Registro Oficial

Registro Oficial No. 98 - 12 de Octubre de 2017

Jueves, 12 de octubre de 2017

Última modificación: Miércoles, 17 de enero de 2018 | 16:52

 

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Jueves, 12 de Octubre de 2017  (R. O. 98, 12-octubre-2017)

 

SUMARIO

               

Ministerio del Ambiente:

 

Ejecutivo:

 

Acuerdos

 

073

Refórmese el Acuerdo Ministerial No. 093 de 01 de septiembre de 2017, publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 961 de 17 de marzo de 2017

               

074

Declárese en situación de emergencia la Reserva Marina de Galápagos y Parque Nacional Galápagos

               

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos:

               

MJDHC-SDHC-2017-0006-A

Apruébese concédese personalidad jurídica a las siguientes organizaciones religiosas:

 

Iglesia Evangélica Intercultural Cristiana Apostólico y Profético La Hermosa, ubicada en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura

               

MJDHC-SDHC-2017-0007-A

Iglesia Evangélica Intercultural Generación de Dios, ubicada en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura

               

MJDHC-SDHC-2017-0008-A

Iglesia Evangélica Intercultural Paz Perfecta en Cristo, ubicada en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura

               

MJDHC-SDHC-2017-0009-A

Iglesia Evangélica Intercultural Ministerios Casa del Reino, ubicada en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha

               

MJDHC-SDHC-2017-0010-A

Casa Del Dabar, ubicada en el cantón Quito, provincia de Pichincha

               

Ministerio de Salud Pública:

               

0137-2017

Refórmense las “Directrices para establecer los criterios que regirán el ejercicio de las profesiones de la salud”

               

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación:

               

SENESCYT – 2017 – 124

Refórmense los siguientes reglamentos:

 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA)

               

SENESCYT – 2017 – 137

Becas y Ayudas Económicas

 

Acuerdos

SENESCYT, 2017 – 143

 

Refórmese el Acuerdo 2016-002 de 04 de enero de 2016

               

SENESCYT, 2017 - 156

Reconócese la personalidad jurídica de derecho privado y sin fines de lucro al Centro de Estudios Sociales y Jurídicos del Ecuador – CESJE-, con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha

               

Agencia de Regulación y Control del Agua:

 

Resoluciones        

ARCA-DE-005-2017

Refórmese la Resolución Nro. ARCA-DE-001-2017 de 9 de enero de 2017

               

ARCA-DE-007-2017

Refórmese la Resolución Nro. ARCA-DE-001-2017 de 9 de enero de 2017

               

ARCA-DE-008-2017

Refórmese la Resolución Nro. ARCA-DE-001-2017 de 9 de enero de 2017

               

ARCA-DE-009-2017

concluida la vigencia de la Resolución ARCA-DE-008-2017 de 31 de agosto de 2017, dispónese atribuciones al Ing. Wilson Héctor Oña Gualotuña, delegado de la Gestión General Técnica

               

Consejo de la Judicatura:

 

Judicial y Justicia Indígena   

 

163-2017

Admítese a trámite la impugnación ciudadana presentada por el doctor Francisco Vivanco Riofrío, en contra de la postulante doctora Marcia Flores Benalcázar

               

164-2017

Admítese a trámite la impugnación ciudadana presentada por el ingeniero Mariano Patricio Aguirre Proaño, en contra de la postulante doctora Marcia Flores Benalcázar

               

165-2017

Inadmítese a trámite la impugnación presentada por el señor Galo Revelo Jara en contra de la postulante doctora Marcia Flores Benalcázar

               

166-2017

Admítese a trámite la impugnación ciudadana presentada por el señor Bayron Orlando Rivera Cedeño en contra de la postulante doctora Narcisa Tomasa Fernández Velásquez

 

 

CONTENIDO

 

 

No. 073

 

Tarsicio Granizo Tamayo

MINISTRO DEL AMBIENTE

 

Considerando:

 

Que, el numeral 7 del artículo 3 de la Constitución de la  República del Ecuador establece que son deberes del Estado  la protección del patrimonio natural y cultural del país;

 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República  del Ecuador reconoce el derecho de la población a vivir  en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que  garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay;  declarando de interés público la preservación del ambiente,  la conservación de los ecosistemas, la prevención del  daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales  degradados;

 

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la  República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas  el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la  naturaleza;

 

Que, el inciso tercero del artículo 71 de la Constitución de  la República del Ecuador reconoce que el Estado fomentará  la protección de la naturaleza y promoverá el respeto a  todos los elementos que forman un ecosistema;

 

Que, el artículo 73 de la Constitución de la República  del Ecuador determina que el Estado aplicará medidas de  precaución y restricción para las actividades que puedan  conducir a la extinción de especies, la destrucción de  ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos  naturales;

 

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de  la República del Ecuador establece que las ministras y  ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas  en la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas  públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y  resoluciones administrativas que requiera su gestión;

