso y destino de los recursos (?)?;

Que, el segundo inciso del artículo 162 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, respecto de la conformación del Directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, establece que: ?El Directorio estará integrado por los siguientes miembros: a) Un representante por cada uno de los ministerios de Estado responsables de la coordinación de la política económica, de la producción y de desarrollo social; b) Un representante del ministerio de Estado responsable de las finanzas; y, c) Un representante del ministerio de Estado responsable de la inclusión económica y social?;

Que, la Disposición Reformatoria Quinta del Decreto Ejecutivo No. 7, de 24 de mayo de 2017, dispone lo siguiente: ?Reorganícese el Directorio de la Corporación  Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, el cual quedará integrado por los siguientes miembros: a) El Delegado permanente del Presidente de la República, quien ejercerá la presidencia y tendrá voto dirimente; b) El Ministro de Economía y Finanzas o su delegado permanente; c) El Ministro de Industrias y Productividad o su delegado permanente; d) El Ministro de Inclusión Económica y Social o su delegado permanente; y, e) El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado permanente?;

Que, el artículo 54 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, sobre la desconcentración administrativa, dispone que: ?La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, cuyo efecto será el traslado de la competencia al órgano desconcentrado. La desconcentración se hará por Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial?;

Que, el artículo 55 del mencionado Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, dispone que: ?Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto (?)?;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1372, publicado en el Registro Oficial No. 278, de 20 de febrero de 2004, se creó la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ? Senplades-, como el organismo responsable del diseño, implementación, integración y dirección del Sistema Nacional de Planificación, en todos sus niveles;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017, se designó a Andrés Mideros Mora, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo;

Que, el literal r) del acápite 1.1.1.1. ?Direccionamiento Estratégico?, del Punto 1 ? Nivel de Gestión Central?, del artículo 10 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Senplades, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 755, de 11 de noviembre de 2016, establece como atribución del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo: ?(?) r) Delegar facultades y atribuciones dentro de la estructura jerárquica institucional, cuando considere necesario (?)?;

Que, es necesario designar a un delegado/a permanente que represente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, ante el Directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias; y,

En ejercicio de las atribuciones y facultades que le confieren el numeral 4 del artículo 27 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; la disposición reformatoria quinta del Decreto Ejecutivo No. 7, de 24 de mayo de 2017; y, el Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017,

Acuerda:

Art. 1.- Designar al/la Subsecretario/a General de Planificación y Desarrollo, o quien haga sus veces, para que a nombre del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo y en representación de la Senplades, actúe como delegado permanente de esta Secretaría de Estado, ante el Directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

Art. 2.- El delegado, será responsable de los actos cumplidos en el ejercicio de esta delegación, e informará al Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, de forma trimestral o según le sea requerido, sobre las actividades cumplidas y las resoluciones adoptadas en el Directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.

Art. 3.- Encárguese al/la Coordinador/a General Jurídico/a, o a quien haga sus veces, notifique con el contenido de este Acuerdo, al Presidente del Directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias y al/la Subsecretario/a General de Planificación y Desarrollo, para su oportuna ejecución.

Art. 4.- De la ejecución del presente Acuerdo que entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese al/la Subsecretario/a General de Planificación y Desarrollo.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 31 de mayo de 2017.

f.) Andrés Mideros Mora, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Abg. José Luis Aguirre Márquez, Coordinador General Jurídico.- SENPLADES.

No. 017-CG-2017

EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

Considerando:

Que, el artículo 83 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador impone a las ecuatorianas y los ecuatorianos el deber y la responsabilidad de denunciar y combatir los actos de corrupción;

Que, el artículo 95 de la Carta Fundamental dispone que las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano;

Que, el artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador determina que la Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana y prevendrá y combatirá la corrupción;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 211 y 212, dispone que la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos; y, entre sus funciones, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 95 de su Ley Orgánica, consta la expedición de la normativa para el cumplimiento de sus atribuciones;

Que, el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado concede acción popular para denunciar irregularidades en la administración pública, así como en la Contraloría General del Estado;

Que, mediante Acuerdo 006?CG?2012 de 23 de febrero de 2012, publicado en el Registro Oficial 652 de 2 de marzo de 2012, el Contralor General del Estado expidió el Código de Ética de la Contraloría General del Estado;

Que, mediante Acuerdo 034 ? CG de 14 de octubre de 2009, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 50 de 20 de octubre de 2009, se expidió el ? Reglamento para la recepción y trámite de denuncias para investigación administrativa en la Contraloría General del Estado?; reformado con el artículo 1 del Acuerdo 032?CG- 2016 de 8 de septiembre de 2016, publicado en el Registro Oficial 863 de 17 de octubre de 2016;

Que, para el efectivo cumplimiento de las actividades de control que realiza la Contraloría General del Estado, es necesario actualizar el Reglamento para la recepción y trámite de denuncias para investigación administrativa en la Contraloría General del Estado; y,

En ejercicio de las facultades contenidas en el artículo 212 número 3 de la Constitución de la República y artículos 7 numeral 5, 31 numeral 22 y 95 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado;

Acuerda:

Expedir el Reglamento Sustitutivo para la Recepción y Trámite de Denuncias para Investigación Administrativa en la Contraloría General del Estado.

