Registro Oficial No. 469- Miércoles 09 de junio de 2021

Miércoles, 09 de junio de 2021

Administración del Señor Guillermo Lasso Mendoza

 

 

 Presidente Constitucional de la República del Ecuador    

    

 Miércoles 09 de junio de 2021 (R. O.469, 09–junio -2021) 

 

 

SUMARIO:

Págs.

 

FUNCIÓN EJECUTIVA

 

ACUERDOS:

 

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS:

Apruébese el estatuto y reconócese la personería jurídica a las siguientes organizaciones:

SDH-DRNPOR-2021-0077-A Iglesia Evangélica Bilingüe Inspiración de Vida Celestial, domiciliada en el cantón Colta, provincia de Chimborazo

SDH-DRNPOR-2021-0078-A Iglesia Evangélica "Aquí Habita El Señor", domiciliada en el cantón Naranjal, provincia del Guayas

 

RESOLUCIONES:

 

SECRETARÍA TÉCNICA DE

PLANIFICACIÓN "PLANIFICA ECUADOR":

STPE-005-2021 Expídese la reforma parcial del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos

 

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA

Y CONTROL SOCIAL

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS:

SB-2021-0981 Modifíquese la Codificación de las Normas de la SB

 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

POPULAR Y SOLIDARIA - SEPS:

Declárense disueltas y liquidadas a las siguientes organizaciones:

SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0184 Asociación de Servicios de Mantenimiento Pintando Un Mundo Mejor ASOSERPINTA, domiciliada en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas

 

 

 

 

 

Año II - N° 469 - 52 páginas

Quito, miércoles 9 de junio de 2021

 

Miércoles 9 de junio de 2021 Registro Oficial N° 469

Págs.

SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-

0203 Asociación de Campesinos Agropecuarios Nuevo Caribe "ACAMGRONUCA", domiciliada en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

ORDENANZA MUNICIPAL:

-......... Cantón Rocafuerte: Que regula el procedimiento de aplicación de las infracciones por incumplimiento de la normativa territorial

ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2021-0077-A

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia";

Que, el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe: "Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de los territorios respectivos y fomentarán condiciones para la promoción de esa identidad.";

Que, en numeral 8 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce y garantiza el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia;

Que, en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconocen y garantizan: "El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria"; y, "El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características";

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, "(...) 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (...)";

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,

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Miércoles 9 de junio de 2021 Registro Oficial N° 469

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, prescribe: "Las diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido";

Que, el artículo 3 de la Ley de Cultos, determina: "El Ministerio de Cultos dispondrá que el Estatuto a que se refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que se inscriba en la Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que estuvieren situados los bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará en un libro especial que se denominará "Registro de las Organizaciones Religiosas", dentro de los ocho días de recibida la orden Ministerial";

Que, el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos establece que para cumplir lo previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo 212, publicado en el Registro Oficial 547, de 23 de julio de 1937, y especialmente lo señalado para las entidades católicas por el artículo quinto del Modus Vivendi celebrado con la Santa Sede, el Ministro de Gobierno expedirá el Acuerdo respectivo, para ordenar la inscripción de la entidad religiosa en el Registro Especial de los Registradores de la Propiedad, y la publicación del Estatuto en el Registro Oficial; y, el artículo 2 dispone que el estatuto al que se refiere el artículo anterior ha de precisar el sistema de la organización de su gobierno y administración de bienes;

Que, los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos, publicado en Registro Oficial Nro. 365 de 20 de enero de 2000, establecen los requisitos para la aprobación de la personalidad jurídica y expedición de los Acuerdos Ministeriales de organizaciones religiosas;

Que, el artículo 8 del Reglamento de Cultos Religiosos determina que si el Ministro encontrara que el estatuto presentado contiene algo contrario al orden o a la moral pública, a la seguridad del Estado o al derecho de otras personas o instituciones, lo notificará a los interesados para que, si lo desearen, efectúen las reformas del caso o justifiquen su posición, pero, si no lo hicieren dentro del plazo que les conceda, el Ministro lo rechazará;

Que, el artículo 17 del ERJAFE, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos

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tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial;

Que el artículo 55 del ERJAFE, establece que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto;

Que, con Decreto Ejecutivo Nro. 560, de 14 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento 387, de 13 de diciembre de 2018, el Señor Presidente de la República, transformó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la Secretaría de Derechos Humanos; determinando en su artículo 7, que la competencia de cultos, libertad de religión, creencia y conciencia pasará a integrarse a la competencia sobre organizaciones sociales de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 718 de 11 de abril de 2019, el Señor Presidente de la República, suprimió la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y en el artículo 3 dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos, asume las competencias de plurinacionalidad e interculturalidad participación ciudadana y movimientos, organizaciones y actores sociales;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 818 de 3 de julio de 2019, el Señor Presidente Constitucional de la República, nombró a la Mgs. Cecilia del Consuelo Chacón Castillo, como Secretaria de Derechos Humanos;

Que, mediante Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019, la Mgs. Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos, delegó al Señor Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas, la suscripción de acuerdos y/o resoluciones y demás actos administrativos que sean necesarios para los trámites de aprobación de personalidad jurídica de organizaciones sin fines de lucro, relacionadas con la materia de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas; así como, para la reforma y codificación de estatutos, disolución y liquidación, cuyo ámbito de acción corresponde a las competencias trasferidas a la Secretaría de Derechos Humanos, exceptuando los trámites delegados al Coordinador/a General de Asesoría Jurídica, mediante Resolución Nro. SDH-2019-0014-R de 14 de agosto de 2019;

Que, mediante acción de personal Nro. 00894-A de 23 de agosto de 2019, se designó a Edgar Ramiro Fraga Revelo, como Director de Registro Único de Organizaciones Sociales, Civiles y Regulación de Religión, Cultos, Creencia y Conciencia, denominación que fue modificada mediante acción de personal Nro. 00903-C de 06 de septiembre de 2019, por lo que, actualmente, consta como Director de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas;

Que, mediante comunicación ingresada a la extinta Secretaría Nacional de Gestión de la Política, con trámite Nro. SNGP-DAD-2019-1367-EXT, de fecha 25 de abril de 2019, el/la señor/a Miguel Guapi Yumaglla, en calidad de Presidente/a Provisional de la

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organización en formación denominada: IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE INSPIRACIÓN DE VIDA CELESTIAL (Expediente XA-445), solicitó la aprobación de personería jurídica y por tanto, del Estatuto de la citada organización, para lo cual remite la documentación pertinente;

Que, mediante comunicación ingresada en la Secretaría de Derechos Humanos, con trámite Nro. SDH-CGAF-DA-2021-0215-E de fecha 20 de enero de 2021, la referida Organización da cumplimiento a las observaciones formuladas previo a la obtención de la personería jurídica;

Que, mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2020-0173-M de fecha 12 de abril de 2021, la Analista designada para el trámite, recomendó la aprobación del Estatuto y el reconocimiento de la personalidad jurídica de la organización religiosa en formación denominada: IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE INSPIRACIÓN DE VIDA CELESTIAL, por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley de Cultos y su Reglamento de Cultos Religiosos; y,

En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en los numerales 8 y 13 del artículo 66 y numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 1 de la Ley de Cultos; los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos; los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE); y, al artículo 1 de la Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019.

ACUERDA:

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica de IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE INSPIRACIÓN DE VIDA CELESTIAL, con domicilio en la Comunidad Lupaxi Grande, Barrio Cruz Loma, Parroquia Santiago de Quito, cantón Colta, provincia de Chimborazo, como organización religiosa, de derecho privado, sin fines de lucro.

Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro de su vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Cultos; el Reglamento de Cultos Religiosos; su Estatuto y demás normativa aplicable.

Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo de la organización religiosa (IGLESIA EVANGÉLICA BILINGÜE INSPIRACIÓN DE VIDA CELESTIAL), en

el Registro Oficial.

Artículo 3.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el Registro de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos y su inscripción en el Registro de la Propiedad del Cantón Colta, provincia de Chimborazo.

Artículo 4.- Disponer a la organización religiosa, que ponga en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de su directiva o del gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante

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legal, a efectos de verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su inscripción en el Registro correspondiente.

Artículo 5.- La referida organización religiosa deberá convocar a Asamblea General conforme su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la presente fecha y poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, para el trámite respectivo.

Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar la cancelación del registro de la referida organización religiosa y de oficio proceder con su disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se evidencien hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico.

Artículo 7.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, el cual deberá reposar en el Archivo de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos, cumpliendo condiciones técnicas de organización, seguridad y conservación.

Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la organización religiosa, con un ejemplar del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Por delegación de la Secretaria de Derechos Humanos, suscribo.

Dado en Quito, D.M., a los 13 día(s) del mes de Abril de dos mil veintiuno.

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

 

Miércoles 9 de junio de 2021 Registro Oficial N° 469

ACUERDO Nro. SDH-DRNPOR-2021-0078-A

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia";

Que, el numeral 1 del artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas prescribe: "Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de los territorios respectivos y fomentarán condiciones para la promoción de esa identidad.";

Que, en numeral 8 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce y garantiza el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia;

Que, en los numerales 13 y 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconocen y garantizan: "El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria"; y, "El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características";

Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, "(...) 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (...)";

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,

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Registro Oficial N° 469 Miércoles 9 de junio de 2021

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 1 de la Ley de Cultos, prescribe: "Las diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido";

Que, el artículo 3 de la Ley de Cultos, determina: "El Ministerio de Cultos dispondrá que el Estatuto a que se refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que se inscriba en la Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en que estuvieren situados los bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se hará en un libro especial que se denominará "Registro de las Organizaciones Religiosas", dentro de los ocho días de recibida la orden Ministerial";

Que, el artículo 1 del Reglamento de Cultos Religiosos establece que para cumplir lo previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo 212, publicado en el Registro Oficial 547, de 23 de julio de 1937, y especialmente lo señalado para las entidades católicas por el artículo quinto del Modus Vivendi celebrado con la Santa Sede, el Ministro de Gobierno expedirá el Acuerdo respectivo, para ordenar la inscripción de la entidad religiosa en el Registro Especial de los Registradores de la Propiedad, y la publicación del Estatuto en el Registro Oficial; y, el artículo 2 dispone que el estatuto al que se refiere el artículo anterior ha de precisar el sistema de la organización de su gobierno y administración de bienes;

Que, los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos, publicado en Registro Oficial Nro. 365 de 20 de enero de 2000, establecen los requisitos para la aprobación de la personalidad jurídica y expedición de los Acuerdos Ministeriales de organizaciones religiosas;

Que, el artículo 8 del Reglamento de Cultos Religiosos determina que si el Ministro encontrara que el estatuto presentado contiene algo contrario al orden o a la moral pública, a la seguridad del Estado o al derecho de otras personas o instituciones, lo notificará a los interesados para que, si lo desearen, efectúen las reformas del caso o justifiquen su posición, pero, si no lo hicieren dentro del plazo que les conceda, el Ministro lo rechazará;

Que, el artículo 17 del ERJAFE, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos

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tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial;

Que el artículo 55 del ERJAFE, establece que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto;

Que, con Decreto Ejecutivo Nro. 560, de 14 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento 387, de 13 de diciembre de 2018, el Señor Presidente de la República, transformó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la Secretaría de Derechos Humanos; determinando en su artículo 7, que la competencia de cultos, libertad de religión, creencia y conciencia pasará a integrarse a la competencia sobre organizaciones sociales de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 718 de 11 de abril de 2019, el Señor Presidente de la República, suprimió la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y en el artículo 3 dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos, asume las competencias de plurinacionalidad e interculturalidad participación ciudadana y movimientos, organizaciones y actores sociales;

Que, con Decreto Ejecutivo No. 818 de 3 de julio de 2019, el Señor Presidente Constitucional de la República, nombró a la Mgs. Cecilia del Consuelo Chacón Castillo, como Secretaria de Derechos Humanos;

Que, mediante Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019, la Mgs. Cecilia Chacón Castillo, Secretaria de Derechos Humanos, delegó al Señor Director de Registro de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas, la suscripción de acuerdos y/o resoluciones y demás actos administrativos que sean necesarios para los trámites de aprobación de personalidad jurídica de organizaciones sin fines de lucro, relacionadas con la materia de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas; así como, para la reforma y codificación de estatutos, disolución y liquidación, cuyo ámbito de acción corresponde a las competencias trasferidas a la Secretaría de Derechos Humanos, exceptuando los trámites delegados al Coordinador/a General de Asesoría Jurídica, mediante Resolución Nro. SDH-2019-0014-R de 14 de agosto de 2019, actualmente, el/la Responsable de la Gestión Jurídica, según Resolución Nro. SDH-SDH-2020-0012-R de 29 de septiembre de 2020;

Que, mediante acción de personal Nro. 00894-A de 23 de agosto de 2019, se designó a Edgar Ramiro Fraga Revelo, como Director de Registro Único de Organizaciones Sociales, Civiles y Regulación de Religión, Cultos, Creencia y Conciencia, denominación que fue modificada mediante acción de personal Nro. 00903-C de 06 de septiembre de 2019, por lo que, actualmente, consta como Director de Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Religiosas;

Que, mediante comunicación ingresada en esta Cartera de Estado, con trámite Nro.

