Registro Oficial

Registro Oficial No.135- Jueves 07 de diciembre de 2017 Segundo Suplemento

Jueves, 07 de diciembre de 2017

 

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Diciembre, 7 de Septiembre de 2017 (R. O. 2SP 135, 7-diciembre-2017)

 

SEGUNDO SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

Consejo Nacional Electoral:

 

Electoral:

 

Convocatoria       

 

PLE-CNE-3-1-12-2017

Convóquese a todas las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos, y extranjeros, al proceso electoral de Referéndum y Consulta Popular, para pronunciarse acerca de varias preguntas

               

Consejo Nacional Electoral:

 

Resolución           

PLE- CNE-4-1-12-2017

Declárese el inicio del periodo electoral para la “ Consulta Popular y Referéndum 2018

 

                              

CONTENIDO

 

 

No. PLE-CNE-3-1-12-2017

 

“EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

 

Considerando:

 

Que, el artículo 219 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Consejo Nacional Electoral, tiene la facultad de organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos electorales;

 

Que, el artículo 104 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el Presidente de la República, puede disponer al Consejo Nacional Electoral convoque a consulta popular respecto de los asuntos que estime conveniente, previo el dictamen de la Corte Constitucional;

 

Que, el artículo 441 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezcan restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma a la Constitución, se realizará mediante referéndum solicitado por el Presidente de la República;

 

Que, el artículo 100 de la Ley Orgánica de Garantías  Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que  todo proyecto de enmienda o reforma constitucional debe  ser enviado a la Corte Constitucional para que establezca  cuál de los procedimientos previstos en la Ley Suprema  corresponde, cuando la iniciativa provenga del Presidente  de la República;

 

Que, con oficio No. T.172-SGJ-17-0488 de 29 de  noviembre de 2017, la doctora Johana Pesántez Benítez,  Secretaria General Jurídica de la Presidencia de la  República del Ecuador, se dirige al Consejo Nacional  Electoral, en los siguientes términos: “El licenciado  Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la  República, a través de los Decretos Ejecutivos Nro. 229  y 230 ambos de 29 de noviembre de 2017, convocó a  los ecuatorianos, ecuatorianas y extranjeros residentes  en el Ecuador con derecho a voto, a pronunciarse en  referéndum y consulta popular, sobre un total de siete  preguntas sobre enmiendas a la Constitución de la  República y asuntos de interés nacional, que se estiman  convenientes. En consecuencia, en cumplimiento de  lo dispuesto en el número 14 del artículo 147 de la  Constitución de la República, y del artículo 195 de la Ley  Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la  República del Ecuador, Código de la Democracia, remito  copias certificadas e íntegras de los Decretos Ejecutivos  mencionados, a fin de que el pueblo ecuatoriano manifieste  su voluntad respecto de las cuestiones que ha planteado  el señor Presidente Constitucional de la República. Con  dicho fin, cumplo en adjuntar el certificado emitido por  la Corte Constitucional, en el cual consta la falta de  pronunciamiento de constitucionalidad; por lo que, de  conformidad con el último inciso del artículo 105 y artículo  127 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales  y Control Constitucional, se entiende que ha emitido  dictamen favorable (…) ”;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 229 y Decreto  Ejecutivo Nro. 230 de 29 de noviembre de 2017, el  Presidente Constitucional de la República del Ecuador,  convoca a los ecuatorianos, ecuatorianas y extranjeros  residentes en el Ecuador con derecho a sufragio, a  Referéndum y Consulta Popular;

 

Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica Electoral y de  Organizaciones Políticas de la República del Ecuador,  Código de la Democracia, establece las funciones del  Consejo Nacional Electoral, organizar, dirigir, vigilar y  garantizar de manera transparente y eficaz los procesos de  referéndum, consulta popular o revocatoria de mandato;

 

Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica Electoral y de  Organizaciones Políticas de la República del Ecuador,  Código de la Democracia, determina que constarán en  los padrones electorales las personas que hayan obtenido  su cédula de identidad o ciudadanía hasta el día que el  Consejo Nacional Electoral determine el cierre del  registro. Quienes se hubieren cedulado con posterioridad a  dicha convocatoria, constarán en el registro que se elabore  para el siguiente proceso electoral; Que, el artículo 195 de la Ley Orgánica Electoral y de  Organizaciones Políticas de la República del Ecuador Código de la Democracia, establece los requisitos y procedimientos que se debe cumplir para convocar a una Consulta Popular por disposición del Presidente de la República;

 

Que, el artículo 202 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia dispone que el Consejo Nacional Electoral determinará la fecha de inicio y culminación de la campaña electoral;

 

Que, mediante resolución PLE-CNE-2-12-5-2015 de 12 de mayo de 2015, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria de Mandato; y, sus reformas aprobadas con Resolución PLECNE- 3-14-4-2016 de 14 de abril de 2016;

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

 

Convoca:

 

Artículo 1.- A todas las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos mayores de dieciocho años con derecho a ejercer el voto; así como, a aquellas personas mayores de dieciocho años de edad privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada; y, de forma facultativa, a las ecuatorianas y ecuatorianos entre dieciséis y dieciocho años de edad, mayores de sesenta y cinco años, ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior debidamente registrados, integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, personas con discapacidad, extranjeras y extranjeros desde los dieciséis años de edad que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años y se hubieren inscrito en el Registro Electoral, al proceso electoral de Referéndum y Consulta popular, bajo las normas previstas en la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia y Reglamentos expedidos por el Consejo Nacional Electoral, para pronunciarse acerca de las siguientes preguntas:

 

REFERÉNDUM:

 

1.-           ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?

 

SI ( )        NO ( )

 

ANEXO 1

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

Sustitúyase el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador por el siguiente texto:

 

“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio   de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.

 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados a las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán  imprescriptibles y en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas.

 

Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas.

 

Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita, y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción; estarán impedidos para ser candidatos a cargos de elección popular, para contratar con el Estado, para desempeñar empleos o cargos públicos y perderán sus derechos de participación establecidos en la presente Constitución.”

 

LEY ORGANICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA

 

Sustitúyase el número 2 del artículo 96 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, por el siguiente:

 

“2. Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción”.

 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO

 

Sustitúyase el primer inciso de artículo 10 de Ley Orgánica del Servicio, por el siguiente texto:

 

“Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de: peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción; y, en general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de un puesto, cargo, función o dignidad pública”.

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL

 

Agréguese el número 14 al artículo 60 del Código Orgánico Integral Penal, que disponga:

 

“14. Inhabilitación para contratar con el Estado que se aplicará en sentencias condenatorias por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de  influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción, pena no privativa de la libertad que será comunicada al  organismo técnico regulatorio del Sistema Nacional de Contratación Pública”.

 

Agréguese como segundo inciso en el artículo 68 del Código Orgánico Integral Penal, el siguiente:

 

“En el caso de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción, los jueces de forma obligatoria aplicarán esta sanción por un lapso de entre diez y veinticinco años”.

 

En el artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal incorpórese el siguiente inciso final:

 

“Las personas condenadas con sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción, responderán con sus bienes hasta el monto de la reparación integral del Estado y la sociedad”.

 

En el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal añádase el siguiente inciso final:

 

“En caso de determinarse responsabilidad de la persona jurídica será sancionada con la disolución y liquidación y el pago de una multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general”.

 

En el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal incorpórese como tercer inciso, el siguiente:

 

“En caso de determinarse responsabilidad de la persona jurídica será sancionada con la disolución y liquidación y el pago de una multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general”.

 

En el artículo 289 del Código Orgánico Integral Penal incorpórese como segundo inciso, el siguiente:

 

“En caso de establecerse responsabilidad de personas jurídicas serán sancionadas con su extinción y multa de multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general”.

 

2.-           ¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el Anexo 2?