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República  del Ecuador dispone que las instituciones del Estado, sus  servidoras y servidores públicos y las personas que actúen  en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las  competencias y facultades que le sean atribuidas en la  Constitución y en la Ley; tendrán el deber de coordinar  acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo  el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la  Constitución;

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del  Ecuador establece que la Administración Pública constituye  un servicio a la colectividad que se rige por los principios  de eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración,  descentralización, coordinación, participación,  planificación, transparencia y evaluación;

 

Que, el artículo 313 de la Constitución de la República  del Ecuador señala que el Estado se reserva el derecho  de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores  estratégicos de conformidad con los principios de  sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y  eficiencia;

 

Que, el numeral 1 del artículo 395 de la Constitución de  la República del Ecuador indica que el Estado garantizará  un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente  equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que  conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración  natural de los ecosistemas, y que asegure la satisfacción de  las necesidades de las generaciones presentes y futuras;

 

Que, el artículo 396 de la Constitución de la República  del Ecuador dispone que el Estado adoptará las políticas  y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales  negativos, cuando exista certidumbre de daño; y que en  caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u  omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el  Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas;

 

Que, el artículo 400 de la Constitución de la República del  Ecuador determina que el Estado ejercerá la soberanía sobre  la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará  con responsabilidad intergeneracional. Se declara de  interés público la conservación de la biodiversidad y todos  sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y  silvestre y el patrimonio genético del país;

 

Que, el artículo 404 de la Constitución de la República del  Ecuador señala que el patrimonio natural del Ecuador es  único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones  físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto  de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige  su protección, conservación, recuperación y promoción. Su  gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados  en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al  ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de  acuerdo con la ley;

 

Que, el artículo 405 de la Constitución de la República  del Ecuador señala que el Sistema Nacional de Áreas  Protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad  y el mantenimiento de las funciones ecológicas;

 

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica del Régimen Especial  de la Provincia de Galápagos indica que el Parque Nacional  Galápagos y la Reserva Marina de Galápagos forman parte  del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP);

 

Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica del Régimen Especial  de la Provincia de Galápagos determina que la Reserva  Marina de Galápagos, se somete a la categoría de Reserva  Marina de uso múltiple y administración, de acuerdo con la  Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida  Silvestre;

 

Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica del Régimen Especial  de la Provincia de Galápagos establece que la Dirección del  Parque Nacional Galápagos se encuentra a cargo de las áreas  naturales protegidas de la provincia de Galápagos, en cuyas  zonas ejercerá jurisdicción y competencia sobre el uso,  manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y las  actividades que en dichas áreas se realicen de conformidad  con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas

 

Que, el numeral 2 del artículo 21 de la Ley Orgánica del  Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, indica  que la Dirección del Parque Nacional Galápagos, como  unidad administrativa desconcentrada a cargo de las áreas  naturales protegidas de la provincia de Galápagos, es quien  administra y controla el Parque Nacional y Reserva Marina  de Galápagos dentro del ámbito de sus competencias;

 

Que, el artículo 56 de la Ley Orgánica del Régimen Especial  de la Provincia de Galápagos, establece que la actividad  pesquera artesanal en la Reserva Marina de Galápagos, se  someterá al principio precautelatorio y al de conservación y  manejo adaptativo, así como otros que estén contenidos en  la Constitución y demás leyes que fueran aplicables para la  utilización de los recursos hidrobiológicos;

 

Que, el artículo 57 de la Ley Orgánica del Régimen Especial  de la Provincia de Galápagos determina que el Plan de  Manejo de la Reserva Marina de Galápagos definirá la  zonificación de uso y las actividades pesqueras permitidas  que deberán proteger a las especies vulnerables y frágiles  de los ecosistemas insulares. Para ello establecerá medidas,  controles y mecanismos que garanticen la conservación de  ecosistemas y el uso sostenible de los recursos, según lo que  dispone la Ley;

 

 

Que, el artículo 19 del Reglamento General de Aplicación  a la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia  de Galápagos, expedido mediante Decreto Ejecutivo No.  1363 publicado en el Registro Oficial Suplemento No.  989 de 21 de abril de 2017, señala que la Dirección del  Parque Nacional Galápagos es la unidad administrativa  desconcentrada de la Autoridad Ambiental Nacional, a  cuyo cargo está la administración de las áreas naturales  protegidas de la provincia de Galápagos, en donde  ejercerá jurisdicción y competencia sobre el uso, manejo y  aprovechamiento de los recursos naturales y las actividades  que en dichas áreas se realicen;

 

Que, el Parque Nacional Galápagos fue declarado el 04 de  julio de 1959, mediante Decreto Ley de Emergencia No. 17,  publicado en el Registro Oficial No. 873 de 20 de julio de  1959 como Patrimonio Natural de la Humanidad e incluido  en la lista de Reserva de Biosfera, por su singular valor  natural científico y educativo, que debe ser preservado a  perpetuidad; por lo tanto, el Estado ecuatoriano, adquirió  frente a las naciones del mundo el compromiso ineludible  e histórico de conservar el Archipiélago de Galápagos  o Colón para las presentes y futuras generaciones. En tal  virtud, el Archipiélago de Galápagos fue declarado Parque  Nacional en 1959;

