Por: Fundación Hacia la Seguridad
Imperio de la Ley
E N DÍAS ANTERIORES SE DESATÓ una polémica por la intención del Ministro de Energía, Carlos Arboleda, de evadir los controles del abogado del Estado, es decir del Procurador. Sobre este tema debatieron Jorge Pareja Cucalón, ex ministro de Energía y ex presidente de Petroecuador, Ramiro Aguilar, prestigioso jurista y Edgar Terán, presidente de la Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley.
Como antecedente, el presidente de HLS dijo, que la Ley Orgánica del Procuraduría del Estado en una modificación de hace dos años, estableció categóricamente que el Procurador del Estado tiene la facultad y la obligación de revisar todos los contratos que celebren los entes públicos que tienen personalidad jurídica propia. Esto se refiere a las instituciones del Estado incluyendo las más de 1.000 entidades autónomas que hay en el Ecuador (empresas públicas y estatales).
Durante el programa Justicia para Todos del domingo anterior, Terán también indicó que la Constitución convirtió a la Procuraduría en un órgano de control, por lo cual es elemental que la Procuraduría tenga que opinar sobre los contratos de los entes públicos. «Esto es lo que parece haber molestado profundamente al señor Ministro de Energía. Por ello vino la polémica, cuando el ministro aseguró por televisión que él mandó una carta al señor Presidente explicándole por qué debía desacatar la ley y pasarse por encima de la facultad del Procurador», comentó.
Sobre este tema, el ex ministro Jorge Pareja, aseguró que por más antipáticas que les parezcan las leyes, deben ser obedecidas por todo ciudadano del país. También recordó que la Ley Reformatoria de la Procuraduría, se aprobó en el Congreso Nacional a fines de octubre de año pasado, con el entusiasta voto de Sociedad Patriótica. Es decir, hace cinco meses el Presidente de la República, podía haber vetado la ley, pero lejos de ello, fue aprobada por el presidente de la República y por su partido. «Según el Ministro de Energía hace ya tres meses, el presidente le pidió ideas acerca de cómo reformar la ley, es decir, a los 60 días de aprobada la ley ya había dudas acerca de lo actuado por los diputados del partido de Gobierno en el Congreso. Eso pues demuestra una falta de norte en el partido del gobierno en el Congreso», aseguró Pareja.
Acusaciones sin fundamento
Pareja aclaró que con respecto a los contratos petroleros, se le acusa a la Procuraduría de varios temas, pero sin fundamento. «Se le acusa de demorar los trámites, pero según recuerdo la ley le da al procurador 15 días para pronunciarse, un lapso prudencial. Se acusa al procurador de haber demorado la contratación de las torres de perforación lo cual no es justo porque la licitación de las torres de perforación lleva ya más de un año en proceso. También se le acusa de que con su actitud va a causar un costo de 40´ 000.000 millones de dólares a Petroecuador. Tampoco es cierto pues la ley dice que pagará el 1% el contratista no el contratante».
Pareja también aclaró, por otro lado, que Petroecuador «para pagar 40´000.000 millones de dólares en esta tasa del 1% tendría que contratar sobre los 4.000´000.000 millones de dólares al año y el presupuesto de Petroecuador no llega ni a 1.000 y pico de millones de dólares. Entonces hay una distorsión de cifras», dijo.
Falta asesoría jurídica en Carondelet
Ramiro Aguilar, prestigioso jurista, opinó que el presidente de la República no tiene en el Gabinete, alguien que tenga la suficiente solvencia académica, desde el punto de vista jurídico, para evitar, por ejemplo, que se pretenda reformar una ley en 20 días o un mes. El presidente debería tener un Ministro de Justicia. «El presidente necesita alguien de confianza, alguien en el Gabinete que diga presidente no entremos en polémicas absurdas con el Procurador, alguien que le diga al resto del gabinete oigan no podemos nosotros generar un problema de interpretación jurídica casa adentro al gobierno y más bien tengamos un buen sentido de ir antes de poner el ejecútese en las leyes, ver cómo sirve en función de políticas de Estado a largo plazo», aseguró.
¿Qué dice la ley?
El jurista Edgar Terán citó los artículos de la ley de la Procuraduría: «Vale la pena insistir en el texto de la ley, en aquello que a Petroecuador y al Ministro de Energía les molesta, les escuece pero que no puede ser más razonable, más elemental en un Estado que busca algún método de control sobre el manejo de sus máximos patrimonios», dijo.
En el artículo 3 sobre las funciones del Procurador dice el literal f: «Emitir informes razonados y motivados sobre aquellos contratos que se celebre en las instituciones del Estado, determinadas en el articulo 118 de la Constitución Política», (es decir todo lo que es el sector público excepto Municipios) «así como aquellos que celebren las personas jurídicas de derecho privado que cuenten con recursos públicos», (por ejemplo las telefónicas.
«En los términos a los que se refiere para estos efectos, la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, cuya cuantía de los contratos supere la base para concurso público de ofertas, así como los contratos sujetos a la ley de Modernización del Estado, la entidad o persona jurídica solicitara al Procurador General de Estado el informe correspondiente».
De acuerdo con Terán esto es razonable y ético pues se ordena que pasen todos estos contratos por un filtro que se considera jurídicamente idóneo con conocimiento de elementos preparados en materia jurídica.