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Registro Oficial N° 469 Miércoles 9 de junio de 2021

SDH-CGAF-2021-0423-E de fecha 29 de enero de 2021, el/la señor/a Wilson Eduardo Castillo Vernaza, en calidad de Representante/a Provisional de la organización en formación denominada IGLESIA EVANGÉLICA "AQUÍ HABITA EL SEÑOR"

(Expediente XA-1109), solicitó la aprobación del Estatuto y otorgamiento de la personería jurídica de la citada organización, para lo cual remitió la documentación pertinente;

Que, mediante comunicación ingresada en esta Cartera de Estado, con trámite Nro. SDH-CGAF-2021-1290-E de fecha 22 de marzo de 2021, la referida Organización da cumplimiento a las observaciones formuladas, previo a la obtención de la personería jurídica;

Que, mediante Informe Técnico Jurídico Nro. SDH-DRNPOR-2021-0530-M, de fecha 14 de abril de 2021, la Analista designada para el trámite, recomendó la aprobación del Estatuto y el reconocimiento de la personería jurídica de la citada organización religiosa en formación, por cuanto cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en la Ley de Cultos y su Reglamento de Cultos Religiosos; y,

En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en los numerales 8 y 13 del artículo 66 y numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 1 de la Ley de Cultos; los artículos 3 y 4 del Reglamento de Cultos Religiosos; los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE); y, al artículo 1 de la Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0019-R de 19 de septiembre de 2019.

ACUERDA:

Artículo 1.- Aprobar el Estatuto y reconocer la personería jurídica a la organización religiosa denominada IGLESIA EVANGÉLICA "AQUÍ HABITA EL SEÑOR", con

domicilio en el recinto Nueva Unión, avenida La Victoria y calle Víctor Chacón, cantón Naranjal, provincia del Guayas, como organización religiosa, de derecho privado, sin fines de lucro.

Para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y demás actos que le corresponda dentro de su vida jurídica, se sujetará estrictamente a lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Cultos; el Reglamento de Cultos Religiosos; su Estatuto y demás normativa aplicable.

Artículo 2.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Registro Oficial.

Artículo 3.- Disponer que su reconocimiento se haga constar en el Registro de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos y su inscripción en el Registro de la Propiedad del Cantón Naranjal, provincia del Guayas.

Artículo 4.- Disponer a la organización religiosa, que ponga en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, cualquier modificación en su Estatuto; integrantes de su directiva o del gobierno interno; ingreso y salida de miembros; y, del representante legal, a efectos de verificar que se haya procedido conforme el Estatuto y ordenar su

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Miércoles 9 de junio de 2021 Registro Oficial N° 469

inscripción en el Registro correspondiente.

Artículo 5.- La referida organización religiosa deberá convocar a Asamblea General conforme su Estatuto, para la elección de la Directiva, en un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la presente fecha y poner en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos, para el trámite respectivo.

Artículo 6.- La Secretaría de Derechos Humanos, en cualquier momento, podrá ordenar la cancelación del registro de la referida organización religiosa y de oficio proceder con su disolución y liquidación, de comprobarse que no cumple con sus fines y objetivos o se evidencien hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico.

Artículo 7.- Disponer que el presente Acuerdo se incorpore al respectivo expediente, el cual deberá reposar en el Archivo de Organizaciones Religiosas de la Secretaría de Derechos Humanos, cumpliendo condiciones técnicas de organización, seguridad y conservación.

Artículo 8.- Notificar al Representante Provisional de la organización religiosa, con un ejemplar del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Por delegación de la Secretaria de Derechos Humanos, suscribo.

Dado en Quito, D.M., a los 15 día(s) del mes de Abril de dos mil veintiuno.

Documento firmado electrónicamente

SR. ABG. EDGAR RAMIRO FRAGA REVELO

DIRECTOR DE REGISTRO DE NACIONALIDADES, PUEBLOS Y

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

 

Registro Oficial N° 469 Miércoles 9 de junio de 2021

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN "PLANIFICA ECUADOR"

RESOLUCIÓN No. STPE-005-2021

 

MGS. SANDRA KATHERINE ARGOTTY PFEIL

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN "PLANIFICA ECUADOR"

CONSIDERANDO:

Que,     el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que,     el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación";

Que,     el artículo 26 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que: "La Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa será ejercida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, hoy Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador";

Que,     el artículo 77, numeral 1, literal e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece como una de las atribuciones y obligaciones específicas del titular de la entidad: "Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones";

Que,     mediante Decreto Ejecutivo Nro. 732, de 13 de mayo de 2019, dispone lo siguiente: "Créase la Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", como entidad de derecho público, con personalidad jurídica, dotada de autonomía administrativa y financiera, adscrita a la Presidencia de la República, a cargo de la planificación nacional deforma integral y de todos los componentes e instrumentos del Sistema, así como de ejercer la secretaría técnica del sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.- La Secretaría técnica de Planificación estará representada por un secretario técnico, que ejercerá la representación legales, judicial y extrajudicial, y que será nombrado por la máxima autoridad de la entidad rectora de la administración pública";

Que,     mediante Acuerdo Nro. SGPR-2019-0320, de 27 de septiembre de 2019, el Secretario General de la Presidencia de la República, designó a la Mgs. Sandra Katherine Argotty Pfiel, como Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador";

Que,     con Oficio Nro. MDT-VSP-2020-0369 de 31 de marzo de 2020, el Viceministro del Servicio Público del Ministerio de Trabajo aprueba la Matriz de Competencias, Modelo de Gestión, Rediseño e Implementación de la Estructura Institucional y Estatuto

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Miércoles 9 de junio de 2021 Registro Oficial N° 469

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador";

Que,     mediante Resolución Nro. STPE-008-2020, de 1 de abril de 2020, se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador";

Que,     En virtud a la normativa expuesta e Informe Técnico debidamente se considera necesario realizar una Reforma Parcial del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", por motivo de duplicidad de entregables y establecer las competencias propias de las Unidades Administrativas;

Que,     con oficio Nro. MDT-VSP-2021-0098-O Quito, D.M., 21 de abril de 2021, el Lcdo. Ricardo Fabián Moya Campaña, Viceministro Del Servicio Público, aprueba la reforma parcial al proyecto de Estatuto Orgánico de la Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador"; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 226 y 227 de la Constitución de la República del Ecuador; el Decreto Ejecutivo Nro. 732; y, el Acuerdo Nro. SGPR-2019-0320, de 27 de septiembre de 2019,

RESUELVE:

EXPEDIR LA REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE

PLANIFICACIÓN "PLANIFICA ECUADOR"

Artículo 1.- En el Capítulo W, artículo 10.- Estructura Descriptiva, 1.2. Procesos Sustantivos, 1.2.1.1. Gestión de Planificación y Política Pública, en los Entregables de la Gestión Interna de Planificación Nacional se realizará las siguientes reformas:

  • Incorporar en el numeral 11. después de la palabra "Insumos", las palabras "e informes".
  • Incorporar en el numeral 13. después de las palabras "planes sectoriales", la palabra "validados".
  • Eliminar los numerales 16.; 17.; 18.; 19.; 20.; 21.; 22.; 23.; 24.; 25.; y, 26.
  • Incorporar después del numeral 15. lo siguiente:

 

  1. Informes técnicos de alineación de los compromisos internacionales con los instrumentos de planificación.
  2. Metas e indicadores de planificación nacional priorizadas que serán sometidas a seguimiento y evaluación en el marco de los compromisos internacionales.
  3. Insumos técnicos necesarios para el ejercicio de la planificación nacional.
  4. Estudios sobre escenarios futuros relevantes para la planificación nacional.
  5. Estudios e investigaciones relevantes para la revisión periódica de la planificación nacional de mediano y largo plazo.
  6. Informes de resultados sobre la elaboración de los instructivos metodológicos para la formulación de las agendas para la igualdad.
  7. Informes de pertinencia para la creación de instituciones de educación superior.

Artículo 2.- En el Capítulo IV, artículo 10.- Estructura Descriptiva, 1.2. Procesos Sustantivos, 1.2.1.1. Gestión de Planificación y Política Pública, en los Entregables de la Gestión Interna de Planificación Institucional y Presupuesto se realizará las siguientes reformas:

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  1. Incorporar en el numeral 2. después de las palabras "planes institucionales", las palabras "por parte de las entidades de la Función Ejecutiva".
  2. Incorporar en el numeral 7. después de las palabras "planificación institucional", las palabras "a las entidades de la Función Ejecutiva".
  3. Incorporar en el numeral 8. después de las palabras "del sector público", las palabras "que forman parte del Presupuesto General del Estado".

Artículo 3.- En el Capítulo IV, artículo 10.- Estructura Descriptiva, 1.2 Procesos Sustantivos, 1.2.3.2. Gestión de Planificación y Política Pública, en los Entregables de la Gestión de Evaluación a Territorio se realizará las siguientes reformas:

• Sustituir en el numeral 2. la palabra "seguimiento", por la palabra "evaluación".

Artículo 4.- En el Capítulo W, artículo 10.- Estructura Descriptiva, 1.2. Procesos Sustantivos, 1.2.4. Gestión Coordinación de Información, se realizará las siguientes reformas:

  • Sustituir en la "Misión:" la abreviatura "(SIN)", por la abreviatura "(SNI)"
  • En las "Atribuciones y Responsabilidades:" eliminar en el literal f) las palabras "y Comunicación".
  • Incorporar en las "Atribuciones y Responsabilidades:" a continuación del literal k), los siguientes literales:

l)     Coordinar la operatividad de los servicios de tecnologías de la información de la entidad;

m) Establecer procedimientos de innovación tecnológica para el funcionamiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública;

n)    Diseñar la entrega de los servicios que el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública ofrece a los usuarios internos y externos;

o)    Articular la aprobación de los proyectos de Tecnologías de la Información y Gobierno Electrónico, ante la institución rectora en la materia;

p)    Aprobar los informes técnicos sobre el análisis de proyectos de inversión que contenga componentes tecnológicos de generación de datos, información y/o sistemas de información para la planificación;

Artículo 5.- En el Capítulo W, artículo 10.- Estructura Descriptiva, 1.2. Procesos Sustantivos, 1.2.4. Gestión Coordinación de Información, 1.2.4.1. Gestión de Tecnologías de la Información, se realizará las siguientes reformas:

a) En las "Atribuciones y Responsabilidades:":

  • Sustituir en el literal e), la frase "Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo", por la frase "Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador".
  • Eliminar en el literal 1), las palabras "y Comunicación"
  • Eliminar los literal n); o); p); q)
  • Incorporar después del literal m) lo siguiente:

n)   Disponer estudios de factibilidad para la formulación, aprobación, ejecución y control del catálogo de proyectos de Tecnologías de la Información propios o adquiridos;

o)   Diseñar el catálogo de servicios tecnológicos;

p)    Aprobar las especificaciones técnicas requeridas, de bienes y servicios internos relacionados con las tecnologías de la información.

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  • En los "Entregables:" de la Gestión Interna de Asesoría y Desarrollo de Tecnologías de la Información, numeral 5 incluir luego de la palabra "interno" el signo coma "(,)"; y, luego de las palabras "y demás elementos", la palabra "del".
  • En los "Entregables:" de la Gestión Interna de Infraestructura, Operaciones y Seguridad Informática:

 

  • Eliminar en el numeral 3., la palabra "y Comunicación"
  • Eliminarlos numerales 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14.; 15.
  • Incorporar después del numeral 3. lo siguiente:

 

  1. Plan de contingencia de infraestructura y de seguridad informática.
  2. Informes de incidentes atribuidos a la infraestructura tecnológica interna de la institución.
  3. Inventario de la infraestructura tecnológica de la institución.
  4. Reporte de las pruebas periódicas de copias de resguardo, restauración de la información y bitácora de respaldos de información.
  5. Informe de análisis de la capacidad y desempeño de los recursos tecnológicos.
  6. Reporte de cumplimiento acuerdos de servicio y estándares de calidad de proveedores de servicios.
  7. Manual de procedimientos para el monitoreo de disponibilidad.
  8. Informes de paso a producción.
  9. Informes de soporte y mantenimiento de las bases de datos.
  10. Informes del soporte especializado realizado de los servicios de infraestructura.
  11. Informes de implementación, configuración y operación de las políticas y los controles de seguridad informática.

b) En los "Entregables:" de la Gestión Interna Gestión Interna de Soporte Técnico:

  • Eliminarlos numerales 6.; 7.; 8.; 9.; 10.; 11.; 12.; 13
  • Incorporar después del numeral 5. lo siguiente:

 

  1. Reportes del monitoreo de las aplicaciones tecnológicas
  2. Informes de incidentes atribuidos al soporte de servicios de información y TIC.
  3. Planes internos de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software de usuarios finales y sus informes de ejecución.
  4. Reportes del nivel de satisfacción de los usuarios de los sistemas informáticos.
  5. Reportes de análisis estadísticos de los datos obtenidos en las encuestas sobre los servicios de Tecnologías de la Información internos.
  6. Manual de procedimientos de soporte técnico.
  7. Reporte de difusión procedimientos y funcionalidades de las herramientas tecnológicas del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

c) En los "Entregables:" de la Gestión Interna de Gestión y Planificación de Tecnologías de la Información:

  • Eliminar de los numerales 1.; 3.; y, 4. la palabra "y Comunicación"
  • Eliminar los numeral 6.; 7.; 8.; 9.
  • Incorporar después del numeral 5. lo siguiente:

 

  1. Reportes consolidados de continuidad, contingencia, aseguramiento, disponibilidad, capacidad y mantenimiento de Tecnologías de la Información.
  2. Informes con las especificaciones técnicas para adquisición de bienes y servicios de Tecnologías de Información.