 

Que, mediante Decreto Supremo No. 561, publicado en  el Registro Oficial No. 581 de 25 de junio de 1974, se  aprueba y ratifica la Convención para la Protección del  Patrimonio Mundial Cultural y Natural adoptada en la  ciudad de Paris el 23 de noviembre de 1972, en la que,  su artículo 4 señala: "Cada uno de los Estados Partes en  la presente Convención reconoce que la obligación de  identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a  las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural  situado en su territorio, le incumbe primordialmente (...)";

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 968 de 22 de marzo de 2016, el Presidente Constitucional de la República declaró como prioridad en la formulación de políticas sobre el Patrimonio Natural, a la conservación de los ecosistemas marinos y biodiversidad, presentes en la zona de las islas Darwin y Wolf, ubicadas en la Reserva Marina de Galápagos, debido a su alto valor ecológico basado en la abundancia, movilidad, conectividad, endemismo y concentración de biodiversidad que los convierte en un santuario marino;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de 2017, el Señor Presidente Constitucional de la República nombra como Ministro del Ambiente al Licenciado Tarsicio Granizo Tamayo; Que, el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, señala que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 026-A de 23 de marzo de 2016, publicado en el Registro Oficial No. 760 de 23 de mayo de 2016, el Ministro del Ambiente, con el fin de implementar la política de conservación de los ecosistemas marinos y biodiversidad presentes en las islas Darwin y Wolf, ubicadas en la Reserva Marina de Galápagos, y precautelar su valor ecológico, los establece como un Santuario Marino, el primero de su tipo dentro de la República del Ecuador, estableciendo que: “En esta zona de protección se prohíbe completamente la pesca y cualquier otra actividad extractiva, permitiéndose únicamente los usos establecidos en el sistema de zonificación de las Islas Galápagos”;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 093 de 01 de septiembre de 2016, publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 961 de 17 de marzo de 2017, el Ministerio del Ambiente reforma el Acuerdo Ministerial No. 026-A de 23 de marzo de 2016, señalando en la Disposición Transitoria Primera que: “Se establece el plazo de 1 año calendario a partir de la suscripción de esta reforma para la implementación de la zonificación, a través de un plan adaptativo. Se exceptúa de este período la Zona de Conservación ZC01. Santuario de Darwin, Wolf”;

 

Que, mediante oficio No. COPROPAG-170-2017 de 27 de julio de 2017, el señor Dionicio Zapata, en su calidad de Presidente de la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal de Galápagos COPROPAG solicitó a la Dirección del Parque Nacional Galápagos que: “(…) en vista de los cambios Directivos suscitados en la Administración de las Instituciones Públicas y de parte de la Directiva de COPROPAG, como contraparte, (…) se pueda ampliar el plazo de 4 a 6 meses, para culminar los puntos que están pendientes referentes a: la zonificación (…)”;

 

Que, mediante memorando No. MAE-DPNG/DE-2017- 0272-M de 02 de agosto de 2017, el Director de Ecosistemas de la Dirección del Parque Nacional Galápagos emitió  criterio técnico respecto a la solicitud de la Cooperativa de  Producción Pesquera Artesanal de Galápagos COPROPAG  y concluye que: “(…) Con el objetivo de realizar una  evaluación de los compromisos interministeriales y ejecutar  aquellos que no se habían iniciado, se recomienda ampliar  la fecha de implementación del sistema de zonificación  de las áreas protegidas de Galápagos establecida en el  Acuerdo Ministerial 093, hasta el 15 de noviembre de 2017 (…)”.

 

Que, mediante memorando No. MAE-DPNG/DE-2017- 0349-M de 30 de agosto de 2017, la Dirección de Ecosistemas  de la Dirección del Parque Nacional Galápagos emitió  informe técnico respecto a la solicitud de la Cooperativa de  Producción Pesquera Artesanal de Galápagos COPROPAG  y concluye que: “(…) Con el objetivo de realizar una  evaluación de los compromisos interministeriales y ejecutar  aquellos que no se habían iniciado, se recomienda ampliar  la fecha de implementación del sistema de zonificación  de las áreas de protegidas de Galápagos establecidas en  el Acuerdo Ministerial 093, hasta el 15 de noviembre de  2017(…)”.

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral  1 del artículo 154 de la Constitución de la República del  Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico  y Administrativo de la Función Ejecutiva;

 

Acuerda:

 

REFORMAR EL ACUERDO MINISTERIAL No. 093

DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PUBLICADO EN

EL REGISTRO OFICIAL EDICIÓN ESPECIAL No.

