Registro Oficial

Registro Oficial No 184- Martes 20 de febrero de 2018

Martes, 20 de febrero de 2018

 

 

 

Administración del Señor Lcdo. Lenin Moreno Garcés                                                                                     

 

   Presidente Constitucional de la República del Ecuador                                                                                  

 

Martes,  20 de febrero  de 2018 (R. O.184, 20 -febrero -2018)

Año I – Nº 184

Quito, martes 20 de febrero de 2018

 

 

FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN:

MINEDUC-MINEDUC-2017-00098-A Dispónese que previo a la contratación del personal docente en las instituciones educativas se solicitará al profesional de la educación una declaración juramentada, en la que el aspirante exprese que no ha estado vinculado en algún sumario administrativo relacionado a hechos de abuso, acoso, violación o cualquier otro hecho de connotación sexual, así como no tener ningún proceso judicial planteado en su contra por los mismos hechos

MINISTERIO DE JUSTICIA,

 DERECHOS HUMANOS Y CULTOS:

MJDHC-CGAJ-2018-0010-A Acéptese la solicitud de repatriación del ciudadano Pilozo Wila Santo Hugo

MINISTERIO DEL TRABAJO:

MDT-2018-0006 Expídese el Instructivo para el control del ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores migrantes extranjeros de la República del Ecuador

MDT-2018-0007 Deléguense funciones y atribuciones al titular de la Dirección de la Secretaría General

ACUERDO INTERMINISTERIAL:

MINISTERIO DEL INTERIOR

Y

MINISTERIO DE JUSTICIA,

DERECHOS HUMANOS Y CULTOS:

0006...... Expídese el Instructivo que regula el procedimiento para el ingreso y salida de personas detenidas o aprehendidas a centros de privación de la libertad a nivel nacional

INSTRUMENTO INTERNACIONAL:

MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA:

-............. Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y la Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos para el Funcionamiento de una Estación Científica en el Archipiélago de Galápagos

 

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RESOLUCIONES:

AGENCIA DE REGULACIÓN

Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO:

Deléguense funciones a las siguientes personas:

RE-2017-222 Ing. Alex Rubén Sánchez Ríos, Director Regional de Control de Hidrocarburos y Combustibles Sucumbíos

RE-2017-223 Ing. Mario Xavier Coronel Basurto, Director Regional de Control de Hidrocarburos y Combustibles Centro Oriente

RE-2017-224 Ing. Paúl Alan Merchán Merchán, Director Regional de Control de Hidrocarburos y Combustibles El Oro

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI-:

030-2017-DE-IEPI Deléguense funciones a la señora Jesús Jessenia Gómez Delgado y otros

031-2017-DE-IEPI Reorganícense las salas del Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales

SECRETARÍA TÉCNICA DE JUVENTUDES:

SETEJU-DAJ-005-2017 Deléguense funciones al Director(a) Administrativo(a) Financiero(a) y otros

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS:

SB-2018-066 Refórmese el Libro I "Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado

Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00098-A

Jaime Roberto Roca Gutiérrez

MINISTRO DE EDUCACIÓN, SUBROGANTE

Considerando:

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e incisión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo;

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas;

Que, de conformidad con lo determinado en el artículo 345 de la Constitución de la República, la educación es un servicio público que se presta a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares;

Que, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 417 de 31 de marzo de 2011, en su artículo 25 determina que la Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución de la República";

Que, el artículo 2, literal d) de la precitada ley, ordena que el interés superior de los niños, niñas adolescentes está orientada a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y autoridades públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención;

Que, la Ley Orgánica de Educación Intercultural define a las instituciones educativas fiscomisionales como aquellas cuyos promotores son congregaciones, órdenes o cualquiera otra denominación confesional o laica, son de derecho privado; y, a las instituciones educativas particulares como aquellas que están constituidas y administradas por personas naturales o jurídicas de derecho privado;

Que, las instituciones educativas particulares, de conformidad con lo determinado en el artículo 57 de la LOEI pueden organizarse de acuerdo con sus estatutos y reglamentos, legalmente aprobados por la Autoridad Educativa Nacional; y, elegir a sus directivos y autoridades, de conformidad con sus estatutos y reglamentos internos legalmente aprobados por la autoridad competente;

Que, el artículo 40 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 754 de 26 de julio de 2012, en concordancia con lo determinado en el artículo 93 de la LOEI, establece que el personal docente de las instituciones educativas particulares y los docentes sin

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nombramiento fiscal de instituciones fiscomisionales se regulan de conformidad con lo prescrito en el Código de Trabajo;

Que, el artículo 42 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, determina que en todos los establecimientos educativos públicos, particulares y fiscomisionales, la máxima autoridad debe ser la responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones prescritas en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente reglamento y demás normativa específica que expida la Autoridad Educativa Nacional en todos sus niveles;

Que, de conformidad con lo determinado en el último inciso del artículo 44 del citado Reglamento General, los directivos y docentes de los establecimientos fiscomisionales y particulares deben cumplir con los mismos requisitos exigidos al personal directivo y docente de establecimientos educativos fiscales;

Que, el artículo 344 de la Constitución de la República, determina que el Estado ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Educación a través de la Autoridad Educativa Nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 154, numeral 1, determina que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, que es necesario que el Ministerio Educación, como ente rector del Sistema Nacional Educativo emita políticas regulatorias de carácter vinculante que garanticen una educación segura y de calidad;

Que, es necesario que los promotores y representantes legales de las instituciones educativas particulares y fiscomisionales, observen, promuevan y cumplan con los procesos de selección y contratación del personal directivo, docente y administrativo, garantizando que la educación sea impartida por personas calificadas, de conducta y moral intachable, salvaguardando siempre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1 de la Constitución de la República, 22, literales t) y u) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Artículo Único.- DISPONER que previo a la contratación del personal docente en las instituciones educativas particulares y fiscomisionales, la máxima autoridad del plantel educativo solicitará al profesional de la educación

una declaración juramentada ante notario, en la que el aspirante exprese que no ha estado vinculado en algún sumario administrativo relacionado a hechos de abuso, acoso, violación o cualquier otro hecho de connotación sexual, así como no tener ningún proceso judicial planteado en su contra por los mismos hechos.

Disposiciones Generales

PRIMERA.- El presente Acuerdo Ministerial es de aplicación obligatoria para los establecimientos educativos particulares y fiscomisionales del Sistema Nacional de Educación, cuya observancia y aplicación será de responsabilidad de sus promotores, representantes legales y autoridades.

SEGUNDA.- Disponer que las Direcciones Distritales de Educación a nivel nacional realicen visitas aleatorias a las instituciones educativas de sostenimiento particular y fiscomicional, con la finalidad de constatar que se cumpla con la política emitida en el presente Acuerdo Ministerial.

TERCERA.- Encárguese de la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, encárguese al Viceministro de Educación; Coordinadores Zonales de Educación; Directores Distritales de Educación; promotores y autoridades de los establecimientos educativos particulares y fiscomisionales del país.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente acuerdo entrará en vigencia sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dado en Quito, D.M., a los 28 día(s) del mes de Diciembre de dos mil diecisiete.

Documento firmado electrónicamente

Jaime Roberto Roca Gutiérrez, Ministro de Educación, Subrogante.

Nro. MJDHC-CGAJ-2018-0010-A

Sra. Dra. Emma Francisca Herdoiza Arboleda

COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA

JURÍDICA - DELEGADA DE LA MINISTRA DE

JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1 señala que: "El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La

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soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución (...) ";

Que el artículo 11 de la Carta Magna, establece que el ejercicio de los derechos se regirán entre otros por lo determinado en el siguiente principio, numeral 5 señala: "(...) en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. ";

Que el artículo 35 de la Norma Suprema, establece que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado;

Que la Constitución, dispone en el artículo 154 que las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: "1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión ";

Que los Estados Unidos de América, con fecha 1 de julio de 1985; y la República del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo número 272, de 27 de junio de 2005, se adhieren al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas de Estrasburgo de 21 de marzo de 1983;

Que en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 180 de 10 de febrero del 2014 se publica el Código Orgánico Integral Penal, mismo que entró en vigencia después de ciento ochenta días contados a partir de su publicación en el mencionado registro, los artículos 727 y siguientes determinan el procedimiento de repatriación de personas condenadas o privadas de la libertad en diferentes Centros penitenciarios;

Que el artículo 727 señala que: "Las sentencias de la jurisdicción nacional, en las que se impongan penas privativas de libertad podrán ser ejecutadas en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado. Así mismo, las sentencias de justicia penal extranjera que impongan penas privativas de libertad a ecuatorianos, podrán ser ejecutadas en el Ecuador, de conformidad con los instrumentos internacionales o al amparo del principio de reciprocidad internacional";

Que el artículo 728 de la norma ibídem, en su numeral 1 expresa que: "Corresponderá decidir el traslado de la persona sentenciada al Ministerio rector en materia de justicia y derechos humanos, decisión que se pondrá en conocimiento del Juez de Garantías Penitenciarias para su ejecución ";

Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, dispone que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin

 

necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 220 de 27 de noviembre de 2007, el Presidente Constitucional de la República, creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que con Decreto Ejecutivo Nro. 410 de 30 de junio de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 235 de 14 de julio de 2010, el Presidente Constitucional de la República cambió la denominación de: "Ministerio de Justicia y Derechos Humanos" por la de: "Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos ";

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 592 de 22 de diciembre de 2010, publicado en el Registro Oficial Nro. 355 de 05 de enero de 2011, el Presidente Constitucional de la República, designó al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Autoridad Central para el conocimiento y aplicación de todos los convenios que sobre materia de traslado de personas sentenciadas, cumplimiento de sentencias penales en el exterior, o de repatriaciones, sea suscriptor el Ecuador, o llegare a serlo en el futuro;

Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, se nombra como Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la doctora Rosana Al varado Carrión;

Que el artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la ley;

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1266 de fecha 04 de julio de 2016, la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delega a la Coordinación General de Asesoría Jurídica la suscripción de Acuerdos Ministeriales para la repatriación de ciudadanos extranjeros y nacionales privados de libertad que se encuentra cumpliendo sus condenas dentro y fuera del país, previo cumplimiento de requisitos;

Que con acción de personal Nro. 002980 de fecha 12 de junio de 2017, la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, nombra como Coordinadora General de Asesoría Jurídica a la doctora Emma Francisca Herdoíza Arboleda;

Que mediante sentencia por el delito de tenencia de sustancias controladas-cocaína, de fecha 18 de enero de 2017, impuesta por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida División de Miami, caso número: 1:16-20711-CR-UNGARO-; número USM: 09507-104, se ha sentenciado al ciudadano Pilozo Wila Santo Hugo, a cumplir la condena de 120 meses de prisión con 5 años de libertad supervisada;

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Que con solicitud o consentimiento de fecha 20 de abril de 2017, suscrito por el ciudadano ecuatoriano Pilozo Wila Santo Hugo, ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos - Dirección General de Prisiones, solicita el traslado del Centro Federal Correccional Oakdale, Louisiana-Estados Unidos a un Centro de privación de libertad de Ecuador.

Que mediante Oficio S/N suscrito por la Jefa de la Unidad Internacional de Traslado de Prisioneros del departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, Paula Wolf, en el cual manifiesta que el Gobierno estadounidense ha aprobado en fecha 11 de julio de 2017, el traslado del ciudadano ecuatoriano Pilozo Wila Santo Hugo, para que cumpla el resto de su condena privativa de libertad en un Centro carcelario del Ecuador;

Que según el resumen de caso revisado por R. Lee, Administrador de Unidad de la Dirección Federal de Prisiones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el estado médico del connacional Pilozo Wila Santo Hugo, "Nuestros registros indican que el recluso Pilozo Wila está en buen estado de salud y no tiene restricciones médicas ";

Que de acuerdo a la evaluación psicológica del resumen de caso revisado por R. Lee, Administrador de Unidad de la Dirección Federal de Prisiones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el connacional "Pilozo Wila no ha mostrado ningún problema sicológico.";

Que R. Lee, Administrador de Unidad de la Dirección Federal de Prisiones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo el título de "estado civil/hijos" establece en el resumen de caso que: "El recluso Pilozo Wila informó que ha tenido una relación en unión libre con la Sra. Marta Brito durante 16 años. De esta unión tienen tres hijos: Nicole Pilozo Brito de 16 años, Eduardo Pilozo Brito de 15 años y Dominica Pilozo Brito de 6 años. Ellos viven con su madre en Ecuador. El recluso Pilozo Wila tiene otro hijo de una relación previa, Edison Pilozo García de 23 años, con la Sra. Aracelis García. Su hijo trabaja como operador de máquinas y vive en Ecuador".

Que mediante el sistema en línea de verificación de datos del Registro Civil del Ecuador, se corroboró que el señor Pilozo Wila Santo Hugo, con cédula de identidad número 0801405440, es nacional del Estado ecuatoriano;

Que mediante Informe de Repatriación Activa No. MJDHC-CGAJ-DAI-2017-017, dirigido a la señora Coordinadora General de Asesoría Jurídica, la Directora de Asuntos Internacionales informa: "analizado minuciosamente el presente expediente en su totalidad, el mismo que cumple con todas las condiciones y disposiciones legales pertinentes para el proceso de traslado-repatriación del referido connacional Pilozo Wila Santo Hugo, persona privada de su libertad en los EEUU conforme lo determina el artículo 3 del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, Estrasburgo, de 21 de marzo de 1983"; y, "recomienda la suscripción del Acuerdo Ministerial, su

repatriación a territorio ecuatoriano afín de que termine de cumplir su condena privativa de libertad en un Centro de Rehabilitación Social del país ";

Que conforme consta en los informes técnicos del expediente esta cartera de Estado considera que la repatriación del ciudadano ecuatoriano Pilozo Wila Santo Hugo, responde a cuestiones humanitarias, dado que la reunificación familiar, la convivencia en un ambiente propio de dicho connacional contribuirá a su efectiva rehabilitación; y,

En ejercicio de las facultades que confiere el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; 727 y 728 del Código Orgánico Integral Penal; y, el Acuerdo Ministerial N° 1266 de fecha 04dejuliode2016;

Acuerda:

Artículo 1.- Aceptar la solicitud de repatriación del ciudadano ecuatoriano Pilozo Wila Santo Hugo, con

cédula de ciudadanía No. 0801405440, con la finalidad de que se ejecute la sentencia, en la cual se impone una pena privativa de libertad al citado connacional, impuesta por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida División de Miami, caso número: 1:16-20711-CR-UNGARO-; número USM: 09507-104, de conformidad con el Convenio de Traslado de Personas Condenadas de Estrasburgo.

Artículo 2.- Disponer al/la Director/a de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, notifique con el contenido del presente Acuerdo Ministerial al/la Jefe/a de la Unidad Internacional de Traslado de Prisioneros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Dicha notificación será coordinada con el/la Director/a de Asistencia Judicial Internacional y de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Así mismo, realice todas las acciones tendientes a ejecutar el presente Acuerdo, dentro de sus competencias, asistido/a en lo que corresponda por delegados de la Oficina Nacional Central de Interpol.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Dado en Quito, D.M., a los 22 día(s) del mes de Enero de dos mil dieciocho.

Documento firmado electrónicamente

Sra. Dra. Emma Francisca Herdoiza Arboleda, Coordinadora General de Asesoría Jurídica - Delegada de la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades cnferidas en el Estatuto Orgánico por

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Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, certifico que a foja (s) 1-3; es (son), FIEL COPIA del Acuerdo No. MJDHC-MJDHC-2018-0010-A, de 22 de enero de 2018, que reposa en el Sistema de Gestión Documental QUIPUX de esta cartera de Estado.

Quito, 26 de enero de 2018.

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

No. MDT-2018-0006

Raúl Clemente Ledesma Huerta MINISTRO DEL TRABAJO

Considerando:

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución;

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el trabajo es un derecho, un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía, y que el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado;

Que, el artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza a toda persona el derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico; y, a que la persona titular de los datos solicite al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación;

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la norma ibídem, dispone que a los Ministros de Estado les corresponde, además de las atribuciones establecidas en la Ley, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley, y que tendrán el

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige, entre otros, por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación y transparencia;

Que, el artículo 284, números 6 y 7 de la Constitución de la República del Ecuador, establece como objetivos de la política económica, el impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales; así como mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo;

Que, el artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el derecho al trabajo se sustenta en varios principios, entre ellos, que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, siendo nula toda estipulación en contrario, disposición que guarda concordancia con lo dispuesto en el artículo 4 del Código del Trabajo;

Que, el artículo 7 del Mandato Constituyente No. 8 establece que las violaciones de las normas del Código del Trabajo, serán sancionadas en la forma prescrita en los artículos pertinentes de dicho cuerpo legal y cuando no se haya fijado sanción especial, la o el Director Regional del Trabajo impondrá multas de un mínimo de tres y hasta un máximo de veinte sueldos o salarios básicos unificados del trabajador en general, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia;

Que, la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, publicada en el tercer Registro Oficial Suplemento No. 483 de 20 de abril de 2015 , en su artículo 9 reformó el numeral 7 del artículo 42 del Código del Trabajo señalando que el empleador deberá: "Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida, dirección domiciliaria, correo electrónico y cualquier otra información adicional que facilite su ubicación. Este registro se lo actualizará con los cambios que se produzcan ";

Que, los artículos 3,4,7 del Código del Trabajo determinan que los derechos del trabajador son irrenunciables y que será nula toda estipulación en contrario, la obligación de asegurar la garantía y eficacia de sus derechos; y, la aplicación de las normas en el sentido más favorable al trabajador;

Que, los artículos 42 y 44 del Código del Trabajo establecen respectivamente, las obligaciones y las prohibiciones de los empleadores con relación a sus trabajadores;

Que, el artículo 539 del Código del Trabajo prescribe que corresponde al Ministerio de Trabajo la reglamentación, organización y protección del trabajo y las demás atribuciones establecidas en dicho Código;

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Que, el numeral 7 del artículo 542 del Código del Trabajo dispone que es atribución de la Dirección Regional del Trabajo imponer las sanciones que el Código autorice;

Que, los números 1,2, 3,4 y 7, del artículo 545 del Código del Trabajo, hacen referencia a las atribuciones de los Inspectores del Trabajo relacionadas con su obligación de precautelar el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores y trabajadores;

Que, el artículo 628 del Código del Trabajo ordena que las violaciones de las normas del mencionado Código, serán sancionadas en la forma prescrita en los artículos pertinentes y, cuando no se haya fijado sanción especial, el Director Regional del Trabajo podrá imponer multas de hasta doscientos dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia;

Que, conforme el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, determina que el Viceministerio de Movilidad Humana, dentro de sus atribuciones corresponde: "2. Direccionar los procesos de planificación, diseño, seguimiento y evaluación de políticas, planes y programas nacionales de movilidad humana en el marco de la normativa legal vigente ";

Que, el artículo 51 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, reconoce a las personas extranjeras que residan en el Ecuador el derecho al trabajo y a la seguridad social;

Que, el artículo 90 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, reconoce para los extranjeros bajo el mecanismo de la protección internacional, el derecho al trabajo en el territorio ecuatoriano;

Que, el artículo 132 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, dispone el "Control de la situación de trabajadores migratorios. Las entidades competentes en materia laboral, controlarán que las instituciones públicas y empresas privadas garanticen los derechos laborales de las personas extranjeras en el Ecuador.

El ministerio rector del trabajo emitirá la normativa necesaria para el control y sanción por el incumplimiento de los derechos de las personas en movilidad humana establecidos en la Constitución y la ley. ";

Que, el artículo 170 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, dentro de las sanciones migratorias, establece: "El empleador que no afilie al trabajador migrante o no cancele a éste al menos el salario básico previsto por la autoridad rectora del trabajo, será sancionado con una multa de diez salarios básicos unificados en el caso de una persona natural y quince salarios básicos unificados en el caso de una persona jurídica. ";

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8, de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República, señor licenciado Lenín Moreno Garcés, designa al señor abogado Raúl Clemente Ledesma Huerta, como Ministro del Trabajo; y

Conforme a las atribuciones conferidas, tanto en el número 1, del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 539 del Código del Trabajo, artículo 51 de la Ley Orgánica de Servicio Público y el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS

LABORALES DE LOS TRABAJADORES

MIGRANTES EXTRANJEROS DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR

Art. 1.- Del objeto.- El objeto del presente Acuerdo es verificar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores migrantes extranjeros en la República del Ecuador a través del del registro y control de los trabajadores, tanto en el sector público, como en el sector privado, para en el ejercicio de la autoridad laboral de control, verificar el cumplimiento de los derechos laborales que de dichas relaciones se derivan de la legislación vigente.

Art. 2- Del ámbito de aplicación.- Este Instructivo es de aplicación obligatoria para todos los empleadores, tanto del sector público, privado y las organizaciones de la economía popular y solidaria, mixto y comunitario, en la República del Ecuador, a fin de garantizar el cumplimiento y control de sus derechos laborales en el territorio ecuatoriano conforme el ordenamiento jurídico vigente en esta materia.

Art. 3- De los datos de los trabajadores.- El empleador deberá llevar un registro obligatorio de todas sus personas trabajadoras migratorias o extranjeras, cumplimiento que será verificado por el Ministerio del Trabajo por medio de las Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público a través de los Inspectores del Trabajo, tanto en inspecciones aleatorias; así como, focalizadas.