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Artículo 6.- En el Capítulo IV, artículo 10.- Estructura Descriptiva, 1.2. Procesos Sustantivos, 1.2.4. Gestión Coordinación de Información, 1.2.4.2. Gestión de Información Nacional, en "Entregables:" se realizará las siguientes reformas:

  1. Eliminar los numeral 5.; 6.; 7.; 8.; 9.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14.; 15.; 16.; 17.; 18.; 19.; 20.; 21.; 22.; 23.; 24.; 25.; 26.; 27.; 28.; y, 29.
  2. Incorporar después del numeral 4. lo siguiente:
  1. Informe de repositorio sobre los mecanismos, normativas y metodologías sobre la integración de información al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.
  2. Informes técnicos sobre el mejoramiento de procesos, metodologías y actualización o formulación de proyectos de inversión relacionada a la generación de información.
  3. Informe técnico sobre la identificación de las necesidades y demandas prioritarias de información para la planificación.
  4. Informe de repositorio de sintaxis de información de los instrumentos del ciclo de la planificación.
  5. Reporte de repositorios con datos estadísticas y geográficas publicadas o disponibles.
  6. Reporte de repositorios de datos de indicadores de los instrumentos del ciclo procesados y/o actualizados.
  7. Reporte de difusión de información estadística y/o geográfica a las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.
  8. Informes de intercambio, difusión y uso de datos e información estadística, geográfica y de registros administrativos, generada por todas las entidades del Sistema Nacional de Información.
  9. Informes técnicos sobre el estado de avance de la gestión de la información para el ciclo de la planificación de los instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.
  10. Reportes técnicos de participación en espacios interinstitucionales de generación de información de los instrumentos del ciclo de la planificación.
  11. Informes técnicos de la gestión realizada en los Comités Especiales para la priorización y la generación de información que responda al ciclo de la planificación.
  12. Guía técnica de revisión y análisis de los proyectos de inversión que contengan componentes de generación de datos e información para la planificación.
  13. Catálogos y/o inventarios de datos, información estadística y geográfica publicada en el Sistema Nacional de Información.
  14. Informes técnicos de monitoreo del cumplimiento de planes y/o programas estadísticos y geográficos en el marco del Sistema Nacional de Información.
  15. Informes técnicos de análisis de coyuntura de información de los instrumentos del ciclo de la planificación.
  16. Guías técnicas para procesamiento y uso de información de los instrumentos del ciclo de la planificación.
  17. Reporte de asistencias técnicas de procesamiento y uso de información de los instrumentos del ciclo de la planificación incorporada en el Sistema Nacional de Información.
  18. Reportes de atención de requerimientos de información de los instrumentos del ciclo de la planificación a través de la Mesa de Servicios del Sistema Nacional de Información.
  19. Reportes estadísticos para el análisis social, económico, ambiental, financiero, político y de sectores estratégicos para la Planificación Nacional y Territorial.

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  1. Cartografía temática para el análisis social, económico, ambiental, financiero, político y de sectores estratégicos para la Planificación Nacional y Territorial.
  2. Reportes técnicos con detalle y alcance de los datos e información gestionada para los procesos de elaboración, seguimiento y evaluación de los instrumentos del ciclo de la planificación.
  3. Informe de coordinación para la priorización de los indicadores en la planificación nacional serán sometidas a seguimiento y evaluación en el marco de los compromisos internacionales.
  4. Informes técnicos de las propuestas de nuevos indicadores para los instrumentos del ciclo de la planificación.
  5. Informes técnicos de consistencia y pertinencia de la información de los instrumentos del ciclo de la planificación.

Artículo 7.- En el Capítulo IV, artículo 10.- Estructura Descriptiva, 1.3. Procesos Adjetivos, 1.3.1. Gestión General de Planificación y Gestión Estratégica, 1.3.1.1. Gestión de Planificación, Seguimiento y Evaluación, en "Entregables:" de la Gestión Interna de Planificación, Presupuesto e Inversión Institucional se realizará las siguientes reformas:

  1. Incorporar en el numeral 8. después de la palabra "Inversión", la palabra "Institucional".
  2. Incorporar en el numeral 9. después de la palabra "Inversión", la palabra "Institucional".

Artículo 8.- En el Capítulo IV, artículo 10.- Estructura Descriptiva, 1.3. Procesos Adjetivos, 1.3.1. Gestión General de Planificación y Gestión Estratégica, 1.3.1.2. Gestión de Procesos, Servicios, Calidad, Gestión del Cambio y Cultura Organizativa, en "Entregables:" de la Gestión Interna de Seguridad de la Información se realizará la siguiente reforma:

• Incorporar en el numeral 3. después de la palabra "Información", la palabra "Institucional".

Artículo 9.- En el Capítulo IV, artículo 10.- Estructura Descriptiva, 1.3. Procesos Adjetivos, 1.5. Gestión General Administrativa Financiera, se realizarán las siguientes reformas:

• Sustituir de manera integral el texto de la "Misión:" por:

"Misión: Coordinar la administración y gestión del talento humano, los recursos financieros, los recursos materiales y logísticos, servicios administrativos de la institución, observando las normativas legales vigentes aplicables y los mecanismos de control definidos por las instituciones competentes y la máxima autoridad de la Institución"

a) En las "Atribuciones y Responsabilidades:":

  • Eliminar los literales m); n); o); p); q); r); s); t); y, u).
  • Incorporar después del literal 1) lo siguiente:

m) Participar en el proceso de Planificación Estratégica institucional en base las directrices establecidas;

n) Coordinar y controlar la gestión de la/s unidad/es desconcentrada/s, en su ámbito de competencia, de corresponder;

o) Observar y ejercer las atribuciones y obligaciones específicas determinadas en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y,

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Registro Oficial N° 469 Miércoles 9 de junio de 2021

P)

q)   Ejercer las demás atribuciones, delegaciones y responsabilidades en el ámbito de su competencia que le asignen las autoridades, y las establecidas en la legislación o normativa vigente

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- Encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, notifique el contenido del presente Resolución a los/as Subsecretarios/as Nacionales, Coordinadores/as Generales, Directores/as Zonales, Directores/as, y servidores de la Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", para su oportuna ejecución.

La ejecución de la presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-

DADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A 23 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2021.

MGS. SANDRA KATHERINE ARGOTTY PFEIL

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN "PLANIFICA ECUADOR"

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RESOLUCIÓN No. SB-2021-0981

 

RUTH ARREGUI SOLANO

SUPERINTENDENTE DE BANCOS

CONSIDERANDO:

Que el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran de control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la Ley;

Que el artículo innumerado a continuación del artículo 6 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone: "Art. (...).- Buenas prácticas internacionales, los organismos con capacidad regulatoria, normativa o de control, procurarán acoger como marco referencial los estándares técnicos internacionales relacionados con el ámbito de su competencia para la expedición de normativa y para el ejercicio de sus funciones, sujetándose estrictamente a la jerarquía normativa establecida en la Constitución de la República del Ecuador,";

Que el numeral 25 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establece que es función de la Superintendencia de Bancos designar a los administradores temporales y liquidadores de las entidades bajo su control;

Que el artículo 218 del Código Orgánico Monetario y Financiero, dispone que las entidades del sistema financiero nacional deberán someterse a las políticas y regulaciones que sobre contabilidad y estados financieros expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, así como a las normas de control que sobre estas materias dicten, de forma supletoria y no contradictoria, los organismos de control respectivos;

Que el numeral 6 del artículo 312 del Código Orgánico Monetario y Financiero, le otorga al liquidador, designado por la Superintendencia de Bancos, la facultad privativa para enajenar todos los bienes sociales de la entidad que se encuentra liquidando;

Que para el desarrollo de la Política Antisoborno, la Superintendencia de Bancos tomó como referencia el Sistema de Gestión Anti-Soborno (SGAS), según la norma ISO 37001:2016, la Constitución de la República de Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los Convenios Internacionales suscritos por el estado ecuatoriano en materia de cumplimiento y prevención del soborno;

Que la Política Antisoborno se aplica en la oficina matriz de la Superintendencia de Bancos, en la ciudad de Quito, en los procesos específicos de la Intendencia Nacional Jurídica que son: "Recuperación de Activos de Entidades en Liquidación", subprocesos de: "Apelación, Revisión y Resolución de Reclamos", y "Calificaciones de Apertura y Cierre de Agencias";

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Que para mitigar y reducir el riesgo residual crítico y alto de los factores mencionados anteriormente, es necesario reformar el Capítulo X "Normas para la enajenación de activos de las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, que se hallaren sometidas a procesos liquidatorios", Título XVI "Del proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos y de la liquidación de las entidades de los sectores financieros público y privado", Libro 1 "Normas de Control para las entidades de los sectores financieros público y privado" de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos;

Que para el cumplimiento del Sistema de Gestión Anti-Soborno (SGAS), se expidió la resolución No. SB-2021-0130 de 18 de enero de 2021, en la que se dispuso la reforma del el Capítulo X "Normas para la enajenación de activos de las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, que se hallaren sometidas a procesos liquidatorios", Título XVI "Del proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos y de la liquidación de las entidades de los sectores financieros público y privado", Libro 1 "Normas de Control para las entidades de los sectores financieros público y privado" de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos;

Que a través de memorando Nro. SB-DL-2021-0226-M de 13 de mayo de 2021, la Dirección de Liquidaciones emitió su informe técnico que sustenta la reforma normativa a la resolución No. SB-2021-0130 de 18 de enero de 2021, con el propósito de dar viabilidad a que el liquidador pueda realizar con independencia las funciones legalmente a él atribuidas, con respecto a la enajenación de los bienes de las entidades en liquidación;

Que con memorando Nro. SB-INJ-2021-0538-M de 17 de mayo de 2021, la Intendencia Nacional Jurídica emitió el informe jurídico correspondiente y recomienda suscribir la presente resolución; y,

En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- En el Capítulo X "Normas para la enajenación de activos de las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, que se hallaren sometidas a procesos liquidatorios", Título XVI "Del proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos y de la liquidación de las entidades de los sectores financieros público y privado", Libro 1 "Normas de Control para las entidades de los sectores financieros público y privado" de la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, efectúense las siguientes reformas:

1. Sustitúyase el artículo 1 por el siguiente:

"ARTÍCULO 1.- La presente norma tiene como finalidad establecer los criterios técnicos que el liquidador evaluará previo a la enajenación de activos de las entidades en liquidación."

  1. Suprímase el artículo 3
  2. Sustitúyase el último inciso del artículo 4 "AVALÚOS" por el siguiente:1

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Miércoles 9 de junio de 2021 Registro Oficial N° 469

"La Superintendencia de Bancos se reserva el derecho a verificar el avalúo realizado, a través de un perito valuador calificado, diferente al que realizó el primer avalúo. De no ser concordante el peritaje, el liquidador dispondrá la práctica de un segundo avalúo. En ambos casos los honorarios del perito por la verificación y por el avalúo correrán a cuenta de la entidad en liquidación."

4. Sustitúyase el artículo 6 por el siguiente:

"ARTÍCULO 6.- AVISOS.- El liquidador convocará mediante avisos durante tres (3) días consecutivos, en un periódico de circulación nacional y de venta en la localidad donde está situado el bien, en redes sociales y/o portales electrónicos de difusión masiva, invitando al público a participar en el concurso de ofertas.

Desde la fecha de publicación del último aviso hasta el día señalado para la presentación de ofertas, deberán mediar ocho (8) días de plazo, por lo menos. Para el efecto, no se contará el día de la última publicación ni el señalado para la presentación de las ofertas.

El aviso contendrá:

a. El lugar, día y hora para la presentación de las ofertas;

b. Lugar, día y hora en la que se realizará la apertura de los sobres, en presencia de los interesados;

c. Una descripción de los bienes y la ubicación en donde podrán ser conocidos. Si se hace a través de redes sociales y/o portales electrónicos de difusión masiva incluir fotografías;

d. El valor que servirá de base para el concurso será el del avalúo practicado de conformidad con el artículo 4 de este Capítulo;

e. La advertencia de que el concurso de ofertas se sujetará al presente capítulo;

f. Las siguientes indicaciones: que cada oferta deberá presentarse por escrito en sobre cerrado, acompañada del diez por ciento (10%) del valor de esta en dinero en efectivo o cheque certificado a la orden de la entidad en liquidación, como garantía de seriedad de oferta; que el valor ofrecido será pagado de contado.

g. Indicación que la adjudicación del bien se realizará en un plazo máximo de tres (3) días contados a partir de dicha notificación para cancelar el valor ofrecido;

h. No se devolverá la cantidad consignada con la oferta a los oferentes que hayan ocupado los tres primeros puestos en el orden de preferencia, mientras no termine el proceso del concurso y la devolución que se haga será solo por el saldo que corresponda en caso de quiebra del concurso.

Los tres (3) avisos para cualquiera de los llamamientos al concurso de ofertas se publicarán dentro de los ciento ochenta (180) días señalados en el artículo 4 de este Capítulo. El primer aviso se realizará dentro de los tres (3) días siguientes de efectuado

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el avalúo. Transcurrido el plazo de ciento ochenta (180) días, se efectuará un nuevo avalúo del bien y se reiniciará el proceso con un primer llamamiento."