 

 

SI ( )        NO ( )

 

ANEXO 2

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

Sustitúyase el texto del art. 114 de la Constitución por el siguiente:

 

“Las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan”.

 

Sustitúyase el segundo inciso del artículo 144 por el siguiente:

 

“La Presidenta o Presidente de la República permanecerá cuatro años en sus funciones y podrá ser reelecto por una sola vez”.

 

Incorpórese una Disposición General Primera, con el siguiente texto:

 

“Disposición General Primera: Déjense sin efecto desde su aprobación los artículos 2, 4 y la Disposición Transitoria Segunda de las enmiendas constitucionales aprobadas del 3 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional.”

 

Incorpórese una Disposición General Segunda, con el siguiente texto:

 

“Disposición General Segunda: Las autoridades de elección popular que ya hubiesen sido reelegidas desde la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi no podrán postularse para el mismo cargo.”

 

3.-           ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos, de acuerdo al Anexo 3?

 

SI ( )        NO ( )

 

ANEXO 3

 

A efectos de dar cumplimiento con el mandato popular, se dispone:

 

1.- Terminación anticipada de periodo: Se dan por terminados los periodos constitucionales de los consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes cesarán en sus funciones el día en que se instale el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que llevará a cabo la transición conforme a este anexo.

 

2.- Enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador

 

Agréguese un inciso tercero al artículo 112 de la Constitución que disponga:

 

“Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas no podrán postular candidatas o candidatos a las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.”.

 

Sustitúyase el inciso primero del artículo 205 de la Constitución por el siguiente texto:

 

“Los representantes de las entidades que forman parte de la Función de Transparencia y Control Social tendrán fuero de Corte Nacional y estarán sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional. Ejercerán sus funciones durante un periodo de cinco años, a excepción de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuyo mandato será de cuatro años. En caso de ser enjuiciados políticamente, y de procederse a su destitución, se deberá realizar un nuevo proceso de designación, salvo para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en cuyo caso se principalizará el correspondiente suplente hasta la finalización de ese período. En ningún caso la Función Legislativa podrá designar al reemplazo.”.

 

Sustitúyase el inciso tercero del artículo 207 de la Constitución por el siguiente texto:

 

“Las consejeras y consejeros serán elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto cada cuatro años coincidiendo con las elecciones a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. El régimen de sus elecciones estará contemplado en ley orgánica que regule su organización y funcionamiento.”.

 

Agréguese un cuarto inciso al artículo 207 de la Constitución que disponga: “Las consejeras y consejeros deberán ser ciudadanas y ciudadanos con trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción o de reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general. Las consejeras y consejeros no podrán ser afi liados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos, durante los últimos cinco años.”.

 

3.- Régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social:

 

Se dan por terminados anticipadamente los periodos de las consejeras y consejeros del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

 

Hasta la instalación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conforme al sistema establecido en la Constitución enmendada, se establece un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que asumirá transitoriamente todas las facultades, deberes y atribuciones que la Constitución y las leyes le otorgan  al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  y estará conformado por siete miembros nombrados por  la Asamblea Nacional de entre ternas enviadas por el  Presidente de la República. En caso de que la Asamblea  Nacional no procediera al nombramiento de las consejeras  y consejeros propuestos en el plazo de veinte días contados  desde la fecha de presentación de las ternas, asumirán los  cargos aquéllos que ocupen el primer lugar en el orden de  prelación de las mismas. El Consejo en transición tendrá por misión el  fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y  control, de participación ciudadana, y de prevención  y combate a la corrupción para lo cual propondrá a los  órganos competentes las reformas necesarias.

 

El Consejo  en transición evaluará el desempeño de las autoridades  designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y  Control Social cesado, en el plazo máximo de seis meses  desde su instalación, pudiendo, de ser el caso, declarar  la terminación anticipada de sus periodos, y si lo hiciere  procederá inmediatamente a la convocatoria de los  respectivos procesos de selección. Para el efecto, expedirá  una normativa que regule el proceso de evaluación  garantizando el debido proceso, con audiencia a las  autoridades evaluadas e incluyendo los mecanismos de  impugnación y participación ciudadana necesarios.