El registro de datos concerniente a personas trabajadores extranjeros contendrá:

  1. Identificación del trabajador: nombres y apellidos,
  2. Edad,
  3. Estado civil,
  4. Dirección domiciliaria del trabajador
  5. Correo electrónico del trabajador
  6. Nacionalidad,
  7. País de origen,
  8. número de pasaporte o documento de identidad y tipo de visa
  9. Ocupación (cargo) que va a ocupar el extranjero, claramente especificado y con el detalle de funciones a realizar en el desempeño del mismo.

 

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  1. Remuneración que percibirá el trabajador extranjero.
  2. El Plazo de vigencia del contrato.
  3. Lugar de trabajo, con especificidad de la Dirección.
  4. Horario de trabajo, especificando las jornadas y días a laborar.

Los empleadores deberán cargar el contrato de trabajo, en la plataforma informática del Ministerio del Trabajo, en formato pdf, mismo que deberá contener también la información antes detallada.

Art. 4- Del registro de las personas trabajadoras migratorias o extranjeras en el Ministerio de Trabajo.-

El empleador deberá registrar la información de las personas trabajadoras migratorias o extranjeras a su cargo, en la plataforma informática habilitada en la página web institucional del Ministerio del Trabajo www.trabajo.gob.ec.

Art. 5.- Control.- El Ministerio del Trabajo a través de los Inspectores del Trabajo de las Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público, dentro de su jurisdicción realizarán inspecciones aleatorias y/o focalizadas, para verificar el cumplimiento de los derechos reconocidos en el Código del Trabajo, Ley Orgánica de Movilidad Humana, y demás normativa vigente, para los trabajadores extranjeros.

Art. 6.- Sanciones.- El Ministerio del Trabajo a través de sus Inspectores del Trabajo de las Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público, dentro de su jurisdicción, impondrán las sanciones y multas de cualquier naturaleza a las instituciones públicas, entidades u organismos públicos y a las entidades y/o empresas privadas, sean éstas personas jurídicas o naturales, por la no afiliación del trabajador migratorio o extranjero al seguro social obligatorio; así como, el no pago de al menos el salario básico unificado del trabajador privado vigente, de conformidad con la Ley Orgánica de Movilidad Humana, según está establecido en el Código del Trabajo y demás normativa para el efecto, sin perjuicio de las demás sanciones.

Art. 7.- Multas.- De incurrir en las sanciones determinadas en el artículo anterior, se establecerán las siguientes multas:

Personas naturales.- Se impondrá una multa de diez salarios básicos unificados.

Personas jurídicas.- Se impondrá una multa de quince salarios básicos unificados.

Instituciones públicas.- Entidades u organismos públicos.- Se impondrá una multa de quince salarios básicos unificados.

DISPOSICIONES REFORMATORIAS

Refórmese el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2016-0303 publicado en el Registro Oficial Suplemento 937 de 3 de

Febrero de 2017 "NORMAS GENERALES APLICABLES A INSPECCIONES INTEGRALES DE TRABAJO" reformado por Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0110 publicado en Registro Oficial Nro. 76 de 11 de septiembre de 2017; en los siguientes artículos:

En el artículo 6 "Mecanismos de verificación" después de la letra c) añádase la letra "d) Proceso de Verificación de Inspecciones Aleatorias”.

Después del artículo 9, añádase el siguiente innumerado:

"9.1 De los procesos de verificación de Inspecciones Aleatorias.- El proceso de verificación de inspección Aleatoria consiste en el control del cumplimento de los derechos de los trabajadores extranjeros mediante la práctica de inspecciones que podrán ser realizadas en cualquier momento de manera aleatoria de conformidad con la base de datos que tiene esta Cartera de Estado. "

A continuación del artículo 30, añádase el siguiente innumerado:

"30.1 Otras Multas.- Una vez constatada la no afiliación del trabajador migratorio o extranjero al seguro social obligatorio; así como, el no pago de al menos el salario básico unificado del trabajador privado vigente, de conformidad con la Ley Orgánica de Movilidad Humana, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en el Código del Trabajo y demás normativa para el efecto; el Director Regional del Trabajo a través de sus Inspectores del Trabajo o por sí mismo, impondrá las siguientes multas:

Personas naturales.- Se impondrá una multa de diez salarios básicos unificados.

Personas jurídicas.- Se impondrá una multa de quince salarios básicos unificados.

Instituciones públicas.- Entidades u organismos públicos.- Se impondrá una multa de quince salarios básicos unificados."

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Se concede a los empleadores del sector público, sector privado y organizaciones de economía popular y solidaria, el plazo de 30 días para el registro de los trabajadores extranjeros en la plataforma informática del Ministerio del Trabajo, que se contarán a partir del 20 de febrero de 2018.

SEGUNDA.- El Ministerio del Trabajo en coordinación con los demás ministerios, entidades y organismos competentes del sector público, efectuarán las acciones pertinentes a fin de socializar y promover el registro de los trabajadores migrantes o extranjeros, tanto en el sector público y privado; así como en las organizaciones de economía popular y solidaria

TERCERA.- El Ministerio de Trabajo deberá guardar la confidencialidad respecto de la información registada

Registro Oficial N° 184 Martes 20 de febrero de 2018 - 9

en la plataforma informática, en apego a la normativa legal vigente; sin embargo, en uso de las atribuciones contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, Convenios, Tratados Internacionales y Leyes vigentes, podrá hacer uso de la misma, para fines estadísticos, acciones de control a través de las inspecciones aleatorias y/o focalizadas.

CUARTA.- El Ministerio del Trabajo compartirá la base de datos respecto de los trabajadores extranjeros, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a través del Viceministerio de Movilidad Humana

QUINTA.- Las inspecciones aleatorias y/o focalizadas las realizará el Ministerio del Trabajo, a través de los inspectores del Trabajo. Para ese efecto, de ser necesario, coordinará con los demás organismos y entidades competentes del sector público.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA.- Encárguese a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, realizar las adecuaciones necesarias en la plataforma informática del Ministerio del Trabajo para habilitar el registro de los trabajadores migrantes o extranjeros, para cuyo efecto se concede el término de 20 días.

SEGUNDA.- Encárguese de forma conjunta a la Subsecretaría del Trabajo y Coordinación General de Asesoría Jurídica, la capacitación de los Inspectores del Trabajo de las diferentes Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público de esta Cartera de Estado, para el efectivo cumplimiento del presente Acuerdo.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo Ministerial, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los 24 de enero de 2018.

f.) Abg. Raúl Clemente Ledesma Huerta, Ministro del Trabajo.

No. MDT-2018-0007

Raúl Clemente Ledesma Huerta MINISTRO DEL TRABAJO

Considerando:

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las Ministras

 

y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8, de 24 de mayo de 2017, el Presidente Constitucional de la República, señor licenciado Lenín Moreno Garcés, designa al señor abogado Raúl Clemente Ledesma Huerta, como Ministro del Trabajo; y,

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), en su artículo 17 determina que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE),

Acuerda:

Art. 1.- Encárguese al titular de la Dirección de la Secretaría General.- A más de las atribuciones y responsabilidades contempladas en la reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Trabajo, expedido mediante Acuerdo No. MDT-2017-0052, de 28 de marzo de 2017, con vigencia a partir del 1 de abril de 2017; atienda las solicitudes presentadas por los/las ciudadanos/as sobre dependencia laboral tanto para el sector público como privado; y, emita la información correspondiente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- El/la servidor/a encargado/a de esta atribución de conformidad con el artículo 59 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en todo acto o resolución que vaya a ejecutar o adoptar en virtud de esta designación, hará constar expresamente esta circunstancia y deberá observar las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.

SEGUNDA: El/la servidor/a encargado/a de esta atribución será directamente responsable por cualquier falta por acción u omisión en el ejercicio de la misma.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjicio de su publicación en el Registro Oficial.

10 - Martes 20 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 184

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los 25 de enero de 2018.

f.) Abg. Raúl Clemente Ledesma Huerta, Ministro del Trabajo.

No. 0006

Mgs. César Navas Vera MINISTRO DEL INTERIOR

Dra. Rosana Alvarado Carrión

MINISTRA DE JUSTICIA,

DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

Considerando:

Que el artículo 35 de la Constitución de la República establece que las personas privadas de libertad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado;

Que el numeral 12 del artículo 77 ibídem instituye las garantías básicas de los procesos penales en los que se haya privado de libertad a una persona, y, en lo pertinente, señala que las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán única y exclusivamente en centros de rehabilitación social;

Que el artículo 82 de la Norma Suprema refrenda el principio de seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes;

Que el artículo 158 de la Norma Suprema dispone que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos; y, en el inciso tercero expresa que las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que el artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal prescribe que las personas privadas de libertad gozarán

de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos;

Que el artículo 526 del Código Orgánico Integral Penal dispone que cualquier persona podrá aprehender a quien sea sorprendido en delito flagrante de ejercicio público y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional;

Que los numerales 1 y 2 del artículo 678 del Código Orgánico Integral Penal, establecen: "1. Centros de privación provisional de libertad, en los que permanecerán las personas privadas preventivamente de libertad en virtud de una medida cautelar o de apremio impuesta por una o un juez competente, quienes serán tratadas aplicando el principio de inocencia. [...] Estos centros tendrán una sección para las personas aprehendidas por flagrancia "; y, "2. Centros de Rehabilitación Social, en los que permanecen las personas a quienes se les impondrá una pena mediante una sentencia condenatoria ejecutoriada ";

Que el artículo 679 del Código Orgánico Integral Penal determina que una persona detenida solo podrá ingresar en un centro de privación de libertad con orden de autoridad competente; que, en la aprehensión por flagrancia se deberá registrar los hechos y circunstancias que la motivaron; y, que el incumplimiento de estas obligaciones causará la imposición de la máxima sanción administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil;

Que el artículo 683 del Código Orgánico Integral Penal establece que toda persona se someterá a un examen médico antes de su ingreso a los centros de privación de libertad y se le brindará, de ser necesario, atención y tratamiento. Este examen se realizará en una unidad de salud pública;

Que el artículo 685 del citado código, determina que la seguridad interna de los Centros de Privación de Libertad es competencia del cuerpo de seguridad penitenciario y la seguridad perimetral de la Policía Nacional;

Que el artículo 3 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social establece dentro de su ámbito de aplicación obligatoria para el Sistema Nacional de Rehabilitación Social: (1) El cumplimiento de las medidas cautelares de dispositivo de vigilancia electrónica, detención y prisión preventiva, establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. (2) La ejecución de apremios, de penas privativas de libertad y no privativas de libertad de conformidad con la ley y; [...] (5). La custodia, seguridad, vigilancia y traslado de las personas privadas de libertad;

Que el artículo 5 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social establece que la Cartera de Estado encargada de justicia y Derechos Humanos, será la competente de la administración del sistema nacional de rehabilitación social, de los centros de privación de libertad que son parte del mismo, para lo cual emitirá las normas técnicas necesarias para su correcto funcionamiento en el ámbito de sus competencias; así como el nombramiento del personal de seguridad técnico y administrativo previa evaluación de sus condiciones técnicas, cognoscitivas y psicológicas;

Registro Oficial N° 184 Martes 20 de febrero de 2018 - 11

 

Que el artículo 29 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social establece que para el ingreso de una persona a un Centro de Privación Provisional de Libertad, se exigirá una orden judicial de encarcelamiento, certificado de salud y el registro de detenidos de la Policía Nacional. Para los aprehendidos en flagrancia, no se exigirá la orden judicial de encarcelamiento pero en este caso se registrará los hechos y circunstancias que la motivaron. Para el ingreso de una persona privada de libertad a un Centro de Rehabilitación Social se verificará que exista una sentencia ejecutoriada";

Que el artículo 34 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social señala que la evaluación médica inicial consiste en una revisión general de la salud de la persona privada de libertad, la cual puede ser realizada en las unidades de salud ubicados en los centros de privación de la libertad, conforme al servicio establecido para cada tipo de Centro y, en el caso de personas detenidas en flagrancia, la evaluación será realizada en el establecimiento de la Red de Salud Pública (Red Pública Integral de Salud) más cercano al lugar de la detención; y,

Que es necesario regular el procedimiento de ingreso de personas mayores de edad detenidas o aprehendidas en delito o contravención flagrante o por la ejecución de una boleta u orden judicial vigente a los Centros de Privación de la Libertad a nivel nacional, y dotar a los agentes de seguridad penitenciaria y elementos de la fuerza pública de una herramienta normativa que defina su accionar, en estricto apego al régimen de derechos y garantías constitucionales y legalmente consagrados;

En ejercicio de la facultad conferida en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador y, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerdan:

Expedir el "INSTRUCTIVO QUE REGULA EL

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO Y SALIDA

DE PERSONAS DETENIDAS O APREHENDIDAS

A CENTROS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD A

NIVEL NACIONAL"

CAPÍTULO I GENERALIDADES

Artículo 1.- Objeto.- El presente instructivo tiene por objeto normar el procedimiento para el ingreso, custodia y salida de personas mayores de edad detenidas o aprehendidas en los Centros de Privación de la Libertad a nivel nacional.

Artículo 2.- Ámbito.- Las normas establecidas en este instrumento serán de aplicación obligatoria a nivel nacional, para el personal que labora en los Centros de Privación de Libertad; para las y los servidores públicos pertenecientes al Sistema Nacional de Rehabilitación Social; y, para las y los servidores policiales.

Artículo 3.- Definiciones.- Para efectos de aplicación del presente instructivo se entenderá por:

  1. Orden judicial.- Documento emitido por autoridad competente en donde se determina la situación jurídica de la o el detenido.
  2. Examen médico.- Valoración del estado de salud y condición física de la persona detenida o aprehendida, realizado en unidades de salud ubicadas en los centros de privación de libertad o en un establecimiento de la Red Pública Integral de Salud más cercano al lugar de la detención o aprehensión, según el caso.

3.- Parte policial web.- Documento generado electrónicamente a través del sistema informático operativo creado para la utilización del personal policial, en el cual constan los antecedentes y motivos de la detención o aprehensión de personas.

4.- Registro de identidad de detenidos o aprehendidos.-

Proceso de identificación e individualización de la persona detenida o aprehendida a través del sistema informático de la Policía Nacional para obtener un dato indubitado de su identidad.

5.- Registro de ingreso y salida.- Proceso a través del cual se registra en una bitácora, establecida para el efecto, en el que se detalla datos de la persona detenida o aprehendida que ingresa o sale de los Centros con su debida motivación, según sea el caso.

Artículo 4.- Del Traslado.- Proceso a través del cual, la persona detenida o aprehendida es trasladada por la o el servidor policial a la unidad de flagrancia o al Centro de Privación de Libertad más cercano al lugar donde se ejecutó su aprehensión o detención, según corresponda, una vez cumplido el procedimiento previo establecido en el artículo 5 del presente instructivo.

CAPÍTULO 11

DEL PROCEDIMIENTO PREVIO PARA EL

INGRESO AL CENTRO DE PRIVACIÓN DE

LIBERTAD

Artículo 5.- Procedimiento Previo.- El personal que labora en los Centros de Privación de Libertad; las y los servidores públicos pertenecientes al Sistema Nacional de Rehabilitación Social; y, las y los servidores policiales, realizarán el siguiente procedimiento en concordancia con el Anexo denominado Mapa del proceso de Ingreso y Salida de Personas Detenidas o Aprehendidas a los Centros de Privación de Libertad:

a) Una vez realizada la detención o aprehensión, la o el servidor policial, tiene la obligación de informarle sobre sus derechos y garantías previstas en al Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Si la persona detenida o aprehendida es extranjera, la o el servidor policial procederá de conformidad con lo determinado en el Código Orgánico Integral Penal, esto es brindarle el acceso a la comunicación con representantes diplomáticos o consulares de su país.

 

12 - Martes 20 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 184

  1. Inmediatamente, después de la detención o aprehensión la o el servidor policial transportará a la persona aprehendida o detenida a las entidades competentes para que se realice un examen médico.
  2. Posteriormente, se realizará el registro de identidad correspondiente de la persona aprehendida o detenida.

Artículo 6.- Examen médico.- Producida la detención o aprehensión de una persona, la o el servidor policial deberá trasladarla hasta las unidades de salud ubicadas en los Centros de Privación de Libertad o establecimientos de la Red Pública Integral de Salud, más cercano al lugar donde se ejecutó la detención o aprehensión, con el fin de realizar la valoración del estado de salud y condición física correspondiente. De ser necesario, se le brindará atención y tratamiento según el caso amerite.

Artículo 7.- Registro de identidad.- Producida la detención o aprehensión de una persona, el servidor policial deberá realizar el respectivo registro y verificación de la identidad, haciendo uso de las herramientas tecnológicas previstas para el efecto.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y SALIDA

Artículo 8.- Documentación de ingreso.- Para el ingreso de una persona detenida o aprehendida a un Centro de Privación de Libertad o Unidad de Flagrancia, la o el servidor policial deberá presentar a Jos Agentes de Seguridad Penitenciaria del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, por medio físico o electrónico, la siguiente documentación:

  1. Examen médico, con la certificación correspondiente;
  2. Boleta u orden judicial de privación de libertad, de ser el caso; y,
  3. Registro de aprehendidos o detenidos de la Policía Nacional.

En casos de flagrancia no se requerirá boleta u orden judicial. La o el policía aprehensor al ingreso, deberá elaborar el parte policial respectivo, en el que hará constar los hechos y circunstancias que motivaron la aprehensión, el que será puesto en conocimiento de la autoridad competente. La persona detenida o aprehendida quedará bajo custodia del personal de seguridad penitenciaria.

Artículo 9.- Registro de información en los Centros de Privación de Libertad.- El personal del Ministerio de justicia, Derechos Humanos y Cultos deberá realizar el registro de información en el sistema de ingresos, conforme las disposiciones determinadas en el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

Artículo 10.- Inventario y custodia de pertenencias.-

Para el ingreso de la persona detenida o aprehendida al Centro de Privación de Libertad o a la Unidad de Aseguramiento Transitorio, ésta última en el caso de flagrancia, se elaborará un acta entrega-recepción de

objetos personales, la cual estará suscrita por la o el servidor policial que ejecutó la detención o aprehensión, y el funcionario del MJDHC, dicha acta contendrá un detalle de los bienes y documentos personales que quedarán bajo custodia del funcionario del MJDHC, hasta su posterior devolución.

En el caso de que la persona detenida o aprehendida no firme dicha acta, conjuntamente con un testigo se sentará una razón por parte de la o el funcionario responsable del MJDHC indicando la motivación de la negativa de la persona detenida o aprehendida.

Artículo 11.- Procedimiento de salida.- Para la salida de la persona detenida o aprehendida se procederá con el registro de salida con indicación del motivo por el cual se procede a su libertad o excarcelación.

Para efectos de la devolución de los bienes y documentos personales se llevará un registro y se suscribirá un acta entrega recepción de los mismos, entre el funcionario del MJDHC y el propietario.

Cuando se otorgue la boleta constitucional de libertad o excarcelación física o electrónicamente a favor de la persona detenida o aprehendida, el personal del Centro deberá verificar con el personal responsable de la Policía Nacional, que sobre la persona no exista una boleta u orden judicial distinta emitida por autoridad competente, y que impida la salida del Centro de Privación de Libertad, para lo cual se emitirá la certificación correspondiente.

En el caso de existir una boleta u orden judicial de encarcelamiento vigente, el personal de seguridad penitenciaria del MJDHC procederá a la excarcelación inmediata y simultáneamente pondrá a la persona a órdenes de la Policía Nacional para que proceda con la detención, de conformidad con lo determinado en la Constitución de la República del Ecuador y demás normativa pertinente.

CAPÍTULO IV

POLÍTICAS DE INTERCONECTTVIDAD

Artículo 12.- lnterconectividad y uso de información. - Para la interconectividad y uso de información a través de medios físicos o electrónicos, en el ámbito de sus competencias entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos se establecen las siguientes obligaciones:

  1. Generar las facilidades y seguridades tecnológicas para el intercambio y acceso de datos relacionados al ingreso y salida de personas detenidas o aprehendidas a centros de privación de libertad y centros de detención provisional, entre las instituciones.
  2. Las aplicaciones de interconexión entre las instituciones deberán ser actualizadas de manera permanente, acción que será notificada de manera oportuna a cada contraparte con la debida documentación adjunta que se requiera para su utilización y ejecución.

Artículo 13.- Responsabilidades.- Las y los servidoras y servidores públicos darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, conforme lo determinado en los artículos 226 y 233 de la Constitución de la República del Ecuador, considerando las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que podrían incurrir por acciones u omisiones, de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Registro Oficial N° 184 Martes 20 de febrero de 2018 - 13

 

DISPOSICIÓN GENERAL

PRIMERA.- Encárguese de la ejecución del presente Acuerdo Interministerial a la Subsecretaría de Rehabilitación, Reinserción y Medidas Cautelares del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; y a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Subsecretaría de Policía del Ministerio del Interior, dentro de sus competencias y atribuciones.

SEGUNDA.- Encárguese a la Dirección de Secretaría General del MJDHC la notificación del presente Acuerdo Ministerial y publicación del mismo en el Registro Oficial.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Encárguese a la Subsecretaría de Rehabilitación, Reinserción y Medidas Cautelares del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; y a las Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Subsecretaría de Policía del Ministerio del Interior, para que en el plazo de sesenta (60) días contados a partir de la suscripción del presente Acuerdo Ministerial, se elaboren y generen los protocolos y documentos necesarios para el manejo de información entre ambas instituciones, de conformidad a la normativa vigente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Deróguese cualquier normativa o disposición de igual o menor jerarquía que sea contraria a las disposiciones del presente instrumento.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo Ministerial, con su respectivo anexo (Mapa del Proceso de Ingreso y Salida de Personas Detenidas o Aprehendidas a los Centros de Privación de Libertad), entrarán en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado y firmado en Quito, a los 29 días del mes de diciembre de 2017.

POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS:

f.) Dra. Rosana Alvarado Carrión, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

f.) Ing. César Navas Vera, Ministro del Interior.

 


14 - Martes 20 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 184

RAZÓN: De conformidad a las atribuciones y responsabilidades conferidas en el Estatuto Orgánico por Procesos, del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, certifico que a foja (s) 1-8; es (son), FIEL COPIA del Acuerdo Interministerial No. 0006, de 29 de diciembre de 2017, que reposa en la Dirección Nacional de Secretaría General.

Quito, 26 de enero de 2018.

f.) Ab. Priscila Barrera, Directora Nacional de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA FUNDACIÓN

CHARLES DARWIN PARA LAS ISLAS

GALÁPAGOS PARA EL FUNCIONAMIENTO

DE UNA ESTACIÓN CIENTÍFICA EN EL

ARCHIPIÉLAGO DE GALÁPAGOS

Comparecen a la suscripción de este Acuerdo por una parte, el Gobierno de la República del Ecuador (en adelante, "el Ecuador"); y, por otra, la Fundación Charles Darwin (FCD) para las Islas Galápagos, constituida en Bélgica en 1959 (en adelante, "la Fundación"), en lo subsiguiente, denominadas "las Partes"; las cuales CONVIENEN en las siguientes CLÁUSULAS:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.-

  1. La República del Ecuador y la Fundación Charles Darwin suscribieron un Acuerdo de Cooperación el 14 de febrero de 1964, publicado en el Registro Oficial No. 181 del 15 de febrero del mismo año, con el fin de que dicha Fundación cooperase con el Gobierno del Ecuador para la conservación de la fauna y de la flora del Archipiélago de Galápagos. En el mencionado Acuerdo la Fundación se comprometió a establecer en dicho Archipiélago, de acuerdo con el proyecto formulado al respecto por el Gobierno del Ecuador y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-, una Estación Científica para la realización de los estudios tendientes a preservar y asegurar en el Archipiélago y en los mares que lo rodean, su flora y su fauna, y la conservación del suelo, así como a salvaguardar la vida de las especies salvajes en su medio ambiente, en la Isla Santa Cruz, al Este de Puerto Ayora.
  2. Transcurridos 25 años de dicho Acuerdo, el mismo quedó renovado automáticamente por 5 años más según el artículo Vigésimo Cuarto del mismo; y que, el 30 de octubre de 1991, el Ecuador decide renovar el mencionado Acuerdo por 25 años más.

3. La Fundación ha presentado servicios importantes para la conservación del Archipiélago y el avance de la ciencia y la educación en el Ecuador y en el mundo; y que dichos servicios han sido reconocidos por el Ecuador, incluyendo la condecoración de la orden "Honorare Vásquez" en el grado de Comendador, en reconocimiento a los aportes significativos en los campos científico en el área terrestre y marina, educación ambiental y fortalecimiento de capacidades locales, así como múltiples publicaciones científicas sobre Galápagos que han contribuido a proyectar al Ecuador internacionalmente como un país comprometido con la conservación de este Patrimonio Mundial.

4.   La Fundación actualmente opera en coordinación con el Estado Ecuatoriano a través de sus entidades y organizaciones, la "Estación Científica Charles Darwin", centro de investigación biológica y científica ambiental para la conservación, asentada con sus bienes, persona] administrativo y científico, en los terrenos cuyo uso ha sido facilitado gratuitamente por el Estado ecuatoriano conforme el Acuerdo de 1964.

  1. En el año 2008 se aprobó la nueva Constitución de la República del Ecuador en la cual se reconocen por primera vez en la historia mundial los derechos de la naturaleza, y en la que, de igual manera, se dispone que la provincia de Galápagos se organizará en función de un estricto apego a los principios de conservación y patrimonio natural del Estado y del buen vivir.
  2. El artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país.
  3. Así también, en el artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador se establece que la biodiversidad y su patrimonio genético son propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado.
  4. El artículo 386 de la Constitución de la República del Ecuador, sobre el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales señala que este incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales.
  5. Además, el artículo 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina como una de las atribuciones de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante, "la SENESCYT") establecer desde el gobierno nacional, políticas de investigación científica y tecnológica de acuerdo con las necesidades del desarrollo del país. La Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos determina que el Consejo de Gobierno para el Régimen Especial de Galápagos tiene la facultad de establecer las políticas provinciales de

Registro Oficial N° 184 Martes 20 de febrero de 2018 - 15

investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias y adecuadas para el desarrollo provincial, en el marco de la planificación nacional y de acuerdo a la normativa y políticas definidas por la autoridad nacional competente.

10. Conviene a los intereses del país continuar con esta importante relación de asesoría técnica y científica entre el Gobierno Nacional y la Fundación para las Islas Galápagos en el actual marco constitucional y legal para lo cual las Partes acuerdan suscribir el presente instrumento.

SEGUNDA.- ESTACIÓN CIENTÍFICA CHARLES DARWIN.-

Las Partes acuerdan que la "Estación Científica Charles Darwin" (en adelante, "la Estación") continúe funcionando en las Islas Galápagos, territorio del Ecuador, como parte del sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, para el desarrollo de investigación científica tendiente a preservar y asegurar en el Archipiélago de Galápagos y en el mar territorial que le rodea, su flora, fauna y la conservación del suelo, así como a salvaguardar la vida de las especies en su ambiente natural.

TERCERA.- DIRECTORIO. -

1.   La Estación, para su funcionamiento, contará con un "Directorio de Coordinación de Actividades" entre el Ecuador y la Fundación, que estará conformado por:

a.   La SENESCYT;

b.   El Ministerio del Ambiente;

c.   El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos;

d.   La Fundación;

e.   UNESCO, a través de su Oficina Regional en Quito;

f.    La Universidad cuyo rector ejerza la Presidencia del Directorio de la Asamblea del Sistema de Educación Superior; y,

g.   El Presidente del Consejo de Educación Superior.

2.   Este Directorio de Coordinación de Actividades tendrá las siguientes atribuciones:

a.   Determinar los requisitos que deba cumplir el Coordinador de ciencias de la Estación, conforme a los parámetros establecidos por SENESCYT;

b.   Elegir, de la terna propuesta por el Director Ejecutivo de la Fundación, al Coordinador de ciencias de acuerdo a los parámetros determinados por SENECYT;

c.   Determinar la política de investigación de la Estación en el marco de la Ley, la cual

considerará las potencialidades y/o limitaciones de financiamiento;

d.   Aprobar los planes anuales y plurianuales de investigación de la Estación previa aprobación de la Asamblea; y,

e.   Determinar los métodos de registro y afiliación, almacenamiento y difusión de la producción científica y propiedad intelectual, generada de las investigaciones que se realicen en la Estación.

CUARTA- COMITÉ ASESOR CIENTÍFICO. -

1.   Se establece el funcionamiento de un "Comité Asesor Científico" en materia de investigación y optimización del funcionamiento de la Estación, con la siguiente conformación:

a.   El delegado de la Escuela Politécnica del Litoral;

b.   El delgado de la Universidad Yachay Tech,

c.   El delegado de la Universidad IK.1AM;

d.   El Instituto de Biodiversidad;

e.   El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias; y,

f.    Las demás que el Directorio crea conveniente, propendiendo a la inclusión de entidades de renombre científico internacional.

Los miembros del Comité Asesor Científico deberán contar con grado académico de doctor y tener amplia experiencia en investigación científica en las áreas identificadas como prioritarias para el Gobierno ecuatoriano.

2.   El Comité Asesor Científico tendrá las siguientes atribuciones:

a.   Asesorar al Director Ejecutivo de la Fundación en la formulación de los planes de investigación de la Estación;

b.   Sugerir nuevas tendencias u orientaciones en materia de investigación científica;

c.   Proponer acciones de mejoramiento de la Estación; y,

d.   Las demás de carácter consultivo que requiera el Director Ejecutivo.

QUINTA.- ÁREAS DE INVESTIGACIÓN -

En la Estación se realizará investigación científica en:

a.   Procesos océano atmósfera, cambio global y modelado;

b.   Biodiversidad y recursos naturales;

16 - Martes 20 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 184

c.   Interacciones hombre- ambiente;

d.   Ingeniería e innovación de sistemas sostenibles; y, e. Las demás que determine el Estado Ecuatoriano.

Además, realizará procesos de transferencia de conocimientos y desarrollo de capacidades de investigación.

SEXTA.- COLABORACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN.-

Las actividades de investigación científica que se realicen en la Estación, se harán en colaboración con las instituciones de educación superior e instituciones de investigación del Ecuador, y propiciando la inclusión de universidades y/ o instituciones de investigación de reconocida trayectoria mundial.

En todas las investigaciones dirigidas o que participen instituciones o investigadores extranjeros deberán existir como contra parte instituciones e investigadores ecuatorianos, excepto en casos en que las capacidades de contraparte ecuatorianas no lo permitan, previa verificación realizada por la SENESCYT.

La Estación acogerá a investigadores ecuatorianos debidamente acreditados o categorizados conforme la normativa nacional y estudiantes ecuatorianos y pondrá a su disposición sus instalaciones y capacidades para la investigación.

SÉPTIMA.-PERMISOSPARALAINVESTIGACIÓN.-

Toda institución o investigador que realice investigaciones en el marco de este Acuerdo deberá obtener los registros, acreditaciones, permisos, licencias, autorizaciones y demás condiciones que establezcan las normas nacionales.

OCTAVA.- PRODUCCIÓN CIENTÍFICA. -

Toda publicación científica resultante de las investigaciones que se realicen en la Estación deberá incorporarse a un repositorio físico o digital de acceso abierto administrado por la Estación.

En estas publicaciones obligatoriamente se hará constar que las investigaciones han sido realizadas en la Estación en el Ecuador, así como, las demás afiliaciones que correspondan.

El Estado podrá acceder a todo el conocimiento e información generado a partir de las investigaciones que se desarrollen en la Estación en general y en especial de las colecciones y bases de datos. La Fundación podrá compartir información sobre biodiversidad con repositorios de renombre mundial siempre y cuando cuente con la autorización de la autoridad nacional competente.

Toda información levantada a partir de las investigaciones de campo que no se hayan publicado en artículos científicos en el lapso de tres (3) años será liberada para el uso de otros investigadores.

Los especímenes que reposan en las colecciones de la Estación pertenecen al Ecuador, por lo que, salvo disposición en contrario de la autoridad competente, la Estación actuará como depositario de las mismas.

Esta cláusula aplicará también para toda la producción científica generada en y por la Estación durante el tiempo que ha desarrollado sus actividades en el territorio ecuatoriano.

Al término del presente Acuerdo el repositorio, información y bases de datos serán transferidos a la SENESCYT y al Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos y los especímenes de las colecciones a la administración que la Autoridad Ambiental Nacional determine.

NOVENA.- DE LOS INVESTIGADORES. -

Todos los investigadores de planta de la Estación que vayan a realizar actividades de investigación por un periodo mayor a tres (3) meses, deberán estar acreditados por la SENESCYT. Para aquellos investigadores internacionales que realicen estancias cortas de investigación anuales, la Fundación estará obligada a emitir un reporte semestral a la SENESCYT sobre dichos investigadores para el respectivo registro de los mismos.

En caso que cualquier entidad pública nacional solicitare la acreditación de investigadores como requisito previo para la obtención de permisos y autorizaciones de cualquier índole, los investigadores de la Fundación se someterán a los procedimientos de acreditación establecidos por la SENESCYT.

Para el cumplimiento de esta cláusula el personal de planta de la Fundación tendrá un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de vigencia del presente Acuerdo.

DÉCIMA.- CONOCIMIENTO GENERADO A PARTIR DE LA BIODIVERSIDAD.-

El Ecuador, los investigadores, y las comunidades, participarán, según lo establecido en la Constitución y en la legislación aplicable, en la titularidad y beneficios que generen las modalidades de propiedad intelectual que recaigan sobre procedimientos y productos derivados o sintetizados obtenidos a partir de la biodiversidad, de conformidad con lo establecido en la Constitución.

DÉCIMO PRIMERA.- INFRAESTRUCTURA.-

A la expiración del presente Acuerdo, las edificaciones construidas en los terrenos, así como los equipos científicos instalados en ellas por parte de la Fundación, sean para la Estación o no, serán de propiedad exclusiva del Estado ecuatoriano, sin que la Fundación tenga nada que reclamar por ellas.

Registro Oficial N° 184 Martes 20 de febrero de 2018 - 17

DÉCIMO SEGUNDA.-DE LA MARCA Y LOGOTIPO Y DE LOS SÍMBOLOS NACIONALES.-

Al término de este convenio la marca y logotipo "Charles Darwin" protegidos bajo el régimen de propiedad intelectual, podrán ser usados por la institución de investigación en Galápagos que defina el Ecuador.

Conjuntamente con el uso de la marca y logotipo se utilizará un símbolo representativo del Ecuador según la definición del Estado ecuatoriano.

DÉCIMO TERCERA.- EXONERACIÓN TRIBUTARIA. -

La importación de bienes destinados exclusivamente a la investigación científica, gozará de la respectiva exoneración tributaria, conforme la legislación vigente al momento de realizar la importación, y los procedimientos establecidos por la autoridad aduanera.

DÉCIMO CUARTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y SOBERANÍA. -

Las actividades de la Estación y su personal en general, se someterán en todos los aspectos a las normas del Ecuador, en particular con aquellas relacionadas a la obtención de permisos de investigación y acceso a recursos genéticos, con excepción de lo previsto en este Acuerdo.

Nada en el presente Acuerdo afecta ni podrá afectar a la soberanía del Ecuador sobre su Archipiélago de Galápagos, ni a la soberanía y jurisdicción proclamadas por el Estado sobre las aguas adyacentes a su territorio, soberanía y jurisdicción, a las que la Fundación expresamente se somete.

La Fundación deberá realizar todos los trámites exigidos en la norma nacional para su funcionamiento en el Ecuador. El Convenio Básico de Funcionamiento que se suscriba para el efecto tendrá un plazo de vigencia igual al de este convenio.

DÉCIMO QUINTA.- PLAZO.-

El presente instrumento entrará en vigencia al término del plazo del Acuerdo suscrito en 1964 y renovado en 1991, y tendrá una duración de 25 años, renovables por periodos sucesivos de cinco (5) años, a falta de notificación escrita en contrario de cualquiera de las Partes, realizada con al menos noventa (90) días de anticipación al vencimiento del respectivo plazo. Las Partes expresan que todo entendimiento anterior al presente, quedará sin efecto por la entrada en vigencia de este Acuerdo.

DÉCIMO SEXTA.- FINANCIAMIENTO.-

La Estación se financiará a través de recursos de autogestión privados o públicos. El Ecuador, a través del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Ministerio de Ambiente del Ecuador, SENESCYT, u otra entidad que se asigne, podrá financiar proyectos de investigación que se realicen en la Estación.

DÉCIMO SÉPTIMA.- RÉGIMEN LABORAL. -

Al personal extranjero científico que trabaje en la Estación y que realice exclusivamente actividades de investigación,

asistencia técnica y/ o académica, se le podrá conceder, según el caso, la visa de cooperación técnica y/ o de cortesía, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la normativa interna.

Para la obtención de las respectivas autorizaciones labora­les y migratorias del personal extranjero administrativo de la Estación, se aplicarán las normas ecuatorianas del sector privado.

DÉCIMO OCTAVA.- INFORMACIÓN DE VISITANTES.-

El Ecuador a través del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos, entregará a la Fundación información específica de los visitantes al Archipiélago, con el objeto de que la misma haga una promoción adecuada a nivel internacional que beneficie a la ciencia y, al mismo tiempo, promueva una apropiada visita turística-científica responsable a las Islas Galápagos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. -

La Fundación dentro de los primeros treinta (30) días contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo, convocará a los Miembros del Directorio de Coordinación de Actividades establecido en el presente Acuerdo, a sesión para establecer un régimen de coordinación y cooperación para la completa aplicación del presente Acuerdo en un plazo de seis (6) meses, prorrogable por el mismo periodo, el cual no deberá afectar las investigaciones en curso y que garantice el resguardo de los resultados de investigación alcanzados por la Estación.

Durante la transición se deberá realizar un inventario de la infraestructura en la que funciona la Estación, del equipamiento y bienes que reposan en ella; así como de las colecciones obtenidas a partir de sus actividades de investigación. También, se deberá realizar una sistematización de las publicaciones científicas y su impacto.

DISPOSICIÓN FINAL. -

Dentro del plazo improrrogable de noventa (90) días contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo, la Fundación y el Ecuador, a través de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional iniciarán inmediatamente los trámites para la suscripción de un Convenio Básico de Funcionamiento según lo establecido en la normativa nacional vigente, considerando que la Fundación, a través de la Estación, ha venido operando programas de investigación de manera conjunta con el Estado Ecuatoriano en las últimas cinco décadas y por tanto, dicho Convenio Básico podrá considerar tramitologías expeditas que promuevan el desarrollo normal de las actividades de la Estación así como fortalecer los esfuerzos de recaudación de fondos de la Fundación para operar dicha Estación.

POR LO EXPUESTO, los abajo firmantes, siendo debidamente nombrados representantes del Ecuador y de

18 - Martes 20 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 184

 

la Fundación, suscriben el presente Acuerdo en dos (2) ejemplares en idioma español, igualmente válidos.

Hecho en Quito D.M., 29 de julio de 2016.

Por el Gobierno de la República del Ecuador.

f.) Guillaume Long, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Por la Fundación Charles Darwin, para las Islas Galápagos,

f.) Arturo Izurieta Valery, Director Ejecutivo de la Fundación.

f.) Rene Ramírez Gallegos, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

TESTIGOS DE HONOR

f.) Jorge Bilis, En representación de la Directora de la Oficina de UNESCO en Quito y Representante para Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela.

f.) Eliécer Cruz, Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.- Certifico que es fiel copia del documento que se encuentra en los archivos de la Dirección de Instrumentos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.- Quito, a 23 de noviembre de 2017.- f.) Ilegible.

No. RE-2017-222

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL

HIDROCARBURÍFERO

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial Nro. 449 de fecha 20 de octubre de 2008, determina que: "Las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les serán atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que, el artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos, reformado por la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el

Registro Oficial Nro. 244 de 27 de julio del 2010, dispone la creación de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero como organismo técnico - administrativo encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera;

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada publicada en el Registro Oficial Nro. 349 de fecha 31 de diciembre de 1993, y el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva publicado en el Registro Oficial Nro. 536 de fecha 18 de marzo de 2002, el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, se encuentra legalmente facultado para delegar sus atribuciones a los funcionarios u órganos de inferior jerarquía de la institución cuando así lo estime conveniente;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MH-DM-2015-009-AM de 13 de abril de 2015, publicado en la Edición Especial Nro. 321 del Registro Oficial de fecha 20 de mayo de 2015, el Ministro de Hidrocarburos, expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH;

Que, mediante Resolución No. 005-2016-DIRECTORIO-ARCH de 03 de mayo del 2016, se designa al Ing. Raúl Darío Baldeón López como Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH);

Que, mediante Acción de Personal No. DAF-GTH-788 de 17 de noviembre de 2017 se acuerda nombrar provisionalmente al Ing. Alex Rubén Sánchez Ríos al cargo de Director de la Agencia Regional de Control de Hidrocarburos y Combustibles Sucumbíos;

Que, es misión de las Regionales de Control de Hidrocarburos y Combustibles, Controlar y fiscalizar todas las operaciones y actividades hidrocarburíferas que se realicen en el área de su jurisdicción y asumir, cabal y oportunamente, las decisiones en el marco de las atribuciones y funciones que este Estatuto les asigna, sobre la base de la coordinación, en tiempo real, con sus pares regionales y/o con las Direcciones de la Agencia Matriz; de la información de campo así generada y la que se derivare de la coordinación institucional e interinstitucional nacional y regional, conforme lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos y sus reglamentos aplicables, y el ámbito de acción y productos señalados en el número 11.2.6 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero;

Que, es necesario racionalizar y desconcentrar la gestión administrativa de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero en general y del Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero en especial, a fin de proveer mayor agilidad al despacho de las labores inherentes a la institución; y,

 

Registro Oficial N° 184 Martes 20 de febrero de 2018 - 19

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, en concordancia con el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

Resuelve:

Art. 1.- Delegar al Ing. Alex Rubén Sánchez Ríos, como Director Regional de Control de Hidrocarburos y Combustibles Sucumbíos, para que a nombre y representación del Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ejerza a más de las contempladas en el Número 11.2.6 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la ARCH, las siguientes funciones:

a.   Suscribir dentro del ámbito de su jurisdicción, la Resolución motivada de autorización de factibilidad para la implantación de nuevos depósitos de distribución de GLP, centros de acopio de GLP y de centros de distribución de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos de acuerdo al procedimiento y disposiciones aprobadas por el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.

b.   Suscribir dentro del ámbito de su jurisdicción, la Resolución de autorización y registro a centros de acopio, depósitos de distribución de GLP, así como sus medios de transporte en auto tanques y vehículos de distribución.

c.   Autorizar la distribución de derivados de hidrocarburos que se comercializan a través del catastro industrial;

d.   Suscribir dentro del ámbito de su jurisdicción documentos de suspensión o extinción de centros de acopio GLP en cilindros, depósitos de distribución de GLP y medios de transporte, esto es barcazas, buque tanques, auto tanques para transportar derivados de petróleo o derivados de petróleo y sus mezclas con biocombustibles, GLP al granel, gas natural, y vehículos de distribución de GLP en cilindros;

e.   Emitir certificaciones sobre afectaciones al derecho de vía de acuerdo a la normativa aplicable.

f.    Regular el control y la emisión de las autorizaciones, dentro del ámbito de su jurisdicción, sobre la intervención al derecho de vía (DdV), de los ductos que transportan hidrocarburos a nivel nacional; debiendo observar la normativa vigente que regula el derecho de vía; así como, la facultad para adoptar medidas técnicas o legales que hagan efectivo el control dentro del marco de las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera, a fin de garantizar la integridad y seguridad de los ductos; y, su derecho de vía (DdV);

g.   Disponer y solicitar, dentro del ámbito de su jurisdicción, a las empresas públicas o privadas;

nacionales o extranjeras, encargadas de la operación de los ductos que transportan hidrocarburos a nivel nacional, la elaboración y remisión de un informe técnico, en base a la normativa técnica y legal, que determine la viabilidad o no para el otorgamiento de la autorización de intervención del derecho de vía (DdV);

h. Disponer dentro del ámbito de su jurisdicción, a las empresas públicas o privadas; nacionales o extranjeras encargadas de la operación de los ductos de transporte de hidrocarburos a nivel nacional la ejecución de las acciones técnicas necesarias, a fin de que se cumpla el marco legal y los documentos Técnicos Normativos emitidos para la industria Hidrocarburífera; y,

i. Suscribir oficios y/o comunicaciones que deban elaborarse para solicitar información o documentación complementaria, a fin de agilizar los trámites de aprobación de solicitudes.