961 DE 17 DE MARZO DE 2017

 

Art. 1.- Sustitúyase la Disposición Transitoria Primera por  el siguiente texto:

 

“PRIMERA: Se establece hasta el 15 de noviembre de  2017, como plazo para la implementación del sistema de  zonificación de las áreas protegidas de Galápagos, a través  de un plan adaptativo. Se exceptúa de este período la Zona  de Conservación ZC01”.

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

Única.- Se ratifica el contenido del Acuerdo Ministerial No.  093 de 01 de septiembre de 2016, publicado en el Registro  Oficial Edición Especial No. 961 de 17 de marzo de 2017,  en todo aquello que no ha sido modificado por el presente  instrumento.

 

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir  de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el  Registro Oficial y de su ejecución encárguese a la Dirección  del Parque Nacional Galápagos.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 31 de agosto  de 2017.

 

Comuníquese y publíquese,

 

f.) Tarsicio Granizo Tamayo, Ministro del Ambiente.

 

No. 074

 

Tarsicio Granizo Tamayo

MINISTRO DEL AMBIENTE

 

Considerando:

 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República  del Ecuador reconoce el derecho de la población a vivir  en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que  garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  Se declara de interés público la preservación del ambiente,  la conservación de los ecosistemas, la prevención del  daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales  degradados;

 

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la  República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas  el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente  equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la  naturaleza;

 

Que, el inciso tercero del artículo 71 de la Constitución de  la República del Ecuador reconoce que el Estado fomentará  la protección de la naturaleza y promoverá el respeto a  todos los elementos que forman un ecosistema;

 

Que, el artículo 72 de la Constitución de la República  del Ecuador señala que la naturaleza tiene derecho a la  restauración y en los casos de impacto ambiental grave o  permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de  los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá  los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración,  y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar  las consecuencias ambientales nocivas;

 

Que, el inciso primero del artículo 73 de la Constitución  de la República del Ecuador dispone que el Estado aplicará  medidas de precaución y restricción para las actividades que  puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción  de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos  naturales;

 

Que, el numeral 6 del artículo 83 de la Constitución de  la República del Ecuador establece que son deberes y  responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos,  sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:  “[r]espetar los derechos de la naturaleza, preservar un  ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo  racional, sustentable y sostenible”;

 

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de  la República del Ecuador establece que las ministras y  ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas  en la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas  públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y  resoluciones administrativas que requiera su gestión;

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República  del Ecuador, determina que las instituciones del Estado,  sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores  públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad  estatal ejercerán solamente las competencias y facultades  que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

 

Que, el artículo 227 de la Norma Constitucional establece  que la Administración Pública constituye un servicio  a la colectividad que se rige por los principios de  eficiencia, eficacia, jerarquía, calidad, descentralización,  desconcentración, coordinación, planificación,  transparencia y evaluación;

 

Que, el artículo 258 de la Constitución de la República  del Ecuador establece que la provincia de Galápagos  tendrá un gobierno de régimen especial. Su planificación  y desarrollo se organizará en función de un estricto apego  a los principios de conservación del patrimonio natural del  Estado y del buen vivir, de conformidad con lo que la ley  determine; Que, el numeral 7 del artículo 261 de la Constitución de  la República del Ecuador reconoce que el Estado central  tendrá competencias exclusivas sobre las áreas naturales  protegidas y los recursos naturales;

 

Que, el artículo 389 de la Constitución de la República del  Ecuador señala que el Estado protegerá a las personas, las  colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos  de los desastres de origen natural o antrópico mediante la  prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la  recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales,  económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la  condición de vulnerabilidad;

 

Que, el numeral 1 del artículo 395 de la Constitución  de la República del Ecuador reconoce como principio  ambiental, que el Estado garantizará un modelo sustentable  de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso  de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y  la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas,  y asegure la satisfacción de las necesidades de las  generaciones presentes y futuras;

 

Que, el inciso primero del artículo 396 de la Constitución de  la República establece que el Estado adoptará las políticas  y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales  negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso  de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u  omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el  Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas;

 

Que, el inciso primero del artículo 397 de la Constitución  de la República del Ecuador determina que en caso de  daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata  y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de  los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente,  el Estado repetirá contra el operador de la actividad que  produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación  integral, en las condiciones y con los procedimientos que la  ley establezca;

 

Que, el artículo 404 de la Constitución de la República del  Ecuador señala que el patrimonio natural del Ecuador es  único e invaluable y comprende, entre otras, las formaciones  físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto  de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige  su protección, conservación, recuperación y promoción. Su  gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados  en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al  ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de  acuerdo con la ley;

 

Que, el artículo 406 de la Carta Fundamental establece  que el estado regulará la conservación, manejo y uso  sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los  ecosistemas frágiles y amenazados;

 

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica del Régimen Especial  de la Provincia de Galápagos establece que el Parque  Nacional Galápagos y la Reserva Marina de Galápagos  forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas  (SNAP);

 

Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica del Régimen Especial  de la Provincia de Galápagos establece que la Reserva  Marina de Galápagos se somete a la categoría de Reserva  Marina, de uso múltiple y administración integrada, de  acuerdo con la Ley Forestal y de Conservación de Áreas  Naturales y Vida Silvestre;

 

Que, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Régimen Especial  de la Provincia de Galápagos indica que la Autoridad  Ambiental Nacional a través de la unidad administrativa  desconcentrada a cargo de las Áreas Naturales Protegidas de  Galápagos, gestionará de manera concurrente y articulada  con las demás entidades competentes, las políticas y los  planes de prevención y control de riesgos, en el marco del  Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos;

 

Que, el numeral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica  del Sistema Nacional de Contratación Pública define a las  situaciones de emergencia como aquellas generadas por  acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos,  inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente  agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales,  y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a  nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de  emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y  objetiva;

 

Que, el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional  de Contratación Pública establece que para atender las  situaciones de emergencia definidas en el número 31  de artículo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse el  procedimiento, el Ministro de Estado o en general la  máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución  motivada que declare la emergencia, para justificar la  contratación. Dicha resolución se publicará en el Portal  COMPRASPUBLICAS. La entidad podrá contratar de  manera directa, y bajo responsabilidad de la máxima  autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de  consultoría, que se requieran de manera estricta para superar  la situación de emergencia. Podrá, inclusive, contratar con  empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de  domiciliación ni de presentación de garantías; los cuales se  cumplirán una vez suscrito el respectivo contrato. En todos  los casos, una vez superada la situación de emergencia, la  máxima autoridad de la Entidad Contratante publicará en el  Portal COMPRASPUBLICAS un informe que detalle las  contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con  indicación de los resultados obtenidos;

 

Que, el artículo 8 de la Ley de Gestión Ambiental  establece que la autoridad ambiental nacional será ejercida  por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia  rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional  Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las  atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias  y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras  instituciones del Estado;

 

Que, el artículo 69 de la Codificación de la Ley Forestal y  de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre señala  que la planificación, manejo, desarrollo, administración,  protección y control del patrimonio de áreas naturales del  Estado, estará a cargo del Ministerio del Ambiente;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 8 de 24 de mayo de  2017, el Señor Presidente Constitucional de la República  nombra como Ministro del Ambiente al Licenciado Tarsicio  Granizo Tamayo;

 

Que, el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y  Administrativo de la Función Ejecutiva señala que los  Ministros de Estado son competentes para el despacho de  todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad  de autorización alguna del Presidente de la República, salvo  los casos expresamente señalados en leyes especiales;

 

Que, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 establece  en el objetivo 7 “Garantizar los derechos de la naturaleza  y promover un ambiente sano y sustentable”;

 

Que, mediante memorando No. MSP-CZS5-20D01-SEDE- 2017-4343-M de 30 de agosto de 2017, la Dirección Distrital  20D01 del Ministerio de Salud Pública comunica que desde  “el punto de vista de Salubridad, y teniendo en cuenta el  antecedente del baramiento del Buque Galapaface año  2014 en el que hubo el riesgo epidemiológico la presencia  de contaminación y olores de descomposición, y por existir  peligro biológico para la Salud Pública de contaminación  y descomposición de la pesca ilegal, se solicita que a la  brevedad posible a la Dirección del Parque Nacional  Galápagos y a las Autoridades de la provincia tomen los  correctivos urgentes para evitar los riesgos aquí descritos,  se ejecute la inmediata descarga y/o destrucción del  producto en un lugar determinado, lejos de los centros  poblados para de esa manera resguardar el manejo de  salubridad y ambiental en la Reserva marina y el impacto  social en la población de Puerto Baquerizo Moreno en la  provincia de Galápagos”;

 

Que, mediante oficio No. ABG-ABG-2017-0438-O de 30  de agosto de 2017, la Dirección Ejecutiva de la Agencia de  Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para  Galápagos señala: “(…) mi representada al ser la entidad  competente en controlar, regular, impedir y disminuir  el riesgo de la introducción, movimiento y dispersión  de organismos exógenos, es nuestra preocupación que  la embarcación permanezca por tiempo indefinido en  la bahía Las Tijeretas de la isla San Cristóbal, debido  a que el casco está adherido, así como también se han  realizado fumigaciones por motivos que se ha encontrado  invertebrados, que ponen en riesgo los frágiles ecosistemas  de nuestra provincia. Por lo antes expuesto solicito a usted  se efectúen las acciones necesarias y conjuntas, para  apresurar la salida del barco FU YUAN YU LENG 999 de  aguas de la Reserva Marina”;

 