 

Del mismo modo, garantizará la mejora, objetividad,  imparcialidad y transparencia de los mecanismos de  selección de las autoridades cuya designación sea de su  competencia.

 

Los miembros del Consejo estarán sometidos a juicio  político y tendrán fuero de Corte Nacional.

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en  transición ejercerá sus funciones de forma improrrogable  hasta que se instale el nuevo Consejo tras su elección,  que será coincidente con los próximos comicios para  designar a las autoridades de los gobiernos autónomos  descentralizados.

 

Quedarán sin efecto los concursos públicos de oposición  y méritos que esté llevando a cabo el actual Consejo  de Participación Ciudadana y Control Social para la  designación de autoridades que sean de su competencia,  desde la promulgación de los resultados oficiales del  referéndum.

 

Las consejeras y consejeros cesados en sus funciones del  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,  así como, los integrantes del Consejo en transición, no  podrán postularse como candidatos para la conformación  del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control  Social.

 

El Presidente de la República enviará un proyecto de  ley que reforme la ley que regula la organización y  funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana  y Control Social para adecuarla a las enmiendas  constitucionales, en el plazo de treinta días. La Asamblea  Nacional, sin dilaciones, tramitará y aprobará el proyecto  en el plazo de sesenta días.

 

4.-           ¿Está usted de acuerdo con enmendar la  Constitución de la República del Ecuador para  que nunca prescriban los delitos sexuales en  contra de niñas, niños y adolescentes, según el  Anexo 4?

 

SI ( )        NO ( )

 

ANEXO 4

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR

 

Añádase al numeral 4 del artículo 46 de la Constitución  un segundo inciso con el siguiente texto:

 

“Las acciones y las penas por delitos contra la integridad  sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niñas, niños y  adolescentes serán imprescriptibles”.

 

Sustitúyase el numeral 4 del artículo 16 del Código  Orgánico Integral Penal por el siguiente texto:

 

“Las infracciones de agresión a un Estado, genocidio, lesa  humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de  personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento  ilícito, las acciones legales por daños ambientales; y,  los delitos contra la integridad sexual y reproductiva  cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes, son  imprescriptibles tanto en la acción como en la pena”.

 

Sustitúyase el inciso final del artículo 75 del Código  Orgánico Integral Penal por el siguiente texto:

 

“No prescriben las penas determinadas en las infracciones  de agresión, genocidio, lesa humanidad, crímenes de  guerra, desaparición forzada de personas, crímenes de  agresión a un estado, peculado, cohecho, concusión,  enriquecimiento ilícito, daños ambientales y, contra la  integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean  niños, niñas y adolescentes”.

 

AMBIENTAL

 

5.-           ¿Está usted de acuerdo con enmendar la  Constitución de la República del Ecuador para  que se prohíba sin excepción la minería metálica  en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas  intangibles y centros urbanos, de conformidad  con lo establecido en el Anexo 5?

 

SI ( )        NO ( )

 

 

ANEXO 5

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR

 

Agréguese un segundo inciso al artículo 407 de la  Constitución de la República del Ecuador con el  siguiente texto:

 

“Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera  de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas  intangibles”.

 

Sustitúyase el artículo 54 del Código Orgánico de  Ambiente por el siguiente texto:

 

“De la prohibición de actividades extractivas en áreas  protegidas y zonas intangibles.-Se prohíben las actividades  extractivas de hidrocarburos y minería no metálica dentro  del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en zonas  declaradas como intangibles, incluida la explotación  forestal, salvo la excepción prevista en la Constitución,  en cuyo caso se aplicarán las disposiciones pertinentes de  este Código.

 

Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera  de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas  intangibles”.

 

CONSULTA POPULAR:

 

1.-           ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la  Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre  el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos,  conocida como “Ley de Plusvalía”, según el  Anexo 1?