Art. 2.- El Ing. Alex Rubén Sánchez Ríos, responderá administrativamente ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, civil y penalmente ante las autoridades competentes por los actos realizados en ejercicio de la presente delegación.

Art. 3.- El Ing. Alex Rubén Sánchez Ríos, emitirá un informe ejecutivo por escrito cuando el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero así lo requiera, de las acciones tomadas en ejercicio de la presente delegación.

Art. 4.- En el contenido de los documentos a los que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución, deberá hacerse constar el siguiente texto:

"Suscribo el presente (Tipo de documento) en virtud de la Delegación otorgada mediante Resolución (Señalar No. y fecha de la delegación), por el Ing. Raúl Darío Baldean López, en su calidad de Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. "

Art. 5.- Deróguese expresamente la Resolución No. RE-2017-204 de 20 de noviembre de 2017.

Art. 6.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 07 de diciembre de 2017.

f.) Ing. Raúl Darío Baldeón López, Director Ejecutivo, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH.

20 - Martes 20 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 184

No. RE-2017-223

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL

HIDROCARBURÍFERO

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial Nro. 449 de fecha 20 de octubre de 2008, determina que: "Las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras

0   servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les serán atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que, el artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos, reformado por la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el Registro Oficial Nro. 244 de 27 de julio del 2010, dispone la creación de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero como organismo técnico - administrativo encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera;

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada publicada en el Registro Oficial Nro. 349 de fecha 31 de diciembre de 1993, y el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva publicado en el Registro Oficial Nro. 536 de fecha 18 de marzo de 2002, el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, se encuentra legalmente facultado para delegar sus atribuciones a los funcionarios u órganos de inferior jerarquía de la institución cuando así lo estime conveniente;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MH-DM-2015-009-AM de 13 de abril de 2015, publicado en la Edición Especial Nro. 321 del Registro Oficial de fecha 20 de mayo de 2015, el Ministro de Hidrocarburos, expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH;

Que, mediante Resolución No. 005-2016-DIRECTORIO-ARCH de 03 de mayo del 2016, se designa al Ing. Raúl Darío Baldeón López como Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH);

Que, mediante Acción de Personal No. DAF-GTH-367 de

1 de junio de 2016 se encarga al Ing. Mario Xavier Coronel Basurto al cargo de Director de la Agencia Regional de Control de Hidrocarburos y Combustibles Centro Oriente;

Que, es misión de las Regionales de Control de Hidrocarburos y Combustibles, Controlar y fiscalizar todas las operaciones y actividades hidrocarburíferas que se realicen en el área de su jurisdicción y asumir, cabal y oportunamente, las decisiones en el marco de las atribuciones y funciones que este Estatuto les asigna, sobre la base de la coordinación, en tiempo real, con sus pares regionales y/o con las Direcciones de la Agencia Matriz; de la información de campo así generada y la que se derivare de la coordinación institucional e interinstitucional nacional y regional, conforme lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos y sus reglamentos aplicables, y el ámbito de acción y productos señalados en el número 11.2.6 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero;

Que, es necesario racionalizar y desconcentrar la gestión administrativa de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero en general y del Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero en especial, a fin de proveer mayor agilidad al despacho de las labores inherentes a la institución; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, en concordancia con el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

Resuelve:

Art. 1.- Delegar al Ing. Mario Xavier Coronel Basurto, como Director Regional de Control de Hidrocarburos y Combustibles Centro Oriente, para que a nombre y representación del Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ejerza a más de las contempladas en el Número 11.2.6 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la ARCH, las siguientes funciones:

a.   Suscribir dentro del ámbito de su jurisdicción, la Resolución motivada de autorización de factibilidad para la implantación de nuevos depósitos de distribución de GLP, centros de acopio de GLP y de centros de distribución de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos de acuerdo al procedimiento y disposiciones aprobadas por el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.

b.   Suscribir dentro del ámbito de su jurisdicción, la Resolución de autorización y registro a centros de acopio, depósitos de distribución de GLP, así como sus medios de transporte en autotanques y vehículos de distribución.

c.   Autorizar la distribución de derivados de hidrocarburos que se comercializan a través del catastro industrial;

d.   Suscribir dentro del ámbito de su jurisdicción documentos de suspensión o extinción de centros de acopio GLP en cilindros, depósitos de distribución de

Registro Oficial N° 184 Martes 20 de febrero de 2018 - 21

GLP y medios de transporte, esto es barcazas, buque tanques, auto tanques para transportar derivados de petróleo o derivados de petróleo y sus mezclas con biocombustibles, GLP al granel, gas natural, y vehículos de distribución de GLP en cilindros;

e.   Emitir certificaciones sobre afectaciones al derecho de vía de acuerdo a la normativa aplicable.

f.    Regular el control y la emisión de las autorizaciones, dentro del ámbito de su jurisdicción, sobre la intervención al derecho de vía (DdV), de los ductos que transportan hidrocarburos a nivel nacional; debiendo observar la normativa vigente que regula el derecho de vía; así como, la facultad para adoptar medidas técnicas o legales que hagan efectivo el control dentro del marco de las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera, a fin de garantizar la integridad y seguridad de los ductos; y, su derecho de vía (DdV);

g.   Disponer y solicitar, dentro del ámbito de su jurisdicción, a las empresas públicas o privadas; nacionales o extranjeras, encargadas de la operación de los ductos que transportan hidrocarburos a nivel nacional, la elaboración y remisión de un informe técnico, en base a la normativa técnica y legal, que determine la viabilidad o no para el otorgamiento de la autorización de intervención del derecho de vía (DdV);

h.   Disponer dentro del ámbito de su jurisdicción, a las empresas públicas o privadas; nacionales o extranjeras encargadas de la operación de los ductos de transporte de hidrocarburos a nivel nacional la ejecución de las acciones técnicas necesarias, a fin de que se cumpla el marco legal y los documentos Técnicos Normativos emitidos para la industria Hidrocarburífera; y,

i.    Suscribir oficios y/o comunicaciones que deban elaborarse para solicitar información o documentación complementaria, a fin de agilizar los trámites de aprobación de solicitudes.

Art. 2.- El Ing. Mario Xavier Coronel Basurto, responderá administrativamente ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, civil y penalmente ante las autoridades competentes por los actos realizados en ejercicio de la presente delegación.

Art. 3.- El Ing. Mario Xavier Coronel Basurto, emitirá un informe ejecutivo por escrito cuando el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero así lo requiera, de las acciones tomadas en ejercicio de la presente delegación.

Art. 4.- En el contenido de los documentos a los que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución, deberá hacerse constar el siguiente texto:

"Suscribo el presente (Tipo de documento) en virtud de la Delegación otorgada mediante Resolución (Señalar No. y fecha de la delegación), por el Ing. Raúl Darío Baldean López, en su calidad de Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. "

Art. 5.- Deróguese expresamente la Resolución No. RE-2017-183 de 18 de octubre de 2017.

Art. 6.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 07 de diciembre de 2017.

f.) Ing. Raúl Darío Baldeón López, Director Ejecutivo, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH.

No. RE-2017-224

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL

HIDROCARBURÍFERO

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial Nro. 449 de fecha 20 de octubre de 2008, determina que: "Las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les serán atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que, el artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos, reformado por la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el Registro Oficial Nro. 244 de 27 de julio del 2010, dispone la creación de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero como organismo técnico - administrativo encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera;

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada publicada en el Registro Oficial Nro. 349 de fecha 31 de diciembre de 1993, y el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva publicado en el Registro Oficial Nro. 536 de fecha 18 de marzo de 2002, el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífro, se encuentra

22 - Martes 20 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 184

legalmente facultado para delegar sus atribuciones a los funcionarios u órganos de inferior jerarquía de la institución cuando así lo estime conveniente;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MH-DM-2015-009-AM de 13 de abril de 2015, publicado en la Edición Especial Nro. 321 del Registro Oficial de fecha 20 de mayo de 2015, el Ministro de Hidrocarburos, expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH;

Que, mediante Resolución No. 005-2016-DIRECTORIO-ARCH de 03 de mayo del 2016, se designa al Ing. Raúl Darío Baldeón López como Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH);

Que, mediante Acción de Personal No. DAF-GTH-718 de 20 de octubre de 2017 se acuerda otorgar nombramiento de libre remoción al Ing. Paúl Alan Merchán Merchán al cargo de Director de la Agencia Regional de Control de Hidrocarburos y Combustibles El ORO;

Que, es misión de las Regionales de Control de Hidrocarburos y Combustibles, Controlar y fiscalizar todas las operaciones y actividades hidrocarburíferas que se realicen en el área de su jurisdicción y asumir, cabal y oportunamente, las decisiones en el marco de las atribuciones y funciones que este Estatuto les asigna, sobre la base de la coordinación, en tiempo real, con sus pares regionales y/o con las Direcciones de la Agencia Matriz; de la información de campo así generada y la que se derivare de la coordinación institucional e interinstitucional nacional y regional, conforme lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos y sus reglamentos aplicables, y el ámbito de acción y productos señalados en el número 11.2.6 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero;

Que, es necesario racionalizar y desconcentrar la gestión administrativa de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero en general y del Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero en especial, a fin de proveer mayor agilidad al despacho de las labores inherentes a la institución; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, en concordancia con el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

Resuelve:

Art. 1.- Delegar al Ing. Paúl Alan Merchán Merchán, como Director Regional de Control de Hidrocarburos y Combustibles El Oro, para que a nombre y representación del Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ejerza a más de las contempladas en el Número 11.2.6 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la ARCH, las siguientes funciones:

 

a.   Suscribir dentro del ámbito de su jurisdicción, la Resolución motivada de autorización de factibilidad para la implantación de nuevos depósitos de distribución de GLP, centros de acopio de GLP y de centros de distribución de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos de acuerdo al procedimiento y disposiciones aprobadas por el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.

b.   Suscribir dentro del ámbito de su jurisdicción, la Resolución de autorización y registro a centros de acopio, depósitos de distribución de GLP, así como sus medios de transporte en autotanques y vehículos de distribución.

c.   Autorizar la distribución de derivados de hidrocarburos que se comercializan a través del catastro industrial;

d.   Suscribir dentro del ámbito de su jurisdicción documentos de suspensión o extinción de centros de acopio GLP en cilindros, depósitos de distribución de GLP y medios de transporte, esto es barcazas, buque tanques, auto tanques para transportar derivados de petróleo o derivados de petróleo y sus mezclas con biocombustibles, GLP al granel, gas natural, y vehículos de distribución de GLP en cilindros;

e.   Emitir certificaciones sobre afectaciones al derecho de vía de acuerdo a la normativa aplicable.

f.    Regular el control y la emisión de las autorizaciones, dentro del ámbito de su jurisdicción, sobre la intervención al derecho de vía (DdV), de los ductos que transportan hidrocarburos a nivel nacional; debiendo observar la normativa vigente que regula el derecho de vía; así como, la facultad para adoptar medidas técnicas o legales que hagan efectivo el control dentro del marco de las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera, a fin de garantizar la integridad y seguridad de los ductos; y, su derecho de vía (DdV);

g.   Disponer y solicitar, dentro del ámbito de su jurisdicción, a las empresas públicas o privadas; nacionales o extranjeras, encargadas de la operación de los ductos que transportan hidrocarburos a nivel nacional, la elaboración y remisión de un informe técnico, en base a la normativa técnica y legal, que determine la viabilidad o no para el otorgamiento de la autorización de intervención del derecho de vía (DdV);

h. Disponer dentro del ámbito de su jurisdicción, a las empresas públicas o privadas; nacionales o extranjeras encargadas de la operación de los ductos de transporte de hidrocarburos a nivel nacional la ejecución de las acciones técnicas necesarias, a fin de que se cumpla el marco legal y los documentos Técnicos Normativos emitidos para la industria Hidrocarburífera; y,

i. Suscribir oficios y/o comunicaciones que deban elaborarse para solicitar información o documentación

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complementaria, a fin de agilizar los trámites de aprobación de solicitudes.

Art. 2.- El Ing. Paúl Alan Merchán Merchán, responderá administrativamente ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, civil y penalmente ante las autoridades competentes por los actos realizados en ejercicio de la presente delegación.

Art. 3.- El Ing. Paúl Alan Merchán Merchán, emitirá un informe ejecutivo por escrito cuando el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero así lo requiera, de las acciones tomadas en ejercicio de la presente delegación.

Art. 4.- En el contenido de los documentos a los que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución, deberá hacerse constar el siguiente texto:

"Suscribo el presente (Tipo de documento) en virtud de la Delegación otorgada mediante Resolución (Señalar No. y fecha de la delegación), por el Ing. Raúl Darío Baldean López, en su calidad de Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. "

Art. 5.- Deróguese expresamente la Resolución No. RE-2017-184 de 23 de octubre de 2017.

Art. 6.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 07 de diciembre de 2017.

f.) Ing. Raúl Darío Baldeón López, Director Ejecutivo, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH.

No. 030-2017-DE-IEPI

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO

ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL -IEPI-

Considerando:

Que, el artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho al acceso a las tecnologías de información, para todas las personas, en forma individual y colectiva;

Que, el artículo 18 de la Carta Magna, dispone que todas las personas de manera individual o colectiva tienen derecho a

acceder libremente a la información generada en entidades públicas, no existiendo así la reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la Ley;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que "...La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación...";

Que, el artículo 77 literal e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala que las máximas autoridades de las instituciones del Estado son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de sus autoridad y establece para estas, entre otras atribuciones y obligaciones específicas la de "(...) e) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones (...) ";

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público confiere facultades y atribuciones a la máxima autoridad de la Institución, las mismas que pueden ser delegables;

Que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 4 de su Reglamento General de aplicación, 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada; 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, el Director Ejecutivo se encuentra facultado para delegar atribuciones contenidas en los mencionados cuerpos normativos a servidores de la Institución que representa, cuando lo estime conveniente, actos administrativos que deben ser publicados en el Registro Oficial;

Que, según la disposición transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 899 del 09 de diciembre de 2016: "El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, así como toda la institucionalidad creada mediante la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 426 de 28 de diciembre de 2006, existirá hasta que se establezca mediante el correspondiente Decreto Ejecutivo, la nueva autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, encargada de la regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y de los conocimientos tradicionales, perteneciente a la Función Ejecutiva y adscrita a la Secretaría de Educación

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Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (...) Así mismo, todas las disposiciones y funciones atribuidas a la nueva autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, hasta su conformación, continuarán siendo ejercidas por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, a través de los distintos órganos que lo conforman (...) La nueva autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, encargada será la sucesora en derecho del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, asumiendo el patrimonio, presupuesto, derechos y obligaciones incluyendo las laborales, conforme los regímenes aplicables a cada caso

(...)";

Que, en el artículo 346 de la Ley de Propiedad Intelectual consta la creación del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), como persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, con sede en la ciudad de Quito, con los fines establecidos en dicha ley;

Que, de conformidad con el artículo 349 de la Ley de Propiedad Intelectual; y, Decreto 1322 de 5 de octubre de 2012, el Director Ejecutivo del IEPI, es el representante legal y el responsable directo de la gestión técnica, financiera y administrativa de la institución;

Que de conformidad con el artículo 351 literal f) de la ley en mención prescribe como atribución de la máxima autoridad del IEPI, el ordenar medidas en frontera conforme al ordenamiento jurídico aplicable;

Que el artículo 373 ibídem faculta al IEPI a ejercer acción coactiva para la recaudación de multas y tasas previstas en dicho cuerpo legal;

Que, acorde al artículo 966 del Código de Procedimiento Civil, la calidad de servidor recaudador, así como aparejar el título de crédito y la orden de cobro, son algunas de las solemnidades del procedimiento coactivo;

Que, de conformidad con el artículo 117 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que cada órgano de la Administración Pública determinará en su Reglamento Orgánico las Competencias y Titulares responsables de la expedición de copias auténticas de los documentos públicos y privados. Las copias de cualquier documento público gozarán de la misma validez y eficacia que éstos, siempre que exista constancia de que son auténticas. Las copias de los documentos privados tendrán validez y eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de la Administración Pública Central, siempre que su autenticidad haya sido comprobada. Tienen la consideración de documentos públicos los documentos válidamente emitidos por los órganos de la Administración Pública;

Que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento General de Bienes, expedido por la Contraloría General del Estado, define al Guardalmacén como el responsable

administrativo del control en la inspección, recepción, registro, custodia, distribución, conservación y baja de los bienes institucionales.

Que, el artículo 3 ibídem dispone que la máxima autoridad, a través de la Unidad de Administración de Bienes o su equivalente orientará y dirigirá la correcta conservación y cuidado de los bienes públicos que han sido adquiridos o asignados para su uso en la entidad u organismo y que se hallen en su poder a cualquier título, y para este fin, debe delegar estas atribuciones a través de la designación de un guardalmacén;

Que, el artículo 15 del Reglamento del Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, dispone que en las convocatorias a reuniones ordinarias o extraordinarias del pleno de este cuerpo colegiado, se convocará al Director Ejecutivo o a su delegado, quien podrá participar en éstas con voz y sin voto;

Que, mediante Resolución No. CD-IEPI-06-184, el Consejo Directivo del IEPI expidió el "Reglamento que Establece el Procedimiento de la Acción Coactiva por parte del Instituto Ecuatoriano de loa Propiedad Intelectual "IEPI", mismo que fue reformado mediante Resolución No. 10-02-CD-IEPI;

Que mediante Acción de Personal No. IEPI-UATH-2017.10-319 de 13 de octubre de 2017, emitida en base al Oficio No. SENESCYT-SENESCYT-2017-0415-CO de 16 de junio de 2017, emitido por el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Doctor Augusto Barrera Guarderas, se encargó la Dirección Ejecutiva del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual al Magíster Pablo Santiago Cevallos Mena

Que, mediante Resolución No. 023-2017-DE-IEPI, el Director Ejecutivo Encargado delegó atribuciones contenidas en varias materias a la Experta Principal en Talento Humano encargada, al Especialista en Compras Públicas 2, al Experto Principal en Planificación, al Director de Gestión Institucional, al Experto Principal en Documentación y Archivo, al Director Nacional de Propiedad Industrial Encargado, al Experto Principal en Asesoría Jurídica, al Analista Administrativo 3 de la Unidad de Gestión Administrativa Financiera, al servidor público Alex Xavier Castillo Arellano, a los Subdirectores Regionales de Guayaquil y Cuenca, y al Experto Principal en Administración y Finanzas;

Que, mediante Resolución No. 024-2017-DE-IEPI, el Director Ejecutivo Encargado reformó la Resolución No. 023-2017-DE-IEPI;

Que, mediante acciones de personal No. IEPI-UATH- 2017-10-329, IEPI-UATH 2017-10-322, IEPI-UATH-2017-10-327, IEPI-UATH-2017-10-326, IEPI-UATH-2017-10-323, IEPI-UATH -2017-10-324,IEPI-UATH -2017-10-325, IEPI-UATH-10-328 de 24 de octubre de 2017, con vigencia a partir del 12 de octubre del mismo año, finalizaron los encargos realizados a los Expertos Principales de Talento Humano, Planificación,

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Obtenciones Vegetales, Conocimientos Tradicionales, Comunicación Social, Asuntos Internacionales, Desarrollo Tecnológico y Patentes;

Que, mediante acción de personal No. IEPI-UATH-10-353 de 31 de octubre de 2017, finalizó la subrogación de funciones del cargo de Experto Principal en Administración y Finanzas a favor de la servidora Betty Lucía Ruiz Gavilanes;

Que, es necesario racionalizar y desconcentrar la gestión técnica, administrativa y financiera del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual a fin de proveer de mayor agilidad al despacho de las labores inherentes a dicha institución, en lo atinente a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Ley Orgánica del Servicio Público, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativa vigente;

Que, es necesario ejecutar los procesos acorde con los principios de celeridad, eficiencia y eficacia que rigen a la Administración Pública, a fin de satisfacer las necesidades internas para así lograr una buena gestión y garantizar la eficiencia a nivel institucional; y,

Que es preciso contar con normativa codificada que evite la duplicidad de instrumentos y la mejor comprensión de los administrados y administración pública respecto de los procesos gobernantes, agregadores de valor y de apoyo dentro de la institución;

En ejercicio de sus atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Resuelve:

Artículo 1.- DELEGAR a Jesús Jessenia Gómez Delgado, servidora pública del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, las siguientes funciones:

  1. Autorizar y suscribir todas las nóminas gestionadas en la Unidad de Administración de Talento Humano, avisos del IESS, actas de finiquito, formularios del Ministerio de Trabajo y toda gestión en cualquier institución pública o privada concerniente al manejo del personal del IEPI;
  2. Disponer la instauración de sumarios y audiencias administrativas a las que hubiere lugar y realizar todas las actuaciones necesarias hasta la culminación de los trámites. Los actos administrativos y documentos legales que suscriba y autorice en virtud de su encargo serán todos aquellos que se realicen bajo el régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público, el Código de Trabajo o cualquier otra normativa legal vigente que regule la relación laboral en cada una de sus competencias;
 
  1. Suscribir contratos de servicios ocasionales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58 de la LOSEP, servicios profesionales de acuerdo a lo dispuesto en el art. 148 del RGLOSEP, y contratos acorde al Código del Trabajo;
  2. Suscribir contratos, resoluciones y acciones de personal relativas a: ingreso y renovación de contratos del personal del IEPI así como los instrumentos legales relacionados con traspasos del personal de la institución, con nombramiento y bajo la modalidad de servicios ocasionales a las instituciones creadas por procesos de fusión, de acuerdo a la normativa aplicable, previa autorización del Director Ejecutivo del IEPI;
  3. Suscribir el pago de horas suplementarias y extraordinarias a los servidores de la institución que hayan excedido el límite de la jornada ordinaria prevista en la ley;
  4. Autorizar las solicitudes de formación y capacitación de servidoras, servidores, funcionarios y funcionarías de la Institución, de conformidad al artículo 23, 69 y siguientes de la Ley Orgánica de Servicio Público;
  5. Suscribir los documentos necesarios para llevar a cabo los procesos de concursos de méritos y oposición que se ejecutaren en este Instituto, en estricto cumplimiento de lo que dispone la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento General, e informar a la Dirección Ejecutiva el listado de ganadores;
  6. Suscribir los nombramientos definitivos o provisionales de los ganadores de los concursos;
  7. Suscribir respecto de las/los servidoras/es extranjeras/ os del IEPI los formularios para la autorización de permiso de trabajo de extranjeros y carnet ocupacional, y demás documentación relacionada ante el Ministerio de Trabajo;
  8. Certificar la lista de asistentes a los actos, cuando se hubiere requerido gastos con cargo a fondos de caja chica, por refrigerios en reuniones de carácter oficial o cuando se produzcan visitas de servidores del exterior del país; y,
  9. Suscribir las desvinculaciones de la Institución de todos los servidores del IEPI.

