Registro Oficial

Registro Oficial No. 124- Martes 21 de noviembre de 2017 Suplemento

Martes, 21 de noviembre de 2017

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Martes, 21 de Noviembre de 2017: (R. O. SP 124, 21-noviembre-2017)

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

Presidencia de la República:

 

Ejecutivo:

 

Decretos               

 

198

Modifíquese el Decreto Ejecutivo No. 58, publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 36 de 14 de julio de 2017

               

199

Créese el Comité Interinstitucional Agua Segura y Saneamiento para Todos

               

200

Agradécense los servicios prestados por el señor Carlos López Damm, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Concurrente ante la República de Haití

               

201

Agradécense los servicios prestados por el señor Luis Humberto Vinueza Rodríguez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Concurrente del Ecuador ante el Gobierno de la República de Azerbaijan y el Gobierno de la República Islámica de Pakistán

               

202

Nómbrese al señor Lautaro Pozo Malo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Concurrente de la República del Ecuador ante el Reino de Dinamarca

               

203

Dese de baja de las Fuerzas Armadas al señor Calm. Remigio Desiderio Haro Muñoz

               

204

Emítese la regulación de los precios de los derivados de los hidrocarburos

               

205

Modifíquese el Decreto Ejecutivo No. 34 de 14 de junio de 2017

               

206

Transfiérense a la Secretaría del Agua las competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones, delegaciones, representaciones, proyectos y programas en materia de riego y drenaje que ejerce el Ministerio de Agricultura y Ganadería

               

207

Autorícese la delegación a la iniciativa privada del Proyecto “Viaducto Sur de Guayaquil”, mediante la modalidad de asociación públicoprivada               

Servicio de Rentas Internas:

 

Resolución            NAC-DGERCGC17-00000571

Refórmese la Resolución No. 1065, publicada en el Registro Oficial No. 734 de 30 de diciembre de 2002 y sus reformas

CONTENIDO

 

 

No. 198

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

 

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República, señala que las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social;

 

Que, el artículo 293 de la Constitución de la República, dispone que, la formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado deberá sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo, dentro del cual se enmarcan, los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas, así como los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, sin menoscabo de sus competencias y autonomía;

 

Que, la Ley Orgánica para la Eficiencia y Contratación Pública, reformó a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, incorporando limitaciones, requisitos y responsabilidades, para la celebración de contratos complementarios;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 58 publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 36 de 14 de julio de 2017, se emitieron normas para el control de la eficiencia del gasto público, y que es indispensable que se agiliten los procesos para la ejecución de los contratos celebrados bajo el amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y,

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 5 del artículo 147 de la Constitución de la República; y, el numeral 1 del artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas,

 

Decreta:

 

Primera.- Suprímase los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo

 

No. 58 publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 36 de 14 de julio de 2017.

 

Segunda.- Deróguese en su totalidad el Decreto Ejecutivo No. 838 publicado en el Registro Oficial No. 656 de 24 de diciembre de 2015.

 

Tercera.- Sustitúyase la reforma número 14 del Decreto Ejecutivo No. 58 publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 36 de 14 de julio de 2017, referente al artículo 109 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, por el siguiente: “Artículo. 109.- De las transferencias de recursos para convenios.- Las transferencias de recursos de programas y/o proyectos de inversión que formen parte del Plan Anual de Inversión y que se realicen entre instituciones públicas del Presupuesto General del Estado, se realizarán de conformidad con la norma técnica que emita la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.”

 

Disposición Final.- Este decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 25 de octubre de 2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República

 

Quito, 12 de noviembre del 2017, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

No. 199

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República consagra como uno de los deberes primordiales del Estado, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes;

 

Que, el numeral 5 del artículo 3 de la Constitución de la República, establece como uno de los deberes primordiales del Estado, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir;

 

Que, el artículo 32 de la Constitución de la República  impone al Estado la obligación de garantizar el derecho a  la salud, cuya realización se vincula al ejercicio de otros  derechos, entre ellos, el derecho al agua;

 

Que, el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución de la  República reconoce y garantiza a las personas el derecho  a una vida digna, agua potable y saneamiento ambiental,  entre otros servicios;

 

Que, el artículo 275 de la Constitución de la República  determina que será responsabilidad del Estado la  planificación del desarrollo del país para garantizar el  ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos  del régimen de desarrollo y los principios consagrados en  la Constitución, para la cual la planificación propiciará  la equidad social y territorial, será participativa,  descentralizada, desconcentrada y transparente, así como  promoverá la concertación;

 

Que, el artículo 280 de la Constitución de la República  define al Plan Nacional de Desarrollo como el instrumento  al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos  públicos; la programación y la ejecución del presupuesto  del Estado; y la inversión y la asignación de recursos  públicos, así como la coordinación de competencias  exclusivas entre el Estado central y los gobiernos  autónomos descentralizados;

 

Que, el artículo 318 de la Constitución de la República  dispone que el Estado, a través de la autoridad única  del agua, será el responsable directo de la planificación  y gestión de los recursos hídricos que se destinarán  a consumo humano, riego que garantice la soberanía  alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas,  en este orden de prelación;

 

Que, el artículo 411 de la Constitución de la República  dispone que el Estado garantizará la conservación,  recuperación y manejo integral de los recursos hídricos,  cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al  ciclo hidrológico, por lo que se regulará toda actividad que  pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio  de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de  recarga de agua;

 

 

Que, el artículo 412 de la Constitución de la República  prescribe que la autoridad a cargo de la gestión del agua  será responsable de su planificación, regulación y control,  la cual cooperará y se coordinará con la que tenga a su  cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del  agua con un enfoque ecosistémico;

 

Que, el artículo 141 de la Constitución de la República del  Ecuador establece que el Presidente de la República ejerce  la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno  y responsable de la administración pública; y que, la  Función Ejecutiva estará integrada por la Presidencia y la  Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado  y los demás organismos e instituciones necesarios para  cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones  de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las  políticas públicas nacionales y los planes que se creen  para ejecutarlas;

 

Que, los numerales 3, 5 y 6 del artículo 147 de la  Constitución de la República disponen que al Presidente  de la República le corresponde definir y dirigir las políticas  públicas de la Función Ejecutiva; dirigir la administración  pública en forma desconcentrada y expedir los decretos  necesarios para su integración, organización, regulación  y control, y, crear, modificar y suprimir los ministerios,  entidades e instancias de coordinación;

