Dr. Bayardo Moreno- Piedrahita

E N LOS TIEMPOS ACTUALES MUCHO se habla de corrupción, inmoralidad, cohecho, soborno y enriquecimiento ilícito, venta de influencias, participación en comisiones de compra, peculado, etc. El escándalo se ha institucionalizado, especialmente en lo más alto del poder político en las tres funciones del Estado. La creación de organismos de control y una recia legislación que sanciones a estos actos ilícitos que afectan a los valores humanos, es la única solución. En la sociedad actual se refleja «la vergüenza de ser honestos», porque la corrupción se ha constituido en un imperio con facultades omnímodas, ante la «palabrería» y la mera intención de luchar contra la delincuencia. Los actos de corrupción se imponen, pese a quien le pese y pase lo que pase, al Presidente de la República, o al más humilde ciudadano.

Reformas al Código Penal

El Código Penal debe reformarse en su integridad y no con parches, a fin de que los actos que se tipifiquen como delitos, castiguen a los culpables con sanciones severas e inflexibles , sin los recovecos del pasado y del presente, que han permitido el descrédito de la administración de justicia. A los responsables de actos inmorales, se debe castigar sin consideración de linaje, fuero y privilegios. El principio universal de la igualdad ante la Ley, debe ser la base para toda sanción legal.

Registro Patrimonial y de Cuentas Corrientes en los Bancos

Entre los organismos de control, desde hace mucho tiempo he sugerido la creación de un Registro Patrimonial y un Registro de Cuentas Corrientes en los Bancos en los que se tomen nota de las adquisiciones inmobiliarias y de los dineros de todos los empleados públicos y semipúblicos, Fuerzas Armadas, Policía y de todos los consanguíneos y afines de aquellos, hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad y afinidad, a fin de facilitar la investigación penal y permitir al juez que se forme una firme convicción para sancionar los delitos e infracciones que se acusen.
La inmoralidad y la corrupción, tiene afectada a la imagen de la función pública, en especial a los titulares de los órganos del poder político de mayor jerarquía, a quienes no se les vigila ni se les exige ninguna garantía para desempeñar funciones de gran responsabilidad, en las que se los deja a solas con el arca abierta y toda facilidad para que roben y festinen con el dinero y el dolor del pueblo.

Obligatorio para empleados públicos y semipúblicos

El Registro Patrimonial y el Registro de Cuentas Bancarias deberían ser obligatorios para empleados públicos y semipúblicos, para permitir al Pueblo Ecuatoriano mirar con transparencia a quienes logran amasar sus fortunas en base del trabajo, el esfuerzo y el ahorro, y en igual forma vigilar de cerca, acusar y sancionar a quienes aparecen con imperios económicos con mayor capacidad que el Banco Central del Ecuador y que el propio Fondo Monetario Internacional, como ocurre con algunos funcionarios deshonestos del más alto nivel de la Administración Pública.
Que no se trate de justificar la negativa a crear estos registros de control con el pretexto del sigilo bancario o la privacidad que consagra la Constitución de la República, porque sería intolerable que los inmorales y los deshonestos se amparen en un precepto constitucional, que tiene otra finalidad.
Así evitaremos que el Estado, a unos les permita «Nacer para vivir con gloria, aunque sea sin dignidad», y a otros, «nacer con la desgracia y el derecho a morirse de hambre», en una sociedad injusta.
Ojalá ésta sugerencia no se la lleve al viento, como ha ocurrido con otros planteamientos que no han sido recogidas por miedo, o porque en lo alto del poder político, los buenos planteamientos que no van acompañados del provecho económico no valen nada y constituyen una ofensa. Su destino es el cesto de la basura. ¡Que se acabe la vergüenza de ser honestos en el Ecuador y que se imponga la moral!.