Artículo 2.- DELEGAR a la persona que ejerce las labores de Analista de Compras Públicas 2, las siguientes funciones:

1. Publicar en todos los procedimientos de contratación en el Portal www.compraspublicas.gob.ec la siguiente información relevante:

a. Estudios, diseños o proyectos;

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b.   Estudio de desagregación tecnológica, si es pertinente, incluyendo el oficio de no objeción emitido por el SERCOP;

c.   Certificación presupuestaria para el objeto de contratación correspondiente;

d.   Convocatoria o invitación para participar en el proceso, según el caso;

e.   Pliego;

f.    Resolución de aprobación de pliego e inicio del proceso;

g.   Preguntas, respuestas y aclaraciones correspondientes al proceso

h.   Acta de apertura de las ofertas presentadas por los oferentes

i.    Acta que detalle los errores de forma de las ofertas y por lo cual se solicita la convalidación de errores, así como el acta por la cual se han convalidado dichos errores, de ser el caso;

j.     Informe de evaluación de las ofertas realizada por las subcomisiones de apoyo a la comisión técnica y/o por la comisión técnica, de ser el caso;

k.   Cuadro resumen de calificación de las ofertas presentadas;

l.    Informe de la comisión técnica en la cual recomienda a la máxima autoridad o su delegado la adjudicación o declaratoria de desierto según corresponda, del proceso de contratación;

m.  Garantías presentadas antes de la firma del contrato;

n.   Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la entidad contratante;

o. Resoluciones de cancelación o declaratoria de proceso desierto, según el caso y de existir;

p. Cualquier reclamo o recurso presentado dentro de esta fase, así como los actos emitidos por la entidad con ocasión de su tramitación; y,

q.   Contrato suscrito entre la entidad contratante y el contratista así como sus documentos habilitantes, de ser pertinente.

2. Comunicar a los miembros de las comisiones técnicas, administradores de contrato, unidades requirentes, administrador del portal, o a cualquier servidor o funcionario que tenga relación directa con los procesos de contratación sobre notificaciones, preguntas, aclaraciones, reclamos, advertencias,

sugerencias emitidas por el SERCOP, Sistema Oficial de Contratación del Estado o las acciones internas relacionadas a la contratación pública.

Artículo 3.- DELEGAR a Christian Calderón Calles, servidor público del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, las siguientes funciones:

  1. Intervenir en los procesos de enajenación mediante remate de bienes muebles e inmuebles de propiedad del IEPI, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de Utilización y Control de los Bienes del Sector Público y ejercer todas las demás facultades que este Reglamento prevé para la máxima autoridad de la entidad.
  2. Autorizar las peticiones de los servidores de la entidad para tener acceso al sistema informático;
  3. Aprobar, modificar, reformar y/o ampliar el Plan Anual de Contratación (PAC), en los términos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de aplicación;
  4. Autorizar a los servidores públicos del IEPI las solicitudes de claves del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPelP);
  5. Autorizar y suscribir convenios interinstitucionales con instituciones públicas o privadas nacionales o extranjeras, y todos los demás actos relacionados con la suscripción, ejecución y finalización de los mismos, siempre que el objeto se encuentre dentro del ámbito de las competencias del IEPI;
  6. Suscribir notas reversales con las diferentes instituciones y organismos, siempre que el objeto se encuentre en el ámbito de las competencias del IEPI;
  7. Realizar las modificaciones presupuestarias de los proyectos de inversión, conforme a las disposiciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la normativa emitida por el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación;
  8. Dirigir y coordinar el diseño de los proyectos de inversión del IEPI y dar seguimiento técnico respectivo a este nivel;
  9. Elaborar reportes sobre resultados logrados con los proyectos en ejecución con la finalidad de alimentar el Sistema de Gestión por Resultados (GPR) y proveer informes ejecutivos de resultados; y,
  10. Organizar y mantener actualizado los reportes de información sobre gasto corriente e inversiones de la entidad.

Artículo 4.- DELEGAR al Magíster Luis Rodrigo Veintimilla Miranda, Director de Gestión Institucional, las siguientes funciones:

 

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  1. Autorizar con cargo de los fondos fijos de caja chica, los gastos que conforme a las disposiciones aplicables al uso de este tipo de fondos, se requieran en el IEPI;
  2. Autorizar gastos de ínfima cuantía;
  3. Autorizar los informes presentados por los administradores respecto a la terminación de los contratos y realizar su liquidación;
  4. Otorgar a los administradores de contratos del IEPI los usuarios y claves para el uso del portal de compras públicas para el registro y publicación de la información relacionada con la ejecución y seguimiento del contrato correspondiente.
  5. Autorizar el pago de horas suplementarias y extraordinarias a los servidores de la institución que hayan excedido el límite de la jornada ordinaria prevista en la ley;
  6. Autorizar subrogaciones y encargos necesarios para el funcionamiento de la institución y suscribir las acciones de personal correspondientes para su cumplimiento;
  7. Aprobar los informes y autorizar el gasto y reembolso correspondiente a viáticos, subsistencias, alimentación, movilización y/o transporte cuando una servidora o servidor público se desplace a cumplir tareas oficiales en reuniones, conferencias, visitas de observación o a desempeñar actividades propias de su puesto, dentro o fuera del país, por el tiempo que dure los servicios desde la fecha de salida hasta el retorno en razón de las tareas oficiales cumplidas, de conformidad al artículo 17 del Reglamento de Viáticos para servidores públicos al exterior;
  8. Autorizar en los casos que corresponda y suscribir respecto de las y los servidores y funcionarios del IEPI, el pago las resoluciones y demás documentos legales relativos a: renuncias, vacaciones, cambios administrativos, traslados temporales y definitivos, licencias con o sin remuneración, anticipos de remuneración, comisiones de servicios al interior y exterior del país, sanciones administrativas, declaración de vacantes por fallecimiento, permisos por maternidad, paternidad, calamidad doméstica o enfermedad y viáticos por residencia; y, demás permisos contemplados en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Servicio Público y artículos 62 y 63 del Reglamento de dicha Ley; así como, los permisos para representación de una asociación laboral y aquellos relacionados con el cuidado de familiares con discapacidades severas o enfermedades catastróficas; además, cualquier otro acto administrativo de la gestión de Talento Humano;
  9. Suscribir todas las actividades e instrumentos jurídicos relacionadas al proceso administrativo de la institución;
  1. Autorizar y suscribir los actos administrativos para los procesos de contratación pública bajo régimen especial;
  2. Autorizar el inicio y aprobar los pliegos de todo procedimiento precontractual;
  3. Autorizar pliegos y suscribir las resoluciones de inicio, adjudicación, suspensión, cancelación o declaratoria de desierto, reapertura o archivo de los procesos precontractuales para la adquisición de bienes y prestación de servicios incluidos los de consultoría;
  4. Designar comisiones técnicas y su secretario para calificar ofertas técnicas y económicas de los procedimientos precontractuales;
  5. Suscribir contratos, así como todos aquellos instrumentos jurídicos que modifiquen, reformen, complementen, prorroguen, amplíen o terminen dichos contratos;
  6. Autorizar y suscribir las resoluciones que corresponden al cambio de administrador/a de contratos de Compras Públicas;
  7. Autorizar los pagos derivados de las terminaciones de los contratos;
  8. Suscribir los instrumentos legales respecto a transferencias de dominio de bienes con otras entidades del sector público;
  9. Autorizar los procesos relacionados a préstamos de uso o comodatos, así como la suscripción de los respectivos instrumentos jurídicos de los bienes que han sido o van a ser destinados al funcionamiento administrativo del IEPI;
  10. Contestar las solicitudes y autorizar la entrega de información para procesos administrativos referentes al IEPI, de conformidad con la normativa aplicable, y en el ámbito de sus respectivas competencias;
  11. Realizar las evaluaciones de desempeño de los asesores con cargo al Despacho del IEPI;
  12. Autorizar gastos e inversiones que comprometan fondos que estén contemplados en el presupuesto del IEPI de conformidad con la normativa vigente; y,
  13. Suscribir las resoluciones que ordenan el inicio de los procedimientos coactivos para el cobro de los valores que se le adeuden al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-, impuestos mediante las resoluciones emitidas por los Directores Nacionales, Regionales, sus delegados y el Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

Artículo 5.- DELEGAR a Gloria Soledad de la Torre Bossano, servidora del Instituto Ecuatoriano

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de la Propiedad Intelectual las siguientes funciones y atribuciones:

  1. Como responsable de atender la información pública del IEPI y por tanto del cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP y de la resolución Nro. 007-DPE-CGAJ, de 15 de enero de 2015 de la Defensoría del Pueblo.
  2. Controlar las casillas del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual;
  3. Suscribir contratos de arrendamiento de las casillas con cada solicitante;
  4. Dar por terminado dichos contratos, suspender el servicio y disponer libremente de las casillas asignadas; y,
  5. Todas las atribuciones que el Instructivo para la Utilización de las Casillas del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI- otorgue al Director Ejecutivo
  6. Comprobar y verificar los documentos públicos o privados que se presenten como requisito para los trámites inherentes a los servicios que presta el IEPI y autenticar o dar fe sobre la veracidad de los mismos, y estar facultado para aplicar el artículo 117 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.
  7. Designar los servidores que, como fedatarios tendrán dentro de sus competencias comprobar, verificar y autenticar los documentos públicos o privados que se presente ante el Instituto.

Artículo 6.- DELEGAR al Director Nacional de Propiedad Industrial Encargado, José Andrés Francisco Tinajero Mullo las siguientes atribuciones para la ejecución de medidas de frontera:

  1. Tramitar, sustanciar y resolver medidas en frontera, inherentes a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial;
  2. Tramitar, sustanciar y resolver recursos de reposición presentados ante los actos administrativos expedidos en medidas en frontera, inherentes a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial; y,
  3. Suscribir la providencia de admisión a trámite de los recursos de apelación o revisión de los actos administrativos de medidas en frontera que llegaren a presentarse cuando se hayan presentado de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente o en su defecto el acto que los rechace en caso de incumplirse con aquellos requisitos.
  4. Remitir el expediente con el recurso admitido al Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales a fin de que se prosiga con el

trámite pertinente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 de la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual; siempre que estos correspondan a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

Artículo 7.- DELEGAR al abogado David Francisco Egas Yerovi, servidor público del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, las siguientes funciones:

  1. Para que asista en mi representación a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Comité, quien podrá participar con voz y sin voto en las decisiones, conforme lo determina el artículo quince del Reglamento del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Vegetal IEPI.
  2. Desempeñar las funciones de servidor recaudador del IEPI en los distintos procedimientos coactivos que se inicien, o se hayan iniciado, por las resoluciones emitidas por las Direcciones Nacionales o sus delegados; y a solicitud de las Unidades de la Institución acorde a lo establecido en el artículo 2 del Reglamento que establece el procedimiento de la acción coactiva por parte del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI-, funcionario que ejercerá las atribuciones que la normativa vigente le concede para la coactiva, y que podrá designar a la/el Secretaria/o que actuará en cada uno de los procedimientos, dentro del auto de pago o mediante providencias.

En los procedimientos coactivos, el servidor público delegado podrá solicitar auxilio a la Policía Nacional para la recaudación de los valores que se adeudan al IEPI, en los términos previstos en el artículo 963 del Código de Procedimiento Civil

3.   Suscribir todos los documentos relacionados con los productos de la Gestión de Asesoría Jurídica, en especial los siguientes:

  1. Plan Operativo Anual de la Unidad
  2. Demandas y juicios
  3. Patrocinio judicial y constitucional
  4. Asesoramiento legal
  5. Criterios y pronunciamientos legales
  6. Proyectos de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones (Presidencia y Consejo Directivo), normas, reglamentos, instructivos, contratos, convenios
  7. Informes contratación pública
  8. Instrumentos jurídicos
  9. Autos de pago.

Artículo 8.- DELEGAR al servidor público que desempeñe las funciones de Analist Administrativo 3

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en la Unidad de Gestión Administrativa Financiera, las siguientes funciones:

1.   Administrar la adecuada prestación de servicios generales tales como:

  1. Transporte
  2. Seguridad
  3. Mantenimiento
  4. Conserjería
  5. Reproducción de Documentos
  6. Demás servicios afines que permitan el funcionamiento apropiado de la institución, de acuerdo a las políticas, disposiciones legales y normas establecidas para el efecto.
  1. Diseñar y aplicar sistemas de ingreso, custodia, identificación y distribución oportuna de los bienes muebles, suministros, materiales, y servicios del IEPI, en conformidad con las normas y procedimientos existentes sobre la materia.
  2. Autorizar las órdenes de movilización tanto en el sistema de la Contraloría como las internas de la institución.
  3. Autorizar los ingresos y egreso de bodega.
  4. Suscribir en representación de la Unidad de Gestión Administrativa las actas de asignación de bienes.
  5. Organizar y controlar el uso adecuado y mantenimiento de los vehículos del IEPI y coordinar la contratación de seguros de los mismos.
  6. Administrar el manejo de equipos, teléfonos, telefax y radio, utilizados en la transmisión y recepción de los mensajes oficiales.
  7. Elaborar del plan anual de adquisiciones del IEPI acorde con las necesidades institucionales.
  8. Procurar que los espacios físicos que ocupan las dependencias institucionales se encuentren en buenas condiciones de uso y presentación.
  9. Motivar a las compañías aseguradoras sobre accidentes de vehículos, sustracción de equipos y bienes del IEPI.
  10. Dar cumplimiento y hacer cumplir las disposiciones sobre administración, utilización y control de bienes del sector público expedidas por la Contraloría General del Estado y demás normativa vigente sobre la materia en calidad de delegado de la máxima autoridad.
  11. Definir y aplicar de conformidad con las disposiciones legales respectivas los procesos de traspasos, bajas, incineración, remate, entre otros del IEPI.

13. Coordinar procesos de remates y bajas de bienes de acuerdo a las disposiciones vigentes.

Artículo 9.- DELEGAR a Alex Xavier Castillo Arellano, servidor del IEPI, como GUARDALMACÉN, quien será el responsable administrativo del control en la inspección, recepción, registro, custodia, distribución, conservación y baja de los bienes institucionales.

Artículo 10.- DELEGAR a la persona que ejerza como Subdirector Regional Guayaquil y Subdirector Regional Cuenca, las siguientes funciones:

  1. Controlar las casillas del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual en el ámbito territorial de su competencia;
  2. Suscribir contratos de arrendamiento de las casillas con cada solicitante en el ámbito territorial de su competencia;
  3. Dar por terminado dichos contratos, suspender el servicio y disponer libremente de las casillas asignadas en el ámbito territorial de su competencia; y,
  4. Todas las atribuciones que el Instructivo para la Utilización de las Casillas del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI- otorgue al Director Ejecutivo en el ámbito territorial de su competencia.

Artículo 11.- DELEGAR a María Belén Chávez Arboleda, servidora pública del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, la siguiente atribución:

1. Suscribir las garantías contempladas en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, rendidas por los contratistas a favor del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.-Dentro de los procesos de contratación publícala elaboración de los términos de referencia, especificaciones técnicas, estudios de mercado y presupuesto referencial son de exclusiva responsabilidad de la unidad requirente. Los términos de referencia deberán estar debidamente sustentados y en éstos deberá constar el nombre y firma de los servidores que elaboraron, revisaron y de la autoridad correspondiente que los aprobó.

Segunda.- Los Directores Nacionales y demás autoridades comprendidas en el nivel directivo, de conformidad con el Estatuto Orgánico por Procesos del IEPI, quedan facultados para solicitar que el personal a su cargo pueda laborar fuera de la jornada legal de trabajo cuando las necesidades institucionales lo requieran y exista la disponibilidad presupuestaria correspondiente.

Tercera.- Previo a la suscripción de toda resolución, contrato, convenio, o cualquier instrumento jurídico que por este instrumento se delega, se deberá contar con la respectiva revisión y sumilla del servidor público del

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proceso de Asesoría Jurídica que el Director Ejecutivo disponga; con excepción aquellos que generen relación laboral con la Institución, para lo cual se utilizará los formatos que la propia Unidad establezca para el efecto y aquellos relacionados con la atribución delegada a través del artículo 6 de la presente Resolución.

Cuarta.- Los delegados deberán constatar la cabal y completa existencia de la documentación de soporte, que a su vez deberá ser archivada en el expediente respectivo, sin perjuicio de los controles que deba realizar el servidor público designado para el efecto y dentro de sus atribuciones.

Quinta.- Los delegados responderán directamente de los actos realizados en el ejercicio de la presente delegación y deberán observar para el efecto las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.

Sexta.- Para la suscripción de las resoluciones de adjudicación de los procesos de contratación pública, el Director de Gestión Institucional designará a los administradores de contrato, para lo cual deberá observar las normas de control interno emitidas por la Contraloría General del Estado, precautelando la rotación de las tareas, de manera que exista independencia, separación de funciones incompatibles y la reducción del riesgo de errores o acciones irregulares.

Séptima.- En las resoluciones administrativas y más actos realizados por los delegados, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por la máxima autoridad para lo cual se utilizará la siguiente frase: "Por delegación del Director Ejecutivo".

Octava.- El Director Ejecutivo se reserva el derecho de avocar y/o revocar las atribuciones delegadas, cuando lo estime pertinente.

Novena.- Disponer que la presente Resolución sea publicada en el portal www.compraspublicas.gob.ec, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como en el Registro Oficial.

Décima.- De la ejecución de la presente Resolución Encárguese al Director de Gestión Institucional y a los demás servidores delegados a través de la presente Resolución.

Décima Primera.- Se ratifican y convalidan las actuaciones lícitas realizadas por los servidores públicos delegados a través de la presente resolución en virtud de la Resolución No. 023-2017-DE-IEPI que la presente deroga entre el 13 y el 31 de octubre de 2017, siempre y cuando cuenten con el objeto y causa lícita del caso, así como de haber sido realizadas conforme al marco de su delegación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Primera.- Deróguense las resoluciones No. 023-2017-DE-IEPI de 1 de septiembre de 2017 y No. 024-2017-DE-IEPI

de 18 de septiembre de 2017, así también como todas las demás normas internas de igual o inferior jerarquía que se opongan en el contenido de la presente Resolución.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Notifíquese a los servidores públicos delegados y difúndase en los canales institucionales para los fines pertinentes.

Dado en la ciudad de Quito D.M., al primer día del mes de noviembre 2017.