 

Que, el artículo 226 de la Constitución dispone que las  instituciones del Estado, sus organismos, dependencias,  servidores públicos y las personas que actúen en virtud de  una potestad estatal, tendrán el deber de coordinar acciones  para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce  y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución,

 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Recursos  Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua, dispone  que la Autoridad Única del Agua es la entidad que dirige el  sistema nacional estratégico del agua y la responsable de  la rectoría, planificación y gestión de los recursos hídricos,  y; es ejercida por 1a Secretaría del Agua de conformidad  con lo dispuesto en el artículo 2 de la indicada ley;

 

Que, el artículo 19 ibídem, dispone que el Consejo  intercultural y Plurinacional del Agua forma parte del  sistema nacional estratégico del agua, instancia nacional  sectorial, en la formulación, planificación, evaluación  y control participativo de los recursos hídricos, de  conformidad con la Ley;

 

Que, el artículo 40 Ley de Modernización del Estado,  Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos  establece que es de competencia exclusiva del Ejecutivo  la regulación de la estructura, funcionamiento y  procedimientos de todas sus dependencias y órganos  administrativos;

 

Que, de acuerdo a los literales a), b), f), h) e i) del artículo  11 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo  de la Función Ejecutiva, corresponde al Presidente de  la República dirigir y resolver los asuntos superiores  fundamentales de la Función Ejecutiva y del Estado  Ecuatoriano; orientar los aspectos fundamentales de las  actividades de los organismos y entidades que conforman  la Función Ejecutiva; adoptar decisiones de carácter  general o específico, según corresponda, mediante  decretos ejecutivos y, suprimir, fusionar y reorganizar  organismos de la Función Ejecutiva;

 

Que, mediante Acuerdo Interministerial No. 001 del 03  de mayo de 2016, se creó el Comité Interinstitucional de  Calidad de Agua, como la entidad responsable de coordinar  la formulación de políticas sobre la calidad y control de  la contaminación del agua, orientadas a su protección,  conservación y maneja integrado, de conformidad a las  competencias establecidas en la ley para cada miembro;

 

Que, el Consejo Nacional de Planificación, mediante el  artículo 2 de la Resolución No. 003-2017 CNP de 22  de septiembre de 2017, dispuso que en el plazo de 30  días contados a partir de la expedición de la resolución,  las instituciones públicas que tengan competencia  en la ejecución de las intervenciones emblemáticas  contempladas en el Plan Nacional para el Buen Vivir  2017-2021, elaboren las estrategias de implementación  con sus correspondientes modelos de gestión;

 

Que, la Secretaría del Agua, de manera participativa,  elaboró la Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento  -ENAS- misma que establece el conjunto de lineamientos  programáticos que permitan garantizar el goce del derecho  humano al agua y saneamiento de toda la población;

 

Que, es necesario crear una instancia que permita la  coordinación y articulación de las políticas, lineamientos,  acciones y actores para la construcción e implementación  del Programa Agua Segura y Saneamiento para Todos  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10-1,  literal c) del ERJAFE, en el marco de las intervenciones  emblemáticas contempladas en el Plan Nacional para el  Buen Vivir 2017-2021; y,

 

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le  confieren los numerales 3, 5 y 6 del artículo 147 y. artículos  226 y 227 de la Constitución de la República del Ecuador,  de los artículos 17 y 40 de la Ley de Modernización del  Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos  por parte de la Iniciativa Privada; y, los literales a), b), f),  h) e i) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y  Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Crear el Comité Interinstitucional Agua  Segura y Saneamiento para Todos, como una instancia de  coordinación y articulación de las políticas, lineamientos,  procedimientos y acciones que permitan la elaboración e  implementación del Programa Agua Segura y Saneamiento  para Todos, con sujeción a los lineamientos del Consejo  Nacional de Planificación, a fin de garantizar de manera  integral el recurso hídrico desde la conservación, uso,  eficiencia y tratamiento final, hasta el acceso, la calidad y  la cantidad de este recurso.

 

Para la construcción del Programa Agua Segura y  Saneamiento para Todos se observará lo establecido en la  Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento -ENAS-.

 

Artículo 2.- El Comité Interinstitucional Agua Segura  y Saneamiento para Todos, estará integrado por los  siguientes miembros plenos con voz y voto:

 

El titular de la Secretaría Nacional de Planificación  y

 

Desarrollo, o su delegado permanente, quien lo  presidirá;

 

El titular de la Secretaría del Agua, o su delegado  permanente;

 

El titular del Ministerio del Ambiente, o su delegado  permanente;

 

El titular del Ministerio de Salud Pública, o su  delegado permanente; y,

 

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, o su  delegado permanente.

 

Como miembros asociados con voz, pero sin voto:

 

El titular del Banco de Desarrollo del Ecuador, o su  delegado permanente;

 

El titular de la Agencia de Regulación y Control del  Agua, o su delegado permanente;

 

El titular de la Agencia Nacional de Regulación,  Control y Vigilancia Sanitaria, o su delegado  permanente; y,

 

El titular de la Empresa Pública del Agua EPA-EP, o  su delegado permanente.

 

El Presidente del Comité interinstitucional Agua Segura y  Saneamiento para lodos, de considerar necesario, invitará  a las sesiones del Comité al presidente del Consejo  Intercultural y Plurinacional del Agua, a los gobiernos  autónomos descentralizados y a los representantes de sus  gremios, a fin de que informen y participen sobre temas  específicos, o en asuntos referentes al ámbito de su gestión.

 

La Secretaría del Agua ejercerá la secretaría del Comité  a través del funcionario que designe para el efecto,  quien será el responsable de ejecutar los asuntos de  carácter administrativo y operativo para la organización y  funcionamiento del Comité.