5. Sustitúyase el artículo 8 por el siguiente:

"ARTÍCULO 8.- PARTICIPANTES EN EL CONCURSO.- Podrán presentar ofertas las personas naturales por sí o en representación de otras y las personas jurídicas a través de su representante legal o apoderado debidamente acreditado.

No podrán intervenir por sí o por interpuesta persona quienes fueren funcionarios, servidores o empleados de la Superintendencia de Bancos; de la entidad en liquidación; o funcionarios, servidores y empleados de la COSEDE, sus cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y cuarto de afinidad; las personas naturales o jurídicas que tuvieren obligaciones vencidas para con la entidad financiera en liquidación; las personas jurídicas cuyo capital pagado pertenezca, en al menos un cincuenta por ciento (50%), a alguno de los inhabilitados anteriormente referidos; los que hubieren sido exadministradores de la entidad en liquidación hasta cinco (5) años antes de declararse la liquidación; y, los accionistas, socios de la entidad, si su participación en el capital es mayor del seis por ciento (6%) y los partícipes de los fondos complementarios. A fin de cumplir con esta disposición el interesado deberá presentar una declaración juramentada/'

6. Sustitúyase el artículo 10 por el siguiente:

"ARTÍCULO 10.- DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN.- Son miembros de la Comisión de calificación y adjudicación y con derecho a voto:

  1. El liquidador de la entidad en liquidación, quien la presidirá y nombrará un secretario ad-hoc;
  2. Un representante de los acreedores depositarios, debidamente acreditado por el liquidador
  3. El encargado del área financiera de la entidad en liquidación; y,
  4. El Director de Liquidaciones de la Superintendencia de Bancos o su delegado como veedor, sin voto."

7. Sustitúyase el artículo 13 por el siguiente:

"ARTÍCULO 13.- CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN.- Después de la apertura de los sobres, la Comisión de Calificación y Adjudicación, previa declaratoria de validez del concurso, procederá a la calificación de las ofertas, luego del examen de todas y cada una de las que se hubieren presentado y establecerá el orden de preferencia de estas, considerando el precio.

Si hubiere dos o más ofertas que se conceptuaron en igualdad de condiciones, la Comisión comunicará de inmediato a los oferentes que las hubieren presentado con la finalidad de que en ese momento mejoren su oferta,

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La adjudicación de los bienes motivo del concurso se hará en favor de la persona cuya oferta hubiere sido calificada como la mejor, debiendo describirse con absoluta precisión el bien adjudicado.

De todo lo actuado se levantará un acta que será suscrita por el Presidente y Secretario ad-hoc cuya copia certificada se remitirá a los interesados y dejando constancia del particular en el expediente respectivo.

El Presidente requerirá por escrito al adjudicado que consigne la cantidad ofrecida de contado, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de la notificación de la adjudicación.

Tratándose de bienes inmuebles, la copia del acta de adjudicación certificada por el Secretario Ad-hoc, se agregará como documento habilitante de la escritura pública correspondiente.

Los impuestos y los gastos que demande la celebración de la escritura pública y su inscripción correrán a cargo del adjudicado.

Tratándose de bienes muebles, la copia del acta de adjudicación certificada por el Secretario Ad-hoc servirá como título de propiedad para el adjudicado, salvo lo dispuesto en leyes especiales, en cuyo caso será considerada como documento habilitante del contrato de transferencia de dominio que deba celebrarse. Los impuestos y gastos que demande la celebración del contrato de transferencia de dominio hasta su inscripción, de ser el caso, serán a cargo del comprador."

8. Sustitúyase el artículo 18 por el siguiente:

"ARTÍCULO 18- Las reglas para determinar los participantes en la pública subasta serán las mismas que las previstas para el concurso de ofertas y que se encuentran en el artículo 8 de este capítulo.

El bien se adjudicará a la persona que presente la mejor postura y se cancelará de manera inmediata.

De todo lo actuado se levantará un acta que será suscrita por el liquidador y por el Secretario ad-hoc designado ese momento para el efecto.

La transferencia de dominio de los activos se efectuará según lo previsto en los incisos sexto, séptimo y octavo del artículo 13 de este capítulo.

Una vez efectuada la compraventa, el liquidador deberá informar del particular a la Superintendencia de Bancos."

9. Sustitúyase el artículo 19 por el siguiente:

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"ARTÍCULO 19.- PROCEDENCIA.- El liquidador podrá disponer la venta directa de bienes muebles e inmuebles, en los siguientes casos:

a. Cuando habiéndose llamado por primera vez a concurso de ofertas o pública subasta, no se hubieren presentado oferentes y antes del segundo llamamiento, un interesado plenamente identificado y no incurso en las prohibiciones puntualizadas en el artículo 8 de este capítulo, ofreciera pagar de contado el cien por ciento (100%) del valor del avalúo mencionado en el artículo 4;

b. Cuando habiéndose llamado por segunda ocasión a concurso de ofertas o pública subasta, no se hubieren presentado oferentes y el interesado no incurso en las prohibiciones puntualizadas en el artículo 8 de este capítulo, ofreciera pagar de contado, por lo menos el ochenta por ciento (80%) del avalúo mencionado en el numeral que antecede;

c. Una vez agotadas las instancias anteriores y de existir un interesado plenamente identificado no incurso en las prohibiciones puntualizadas en el artículo 8 de este capítulo, que ofreciera pagar de contado el cien por ciento {100%) del valor del avalúo mencionado en el artículo 4.

Para la venta directa de activos el liquidador deberá acompañar los documentos que respalden la propiedad del bien; el avalúo realizado por un perito calificado por la Superintendencia de Bancos; la propuesta de compra a la cual se anexará la declaración de origen lícito de recursos; y, la declaración juramentada del oferente de no encontrarse incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 8, de este capítulo. Para el caso contemplado en las letras a) y b) se deberá adjuntar el/las actas/s que sustenten la no presentación de oferentes."

10. Sustitúyase el artículo 20 por el siguiente:

"ARTÍCULO 20.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.- La oferta dentro del proceso de venta directa de activos, se dirigirá por escrito al liquidador, con las especificaciones del bien y precio ofrecido.

El liquidador deberá verificar que la oferta cumpla con los requisitos establecidos en el artículo anterior y se observe lo dispuesto en el artículo 9 de este capítulo.

Si la oferta presentada fuere admitida por el liquidador, se celebrará la compraventa respectiva, acompañando los documentos que fueren del caso. Los impuestos y los gastos que demanden la celebración y perfeccionamiento de la enajenación serán de cargo del comprador. Una vez efectuada la compraventa, el liquidador deberá informar del particular a la Superintendencia de Bancos."

11. Sustitúyase el artículo 22 por el siguiente:

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"ARTÍCULO 22.- PROCEDENCIA.- El liquidador podrá enajenar títulos valores que se hallen en poder de la liquidación. Dichas negociaciones una vez efectuadas deberán ser informadas a la Superintendencia de Bancos."

12. Sustitúyase el artículo 31 por el siguiente:

"ARTÍCULO 31.- CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN.- En lo relativo a la calificación y adjudicación se estará a lo previsto en la sección III de este capítulo, con excepción de lo dispuesto en los incisos sexto y octavo del artículo 13.

La transferencia de dominio se realizará atendiendo lo ordenado en el artículo 300 del Código Orgánico Monetario y Financiero."

13. Suprímase la DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA, y renumérese las restantes.

DISPOSICIÓN FINAL- La presente resolución es de aplicación obligatoria y entrará en vigor a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

LO CERTIFICO.- En el Distrito Metropolitano de Quito, el 19 de mayo de 2021

 
 

 

 
 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL REGISTRO OFICIAL.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el 19 de mayo de 2021.

 

Registro Oficial N° 469 Miércoles 9 de junio de 2021

 

RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0184

 

DIEGO ALDAZ CAIZA

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO (S)

 

CONSIDERANDO:

Que,    el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley (...) ";

Que,    el artículo 226 de la misma Norma Suprema establece: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución ";

Que,    el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo determina: "Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias ";

Que,    el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: "Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, y por las causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento estipulado en su estatuto social (...)"',

Que,    el artículo 57, literal e, numeral 3, de la citada Ley Orgánica establece: "Las cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas: (...) e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos: (...) 3. La inactividad económica o social por más de dos años (...) ";

Que,    en el artículo 58 ibídem dice: "La Superintendencia, a petición departe o de oficio, podrá declarar inactiva a una cooperativa que no hubiere operado durante dos años consecutivos. Se presume esta inactividad cuando la organización no hubiere remitido los balances o informes de gestión correspondientes (...) Si la inactividad persiste por más de tres meses desde la publicación, la Superintendencia podrá declararla disuelta y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público ";

Que,    el artículo innumerado a continuación del 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: "A las asociaciones se aplicarán de manera supletoria las disposiciones que regulan al sector cooperativo, considerando las características y naturaleza propias del sector asociativo ";

Que,    el artículo 55 del Reglamento antes indicado dispone: "Resolución de la Superintendencia.- La Superintendencia, podrá resolver, de oficio, o a petición de parte, en forma motivada, la disolución y consiguiente liquidación de una organización bajo su control, por las causales previstas en la Ley (...) ";

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Que,    el artículo 56 del Reglamento citado dispone: "La resolución de disolución y liquidación de una cooperativa, será publicada, en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y un extracto de aquella en un periódico de amplia circulación nacional y/o del domicilio de la organización ";

Que,    el primer artículo innumerado posterior al 64 ibídem establece: "Liquidación sumaria.- (...) En los casos en que una organización no haya realizado actividad económica o habiéndola efectuado tuviere activos menores a un Salario Básico Unificado, la Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá disolver a la organización y liquidar a la misma en un solo acto, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, con base en las disposiciones que emita dicho Organismo de Control.- La liquidación sumaria también procederá respecto de las organizaciones que no hayan superado la causal de inactividad, dentro del plazo de tres meses contados desde la publicación de la Resolución que declare la inactividad, en cuyo caso se confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica (...) ";

Que,    el tercer artículo innumerado agregado luego del artículo 64 del Reglamento invocado dice: "Art. ....- Procedimiento de Inactividad.- La Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá declarar inactiva a una organización bajo su control y supervisión, que no hubiere operado durante dos años consecutivos o más (...).- Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la Resolución que declare la inactividad, las organizaciones deberán justificar documentadamente que se encuentran operando y realizando actividades económicas; esto es, que realizan actividades tendientes a cumplir con el objeto social principal, establecido en su estatuto social; y, que poseen activos registrados a nombre de la organización, de un salario básico unificado o superiores, como consecuencia de la actividad económica que realizan.- Es responsabilidad exclusiva de las organizaciones el documentar la superación de la causal de inactividad, únicamente dentro del plazo anterior. Las declaraciones de impuestos con valores en cero, que las organizaciones realicen ante la autoridad tributaria, no serán suficientes para superar la causal de inactividad.- (...) De no superarse la causal de inactividad, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores, a través de una publicación en la prensa, informando que la organización entrará a un proceso de liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días contados a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad (...)"',

Que,     el artículo 153 ejusdem determina: "Control.- El control es la potestad asignada a la Superintendencia, para vigilar el cumplimiento de la ley, este reglamento y las regulaciones, en el ejercicio de las actividades económicas y sociales, por parte de las organizaciones sujetas a la misma.- La Superintendencia, ejercerá el control en forma objetiva, profesional e independiente ";

Que,     la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, en el artículo 1 dispone: "Ámbito: La presente resolución aplica a las cooperativas y asociaciones de la Economía Popular y Solidaria, en lo sucesivo 'organización u organizaciones ', sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en adelante 'Superintendencia'";

Que,     el artículo 6 ibídem dispone: "Liquidación sumaria de oficio o forzosa: La Superintendencia de oficio podrá disponer la disolución y liquidación sumaria en un solo acto de una organización, la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes, sin que sea necesaria la realización de un proceso de

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liquidación, en cualquiera de los siguientes casos: (...) 3) Si la organización no hubiera superado la causal de inactividad en el plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la resolución que declare dicho estado; en cuyo caso se confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica.- Para este efecto, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores a través de una publicación en la prensa, informando que la organización entrará en liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad. Luego de lo cual se incorporarán en los informes respectivos y en la resolución de extinción, la información presentada producto de la publicación, precisando que los posibles acreedores puedan ejercer sus derechos ante la instancia respectiva ";

Que,     el artículo 7 de la Norma invocada manifiesta: "Procedimiento: La Superintendencia, previa la aprobación de los informes correspondientes, resolverá la disolución y liquidación sumaria de oficio o forzosa de la organización, dispondrá la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes";

Que,     la Disposición General Primera de la Norma indicada señala: "(...) En las liquidaciones sumarias voluntaria o de oficio o forzosa, no se designará liquidador ";

Que,     mediante Resolución No. SEPS-ROEPS-2015-901000, de 10 de diciembre de 2015, este Organismo de Control aprobó el estatuto y concedió personalidad jurídica a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PTNTANDO UN MUNDO MEJOR ASOSERPEnTTA;