Que, mediante memorando No. MAE-DPNG/UTSC-2017- 0163-M de 31 de agosto de 2017, la Dirección de la Unidad  Técnica San Cristóbal del Parque Nacional Galápagos,  en base al informe técnico respecto a los riesgos y costos  asociados por la presencia de la embarcación Fu Yuan Yu  Leng 999, señala que el riesgo que ocasionaría a la fauna  marina en el sitio de fondeo en Bahía Naufragio en la Isla  San Cristóbal, es alto debido a las condiciones de oleaje  que podrían provocar un encallamiento de la embarcación  Fu Yuan Yu Leng 999 afectando las especies de tortugas  marinas, lobos marinos, aves y especies intermareales,  por lo que recomienda trasladar el barco lo más pronto de  la Reserva Marina de Galápagos y entregarlo a empresas  que tengan conocimiento operacional y administrativo del  mismo;

 

Que, mediante memorando No. MAE-DPNG/DGA-2017- 0108-M de 31 de agosto de 2017 la Dirección de Gestión  Ambiental del Parque Nacional Galápagos, señala que  en base al informe técnico de la inspección realizada a la  embarcación Fu Yuan Yu Leng 999 se concluye que: “(…)  la embarcación presenta un sinnúmero de irregularidades  que potencialmente podrían afectar a las áreas protegidas  de Galápagos y su biodiversidad. En tal virtud, solicito se  revise el documento adjunto y se tomen las medidas que  ameriten desde el ámbito legal para prevenir cualquier tipo  de impacto hacia Galápagos”; y,

 

Que, mediante memorando No. MAE-PNG/DIR-2017- 0284-M de 31 de agosto de 2017, la Dirección del Parque  Nacional Galápagos pone en conocimiento del Ministro  del Ambiente, la información necesaria y el proyecto de  Acuerdo Ministerial para la declaratoria de emergencia  ambiental en la Reserva Marina de Galápagos sobre la  presencia del barco chino Fu Yuan Yu Leng 999, en Puerto  Baquerizo Moreno, a fin de que sea revisado y analizado  por la Coordinación General Jurídica del Ministerio del  Ambiente previa suscripción del mismo.

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral  1 del artículo 154 de la Constitución de la República del  Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico  y Administrativo de la Función Ejecutiva;

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Declarar en situación de emergencia la Reserva  Marina de Galápagos y Parque Nacional Galápagos, a  efectos de ejecutar las medidas necesarias y oportunas,  tendientes a la mitigación de impactos, rehabilitación y el  mantenimiento de los ecosistemas marinos y costeros, ante  el inminente daño ambiental y riesgo epidemiológico que  podría desencadenar la embarcación Fu Yuan Yu Leng 999.

 

Art. 2.- El ámbito de aplicación territorial del presente  Acuerdo Ministerial será dentro de la Reserva Marina de  Galápagos y el Parque Nacional Galápagos.

 

Art. 3.- Disponer a la Dirección del Parque Nacional  Galápagos, que dentro del ámbito de sus competencias,  ejecuten planes y medidas de acción emergentes necesarios  para la superación de la emergencia ambiental con el objeto  de disminuir las causas que originan afectación ambiental  directa de la embarcación Fu Yuan Yu Leng 999.

 

DISPOSICIÓN GENERAL

 

Única.- El Ministerio del Ambiente, como ente rector de  la política ambiental nacional, de ser necesario, coordinará  con otras instituciones del sector público y liderará el  proceso de ejecución del presente Acuerdo Ministerial de  Declaratoria de Emergencia Ambiental.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

 

Única.- El período de duración del presente Acuerdo  Ministerial es de treinta (30) días contados a partir de su  suscripción.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

Primera.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial  encárguese a la Dirección del Parque Nacional Galápagos,  quien a través de su Dirección Administrativa Financiera,  procederá con la contratación y ejecución de obras, bienes  fungibles y no fungibles, o servicios que de manera estricta  y necesaria se requieran para superar la situación de  emergencia ambiental.

 

Segunda.- Una vez concluida la declaratoria de  emergencia ambiental, se publicará en el portal de  COMPRASPÚBLICAS, un informe detallado de las  contrataciones realizadas, presupuesto empleado y de los  resultados obtenidos.

 

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir  de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el  Registro Oficial.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 01 de  septiembre de 2017.

 

Comuníquese y publíquese,

 

f.) Tarsicio Granizo Tamayo, Ministro del Ambiente.

 

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Nro. MJDHC-SDHC-2017-0006-A

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca  SUBSECRETARIA DE DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Considerando:

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de  noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial,  Suplemento Nro. 220 de 27 de noviembre de 2007, se crea  el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

 

Que, el artículo 154, número 1 de la Constitución de la  República del Ecuador, dispone: “A las Ministras y Ministros  de Estado, además de las atribuciones establecidas en la  ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas  públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y  resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en  el Registro Oficial 235 de 14 de julio de 2010, el señor  Presidente Constitucional de la República, economista  Rafael Correa, decreta que los temas referentes a cultos,  pasan a ser competencia del “Ministerio de Justicia y  Derechos Humanos”; y, cambia la denominación, por  “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de  2017, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 16,  de 16 de junio de 2017, el señor Presidente Constitucional de  la República, nombra como Ministra de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de  agosto de 2013, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y  Cultos, delegó a el/la Subsecretario/a de Derechos Humanos  y Cultos, la facultad de suscribir Acuerdos Ministeriales  relativos a la aprobación de personalidad jurídica, reforma  de estatutos, disolución y cancelación de organizaciones  religiosas, regidas por la Ley y el Reglamento de Cultos  Religiosos;