 

Artículo 3.- El Comité Interinstitucional Agua Segura  y Saneamiento para Todos, tendrá las siguientes  atribuciones:

 

Definir los lineamientos para la elaboración del  Programa Agua Segura y Saneamiento para Todos;

 

Aprobar el Programa Agua Segura y Saneamiento para  Todos, a propuesta de la secretaría del Comité;

 

Articular los lineamientos de política pública sobre el  manejo, aprovechamiento integral, uso, tratamiento,  accesibilidad, calidad y cantidad del agua, definidos  por el Comité Interinstitucional de Calidad del Agua,  en el marco del Programa Agua Segura y Saneamiento  para Todos;

 

Proponer al Consejo Nacional de Planificación  lineamientos para la planificación y conservación de  cuencas hidrográficas;

 

Definir lineamientos que permitan la implementación  conjunta del Programa Agua Segura y Saneamiento  para Todos;

 

Proponer a las instancias correspondientes  procedimientos para la obtención de recursos y los  mecanismos de financiamiento para la ejecución de  programas y proyectos de inversión en agua segura y saneamiento cumpliendo lo establecido en la normativa vigente;

 

Dar seguimiento a la implementación del Programa Agua Segura y Saneamiento para Todos, y;

 

Revisar los informes técnicos de avance presentados por los ejecutores.

 

Artículo 4.- En función de lo dispuesto en el presente Decreto Ejecutivo, a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo le corresponden las siguientes atribuciones:

 

Coordinar la articulación intersectorial en el ámbito del Comité Interinstitucional Agua Segura y Saneamiento para Todos;

 

Articular la planificación nacional y territorial en el marco del Programa Agua Segura y Saneamiento para Todos;

 

Coordinar con la Secretaría del Agua la priorización de la inversión en las actividades que permitan el uso pleno de las infraestructuras de agua, en el marco del Programa Agua Segura y Saneamiento para Todos.

 

Artículo 5.- A la Secretaría del Agua además de sus atribuciones le corresponderá ejercer las siguientes:

 

Coordinar con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo la presentación de insumos técnicos que permitan la toma de decisiones de los miembros del Comité Interinstitucional Agua Segura y Saneamiento para Todos;

 

Coordinar, evaluar y dar seguimiento a las disposiciones emitidas por el Comité Interinstitucional Agua Segura y Saneamiento para Todos con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo;

 

Solicitar información sobre saneamiento, tratamiento, distribución y abastecimiento del agua a los gobiernos autónomos descentralizados y a otros actores relacionados en el marco del Programa Agua Segura y Saneamiento para Todos;

 

Elaborar y proponer el Programa Agua Segura y Saneamiento para Todos;

 

Diseñar, definir e implementar políticas para saneamiento, tratamiento, distribución y abastecimiento del agua;

 

Coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados municipales la implementación de las políticas y lineamientos definidos en el Programa Agua Segura y Saneamiento para Todos; y,

 

Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento.

 

Artículo 6.- Al Ministerio del Ambiente le corresponderá ejercer las siguientes atribuciones:

 

Articular la política pública de ambiente al Programa Agua Segura y Saneamiento para Todos; y,

 

Coordinar con SENAGUA políticas y acciones necesarias que coadyuven a preservar las cuencas hidrográficas, los ecosistemas de las zonas protegidas y bosques protectores, así como el equilibrio sistémico.

 

Artículo 7.- Al Ministerio de Salud Pública le corresponderá ejercer las siguientes atribuciones:

 

Proponer las políticas y acciones para fortalecer la vigilancia de la calidad de agua de consumo humano, a fin de precautelar la salud de la población; y,

 

Coordinar con los actores competentes, la actualización de la normativa que establece los parámetros de calidad del agua para consumo humano.

 

Artículo 8.- Al Ministerio de Economía y Finanzas le corresponderá coordinar con los entes ejecutores las acciones necesarias para la gestión de recursos para el financiamiento de programas y proyectos de inversión de agua segura y saneamiento.

 

Artículo 9.- Al Banco de Desarrollo del Ecuador le corresponderá ejercer las siguientes atribuciones:

 

Ofertar recursos financieros para la construcción de sistemas de agua y saneamiento, y servicios de asistencia técnica a los gobiernos autónomos descentralizados, articuladas a los lineamientos del Programa Agua Segura y Saneamiento para Todos; y,

 

Ofertar recursos financieros no reembolsables dirigidos a la construcción, administración, operación y mantenimiento de los Sistemas de Agua operados por los prestadores públicos y comunitarios de los servicios de agua y saneamiento.

 

DISPOSICIÓN GENERAL.- La implementación en territorio de las acciones del Programa Agua Segura y Saneamiento para Todos estará a cargo de las Subsecretarías de Demarcaciones Hídricas de la Secretaría del Agua, en articulación y coordinación con los gabinetes zonales presididos por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- En el plazo de treinta días a partir de la expedición del presente Decreto Ejecutivo, el Comité Interinstitucional Agua Segura y Saneamiento para Todos presentará el Programa Agua Segura y Saneamiento Para Todos y elaborará el Reglamento de funcionamiento del comité para la aprobación de sus miembros.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese cualquier disposición de igual o inferior jerarquía contraria a lo establecido en el presente Decreto Ejecutivo.  DISPOSICIÓN FINAL.- De la ejecución del presente  Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia a partir de la  fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en  el Registro Oficial, encárguese a la Secretaría Nacional  de Planificación y Desarrollo, a la Secretaría del Agua, al  Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Salud Pública, y  al Ministerio de Economía y Finanzas.

 

Dado en el Palacio Nacional, a los veinticinco días del  mes de octubre del año dos mil diecisiete.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la  República.

 

Quito, 12 de noviembre del 2017, certifico que el que  antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR

 

No. 200

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, el artículo 147 numeral 10 de la Constitución de la  República del Ecuador, prevé como una de las atribuciones  del Presidente de la República, nombrar y remover a  embajadores y jefes de misión;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 159 de 20 de  noviembre de 2009, de conformidad con la Constitución  de la República y la Ley Orgánica del Servido Exterior,  el Embajador del Servicio Exterior Carlos López  Damm, fue designado como Embajador Extraordinario  y Plenipotenciario ante el Gobierno de la República  Dominicana;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 378, de 02 de junio de  2010, de conformidad con la Constitución de la República  y la Ley Orgánica del Servicio Exterior, el Embajador  del Servicio Exterior Carlos López Damm, fue designado  como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario  Concurrente del Ecuador ante la República de Haití con  sede en Santo Domingo - República Dominicana;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 560 de 26 de  enero de 2015, de conformidad con la Constitución de  la República y la

 

Ley Orgánica del Servicio Exterior,  se dan por terminadas las funciones del Embajador del  Servicio Exterior Carlos López Damm como Embajador  Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gobierno de la  República Dominicana;

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la  Constitución de la República y la Ley.