Que,     por medio de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF- 2019-031, de 05 de agosto de 2019, conforme lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, este Organismo de Control resolvió declarar inactivas a novecientas cuarenta y un (941) organizaciones de la economía popular y solidaria. En el artículo tercero de la indicada Resolución se dispuso lo siguiente: "(...) Prevenir a los directivos de las organizaciones antes mencionadas que si transcurridos tres meses desde la publicación de la presente Resolución, persisten en la inactividad, la Superintendencia podrá declararlas disueltas y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público, de conformidad con lo que dispone el cuarto inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, por lo cual dentro del plazo anteriormente enunciado deberán presentar los descargos que consideren pertinentes (...)" (énfasis agregado);

Que,     con Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1729, de 28 de agosto de 2019, la Intendencia General Técnica pone en conocimiento de la Intendencia del Sector No Financiero, así como de las Intendencias Zonales, que: "(...) Mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ- IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019, cuya copia acompaño, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, declaró inactivas a 941 organizaciones del sector no financiero, de conformidad a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Dentro del marco normativo antes citado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria procedió a publicar la Resolución referida en primer término, en el diario Metro, el 22 y 23 de agosto de 2019 (...) por tal motivo, solicito que dentro del ámbito de jurisdicción y conforme las disposiciones emitidas por este Organismo de Control, se realice el control y seguimiento de la ejecución del proceso de inactividad de las 941 organizaciones del sector no financiero de la Economía Popular y Solidaria.- En consecuencia de lo anterior, agradeceré que una vez haya culminado el tiempo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, contado a partir de la mencionada publicación, se sirvan comunicar a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de

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Resolución, sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte de las organizaciones a las disposiciones contenidas en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF- DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019 (...)";

Que,     por medio del Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020-002, de 20 de febrero de 2020, la Dirección Zonal 5 del Sector No Financiero, en atención al requerimiento previo, luego del análisis efectuado concluye y recomienda: "(...) D. CONCLUSIONES:.- Las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1 (...) se encuentran incursas en el numeral 3 del literal e) del Artículo 57 de la LOEPS, concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la misma Ley Orgánica, por lo que no han superado la causal de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF- DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019.- Del levantamiento de información contenida en los Anexos 2, 3, 4, 5 y 6, se evidencia que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen activos a su nombre (...).- E. RECOMENDACIONES: Se recomienda el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1, de conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (...) concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la citada Ley (...) En virtud, del análisis de la información y toda vez que se ha identificado que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen bienes a su nombre, se solicita se proceda con la liquidación forzosa sumaria (...)". Entre las organizaciones de la economía popular y solidaria que constan en el Anexo 1 al que se hace referencia, se encuentra la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PINTANDO UN MUNDO MEJOR ASOSERPINTA, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992950471001;

Que,     con Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-DZ5SNF-2020-0266, de 20 de febrero de 2020, la Dirección Zonal 5 del Sector No Financiero pone en conocimiento de la Intendencia Zonal 5 "(...) el Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020-002, de fecha 20 de febrero de 2020, por disolución y liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones detalladas en el Anexo 1.-Datos Generales' adjunto al presente informe, en el cual se recomienda: '... el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1... '; por encontrarse incursas en lo establecido en el numeral 3) del literal e) del artículo 57) de la LOEPS, concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la misma Ley Orgánica; en virtud que (sic) se ha identificado que las mencionadas organizaciones no mantienen activos a su nombre (...)";

Que,     a través del Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-2020-0267, de 20 de febrero de 2020, el Intendente Zonal 5 (E) pone en conocimiento del Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución "(...) el Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRI-2020-002, de fecha 20 de febrero de 2020, por disolución y liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones detalladas en el Anexo I-'Datos Generales ' adjunto al presente informe, en el que se recomienda y con lo cual concuerdo: ...el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1... ; por encontrarse incursas en lo establecido en el numeral 3) del literal e) del artículo 57) de la IOEPS, concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la misma ley Orgánica; en virtud (sic) que se ha identificado que las mencionadas organizaciones no mantienen activos a su nombre (...) ";

Que,     mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-022, de 23 de marzo de 2020, la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria concluye y recomienda: "(...) 4. CONCLUSIONES: .- (...) 4.2. En los cortes de información obtenidos de los años 2016 y 2017, las 171

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organizaciones no remitieron al Servicio de Rentas Internas, información financiera en la Declaración de Impuesto a la Renta.-(...) 4.5. Ninguna organización mantiene bienes inmuebles catastrados a su nombre.- 4.6. Ninguna organización mantiene activos en cooperativas de ahorro y crédito del sistema financiero popular y solidario; así como tampoco tienen depósitos a la vista en entidades del sector financiero nacional.-(...) 4.9. Con fundamento en la normativa expuesta en el presente informe se concluye que 171 organizaciones de la EPS, han incumplido con lo establecido en el marco legal citado de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General; por lo que es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria y la extinción de las organizaciones mencionadas anteriormente.-5. RECOMENDACIONES: 5.1. Declarar la liquidación forzosa sumaria de 171 organizaciones de la EPS, analizadas en el presente informe técnico, en razón que (sic) se encuentran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular (...); concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada Ley (...); organizaciones entre las que se encuentra la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PINTANDO UN MUNDO MEJOR ASOSERPINTA, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992950471001;

Que,     mediante Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNILO-2020-0192, de 24 de marzo de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria pone en conocimiento del Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el Informe Técnico No. SEPS-TNFMR- DNILO-2020-022, respecto de las organizaciones de la economía popular y solidaria entre las cuales consta la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PTNTANDO UN MUNDO MEJOR ASOSERPTNTA, y concluye que: "(...) se encuentran incursas en el numeral 3 del literal e) del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en su Reglamento General; y, en el Procedimiento para las Liquidaciones de Oficio de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, por lo cual es procedente declarar la disolución y liquidación de oficio de las mismas (...)";

Que,     con Memorando No. SEPS-SGD-TNFMR-2020-0199, de 24 de marzo de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución concluye y recomienda: "(...) Esta Intendencia, sobre la base del Informe Técnico No. SEPS- INFMR-DNILO-2020-022 de 23 de marzo de 2020, emitido por la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, establece que 171 organizaciones de la EPS se encuentran incursas en el numeral 3, del literal e), del artículo 57 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; por lo cual, aprueba y recomienda declarar la liquidación sumaria forzosa de las mencionadas organizaciones y la extinción de la personalidad jurídica (...) ";

Que,     con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1380, de 12 de junio de 2020, desde el punto de vista jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el respectivo informe;

Que,     consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que, respecto del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1380, el 12 de junio de 2020 la Intendencia General Técnica emitió su proceder para continuar con el proceso referido;

Que,     a través del Memorando No. SEPS-SGD-TNFMR-2020-2205, de 10 de diciembre de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución informa : "(...) que se realizó la publicación de llamamiento a posibles acreedores en Diario 'Metro' de circulación nacional, el 18 de noviembre de 2020 (...).- En ese sentido, ante el referido llamado debo comunicar que no se ha registrado ingreso documental u oficio

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alguno, ante posibles acreencias, de ninguna de las ciento setenta y uno organizaciones

(171) (...)";

Que,     de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedido mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGG-IGJ-037, de 21 de octubre de 2019, el Intendente General Técnico tiene entre sus atribuciones y responsabilidades, el suscribir las resoluciones de liquidación y extinción de las organizaciones controladas; y,

Que,     a través de la acción de personal No. 0526, que rige desde el 20 de abril de 2021, se resolvió la subrogación del señor Diego Aldaz Caiza como Intendente General Técnico de este Organismo de Control.

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PINTANDO UN MUNDO MEJOR ASOSERPINTA, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992950471001, domiciliada en el cantón GUAYAQUIL, provincia de GUAYAS, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, literal e) numeral 3; y, 58, cuarto inciso, de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en concordancia con el artículo 14 ibídem y primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 de su Reglamento General; así como de los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR- INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PINTANDO UN MUNDO MEJOR ASOSERPINTA, con Registro Único de Contribuyentes No. 0992950471001, extinguida de pleno derecho conforme al primer artículo innumerado a continuación del 64 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en concordancia con los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT- IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cancelación del registro de la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PINTANDO UN MUNDO MEJOR ASOSERPINTA.

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica y Social con la presente Resolución, para que proceda a retirar a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PINTANDO UN MUNDO MEJOR ASOSERPINTA del registro correspondiente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer que la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional de esta Superintendencia, publique un extracto de la presente Resolución en un periódico de amplia circulación nacional

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y/o del domicilio de la organización; y, en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

SEGUNDA.- Los posibles acreedores podrán ejercer sus derechos ante la instancia respectiva, sin perjuicio de la publicación por la prensa previamente realizada por esta Superintendencia, con el fin de poner en su conocimiento que la organización entraría en un proceso de liquidación sumaria; de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 6 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución No. SEPS- IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020.

TERCERA.- Disponer a la Secretaria General de esta Superintendencia sentar la razón respectiva del presente acto administrativo en la Resolución No. SEPS-ROEPS-2015-901000; y, la publicación de esta Resolución en el Registro Oficial, así como su inscripción en los registros correspondientes.

CUARTA.- Notificar con la presente Resolución al Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Registro de la Propiedad respectivo, para los fines legales pertinentes.

QUINTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución ponga en conocimiento de la Intendencia Nacional Administrativa Financiera y Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y Coactivas el contenido de la presente Resolución, para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.

SEXTA.- La presente Resolución regirá a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación. De la ejecución y del cumplimiento de la Resolución, encárguese la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.-

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de abril de 2021.

 

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RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-INFMR-DNILO-2021-0203

 

DIEGO ALDAZ CAIZA

INTENDENTE GENERAL TÉCNICO (S)

CONSIDERANDO:

Que,     el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley (...)”;

Que,     el artículo 226 de la misma Norma Suprema establece: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que,     el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo determina: "Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan enfundan del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias”;

Que,     el artículo 14 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: "Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, y por las causales establecidas en la presente Ley y en el procedimiento estipulado en su estatuto social (...)”;

Que,     el artículo 57, literal e, numeral 3, de la citada Ley Orgánica establece: "Las cooperativas podrán disolverse, por las siguientes causas: (...) e) Por resolución de la Superintendencia, en los siguientes casos: (...) 3. La inactividad económica o social por más de dos años (...)”;

Que,     en el artículo 58 ibídem dice: "La Superintendencia, a petición departe o de oficio, podrá declarar inactiva a una cooperativa que no hubiere operado durante dos años consecutivos. Se presume esta inactividad cuando la organización no hubiere remitido los balances o informes de gestión correspondientes (...) Si la inactividad persiste por más de tres meses desde la publicación, la Superintendencia podrá declararla disuelta y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público”;

Que,     el artículo innumerado a continuación del 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria dispone: "A las asociaciones se aplicarán de manera supletoria las disposiciones que regulan al sector cooperativo, considerando las características y naturaleza propias del sector asociativo”;

Que,     el artículo 55 del Reglamento antes indicado dispone: "Resolución de la Superintendencia.- La Superintendencia, podrá resolver, de oficio, o a petición departe,

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en forma motivada, la disolución y consiguiente liquidación de una organización bajo su control, por las causales previstas en la Ley (...) ";

Que,     el artículo 56 del Reglamento citado dispone: "La resolución de disolución y liquidación de una cooperativa, será publicada, en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y un extracto de aquella en un periódico de amplia circulación nacional y/o del domicilio de la organización";

Que,     el primer artículo innumerado posterior al 64 ibídem establece: "Liquidación sumaria.- (...) En los casos en que una organización no haya realizado actividad económica o habiéndola efectuado tuviere activos menores a un Salario Básico Unificado, la Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá disolver a la organización y liquidar a la misma en un solo acto, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, con base en las disposiciones que emita dicho Organismo de Control.- La liquidación sumaria también procederá respecto de las organizaciones que no hayan superado la causal de inactividad, dentro del plazo de tres meses contados desde la publicación de la Resolución que declare la inactividad, en cuyo caso se confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica (...) ";

Que,     el tercer artículo innumerado agregado luego el artículo 64 del Reglamento invocado dice: "Art. ....- Procedimiento de Inactividad.- La Superintendencia, a petición de parte o de oficio, podrá declarar inactiva a una organización bajo su control y supervisión, que no hubiere operado durante dos años consecutivos o más (...).- Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la Resolución que declare la inactividad, las organizaciones deberán justificar documentadamente que se encuentran operando y realizando actividades económicas; esto es, que realizan actividades tendientes a cumplir con el objeto social principal, establecido en su estatuto social; y, que poseen activos registrados a nombre de la organización, de un salario básico unificado o superiores, como consecuencia de la actividad económica que realizan.- Es responsabilidad exclusiva de las organizaciones el documentar la superación de la causal de inactividad, únicamente dentro del plazo anterior. Las declaraciones de impuestos con valores en cero, que las organizaciones realicen ante la autoridad tributaria, no serán suficientes para superar la causal de inactividad.- (...) De no superarse la causal de inactividad, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores, a través de una publicación en la prensa, informando que la organización entrará a un proceso de liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días contados a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad (...) ";

Que,     el artículo 153 ejusdem determina: "Control- El control es la potestad asignada a la Superintendencia, para vigilar el cumplimiento de la ley, este reglamento y las regulaciones, en el ejercicio de las actividades económicas y sociales, por parte de las organizaciones sujetas a la misma.- La Superintendencia, ejercerá el control en forma objetiva, profesional e independiente ";