Comuníquese y Publíquese.

f.) Mgs. Santiago Cevallos Mena, Director Ejecutivo (E), Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Certifico que es fiel copia del original.-f.) Delegada de la Dirección de Gestión Institucional.-Quito, 04 de diciembre de 2017.

No. 031-2017-DE-IEPI

EL DIRECTOR EJECTUTTVO DEL INSTITUTO

ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL -IEPI-

Considerando:

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra el derecho a la tutela efectiva de los derechos constitucionales, de la siguiente manera: " Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. "

Que, el artículo 76 numeral 7 literal m) de la Norma Fundamental garantiza el derecho de toda persona a recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una

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potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución "

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. "

Que, según la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 899 del 09 de diciembre de 2016: "El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, así como toda la institucionalidad creada mediante la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 426 de 28 de diciembre de 2006, existirá hasta que se establezca mediante el correspondiente Decreto Ejecutivo, la nueva autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, encargada de la regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y de los conocimientos tradicionales, perteneciente a la Función Ejecutiva y adscrita a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (...) Así mismo, todas las disposiciones y funciones atribuidas a la nueva autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, hasta su conformación, continuarán siendo ejercidas por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, a través de los distintos órganos que lo conforman (...) La nueva autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, encargada será la sucesora en derecho del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, asumiendo el patrimonio, presupuesto, derechos y obligaciones incluyendo las laborales, conforme los regímenes aplicables a cada caso

(...)";

Que, el inciso final de la Disposición Transitoria Ibídem dispone que "Se faculta, de conformidad con el ordenamiento jurídico, al titular de la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales para que disponga toda acción que fuere necesaria, con el objeto de instrumentar la estructura de gestión de la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales. "

Que, de conformidad con el artículo 349 de la Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con el Artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 1322 de 5 de octubre de 2012, publicado en el Registro Oficial No. 813 de 19 de Octubre del 2012 el Director Ejecutivo del IEPI, es el representante legal y el responsable directo de la gestión técnica, financiera y administrativa de la institución;

Que, el artículo 347 de la Ley de Propiedad Intelectual señala que el Comité de la Propiedad Intelectual es uno de los órganos que conforma el IEPI

Que, la Disposición Transitoria Primera del Reglamento Interno del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, publicado en el Registro Oficial Nro. 613, de 22 de octubre de 2015 dispone que: "A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, el Director Ejecutivo nombrará al Presidente del Comité y su respectivo subrogante, para el periodo que corresponda al año en curso, y en el plazo de veinte días hábiles reorganizará la conformación de las Salas del Comité con los Vocales designados. "

Que, mediante Resolución No. 109-2015-DE-IEPI de 23 de noviembre de 2015, se realizó la reorganización de las Salas del Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales;

Que mediante Acción de Personal No. IEPI-UATH-2017.06-144 de 19 de junio de 2017, emitida en base al Oficio No. SENESCYT-SENESCYT-2017-0415-CO de 16 de junio de 2017, emitido por el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Doctor Augusto Barrera Guarderas, se encargó la Dirección Ejecutiva del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual al Magíster Pablo Santiago Cevallos Mena, vocal de la Primera Sala del Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio y atender a las peticiones de los usuarios;

Que, a partir de esa fecha, las causas de la Primera Sala del Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales no han podido resolverse ante la ausencia de uno de sus miembros por el encargo realizado, generándose la imposibilidad de emisión de los actos administrativos correspondientes a los trámites de la Sala de este cuerpo colegiado;

Que, mediante memorando Nro. IEPI-AJ-2017-0282-M del 04 de agosto de 2017, el experto principal en asesoría jurídica, respondió al Presidente del Comité de Propiedad Intelectual sobre el trámite, sustanciación y realización de las audiencias correspondientes a los recursos y acciones administrativas que son de conocimiento de los vocales del Comité de la Propiedad Intelectual, en el cual concluye lo siguiente:

"Se puede concluir que los vocales de la primera sala del Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales que se encuentran en este momento en funciones, en cumplimiento de la Constitución de la República que prohibe la paralización del servicio público, asi como las disposiciones legales, reglamentarias y de demás naturaleza que regulan el procedimiento administrativo de Propiedad Intelectual, pueden seguir realizando la sustanciación y los consecuentes actos de trámite correspondientes a los procedimientos administrativos a su cargo, sin que esto implique que estos actos de trámite puedan adolecer de vicio alguno. Sin embargo, estos trámites deberán quedarse pendientes en cuanto a lo que refiere al momento procesal de resolución, ya que el acto administrativo debe ser suscrito y emitido por los tres vocales en funciones, cuestión que no puede realizarse en virtud del encargo de funciones que ha

 

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realizado el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación al Magíster Santiago Cevallos Mena, vocal de la Primera Sala del Cuerpo Colegiado en mención. La aplicación de los actos de trámite son de entera responsabilidad del vocal de sustanciación. "

Que, el 23 de octubre del 2017, el Abogado Luis Hernán Marín Tobar Subía, último vocal suplente en elegibilidad, designado para integrar el Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales en caso de subrogación temporal o definitiva, presentó su renuncia irrevocable ante el Secretario del Consejo Directivo,

Que, de conformidad con el artículo 102 del Reglamento General a la LOSEP, al haber transcurrido más de quince días desde la presentación de la renuncia formal voluntaria del Abogado Luis Hernán Marín Tobar Subía no ha existido pronunciamiento respecto de la misma por parte del Consejo Directivo por cuanto no ha existido ninguna convocatoria para se reúna el Consejo Directivo, y por ende, actualmente ya no existen personas en condición jurídica de subrogar a los miembros de este cuerpo colegiado;

Que, es imprescindible garantizar el derecho de las personas a la tutela efectiva de sus derechos por los servicios que presta el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, al acceder tanto a la tramitación, como a la resolución de los recursos y acciones administrativas que son de competencia del Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales;

Que, es necesario realizar todas las acciones urgentes con la finalidad de garantizar la prestación del servicio y agilitar la gestión de las competencias del Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales

En ejercicio de las atribuciones previstas en el Art. 226 de la Constitución de la República, el inciso final de la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, el artículo 349 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Disposición Transitoria Primera del Reglamento Interno del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, así como en cumplimiento y garantía de los derechos consagrados en los artículos 75 y 76 numeral 7 literal m) de la Constitución de la República;

Resuelve:

Artículo 1.- REORGANIZAR las salas del Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, de la siguiente manera:

1. La PRIMERA SALA, estará conformada por los siguientes vocales:

a.   Abg. Osear David Reyes Celi

b.   Abg. Juan José Arias Delgado

c. Abg. Margarita Virginia Gualotuña Cruz

2.    La SEGUNDA SALA, estará conformada por los siguientes vocales:

a.   Dra. Lorena del Carmen Castellanos Peñafiel

b.   Mgs. Pablo Santiago Cevallos Mena

c.   Abg. Ana María Hidalgo Concha

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA.- En caso de ausencia temporal de cualquiera de los miembros del Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, los demás vocales de la Sala a la que pertenezca el ausente continuarán con los actos de sustanciación de los recursos y acciones administrativas cuya ponencia se ha establecido mediante el sorteo correspondiente.

Los sorteos de nuevas causas se podrán realizar tanto entre los vocales que se encuentren en ejercicio de sus funciones así como de aquellos que se encuentren en ausencia temporal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Director Ejecutivo del IEPI podrá reorganizar las salas del Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, en virtud de garantizar el ejercicio de los derechos de petición, a la tutela efectiva y al debido proceso de las personas que ocupan los servicios que presta el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y de mejorar la gestión operativa de la Institución.

SEGUNDA.- Los procedimientos administrativos y recursos asignados a cada uno de los miembros del Comité seguirán siendo sustanciados por ellos, en la distribución dada por las salas reorganizadas, mientras ésta se encuentre en vigencia.

Hasta el 30 de noviembre de 2017, el Presidente del Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, elaborará en conjunto con los demás vocales y servidores que laboran en el Comité, un listado de los proyectos de resolución que existan elaborados por cada ponente, lo que deberá ser informado al Director Ejecutivo.

El equipo de apoyo de cada una de las Salas será organizado de acuerdo a la nueva conformación de éstas, por el Presidente del Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, quien deberá informar de este particular al Director Ejecutivo

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Deróguense y déjese sin efecto la Resolución Nro. 109-2015-DE-IEPI, de 23 de noviembre de 2015 y las normas internas de igual o inferior jerarquía que se opongan a lo dispuesto en la presente resolución.

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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Notifíquese del contenido de la presente Resolución a los vocales del Comité de la Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, así como también al Director de Gestión Institucional, quien prestará la colaboración necesaria para la ejecución de este acto administrativo.

Dado en Quito Distrito Metropolitano a, 8 de noviembre de 2017.

f.) Mgs. Santiago Cevallos Mena, Director Ejecutivo (E), Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI.

INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- Certifico que es fiel copia del original.-f.) Delegada de la Dirección de Gestión Institucional.-Quito, 04 de diciembre de 2017.

Nro. SETEJU-DAJ-005-2017

Elias Tenorio Martínez

SECRETARIO TÉCNICO DE JUVENTUDES

Considerando:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. ";

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación";

Que, el numeral 4 del artículo 277, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: (...) 4. Producir, bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos (...)";

Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece entre las atribuciones de los

 

Ministros de Estado y de las Máximas autoridades de las instituciones del Estado, el "Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de las instituciones ";

Que, el numeral 9a del artículo 6 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone: "Delegación.- Es la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado. Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública. La resolución que la máxima autoridad emita para el efecto podrá instrumentarse en decretos, acuerdos, resoluciones, oficios o memorandos y determinará el contenido y alcance de la delegación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, de ser el caso (...). ";

Que, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: "Delegación.- Si la máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la suscripción de los contratos a funcionarios o empleados de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a funcionarios o empleados de otras entidades del Estado, deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesario publicarla en el Registro Oficial, debiendo darse a conocer en el Portal COMPRASPUBLICAS. ";

Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, establece "DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES.- Cuando la importancia económica o geográfica de la zona o la conveniencia institucional lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones. En estos documentos se establecerá el ámbito geográfico o institucional en el cual los funcionarios delegados ejercerán sus atribuciones. Podrán, asimismo, delegar sus atribuciones a servidores públicos de otras instituciones estatales, cumpliendo el deber constitucional de coordinar actividades por la consecución del bien común”

Que, el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: "Delegación.- En aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en este Reglamento General, aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. La Resolución que la máxima autoridad emita para el efecto, determinará el contenido y alcance de la delegación";

Que, el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 11, de fecha 25 de mayo de 2017, suscrito por el Lic. Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, dispone: "Transfórmese la Dirección de Juventudes del Ministerio de Inclusión Económica y Social en la Secretaría Técnica de Juventudes, adscrita

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al Ministerio de Inclusión Económica y Social, para la coordinación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas, estrategias y acciones encaminadas a garantizar los derechos de los jóvenes de manera intersectorial y articulada entre niveles de gobierno, generando eficiencia y eficacia en el Marco de la Misión "Toda una Vida"";

Que, el artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que: "LA DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES.- Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial";

Que, el artículo 57 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece: "La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya otorgado y se extinguirá en el caso de asuntos únicos, cuando se haya cumplido el acto cuya ejecución se delegó ";

Que, el artículo 59 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece: "RESOLUCIONES POR DELEGACIÓN- Cuando las resoluciones administrativas se adopten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictados por la autoridad delegante, siendo la responsabilidad del delegado que actúa ".En uso de sus atribuciones que le confiere la ley".

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo Nro. 11, de 25 de mayo de 2017, suscrito por el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, y conforme a la normativa legal vigente.

Resuelve:

Delegar la autorización, expedición y firma de actos administrativos, actos de simple administración y documentos oficiales que se requieran para el normal desenvolvimiento de la gestión administrativa de la Secretaría Técnica de Juventudes, a los funcionarios (as) y servidores (as) de acuerdo al ámbito de sus competencias:

Artículo 1.- Al Director(a) Administrativo(a) Financiero(a) o quien haga sus veces:

Ámbito Administrativo:

  1. Aprobar, reformar y/o ampliar el Plan Anual de Contratación (PAC) en los términos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de Aplicación.
  2. Autorizar las contrataciones por ínfima cuantía.
  3. Autorizar el pago de las contrataciones por catálogo electrónico cuya necesidad sea generada a nivel nacional por la Secretaría Técnica de Juventudes.
  1. Autorizar y disponer la conformación de la comisión para la entrega de obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría.
  2. Autorizar el pago de la contratación del servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, sin límite de monto, observando lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, Resoluciones del SERCOP y demás normativa aplicable al caso.
  3. Autorizar el pago de la contratación de Pólizas Institucionales contra siniestros de incendio, robo y/o asalto, equipo electrónico, rotura de maquinaria, vehículos, responsabilidad civil, transporte interno, fidelidad y demás que la Secretaría creyere pertinente, inclusive la suscripción de las Pólizas respectivas.
  4. Controlar la correcta conservación y cuidado de los bienes institucionales y aprobar y ejecutar los planes para su mantenimiento, así como controlar el buen uso de la infraestructura física, mobiliario y equipamiento de la institución.

h)   Declarar de baja y resolver el destino de los bienes muebles y documentales de la Secretaría Técnica de Juventudes, previa realización de los procedimientos establecidos para el efecto en el Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Público.

i)    Autorizar prórrogas de plazos, en los procesos de contratación.

j)    Autorizar y suscribir los contratos principales, ampliatorios y modificatorios de los procesos de contratación.

k)   Suscribir las pólizas u otro documento establecido en el Art. 73 de la LOSNCP, entregados por los contratistas en calidad de garantías dentro de los procesos de contratación pública.

l)    Presidir los órganos o cuerpos colegiados relacionados a su competencia.

m)  Autorizar la asignación a las diferentes unidades administrativas de esta Secretaría, en función de las necesidades institucionales, del uso de inmuebles, muebles, equipos, vehículos, suministros de oficina y limpieza, así como otros activos, de conformidad con las normas del Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Público.

n)   Suscribir los convenios interinstitucionales, cuyo objeto sea de carácter administrativo como de prácticas pre profesionales, pasantías, comodatos, entre otros, de acuerdo al informe de viabilidad emitido por el área requirente, siempre que tenga como objetivo la coordinación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas, estrategias y acciones encaminadas a garantizar los derechos de los jóvenes.

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Ámbito Financiero:

  1. Autorizar el pago de viáticos, las remuneraciones, anticipos, bonificaciones, aportes al IESS, fondos de reserva, retenciones a la fuente, aportes de organismos nacionales e internacionales, liquidaciones, indemnizaciones, jubilaciones, y otros aportes relacionados al talento humano de la secretaría;
  2. Coordinar y supervisar la programación del presupuesto de la Secretaría Técnica de Juventudes, así como la remisión de su proforma presupuestaria, previo conocimiento de la máxima autoridad;
  3. Autorizar la creación y reposición de fondos de caja chica requeridos por las demás áreas de la Secretaría Técnica de Juventudes;
  4. Ejecutor de Pago.- El titular de la Unidad Financiera es responsable de la ejecución de pagos, siempre y cuando los procesos se encuentren autorizados por el Ordenador de Pago;
  5. Administrar las actividades económicas y financieras de la institución, bajo el estricto cumplimiento del marco legal que regula al sector público, las normas y procedimientos vigentes;
  6. Controlar el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones tributarias de la institución de conformidad con las leyes, normas y reglamentos vigentes;
  7. Planificar, dirigir, ejecutar y supervisar todas las actividades económicas y financieras de la institución;

h)   Controlar la ejecución presupuestaria y los procesos financieros de la institución, conforme a la planificación institucional anual;

i)    Supervisar la formulación y ejecución presupuestaria, basándose en la planificación de las necesidades generadas por las dependencias de la institución;

j)    Supervisar el cumplimiento de las políticas financieras emanadas por la autoridad de conformidad con lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos pertinentes;

k)   Determinar las políticas y normas relacionadas con la función financiera, a través de procedimientos internos de control previo, concurrente y posterior;

l)    Ordenar pagos previa solicitud del ordenador de gasto de la respectiva área requirente;

m)  La Unidad Administrativa Financiera (UDAF) revisará y aprobará las contrataciones plurianuales;

n)   Revisar y aprobar informes y resoluciones presupuestarias;

o)   Administrar el Sistema Integrado de Gestión Financiera (eSIGEF), conforme las disposiciones del Ministerio de Finanzas; y,

p)   Sera el encargado del registro y/o consolidación de la información y envío de la petición con el detalle de la solicitud de aval para la realización de contratos; aprobará los avales así como también anulará y rechazará los avales planteados.

Ámbito de Talento Humano

La Administración del Talento Humano

  1. Autorizar nombramientos, renuncias de todo el personal a excepción del nivel jerárquico superior, creación de puestos, clasificación, revisiones a la clasificación de puestos, valoración, traspasos, traslados, licencias, comisiones de servicio con y sin remuneración, permisos, vacaciones, permisos imputables a vacaciones, sanciones administrativas, ingresos, reingresos, restituciones o reintegro, ascensos, cambios administrativos, intercambios voluntarios, incrementos de remuneraciones, subrogaciones o encargos, cesación de funciones, destituciones; y demás actos relativos a la administración del talento humano y remuneraciones de la institución, conforme a la normativa vigente.
  2. Suscribir resoluciones y acciones del personal relativas a: nombramientos, renuncias, remociones, creación de puestos, clasificación, revisiones a la clasificación de puestos, valoración, traspasos, traslados, licencias, comisiones de servicio con y sin remuneración, permisos, vacaciones, sanciones administrativas, ingresos, reingresos, restituciones o reintegro, ascensos, cambios administrativos, intercambios voluntarios, incrementos de remuneraciones, subrogaciones o encargos, previo autorización de la máxima autoridad; cesación de funciones, destituciones; y demás actos relativos a la administración del talento humano y remuneraciones de la institución, conforme a la normativa vigente.
  3. Autorizar las comisiones de servicios en el exterior y al exterior en el Sistema de Gestión de Viajes.
  4. Autorizar la planificación de horas suplementarias y extraordinarias así como disponer el pago de las horas suplementarias y extraordinarias.
  5. Autorizar y disponer la ejecución del Plan Anual de Vacaciones (Personal LOSEP y Código de Trabajo).
  6. Autorizar la instauración de sumarios administrativos; y, otros que formen parte del régimen disciplinario, así como establecer las sanciones administrativas que correspondan, de conformidad a lo establecido en la normativa legal vigente.
  7. Autorizar la compensación por residencia y transporte para funcionarios y servidores, conforme a los

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procedimientos señalados en la Ley Orgánica del Servicio Público, y reglamentos que se establezcan para el efecto, acorde con la disponibilidad presupuestaria.

h)   Suscribir las solicitudes referentes a visto bueno, desahucio, actas de finiquito y terminación de contratos bajo cualquier modalidad establecida en el Código de Trabajo.

i)    Suscribir los acuerdos de confidencialidad con los/las funcionarios/as, servidores/as y trabajadores/as de la Secretaría Técnica de Juventudes.

j)    Autorizar y suscribir los requerimientos emitidos por el Ministerio de Trabajo y otras entidades del sector público o privado, en la parte pertinente a la firma del Secretaría Técnica de Juventudes.

k)   Aprobar la ejecución de los diferentes procesos y actividades que se desprendan del Sistema Integrado de Administración de Talento Humano.

l)   Aprobar los planes de desvinculación

m)  Aprobar reformas web referentes al personal, elaborar nómina de remuneraciones, aportes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Fondos de Reserva, décimo tercero, cuarto y liquidaciones.

n)   Suscribir nombramientos y contratos de trabajo, servicios ocasionales, servicios profesionales, así como acciones de personal, previo conocimiento de la máxima autoridad.

o)   Autorizar remociones, encargos, cambios y traslados administrativos y aceptar las renuncias del personal sujeto a la Ley Orgánica del Servicio Público o al Código de trabajo, previo el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes; excepto el nivel jerárquico superior estas serán autorizas por el Secretario técnico de juventudes.

p)   Promover procesos de formación, profesionalización, bienestar y seguridad ocupacional del personal bajo su cargo, generando estrategias que faciliten su desarrollo y promuevan el sentido de pertenencia institucional.

Manejo técnico del Talento Humano

  1. Autorizar los procesos de diseño, reforma e implementación de estructuras institucionales, posicionales y del talento humano, de conformidad a la normativa legal vigente.
  2. Autorizar los procesos de clasificación y revisión de puestos.
  3. Autorizar el Reglamento Interno de las y los servidores/ras y del personal bajo la modalidad de LOSEP y Código de Trabajo.
  4. Autorizar la elaboración de los adendums y contratos modificatorios a los contratos de servicios ocasionales

del personal de la Secretaria Técnica de Juventudes, previo informe técnico del encargado(a) de Recursos Humanos.

Selección de Personal

  1. Autorizar procesos de selección de personal
  2. Autorizar y suscribir los contratos de servicios ocasionales, contratos civiles de servicios profesionales o contratos técnicos especializados sin relación de dependencia; y, los regulados por el Código del Trabajo (cesación laboral), que requiera la Secretaria Técnica de Juventudes para viabilizar la gestión administrativa, así como autorizar el gasto que de ellos se derive, conforme el presupuesto asignado en el ejercicio fiscal.
  3. Conformar y presidir los Tribunales de Méritos y Oposición en los concursos de mérito y oposición.

h)   Designar administrador/a de los concursos de mérito y oposición.

i)    Conformar los Tribunales de Apelación en los concursos de mérito y oposición.

j)    Autorizar los informes técnicos, para la renovación de contratos.