 

Decreta:

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Agradecer los servicios  prestados y dar por terminadas las funciones del  Embajador del Servicio Exterior Carlos López Damm,  como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario  Concurrente ante la República de Haití con sede en Santo  Domingo - República Dominicana.

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- De la ejecución del presente  Decreto Ejecutivo, encárguese la Ministra de Relaciones  Exteriores y Movilidad Humana.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 1 de noviembre  de 2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la  República.

 

f.) María Fernanda Espinosa Garcés, Ministra de  Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

 

Quito, 12 de noviembre del 2017, certifico que el que  antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR

 

No. 201

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, el artículo 147 numeral 10 de la Constitución de la  República del Ecuador, prevé como una de las atribuciones  del Presidente de la República, nombrar y remover a  embajadores y jefes de misión;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1396, de 03 de  enero de 2013, de conformidad con la Constitución de la  República y la Ley Orgánica del Servido Exterior, el señor  Luis Humberto Vinueza Rodríguez, fue designado como  Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Ecuador  ante el Gobierno de la República Islámica de Irán;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 370, de 27 de  junio de 2014, de conformidad con la Constitución de  la República y la

 

Ley Orgánica del Servicio Exterior, el  señor Luis Humberto Vinueza Rodríguez, fue designado  como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario  Concurrente del Ecuador ante el Gobierno de la República  de Azerbaijan, con sede Teherán - Irán;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 786, de 18 de  septiembre de 2015, de conformidad con la Constitución  de la República y la Ley Orgánica del Servicio Exterior, el  señor Luis Humberto Vinueza Rodríguez, fue designado  como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario  Concurrente del Ecuador ante el Gobierno de la República  Islámica de Pakistán, con sede Teherán - Irán;

 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1181, de 08 de  septiembre de 2016, de conformidad con la Constitución  de la República y la Ley Orgánica del Servicio Exterior, se  da por terminadas las funciones del señor Luis Humberto  Vinueza Rodríguez, como Embajador Extraordinario  y Plenipotenciario del Ecuador ante el Gobierno de la  República Islámica de Irán; y,

 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la  Constitución de la República y la Ley.

 

 

Decreta:

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Agradecer los servicios  prestados y dar por terminadas las funciones del señor  Luis Humberto Vinueza Rodríguez, como Embajador  Extraordinario y Plenipotenciario Concurrente del  Ecuador ante el Gobierno de la República de Azerbaijan  y el Gobierno de la República Islámica de Pakistán, con  sede en Teherán - Irán.

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- De la ejecución del presente  Decreto Ejecutivo, encárguese a la Ministra de Relaciones  Exteriores y Movilidad Humana.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 1 de noviembre  de 2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la  República.

 

f.) María Fernanda Espinosa Garcés, Ministra de  Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

 

Quito, 12 de noviembre del 2017, certifico que el que  antecede es fiel copia del original.

 

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR

No. 202

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, el artículo 147 numeral 10 de la Constitución de la  República del Ecuador, prevé como una de las atribuciones  del Presidente de la República, nombrar y remover a  embajadores y jefes de misión;

 

Que, el artículo 113 de la Codificación de la Ley Orgánica  del Servicio Exterior establece que el nombramiento de  jefes titulares de misiones diplomáticas se hará mediante  Decreto, una vez que se cumplan los requisitos legales de  orden interno y se obtenga el asentimiento del gobierno  ante el cual serán acreditados;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1297, de 16 de  enero de 2017, el Embajador del Servicio Exterior,  Lautaro Pozo Malo, fue nombrado como Embajador  Extraordinario y Plenipotenciario de la República del  Ecuador ante el Reino de Suecia;

 

Que, el Reino de Dinamarca, ha otorgado el beneplácito  de estilo, para la designación del Embajador del  Servicio Exterior, Lautaro Pozo Malo, como Embajador  Extraordinario y Plenipotenciario Concurrente de la  República del Ecuador ante el Reino de Dinamarca, con  sede en Estocolmo - Suecia; y,

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la  Constitución de la República y la Ley.

 

Decreta:

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Nombrar al Embajador del  Servicio Exterior, Lautaro Pozo Malo, como Embajador  Extraordinario y Plenipotenciario Concurrente de la  República del Ecuador ante el Reino de Dinamarca, con  sede en Estocolmo - Suecia.

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- De la ejecución del presente  Decreto Ejecutivo, encárguese la Ministra de Relaciones  Exteriores y Movilidad Humana.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 1 de noviembre  de 2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la  República.

 

f.) María Fernanda Espinosa Garcés, Ministra de  Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

 

Quito, 12 de noviembre del 2017, certifico que el que  antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR

 

No. 203

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador establece  en el artículo 160, inciso segundo que:

 

“Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía  Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que  regulan sus derechos y obligaciones […]”;

 

Que, el artículo 65 de la Ley de Personal de las Fuerzas  Armadas, dispone que: “La situación militar se  establecerá: A los Oficiales Generales mediante Decreto  Ejecutivo […]”;

 

Que, el artículo 86 de la Ley de Personal de las Fuerzas  Armadas, señala que:

 

“La baja es el acto administrativo ordenado por la  autoridad competente mediante el cual se dispone  la separación del militar de las Fuerzas Armadas  Permanentes, colocándole en servicio pasivo”;

 

Que, el artículo 87 letra a) de la Ley de Personal de las  Fuerzas Armadas establece que: “El militar será dado  de baja por una de las siguientes causas, a) Solicitud  voluntaria […]”;

 

Que mediante resolución Nº 028-2017 de 31 de agosto de  2017, el Consejo de Oficiales Almirantes, resolvió: “DAR  DE BAJA DE SERVICIO ACTIVO DE LAS FUERZAS  ARMADAS, AL SEÑOR CALM REMIGIO DESIDERIO  HARO MUÑOZ, CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2017,  POR SOLICITUD VOLUNTARIA, RENUNCIANDO A SU  TIEMPO DE DISPONIBILIDAD, ESTABLECIDO EN  EL ART. 75 DE LA LEY […] DE PERSONAL DE LAS  FUERZAS ARMADAS”;

 

Que, mediante oficio Nº ARE-COGMAR-PER-2017- 0355-O de 12 de septiembre de 2017, el señor Comandante  General de la Armada, remitió al señor Ministro de Defensa  Nacional, el expediente del señor CALM. REMIGIO  DESIDERIO HARO MUÑOZ, para cambiar la situación  militar de “Servicio Activo” a “Servicio Pasivo”; y,

 

En ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución  de la República del Ecuador; en concordancia con el  artículo 65 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas  y a solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional.