 

Que, mediante Acción de Personal Nro. 002956 de 08  de junio de 2017, se nombró a Juana Marisol Peñafi el  Montesdeoca como Subsecretaria de Derechos Humanos y  Cultos, a partir del 12 de junio de 2017;

 

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República  del Ecuador, numerales 8 y 13 en su orden, reconocen y  garantizan: “El derecho a practicar, conservar, cambiar,  profesar en público o en privado, su religión o sus  creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con  las restricciones que impone el respeto a los derechos... ” ; y,  “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma  libre y voluntaria”;

 

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, publicada en el  Registro Oficial Nro. 547 de 23 de julio de 1937, señala:  “Las diócesis y las demás organizaciones religiosas  de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se  establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer  obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el  Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno  y administración de sus bienes, así como el nombre de  la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya  de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se  determinará el personal que constituya el mencionado  organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0651, expedido el  12 de agosto de 2014, el Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos, aprueba el Estatuto de la organización  religiosa IGLESIA CRISTIANA APOSTÓLICO Y  PROFÉTICO LA HERMOSA

 

Que, la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de  Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de  Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicada en el  Registro Oficial Suplemento No. 116 de 28 de marzo de  2014, establece en el artículo 3, numeral 2 como uno de  los objetivos de esta Cartera el “Impulsar la libertad de  religión, creencia y conciencia con responsabilidad para el mantenimiento de la paz social; y regular su adecuado  accionar en la sociedad”;

 

Que, el Estatuto mencionado en el considerando anterior  establece en el numeral 2.1.1., literal b), numeral 45, como  responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos  y Cultos “ Apoyar la gestión de políticas de protección al  ejercicio de la libertad a practicar una religión, creencia  o no práctica religiosa”; y, en el numeral 2.1.1.3, literal  b), numeral 16 señala que la Dirección de Regulación  y Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y  Conciencia, departamento que pertenece a la Subsecretaría  mencionada, tiene entre otras responsabilidades, la  de “Elaborar y emitir informes sobre estatutos de  organizaciones relacionados con las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante comunicación de 08 de diciembre de  2016, ingresada a esta Cartera de Estado con trámite Nro.  MJDHC-CGAF-DSG-2017-13900-E de 13 de diciembre de  2016, la organización religiosa, IGLESIA CRISTIANA  APOSTÓLICO Y PROFÉTICO LA HERMOSA,  presentó la documentación pertinente en cumplimiento  a las observaciones y requisitos legalmente establecidos,  previo a la aprobación de la Reforma al Estatuto.

 

Que, mediante Oficio Nro. MJDHC-SDHC-DRPLRCC- 2017-1902-O de 24 de julio de 2017, se remitió al  peticionario la comunicación de que se ha concluido con  la revisión de la documentación y que se procederá con la  emisión del informe motivado y del presente Acuerdo;

 

Que, mediante Informe Motivado Nro. MJDHC-SDHC￾DRPLRCC-203-2017 de 18 de agosto de 2017, la  Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad  de Religión, Creencia y Conciencia, recomienda a la  SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS  Y CULTOS la aprobación de la reforma, cambio de  denominación y codificación del estatuto de la organización  religiosa IGLESIA EVANGÉLICA INTERCULTURAL  CRISTIANA APOSTÓLICO Y PROFÉTICO LA  HERMOSA, al considerar que ha cumplido con todos los  requisitos exigidos en el Reglamento de Cultos Religiosos;  y,

 

En uso de las facultad que le confiere el Acuerdo Ministerial  Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013; y el artículo 1 del  Reglamento de Cultos Religiosos:

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Aprobar la Reforma al Estatuto y cambio de  denominación y disponer la inscripción del Estatuto  de la organización IGLESIA EVANGÉLICA  INTERCULTURAL CRISTIANA APOSTÓLICO  Y PROFÉTICO LA HERMOSA, en el Registro de  Organizaciones Religiosas del Registro de la Propiedad  del Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura, domicilio  de la entidad, como persona de derecho privado, sin  fines de lucro, que para el ejercicio de sus derechos y  obligaciones se sujetará estrictamente a lo que determina la  Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Cultos;  y, el Reglamento de Cultos Religiosos y, al Estatuto de la  Organización Religiosa.

 

Art. 2.- Ordenar la publicación de la reforma al Estatuto  y cambio de denominación de la organización religiosa  IGLESIA EVANGÉLICA INTERCULTURAL  CRISTIANA APOSTÓLICO Y PROFÉTICO LA  HERMOSA, en el Registro Oficial. Art. 3.- Disponer se incorpore al registro general de  entidades religiosas del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos, la Reforma al Estatuto y el expediente  de la IGLESIA EVANGÉLICA INTERCULTURAL  CRISTIANA APOSTÓLICO Y PROFÉTICO LA HERMOSA.