Evaluación del Desempeño

k)   Autorizar y disponer la aplicación del cronograma y plan de evaluación del desempeño.

l)    Notificar los resultados de evaluación del desempeño a las y los servidores/ras de la Secretaría.

m)  Conformar y presidir el tribunal de reclamos de evaluación de desempeño.

Planificación del Talento Humano

n)   Autorizar y disponer la Planificación de Talento Humano acorde con la disponibilidad presupuestaria.

Formación y Capacitación

o)   Autorizar el Plan Anual de Formación y Capacitación institucional y su instrumentación técnica.

p)   Autorizar y disponer eventos de capacitación que no se encuentren dentro del plan de capacitación institucional aprobado.

q)   Suscribir los convenios de devengación de los procesos de formación y de capacitación.

Salud Ocupacional

r)    Autorizar y disponer la ejecución del Plan de Salud y Seguridad Ocupacional, su instrumentación técnica; y

 

Registro Oficial N° 184 Martes 20 de febrero de 2018 - 37

otras acciones que formen parte de éste subsistema, acorde con la disponibilidad presupuestaria.

En el ámbito de Tecnologías de la Información y Comunicaciones:

  1. Aprobar, reformar, modificar y/o ampliar el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y Comunicaciones P.E.T.I., así como su instrumentación técnica.
  2. Aprobar, reformar, modificar los planes, políticas de acceso, las directrices y uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como su instrumentación técnica.

En el ámbito de Acciones de Control por parte de Contraloría General del Estado y Auditoría Interna:

a)   Coordinar y disponer el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, así como los requerimientos de información preparación de los informes de que se requiera por parte de los Entes de Control.

En el ámbito de Gestión Documental:

  1. Aprobar políticas, lineamientos relacionados con la gestión documental y administración de archivos.
  2. Aprobar los instrumentos técnicos para la gestión documental y administración de archivos.
  3. Certificar Documentos.
  4. Aprobar la baja documental.
  5. Dotar de nomenclaturas y custodiar las resoluciones emitidas por la Secretaría Técnica de Juventudes.

Artículo 2.- Delegar al Coordinador(a) Técnico de Juventudes, o a quien haga sus veces, para que a nombre y representación, del Secretario(a) Técnico(a) de Juventudes, realice las siguientes funciones:

  1. Aprobar los documentos metodológicos, instrumentos, directrices, procedimientos, políticas, lineamientos y otros documentos técnicos en materia de proyectos juveniles.
  2. Coordinar y gestionar la implementación de instrumentos, directrices, procedimientos, políticas y otros documentos técnicos en materia de proyectos juveniles.
  3. Gestionar la formulación y el monitoreo a los planes operativos alineados a los objetivos estratégicos relacionados en materia de proyectos juveniles.
  4. Disponer la elaboración de los documentos metodológicos, instrumentos, directrices,

procedimientos, políticas, lineamientos y otros documentos técnicos en materia de proyectos juveniles.

  1. Aprobar los documentos metodológicos, instrumentos, directrices, procedimientos, políticas, lineamientos y otros documentos técnicos en materia de proyectos juveniles.
  2. Disponer la ejecución de procesos de la gestión en proyectos juveniles.
  3. Asesorar y orientar a las autoridades en materia de proyectos juveniles para la toma de decisiones.

Artículo 3.- Delegar a/la Director(a) de Asesoría Jurídica, o a quien haga sus veces, para que a nombre y representación, del Secretario Técnico de Juventudes, realice las siguientes funciones:

  1. Recopilar, estudiar y organizar la legislación y la jurisprudencia del País;
  2. Asesorar y absolver consultas jurídicas a las demás unidades administrativas de la Secretaría Técnica de Juventudes, sobre asuntos jurídicos oficiales relacionados con las funciones de la Secretaría;
  3. Patrocinar la defensa de los juicios en que sea parte la Secretaría Técnica de Juventudes;
  4. Formular minutas, preparar contratos y gestionar toda clase de trámites judiciales y extrajudiciales en que la Secretaría Técnica de Juventudes tuviere interés;
  5. Determinar la doctrina jurídica a seguirse en la aplicación de las leyes que tienen relación con la función de la Secretaría Técnica de Juventudes;
  6. Elaborar proyectos de leyes, resoluciones administrativas, convenios interinstitucionales, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás instrumentos convencionales y legales que a la Secretaría Técnica de Juventudes le interesen; y,
  7. Las demás que determine la Máxima Autoridad de la Secretaría Técnica de Juventudes.

En el ámbito de Contratación Pública, la Dirección de Asesoría Jurídica tendrá las siguientes responsabilidades:

  1. Emitir criterios jurídicos en contratación pública;
  2. Elaborar proyectos de resoluciones de terminación unilateral anticipada de los contratos y convenios por incumplimiento de los ejecutores;
  3. Intervenir, conforme lo dispuesto en el Reglamento General de las Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en las licitaciones que realice la Secretaría;

38 - Martes 20 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 184

  1. Elaborar pliegos, contratos y convenios de pago;
  2. Elaborar proyectos de reglamentos, acuerdos, donaciones, resoluciones administrativas y demás normativa institucional en materia de contratación pública;
  3. Elaborar de contratos complementarios y modificatorios;
  4. Preparar las respuestas a los reclamos administrativos que se presenten en los procesos de contratación pública y realizar las notificaciones que correspondan;

h)   Responder los requerimientos realizados por los proveedores y contratistas; y,

i)    Revisar TDRs en el ámbito de sus competencias.

Artículo 4.- Delegar a el/la Director(a) de Comunicación

Social, o a quien haga sus veces, para que a nombre y representación, del Secretario (a) Técnico (a) de Juventudes, realice las siguientes funciones:

  1. Coordinar y emitir directrices para la elaboración de la estrategia de Comunicación de la institución que tenga como finalidades principales la promoción y difusión de las políticas, planes y acciones institucionales; y la apertura de puentes y canales de intercambio comunicacional con las entidades del sector público y privado;
  2. Desarrollar las acciones de relaciones públicas con medios de comunicación, tradicionales y alternativos, tales como agendas de medios, reuniones de trabajo (lobby, estratégico, conversatorios, talleres con prensa especializada, etc.) que permitan aprovechar los espacios para promover y difundir los productos de la concertación de la política sectorial con las entidades coordinadas;
  3. Realizar análisis de escenarios y tendencias mediáticas que sirvan como insumos estratégicos para proponer acciones y reacciones enmarcadas en la estrategia de comunicación;
  4. Coordinar la elaboración de boletines de prensa y producción de contenidos para piezas comunicacionales impresos y en formatos audiovisuales, multimedia y virtuales; y la producción de documentos técnicos para difusión pública;
  5. Proponer líneas de acción comunicacional para el acompañamiento y posicionamiento de los eventos institucionales ante la opinión pública;
  6. Edición de contenidos y actualización de la página web;
  7. Emitir directrices, lineamientos y fijar objetivos y metas para el desarrollo de actividades de las y los servidores a su cargo;
 

h)   Supervisar, validar y/o suscribir los informes técnicos y demás documentos generados por las y los servidores da la unidad a su cargo;

i)    Controlar y supervisar el cumplimiento de las actividades asignadas a las y los servidores de la unidad a su cargo; y,

j)    Desempeñar las demás funciones que le asignare la autoridad competente, las leyes y los reglamentos.

Artículo 5.- Reserva.- En aplicación de los principios del Derecho Administrativo, la Máxima Autoridad reserva para sí la facultad de hacer uso de todas las atribuciones contempladas en la Ley, sin perjuicio de la aplicación de la presente resolución.

Artículo 6.- La Máxima Autoridad podrá solicitar en cualquier momento un informe sobre las funciones realizas en virtud de esta delegación.

Artículo 7.- Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal por violaciones al ordenamiento jurídico, el (la) servidor (a) delegado (a) responderá por sus actuaciones ante la autoridad delegante.

Artículo 8.- La presente Resolución deberá notificarse a todas las Direcciones de la Secretaria Técnica de Juventudes.

DISPOSICIONES GENERAL.

PRIMERA.- En todos los documentos que deben suscribir los funcionarios que señala en esta Resolución, deberán hacer constar expresamente la frase: "Por delegación del señor Secretario Técnico de Juventudes".

SEGUNDA.- Quienes han sido delegados mediante la presente resolución y que actuaren al margen de los términos e instrucciones de la delegación, responderán personal y pecuniariamente por los actos realizados en ejercicio de su delegación.

TERCERA.- Las funciones y atribuciones delegadas mediante esta resolución, no podrán ser nuevamente delegadas; sin embargo, aquellas funciones y atribuciones directamente asignadas a las unidades administrativas de la Institución, podrán ser delgadas de conformidad a la Ley, mediante comunicaciones oficiales, desde niveles orgánicos superiores a los niveles inferiores, bajo responsabilidad del delegado. Toda delegación será adecuadamente difundida.

CUARTA.- El/la Director/Directora de cada dirección aprobara el informe de servicios institucionales y autorizará el pago.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Director Administrativo Financiero queda facultado para delegar al personal la responsabilidad de los subprocesos Financiera, Talento Humano, Administrativa, Gestión Documental y Tecnologías de la Información

Registro Oficial N° 184 Martes 20 de febrero de 2018 - 39

y Comunicación, así como el manejo de claves de los sistemas financieros, de seguridad social, del SERCOP, el momento que creyere pertinente.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Encárguese a Gestión Documental de la Secretaría Técnica de Juventudes, el formalizar las diligencias necesarias para la publicación de la presente resolución en el Registro Oficial.

SEGUNDA.- Deróguese en su totalidad la Resolución Administrativa número 0000001, suscrita en Quito, el 29 de septiembre de 2017, por el Secretario Técnico de Juventudes.

La presente Resolución, entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en Quito a, 28 de diciembre de 2017.

f.) Elias Tenorio Martínez, Secretario Técnico de Juventud.

CERTIFICACIÓN.- Quito, veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Certifico que la presente reproducción es fiel copia de la Resolución No. SETEJU-DAJ-005-2017 de 28 de diciembre de 2017, suscrita por el señor Elias Tenorio Martínez, Secretario Técnico de Juventudes. Cuyo original reposa en esta misma unidad y consta de 6 folios. Emito la presente copia certificada facultada por la delegación realizada por el Psc. Diego Capilla Donoso, mediante memorando Nos. SETEJU-DAF-2017-0231-M y SETEJU-DAF-2018-0102-M.

f) Alejandra Salazar Ruiz, Analista 1.

No. SB-2018-066

Ing. Rossman Ramiro Camacho SUPERINTENDENTE DE BANCOS, S

Considerando:

Que el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su publicación en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014;

Que el último inciso del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que la Superintendencia

de Bancos, para el cumplimiento de sus funciones, podrá expedir las normas en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales ni las regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;

Que con resolución No. SB-2017-810, de 20 de septiembre del 2017, la Superintendencia de Bancos aprobó la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, que contiene los libros: I "Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado" y II "Normas de control para las entidades del sistema de seguridad social";

Que es necesario efectuar reformas a varios capítulos del libro I "Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado", para hacer más efectiva dicha reglamentación; y,

En ejercicio de sus atribuciones legales,

Resuelve:

En el libro I "Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado" de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, efectuar la siguiente reforma:

ARTÍCULO 1.- En el capítulo III "índice temático, por series documentales de los expedientes clasificados como reservados de la Superintendencia de Bancos", del título I "De la Superintendencia de Bancos", efectuar los siguientes cambios:

  1. Sustituir la frase "instituciones del sistema financiero" por "entidades de los sectores financieros".
  2. Sustituir la frase "del sistema financiero" por "de los sectores financieros".
  3. Sustituir la letra n. del artículo 1 por la siguiente:

"n. Indicadores de alerta temprana de los sectores financieros público y privado y del sistema de seguridad social."

  1. En las letras "w" y "x", sustituir la frase "instituciones del sistema financiero" por "entidades de los sectores financieros público y privado".
  2. En la letra "aa" sustituir la frase "del sistema financiero" por "de los sectores financieros público y privado".
  3. Eliminar las letras "u", "bb", "ce", "dd" y "ff" y renumerar las siguientes.

ARTÍCULO 2.- Sustituir el primer inciso de la letra a. y la letra b., del artículo 1, del capítulo IV "Evaluación de la idoneidad y capacidad de las personas con propiedad patrimonial con influencia, directivos y administradores", del título VI "Del gobierno y de la administración", por las siguientes:

40 - Martes 20 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 184

 

"a. Se entenderá por persona con propiedad patrimonial con influencia a las personas naturales o jurídicas que posean, directa o indirectamente, el menor valor de entre: el seis por ciento (6%) o más del capital suscrito y pagado de la entidad controlada o del grupo; o, acciones o participaciones por un monto mayor o igual a seiscientas fracciones básicas exentas del impuesto a la renta.

(...)

b. Se entenderá como administradores de una entidad financiera pública o privada, de sus subsidiarias o afiliadas, a los miembros del directorio, principales o suplentes, a los representantes legales y apoderados generales de las entidades controladas."

ARTÍCULO 3.- Sustituir el primer inciso del artículo 12, del capítulo IV "Normas para el arrendamiento y manejo de casilleros o cajas de segundad", del título VIII "De las operaciones", por el siguiente:

"ARTÍCULO 12.- Transcurridos seis meses desde el vencimiento del contrato de arrendamiento, previa notificación al arrendatario en el domicilio registrado, o en un periódico de circulación nacional a falta de éste, la entidad de los sectores financieros público o privado, podrá proceder a la apertura del casillero o caja arrendados, con intervención de un delegado de la Superintendencia y de un notario del respectivo cantón."

ARTÍCULO 4.- En todo el capítulo III "De la administración del riesgo de mercado", del título IX "De la gestión y administración de riesgos", eliminar las frases "o el organismo que haga sus veces" y "u organismo que haga sus veces"; y sustituir la palabra "institución" por la palabra "entidad".

ARTÍCULO 5.- En todo el capítulo IV "De la administración del riesgo de liquidez", del título IX "De la gestión y administración de riesgos", eliminar las frases "o el organismo que haga sus veces", "o del organismo que haga sus veces", "o al organismo que haga sus veces", y "u organismo que haga sus veces".

ARTÍCULO 6.- En el capítulo V "De la gestión del riesgo operativo", del título IX "De la gestión y administración de riesgos", incluir como segundo inciso del artículo 3, el siguiente:

"El riesgo operativo incluye el riesgo legal en los términos establecidos en la letra oo., del artículo 2 del presente capítulo."

ARTÍCULO 7.- Sustituir el tercer inciso, del artículo 3; la letra i., de la letra d. "Controles de cumplimiento de operaciones", del artículo 11, del capítulo VIII "Parámetros mínimos de la gestión operacional y de la administración de riesgos para la realización de operaciones de tesorería", del título IX "De la gestión y administración de riesgos", por los siguientes textos:

"Las políticas de identificación, medición, control y monitoreo deben conducir a la evaluación de los riesgos de crédito o contraparte, mercado, liquidez, operacionales y legales, inherentes al negocio de tesorería. Se debe prestar especial atención a prevenir los riesgos de fraude interno y externo y de lavado de activos conforme a la ley y a la normativa expedida por la Superintendencia de Bancos.

(...)

i. Control de lavado de activos.- Seguimiento de las operaciones inusuales para el cumplimiento de las normas establecidas para el control de lavado de activos, de conformidad con la ley y la normativa expedida por la Superintendencia de Bancos;"

ARTÍCULO 8.- En el capítulo I "Del comité de auditoría", del título X "Del control interno", sustituir el tercer inciso del artículo 3 y la letra k. del artículo 4 por los siguientes:

ARTÍCULO 3.-

El miembro del comité de auditoría, que no pertenece al directorio, previo a su posesión deberá contar con la calificación otorgada por la Superintendencia de Bancos, para lo cual deberá cumplir los requisitos establecidos en el capítulo I "Calificación de los miembros del directorio y representantes legales de las de las entidades financieras controladas por la Superintendencia de Bancos", del título VI "Del gobierno y de la administración" de este libro.

(...)

ARTÍCULO 4.-

k. Analizar e informar al respecto al directorio los cambios contables relevantes que afecten a la situación financiera de la entidad y demás entidades integrantes del grupo financiero;"

ARTÍCULO 9.- Sustituir el artículo 6, del capítulo II "Evaluación y recomendaciones sobre el control interno de las entidades de los sectores financieros público y privado", del título X "Del control interno", por el siguiente:

"ARTÍCULO 6.- La Superintendencia de Bancos podrá limitar las actividades de la entidad controlada hasta que se superen las deficiencias detectadas, así como aplicar las sanciones pecuniarias previstas en el capítulo I "Norma para la aplicación de sanciones pecuniarias", del título XIV "De las sanciones y de los recursos en sede administrativa", del libro I "Normas de control para las entidades de los sectores financieros público y privado" de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos."

ARTÍCULO 10.- En el capítulo III "Normas para las entidades de los sectores financieros público y privado

 

Registro Oficial N° 184 Martes 20 de febrero de 2018 - 41

 

sobre prevención de lavado de activos, y del financiamiento de delitos como el terrorismo", del título X "Del control interno", sustituir el primer inciso del artículo 46 y el tercer inciso del artículo 50, por los siguientes:

"ARTÍCULO 46.- Los oficiales de cumplimiento calificados actualizarán cada dos (2) años la siguiente información:

(...)

ARTÍCULO 50.-

(...)

Las sanciones pecuniarias por incumplimiento en la entrega de información periódica, ocasional, especial o adicional, se impondrá conforme al contenido del capítulo I "Norma para la aplicación de sanciones pecuniarias", del título XIV "De las sanciones y de los recursos en sede administrativa", de este libro."

ARTÍCULO 11.- Sustituir el primer inciso del artículo 1, del capítulo III "Valoración de los bienes inmuebles poseídos por las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos", del título XI "De la contabilidad" por el siguiente:

"ARTÍCULO 1.- Las entidades bajo control de la Superintendencia de Bancos deberán ajustar, cada cinco años, a precios de mercado, al cierre del ejercicio económico correspondiente, el valor en libros de los bienes inmuebles que mantengan registrados en las cuentas 1801 "Propiedades y equipo - Terrenos", 1802 "Propiedades y equipo - Edificios" y 1804 "Propiedades y equipo - Otros locales", obtenido en base del avalúo técnico efectuado

por peritos calificados por la Superintendencia de Bancos designados por el directorio, que se realizará considerando al menos los lineamientos definidos en la Segunda Disposición General de este capítulo. El ajuste procederá para todos los activos registrados en las cuentas citadas y no sólo para una parte de ellos."

ARTÍCULO 12.- Sustituir el Anexo No. 1, del capítulo V "Normas para la consolidación y/o combinación de estados financieros para las entidades de los sectores financieros público y privado", del título XI "De la contabilidad", por el siguiente:

"ANEXO No. 1

PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACIÓN O COMBINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

1. ELIMINACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBSIDIARIAS (MATRIZ) CONTRA CUENTAS DE PATRIMONIO (SUBSIDIARIAS)

a.   Se deberán eliminar las inversiones en subsidiarias que hubiere efectuado la matriz contra las cuentas de patrimonio de las subsidiarias (capital pagado, reserva legal, reserva por revalorización del patrimonio, resultados acumulados de años anteriores y resultados del ejercicio);

b.   La parte del patrimonio de las subsidiarias que no corresponde al banco que haga de cabeza de grupo financiero, se deben reconocer en el rubro de participación minoritaria.

Los ajustes de eliminación serán los siguientes:

 

 

 

DEBE

HABER

Capital pagado ( al inicio del año)

X

 

Reservas (al inicio del año)

X

 

Resultados acumulados (al inicio del año)

X

 

Inversiones en acciones

 

X

Interés minoritario

 

X

X

 

 

Capital pagado (movimiento del año)

X

 

Reservas (movimiento del año)

X

 

Resultados acumulados (movimiento del año)

X

 

Inversiones en acciones

 

X

Interés minoritario

 

X

 

Con estos asientos se eliminan las inversiones en acciones en subsidiarias efectuadas por la matriz y el patrimonio de las subsidiarias; y, se determina el interés minoritario.

En caso de que el banco que haga cabeza del grupo financiero, en forma individual, lleve las inversiones en subsidiarias bajo el método de participación, en adición a los ajustes arriba indicados deberán efectuar el siguiente ajuste:

i. Si las subsidiarias generaron utilidades:

42 - Martes 20 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 184

 

 

DEBE

HABER

Resultados acumulados (al inicio del año) o, por utilidades de subsidiarias no distribuidas de años anteriores

X

 

Otros ingresos (utilidades del año de subsidiarias)

X

 

Inversiones en acciones

 

X

 

ii. Si las subsidiarias ocasionaron pérdidas:

 

 

DEBE

HABER

Inversiones en acciones

X

 

Resultados acumulados (al inicio del año) o, por pérdidas de subsidiarias no distribuidas de años anteriores

 

X

Otros egresos (pérdidas del año de subsidiarias)

 

X

 

2. ELIMINACIÓN DE SALDOS:

a.   CUENTAS CORRIENTES

A fin de hacer posibles las eliminaciones correspondientes, las diferentes entidades del grupo financiero deberán efectuar previamente la conciliación de sus saldos recíprocos y registrar en las cuentas respectivas las partidas no correspondidas entre sí, para que sus saldos finales en una y otra entidad, reflejen cantidades iguales.

Los saldos a favor de una entidad y a cargo de otra, deberán eliminarse, así como los intereses pagados, cobrados y pendientes de devengar.

b.   PRÉSTAMOS

Los préstamos otorgados entre las diferentes entidades del grupo, deberán eliminarse, puesto que estas operaciones únicamente tienen efecto dentro del mismo grupo y no ante terceros.