 

Decreta:

 

Artículo 1. Dar de baja del Servicio Activo de las Fuerzas  Armadas, con fecha 31 de agosto de 2017, al señor CALM  REMIGIO DESIDERIO HARO MUÑOZ, de conformidad  a lo señalado en la letra a) del artículo 87 de la Ley de  Personal de las Fuerzas Armadas.

 

Artículo 2. De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo,  encárguese al señor Ministro de Defensa Nacional.

 

Publíquese y Comuníquese.-

 

Dado en Quito, Ministerio de Defensa Nacional, a 1 de  noviembre de 2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente de la República.

 

f.) Patricio Zambrano Restrepo, Ministro de Defensa  Nacional.

 

Quito, 12 de noviembre del 2017, certifico que el que  antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR

 

No. 204

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, según el artículo 261 de la Constitución de la  República del Ecuador en su artículo 10 determina  que: “El Estado central tendrá competencias exclusivas  sobre: El espectro radioeléctrico y el régimen general  de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y  aeropuertos”;

 

Que, para la consecución del buen vivir, el artículo 277  de la Constitución de la República del Ecuador establece  que, serán deberes generales del Estado: “2. Dirigir,  planificar y regular el proceso de desarrollo; 3. Generar  y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar  su incumplimiento; 4. Producir bienes, crear y mantener  infraestructura y proveer servicios públicos”;

 

Que, el artículo 313 de la Constitución de la República  del Ecuador establece que, el Estado se reserva el  derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los  sectores estratégicos, de conformidad con los principios  de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y  eficiencia;

 

Que, de conformidad con el artículo 72 de la Ley  de Hidrocarburos, al Presidente de la República le corresponde regular los precios de venta al consumidor de los derivados de los hidrocarburos;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 338, publicado en Registro Oficial No. 73 de 02 de agosto de 2005, se expidió el Reglamento sustitutivo para la regulación de los precios de los derivados de los hidrocarburos;

 

Que, a través del Decreto Ejecutivo No. 799 de 2015 publicado en Registro Oficial Suplemento 613 de 22 de octubre del 2015, se reformó entre otros artículos, el artículo 6 del Reglamento sustitutivo para la regulación de los precios de los derivados de los hidrocarburos en donde en lo pertinente manifiesta que: “Las personas naturales o jurídicas que operen dentro y fuera del territorio ecuatoriano, que tengan aeronaves construidas a partir del año 1990, que cumplan con características de etapa 4 y presten servicio de transporte aéreo de pasajeros nacional e internacional y/o de carga internacional desde el Ecuador, pagarán el precio de venta en terminal menos el 40%, siempre y cuando operen en rutas que incluyan a los aeropuertos que se encuentren bajo la administración integral de la Dirección General de Aviación Civil, exceptuando la ruta a las islas Galápagos y el abastecimiento por paradas técnicas”;

 

Que, a través de oficio No. DGAC-YA-2017-2030-O de 06 de septiembre de 2017, la Dirección de Aviación Civil recomienda lo siguiente: “En consideración de las cifras en decrecimiento en los aeropuertos de Latacunga y Manta a la fecha, no se presenta operación internacional para pasajeros y carga por lo que se solicita se exponga ante la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se formule políticas de incentivos para atraer pasajeros y mercaderías que incentiven;

 

Que, a través de oficio No. DGAC-YA-2017-2046-O de 08 de septiembre de 2017, la Dirección General de Aviación Civil señala en lo pertinente que: “En consideración de las cifras en decrecimiento del aeropuerto de Cuenca, en cuanto a la operación nacional de pasajeros y carga, se solicita se exponga ante la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se formule políticas de incentivos para atraer pasajeros y mercaderías que incentiven la llegada de operadores nacionales al referido aeropuerto”;

 

Que, se requiere que el periodo para la ejecución de esta política sea de al menos 12 meses en consideración que, a la fecha no se tiene una demanda identificada de carga en los aeropuertos administrados por la Dirección General de Aviación Civil, en virtud de lo cual se requiere el desarrollo de conexiones aéreas en al menos cuatro trimestres, lo que permitirá fomentar la demanda y abarcar las temporadas altas de comercialización claramente identificadas, que corresponden a los meses de enero, febrero e inicios del mes de marzo, en el caso del principal producto de exportación aérea del Ecuador;

 

Que, mediante oficio No. MEF-MINFIN-2017- 0592-O, el Ministro de Economía y Finanzas remite  el informe favorable para la reducción de los costos en los combustibles en favor del desarrollo de la actividad económica de los aeropuertos que se encuentran bajo la administración integral de la Dirección de General de Aviación Civil;

 

Que, esta política fomentará la oferta de tráfico aéreo de pasajeros nacional e internacional y/o de carga internacional desde el Ecuador en los aeropuertos administrados por la Dirección General de Aviación Civil y en los aeropuertos delegados a la Autoridad Municipal, siempre que no hayan sido concesionados, sin menoscabo de las Políticas Internacionales de Medio Ambiente auspiciado por la Organización de Aviación Civil Internacional OACI;

 

Que, es preciso incentivar las operaciones aéreas en los aeropuertos administrados por la Dirección General de Aviación Civil y en los aeropuertos delegados a la Autoridad Municipal, siempre que no hayan sido concesionados, bajo esquemas que garanticen el desarrollo de todas las regiones del Ecuador, fomentando la rentabilidad de la infraestructura aeroportuaria y nodos logísticos existentes; y

 

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren los numerales 3 y 5 de, artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador,

 

Decreta:

 

Emitir la regulación de los precios de los

derivados de los hidrocarburos

 

Artículo 1.- Sustitúyase el inciso cuarto del artículo 6 del Decreto No. 338 publicado en el Registro Oficial No. 73 de 02 de agosto de 2005, reformado mediante Decreto 799 en Registro Oficial Suplemento No. 613 de 22 de octubre del 2015, por el siguiente: “Las personas naturales o jurídicas que operen dentro y fuera del territorio ecuatoriano, que tengan aeronaves construidas a partir del año 1990, que cuenten con su Certifi cado de Operador Aéreo vigente y presten servicio de transporte aéreo de pasajeros nacional e internacional y/o de carga internacional desde el Ecuador, pagarán el precio de venta en terminal menos el 40%, siempre y cuando operen en rutas que incluyan a los aeropuertos que se encuentren bajo la administración integral de la Dirección General de Aviación Civil y a los aeropuertos delegados a la Autoridad Municipal, que no hayan sido concesionados, exceptuando la ruta a las islas Galápagos y el abastecimiento por paradas técnicas.