«Los informes a los que se refiere el inciso anterior versarán sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales o legales y reglamentarios».
De acuerdo a la ley, el Procurador tiene 15 días para pronunciarse pero «En casos excepcionales, debidamente justificados dicho término podrá ampliarse por 10 días improrrogables y por una sola vez, la no-emisión del informe en dicho término, se entenderá como dictamen favorable».
Terán explicó que si no hay presteza en la Procuraduría para cumplir el término, opera el silencio administrativo positivo, es decir, se considera que el informe es favorable, sin perjuicio de la responsabilidad del procurador en ese caso.
La ley dice que «No tendrán valor los contratos celebrados sin que se hubiere solicitado el informe antes de que venza el término para su expedición sin que se incorporen las observaciones de fondo formuladas o existente o existiendo informe negativo».
De acuerdo con Terán ninguno de estos artículos les pueden gustar, pues se trata de «un candado a la picardía, a la torpeza, a la eliminación de las licitaciones, al contrato a dedo a todo una serie de infamias que son pan del día en esos órganos del Estado».
Problemas con las licitaciones
Jorge Pareja advirtió que se van a presentar problemas con las licitaciones que están en marcha en el sector petrolero. «Tenemos, una licitación que está corriendo bajo una modalidad contractual criticada por el mismo gobierno que le está haciendo funcionar, y otra licitación que se vence el plazo el 23 de marzo para presentar ofertas que corre bajo un sistema jurídico que todavía no está armado completamente».
De acuerdo con Edgar Terán, la licitación se ha convocado en base a un reglamento que expidió el presidente de la República, ese reglamento lo preparó el ministro, en ese reglamento se decía que se delega al ministro la aprobación de las bases. Pero, según la ley de hidrocarburos, el presidente tiene que aprobar las bases, no el ministro y no es delegable, de manera que hay ahí un primer resbalón de tipo administrativo de rompimiento de la ley, dijo.
Además señaló Terán que la ley exige, en el artículo 2, que todo contrato de exploración y explotación petrolera, en general los contratos petroleros, se hagan con licitaciones abiertas y con el mayor número de oferentes, cuando se restringe el campo de la licitación con subterfugios de estos, con quebranto de la ley por otra parte, naturalmente se está dejando afuera de interesarse e intervenir en la licitación a firmas serias. Donde hay tortuosidad jurídica ellas automáticamente se ahuyentan, comentó.
Sobre este tema, Pareja aseguró que «Levantar un edificio de licitación para el país sobre bases que no son sólidas es igual que si levantamos un rascacielos de 80 pisos sin calculo estructural, nadie va a comprar un departamento en ese edificio porque sabe que tarde o temprano se viene al suelo».
Más temas al análisis
Proyecto de lavado de activos
El doctor Ramiro Aguilar, comentó que el proyecto de Lavado de Activos que ha elaborado el Procurador, está mal concebido.
«El procurador ha tenido una muy buena intención al elaborar un proyecto de ley para reprimir el lavado de dinero, porque actualmente el lavado de dinero está tipificado en un solo artículo de la ley de control de sustancias estupefacientes, que es el artículo 77. La intención del procurador es buena, pero creo que el proyecto de ley es muy malo».
Ramiro Aguilar puso como ejemplo el último inciso del articulo 5: «operación o transacción sospechosa es la actividad sobre cuya legalidad existen dudas, sobre la cual se han establecido indicios o establecidos presunciones de que podrían estar vinculadas con actividades ilícitas»; una actividad sospechosa es aquella sobre cuya legalidad existen dudas.
Aguilar criticó la situación por la cual quién se plantea la duda de la legalidad de la operación es el funcionario bancario quien está exento de responsabilidad: «las personas o funcionarios mencionados en el artículo precedente, que hubieran proporcionado de buena fe y en cumplimiento de su obligación información o brindado la información requerida legalmente están exentos de responsabilidades penales, civiles administrativas aun cuando las indagaciones o las decisiones judiciales no hayan dado lugar al inicio del proceso o condena».
Explicó Aguilar que, luego de que un ciudadano ha sido reportado, también puede resultar inocente. En ese caso nadie le indemniza ni puede demandar un juicio contra la persona que le causó el daño porque ocurre que esta persona está exenta de responsabilidades.
También indicó que no era conveniente que la responsabilidad de la calificación de operación sospechosa recaiga sobre el funcionario bancario, sobre la chica de la ventanilla, el oficial de cuenta, sobre cualquier persona. Se preguntó ¿Cómo se configura técnicamente una sospecha?, ¿Por la facha del tipo, porque el que cobró el cheque es un mal encarado?.
Método D’Hont
La sentencia del Tribunal Constitucional que eliminó el método D’ Hont en las elecciones, es muy acertada de acuerdo con Edgar Terán, presidente de Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley. Terán indicó que este método era adecuado para cualquier país donde se eligen listas. Sin embargo, en Ecuador resultaba una violación constitucional, pues la Constitución dice que el ciudadano ecuatoriano tiene derecho a votar, durante las elecciones pluripersonales, por listas o entre listas. El método D’Hont por la forma de contaje, solo entre listas, eliminó en la práctica la posibilidad de votar por personas. «Ahora el Congreso tiene que reformar la ley de elecciones y hacer efectivo el derecho de las personas individuales a ser candidatos y a recibir una votación individual», dijo.