Artículo 1.- Objeto.- Este Reglamento tiene por objeto establecer los procedimientos que debe cumplir la Contraloría General del Estado en la recepción y trámite de las denuncias que se presenten sobre presuntos hechos, actos u operaciones originados en las instituciones del  Estado, que revelen, por acción u omisión de sus servidores/ as o terceros relacionados con ella, la indebida, ilegal o ineficiente gestión y/o utilización de recursos y bienes del Estado; sin perjuicio de la obtención de información a través de otros medios desarrollados para el efecto.

Artículo 2.- Contenido y forma de la denuncia.- La denuncia será escrita y contendrá lo siguiente:

Nombres y apellidos completos, número de cédula y dirección domiciliaria de la persona denunciante. De tenerlos, dirección electrónica y número telefónico.

Relación clara y concisa de los hechos relativos a los actos u operaciones que constituyan la presunta irregularidad, que permita su comprobación, con indicación de fechas y lugares, así como fuentes de información y, si fuere del caso, los montos involucrados.

Los datos disponibles para la individualización de los presuntos partícipes y/o de las personas que tienen conocimiento del o de los hechos denunciados.

En los casos en los cuales los actos u operaciones objeto de la denuncia estén en conocimiento de otras instituciones del Estado, tales como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Fiscalía General del Estado, los órganos de la Función Judicial y otros, si el dato fuere conocido por la persona denunciante, señalará el órgano administrativo o judicial que se encuentre interviniendo.

En la denuncia deberá constar la firma o huella digital de la persona denunciante según corresponda

A las denuncias se acompañarán fotocopias legibles de la cédula y de la papeleta de votación correspondiente al último sufragio. En el caso de extranjeros se anexará una fotocopia del pasaporte y, cuando los denunciantes fueren representantes de personas jurídicas de derecho privado, se adjuntará una copia certificada del nombramiento. Cuando se actúe a nombre de terceras personas se acompañará el respectivo poder que acredite dicho mandato.

Con respecto a la documentación de respaldo, si el denunciante dispusiere de documentación relacionada con el hecho denunciado, se adjuntará fotocopias simples o certificadas de ella.

Artículo 3.- Presentación y reconocimiento de las denuncias.- Las denuncias escritas serán presentadas en las ventanillas de recepción de correspondencia de las ofi cinas de la Contraloría General del Estado en todo el país y se cargarán en el Sistema de Registro y Control de Correspondencia. No se admitirá la presentación o ingreso a trámite las denuncias anónimas.

Las personas denunciantes deberán reconocer su denuncia y reconocimiento de firma al momento de presentarla e ingresarla en la institución, observando los requisitos  establecidos en el artículo 2 del presente Reglamento, bajo prevención de las consecuencias civiles y penales que podrían derivarse de una denuncia maliciosa o temeraria. Dicho reconocimiento se efectuará ante el Director/a Regional, Delegado/a Provincial y en la matriz ante el Secretario/a General o el Administrador/a de Gestión del Departamento de Documentación y Archivo, según corresponda.

En el caso de las personas que no sepan firmar, el reconocimiento de la denuncia se efectuará imprimiendo su huella digital delante de los funcionarios mencionados en el inciso anterior.

Excepcionalmente se recibirán denuncias verbales. En estos casos, la denuncia será reducida a escrito por el servidor/a que sea designado para el efecto, quien, además, deberá precautelar el cumplimiento de la obligación consignada en el inciso segundo de este artículo.

Artículo 4.- Admisión a trámite.- Luego de que el ingreso de la denuncia haya sido cargado en el Sistema de Registro y Control de Correspondencia, con los respectivos documentos de respaldo anexados, esta será enviada a la Dirección de Planificación y Evaluación Institucional si la denuncia fue presentada por las autoridades de las entidades sujetas al control de la Contraloría General del Estado; y, aquellas denuncias presentadas por otros servidores/as (que no sean las autoridades antes mencionadas) o miembros de la sociedad civil, serán trasladadas a la Dirección de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Control Patrimonial.