 

DISPOSICIÓN FINAL- Este Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en la ciudad de Ambato, a los 9 días del mes de noviembre de 2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República.

 

f.) Víctor Paúl Granda López, Ministro de Transporte y Obras Públicas.

 

Quito, 12 de noviembre del 2017, certifico que el que  antecede es fiel copia del original.

 

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

 

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR

 

No. 205

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el artículo 141 de la Constitución de la República  dispone que el Presidente de la República ejerce la  Función ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y  responsable de la administración pública;

 

Que, los numerales 3, 5 y 6 del artículo 147 de la  Constitución de la República facultan al Presidente de la  República a definir y dirigir las políticas públicas de la  Función Ejecutiva; dirigir la administración pública en  forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios  para su integración, organización, regulación y control;  así como: crear, modificar y suprimir los ministerios,  entidades e instancias de coordinación;

 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República  del Ecuador dispone que las instituciones del Estado,  sus organismos, dependencias, servidores públicos  y las personas que actúen en virtud de una potestad  estatal, tendrán el deber de coordinar acciones para el  cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y  ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

 

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República  señala que las compras públicas cumplirán con criterios  de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad  ambiental y social;

 

Que, el artículo 359 de la Constitución de la República  establece que el sistema de salud comprenderá las  instituciones, programas, políticas, recursos, acciones  y actores en salud, abarcará todas las dimensiones del  derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención,  recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y,  propiciará la participación ciudadana y el control social;

 

 

Que el artículo 362 de la Constitución de la República  señala que la atención de la salud como servicio público  se prestará a través de las entidades estatales, privadas,  autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las  medicines ancestrales alternativas y complementarias;

 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 34 de fecha 14  de junio de 2017 se emitieron las Disposiciones para  la Organización y Funcionamiento de los Consejos  Sectoriales; y, en el artículo 10 establecen los Consejos  Sectoriales, y el numeral 10.1 señala los miembros que  conforman el Consejo Sectorial de lo Social; y,

 

En ejercicio de las atribuciones y facultades establecidas  en el artículo 141 de la Constitución de la República,

 

Decreta:

 

Artículo Único.- Incorporar al final de la disposición 10.7  referente a los miembros asociados del artículo 10 del  Decreto Ejecutivo No. 34 de fecha 14 de junio de 2017, el  siguiente literal: “f) El delegado del señor Presidente de  la República al Directorio del Instituto Ecuatoriano de  Seguridad Social”.

 

Disposición Final.- Este Decreto Ejecutivo entrará en  vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su  publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en, la ciudad de Ambato, a los 9 días del mes de  noviembre de 2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la  República.

 

Quito, 12 de noviembre del 2017, certifico que el que  antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR

 

No. 206

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República  establece que uno de los deberes primordiales del Estado  es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce  de los derechos establecidos en la Constitución y en los  instrumentos internacionales, en particular, entre otros, el  agua para sus habitantes;

 

Que, el artículo 10 de la Constitución dispone que  las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades  y colectivos son titulares y gozarán de los derechos  garantizados en la Constitución y en los instrumentos  internacionales; y que la naturaleza será sujeto de aquellos  derechos que le reconozca la Constitución;

 

Que, el artículo 12 ibídem establece que el derecho  humano al agua es fundamental e irrenunciable, puesto  que el agua constituye patrimonio nacional estratégico de  uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y  esencial para la vida;

 

Que, el artículo 313 ibídem establece que el Estado se  reserva el derecho de administrar, regular, controlar y  gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con  los principios de sostenibilidad ambiental, precaución,  prevención y eficiencia; y que uno de los sectores  estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado,  es el agua;

 

Que, el artículo 318 ibídem dispone que el Estado a través  de la autoridad única del agua será el responsable directo  de la planificación y gestión de los recursos hídricos que  se destinarán a consumo humano, riego que garantice la  soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades  productivas, en este orden de prelación; y que se requerirá  autorización del Estado para el aprovechamiento del agua  con fines productivos por parte de los sectores público,  privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo  con la ley;

 

Que, el artículo 411 ibídem establece que el Estado  garantizará la conservación, recuperación y manejo  integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y  caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico; y que  se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y  cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en  especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La  sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano  serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua;

 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Recursos  Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua publicada  en el Suplemento del Registro Oficial 305 de 06 de  agosto de 2014, dispone, en armonía con el artículo 2  del Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos,  Usos y Aprovechamiento del Agua, publicado en el  Suplemento del Registro Oficial 483 de 20 de abril de  2015, que la Autoridad Única del Agua es la entidad que  dirige el sistema nacional estratégico del agua, es persona  jurídica de derecho público, su titular será designado por  la Presidenta o el Presidente de la República y tendrá  rango de ministra o ministro de Estado; es responsable de  la rectoría, planificación y gestión de los recursos hídricos  y su gestión será desconcentrada en el territorio; y es  ejercida por la Secretaría del Agua;

 

Que, el artículo 39 ibídem establece que el riego parcelario  es responsabilidad de los productores dentro de su predio  bajo los principios y objetivos establecidos por la autoridad  rectora del sector agropecuario; y que el servicio público  de riego y drenaje responderá a la planificación nacional  que establezca la autoridad rectora del mismo, y que su  planificación y ejecución en territorio corresponde a los  gobiernos autónomos descentralizados provinciales, de  conformidad con sus respectivas competencias;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 5 de 30 de mayo de  2013, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.  014 de 13 de junio de 2013, se transfirió a la Secretaría  Nacional del Agua, ahora Secretaría del Agua, todas las  competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones,  delegaciones, representaciones, proyectos y programas  que en materia de riego y drenaje ejercía el Ministerio  de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca;  exceptuándose las competencias, atribuciones, programas  y proyectos vinculados al uso y aprovechamiento agrícola  productivo del recurso hídrico y su participación en el  seguimiento del Plan Nacional de Riego, que ejerce y  ejecuta en calidad de ente rector de la política nacional  agropecuaria, de fomento productivo, desarrollo rural y  soberanía alimentaria;