Que,     la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, en el artículo 1 dispone: "Ámbito: La presente resolución aplica a las cooperativas y asociaciones de la Economía Popular y Solidaria, en lo sucesivo 'organización u organizaciones', sujetas al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en adelante 'Superintendencia'";

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Que,     el artículo 6 ibídem dispone: "Liquidación sumaria de oficio o forzosa: La Superintendencia de oficio podrá disponer la disolución y liquidación sumaria en un solo acto de una organización, la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes, sin que sea necesaria la realización de un proceso de liquidación, en cualquiera de los siguientes casos: (...) 3) Si la organización no hubiera superado la causal de inactividad en el plazo de tres meses, contados a partir de la publicación de la resolución que declare dicho estado; en cuyo caso se confirmará la presunción de que la organización no ha realizado actividad económica.- Para este efecto, la Superintendencia pondrá en conocimiento de los posibles acreedores a través de una publicación en la prensa, informando que la organización entrará en liquidación sumaria, quienes podrán comparecer en el término de quince días a partir de la publicación, para que justifiquen su calidad. Luego de lo cual se incorporarán en los informes respectivos y en la resolución de extinción, la información presentada producto de la publicación, precisando que los posibles acreedores puedan ejercer sus derechos ante la instancia respectiva ";

Que,     el artículo 7 de la Norma invocada manifiesta: "Procedimiento: La Superintendencia, previa la aprobación de los informes correspondientes, resolverá la disolución y liquidación sumaria de oficio o forzosa de la organización, dispondrá la extinción de la personalidad jurídica y la exclusión de los registros correspondientes ";

Que,     la Disposición General Primera de la Norma indicada señala: "(...) En las liquidaciones sumarias voluntaria o de oficio o forzosa, no se designará liquidador ";

Que,     mediante la Resolución No. SEPS-ROEPS-2015-900118, de 11 de julio de 2015, este Organismo de Control aprobó el estatuto de la ASOCIACIÓN DE CAMPESPNOS AGROPECUARIOS NUEVO CARIBE "ACAMGRONUCA";

Que,     por medio de la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031, de 05 de agosto de 2019, conforme lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, este Organismo de Control resolvió declarar inactivas a novecientas cuarenta y un (941) organizaciones del sector no financiero de la economía popular y solidaria. En el artículo tercero de la indicada Resolución se dispuso lo siguiente: "(...) Prevenir a los directivos de las organizaciones antes mencionadas que si transcurridos tres meses desde la publicación de la presente resolución, persisten en la inactividad, la Superintendencia podrá declararlas disueltas y disponer su liquidación y cancelación del Registro Público, de conformidad con lo que dispone el cuarto inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, por lo cual dentro del plazo anteriormente enunciado deberán presentar los descargos que consideren pertinentes (...)" (énfasis agregado);

Que,     con Memorando No. SEPS-SGD-IGT-2019-1729, de 28 de agosto de 2019, la Intendencia General Técnica pone en conocimiento de la Intendencia del Sector No Financiero, así como de las Intendencias Zonales, que: "(...) Mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGJ- IFMR-ISNF-DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019, cuya copia acompaño, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, declaró inactivas a 941 organizaciones del sector no financiero, de conformidad a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Dentro del marco normativo antes citado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria procedió a publicar la Resolución referida en primer término, en el diario Metro, el 22 y 23 de agosto de 2019 (...) por tal motivo, solicito que dentro del ámbito de jurisdicción y conforme las disposiciones emitidas por este Organismo de Control, se realice el control y seguimiento de la ejecución del proceso de inactividad de las 941 organizaciones del

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sector no financiero de la Economía Popular y Solidaria.- En consecuencia de lo anterior, agradeceré que una vez haya culminado el tiempo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, contado a partir de la mencionada publicación, se sirvan comunicar a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte de las organizaciones a las disposiciones contenidas en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF- DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019 (...)";

Que,     por medio del Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020-002, de 20 de febrero de 2020, la Dirección Zonal 5 del Sector No Financiero, en atención al requerimiento previo, luego del análisis efectuado concluye y recomienda: "(...) D. CONCLUSIONES:.- Las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1 (...) se encuentran incursas en el numeral 3 del literal e) del Artículo 57 de la LOEPS, concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la misma Ley Orgánica, por lo que no han superado la causal de inactividad contenida en la Resolución No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-ISNF- DNLQSNF-DNLSNF-2019-031 de 5 de agosto de 2019.- Del levantamiento de información contenida en los Anexos 2, 3, 4, 5 y 6, se evidencia que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen activos a su nombre (...).- E. RECOMENDACIONES: Se recomienda el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1, de conformidad con el Artículo 57 de la LOEPS (...) concordante con el cuarto inciso del Artículo 58 de la citada Ley (...) En virtud, del análisis de la información y toda vez que se ha identificado que las organizaciones detalladas en el Anexo 1, no mantienen bienes a su nombre, se solicita se proceda con la liquidación forzosa sumaria (...)"• Entre las organizaciones de la economía popular y solidaria que constan en el Anexo 1 al que se hace referencia, se encuentra la ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS AGROPECUARIOS NUEVO CARIBE "ACAMGRONUCA", con Registro Único de Contribuyentes No. 0992927003001;

Que,     con Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-DZ5SNF-2020-0266, de 20 de febrero de 2020, la Dirección Zonal 5 del Sector No Financiero pone en conocimiento de la Intendencia Zonal 5 "(...) el Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020-002, de fecha 20 de febrero de 2020, por disolución y liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones detalladas en el Anexo 1.- 'Datos Generales' adjunto al presente informe, en el cual se recomienda: ' ...el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1...'; por encontrarse incursas en lo establecido en el numeral 3) del literal e) del artículo 57) de la LOEPS, concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la misma Ley Orgánica; en virtud que (sic) se ha identificado que las mencionadas organizaciones no mantienen activos a su nombre (...)";

Que,     a través del Memorando No. SEPS-SGD-IZ5-2020-0267, de 20 de febrero de 2020, el Intendente Zonal 5 (E) pone en conocimiento del Intendente de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución "(...) el Informe Técnico No. SEPS-IZ5-UZMRL-2020-002, de fecha 20 de febrero de 2020, por disolución y liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones detalladas en el Anexo 1.- Datos Generales' adjunto al presente informe, en el que se recomienda y con lo cual concuerdo: ...el inicio del proceso de liquidación forzosa sumaria de las ciento setenta y uno (171) organizaciones contenidas en el Anexo 1... ; por encontrarse incursas en lo establecido en el numeral 3) del literal e) del artículo 57) de la LOEPS, concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la misma Ley Orgánica; en virtud (sic) que se ha identificado que las mencionadas organizaciones no mantienen activos a su nombre (...)";

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Que,     mediante Informe Técnico No. SEPS-INFMR-DNILO-2020-022, de 23 de marzo de 2020, la Dirección Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria concluye y recomienda: "(...) 4. CONCLUSIONES: .- (...) 4.2. En los cortes de información obtenidos de los años 2016 y 2017, las 171 organizaciones no remitieron al Servicio de Rentas Internas, información financiera en la Declaración de Impuesto a la Renta.- (...) 4.5. Ninguna organización mantiene bienes inmuebles catastrados a su nombre.- 4.6. Ninguna organización mantiene activos en cooperativas de ahorro y crédito del sistema financiero popular y solidario; así como tampoco tienen depósitos a la vista en entidades del sector financiero nacional.- (...) 4.9. Con fundamento en la normativa expuesta en el presente informe se concluye que 171 organizaciones de la EPS, han incumplido con lo establecido en el marco legal citado de la ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General; por lo que es procedente declarar la liquidación forzosa sumaria y la extinción de las organizaciones mencionadas anteriormente.-5. RECOMENDACIONES: 5.1. Declarar la liquidación forzosa sumaria de 171 organizaciones de la EPS, analizadas en el presente informe técnico, en razón que (sic) se encuentran incursas en el numeral 3, literal e), del artículo 57 de la ley Orgánica de Economía Popular (...); concordante con el cuarto inciso del artículo 58 de la citada ley (...); organizaciones entre las que se encuentra la ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS AGROPECUARIOS NUEVO CARIBE "ACAMGRONUCA", con Registro Único de Contribuyentes No. 0992927003001;

Que,     mediante Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-DNILO-2020-0192, de 24 de marzo de 2020, el Director Nacional de Intervención y Liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria pone en conocimiento del Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución, el Informe Técnico No. SEPS-INFMR- DNILO-2020-022, respecto de las organizaciones de la economía popular y solidaria entre las cuales consta la ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS AGROPECUARIOS NUEVO CARIBE "ACAMGRONUCA", y concluye que: "(...) se encuentran incursas en el numeral 3 del literal e) del artículo 57 de la ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en su Reglamento General; y, en el Procedimiento para las liquidaciones de Oficio de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, por lo cual es procedente declarar la disolución y liquidación de oficio de las mismas (...)";

Que,     con Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-0199, de 24 de marzo de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución concluye y recomienda: "(...) Esta Intendencia, sobre la base del Informe Técnico No. SEPS- INFMR-DNIIO-2020-022 de 23 de marzo de 2020, emitido por la Dirección Nacional de Intervención y liquidación de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, establece que 171 organizaciones de la EPS se encuentran incursas en el numeral 3, del literal e), del artículo 57 de la ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; por lo cual, aprueba y recomienda declarar la liquidación sumaria forzosa de las mencionadas organizaciones y la extinción de la personalidad jurídica (...)";

Que,     con Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1380, de 12 de jumo de 2020, desde el punto de vista jurídico, la Intendencia General Jurídica emitió el respectivo informe;

Que,     consta a través del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que, respecto del Memorando No. SEPS-SGD-IGJ-2020-1380, el 12 de junio de 2020 la Intendencia General Técnica emitió su proceder para continuar con el proceso referido;

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Que,     a través del Memorando No. SEPS-SGD-INFMR-2020-2205, de 10 de diciembre de 2020, el Intendente Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución informa : "(...) que se realizó la publicación de llamamiento a posibles acreedores en Diario 'Metro' de circulación nacional, el 18 de noviembre de 2020 (...).- En ese sentido, ante el referido llamado debo comunicar que no se ha registrado ingreso documental u oficio alguno, ante posibles acreencias, de ninguna de las ciento setenta y uno organizaciones (171) (...)";

Que,     de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedido mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGG-IGJ-037, de 21 de octubre de 2019, el Intendente General Técnico tiene entre sus atribuciones y responsabilidades, el suscribir las resoluciones de liquidación y extinción de las organizaciones controladas; y,

Que,     a través de la acción de personal No. 0526, que rige desde el 20 de abril de 2021, se resolvió la subrogación del señor Diego Aldaz Caiza como Intendente General Técnico de este Organismo de Control.

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar disuelta y liquidada a la ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS AGROPECUARIOS NUEVO CARIBE "ACAMGRONUCA", con Registro Único de Contribuyentes No. 0992927003001, domiciliada en el cantón GUAYAQUIL, provincia de GUAYAS, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, literal e) numeral 3; y, 58, cuarto inciso, de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria; en concordancia con el artículo 14 ibídem y primer artículo innumerado agregado a continuación del 64 de su Reglamento General; así como de los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar a la ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS AGROPECUARIOS NUEVO CARIBE "ACAMGRONUCA", con Registro Único de Contribuyentes No. 0992927003001, extinguida de pleno derecho conforme al primer artículo innumerado a continuación del 64 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, en concordancia con los artículos 6 y 7 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida con Resolución No. SEPS-IGT- IGS-INSOEPS-INFMR-INGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020, por este Organismo de Control.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer a la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cancelación del registro de la ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS AGROPECUARIOS NUEVO CARIBE "ACAMGRONUCA".

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar al Ministerio encargado de la Inclusión Económica y Social con la presente Resolución, para que proceda a retirar a la ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS AGROPECUARIOS NUEVO CARIBE "ACAMGRONUCA" del registro correspondiente.

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DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Disponer que la Intendencia Nacional Administrativa Financiera, en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación e Imagen Institucional de esta Superintendencia, publique un extracto de la presente Resolución en un periódico de amplia circulación nacional y/o del domicilio de la Organización; y, en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

SEGUNDA.- Los posibles acreedores podrán ejercer sus derechos ante la instancia respectiva, sin perjuicio de la publicación por la prensa previamente realizada por esta Superintendencia, con el fin de poner en su conocimiento que la organización entraría en un proceso de liquidación sumaria; de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 6 de la Norma de Control para el Procedimiento de Liquidación Sumaria de las Organizaciones Sujetas al Control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedida mediante Resolución No. SEPS- IGT-IGS-INSOEPS-INFMR-iNGINT-2020-0657, de 18 de septiembre de 2020.

TERCERA.- Disponer a la Secretaria General de esta Superintendencia sentar la razón respectiva del presente acto administrativo en la Resolución No. SEPS-ROEPS-2015-900118; y, la publicación de esta Resolución en el Registro Oficial, así como su inscripción en los registros correspondientes.

CUARTA.- Notificar con la presente Resolución al Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Registro de la Propiedad respectivo, para los fines legales pertinentes.

QUINTA.- Disponer que la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución ponga en conocimiento de la Intendencia Nacional Administrativa Financiera y Dirección Nacional de Procuraduría Judicial y Coactivas el contenido de la presente Resolución, para que procedan en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades.

SEXTA.- La presente Resolución regirá a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación. De la ejecución y del cumplimiento de la Resolución, encárguese la Intendencia Nacional de Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.-

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de abril de 2021.