Respecto a los intereses pagados, cobrados y pendientes de devengar se seguirá el mismo procedimiento que en el inciso anterior.

En el caso de descuentos y/o redescuentos entre entidades del grupo, dichas operaciones también deberán excluirse.

Los asientos de eliminación que se deben efectuar son los siguientes:

i. Eliminación de saldos por operaciones intercompañías:

 

 

DEBE

HABER

Depósitos en cuenta corriente

X

 

Depósitos a plazo

X

 

Créditos con bancos y entidades financieras

X

 

Aceptaciones en circulación

X

 

Otros pasivos

X

 

Fondos disponibles

 

X

Deudores por aceptaciones

 

X

Otros activos

 

X

Cartera de créditos

 

X

 

ii. Para eliminar el efecto de la venta de cartera entre entidades del grupo:

 

 

DEBE

HABER

Otros pasivos (descuentos diferidos)

X

 

Otros ingresos

X

 

Otros egresos (descuentos)

 

X

 

iii. Eliminación de los intereses entre compañías:

 

 

DEBE

HABER

Intereses de cartera de crédito

X

 

Intereses pagados sobre depósitos

 

X

Intereses pagados por créditos con bancos

 

X

 

 

Registro Oficial N° 184 Martes 20 de febrero de 2018 - 43

iv. Para eliminar saldos por cobrar y/o por pagar por intereses entre compañías:

 

 

DEBE

HABER

Intereses por pagar

X

 

Intereses por cobrar

 

X

 

v. Para eliminar cualquier provisión efectuada sobre activos de riesgo de subsidiarias, afiliadas o empresas que se consolidan:

 

 

DEBE

HABER

Provisiones en general

X

 

Gastos por provisiones

 

X

 

vi. Para eliminar las comisiones ganadas y/o pagadas por operaciones contingentes realizadas entre compañías del grupo financiero:

 

 

DEBE

HABER

Comisiones ganadas en operaciones contingentes

X

 

Comisiones pagadas en operaciones contingentes

 

X

 

c. ACTIVOS TOMADOS EN ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Debe eliminarse la cartera derivada del contrato de arrendamiento mercantil, los intereses diferidos registrados como cartera y todos los efectos en resultados generados por la operación (intereses ganados y arriendos pagados) y se debe registrar como activo fijo el bien correspondiente, la depreciación acumulada y los gastos por depreciación respectiva; igualmente, se debe considerar los efectos de la corrección monetaria sobre dicho bien.

El asiento de eliminación sería el siguiente:

 

 

DEBE

HABER

Activo fijo

X

 

Gastos depreciación

X

 

Intereses ganados

X

 

Gasto arriendo

 

X

Depreciación acumulada

 

X

Contratos de arrendamiento mercantil

 

X

Opción de compra

 

X

Intereses diferidos (cartera)

 

X

 

Cabe señalar que si la operación de arrendamiento mercantil se efectuó en años anteriores, se debe eliminar los efectos de años anteriores contra las utilidades acumuladas.

d. INVERSIONES EN REPORTO

Se deben eliminar las inversiones en repos entre entidades (entidad reportadora - colocadora de los fondos) y las captaciones por operaciones de reporto (entidad reportada - captadora de los fondos), adicionalmente, se debe restituir las inversiones en títulos eliminando inversiones en operaciones de reporto. Finalmente se deben eliminar los intereses causados y los intereses ganados entre compañías.

Los asientos de eliminación serán los siguientes:

i. Repos: Para eliminar las operaciones entre compañías:

 

 

DEBE

HABER

Depósitos-captaciones operaciones de repos

X

 

Intereses ganados

X

 

Inversiones en repos

 

X

Intereses pagados

 

X

 

Para reclasificar adecuadamente las inversiones en títulos:

 

 

DEBE

HABER

Inversión en títulos

X

 

 

 

44 - Martes 20 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 184

 

Inversiones por operaciones de reporto

 

X

 

ii. Reverse Repos: Para eliminar las operaciones entre compañías:

 

 

DEBE

HABER

Depósitos - captaciones operaciones repos

X

 

Inversiones por operaciones de reporto

 

X

 

Para reclasificar adecuadamente las inversiones en títulos:

 

 

DEBE

HABER

Inversión en títulos

X

 

Inversiones por operaciones de reporto

 

X

 

e. OTROS CRÉDITOS O DÉBITOS

En este rubro, deberán ser eliminadas otras operaciones celebradas entre las entidades del grupo.

Los asientos de eliminación serían:

Asientos de eliminación de operaciones diversas, celebradas entre entidades del grupo:

 

 

DEBE

HABER

Otros pasivos

X

 

Cuentas por pagar

X

 

Cuentas por cobrar

 

X

Otros activos

 

X

Intereses pagados

X

 

Otros productos o gastos (comisiones pagadas)

X

 

Intereses y comisiones ganadas

 

X

 

3. ELIMINACIÓN DE TRANSACCIONES

a. VENTAS INTERCOMPAÑÍAS Y SU COSTO RELATIVO

Se deben eliminar las operaciones que generan utilidad o pérdida entre compañías, debiendo quedar únicamente aquellas utilidades y/o pérdidas producidas por transacciones con terceros.

En los casos de compraventa de valores intercompañías, las cuales no hayan surtido efectos ante terceros, se eliminará la inversión y salida de títulos, así como los resultados obtenidos en dicha transacción:

 

 

DEBE

HABER

Valores en circulación

X

 

Utilidad por venta de valores y dividendos

X

 

Inversiones en instrumentos de deuda (cédulas, bonos, obligaciones, entro otros)

 

X

Pérdida por venta de valores

 

X

 

b. SERVICIOS Y GASTOS

Se eliminarán los ingresos por servicios y los gastos en los cuales participan sociedades del grupo. Por lo que respecta al arrendamiento puro, las entidades deberán eliminar los ingresos y gastos registrados en su carácter de arrendadora y arrendataria respectivamente.

En caso de que los integrantes del grupo se presten servicios, deberán eliminar los ingresos y gastos correspondientes, asimismo, en lo que respecta a las rentas cobradas y pagadas en contratos de arrendamiento puro:

 

 

DEBE

HABER

Comisiones ganadas por actividades fiduciarias

X

 

Ingresos por otros servicios a clientes

X

 

Comisiones pagadas y gastos

 

X

 

4. ELIMINACIÓN DE UTILIDADES

a. UTILIDADES INCLUIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

En caso de que existan transacciones por venta de activos fijos entre compañías, deberá eliminarse el resultado obtenido en la operación, de tal manera que finalmente quede registrado el valor original y la depreciación acumulada, tal como se mostraría en la entidad vendedora originalmente.

 

Registro Oficial N° 184 Martes 20 de febrero de 2018 - 45

Los ajustes de eliminación serían los siguientes: i. Con utilidad (venta en el año):

 

 

DEBE

HABER

Depreciación acumulada

X

 

Otros ingresos

X

 

Activo fijo

 

X

Gastos depreciación

 

X

 

ii. Con utilidad (venta en años anteriores):

 

 

DEBE

HABER

Depreciación acumulada

X

 

Utilidades acumuladas (1)

X

 

Activo fijo

 

X

Gastos depreciación

 

X

 

(1) Utilidad en venta de activo fijo neto del gasto depreciación (exceso de años anteriores). iii. Con pérdida (venta en el año):

 

 

DEBE

HABER

Activo fijo

X

 

Gastos depreciación

X

 

Depreciación acumulada

 

X

Otros gastos

 

X

 

iv. Con pérdida (venta en años anteriores):

 

 

DEBE

HABER

Activo fijo

X

 

Gastos depreciación

X

 

Depreciación acumulada

 

X

Utilidades acumuladas

 

X

 

5. CONTINGENTES

Las operaciones contingentes efectuadas entre compañías integrantes del grupo, deben eliminarse en la entidad que registró el contingente.

Las operaciones más comunes en contingentes son:

i. Fianzas y avales

ii. Garantías bancarias

iii. Cartas de crédito

iv. Ventas de divisas a futuro

v. Compromisos futuros

El asiento de eliminación es el siguiente:

 

 

DEBE

HABER

Contingentes acreedores por contra

X

 

Fianzas y avales

 

X

Garantías bancarias

 

X

Cartas de crédito

 

X

Ventas de divisas a futuro (1)

 

X

Compromisos futuros

 

X

 

 

46 - Martes 20 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 184

(1) En los casos de compras de divisas a futuro también procede la eliminación, aplicando el asiento en forma inversa."

ARTÍCULO 13.- Sustituir el artículo 2, del capítulo VI "Compensación o castigo de pérdidas, déficit acumulados o desvalorización del patrimonio", del título XI "De la contabilidad", por el siguiente:

"ARTÍCULO 2.- El cargo por la compensación o el castigo de las pérdidas, déficit acumulados o desvalorizaciones del patrimonio, se afectará en su orden, a las siguientes cuentas patrimoniales:

3603    Utilidad o excedente del ejercicio

3601    Utilidad o excedentes acumulados

3310    Por resultados no operativos

35        Superávit por valuaciones

3303    Especiales

Si los valores consignados en tales cuentas fueren insuficientes, se dispondrá o autorizará compensar o castigar afectando, en su orden, las siguientes cuentas:

 

3402

Donaciones

3305

Revalorización del patrimonio

3401

Otros aportes patrimoniales

3490

Otros

3301

Legales

3304

Reserva para readquisición de acciones propias

3302

Generales

3201

Prima en colocación de acciones

31

Capital social"

 

ARTÍCULO 14- Sustituir los textos del artículo 6 y del último inciso del artículo 7, del capítulo VII "Normas contables para el registro de las inversiones en acciones", del título XI "De la contabilidad", por los siguientes:

ARTÍCULO 6.- NOTIFICACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA.- El registro de la plusvalía mercantil deberá ser notificado a la Superintendencia de Bancos, dentro de los ocho (8) días posteriores a la fecha de la adquisición de las acciones o participaciones, adjuntando el estudio técnico que justifique y sustente de manera documentada, la existencia del flujo de ingresos proyectados y de una tasa interna de retorno esperada de la inversión que sea satisfactoria, así como los factores considerados para estimar el tiempo de amortización de dicha plusvalía.

En forma adicional, se deberá presentar, si fuere del caso, la certificación sobre el precio de mercado de las acciones adquiridas emitida por la bolsa de valores respectiva; y, los estados financieros debidamente certificados por el organismo de supervisión correspondiente, en los casos en que fuere aplicable.

La Superintendencia de Bancos, podrá efectuar las comprobaciones que estime pertinentes respecto de la información presentada y se reserva la facultad de evaluar con la frecuencia que considere oportuna, la información de sustento de la plusvalía mercantil.

(...)

Adicionalmente, cuando la Superintendencia de Bancos considere que el patrimonio de la participada no refleja el valor patrimonial real de la empresa en la que se ha invertido, podrá exigir la constitución de provisiones. En caso se revierta la situación que determinó la provisión, ésta se podrá revertir, con previo conocimiento y autorización de la Superintendencia de Bancos."

ARTÍCULO 15.- En el capítulo II "Norma de control de la información y publicidad de las entidades de los sectores financiero público y privado", del título XIII "De los usuarios financieros", incluir como artículo 10 el siguiente, y reenumerar los subsiguientes artículos:

"ARTÍCULO 10.- Cuando se trate de productos de seguros ofrecidos por empresas de seguros directa o indirectamente, con base a las disposiciones que sobre la promoción, comercialización y contratación de pólizas de seguro a través de entidades de los sectores financieros público y privado expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, las entidades controladas deberán indicar en forma previa y de una manera clara y detallada el nombre de la empresa de seguros que emite la póliza, los riesgos cubiertos; el monto de la prima o la forma en que será determinado dicho monto, las exclusiones del seguro y el plazo para la reclamación en caso de siniestro. La entidad controlada deberá entregar copia de la respectiva póliza al cliente.

La entidad de los sectores financieros público y privado, hará constar y detallará a través de sus diferentes canales, el nombre de la empresa de seguros que ofrece tales productos con el fin de que el público la identifique claramente y la distinga de la entidad financiera que los comercializa.

Queda prohibido que la entidad controlada obligue al cliente la contratación de un determinado producto de seguro que comercialice atado a un producto financiero, con excepción del seguro de desgravamen.

La entidad controlada deberá requerir del cliente la suscripción de un documento adicional al contrato, en donde conste que éste conoce su derecho a contratar el seguro que exige la entidad con cualquier compañía de seguros legalmente constituida en el país, siempre que dicho seguro y la aseguradora se ajusten a los perfiles técnicos exigidos en función de la naturaleza y monto de la operación.

El valor por este concepto podrá ser cargado al cliente mediante débito a una cuenta corriente o de ahorros, o como un consumo a una tarjeta de crédito, previa aceptación escrita; dicho valor será el que conste en la póliza sin que la entidad financiera pueda cobrar ningún valor adicional."

Registro Oficial N° 184 Martes 20 de febrero de 2018 - 47

ARTÍCULO 16.- Sustituir el texto del primer inciso del artículo 13, del primer inciso del artículo 18, de la Primera y Cuarta Disposición General, del capítulo II "Reglamento para la sustanciación de los reclamos administrativos, sobre actos normativos, recursos de apelación y de revisión emitidos por la Superintendencia de Bancos", del título XIV "De las sanciones y de los recursos en sede administrativa", por los siguientes:

"ARTÍCULO 13.- Una vez admitido a trámite el recurso, el Secretario General solicitará que se emita el informe técnico, el cual dentro del plazo de cuarenta (40) días será remitido a la Intendencia Nacional Jurídica o Dirección de Asesoría Jurídica, según corresponda.

(...)

ARTÍCULO 18.- Admitido a trámite el recurso de revisión, el Secretario General, solicitará que se emita el informe técnico, el cual dentro del plazo de cuarenta (40) días será remitido a la Intendencia Nacional Jurídica o Dirección de Asesoría Jurídica, según corresponda.

(...)

PRIMERA.- Las disposiciones previstas en la presente resolución, son aplicables para todas las entidades y los usuarios de los sectores financieros público y privado y del sistema de seguridad social.

(...)

CUARTA.- Si del resultado del análisis de la queja o reclamo y del recurso de apelación o revisión, y de la resolución que respecto de ellos se adopte, se determinare la necesidad de que la entidad controlada introduzca correctivos que regularicen la situación que motivó el reclamo y/o recurso, la Superintendencia de Bancos, al emitir el pronunciamiento que lo resuelva, impartirá la disposición respectiva, otorgando al representante legal de la entidad un plazo improrrogable de quince (15) días a partir de la notificación, para que remita a la Superintendencia de Bancos bajo prevenciones de ley, la constancia del cumplimiento de la instrucción impartida y de la resolución adoptada."

ARTÍCULO 17.- En el capítulo III "De la conclusión de los procesos de liquidación forzosa", del título XVI "Del proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos y de la liquidación de las entidades de los sectores financiero público y privado", sustituir el primer inciso del artículo 3 e incluir como segundo inciso de la letra b. de dicho artículo; y, sustituir la Séptima Disposición General por los siguientes textos:

"ARTÍCULO 3. - En base de la información presentada por el liquidador, el Superintendente requerirá los informes técnico y jurídico de la Dirección de Entidades en Liquidación y de la Intendencia Nacional Jurídica de la Superintendencia de Bancos, los cuales deberán contemplar, entre otros aspectos, lo siguiente:

(...)

El informe también incluirá los casos en que se cumplan los presupuestos establecidos en el segundo inciso del artículo 313 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

(...)

SÉPTIMA.- En los contratos de fideicomiso mercantil cuyos derechos fueron transferidos a favor de una entidad cesionaria, ésta cuando existan razones debidamente fundamentadas, dispondrá la sustitución de la fiduciaria.

En el evento de que la fiduciaria por sustituirse se niegue a suscribir el contrato modificatorio respectivo, o a proporcionar toda la información y documentación respectiva, la entidad cesionaria comunicará del tal particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a efectos de que ésta ordene a dicha fiduciaria suscribir el referido contrato, e imponga las sanciones pertinentes, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar."

ARTÍCULO 18.- Sustituir el cuarto inciso del artículo 17, del capítulo IX "Normas para la enajenación de activos de las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, que se hallaren sometidas a procesos liquidatorios", del título XVI "Del proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos y de la liquidación de las entidades de los sectores financiero público y privado", por el siguiente:

"Si la oferta presentada fuere admitida por el liquidador, éste solicitará al Superintendente de Bancos autorización para celebrar la compra venta respectiva, acompañando los documentos que fueren del caso. De ser concedida la autorización, el liquidador procederá a celebrar la compra venta, a la cual deberá incorporarse, como documento habilitante, la autorización mencionada. Los impuestos y los gastos que demande la celebración y perfeccionamiento de la compra venta, serán de cargo del comprador."

ARTÍCULO 19.- Sustituir el segundo inciso y la letra i., de la letra d. "Operaciones con partes relacionadas", del número 2. "Contenido de la información financiera suplementaria", del Anexo No. 3 "Dictamen sobre el cumplimiento de normas prudenciales e información financiera suplementaria", del capítulo I "Normas para la contratación y funcionamiento de las auditoras externas que ejercen su actividad en las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos", del título XVII "De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos", por el siguiente:

"Se entenderá por personas relacionadas o vinculadas a las personas naturales o jurídicas así definidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero, las disposiciones expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y el capítulo pertinente de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos.

(...)

i.    La información respecto a créditos otorgados a personas relacionadas, deberá incluir el principal

48 - Martes 20 de febrero de 2018 Registro Oficial N° 184

 

de los créditos otorgados, los intereses por cobrar, operaciones con pacto o inversiones financieras, créditos vigentes y vencidos; debiendo informar adicionalmente, si se han producido castigos de operaciones vinculadas durante los dos últimos ejercicios económicos, incumpliendo la normatividad vigente. También se deberá incluir junto a los saldos adeudados, el monto al que ascienden las garantías, considerando únicamente aquellas garantías adecuadas catalogadas como tales en el capítulo XXI: "Categorización y valoración de las garantías adecuadas", del título II: "Sistema Financiero", del libro I: "Sistema monetario y financiero" de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, y,"

ARTÍCULO 20.- En el título XVII "De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos", sustituir el nombre del capítulo II "Normas para la calificación de los auditores internos de las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos" por la de capítulo II "Norma de control para la calificación de los auditores internos de las entidades de los sectores financieros público y privado".

ARTÍCULO 21.- Sustituir la letra e. del artículo 7, del capítulo II "Norma de control para la calificación de los auditores internos de las entidades de los sectores financieros público y privado", del título XVII "De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos", por el siguiente:

"e.  Los que se hallen en mora directamente con las entidades financieras en el transcurso de los sesenta días previo a la techa de solicitud.

En caso de que el solicitante, a la fecha de la solicitud conste en mora en el "Sistema de operaciones activas y contingentes", pero presente el certificado emitido por la entidad financiera en el que conste que la mora esta regularizada, el mismo servirá como documento habilitante para la calificación;"

ARTÍCULO 22.- Sustituir las Disposiciones Generales Quinta y Séptima, del capítulo I "Prohibición constitucional para las entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas, de participar en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social", del título XX "Disposiciones generales", por las siguientes:

"QUINTA.- Los accionistas, miembros del directorio y los representantes legales de las entidades del sector financiero privado y de las integrantes de grupos financieros, presentarán a la Superintendencia de Bancos una declaración juramentada que señale que no mantienen inversiones en medios de comunicación social, y que no se encuentran incursos en la prohibición contemplada en el segundo inciso del artículo 312 de la Constitución de la República, ni en los casos señalados en las disposiciones de este capítulo.

Para el caso de las compañías previstas en la Ley de Mercado de Valores, así como de las subsidiarias del exterior, dicha declaración juramentada será presentada por los accionistas, miembros del directorio y representantes legales del banco que haga cabeza del grupo financiero.

(...)

SÉPTIMA.- La Superintendencia de Bancos removerá a los miembros del directorio y a los representantes legales de la entidad del sector financiero privado, en los casos en que se haya detectado violaciones de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 312 de la Constitución de la República, y requerirá inmediatamente al órgano competente para que realice la o las designaciones que fueren del caso."

ARTÍCULO 23.- Sustituir los textos del primer inciso de la Segunda Disposición General, y la letra a., de la Tercera Disposición General, del capítulo II "Prohibición constitucional para las entidades financieras, sus principales accionistas y miembros del directorio, de ser titulares de acciones o participaciones en empresas ajenas a la actividad financiera", del título XX "Disposiciones generales", por los siguientes:

"SEGUNDA.- Las entidades del sector financiero privado sujetas a la aplicación del primer inciso del artículo 312 de la Constitución, son las previstas en los artículos 162 y 164 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

(...)

"a.  Las que posean el menor valor de entre el seis por ciento (6%) o más del capital suscrito y pagado o del capital social, o acciones o participaciones por un monto mayor o igual a seiscientas fracciones básicas exentas del impuesto a la renta;"

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- Los casos de duda en la aplicación de la presente norma, serán resueltos por la Superintendencia de Bancos.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE YPUBLÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el diecinueve de enero del dos mil dieciocho.

f.) Ing. Rossman Ramiro Camacho, Superintendente de Bancos, S.

LO CERTIFICO.- Quito, Distrito Metropolitano, el diecinueve de enero del dos mil dieciocho.

f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General, E.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Certifico que es fiel copia del original.- f.) Ledo. Pablo Cobo Luna, Secretario General (E).- 19 de enero del 2018.

 

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