 

SI ( )        NO ( )

 

ANEXO 1

 

El Presidente Constitucional de la República deberá enviar  un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con el carácter  de económico urgente para derogar la Ley Orgánica para  Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y  Fijación de Tributos (Ley de Plusvalía) en un plazo no  mayor de 15 días desde la publicación de los resultados en  el Registro Oficial.

 

2.-           ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona  intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir  el área de explotación petrolera autorizada por la  Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní  de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?

 

SI ( )        NO ( )

 

Artículo 2.- El sufragio tendrá lugar el día domingo 04  de febrero de 2018, desde las 07h00 (siete de la mañana)  hasta las 17h00 (cinco de la tarde) y similar jornada de  acuerdo al uso horario en el exterior. Las ciudadanas y los  ciudadanos, para ejercer su derecho deberán concurrir a la  Junta Receptora del Voto donde se encuentren registrados,  portando su cédula de ciudadanía, de identidad o pasaporte.

 

Para el ejercicio de sufragio de las personas privadas  de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada,  se realizará el día jueves 01 de febrero de 2018, para lo  cual deberán portar su cédula de ciudadanía, e identidad  o pasaporte.

 

Para las ciudadanas y ciudadanos, beneficiarios del  proceso Voto en Casa, el ejercicio de su derecho al sufragio  se realizará el día viernes 02 de febrero de 2018, para lo  cual deberán portar su cédula de ciudadanía, e identidad  o pasaporte.

 

Artículo 3.- El voto es obligatorio para las ciudadanas  y ciudadanos mayores de dieciocho años de edad; y,  facultativo para los mayores de sesenta y cinco (65)  años; personas comprendidas entre los dieciséis (16) y  los dieciocho (18) años de edad, militares y policías en  servicio activo, para las personas con discapacidad y para  los extranjeros con derecho al voto.

 

Las ciudadanas y ciudadanos que no cumplan con esta  obligación, serán sancionados conforme a las disposiciones  legales y reglamentarias correspondientes.

 

Artículo 4.- La propaganda electoral para el proceso de  Referéndum y Consulta Popular iniciará desde las 00H00  del día miércoles 03 de enero 2018, hasta las 23h59 del  jueves 01 de febrero del 2018; dentro de este período sólo  el Consejo Nacional Electoral podrá informar y publicitar  sobre el proceso electoral de Referéndum y Consulta  Popular.

 

Artículo 5.- Ninguna institución que forme parte del  sector público en cualquiera de los niveles de gobierno,  podrá realizar propaganda, publicidad o utilizar sus bienes  o recursos con fines electorales para el proceso electoral  de Referéndum y Consulta Popular; así mismo, se prohíbe  la entrega de donaciones, dádivas o regalos que induzcan  a las y los electores, para que se pronuncien a favor o en  contra de una posición o preferencia electoral.

 

Artículo 6.- Para efectos del control del gasto electoral  de la campaña electoral de Referéndum y Consulta  Popular, el Consejo Nacional Electoral calculará el  límite máximo de gasto electoral cumpliendo con lo que  establece la Constitución de la República del Ecuador, y  la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas  de la República del Ecuador, Código de la Democracia y  reglamentos respectivos.

 

Artículo 7.- De conformidad con lo que dispone el  artículo 34, literal b), del Reglamento para el Ejercicio de  la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular  Normativa, Consulta Popular, Referéndum y Revocatoria  del Mandato; artículos 3, 4, 5 del Reglamento para La  Participación de Organizaciones Políticas y Sociales;  así como para la contratación y pago de la promoción  electoral para el Referéndum y Consulta Popular, y demás  normativa establecida para éste efecto; las organizaciones  sociales y políticas que participarán en el proceso de  Referéndum y Consulta Popular, sus responsables  del manejo económico de la campaña electoral y, sus  contadores públicos autorizados, deberán registrarse  ante el Consejo Nacional Electoral o sus Delegaciones  Provinciales Electorales, desde el día viernes 08 hasta  el día martes 12 de diciembre de 2017, desde las 08h30  hasta las 17h00, a excepción del último día que se lo  realizará hasta las 23h59; para lo cual, se deberá llenar el  formulario en línea que se encontrará en la página web del  Consejo Nacional Electoral, el mismo que será impreso y  remitido a éste Órgano Electoral con los demás requisitos  establecidos en la ley; deberán inscribir a los responsables  del manejo económico de la campaña y a la contadora o  contador público, conforme a la normativa establecida  para el efecto.