 

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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ROCAFUERTE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Administrativo, y lo que establecen las ordenanzas municipales para sancionar al infractor por incumplimiento de una ordenanza, es necesario que se lleve a efecto el respectivo procedimiento sancionatorio establecido en el Código Orgánico Administrativo (COA) y para normar y controlar que se cumpla con dicho procedimiento, la sección de Comisaria Municipal, debe contar con la ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS INFRACCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TERRITORIAL EN EL CANTÓN ROCAFUERTE.

Es por esta razón que la motivación expresada, amerita que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rocafuerte, cuente con una ordenanza para garantizar los procedimientos de ejecución plena de las competencias en lo relacionado a control y sanciones, ajustando la normativa a las características del territorio y a lo establecido en las ordenanzas existentes

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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN ROCAFUERTE.

CONSIDERANDO

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República establece que los gobiernos autónomos descentralizados gozaran de autonomía política, administrativa y financiera.

Que, según lo previsto en el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución, comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas propias y órganos de gobiernos propios. La autonomía política se expresa entre otras cosas en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, la autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización, entre otras y la autonomía financiera presupone entre otras capacidades la de administrar sus propios recursos de conformidad con la Constitución y la Ley.

Que, el artículo 338 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización., establece en su parte pertinente que cada gobierno regional, provincial, metropolitano, y municipal tendrá la estructura administrativa que requiera para el cumplimiento de sus fines y competencias y funcionará de manera desconcentrada. La estructura administrativa será la mínima indispensable para la gestión, eficiente, eficaz y económica de las competencias de cada nivel de gobierno, se evitará la burocratización y se sancionará el uso de cargos públicos para el pago de compromisos electorales, la misma norma en el inciso segundo establece: que cada gobierno autónomo descentralizado elaborará la normativa pertinente según las

condiciones específicas de su circunscripción territorial en el marco de la Constitución y la Ley.

Que, de conformidad con el artículo 354 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los servidores públicos de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por el marco general que establezca la ley que regule el servicio público y su propia normativa. El inciso segundo de la misma norma establece que en ejercicio de su autonomía administrativa, los gobiernos autónomos descentralizados expedirán ordenanzas para regular al administración del talento humano y establecer planes de carrera.

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 textualmente dice: En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías. 1.- Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes; y, 6.- La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su artículo 386, párrafo 2do. Determina "Los gobiernos autónomos descentralizados podrán celebrar actas transaccionales llegando a una terminación convencional de procedimientos, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico, ni versen sobre materias no susceptibles de transacción.

Que, el COA en su artículo 1 indica: Este Código regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público.

Que, el COA, en su artículo 134 párrafo segundo determina:" Los reclamos administrativos, las controversias que las personas puedan plantear ante las

 

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administraciones públicas y la actividad de la administración publica para el que no se prevea un procedimiento especifico se sustanciará en procedimiento

administrativo.

Que, es necesario armonizar las normas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rocafuerte al orden constitucional y legal del Estado, garantizar la transparencia, reglamentar los procesos en todos sus ámbitos a efectos de evitar controversias con los contribuyentes y usuarios de los servicios,

En uso de las facultades que le confiere el artículo 240 en concordancia con el inciso final del artículo 264 de la Constitución de la República, y artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Rocafuerte;

EXPIDE:

LA ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS INFRACCIONES POR

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TERRITORIAL EN EL CANTÓN ROCAFUERTE.

CAPITULO I

DEL OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y NORMAS GENERALES.

Art. 1.- Del objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto establecer y regular las bases del régimen para el ejercicio de las potestades de inspección, instrucción, resolución y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores a quienes incumplan con la normativa territorial en el cantón Rocafuerte.

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- El régimen previsto en esta ordenanza será aplicable en la circunscripción territorial del Cantón Rocafuerte en razón de:

a. El domicilio del administrado presuntamente infractor

b. El domicilio del administrado afectado por el acto u omisión calificados como infracción administrativa

c. El lugar en el que se encuentre el establecimiento o el objeto materia de la infracción.

d. El lugar en el que se hubieren producido los efectos del acto u omisión calificados como infracción administrativa

e. El lugar en el que se presten los servicios o se realicen las actividades sujetas a las potestades de control a cargo del Municipio del Cantón Rocafuerte.

Art. 3.- Sujetos a control.-

1. Están sujetos al régimen establecido en este capítulo.

a. Las Personas jurídicas y las personas naturales que por cuenta propia o a nombre y representación de terceros, incurran en un acción u omisión calificada como infracción administrativa en el ordenamiento jurídico Municipal del Cantón Rocafuerte.

b. Las personas naturales que promuevan o provoquen de cualquier modo la actividad, proyecto, actuación o conducta que constituya u origine la infracción administrativa prevista en el ordenamiento jurídico del cantón.

c. Las personas naturales que ya como dependientes de otra persona natural o jurídica o por cualquier otra vinculación sin relación de dependencia tienen a cargo por razones de hecho o de derecho el cumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en el ordenamiento jurídico cantonal.

2. Cuando concurran distintas personas en la autoría de la misma infracción administrativa, sin que resulte posible deslindar la participación efectiva de cada una

 

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de ellas, la responsabilidad administrativa será solidaria.

CAPITULO II COMISARIA MUNICIPAL

Art. 4.- Naturaleza.- La Comisaría del GAD Municipal del Cantón Rocafuerte, ejercerá las potestades y competencias previstas en este capítulo.

Art. 5.- Potestades y competencias.- Le corresponde a la comisaria Municipal:

a. El ejercicio de la potestad resolutiva, sancionadora y ejecutora en los procedimientos administrativos sancionadores atribuidas en el ordenamiento jurídico al Municipio del Cantón.

b. La Comisaria Municipal para el ejercicio de las potestades que tiene atribuidas, actuará a través de los órganos y con las funciones que le confiere el Orgánico Funcional del GAD Municipal del Cantón Rocafuerte, procurando los mayores niveles de coordinación con todos los órganos y organismos de la administración del GAD Municipal.

c. La Comisaria Municipal ostenta las prerrogativas de las que goza el Municipio del Cantón Rocafuerte, y podrá contar, incluso con el auxilio de la fuerza publica para la realización de su contenido.

d. La Comisaria Municipal actuará conforme al procedimiento sancionador previsto por el Código Orgánico Administrativo, a los procedimientos administrativos previstos en el ordenamiento jurídico del Cantón Rocafuerte y de esta Ordenanza.

CAPITULO III

DEL EJERCICIO DE LAS POTESTADES

DE SANCIÓN

Art. 6.- Responsabilidad objetiva.- La responsabilidad por las infracciones administrativas previstas en el

ordenamiento jurídico del GAD Municipal del Cantón Rocafuerte es objetiva, por lo que el grado de culpabilidad será empleado exclusivamente para la graduación de la sanción en los términos previstos en este capítulo.

La responsabilidad administrativa se hará efectiva respecto de cada una de las acciones u omisiones que hubiesen sido tipificadas como infracciones administrativas en el ordenamiento jurídico.

Art. 7.- Responsabilidad administrativa.- la responsabilidad administrativa se hará efectiva en los términos previstos en este capítulo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar por la acción u omisión de que se trate, En el caso de detectarse que la acción u omisión constituya adicionalmente un delito tipificado por la legislación vigente el comisario sin perjuicio de aplicar la sanciona administrativa respectiva , podrá remitir el expediente administrativo sancionador al Fiscal con la denuncia correspondiente.

Art. 8.- Prescripción.- Las Infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en la normativa respectiva, pero en ningún caso podrá ser mayor al plazo de cinco años.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido o en el caso de conductas continuas en el que tiempo desde la fecha en la infracción hubiere sido conocida por la autoridad competente. Se interrumpirá la prescripción desde la fecha en que se notifica el inicio del procedimiento sancionador, reanudándose el cómputo del plazo de prescripción si el expediente sancionador hubiere caducado.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente al que se notifique la resolución en firme.

 

SECCIÓN I

DE LA INSPECCIÓN

Art. 9.- Inspección.- Se entiende por inspección el conjunto de actividades de

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verificación y observación para la determinación de los datos o hechos a ser informados, La potestad de inspección se ejercerá a través de la Dirección de Planificación Territorial o quien haga sus veces.

 

La inspección incluye el ejercicio de todas las atribuciones y deberes necesarios para atender las siguientes funciones:

a. La comprobación y control de cumplimiento de la normativa vigente. De la inspección podrá sugerir el inicio del procedimiento administrativo sancionador y en su caso, la subsanación de las deficiencias apreciadas.

b.    Aquellas otras que, en razón de su naturaleza disponga el concejo o el alcalde o alcaldesa del cantón Rocafuerte.

Art. 10.- Competencia.-Es competencia de la Dirección de Planificación Territorial o de quien haga sus veces

a. Las atribuciones y deberes derivados de las funciones de inspección dentro del cantón Rocafuerte, serán ejercidos por la Dirección de Planificación Territorial o quien haga sus veces del GAD Municipal del Cantón Rocafuerte, cuando se trate de la potestad de inspección.

b. Cuando se requiera la comprobación del cumplimiento de normas administrativas y reglas técnicas, las tareas de comprobación serán realizadas directamente con el personal dependiente de la Dirección de Planificación Territorial o quien haga sus veces.

c. Las atribuciones y deberes derivados de las funciones de inspección especializadas, tales como temas de orden ambiental, fauna, patrimonial etc., podrán ser ejercidas por los órganos competentes sectoriales del Municipio del Cantón Rocafuerte.

Art. 11.- De los Agentes de control Municipal.- Los agentes de control municipal y seguridad ciudadana, tienen el deber de colaborar con la Dirección de Planificación Territorial o quien haga sus veces, para el adecuado ejercicio de las funciones de inspección.

Art. 12.- Obligaciones de los administrados.-Son obligaciones de los administrados:

a. Facilitar al inspector, en el ejercicio de sus funciones, el acceso a las dependencias e instalaciones y el examen de documentos, libros y registros directamente relacionados con la actividad de inspección.

b. Facilitar al Inspector la documentación o información que estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones, o bien citarlos a las dependencias municipales a fin de que justifiquen sus acciones y omisiones, fijando para tal efecto un término prudencial, mismo que no podrá ser mayor de cinco días.

c. Si se negase la entrada o acceso a los lugares objeto de inspección no se le facilitará la documentación solicitada o no se acudiese a la oficina administrativa a requerimiento del órgano o funcionario competente de la Dirección de Planificación o quien haga sus veces, el inspector levantará el acta de verificación correspondiente.

Art. 13.- Actas de verificación.-Sin perjuicio de la facultad de requerir para revisión la entrega de documentación e información o la de citar al sujeto presuntamente infractor, la actuación de la inspección se desarrollará principalmente, mediante visita a los centros o lugares objeto de la inspección.

Por cada visita de inspección que se realice, el personal actuante deberá levantar el acta de verificación correspondiente en la que expresará su resultado que podrá ser:

 

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a. De conformidad (Cuando se realiza la inspección y se verifica el cumplimiento.

b. De obstrucción al personal de inspección (cuando existe obstrucción por el presunto infractor para realizar la inspección.

c. De advertencia.- (Cuando los hechos consistan en la inobservancia de las normas previstas en el ordenamiento municipal, siempre que la presunta infracción suponga la afectación de requisitos no esenciales determinados por el inspector competente del GAD Rocafuerte y cuando de los mismos no se derive peligro o daño para las personas, los bienes o el ambiente, el inspector puede advertir y asesorar para que se cumpla la normativa, consignándose en el acta de verificación la advertencia, la norma aplicable y el plazo para su cumplimiento que no podrá ser mayor a diez días calendario. El cumplimiento de las recomendaciones consignadas en el acta en el acta impide la continuación del procedimiento administrativo sancionador en la etapa de instrucción. De no cumplirse se extenderá el Acta de infracción presunta.

d. De infracción presunta.- No se concede ningún plazo por ser una infracción presunta

Art. 14. Contenido de las actas.-Las actas contendrán:

a. Los datos identificativos del presunto infractor, sea persona natural o jurídica, la fecha y hora de la visita, los hechos constatados y los nombres y apellidos de los inspectores actuantes,

b. En el caso de las actas de verificación sobre el cumplimiento de la normativa administrativa y reglas técnicas le corresponde al supervisor y/o coordinador de la

Dirección de Planificación Territorial o quien haga sus veces, establecer formularios estandarizados que estime adecuados para la revisión del cumplimiento, en conformidad con el ordenamiento jurídico municipal. Es formularios se agregarán a la correspondiente acta.

c. Tratándose de actas de infracción presunta se destacará adicionalmente los hechos relevantes a efectos de tipificación de la infracción y graduación de la sanción, siempre que sea posible y sin perjuicio de lo que resultase de la posible instrucción del procedimiento sancionador se contemplará así mismo:

  1. La infracción presuntamente cometida, con expresión de la norma infringida
  2. Las sanciones que en su caso se le pudieren imponer.

d. Los interesados podrán hacer el acto de la inspección, las alegaciones o aclaraciones que estimen convenientes a su defensa, que se reflejarán en la correspondiente acta.

e. Si de la inspección se aprecia la existencia de elementos de riesgo inminente a las personas, bienes o ambiente, el inspector deberá adoptar una medida cautelar oportuna de conformidad con lo previsto en la sección 2, de este capítulo.