Las denuncias relacionadas con el comportamiento ético y/o disciplinario de los servidores/as de la Contraloría General del Estado, se remitirán a la Dirección de Talento Humano y se observará el procedimiento sobre quejas y denuncias a la luz de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público y el Reglamento Interno de Administración del Talento Humano de la Contraloría General del Estado.

La Dirección de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Control Patrimonial y la Dirección de Planificación y Evaluación Institucional, según corresponda, efectuarán un análisis técnico y objetivo de los aspectos denunciados, a fin de proceder con el trámite que corresponda, de acuerdo a la naturaleza de los actos o hechos denunciados, siempre y cuando la denuncia cumpla los requisitos determinados en los artículos 2 y 3 del presente Reglamento.

Se considerará subsanable la inobservancia parcial de requisitos, imprecisiones u omisiones, concediéndosele al denunciante diez días hábiles a fin de que complete, amplíe o aclare la denuncia. Si el denunciante no lo hiciere en el plazo estipulado, se procederá al archivo de esta.

Las denuncias presentadas a la Contraloría General del Estado, cuyos actos o hechos no tengan relación con las competencias del Organismo de Control atribuidas por la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, o hayan sido conocidos y/o se encuentren en conocimiento de la Función  Judicial o de la Fiscalía General del Estado, se remitirá la denuncia a la institución que corresponda y se informará del particular al denunciante.

En los casos en los cuales los hechos denunciados estén en conocimiento de otras instituciones públicas distintas a las antes mencionadas, la Dirección de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Control Patrimonial o la Dirección de Planificación y Evaluación Institucional, según corresponda, efectuará las acciones de coordinación que fueren necesarias ante dichas instituciones, previo a decidir la procedencia de que se efectúe una verificación preliminar.

Artículo 5.- Verificación preliminar.- Se designará a un servidor/a de la Dirección de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Control Patrimonial cuando de la evaluación técnica y objetiva de la denuncia, se desprenda la necesidad de efectuar una verificación preliminar de los actos o hechos denunciados, a fin de establecer la pertinencia de efectuar una acción de control.

Del mismo modo, cuando de la evaluación técnica y objetiva de la denuncia presentada por las autoridades de las entidades sujetas al control de la Contraloría General del Estado realizada por la Dirección de Planificación y Evaluación Institucional, se desprenda la necesidad de efectuar una verificación preliminar de los actos o hechos denunciados, la mencionada unidad administrativa coordinará con las unidades de control a nivel nacional la ejecución de la verificación preliminar correspondiente, de acuerdo a la normativa vigente emitida para el efecto. La Dirección de Planificación y Evaluación Institucional informará periódicamente al Contralor General del Estado sobre los resultados de las evaluaciones técnicas y objetivas realizadas a las denuncias cuyos actos o hechos ameriten la realización de una verificación preliminar.

El servidor/a encargado de efectuar la verificación preliminar elaborará el informe pertinente que será sometido a consideración del titular de su respectiva unidad administrativa, y, posteriormente, a conocimiento del Contralor General del Estado.

Artículo 6.- Información a la máxima autoridad y acciones subsiguientes.- El Director/a de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Control Patrimonial informará periódicamente al Contralor General del Estado sobre las denuncias que se hubiesen presentado en la institución, de acuerdo a su competencia, así como los resultados obtenidos de la evaluación de las denuncias y de las verificaciones preliminares, y presentará las sugerencias respecto a la realización de acciones de control, si éstas fueren procedentes. Para este efecto, coordinará sus acciones con las Direcciones de Auditoría de la matriz, Dirección de Planificación y Evaluación Institucional, Direcciones Regionales y Delegaciones Provinciales de la institución.

Las unidades de control, de conformidad a la normativa vigente emitida para el efecto, informarán al Contralor General del Estado o al funcionario delegado/a, de los  resultados de las verificaciones preliminares de aquellas denuncias coordinadas por la Dirección de Planificación y Evaluación Institucional y presentarán las conclusiones y sugerencias respecto a la realización de acciones de control, si éstas fueren procedentes.

Artículo 7.- Comunicación del resultado.- La Contraloría General del Estado comunicará a la persona denunciante el resultado de la evaluación de la denuncia, aplicando en cada caso el principio de reserva. Con aquella comunicación se tendrá por atendida la denuncia presentada.

Artículo 8.- Participación de las Direcciones Regionales y Delegaciones Provinciales.- Las Direcciones Regionales y las Delegaciones Provinciales de la institución ejercerán las disposiciones señaladas en los artículos 1 al 3 del presente Reglamento, respecto de las denuncias que reciban sobre presuntos hechos, actos u operaciones originados en las instituciones del Estado, que puedan revelar, por acción u omisión

 

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