 

Artículo 8.- El contenido de las preguntas del proceso  electoral de Referéndum y Consulta Popular se difundirá  a través de los medios que el Consejo Nacional Electoral  considere pertinentes.

 

Artículo 9.- En caso de duda o falta de norma durante la  vigencia del proceso electoral de Referéndum y Consulta  Popular, éstas serán resueltas por el Pleno del Consejo  Nacional Electoral.

 

Artículo 10.- Se aplicará la normativa reglamentaria  del Consejo Nacional Electoral en todo lo que fuere  pertinente, siempre que no contravenga los principios  constitucionales y legales.

 

La presente convocatoria se publicará en el Registro  Oficial y se difundirá en la página Web del Consejo  Nacional Electoral y en los medios de comunicación de  mayor circulación del país.

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en  la Sala de Sesiones del Pleno del Consejo Nacional  Electoral, a los siete días del mes de diciembre del  año dos mil diecisiete. f) Lic. Nubia Villacís Carreño,  PRESIDENTA; Msc. Ana Marcela Paredes Encalada,  VICEPRESIDENTA; Ing. Paúl Salazar Vargas, CONSEJERO; Eco. Mauricio Tayupanta Noroña,  CONSEJERO; Lic. Luz Haro Guanga, CONSEJERA;  Abg. Fausto Holguín Ochoa, SECRETARIO  GENERAL”.-

 

LO CERTIFICO.- Quito, 7 de diciembre de 2017. f.) Abg. Fausto Holguín Ochoa, Secretario General.

 

No. PLE-CNE-4-1-12-2017

 

EL PLENO DEL CONSEJO

NACIONAL ELECTORAL

 

Considerando:

 

Que, el artículo 217 de la Constitución de la República del  Ecuador, establece, que la Función Electoral garantizará el  ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través  del sufragio;

 

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 1  del artículo 219 de la Constitución de la República del  Ecuador, y el numeral 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica  Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del  Ecuador, Código de la Democracia, al Consejo Nacional  Electoral entre sus funciones le corresponde: “Organizar,  dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los  procesos electorales, convocar a elecciones, realizar  los cómputos electorales, proclamar los resultados y  posesionar a los ganadores de las elecciones”;

 

Que, el artículo 61 de la Constitución de la República del  Ecuador establece, que las ecuatorianas y ecuatorianos  gozan entre otros derechos a: “1. Elegir y ser elegidos”;

 

Que, el artículo 62 de la Constitución de la República del  Ecuador establece, entre otros aspectos, que, las personas  en goce de derechos políticos, tienen derecho al voto  universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente;

 

Que, el artículo 104 de la Constitución de la República  del Ecuador determina que el Presidente de la República,  puede disponer al Consejo Nacional Electoral convoque  a consulta popular respecto de los asuntos que estime  conveniente (…);

 

Que, el artículo 441 de la misma Carta Magna, señala que  la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución  que no altere su estructura fundamental, o el carácter y  elementos constitutivos del Estado, que no establezcan  restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique  el procedimiento de reforma a la Constitución, se realizará  mediante referéndum solicitado por el Presidente de la  República;

 

Que, el artículo 100 de la Ley Orgánica de Garantías  Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que  todo proyecto de enmienda o reforma constitucional debe  ser enviada a la Corte Constitucional para que establezca  cuál de los procedimientos previstos en la Ley Suprema  corresponde, cuando la iniciativa provenga del Presidente  de la República;

 