Art. 15.- Notificación de las actas de verificación.- Para el procedimiento de notificación se estará a lo dispuesto en la ley que regule la materia administrativa, de manera que las actas de verificación sean notificadas en legal y debida forma.

Si existiese negativa por parte del administrado o quien este legalmente facultado para firmar el acta, lo hará constar así el inspector con expresión de los motivos, si los manifestaren. Del acta levantada se entregará copia al

 

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inspeccionado, teniendo los efectos de notificación.

Art. 16.- Valor probatorio de las actas de verificación.- Las actas de verificación extendidas con arreglo a los requisitos señalados en los artículos anteriores, tendrán valor probatorio respecto a los hechos reflejados en ellas constatados personalmente por el inspector actuante, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos o intereses puedan señalar o aportar los interesados.

SECCIÓN 2 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.-

Art. 17.- Órganos competentes.- Los comisarios/as serán competentes para resolver acerca de la comisión de la infracción e imponer las sanciones administrativas y las multas coercitivas y más apremios establecidos en este titulo y en el ordenamiento jurídico, previa instrucción y a solicitud del funcionario instructor competente de la comisaria del GAD Municipal del Cantón Rocafuerte.

Art. 18.- De la Instrucción.- Los procedimientos sancionatorios empezaran con un auto motivado de iniciación de la instrucción emitido por el Instructor de la comisaria municipal del GAD Rocafuerte, producido de oficio o que tenga como antecedente un acta de verificación, la petición razonada y sustentada de otro órgano administrativo de la Comisaria del GAD Municipal del cantón Rocafuerte, del gobierno central o la denuncia razonada y sustentada de cualquier persona.

En caso de infracciones administrativas flagrantes el auto motivado se incorporará en una boleta, adhesivo o cualquier otro instrumento disponible que se entregará al presunto infractor o se colocará en el objeto u objetos materia de la infracción.

El auto motivado de iniciación del procedimiento sancionador tendrá el siguiente contenido mínimo.

a. Identificación de la persona o personas responsables o el modo de identificación, sea en referencia al establecimiento, objeto u objetos relacionados con la infracción o cualquier otro medio disponible.

b. Los hechos sucintamente expuestos que motivan el inicio del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieren corresponder sin perjuicio de lo que resulte del procedimiento administrativo sancionador.

c. El detalle de los informes y documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento del hecho.

d. La concesión de diez días hábiles para contestar de manera fundamentada los hechos imputados para que justifique haber adecuado su conducta a la norma jurídica infringida, o en su caso su allanamiento a los hechos imputados.

e. Las medidas cautelares que se estimen pertinentes para asegurar la inmediación del presunto infractor del procedimiento y sus consecuencias o para proteger a las personas bienes o el ambiente y de ser el caso confirmar las medidas cautelares que se hubieren adoptado previamente.

f. El nombre y apellido del instructor con su firma autógrafa y en cualquier otro medio disponible.

Art. 19.- Sustanciación y prueba.- Con la contestación del presunto infractor o en rebeldía, si hubiera hechos que deba probarse se dará apertura al término probatorio por diez días, vencido el cual, el expediente será remitido al comisario/a para que dicte resolución motivada.

La falta de contestación del presunto infractor se considerará como allanamiento a los hechos imputados, por lo que en el evento de que el infractor no hubiese contestado en tiempo y modo, el instructor remitirá el expediente al Comisario/a para la

 

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emisión de la resolución correspondiente y su ejecución.

Art. 20.- Conclusión y archivo preliminares del procedimiento

sancionador.- En el evento de que se hubiese justificado la corrección de la conducta calificada como infracción y el cumplimiento del ordenamiento municipal, en caso de conductas que no constituyan infracciones administrativas flagrantes, el funcionario instructor, lo verificará y dispondrá el archivo del procedimiento administrativo sancionador.

Cuando se trate de infracciones administrativas flagrantes, el procedimiento administrativo sancionador se archivará si el infractor hubiere acatado y cumplido la sanción pertinente antes de la remisión del expediente al comisario/a.

Art. 21.- Medidas cautelares.- Cuando sea necesario para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o cuando concurran circunstancias que afecten a la seguridad de las personas, los bienes o el ambiente, o que supongan peligro o daño manifiesto, podrá resolverse cautelarmente, tanto en la resolución de inicio de la instrucción como durante su instrucción, entre otras medidas, el retiro y deposito de bienes materiales y objetos materia de la infracción y la clausura inmediata del establecimiento o suspensión de la actividad o actuación, durante el tiempo necesario para la subsanación de los defectos existente y como máximo hasta la resolución del procedimiento administrativo en la que se deberán confirmar o revocar las medidas adoptadas.

Las medidas cautelares podrán aplicarse para los funcionarios inspectores sin necesidad de resolución previa del funcionario instructor cuando se aprecie en las tareas de inspección las circunstancias previstas en el numeral precedente. En cualquier caso, la medida dispuesta por el inspector para subsistir deberá ser confirmada por el instructor, en el plazo máximo de diez días hábiles en el

correspondiente auto de inicio de la instrucción.

En todos los casos en que la infracción constituya la realización de actividades o actuaciones sin las autorizaciones administrativas y más requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, se adoptará la medida cautelar prevista en el inciso precedente, aun sin resolución previa del funcionario instructor, sin perjuicio de que la infracción administrativa pueda ser calificada como flagrante.

Art. 22.- Resolución Administrativa.-

Vencido el plazo de prueba, el instructor remitirá informe al comisario/a, en el que conste sus conclusiones sobre los hechos constitutivos de la infracción y la sanción que en su opinión debe ser aplicada junto con el expediente integro de la instrucción.

El comisario/a expedirá y notificará en el plazo máximo de un mes su resolución, contados a partir de terminado el plazo de la prueba. Deberá, además, hacerse constar en la Resolución la advertencia expresa de que, en caso de incumplimiento, se procederá a la imposición de las multas coercitivas o cualquier otra medida de apremio que corresponda.

Tratándose de sanciones pecuniarias, en la misma resolución dispondrá la emisión del correspondiente título de crédito.

Art. 23.- Potestad de ejecución.- El comisario/a adoptará las medidas que fueren necesarias para el cumplimiento de sus actos pudiendo inclusive solicitar el auxilio de la fuerza pública. Podrá también ejecutar en forma subsidiaria los actos que el obligado no hubiere cumplido a costa de este. En este evento se recuperarán los valores invertidos por la vía coactiva de conformidad con los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico municipal con un recargo del veinte por ciento 20% mas los intereses correspondientes din perjuicio de lo que dispongan otras ordenanzas.

 

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Art. 24.-Apremio patrimonial.-

1. El comisario/a podrá imponer multas coercitivas para conseguir el cumplimiento de sus actos administrativos. Las multas coercitivas dentro del procedimiento administrativo sancionatorio principal se aplicarán mediante resolución del siguiente modo.

a. En el primer control de cumplimiento de la ejecución del acto administrativo si no se hubiese acatado la resolución, si los sellos hubieren sido violentados o si se hubiere desacatado la suspensión de una obra o de la actividad de la que se trate, el comisario/a aplicará una multa coercitiva de un salario básico unificado y de ser el caso se colocaran nuevamente los sellos de clausura.

b. En el segundo control de cumplimiento de la ejecución del acto administrativo, si nuevamente hubiera incumplido la resolución, los sellos hubieren sido violentados o se hubiere desacatado la suspensión de la obra o de la actividad de la que se trate, el comisario/a aplicará una multa coercitiva de dos salarios básicos unificados y dispondrá de ser el caso la clausura definitiva del establecimiento.

  1. En caso de que el infractor sea una persona jurídica, su representante legal, de manera personal se constituirá en deudor solidario de las multas compulsivas que se llegaren a ordenar para asegurar el cumplimiento del acto administrativo del que se trate.
  2. Para efectos de la clausura de establecimientos, se aplicará igual solidaridad al propietario del predio o inmueble en donde se ejerce la actividad, en los

casos en que el infractor no sea propietario del mismo. Para tal efecto, el comisario/a le notificará con la primera multa compulsiva ordenada, con la prevención de que en caso de que no hubiere adoptado las medidas que legalmente correspondan para evitar que en el establecimiento se continúe la actividad en contravención de la orden de clausura, el propietario se constituirá en deudor solidario de las subsiguientes multas compulsivas que se disponga.

  1. El apremio personal constante en el presente artículo se aplicará sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiere lugar.
  2. Las multas coercitivas son independientes de la sanción que pueda imponerse con tal carácter y compatible con ella, por lo mismo no podrán considerarse como sustitución del acto administrativo a ejecutarse.
  3. Estas multas se aplicarán sin perjuicio de que el GAD Municipal del Cantón Rocafuerte, inicie las acciones legales correspondientes contra quienes incumplan con lo dispuesto en esta ordenanza.

Art. 25.- Obligaciones de hacer o de soportar.- Los actos administrativos del comisario/a que impongan una obligación de hacer o de soportar, podrán ser ejecutados por compulsión directa, siempre dentro del respeto debido a la dignidad del administrado y sus derechos reconocidos en la Constitución.

Si tratándose de obligaciones de hacer, no se realizare la prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa y coactiva, sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en esta

 

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sección en ejercicio de la potestad de ejecución.

con anterioridad y que se contraponga a la presente ordenanza.

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rt. 26.- Recursos.-El administrado tendrá derecho a los recursos previstos en el ordenamiento jurídico cantonal y nacional, frente a las decisiones de las autoridades administrativas.

Art. 27.- Anotación y cancelación.- Las

sanciones firmes en vía administrativa, sea cual fuere su clase y naturaleza, serán anotadas en un registro público a cargo de la comisaria del GAD Municipal del Cantón Rocafuerte.

La anotación de las sanciones se cancelará de oficio o a solicitud del interesado transcurrido dos años desde su imposición con carácter firme en vía administrativa, o bien cuando la resolución sancionadora sea anulada en vía contenciosa-administrativa, una vez que la sentencia se ejecutoríe.

Art. 28.-Cobro y destino de los valores recaudados por sanciones pecuniarias.-

Los valores que se recauden por concepto de sanciones pecuniarias incluidas las multas coercitivas serán ingresados inmediatamente a las cuentas bancarias que administra el GAD Municipal del Cantón Rocafuerte.

SEGUNDA.- VIGENCIA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, en la Gaceta oficial, y en el dominio web de la institución, de conformidad a lo establecido en el artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

TERCERA.- PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN.

Publíquese y difúndase la presente Ordenanza en el Registro Oficial, Gaceta Oficial; y, en el Dominio web de la Institución.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo del GAD Municipal del Cantón Rocafuerte, hoy, jueves 13 de mayo del año 2021

Lcdo. ROQUE PATRICIO ZAMBRANO MACIAS, ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN

ROCAFUERTE.-

 

ISPOSICIÓN PERMANENTE ÚNICA

Para efectos de aplicación de la presente ordenanza, en todo lo que esta no lo contemplare expresamente, se sujetará lo que determine la Constitución de la República; Código Orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización; Código Orgánico General de Procesos; Código Orgánico Administrativo; y, demás normas aplicables.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: DEROGATORIA.-Deróguese cualquier norma de igual o menor jerarquía que sobre esta materia se haya expedido

 

Ab. MARÍA GIOCONDA CALDERÓN SANTANA-SECRETARIA DEL

CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN ROCAFUERTE.-

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- LA ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS INFRACCIONES POR

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TERRITORIAL EN EL CANTÓN ROCAFUERTE, fue legal y debidamente discutida y aprobada por el Concejo del

 

 

50egistro Oficial N° 469 Miércoles 9 de junio de 2021

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rocafuerte, en dos sesiones distintas, celebradas los días Jueves 29 de abril del año 2021; y, jueves 13 de mayo del año 2021, de conformidad a lo que dispone el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización habiendo sido aprobada definitivamente en la sesión ordinaria del jueves 13 de mayo del año 2021.

ROCAFUERTE.-Rocafuerte, mayo 13 del año 2021.-De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 322, inciso cuarto del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose

observado el trámite legal, y por cuanto la presente Ordenanza, está de acuerdo con la Constitución y Leyes de la República, SANCIONO COMO LEY MUNICIPAL LA ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS INFRACCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TERRITORIAL EN EL CANTÓN ROCAFUERTE,

 

 

 

Ab. MARÍA GIOCONDA CALDERÓN SANTANA SECRETARIA DEL CONCEJO CANTONAL DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ROCAFUERTE.- Rocafuerte, mayo 13 del año 2021, de conformidad a la razón que antecede, y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se remite el presente cuerpo normativo al Señor Alcalde del Cantón Rocafuerte, Lcdo. Roque Patricio Zambrano Macías, para su sanción y promulgación.-

Lcdo. ROQUE PATRICIO ZAMBRANO MACIAS.- ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN ROCAFUERTE

Proveyó y firmó el Decreto que antecede, el Señor Lcdo. ROQUE PATRICIO ZAMBRANO MACIAS.- ALCALDE DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN

ROCAFUERTE, hoy jueves 13 de mayo del año 2021.

 

+

Ab. MARÍA GIOCONDA CALDERÓN SANTANA SECRETARIA DEL CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN ROCAFUERTE.-

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN

Ab. MARÍA GIOCONDA CALDERÓN SANTANA SECRETARIA DEL CONCEJO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN ROCAFUERTE.-

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