 

Que, constituyen una prioridad de la política nacional  para el sector agrícola en general, el uso eficiente y la  distribución y redistribución equitativa del agua para  riego y drenaje tanto de soberanía alimentaria como riego  productivo; la planificación nacional, regulación, control  y gestión pública o comunitaria de los recursos hídricos;  el fortalecimiento y apoyo de la gestión comunitaria del  agua en materia de riego para soberanía alimentaria y  riego productivo, así como también el fortalecimiento de  las competencias de los gobiernos autónomos provinciales  en la gestión del agua y operación, administración y  mantenimiento de la infraestructura pública de riego; y,

 

En ejercicio de la facultad establecida en los numerales 5 y  6 del artículo 147 de la Constitución de la República, y la  letra h) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico  Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Transfiéranse a la Secretaría del Agua las  competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones,  delegaciones, representaciones, proyectos y programas  en materia de riego y drenaje que ejerce el Ministerio de  Agricultura y Ganadería, incluidas aquellas competencias,  atribuciones, programas y proyectos vinculados al uso y  aprovechamiento agrícola productivo del agua y a la  modernización y eficiencia del servicio público de riesgo  y drenaje complementado por la dotación de canales  secundarios, terciarios y la tecnificación del riesgo  parcelario.

 

Se exceptúan las competencias y atribuciones relativas a  la participación en el seguimiento del Plan Nacional de  Riego que le corresponden al ente rector de la política  nacional agropecuaria, de fomento productivo, desarrollo  rural y soberanía alimentaria.

 

Artículo 2.- Los bienes inmuebles y muebles, activos,  recursos financieros, pasivos, información, proyectos  y programas en materia de riego y drenaje, relacionado  con las competencias, atribuciones, responsabilidades,  funciones, delegaciones, representaciones transferidas  que se encuentren a cargo del Ministerio de Agricultura  y Ganadería, pasarán a formar parte del patrimonio de la  Secretaría del Agua.

 

Artículo 3.- Los funcionarios que se encuentren prestando  sus servicios en la Subsecretaría de Riego y Drenaje del  Ministerio de Agricultura y Ganadería, bajo cualquier  modalidad establecida legalmente, pasarán a prestar sus  servicios en la Secretaría del Agua.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

PRIMERA.- Las partidas presupuestarias que  correspondan al Ministerio de Agricultura y Ganadería  para el ejercicio de las competencias relativas a riego  y drenaje, modernización y tecnificación del riego  parcelario, transferidas mediante este decreto ejecutivo,  serán reasignadas a la Secretaría del Agua.

 

El Ministro de Finanzas y el Secretario Nacional de  Planificación y Desarrollo expedirán las resoluciones,  regulaciones presupuestarias e implementarán las  acciones necesarias para la aplicación del presente decreto  ejecutivo.

 

SEGUNDA.- Los procesos de contratación iniciados  por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el área  transferida de riego y drenaje, continuarán normalmente y  se transferirán a la Secretaría del Agua.

 

Los reclamos y demás trámites administrativos  relacionados con las competencias transferidas, que  se hayan iniciado con anterioridad en el Ministerio de  Agricultura y Ganadería, antes de la expedición de este  decreto ejecutivo, deberán ser atendidos y resueltos por  dicha Cartera de Estado.

 

Los procesos de optimización de personal que se encuentren  en curso por parte del Ministerio de Agricultura y  Ganadería, serán ejecutados y finalizados por la Secretaría  del Agua, con el presupuesto asignado para tal efecto en  dicho Ministerio. De no haberse asignado recursos para  tal efecto, el Ministro de Finanzas los asignará en el  presupuesto de la Secretaría del Agua.

 

TERCERA.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería  y la Secretaría del Agua, modificarán su matriz de  competencias, modelo de gestión, estructura orgánica  funcional y demás instrumentos institucionales, a partir de  las disposiciones del presente decreto.

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, dentro del plazo  de noventa días contados a partir de la publicación del  presente decreto, ejecutará el proceso de transferencia  a la Secretaría del Agua del presupuesto, personal,  bienes muebles e inmuebles, programas y proyectos, así  como de la información técnica, legal, presupuestaria  y administrativa, relacionada con la gestión del riego y  drenaje.

 

Disposición final.- De la ejecución de este decreto  ejecutivo que entrará en vigencia a partir de la presente  fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, se encarga al Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura y  Ganadería, Secretaría del Agua, Secretaría Nacional de  Planificación y Desarrollo.

 

Dado en la ciudad de Ambato, a 9 de noviembre de 2017.

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la  República.

 

Quito, 12 de noviembre del 2017, certifico que el que  antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR

 

No. 207

 

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de  la República, consagra el derecho a acceder a bienes y  servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia,  eficacia y buen trato, así como a recibir información  adecuada y veraz sobre su contenido y características;

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República,  determina que la administración pública se rige por los  principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,  desconcentración, descentralización, coordinación,  participación, planificación transparencia y evaluación;

 

Que, el artículo 314 ibídem, establece que el Estado será  responsable de la provisión de los servicios públicos de  agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica,  telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias  y aeroportuarias y los demás que determine la ley;

 

Que, el segundo inciso del artículo 316 de la Constitución  de la República, determina que el Estado podrá, de forma  excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía  popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los  casos que establezca la ley;

 

Que. el literal h) del artículo 5 del Código Orgánico  de la Producción, Comercio e Inversiones, determina  que el Estado promoverá un desarrollo logístico y de  infraestructura, para lo cual generará las condiciones para  promover la eficiencia del transporte marítimo, aéreo  y terrestre, bajo un enfoque integral y una operación de  carácter multimodal;

 

Que, conforme lo prevé el artículo 100 del Código  Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,  en forma excepcional debidamente decretada por el  Presidente de la República, cuando sea necesario y  adecuado para satisfacer el interés público, colectivo  o general, cuando no se tenga la capacidad técnica o  económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser  cubierta por empresas públicas o mixtas, el Estado o sus  instituciones podrán delegar a la iniciativa privada o a la  economía popular y solidaría, la gestión de los sectores  estratégicos y la provisión de los servicios públicos  de electricidad, vialidad, infraestructuras portuarias o  aeroportuarias, ferroviarias y otros;