Que, con oficio No. T.172-SGJ-17-0488 de 29 de  noviembre de 2017, la doctora Johana Pesántez Benítez,  Secretaria General Jurídica de la Presidencia de la  República del Ecuador, se dirige al Consejo Nacional  Electoral, en los siguientes términos: “El licenciado  Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la  República, a través de los Decretos Ejecutivos Nro. 229  y 230 ambos de 29 de noviembre de 2017, convocó a  los ecuatorianos, ecuatorianas y extranjeros residentes  en el Ecuador con derecho a voto, a pronunciarse en  referéndum y consulta popular, sobre un total de siete  preguntas sobre enmiendas a la Constitución de la  República y asuntos de interés nacional, que se estiman  convenientes. En consecuencia, en cumplimiento de  lo dispuesto en el número 14 del artículo 147 de la  Constitución de la República, y del artículo 195 de la Ley  Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la  República del Ecuador, Código de la Democracia, remito  copias certificadas e íntegras de los Decretos Ejecutivos  mencionados, a fin de que el pueblo ecuatoriano manifieste  su voluntad respecto de las cuestiones que ha planteado  el señor Presidente Constitucional de la República. Con  dicho fin, cumplo en adjuntar el certificado emitido por  la Corte Constitucional, en el cual consta la falta de  pronunciamiento de constitucionalidad; por lo que, de  conformidad con el último inciso del artículo 105 y artículo  127 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales  y Control Constitucional, se entiende que ha emitido  dictamen favorable (…) ”; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 229 y Decreto  Ejecutivo Nro. 230 de fecha 29 de noviembre de 2017,  el Presidente Constitucional de la República del Ecuador,  convoca a los ecuatorianos, ecuatorianas y extranjeros  residentes en el Ecuador con derecho a sufragio, a  Referéndum y Consulta Popular;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 190 de 18 de octubre  de 2017, el licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente  Constitucional de la República, reforma el artículo 105 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio  Público, que en su numeral 4, establece: Cesación de  funciones por remoción de funcionarios de período  fijo.- La o el servidor que hubiere sido designado para  ejercer un puesto por período fijo, cesará en sus funciones  en los siguientes casos: 4.1. De manera inmediata el día  en que concluya el período para el cual fue designado,  sin que se requiera para tal efecto, la formalización de  acto administrativo alguno. Sin perjuicio de lo señalado  en el inciso anterior, a fin de garantizar la continuidad de  la prestación de los servicios y actividades institucionales,  los funcionarios de período fijo que formen parte del nivel  jerárquico superior no podrán separarse del desempeño de  su puesto, en la misma calidad que ostenten, hasta que  sean legalmente reemplazados, conforme a lo siguiente:  (…) b.- En caso de que el procedimiento de selección para  la designación de los funcionarios públicos reemplazantes  no hubiere concluido oportunamente, debiendo el servidor  que debió ser removido continuar en ejercicio de sus  funciones hasta que concluya el proceso de selección y  se posesione el servidor que resultare electo. En estos  casos se mantendrá la representación institucional que se  hubiere establecido hasta que se produzca el reemplazo;

 