 

Art. 4.- Disponer a la organización religiosa que ponga  en conocimiento del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos, cualquier modificación en los Estatutos;  integrantes de su gobierno interno; ingreso y salida de  miembros; y, representante legal de la entidad, a efectos  de ordenar su inscripción en el Registro de la Propiedad  correspondiente.

 

Art. 5.- Encargar la ejecución del presente acuerdo a  la Dirección de Regulación y Promoción de la Libertad  de Religión, Creencia y Conciencia, y a la Dirección de  Secretaría General del Ministerio de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos.

 

Art. 6.- Para la solución de los conflictos y controversias  internas, los miembros de la IGLESIA EVANGÉLICA  INTERCULTURAL CRISTIANA APOSTÓLICO  Y PROFÉTICO LA HERMOSA, en primer lugar,  buscarán como medio de solución los medios alternativos, determinados en sus normas estatuarias, y de persistir las  discrepancias, optarán por el ejercicio de las acciones que  la ley establece como métodos alternativos de solución de  conflictos o ante la justicia ordinaria.

 

Art. 7.- El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos  y Cultos podrá ordenar la cancelación del registro de  la IGLESIA EVANGÉLICA INTERCULTURAL  CRISTIANA APOSTÓLICO Y PROFÉTICO LA  HERMOSA, de comprobarse hechos que constituyan  violaciones graves al ordenamiento jurídico.

 

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su  suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro  Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 23  día(s) del mes de Agosto de dos mil diecisiete.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca,  Subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos.

 

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y  responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por  Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos  y Cultos, certifico que a foja (s) 1-3; es (son), copia (s)  del documento que se encuentra en el Sistema de Gestión  Documental Quipux, de esta Cartera de Estado.

 

Quito, dieciocho de septiembre de 2017.

 

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría  General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y  Cultos.

 

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Nro. MJDHC-SDHC-2017-0007-A

 

Srta. Dra. Juana Marisol Peñafiel Montesdeoca SUBSECRETARIA DE DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

 

Considerando:

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de  noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial,  Suplemento Nro. 220 de 27 de noviembre de 2007, se crea  el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

 

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la  República del Ecuador, dispone: “A las Ministras y Ministros  de Estado, además de las atribuciones establecidas en la  ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas  públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y  resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en  el Registro Oficial 235 de 14 de julio de 2010, el señor  Presidente Constitucional de la República, economista  Rafael Correa, decreta que los temas referentes a cultos,  pasan a ser competencia del “Ministerio de Justicia y  Derechos Humanos”; y, cambia la denominación, por  “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8, de 24 de mayo de  2017, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nro. 16,  de 16 de junio de 2017, el señor Presidente Constitucional de  la República, nombra como Ministra de Justicia, Derechos  Humanos y Cultos a la doctora Rosana Alvarado Carrión;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0082 de 28 de  agosto de 2013, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y  Cultos, delegó a el/la Subsecretario/a de Derechos Humanos  y Cultos, la facultad de suscribir Acuerdos Ministeriales  relativos a la aprobación de personalidad jurídica, reforma  de estatutos, disolución y cancelación de organizaciones  religiosas, regidas por la Ley y el Reglamento de Cultos  Religiosos;

 

Que, mediante Acción de Personal Nro. 002956 de 08  de junio de 2017, se nombró a Juana Marisol Peñafiel  Montesdeoca como Subsecretaria de Derechos Humanos y  Cultos, a partir del 12 de junio de 2017;

 

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República  del Ecuador, numerales 8 y 13 en su orden, reconocen y  garantizan: “El derecho a practicar, conservar, cambiar,  profesar en público o en privado, su religión o sus  creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con  las restricciones que impone el respeto a los derechos... ” ; y,  “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma  libre y voluntaria”;

 

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, publicada en el  Registro Oficial Nro. 547 de 23 de julio de 1937, señala: “Las  diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier  culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el  país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles,  enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo  que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus  bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo  con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente.  En el referido Estatuto se determinará el personal que  constituya el mencionado organismo, la forma de elección  y renovación del mismo y las facultades de que estuviere  investido”;

 

Que, la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de  Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de  Justicia, Derechos Humanos y Cultos publicada en el  Registro Oficial Suplemento No. 116 de 28 de marzo de  2014, establece en el artículo 3, numeral 2 como uno de  los objetivos de esta Cartera el “Impulsar la libertad de  religión, creencia y conciencia con responsabilidad para el mantenimiento de la paz social; y regular su adecuado  accionar en la sociedad”;

 

Que, el Estatuto mencionado en el considerando anterior  establece en el numeral 2.1.1., literal b), numeral 45, como  responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos  y Cultos “ Apoyar la gestión de políticas de protección al  ejercicio de la libertad a practicar una religión, creencia  o no práctica religiosa”; y, en el numeral 2.1.1.3, lit

 

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