 

Que, el Decreto Ejecutivo No. 810 de fecha 05 de julio de  2011, publicado en el Registro Oficial No. 494 del 19 de  julio de 2011, que contiene el Reglamento de Aplicación  del Régimen Excepcional de Delegación de Servicios  Públicos de Transporte, establece el procedimiento a  seguir para que el Estado, a través de sus instituciones y  dentro del ámbito de sus competencias, pueda delegar a  empresas privadas o de la economía popular y solidaria,  la facultad de proveer y gestionar de manera integral  servicios públicos del sector transporte, entre otros, los  provistos mediante las infraestructuras viales;

 

Que, el artículo 2 del Reglamento ibídem establece  que: “Procede la delegación de la facultad de proveer  y gestionar de forma integral los servicios públicos  de transporte de manera excepcional y previamente  declarada por el Presidente de la República cuando la  máxima autoridad de la entidad delegante, a través de  una resolución motivada, basada en estudios técnicos  especializados, demuestre la oportunidad, conveniencia y  viabilidad técnica - económica de tal proceso”;

 

Que, con Resolución No. 064-2017 del 24 de mayo  del 2017, el Ministro de Transporte y Obras Públicas  declaró la viabilidad técnica, económica y jurídica para la  delegación a la iniciativa privada del Proyecto “Viaducto  Sur de Guayaquil”, por razones de conveniencia para  satisfacer el interés público; y,

 

Que, en ejercicio de la atribución que le confiere los  numerales 5 y 13 del Artículo 147 de la Constitución de  1a República, y el literal f) del Artículo 11 del Estatuto  del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función  Ejecutiva

 

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Autorizar con carácter excepcional la  delegación a la iniciativa privada del Proyecto “Viaducto  Sur de Guayaquil”, mediante la modalidad de asociación  público - privada.

 

 

Artículo 2.- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas  será el encargado de ejecutar este Decreto Ejecutivo, para  lo cual otorgará la delegación, conforme a las condiciones  y características específicas que se determinen en los  pliegos correspondientes.

 

 

Este decreto entrará en vigencia a partir de su publicación  en el Registro Oficial.

 

 

Dado en la ciudad de Ambato, a los 9 días del mes de  noviembre de 2017.

 

 

f.) Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la  República.

 

 

Quito, 12 de noviembre del 2017, certifico que el que  antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Dra. Johana Pesántez Benítez

SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR

 

No. NAC-DGERCGC17-00000571

 

EL DIRECTOR GENERAL

DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 

Considerando:

 

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del  Ecuador establece que son deberes y responsabilidades  de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley;

 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;

 

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos;

 

Que el numeral 2 del artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas establece como facultad del Servicio de Rentas Internas, efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del Estado y de aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por Ley a otra autoridad;

 

Que el artículo 9 del Código Tributario dispone que la gestión tributaria corresponde al organismo que la ley establezca y comprende las funciones de determinación y recaudación de los tributos, así como la resolución de las reclamaciones y absolución de las consultas tributarias;

 

Que el primer inciso del artículo 43 Ibídem establece que, lo dispuesto en leyes orgánicas y especiales, el pago de las obligaciones tributarias se hará en efectivo, en moneda de curso legal; mediante cheques, débitos bancarios debidamente autorizados, libranzas o giros bancarios a la orden del respectivo recaudador del lugar del domicilio del deudor o de quien fuere facultado por la ley o por la administración para el efecto. Cuando el pago se efectúe mediante cheque no certificado, la obligación tributaria se extinguirá únicamente al hacerse efectivo;

 

Que el primer inciso del artículo 71 del Código Tributario dispone que la recaudación de los tributos se efectuará por las autoridades en la forma o por los sistemas que la ley o el reglamento establezcan para cada tributo;

 

Que el artículo 73 de este mismo cuerpo legal establece que la actuación de la Administración Tributaria deberá desarrollarse con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia;

 

Que mediante Resolución No. 1065, publicada en el Registro Oficial No. 734 de 30 de diciembre de 2002, y sus posteriores reformas, la Dirección General del Servicio de Rentas Internas expidió las normas para la declaración y pago de las obligaciones tributarias a través del internet;

 

Que el artículo 1 de la Resolución No. NACDGERCGC14- 00369, publicada en el (Suplemento del Registro Oficial No. 266 de junio 12 de 2014) REG. OF. junio 12 No. 266 de 2014, dispone a los sujetos pasivos personas naturales obligados a llevar contabilidad y sociedades, deberán realizar el pago de sus declaraciones de impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas, mediante débitos que se efectuarán de sus cuentas corrientes o de ahorro de las entidades financieras que tienen a disposición este servicio.

 

 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad el Director General del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias;

 

 

Que es deber de la Administración Tributaria a través del Director General del Servicio de Rentas Internas, expedir las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales, de conformidad con los principios constitucionales establecidos para el régimen tributario y la ley y,

 

 

En ejercicio de las facultades legales,

 

Resuelve:

 

Reformar la Resolución No. 1065 publicada en el

Registro Oficial No. 734 de 30 de diciembre de 2002 y

sus reformas

 

Artículo Único.- Efectúese la siguiente reforma en la Resolución del Servicio de Rentas Internas (SRI) No. 1065, publicada en el Registro Oficial No. 734 de 30 de diciembre de 2002, modificada por la Resolución del SRI No. NAC-DGERCGC17-00000106 publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 946 de 16 de febrero de 2017 y por la Resolución del SRI No. NACDGERCGC17- 00000317 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 22 del 26 de junio de 2017:

 

1. Al final del artículo 10, agréguese el siguiente inciso:

 

“De igual forma, lo contenido en el presente artículo, será aplicable a las cuotas correspondientes a facilidades de pago, otorgadas mediante resolución en la cual se disponga el pago mediante débito automático.”

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.

 

Dado en Quito DM, a 10 de noviembre de 2017.

 

Dictó y firmó la Resolución que antecede, el Economista Leonardo Orlando Arteaga, Director General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D.M., a 10 de noviembre de 2017.

 

Lo certifico.

 

f.) Dra. Alba Molina P., Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.

 

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