Que, con oficio No. 12902 de 9 de noviembre de 2017,  el doctor Diego García Carrión, Procurador General del  Estado, da contestación al oficio No. PR-SGPR-2017- 0111-O de 31 de octubre de 2017, del doctor Eduardo  Mangas Mairena, Secretario General de la Presidencia  de la República, a través del que formula dos consultas  relacionadas con la aplicación del Reglamento General  a la Ley Orgánica del Servicio Público, PRIMERA  CONSULTA: “1) Dado que el Consejo Nacional  Electoral requiere conservar su integración a efectos de  garantizar el cumplimiento ininterrumpido de la finalidad  de la Función Electoral y toda vez que no han sido  llenadas las vacantes existentes para consejeros suplentes  y, que el concurso para seleccionar a los reemplazos  de los consejeros que están próximos a terminar su  periodo no ha concluido, ¿Son aplicables las excepciones  previstas en el numeral 4.1. del artículo 105 reformado  del Reglamento General a la LOSEP, a los miembros del  Consejo Nacional Electoral cuyo periodo está próximo  a concluir?. Al respecto dictamina: “Por lo expuesto, en  atención a los términos de su primera consulta, se concluye  que de acuerdo con las excepciones previstas en el numeral  4.1. del artículo 105 reformado del Reglamento General  a la Ley Orgánica del Servicio Público, los miembros  del Consejo Nacional Electoral cuyos periodos están  próximos a vencer, no podrán separarse del desempeño  de sus puestos hasta que el Consejo de Participación  Ciudadana y Control Social designe a sus reemplazos y  los mismos se posesionen ante el Pleno de la Asamblea  Nacional, ya que el procedimiento de selección de los  reemplazantes de los actuales miembros del Consejo  Nacional Electoral no ha concluido; y por tanto, la  cesación en funciones de dichos funcionarios interrumpirá  las actividades institucionales, contraviniendo la finalidad  de la función electoral prevista en el artículo 6 del Código  de la Democracia. Es de exclusiva responsabilidad del  Consejo Nacional Electoral, verificar el cumplimiento  de los presupuestos establecidos para la aplicación de las  causales de excepción que la norma prevé, hasta que el  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en  el ámbito de sus competencias constitucionales y legales,  efectúe los procedimientos necesarios y oportunos para  designar los reemplazos correspondientes de los miembros  del Consejo Nacional Electoral que estén próximos a  concluir su periodo”. SEGUNDA CONSULTA. “2) En  el caso de que sea afirmativa la respuesta a la primera  consulta y, por tanto, se conserve la integración de ese  cuerpo colegiado, considerando que el artículo 24 del  Código de la Democracia, dispone que el Presidente y  Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, serán  elegidos en la primera sesión de ese Organismo, ¿También  se mantendría la representación institucional a través de su  Presidente y Vicepresidente en los términos establecidos en  el inciso final del numeral 4.1 del artículo 105 reformado  del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio  Público?”. Al respecto dictamina: “En consecuencia, al  no existir renovación parcial de los miembros del Consejo  Nacional Electoral que permita la realización de la sesión  inaugural en la que se designen nuevos Presidente y  Vicepresidente de ese Organismo conforme prevé el  artículo 24 del Código de la Democracia, en atención a  los términos de su segunda consulta, se concluye que los  actuales Presidente y Vicepresidente de ese Organismo  mantienen sus calidades y la representación de ese órgano  de acuerdo con los incisos segundo y final del numeral  4.1. del artículo 105 del Reglamento a la LOSEP, hasta  que se produzca la renovación parcial de los miembros del  Consejo Nacional Electoral”;

 

Que, con resolución PLE-CNE-2-1-12-2017, el Pleno  del Consejo Nacional Electoral aprobó el Plan Operativo,  Cronograma, Presupuesto, Matriz de riesgo y contingencia  y Disposiciones Generales para la Consulta Popular y  Referéndum 2018;

 

Que, es un imperativo institucional realizar una serie de  actividades antes, durante y después del proceso electoral,  por lo que, se requiere de recursos humanos, técnicos y  económicos, necesarios para cumplir con la Consulta  Popular y Referéndum 2018; y,

 

En uso de sus atribuciones,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Declarar el inicio del periodo  electoral para la “Consulta Popular y Referéndum 2018”,  desde la presente fecha hasta que los resultados definitivos  se encuentren en firme.

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

Se dispone al señor Secretario General, solicite la  publicación de la presente resolución en el Registro  Oficial y en el portal web del Consejo Nacional Electoral.

 

 

DISPOSICIÓN ESPECIAL

 

Se encarga a la Secretaría General verifique el  cumplimiento de la presente resolución.

 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en  la Sala de Sesiones del Pleno del Consejo Nacional  Electoral, al primer día del mes de diciembre del año dos  mil diecisiete.- Lo Certifico.-

 

f.) Abg. Fausto Holguín Ochoa, Secretario General,  Consejo Nacional Electoral.

 

 

 

 

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